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No es el puente, es el Estado de derecho

La publicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el gobierno español la pasada semana ha coincidido con varias declaraciones aparecidas en medios internacionales que ponen sobre la mesa cuestiones muy delicadas.

No coincido con el profesor Manuel Hidalgo cuando considera que “no es momento de ponernos demasiado críticos”. De hecho, él es bastante crítico cuando sostiene que “Este papel ha sido escrito en pocos días por diversas manos y con más versiones corregidas que ministros tiene la Iglesia. O el gobierno de España”. Precisamente por esa razón creo que hay que ser especialmente críticos, porque “este papel” se supone que es “el plan”.

Es decir, es nuestra propuesta a la Unión Europea respecto a nuestra capacidad para invertir adecuadamente esos fondos que todos los países de la Unión Europea, necesitan y esperan con angustia. Pero haré caso a Manuel Hidalgo, a quien respeto y seguiré su consejo.

Pensemos. Un plan ideal sería aquel que involucrara a muchos ministerios y que, además de centrarse en crear empleo, como objetivo prioritario, desarrollara otras áreas como salud, energía o reforzar la excelencia internacional, y que destinara cerca de 500 millones a ello. Podemos entrar en detalle respecto a las actuaciones.

Por ejemplo, en el terreno de la salud se pueden fomentar “acciones dirigidas a incrementar la competitividad y capacidad de I+D+i de empresas e instituciones que operan en los diferentes sectores afines a la sanidad (productos sanitarios, industria farmacéutica, biotecnología, servicios sociosanitarios, instrumental, dispositivos y equipamientos, alimentación saludable, etc.)”.

En energía, las actuaciones podrían estar “orientadas a garantizar el suministro energético, incrementando la contribución de las energías renovables y las tecnologías energéticas emergentes”. Y respecto a la excelencia internacional podrían desarrollarse un conjunto de actuaciones “para impulsar la creación de nuevas empresas de base tecnológica; reforzar la cooperación internacional en actuaciones sostenibles de excelencia; crear una infraestructura científica y tecnológica avanzada, abierta a la utilización por todos los agentes del sistema de ciencia y tecnología, y reforzar programas colaborativos públicos-privados en el marco del Plan Nacional de I+D+i”.

Por supuesto, ese texto no pertenece al Plan de Recuperación de Pedro Sánchez, sino al Plan E de Rodríguez Zapatero. Un plan que resulto catastrófico, no solamente porque cada empleo que creó, costó 160.000 euros al erario público. El Tribunal de Cuentas lo dejaba muy claro en su informe, cuando señalaba que el Plan E presentó pérdidas de hasta 7.800 millones de euros y que incurría en numerosas irregularidades en su aplicación.

Además, para el TC, la adjudicación de contratos seguía criterios “excesivamente genéricos e imprecisos” llevándose a cabo “sin publicidad alguna y de forma directa”. Respecto al éxito desde el punto de vista del empleo, consideraba que solo un 15% de las entidades dio prioridad al empleo como criterio de reparto, los compromisos de creación y mantenimiento de empleo no se habían cumplido y que la duración de los contratos de muchos de los trabajadores fue muy corta.

La genial comparación no es mía sino de mis amigos de Extremo Centro, quienes siempre me inspiran con sus podcast y con sus comentarios.

Así las cosas, es muy difícil fiarse de nosotros. Uno de los diarios suizos más relevantes, siguiendo la estela de lo que publicara la prestigiosa revista The Economista, publicaba el sábado pasado un artículo titulado “¿Es España un Estado fallido y cómo debe tratar la UE a ese miembro?”.

En él, el autor cuestiona la concesión de una ayuda financiera rápida y masiva, por parte de la UE para la España no está actualmente justificada. Las razones que aduce son, entre otras, que políticamente es inestable y tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial harían bien en identificar mejores proyectos que financiar. Quienes viven en Alemania saben que esta es una opinión general, como cuenta Luis Ignacio Gómez.

Parece que no es solamente la economía lo que nos hace parecer como malos socios, sino el caos político. Y esto me preocupa más. Impresiona leer a Benoît Pellistrandi en Telos. El autor percibe la inquietud creciente que, a pesar de que los políticos traten de enmascarar, es un clamor ciudadano. Una inquietud que “dibuja un horizonte de crisis sistémica”.

