Ir al contenido principal

Cómo traducir ‘xenofobia’ al catalán

Ctxt es un contexto al que le han aspirado todas las vocales y que muestra la vocación que anima a la revista que así se hace llamar. No cuenta las noticias, sino el medio en que se producen; no la espuma de las olas, sino las fuerzas que las provocan. Es, en este sentido, una revista muy parecida a Disidentia. Ctxt, eso sí, ofrece una visión muy a la izquierda. La disidencia, en este caso, no la ejercen frente al poder, el poder real; el que está en el gobierno y no sólo en el gobierno. Renueva, en cada artículo, el acervo ideológico que asumen bancos y eléctricas, organismos nacionales e internacionales. Es una revista bien hecha y que merece atención.

Bruno Bimbi es periodista. Colabora desde hace un año con Ctxt con una cadencia quincenal. Argentino afincado en Barcelona, en su último artículo en la revista contó su experiencia en la Universidad de Barcelona, bajo el título ¿Cómo se dice xenofobia en catalán?

Arranca con una conversación entre una alumna asiática y la profesora de la asignatura que acaba de comenzar:

—Disculpe, profesora, ¿este grupo no es en español? –pregunta una alumna asiática en la primera clase online, luego de entender que no va a entender.

—No, no, no. Mis clases son en catalán –responde la profesora.

Hay once grupos de los cuales ese, y otro, se anunciaban en español. “Lo lamento, pero yo no doy clases en español”. La profesora anima a los alumnos a estudiar esa lengua que, en definitiva, “es muy parecida”. Un estudiante latinoamericano (el propio autor del artículo), responde en portugués alegando que también es una lengua muy parecida. Otros hispanohablantes americanos le advierten de que no vaya por ahí, que le van a acusar de lo que él nunca ha sido. La discusión prosigue:

—Voy a dar mi clase en mi lengua. Y al que no le guste…

—¿Alguno de ustedes no habla español? –(pregunta Bimbi).

—Todos lo hablamos, pero no es eso –responde una alumna.

Y es cierto. No es eso. Bimbi se cambia de grupo a otro que también se anuncia en español. Pero se encuentra en la misma situación. Todos los grupos, incluyendo los dos que se anunciaban en español, son en catalán. El estudiante resolvió estudiar la asignatura en la biblioteca, pero aún le quedaría enfrentarse a un examen cuyas preguntas se formularían… sólo en catalán.

La historia no es nueva. Recuerdo que, en el primero de los tres interraíles en los que he recorrido más de media Europa, mi amigo Sergio y yo conocimos a dos chicas austríacas. Una de ellas había pasado tres meses estudiando en Barcelona. Pero no se enteró de nada porque las clases eran en catalán. Debía ser el año 91.

La historia de Bruno Bimbi no es noticia. Tampoco lo es que un niño llegue tarde a clase, o que una familia pida pizza para cenar un viernes. La pregunta que formula Bimbi en el título de su artículo se responde a diario. La noticia es la reacción por parte de Ctxt. Publica una suerte de editorial contra su colaborador y contra el periodismo.

El editorial no permite ni pestañear. Critica a Bimbi por caer en la tentación de contar una historia personal, como si la crónica no fuera un género periodístico. Y lamenta que en un artículo de opinión el autor caiga en hacer “consideraciones subjetivas”, como cuando dice que en Cataluña hay “un modelo de abolición del español que impera en las universidades catalanas”. Es difícil pensar que esa “consideración subjetiva” no está refrendada por datos objetivos, y con consecuencias objetivísimas. Bimbi cuenta “un caso particular, el suyo”. Pero, por un lado, no está obligado a contar el de otros. Y, por otro, contar su caso no quiere decir que sea único.

Ctxt niega la mayor, y cita un artículo, también publicado allí, que dice que en Cataluña no hay ningún problema con el castellano. Y no lo hay, mientras no se utilice en las aulas. Tampoco había problemas con el voto bajo la dictadura de Franco. Cualquier ciudadano podía adherirse a los plebiscitos o abstenerse de hacerlo.

El problema está en el título. Nos lo dice Ctxt en su editorial. No se puede hablar de xenofobia en Cataluña, por mucho que se odie a los extranjeros por el hecho de que se empeñen en hablar su idioma, que es también de los catalanes. Uno se pregunta si en la exigua redacción de Ctxt la xenofobia depende de las razas, y la catalana es genéticamente incapaz de albergarla.

El problema parece ser otro. Y, con toda franqueza, lo reconoce la revista en su editorial: El 65 por ciento de sus ingresos procede de sus más de 8.000 suscriptores, que aportan 100 euros al año. Y Cataluña es la región que más suscriptores aporta, después de Madrid. No es ya el hecho de ser un medio de izquierdas y, por tanto, comprensivo y cariñoso con el nacionalismo catalán. Es que el medio es incapaz de ejercer la independencia más esencial de un medio de comunicación, que es frente a sus propios lectores.

Disidentia, que aún no tiene la décima parte de suscriptores que Ctxt, ejerce fiera y descaradamente esa independencia. Si hubiera elegido alinearse con una ideología de poder, como Ctxt, o con las consignas de un partido, tendría un múltiplo de sus mecenas. Unos mecenas que aguantan las olas de las que hablaba antes, y que resisten las duras críticas que aquí hemos dedicado a Podemos, al PSOE, a Ciudadanos, a Partido Popular y a Vox. Impertérritos. Otros no, entran y salen con el simpaticómetro. Este medio ha creído en sí mismo, con no pocos costes.

Los libérrimos lectores de Ctxt han llamado a Bruno Bimbi “puto” (Bimbi es autor de un libro llamado El fin del armario), “lacra”, “sudaca”, y le han pedido que vuelva a “su país”, todo ello para desmentir las acusaciones de xenofobia en Cataluña. Ctxt no ha sido capaz de mantener sus ¿principios? ni en algo tan básico como la crítica a la xenofobia.

Y sí, xenofobia tiene traducción al catalán, y es ‘nacionalisme’.

Nacionalidad autonómica

La pandemia nos ha traído muchos cambios. Son tantos que costará muchos años analizarlos todos de forma completa y, con toda seguridad, sus efectos nos sacudirán mucho antes de poder llegar a entenderlos.

Hasta 2020 muchas personas se consideraban ciudadanos del mundo. Era la forma cursi de decir que no tenías una patria propia, o que podías asumir como tal el territorio donde estuvieras residiendo en ese momento. Por desgracia la sociedad, y especialmente los Estados, no tienen una visión tan romántica de la vida y se ciñen a esos papeles tan molestos que nos acompañan a todas partes y que nos etiquetan con una bandera que determinará el trato que recibimos o a dónde podemos ir.

A los más pragmáticos no les habrá sorprendido. Puedes sentir más o menos devoción por tu nacionalidad, pero es un hecho que cumple con una función. Y es lógico que cuando las cosas se tuercen se refuerce la importancia de pertenecer a un país u a otro. 

Lo curioso de la pandemia en España es que después de la primera fase de confinamiento todos nos hemos visto sorprendidos por una nacionalidad a la que muchos no le dábamos demasiada importancia: la autonómica. 

Es curioso porque en los documentos que todos los españoles usamos para identificarnos pone lo mismo: somos de nacionalidad española. Como datos adicionales indica donde nacimos (localidad y provincia) y una dirección vinculada a nuestro domicilio. ¿Es esa dirección nuestra nueva nacionalidad?

Porque, claro, el domicilio es algo relativo. La mayoría de las personas residen la mayor parte del año en una dirección, pero desde luego no es nada del otro mundo residir en más de una en periodos similares. Y en todo caso no está nada claro que tu nueva nacionalidad la defina más el lugar donde pasas las jornadas laborales que donde te gusta habitar en tus días de asueto.

Estamos acostumbrados a que el Estado nos obligue a definir ciertas cosas de nuestra vida oficialmente para su propia comodidad o interés. De hecho, llevamos unos años de divertido debate sobre el género o el matrimonio que nacen precisamente de esa costumbre. La dirección a la que llamamos domicilio es precisamente eso: el lugar que tenemos la obligación de comunicar al Estado para que nos aplique las normas que considere oportuno fijar en ese lugar. 

Pero hasta ahora, mientras este estuviera en España, no era algo que nos afectara demasiado. De hecho, la mayor influencia en nuestras vidas pre 2020 no venía del domicilio que fijamos con el padrón, sino el que fijamos fiscalmente. Y ese curiosamente se mantiene de forma independiente para que Hacienda pueda determinarlo según más le convenga.

Pero si algo ha dejado claro esta pandemia es que hay una parte de la clase política que ha conseguido que nuestros domicilios nos definan de una manera muy importante. Como ejemplo aquí muestro las declaraciones del alcalde de un pueblo de Málaga (al que, por cierto, le gusta reivindicar la unidad de España en Twitter) justificando sus instrucciones a la compañía de suministro de agua de utilizar los contadores para espiar el uso de vecinos de su segunda residencia:

Es momento de ser responsables y respetar las normas, evitando desplazamientos innecesarios y permaneciendo en los hogares. Ya habrá tiempo de poder disfrutar al aire libre cuando todo esto acabe, pero lo importante ahora es evitar que se propaguen los contagios y la medida más segura es, repito, quedándose cada uno en sus casas.

Es significativo el uso de términos que hace este alcalde del PP tan amante de España: hogares y casas. Al parecer la segunda residencia de una persona no es su hogar ni es su casa. Si no estás empadronado en su pueblo tu casa está en otro lado. Sigues pagando el IBI y las tasas vinculadas a las paredes y techo que tienes allí, claro, pero has perdido el derecho de habitar esa infraestructura por alguna razón que a muchos se nos escapa.

Esto, que empezó en marzo con cierta fobia al madrileño y una paranoia caciquil entre mucho alcalde de población pequeña, se ha institucionalizado con el segundo estado de alarma de Pedro Sánchez. Desde mayo ya no somos españoles, somos ciudadanos autonómicos.

Como todas las leyes improvisadas por nuestra clase política estos meses, la nueva nacionalidad es algo relativo. Sobre el papel una persona con domicilio en Toledo no puede ir a su segunda residencia en Cáceres. Lo cierto es que si tienes la mala suerte de caer en un control policial puedes sortear esta prohibición enseñando una factura de la luz de tu segunda casa y adornando un poco la verdad.

El problema, y aquí los liberales predicamos en el desierto, es que una vez que la sociedad se acostumbra a una intromisión del Estado en su vida es extremadamente difícil volver atrás. El derecho de circular por el territorio nacional para ir de nuestra propiedad A a nuestra propiedad B no es algo menor. La ausencia de protestas por su supresión no va a pasar desapercibida a los sociópatas que nos gobiernan. Va a ser otro degradable fruto por cosechar de los muchos que nos esperan.

El voluntarismo de Sánchez frente a su política económica confiscatoria

“Behold the power of man on its tower ready for the fall”. Adrian Smith, Bruce Dickinson.

La confianza no se afianza con propaganda. Es algo que este Gobierno debería aprender. Mientras en Francia, Alemania, Holanda, Portugal e Italia escuchamos mensajes de cautela ante un cuarto trimestre muy duro, en España el Gobierno parece solo dedicarse a lanzar mensajes voluntaristas y propagandísticos innecesarios. Para fortalecer la confianza hay que ser realistas, si no el efecto es el contrario al deseado.

Los datos de paro de noviembre han sido decepcionantes y preocupantes. La cifra de paro de noviembre es el peor dato interanual desde 2009. Hay 653.000 personas más en paro y el número de trabajadores en ERTE se dispara en noviembre a 750.000 personas.

El presidente Sánchez se vanagloria de que la “afiliación ha subido en 31.638 personas”. Es un insulto a los 3,8 millones de parados y 750.000 personas en ERTE, además de los miles de autónomos en cese de actividad, es decir, que España no recupera empleo desde el mes de reapertura.

Si el número de personas en ERTE aumenta en 150.000 personas con una afiliación que se ha desplomado por debajo de los niveles de hace un año en 400.000, la realidad es que el empleo en España está empeorando, no mejorando, seis meses después de la reapertura. 