Menciona el cachondeo de los Presupuestos, la salida del tiesto de lo que denomina “folclore” del independentismo catalán respecto a la Covid, y la lucha encarnizada por el poder. No se equivoca cuando se da cuenta de que todo esto es una pantalla de humo que esconde el intento de zafarse de la responsabilidad de la nefasta gestión de la epidemia por parte del gobierno de la nación. Termina alertando acerca de la descomposición política de España. Creo que lo merecemos.

El jueves y el viernes los españoles vivimos un hecho muy grave que atenta severamente contra la salud de nuestra democracia: el presidente decidió desoír la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y anunció el Estado de alarma en la región, poniendo las fuerzas del orden al servicio de su decisión.

En el argumento que justificaba su acción, utilizó, adrede, cifras de semanas anteriores, para poder señalar que estaba en riesgo la salud pública.
Sus voceros, los medios y estrellas de las redes sociales afines al régimen, se apresuraron a correr la voz de que los madrileños sólo queremos irnos de puente, irresponsablemente, y que Ayuso está más pendiente de la economía que de la pandemia.

No es el puente, es el Estado de derecho.

Si Donald Trump hubiese hecho lo mismo en cualquier condado estadounidense, las mismas voces que defienden a Sánchez pedirían la cabeza de Trump y asegurarían que es un destructor de la democracia. Ya no es el derroche o la falta de un plan de recuperación económica. Es el Estado de derecho lo que está en juego, el respeto a la ley. La base misma de la democracia.

Los dejes liberales del papa Francisco

Ante la nueva encíclica del papa Francisco, Fratelli tutti, algunos liberales católicos vuelven a sentir cierta desazón, si no inseguridad o duda, al ver cómo muchos de los “ramalazos anticapitalistas” a los que nos tiene acostumbrados aparecen de nuevo. Aun así, muchas de las afirmaciones en ella contenida quieren darnos cierta esperanza.

En efecto, muchos liberales podríamos suscribir afirmaciones como que el respeto a los derechos humanos “es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre, y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común”. ¿Puede haber dignidad sin libertad? ¿Acaso no son los modelos liberales los que mejor defienden -los únicos que defienden- la libertad individual, el derecho de propiedad y la iniciativa individual y privada, el ingenio y la creatividad?

También aceptaríamos, sin discusión, que “todavía hay millones de personas (…) privadas de su libertad y obligadas a vivir en condiciones similares a la esclavitud (…). La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de la libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la constricción física y psicológica; es tratada como un medio y o como un fin”, que es, precisamente, lo que ocurre con los ciudadanos en los regímenes comunistas, a quienes se les coarta la libertad y se les mercantiliza más que en ningún otro sistema, convirtiéndolos tan sólo en medios para la mayor gloria del líder o de la revolución.

Y lo mismo podemos hacer con la dura crítica que hace el papa a las “mafias” que se presentan como “protectoras de los olvidados, muchas veces a través de diversas ayudas, mientras persiguen sus intereses criminales”. ¿No les suena?

Y es que, en varias de las páginas de la encíclica, el papa aboga por la no imposición, por el respeto de la diferencia, por el valor de la cooperación libre, por la lucha constante para lograr unos valores que nadie garantiza y deben ser conquistados cada día, pero recordando que la solidaridad, como virtud moral y actitud social, es fruto “de la conversión personal”.

Son frases, decía al comienzo, que quieren darnos esperanza, y ello porque, por mucho que se empeñe la mayoría, sólo hay un sistema, al menos hasta la fecha, en el que se busque el verdadero respeto de la libertad y la iniciativa individual; en el que cada uno puede buscar sus propios intereses, colaborando con personas con distintos objetivos, distintos valores y distintas formas de pensar, y en el que la solidaridad pueda realmente ser fruto de la conversión personal, y no de imposiciones externas que, por la fuerza, expolian al ciudadanos, lo mercantilizan, lo convierten en una vaca lechera a la que poder ordeñar para, presuntamente, alcanzar las metas ideológicas y sociales que sólo están en la cabeza de quien gobierna.