Estos terribles datos contrastan con ejemplos en la Unión Europea donde la recuperación del empleo es lenta, pero al menos real.  En Alemania, país donde se han exonerado impuestos y bajado tasas a empresas y autónomos, el paro ha caído al 6,1% en noviembre.

En esta debacle, los autónomos han sido especialmente maltratados por el Gobierno. A los autónomos se les han subido las cuotas dos veces en 2020 y 83.000, uno de cada cinco, no ha recibido ningún apoyo al solicitar el cese de actividad. Es especialmente insultante que el Gobierno siquiera mencione a los autónomos en su propaganda presupuestaria cuando ha sido el colectivo más agredido por la política gubernamental.

Los terribles datos de paro confirman que España se despega de la recuperación de empleo global, y nuestro país ha registrado uno de los peores datos de actividad manufacturera y de servicios de Europa.

En noviembre, la actividad manufacturera en la Eurozona registraba expansión, mientras que los índices de servicios reflejaban contracción. En el caso de España, todos los índices, compuesto, servicios y manufacturero muestran una caída muy pronunciada de la actividad en noviembre a niveles mínimos de cinco y seis meses.

La economía del sector privado de la zona euro volvió a territorio de contracción por primera vez en cinco meses en noviembre, debido a una fuerte reducción de la actividad del sector servicios. Uno de los peores datos de la Eurozona lo publicó España, 41,7, el nivel más bajo en seis meses.

España mostraba uno de los peores datos en el sector servicios en noviembre, con fuerte caída de los nuevos pedidos y destrucción de empleo. Fuerte contracción (39,5 comparado con 41,4 en octubre, muy por debajo del nivel de expansión, 50) y el peor dato en siete meses.

En el sector manufacturero España también ha mostrado un noviembre desastroso, con el indicador de actividad económica en contracción. Mientras tanto, en la eurozona dicho sector se mantenía en expansión (53,8). En Países Bajos el índice está a máximos de 22 meses, en Irlanda a máximos de tres meses, en España o Grecia a mínimos de cinco meses. La producción se reduce y la falta de nuevos pedidos provoca una nueva destrucción de empleo.

España ha perdido más de 85.000 empresas en un año, según el último dato, y el Banco de España alerta que un 10% están al borde del cierre, mientras un 40% están ahogadas y con enormes riesgos financieros.

A estos malos datos de noviembre se suma una nueva reducción de estimaciones de analistas. Dice la ministra Calviño que “todos” los analistas internacionales estiman una fuerte recuperación de España en 2021 y, sin embargo, el consenso de las mayores casas de análisis publicado por Bloomberg rebajaba las estimaciones de rebote de la economía española para el primer trimestre de 2021 de 1,7% a 1,4%. Extraño concepto de “todos”.

Tras una caída del PIB esperada de 11,5% en 2020, dicho consenso mantiene una recuperación de solo el 5,7% en 2021 muy por debajo de las más que voluntaristas expectativas del gobierno.

Lo más preocupante no es el PIB, sino su calidad. Que el PIB “sorprenda” cuando se dispara el gasto público y la deuda es, como mínimo, irrelevante. Sobre todo, cuando la actividad industrial, manufacturera y de servicios ve un rebote tan pobre en unas estimaciones actualizadas a dos de diciembre y que incorporan ya el efecto positivo de las vacunas.

Nos enfrentamos a una recuperación lenta, pobre y en la que se ha dejado atrás a empresas, autónomos y contribuyentes con políticas equivocadas. El único apoyo que ha dado el Gobierno es “permitir” -oh, generosidad- a empresas y autónomos endeudarse para pagar impuestos.

Por culpa de la voracidad recaudatoria y la visión extractiva del Gobierno, además se va a recaudar mucho menos que nuestros países comparables que han bajado impuestos.

Los ingresos tributarios caen un 10,1% por la destrucción empresarial y de actividad creada por la incompetencia gubernamental, mientras la caída en países con impuestos atractivos y que los han bajado en crisis es de menos de un 7%, y solo un burócrata puede pensar que eso se soluciona subiendo impuestos. Porque solo a un burócrata se le puede ocurrir la estupidez de pensar que subiendo impuestos se va a recaudar más.

Dos subidas de cuotas a autónomos, subida de impuestos a las empresas, más subidas de impuestos a la matriculación de vehículos, al consumo, al ahorro, a los seguros. Y ahora van a subir de nuevo los impuestos al trabajo al aumentar la base mínima de cotización bajo el subterfugio del salario mínimo.

Todos los ciudadanos vamos a sufrir una subida de impuestos en nuestros bolsillos y todavía algunos se atreven a tildar estos presupuestos de ruina como “generosos”.

España no se puede permitir una política fiscal y económica extractiva y confiscatoria. Si el gobierno quiere dar confianza sobre la recuperación, lo único que tiene que hacer es dejar de poner la zancadilla a empresas y creadores de empleo.

La pandemia como un nuevo fundamento para la expansión del Estado moderno

Diversos autores han estudiado los fundamentos históricos, políticos, ideológicos y económicos por las cuales se expande el tamaño del Estado a lo largo del siglo XX. Junto a Stefany Bolaños resumimos en un ensayo los hallazgos encontrados. Entre los argumentos más expuestos encontramos estos: 1) la riqueza de las naciones; 2) el estado de bienestar; 3) la democracia; 4) el abandono del patrón oro; 5) el keynesianismo; 6) el efecto trinquete, con las dos guerras mundiales y las grandes crisis económicas. (Bolaños y Ravier, 2013)

En este artículo pretendemos mostrar que una pandemia ofrece un nuevo fundamento para la expansión del estado moderno, aspecto que si bien no había sido caracterizado en el artículo comentado, sí puede tener relación con otros fundamentos señalados.

La riqueza de las naciones

Un prerrequisito para tener estados modernos que representen de un 30 a un 60 % del PIB es que las naciones hayan ampliado sus capacidades productivas. Sin economías de mercado que potencien la producción -como ocurrió en los últimos 200 años-, sería estéril cualquier discusión para aumentar el tamaño del estado. Ningún sindicalismo hubiera logrado “conquistas sociales” antes de la primera revolución industrial.