La mayoría de los liberales podríamos incluso aceptar afirmaciones del santo padre como que “el mercado solo no resuelve todo”. El problema del papa Francisco es que parece identificar libre mercado con ausencia absoluta de solidaridad; neoliberalismo, con consumismo exacerbado y derroche; propiedad privada, con robo y expoliación. El santo padre no distingue entre el marco general y la actuación y las motivaciones individuales; entre las reglas del juego y la forma de jugar de los partícipes: el liberalismo busca la defensa y protección de la libertad individual, pero no determina la forma en que cada individuo ha de usar tal libertad; el libre mercado ayuda a organizar la cooperación entre los miembros de la comunidad, pero sin imponerles los fines que deben perseguir; la defensa de la propiedad privada pretende respetar la dignidad de las personas (como decía León XIII en Rerum novarum, “poseer algo en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza”), pero eso no significa robar o expoliar al otro, como sí ocurre en los regímenes socialistas.

Pocos liberales niegan que haya otros valores, además del de la libertad, que conviene practicar y extender; es evidente que la iniciativa individual de la sociedad civil tiene muchas cosas que aportar en nuestro mundo actual y no sólo en el ámbito estricto de la producción para el consumo de bienes y servicios. Todos queremos vivir en un mundo mejor, y para alcanzar una sociedad en la que merezca la pena vivir no basta el mercado y la defensa de la libertad, hay que “cambiar también los corazones”; pero desde el respeto al otro, buscando la cooperación y la armonía con todos, sin imposiciones, respetando la cada identidad. Si el papa está de acuerdo en eso, ¿cómo es que no defiende a ultranza los modelos liberales? Porque una cosa es lo que dice en sus páginas pares… y otra, lo que se deduce de sus páginas impares.

El odio ideológico

Estos días de gran encono político he recordado una amarga polémica con un amigo mío. Mi colega me acusaba de albergar odio ideológico; es decir, de sustentar sobre ese sentimiento mis ideas, y proferirlas empapadas en él. Dado que no conozco ese sentimiento, que jamás lo he vinculado a las discrepancias políticas, me costó entender cómo podía haber llegado a esa conclusión.

Mi amigo me echaba en cara que hubiera descalificado moralmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es cierto que me parece una persona inmoral, dicho sea con pleno reconocimiento a las apabullantes ventajas que ello tiene para el ejercicio de la profesión de político. Liberado de las ataduras de la moral, Pedro Sánchez no sólo puede defender con aparente contundencia cualquier posición política que responda a los intereses del momento, aunque ello le lleve a defender lo contrario de lo que ha dicho antes, sino que puede actuar con una audacia propia de los grandes hombres de Estado.

Lo acaba de demostrar en Madrid. A la vuelta del verano el presidente se lavó las manos y dijo que no impondría un confinamiento, con el estado de alarma como cobertura legal, a no ser que se lo pidieran las regiones. Y ahora se lo impone a la Comunidad de Madrid, contra el criterio de su gobierno, basándose en datos antiguos según ha reconocido el ministro Illa, y con los cuales podría haber aplicado la misma medida a Navarra. Sí, Pedro Sánchez es un hombre audaz e inmoral, valiente y deshonesto, arrojado y mendaz. Sería ya un peligro público sin ser el presidente de un Gobierno que depende de Pablo Iglesias. Nunca pensé que diría algo así, pero Pedro Sánchez me da asco. Fue lo que dije, y fue lo que dio pie a la conversación con mi amigo.

Comenzamos entonces un intercambio en el que intenté sacarle de su equívoco. Es verdad que moralmente me repugna esa actitud, y quizá debí ser más claro y precisar que es ésta, y no la persona, la que me causa rechazo. Pronto la discusión derivó a otros derroteros, los que yo mismo he creado con mi crítica a ciertas ideas que él comparte. Una crítica que, como digo, él interpretaba como odio. Mi colega no es liberal y quizás por ello no entiende por qué un liberal desconoce el odio ideológico. Y lo que para mí es evidente, a él le costó un mundo entenderlo, y no por falta de capacidad, sino porque le llevé a terrenos que no está habituado a transitar.

Hay un principio fundamental dentro del liberalismo, y es el de que una persona puede cambiar de ideas. Casi cabría pensar que es una petición de principio. Eso quiere decir que no importa cuan odiosas puedan ser sus ideas, ni cuanta crítica crea uno que merecen, toda la crítica se queda en el espacio etéreo de las ideas, sin referirse en ningún momento a la persona.