Aplicado a nuestro contexto, países más ricos como Alemania pudieron expandir más los paquetes de ayuda y los subsidios que los países más pobres.

El estado de bienestar y el paternalismo

Cierta cultura paternalista que observamos en diverso grado pero que está presente en todo el mundo, permitió identificar un estado de bienestar que extendió su mano visible sobre el mercado para intentar ofrecer alivio en un año complejo. Constituye un desafío para quienes trabajamos en las ideas la carga ideológica presente en elevados niveles en la sociedad pues no permite observar que se sobreestima la ayuda estatal y se subestima la reacción del mercado, presente en millones de acciones emprendedoras, con su características creatividad e innovación. Mayores grados de libertad y responsabilidad podrían haberse utilizado para enfrentar la pandemia con muchos menores costos que la cuarentena universal. Por el contrario, se ha permitido, y en muchos casos se ha pedido que el Estado se haga presente en formas no convencionales avanzando sobre libertades individuales y derechos constitucionales.

La democracia y la imagen de los mandatarios

Si bien las medidas sanitarias de cuarentena universal impactaron negativamente en la actividad económica y el empleo, sorprende que la imagen de los gobiernos en los primeros meses tras la covid haya incrementado los niveles de confianza sobre los mandatarios. Las mayorías piden a los gobiernos aplicar medidas duras frente al escenario de pandemia, obligando a la gente a permanecer guardada en su casa, para evitar contagios y muerte. Piden por más gasto, más subsidio, más paquetes de ayuda para empresas y personas. Los gobiernos responden en base a encuestas, pero claro que la economía pone un límite al que las mayorías jamás han prestado atención.

El abandono del patrón oro y el sistema monetario moderno

El sistema monetario moderno, basado en bancos centrales con capacidad “ilimitada” para monetizar desequilibrios fiscales han inundado el globo de crédito, dejando una situación de potenciales burbujas bursátiles, inmobiliarias y de commodities para el escenario poscovid.

El keynesianismo y la política fiscal y monetaria

Las ideas de John Maynard Keynes tan polémicas en los años 1970 por los procesos de estanflación que generó, vuelven ante la gran recesión de 2008 y en los años siguientes, pero más aun se potencian en un escenario de recursos ociosos como el que se visualiza en 2020. Todos los gobiernos sin excepción enfrentan este contexto de recesión global con políticas de demanda, combinando medidas fiscales y monetarias, que nos dejarán con mayor nivel de gasto y déficit, que claramente dejará un contexto de desequilibrios fiscales y monetarios complejos para el desafío de recuperación posterior.

El efecto trinquete y la pandemia

Robert Higgs precisamente mostró en su libro sobre la crisis del Leviatán que ante las dos guerras mundiales y la gran depresión de los años 1930 los gobiernos expandieron el tamaño del Estado, pero tras los acontecimientos no retornaron a los niveles previos. Esto es precisamente lo que temo ocurrirá ante la pandemia global. Una vez que la gente se prende a la teta del estado, cuesta mucho que dejen de mamar. Los derechos adquiridos se extienden y ya no es posible retornar el nivel de gasto anterior.

Reflexión final

Me temo que la cuarentena universal aplicada ante la covid-19 potenciará todos los fundamentos que explican la expansión del estado moderno. Desde el punto de vista académico, pienso que estamos ante una variante del “efecto trinquete” reseñado por Robert Higgs. Su aplicación incluía conflictos bélicos y depresiones. Hoy debemos sumar epidemias y pandemias.

Las pensiones en España: una propuesta de reforma real y sostenible

El actual sistema de pensiones español precisa de una reforma urgente y de calado para resultar sostenible en el futuro. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como «hucha» de las pensiones, apenas acumula ya 2.000 millones de euros; un tercio del gasto público del país ya se destina al pago de estas prestaciones (la partida presupuestaria más abultada); la inversión de la pirámide demográfica, con una población cada vez más envejecida y una falta de reemplazo generacional; y un contexto de paro estructural muy elevado (especialmente entre la gente joven), han llevado a nuestros investigadores a plantear un decálogo de medidas que podrían contribuir a la mejora del sistema y el equilibrio de las cuentas.



Descargar aquí

Los huevos de oro de Madrid

Decía Montano en su artículo del lunes que fue en la movida madrileña cuando se derrotó de verdad a Franco. Es cierto. Nos importaba un comino Franco y su caída. Vivíamos una democracia joven, con perspectivas de futuro, incierto, pero esperanzador, y la idea era caminar sin el lastre de las deudas históricas de la dictadura. Sin desmerecer tampoco a quienes habían propiciado el cambio, pero desde luego sin el sopor que producen los salvadores de la humanidad.

Eso no nos hacía más frívolos: también sufrimos el paro de los 80, nos preocupaba la corrupción política, opinamos en un sentido u otro sobre la unidad de España y todo lo demás. Pero mirando hacia delante. Y, como recuerda el artículo de Montano citando a Trapiello, en Madrid no hay extranjeros, no hay charnegos ni maquetos. Todos somos uno de los nuestros.

Sin embargo, los madrileños estamos siendo señalados como insolidarios y egoístas porque queremos tener impuestos decentes. No digo bajos, digo decentes, menos altos, más propicios para prosperar en la vida. Y nos vemos obligados a dar explicaciones y a recordar que aportamos al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales casi el 70% de nuestros recursos.

El madrileño aporta casi 3.500 a la comunidad autónoma (en tributos cedidos) y recibe del Servicio de Financiación Autonómica aproximadamente 2.600 euros. Y sin rechistar. Nos parece genial. Pero, oiga, no me pongan trabas, déjenme crecer y prosperar. No me llene los bolsillos de piedras para que vayamos todos igual de lentos, solamente porque le cae mal Ayuso y le da rabia que, a pesar de ser tan torpe en algunas cosas, le salgan bien las cuentas.

Nos hemos comido todos los insultos del mundo a cuenta del “centralismo”, de la “capitalidad”, cuando no se deriva necesariamente de ninguno de esos hechos el tener una renta más alta que otras poblaciones. Lo que ganamos, por un lado, lo pagamos por otro. Pero, en términos de ingresos públicos, no hay ventajas.

Decía Marx que la libertad consiste en convertir al Estado de órgano que está por encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a ella. Un peligroso neoliberal, Marx. En la misma obra, Crítica al programa de Gotha, afirma que hay que pedir a cada cual según su capacidad y distribuir a cada cual, según su necesidad, solamente cuando “con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva”.

Mientras tanto, cada uno recibirá de acuerdo con la cantidad y calidad de su trabajo. La revolución proletaria va lenta y el derecho no puede ir por delante de la estructura económica y la cultura de la sociedad, según Marx.

Lo que me ha hecho acudir a Marx es el desconcierto que me produce el increíble hecho de que, aquellos que reclaman la centralización son independentistas. Pero no independentistas castellanoleoneses, o andaluces, o canarios. Se trata de Esquerra Republicana de Cataluña, que lleva tanto tiempo reclamando la gestión política y administrativa desvinculada del terrible y abusón Estado español, que “nos roba”. Marx levanta la cabeza y se hace pepero.

Como economista, no puedo evitar plantearme la subida de los impuestos como un aumento del precio del Estado. Al parecer, pagamos impuestos para que el Estado cumpla con su misión. Si sube usted el precio, lo normal es que los consumidores reduzcamos la demanda de Estado.

Lo racional es que los votantes nos planteáramos “¿y no hay manera de obtener lo que me ofrece esta gente de forma más eficiente, es decir, que el rendimiento del euro que me cuestan sea mayor?”.

Lo cierto es que este análisis no aplica porque, efectivamente, no existe esa posibilidad, se trata de un monopolio, al menos de cuestiones como la defensa o la justicia. Pero, tal vez, no debería ejercer el monopolio de absolutamente todos los bienes y servicios que necesitamos.

Sin embargo, lo que nos dicen nuestros gobernantes es: “La eficiencia de nuestro gasto es muy baja, gastamos muchísimo más de lo que ingresamos desde mucho antes de la pandemia, y los impuestos que nuestros hijos y nietos van a heredar de nuestra gestión, les va a suponer un lastre terrible, que va creciendo. Pero ¿para qué entretenernos en esas menudencias? Necesitamos más atribuciones, hacernos cargo de más cosas, ofrecer más servicios, proveer más bienes a los ciudadanos. La razón es que los gestores del Estado somos superiores moralmente. Si el sector privado se ocupa lo va a hacer a golpe de corrupción y de codicia. Nosotros, en cambio, tenemos las mejores intenciones y no nos corrompemos ni somos ambiciosos. ¿Qué puede importar la eficiencia económica?”.

Si yo fuera millonaria podría pensar: “Seamos cool, dejemos que el bienintencionado gobierno haga todo, aunque sea mal, porque tengo alternativa, no en vano soy millonaria”. Pero no lo soy. Tengo que llegar a fin de mes. Y muchas personas están peor que yo, sin trabajo, apurando cada euro, dependiendo de cómo lo hace el sector público.

Es vergonzoso que se manipule el mensaje y se pinte a la Comunidad de Madrid como egoísta por defender la inviolabilidad del bolsillo de los madrileños, de todos, pero especialmente de los menos afortunados. En los últimos 10 años, Madrid ha rebajado el IRPF un 25% a las rentas más bajas. ¿Y los ricos? A ellos un 2,3%.

Hay que subir los impuestos, como decía Marx, para asegurar la superioridad del Estado (español o catalán) por encima de la sociedad. No tiene nada que ver con el bienestar de los ciudadanos (españoles o catalanes). Y para ello, nuestros gobernantes se han desnudado de cualquier escrúpulo moral y han emprendido una atroz campaña contra todo el que genere riqueza. Y si hay que matar a la gallina de los huevos de oro, se mata.

Sobre la venta a pérdida o ‘dumping’

La venta a pérdida o dumping es la práctica de vender por debajo del precio «normal» o a precios inferiores al coste (según factura de adquisición) con el fin de eliminar la competencia y adueñarse del mercado. En España, tanto la Ley de Comercio (1996, art. 14) como la Ley de Competencia Desleal (1991, art. 17) prohíben la venta a pérdida cuando ésta sea «desleal». Hoy veremos que el dumping es un mito basado en suposiciones y que su prohibición carece de justificación ética, económica y jurídica.

En primer lugar, hagamos unas aclaraciones previas. a) La legislación antidumping emplea confusos conceptos económicos; por ejemplo: ¿qué significa precio «normal»? Todos los precios —altos, «normales» o bajos— se fijan con un mismo objetivo: maximizar beneficios o minimizar pérdidas. Tampoco existe un mítico consumidor «medio» al que (supuestamente) los cambios de precios inducen a error. b) Igualmente confuso es el concepto «desleal». Los empresarios, salvo que hayan pactado, no se deben mutua lealtad. Sería desleal, por ejemplo, el miembro de un cártel que incumple su palabra y vende por debajo del precio acordado. Lo censurable y sancionable —las malas artes— están referidas al engaño, cosa que no sucede en el dumping. c) En muchas ocasiones la venta a pérdida no es deliberada, sino que viene impuesta por las cambiantes condiciones del mercado, por contingencias no previstas o no aseguradas y por errores empresariales. Su finalidad es evitar pérdidas aún mayores, situación frecuente en la venta de productos perecederos (pescado, fruta, lácteos) o tecnológicos, que merman o quedan obsoletos con suma rapidez. Los individuos, actuando inexorablemente como empresarios (Huerta de Soto, 2010: 41), también venden a pérdida cuando los objetos pierden su valor o cuando urge desprenderse de ellos.