Si el lector tiene la sensación de que este argumento está envuelto en algodón de azúcar, y que en realidad no es así como funcionan las cosas, tenga en cuenta dos cosas: la primera es que para el liberal no hay una vinculación necesaria entre la persona y sus ideas. Y aunque éstas, llevadas a la práctica, supongan una amenaza para él o ella, siempre queda la esperanza de que cambie de parecer. De modo que sí, se puede odiar al nacionalismo o al socialismo, sin por ello odiar a la persona que profiere esas ideas.

Pero la segunda es que no todo el mundo, seguramente ya lo habrá apreciado, es liberal. Ni siquiera en este sentido de aceptar que el otro piense de un modo distinto al suyo sin darle la oportunidad de cambiar de parecer… o darse a sí mismo esa misma opción. Es decir, que desde otras formas de ver al hombre en sociedad sí tiene más sentido el odio ideológico.

El colectivista tiene una idea precisa de los males que le aquejan a la sociedad, de cuál es la forma que ésta debería adoptar si todos le hiciésemos caso, y de cómo amoldarla, ahormarla a como él desea. Casi puede tocar con las yemas de los dedos esa sociedad ideal, perfectamente justa. El plan está trazado y sólo falta llevarlo a cabo. Y aún hay quien se opone. Y si se opone, cuando a la vista de todos está la injusticia de la actual sociedad, y los beneficios de lo que está por venir, será porque tiene intereses enraizados en esta sociedad. Será que no quiere que cambie porque a él, o a ella, le conviene.

Según esta forma de pensar, la relación entre las ideas y la persona es muy distinta. El reaccionario, el que quiere frenar el avance del progreso, entiende perfectamente que sus intereses están amenazados por los planes progresistas. Y desde ahí, desde sus intereses, crea un escudo ideológico. Pero es sólo eso. Como sus intereses no van a cambiar, tampoco lo harán sus ideas. Yo, como progresista, puedo despreciar sus ideas porque no son lo importante. Y, puesto que el otro antepone sus intereses espurios a los del conjunto de la sociedad, tengo el derecho, casi la obligación moral, de mostrarle como poco mi desprecio.

Es más, el reaccionario, ya se llame conservador o liberal, me tiene que odiar a mí, que al fin y al cabo estoy dispuesto a amenazar sus intereses para alcanzar un bien mayor. Lo que yo siento en aras de la justicia al oír sus opiniones, lo tendrá que sentir él o ella al escucharme a mí. Desde ese punto de vista es fácil de entender la intolerancia de los progresistas hacia las opiniones discrepantes.

Al final, mi amigo me reconoció que le parecían intolerables y censurables mis críticas a la izquierda, sentimiento que le reconocí plenamente, y me confesó que sentía odio hacia una formación política con la que, con evidente fracaso, quiso vincularme ideológicamente.

Reconozco que siempre he tenido poca paciencia con las palabras de Gregorio Marañón, que definía el liberalismo como una conducta. Dice el médico:

Ser liberal es, precisamente, estas dos cosas: primero, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo; y segundo, no admitir jamás que el fin justifica los medios, sino que, por el contrario, son los medios los que justifican el fin. El liberalismo es, pues, una conducta y, por lo tanto, es mucho más que una política. Y, como tal conducta, no requiere profesiones de fe, sino ejercerla, de un modo natural, sin exhibirla ni ostentarla.

Por supuesto que ser liberal es mucho más que tener esa actitud. Y por descontado que no es necesario serlo para adoptar esa actitud. O eso es lo que he pensado siempre. Pero quizás esté yo más equivocado que el intelectual madrileño.

El Papa Francisco y el neoliberalismo

Una de las falacias más extendidas en filosofía política o en economía es la llamada falacia del nirvana. A saber, comparar sistemas de organización social idealizados —al margen de cómo funcionan y se despliegan en el mundo real— con otros sistemas de organización social no idealizados —esto es, tal como operan en nuestro mundo real—. En el primero de los casos, la pregunta que se busca responder es: “¿Cómo funcionaría el socialismo/el capitalismo/la socialdemocracia si los seres humanos fueran bienintencionados, internalizaran todos los efectos externos de su acción y cumplieran de buena fe con todas las normas?”.

En el segundo de los casos, la pregunta que se responde es, en cambio: “¿Cómo funcionaría el socialismo/el capitalismo/la socialdemocracia si los seres humanos no fueran bienintencionados, no internalizan todos los efectos externos de su acción y no cumplen de buena fe con todas las normas?”. No es que una visión sea preferible a la otra, pues cada una cumple con objetivos diferentes (cómo opera un sistema sin fricciones frente a cómo funciona un sistema cuando vas introduciendo fricciones), pero lo que jamás debe hacerse es comparar la versión ideal de un sistema con la visión no ideal de otro sistema, pues en ese caso estaríamos efectuando una comparación tramposa. Y esa comparación tramposa es precisamente la que ha perpetrado recientemente el Papa Francisco en su encíclica ‘Fratelli Tutti‘.

Por un lado, en el documento papal se nos describe al neoliberalismo como un sistema incapaz de resolver los problemas sociales de la pobreza, de la desigualdad y del desempleo, en la medida en que pivota sobre una globalización atomista que se desentiende de las raíces comunitarias y que está plagada de grupos de poder que imponen sus intereses privados sobre las masas de individuos fragmentados y dominados. Los mercados son egoístas, individualistas, disgregantes, fríos, espurios, uniformizadores y fallidos.

Por otro lado, en cambio, se nos presenta una aspiración idealizada de la política, entendida como “una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común”; al político, a su vez, se lo considera “un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática, aún más allá de su propio país”. La política es amor efectivo, fraternal, unificadora, tierna, caritativa, orientada al bien común, respetuosa con la diversidad, noble y sana.

Es verdad que la encíclica también habla de la posibilidad de una política cortoplacista y sometida a intereses espurios, pero semejante degeneración de la gobernanza está asociada a la era neoliberal, que es justamente la culpable de haber sometido la búsqueda del bien común a la lógica perversa e individualista de los mercados y de la economía. A su vez, y a ‘contrario sensu’, el Papa no se plantea la posibilidad de que existan mercados inclusivos, que contribuyan a solucionar los problemas de la pobreza o de la desigualdad y que sean respetuosos de la vida comunitaria y de las tradiciones locales (a pesar de la histórica reducción de la pobreza que hemos vivido durante las últimas décadas): ese ha de ser, sí o sí, un cometido que solo puede alcanzarse a través de la política. Por consiguiente, mientras que la política puede ser ennoblecedora y, por tanto, hemos de aspirar a establecer su primacía sobre el resto del orden social (llegando al extremo de instituir un gobierno mundial para todos aquellos asuntos que nos son comunes), los mercados necesariamente son corruptores y, por tanto, hemos de aspirar a someterlos al Estado. Frente a una visión absurdamente optimista de la política, el Papa contrapone una visión absurdamente pesimista de los mercados.

Y es que, en su esencia, política y economía son todo lo opuesto a lo que plantea el Papa. La política consiste en generar relaciones verticales de dominación: una persona o un grupo de personas emiten un mandato sobre otros individuos para que sea obligatoriamente cumplido; la economía, por el contrario, consiste en establecer relaciones de cooperación: dos o más personas cooperan para generar un excedente productivo que ulteriormente es distribuido entre ellas. Lo anterior no quita para que, en ocasiones, la política pueda ser usada para el bien —por ejemplo, para imponer sobre todos los ciudadanos un código normativo que sea respetuoso con los derechos y las libertades individuales—, o que la economía pudiera dar lugar a abusos sobre algunas de las partes implicadas —en presencia de problemas de coordinación, como las externalidades o los monopolios/monopsonios, pueden crearse situaciones extractivas—, pero uno no debería desentenderse de los incentivos estructurales contenidos tanto en el ámbito político como en el ámbito económico.

Si la política se basa en relaciones verticales de ordeno y mando (de uno sobre muchos, de unos pocos sobre muchos, o de muchos sobre otros muchos), entonces habrá una fuerte inclinación a abusar de ese poder para parasitar al prójimo. Y no deberíamos soslayar esa más que cierta posibilidad presuponiendo de un modo idealizado que solo llegarán, o que al menos podemos garantizar que solo lleguen, ímprobos gobernantes al poder: la dinámica de la lucha por conquistar el poder político favorece el triunfo de los peores —de los más brutos, de los más embaucadores, de los más ruines, de los más arribistas— en una especie de selección política adversa.