En segundo lugar, la venta a pérdida deliberada está mucho más extendida de lo que imaginamos, sin que ello moleste a nadie. Por ejemplo, todas las degustaciones gratuitas de productos o servicios son ventas a pérdida 100% (o superior). Los vendedores de audífonos ofrecen una primera revisión gratis. Prácticas similares son frecuentes en sectores como la salud, estética, ocio, turismo, etc., donde la pérdida ex ante es una estrategia para captar nuevos clientes. En un supermercado ocurre algo similar: se ofrece un producto a pérdida o «gancho» con la esperanza de obtener beneficios con la venta de otros artículos. En internet, el coste marginal del servicio es tan reducido que lo habitual es encontrar negocios freemium, que ofrecen unos servicios gratuitos y otros de pago. Toda venta a pérdida deliberada pretende obtener un beneficio neto final, pero el éxito de la operación nunca está garantizado y el resultado sólo puede conocerse ex post.

A nivel personal, también anticipamos costes económicos esperando obtener una utilidad posterior, por ejemplo, un hombre es obsequioso con una mujer cuando la corteja sin que su galantería pueda ser considerada «desleal» frente a otros pretendientes.

En tercer lugar, analicemos el caso más denostado: el dumping practicado por «malvados» empresarios con «oscuras» intenciones. Según la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (art. 14), las ventas con pérdida se reputarán desleales en los siguientes casos:

a) «Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento».

  • (1) Objeción epistemológica: El supuesto «error» del consumidor es una cuestión psicológica que no puede conocida ni probada.
  • (2) Objeción jurídica: El legislador presupone que el consumidor es engañado porque hay artículos «depreciados» y otros «apreciados». Vender un artículo a pérdida no implica falsedad ni fraude y, en todo caso, el comerciante no es responsable de la falta de pericia del comprador.

b) «Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno».

  • (1) Objeción epistemológica: Problema de ignorancia. Las intenciones del empresario que hace dumping son desconocidas, pero aún sabiendo que su intención fuera dañar la imagen de un tercero, volvemos al mismo problema: ignoramos qué imagen tienen los clientes de sus competidores antes, durante o después del dumping.
  • (2) Objeción jurídica: La reputación corporativa no es un derecho de la empresa. La buena (o mala) imagen no es patrimonio propio, sino atribuida externamente por los consumidores a partir de percepciones subjetivas.

c) «Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado». Esta es la acusación más frecuente, que podríamos acuñar dumping «agresivo». Supuestamente, una empresa con mucha tesorería vende a pérdida durante el tiempo preciso para hacer quebrar a sus competidores y así monopolizar el mercado.

  • (1) Objeción epistemológica: No podemos conocer la estrategia ni las intenciones del empresario. Tan sólo observamos que un determinado lote de producto, durante un periodo de tiempo (o hasta final de existencias), se ofrece con un importante «descuento».
  • (2) Objeción económica: En un mercado no interferido el dumping «agresivo» no puede cumplir sus objetivos a medio y largo plazo, e incluso pudiera ser autodestructivo. Los competidores pueden defenderse de dos formas: 1. Comprando, directamente o con testaferros, los productos depreciados para luego revenderlos con ganancia. 2. Suspender las operaciones mientras dure la campaña de dumping y reanudarlas cuando se agoten los stocks. El resultado final puede ser el agotamiento financiero del «agresor» comercial.
  • (3) Objeción ético-jurídica: Supongamos que el empresario declara abiertamente que pretende arruinar a todos sus competidores y monopolizar el mercado. Desde el punto de vista ético, la venta a pérdida es una práctica no violenta y, por tanto, legítima. Desde el punto de vista jurídico, no viola los derechos de propiedad de terceros. El dumping es un buen ejemplo de «crimen sin víctima». Con o sin dumping, ninguna empresa hace quebrar a otra; son exclusivamente los consumidores —comprando o absteniéndose de comprar— quienes determinan las ganancias y pérdidas empresariales.

d) «Cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja específica con respecto al mismo, que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le haya hecho tomar la decisión de realizar una compra que, de otro modo, no hubiera realizado».

  • (1) Objeción epistemológica: Todo está basado en suposiciones de corte psicológico, por ejemplo: ¿Cómo sabemos que se «induce a error» al consumidor?
  • (3) Objeción económica: El vendedor no informa de la forma en que fija los precios, cuestión ésta irrelevante para el cliente al que sólo le interesa el precio final.
  • (3) Objeción semántica: Determinadas cuestiones son confusas; por ejemplo: ¿Qué significa información «falsa»? ¿Quién es el consumidor «medio»?

En conclusión, prohibir el dumping carece de justificación y, más bien, parece una medida tendente a interferir la sana competencia. Pero la injusta acusación de dumping también se extiende al sector público; en particular, los Gobiernos menos agresivos fiscalmente también son acusados de «deslealtad»; por ejemplo, se acusa a la Comunidad de Madrid de hacer dumping fiscal porque sus impuestos —sucesiones, donaciones y patrimonio— son más bajos que en otras regiones. Detrás de cada propuesta para «homogeneizar» la fiscalidad siempre hay un grupo de saqueadores que pretende aumentar la confiscación porque nunca se «armoniza» por abajo. Los igualitaristas y otros enemigos del dumping odian el libre mercado y por ello han elaborado una espuria legislación que pretende interferir la competencia.

Bibliografía

Huerta de Soto, J. (2010). Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Madrid: Unión Editorial.

Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

El gran reinicio, la refundación del capitalismo y otras hierbas

Como si no tuviésemos materia suficiente para alimentar la imaginación conspiradora, el Foro Económico Mundial, así llamado, ha puesto sobre la mesa la necesidad de poner en marcha el gran reinicio (the great reset). El dramatis personae de este nuevo teatro lo forman la Unión Europea, con Ursula von der Leyen al frente, los Estados Unidos con la nueva Administración estadounidense (“tendremos de nuevo un amigo en los Estados Unidos, ha dicho Ursula), la Fundación Gates y otros grandes empresarios, John Kerry como epítome de los votantes de Biden que han emergido de sus tumbas, más otros simpáticos rostros que, con serenidad y confianza, nos van a convencer de que hemos vuelto a fallar a nuestros dirigentes, pero que ellos están dispuestos una vez más a guiarnos hacia la plena felicidad que todos anhelamos.