A su vez, si la economía se basa en relaciones horizontales de intercambio, entonces habrá una fuerte tendencia a generar interdependencias y a satisfacer recíprocamente las necesidades ajenas. Y, asimismo, tampoco deberíamos soslayar la posibilidad de que existan “fallos de mercado” que trunquen, en un mundo no ideal, la totalidad o una parte de los beneficios compartidos de esa cooperación: pero no deberíamos elevar tal excepción a la condición de categoría, sobre todo si, en el caso de la política, hemos disminuido la categoría a la condición de excepción.

Desgraciadamente, y para mayor regocijo de la extrema izquierda española, el Papa ha recurrido a una muy pobre y sesgada caracterización de la política y de la economía para defender un sometimiento de la segunda ante la primera. Sin ser consciente de ello —o quizá siéndolo—, ha planteado un modelo neomercantilista de relaciones sociales donde el escaso excedente que siga generando una economía jibarizada pase a ser apropiado y arbitrariamente distribuido por la casta política entre sus ‘stakeholders’ (políticos, burócratas y lobbies). Si algo reúne las peores características de lo que conocemos como ‘neoliberalismo‘ dentro del imaginario popular es justamente eso: el corporativismo de amigotes —en este caso, tras una pantalla de caridad y fraternidad— al que nos empuja la encíclica papal.

Teletrabajo, sí, pero libre

El libre mercado tiene considerables ventajas a la hora de encontrar soluciones a dificultades, conflictos y complicaciones que puedan surgir en un contexto o bajo unas circunstancias. La posibilidad de probar varias de ellas es consecuencia de poder poner el foco en el problema y no colocarlo en la norma que, no pocas veces, impide o dificulta algunas de esas soluciones, cuando no las limita a una o unas pocas. La situación ligada a la pandemia de la covid-19 colocó a empresarios y trabajadores de todo tipo y condición ante la imposibilidad de seguir ejerciendo su función, abocándoles, incluso, a la pérdida del trabajo o el cierre de la empresa. Ante esta grave situación, se planteó, entre muchas, la posibilidad del teletrabajo, que era una modalidad exótica de trabajo, en el sentido de que se venía hablando de ella durante muchos años, sobre todo en los medios de comunicación, pero raramente se planteaba en serio en el ámbito empresarial, sólo unos pocos eran los que se la permitían y casi siempre como una pequeña parte del concepto más amplio de la conciliación laboral. A partir de ese momento, mucho se ha hablado de ella, y su relativo éxito ha hecho que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias salga a regularlo para evitar “abusos” y definir conceptos.

Diría que el teletrabajo es una medida de éxito indudable, pero limitado. Es evidente que sólo es posible en los trabajos que no requieren la presencia física del trabajador para realizar el servicio que ofrece la empresa. Ninguna obra, ningún servicio de reparaciones, ningún servicio de mensajería o transporte, entre otras actividades, puede hacerse sin una o varias personas que lo hagan en el sitio y en el momento requeridos[1]. El teletrabajo ha sido una solución parcial para aquellas empresas y aquellos trabajadores que usaban o podían usar las tecnologías de la información para hacer su labor. Ha ayudado, eso sí, al desarrollo exprés por parte las empresas tecnológicas de soluciones a cuestiones como un mayor y más eficiente ancho de banda, un uso intenso de las redes, así como la promoción de programas y aplicaciones existentes y el desarrollo intensivo de nuevas que resolvían, al menos parcialmente, las necesidades que iban surgiendo (videoconferencias, software de control de jornada, etc.). Ha sido el mercado, la labor de miles de empresas y profesionales de estos sectores oferentes, la que ha facilitado este contexto para que el teletrabajo haya sido posible, y no las regulaciones o la labor de los políticos. Conviene recordarlo, pues ahora algunos se han apuntado tantos que pertenecen a otros.