Lo que nos ofrecen es un gran reinicio. Porque estamos sumidos en una situación desesperada, hemos perdido el sentido de las cosas y deambulamos por las calles sin orden ni concierto, cada uno haciendo lo que le da la gana. Y así no se puede. Nos lo dice Ursula: “Con tanta gente haciendo tantos sacrificios, creo que es necesario transmitir un sentido de dirección y un sentido de esperanza”. ¿Quién nos va a transmitir esos sentidos? Ellos, naturalmente. La clave está en estas palabras de Ursula: “Estamos redescubriendo el valor de la cooperación global”. No la cooperación internacional, pues ella implicaría a las naciones y, en aquéllas que fueran democráticas, a sus respectivos pueblos. No. La cooperación global, la de aquellas instituciones que, liberadas del yugo democrático, pueden marcar nuestro camino con total libertad. ¿No es la libertad el más preciado descubrimiento de la sociedad occidental? Pues estamos a punto de alcanzarla.

Necesitamos un gran reinicio porque apenas podemos elevarnos sobre las cenizas, porque nuestra desesperación hace que nuestro corazón pese como el plomo, porque nuestros ojos se han olvidado de mirar de tanto llanto acumulado. Sumidos como estamos en una sima de desesperanza, enfrentados sin fuerzas ante un monstruo que nos devora con nuestra insensata colaboración, sólo Ursula y sus amigos nos pueden sacar de este atolladero. Habla Ursula: “hay una vieja palabra, que hace mucho que ha desaparecido del diccionario, y que retrata exactamente dónde estamos”. Se trata del término inglés ‘respair’, que “significa la vuelta de la esperanza tras un período de desesperación”.

La propia Ursula reconoce que el término es muy antiguo y que su uso se ha perdido en el habla. Y yo me pregunto si eso no tendrá que ver con que todo el asunto del gran reinicio no es más que una gran mentira. Que la incidencia del COVID 19, que es lo que justifica este discurso, no se puede comparar con las guerras europeas que asolaron el continente y que daban sentido al término ‘respair’. Y también puede que el sentido de urgencia (no tenemos que esperar a la siguiente crisis, “porque no está claro que para entonces hayamos aprendido las lecciones”) no es nuestro, sino suyo por dominarnos. Y que no es cierto que estén ante “una oportunidad sin precedentes”, porque hay infinidad de precedentes en los que la clase política aprovecha para marcarnos el paso. Y que el adanismo de nuestros dirigentes se disuelve a sí mismo, porque ponen el contador de la historia a cero varias veces al año.

Es interesante que John Kerry haya dicho que en este mundo loco “todo se ha vuelto más rápido, a excepción del Gobierno”. Quizás sea cierto, y puede que la interpretación más razonable sea que todo buen gobierno lo gestiona todo mal, pero que siempre tenemos el peligro de tener malos gobiernos. Pero su punto de vista es distinto. Los gobiernos actúan maniatados por la incapacidad de los pueblos de darse cuenta de los grandes retos a que nos enfrentamos. Es necesaria una actuación decisiva y acelerada. Necesitamos un reinicio del sistema de gobierno, que permita que una propuesta de la ONU se convierta en acción del Ejecutivo sin las bellas ineficiencias del sistema democrático.

Y no sólo la democracia, es nuestra libertad económica. Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial y director del mismo, ha dicho que el gran reinicio pasa por abandonar lo que él llama el “neoliberalismo”. “El fundamentalismo del libre mercado”, dice Schwab, “ha erosionado los derechos de los trabajadores y la seguridad económica, ha desencadenado una carrera desreguladora hacia el fondo y una competencia fiscal ruinosa, y ha permitido el surgimiento de nuevos monopolios globales masivos”. Como un dirigente de ERC, Schwab no acepta la competencia fiscal. Una competencia fiscal que protege a los contribuyentes y que sólo es “ruinosa” para los gobiernos, insaciables de nuestra renta y riqueza. Ya sabemos, pues, de parte de quién habla Schwab.

Yo sólo quiero recordar que, cuando fue la Gran recesión con que comenzó el siglo, Nicolas Sarkozy dijo que iba a “refundar” el capitalismo, y que fue el capitalismo el que lo refundó a él: la crisis económica, que es la cura de los males causados por la intervención en el mercado, impidió que siguiese en los Campos Elíseos.

Contra la suspensión de la libertad de invertir

La avalancha de legislación autoritaria que el gobierno actual está introduciendo en España con el pretexto de la pandemia de la covid–19 ha tenido un nuevo eslabón recientemente con la fulminante aprobación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

Ya en un análisis del mes de marzo, como un caso especialmente significativo, observamos que el gobierno aprovechaba la confusión generada por la pandemia de la covid-19 para promulgar una legislación de excepción (Estado de alarma y decretos leyes dictados con ese pretexto) con la que, a su vez, intentaba rebajar el rango normativo de determinadas materias y, de este modo, privilegiar la tramitación administrativa de indultos, frente a la mayoría de procedimientos, los cuales se suspendían precisamente como consecuencia de la pandemia. Es decir, deliberada y meticulosamente el ejecutivo planteaba “deslegalizar” materias cuya regulación queda reservada a la Ley por la Constitución (artículo 9.3 de la Constitución[1]) para mostrar una premio a sus socios estratégicos de la Esquerra Republicana.

En ese camino emprendido, el gobierno ha asestado otro golpe a la legalidad obteniendo la aprobación en el Congreso de los Diputados de una prórroga de seis meses (hasta el 9 de mayo de 2021) del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. La grosera contradicción con el artículo 116.2 CE de una prolongación por más de quince días no arredró a los diputados que votaron a favor de otorgarle plenos poderes. Así se recoge en la disposición final primera, la cual “habilita” a cambiar sus condiciones por sucesivos decretos. La consecuencia directa será que, si el Tribunal Constitucional no la suspende cautelarmente en el recurso promovido por diputados de Vox o la petición de amparo de su diputada Macarena Olona Choclán, el gobierno actual quedará blindado, dada la imposibilidad de disolver el Congreso durante la vigencia del estado de alarma.

Pues bien. En medio de este maremágnum legislativo, el ejecutivo vuelve a elevar el listón de su arbitrariedad y decide ampliar los destinatarios de la suspensión de la libertad de inversiones – aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 – a aquellas procedentes de residentes en otros países de la UE y la Asociación Europea de Libre Comercio en “sectores económicos estratégicos” hasta el 30 de junio del año 2021.

En efecto, solapada por una batería de medidas de todo tipo -con un pretexto que no encaja en la previsión constitucional de “extraordinaria y urgente necesidad” para justificar la promulgación del decreto-ley- la disposición transitoria del decreto ley de 17 de noviembre extiende la necesidad de solicitar una autorización previa al gobierno a las inversiones directas que confieran más del diez por ciento del capital de una sociedad española cotizada en bolsa, o aquellas que superen los 500 millones de euros[2], realizadas por residentes comunitarios o de ese espacio económico europeo en “sectores económicos estratégicos”.

A grandes rasgos, el gobierno ha reformado la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales, haciéndola irreconocible, a golpe de sendos decretos leyes dictados en un intervalo de ocho meses. Frente a las excepcionales causas de suspensión de la liberalización por afectar las inversiones a actividades relacionadas con las potestades públicas, la defensa nacional, o que pudieran afectar al orden, la seguridad o salud públicos; el nuevo artículo 7 bis, retocado sucesivamente, añade una larga lista de sectores susceptibles de considerarse como estratégicos y, por lo tanto, sometidos a control gubernamental[3].

Lo que concibe el gobierno como tal desborda la arbitrariedad de cualquier regulador, añadiendo una inseguridad jurídica inusitada. Baste subrayar que la referencia a “sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, o con capacidad de control de dicha información” permitiría al gobierno condicionar con su autorización la adquisición por parte de una sociedad extranjera de los porcentajes de capital señalados de todas las sociedades cotizadas en bolsa, así como por encima de los umbrales cuantitativos señalados.

Por lo demás, el texto de estos decretos leyes sanciona con la nulidad a aquellas operaciones de inversión llevadas a cabo sin la preceptiva autorización. Asimismo, pretende deslegalizar la materia atribuyendo al gobierno la potestad para dictar reglamentos que “establezcan categorías e importes por debajo de los cuales no se exigirá autorización previa” y a la ministra de industria órdenes ministeriales para ejecutarla.

Ahora bien, la introducción de esos controles a las inversiones extranjeras vulnera también flagrantemente la prohibición de restricciones a la libre circulación de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países (art. 63 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) así como al libre establecimiento y prestación de servicios (Arts 49 a 55 del mismo tratado). De forma muy clara los mencionados preceptos solo amparan excepcionales limitaciones con respecto a países terceros.

¿Qué pretende el gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón levantando estas barreras, si, al mismo tiempo, fía sus cuentas a la obtención de fondos extraordinarios europeos? ¿Se puede exigir seriamente la solidaridad de otros estados de la UE y someter a control las inversiones de ciudadanos de esos mismos países? ¿Es tan solo una burda treta para blindar a los actuales gestores de grandes empresas españolas frente a OPA europeas? ¿o también una intromisión en la gestión de filiales españolas de sociedades domiciliadas en países europeos? Ante un porvenir inmediato de hecatombe económica, la cual hará tan necesario atraer inversiones hacia España ¿Se puede defender la más mínima traba a ciudadanos y empresas extranjeras que deseen hacerlo? La pasmosa naturalidad con la que diversos medios recogían la noticia -si esta o aquella sociedad del IBEX 35 precisaría la apetecida autorización, con algún bufete de abogados “reclamando” la publicación de un reglamento de desarrollo (¡!)– sobrecoge. Demuestra que, en efecto, una cohorte de establecidos muestra una especial diligencia en agradar y buscar el favor del gobierno ante una coyuntura difícil. Hubo un tiempo en el que una medida tan descaradamente contraria al desarrollo económico y las obligaciones derivadas de la pertenencia a la Unión Europea[4] habría provocado un escándalo de enormes proporciones. En este caso, si bien no pasó inadvertido entre el aluvión de disposiciones adoptadas por el gobierno, apenas se ha alzado alguna voz contra el atropello.

Aun con todo, el Tratado de la UE mencionado (arts. 258, 259 y 260) establece un procedimiento específico de infracción, cuando, a juicio de la Comisión u otro estado miembro, se haya incumplido el derecho de la Unión Europea. Bien a instancia de algún país europeo, o bien de oficio -incluso mediando la denuncia de un particular– la Comisión, como garante del respeto y el cumplimiento de los tratados fundacionales, debe acometer acciones urgentes contra esta legislación española, emplazando al gobierno a dar explicaciones en un plazo perentorio. De no atender el gobierno español el previsible dictamen contrario a su legislación, solo restaría la presentación de demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo, con solicitud de medidas cautelarísimas para impedir que se agoten los resultados de tan crasa infracción de la libertad de inversiones.

No en vano, uno de los principales fundamentos de la relativa libertad y prosperidad de Europa está en peligro, merced a las decisiones de un gobierno que quiere retrotraerse al mercantilismo y proteccionismo de épocas pasadas.

Notas

[1] La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos

[2] El umbral para esas inversiones es incluso inferior, ya que se especifica que “se entenderá por inversiones extranjeras directas aquellas inversiones como consecuencia de las cuales el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social de la sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico se adquiera el control de dicha sociedad en el sentido del artículo 7.2 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, tanto si se realizan por residentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio diferentes a España, como si se realizan por residentes en España cuya titularidad real corresponda a residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio”

[3] En concreto, los sectores son los siguientes:

a) Infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales (incluidas las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles), así como terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de dichas infraestructuras.

b) Tecnologías críticas y de doble uso, tecnologías clave para el liderazgo y la capacitación industrial, y tecnologías desarrolladas al amparo de programas y proyectos de particular interés para España, incluidas las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, las nanotecnologías, las biotecnologías, los materiales avanzados y los sistemas de fabricación avanzados

c) Suministro de insumos fundamentales, en particular energía, o los referidos a servicios estratégicos de conectividad o a materias primas, así como a la seguridad alimentaria.»

d) Sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, o con capacidad de control de dicha información.

e) Medios de comunicación

[4] Ya que la causa de la libertad siempre ha sido minoritaria