El teletrabajo, sin embargo, no está exento de limitaciones. Ya he mencionado las ligadas a la naturaleza de la actividad desarrollada, pero incluso en aquellas que se adaptan bien, tiene un límite. El teletrabajo implica desarrollar en el hogar parte o toda la labor que, en otras circunstancias, se desarrollaría en el puesto laboral. Eso implica, no pocas veces, mezclar en un único sitio la vida laboral, familiar y personal. Las condiciones que se han dado en la pandemia han favorecido esta circunstancia y no ha sido agradable para muchos. Las personas necesitan compartimentar actividades por una cuestión de higiene mental. En caso contrario, surge cierta sensación de celda, desencadenándose conflictos, agravándose los aspectos negativos y diluyéndose los positivos. Una de las quejas habituales ha sido el no poder desconectar del trabajo, que debería ser algo habitual al salir del ámbito laboral. Otra queja ha sido la dificultad de tener un horario fijo, ya que el hecho de convivir con otros supone distracciones y una labor interrumpida continuamente (sobre todo si hay menores de edad y otros dependientes). También ha habido quejas entre los trabajadores de que sus superiores les han llamado a deshoras, incluso en fines de semana, por cuestiones puramente laborales, hecho que, en circunstancias normales, era poco habitual.

Otro de los aspectos polémicos que ha salido a la palestra ha sido el coste que ha supuesto para el trabajador esta modalidad, ya que usa los recursos que tiene en su casa y no los de la empresa. En bastantes casos, las empresas han puesto a su disposición ordenadores personales, aunque la electricidad, el ancho de banda y otros elementos han sido aportados por el trabajador. No menos cierto que lo anterior es que, para el trabajador, también ha habido ahorros, en algunos casos considerables, como son los ligados al desplazamiento o los gastos en hostelería, comidas y otros similares, que ya no ha sido necesario hacer o al menos ya no salen tan costosos. El teletrabajo no es una solución mágica para nadie y es posible que haya cambios en la carga de los costes, pero fijarnos sólo en los costes que nos interesan para hacer ciertas reivindicaciones con carga ideológica quizá no es lo más adecuado para el eficiente funcionamiento de la medida. Es complicado saber cuándo los gastos en un hogar se refieren a una labor ligada al ámbito laboral y cuándo no. ¿Cómo se adjudica el ancho de banda de una conexión a internet si un miembro de la familia está viendo Netflix y otro, a su vez, está conectado en una teleconferencia? ¿Cuánto del consumo eléctrico sería asumible por dos empresarios en un hogar donde dos personas desarrollen teletrabajos para distintas empresas? No es fácil separar, salvo que este teletrabajo se haga desde otro sitio que no sea el hogar familiar y se pague un alquiler incluyendo los costes propios de la oficina. En este sentido, si el teletrabajo se generaliza, empresas de coworking podrían facilitar el coste al empresario original[2].

Toda esta polémica ha llevado al Gobierno, con el consejo y la presión de ciertos organismos sociales, a ponerse manos a la obra para regular el trabajo a distancia con un Real Decreto Ley, que entra en vigor el 13 de octubre. De entrada, se fija que será teletrabajo cuando se realice al menos durante más de un día y medio a la semana, lo que no deja de ser un límite arbitrario. En el Real Decreto Ley se asegura que todas las empresas deberán proporcionar a los empleados los medios, herramientas y equipos necesarios y que “no podrá suponer la asunción por parte del trabajador de gastos relacionados”, pero que “podrá establecer el mecanismo para la determinación y compensación o abono de estos gastos”, y que en el acuerdo se debe incorporar un “inventario”. Personalmente, lo veo complicado, no sólo por los ejemplos que he puesto antes, sino porque es demasiado difuso para ser legislación, parece que está redactado para crear conflictos y hacer la medida imposible.

Esta legislación dice favorecer la reversibilidad de la modalidad de trabajo, lo que en principio está bien, y evita jornadas laborales interminables, abogando por el “derecho a la desconexión digital”, con un horario que debe ser respetado, aunque es complicado establecerlo de cualquier manera, ya que, al menos en el hogar, las interrupciones pueden ser demasiado frecuentes y la disciplina para lograrlo, no ser tan fácil de mantener. Personalmente, creo que el trabajo ligado a un horario es más complicado de adaptar al formato de teletrabajo que el ligado a objetivos. Yo veo más una transición del primero hacia el segundo para incrementar la eficiencia, pero eso entraría en conflicto con el Decreto.

El Decreto establece también la exigencia de evaluación del lugar de trabajo a cargo de la empresa, o las instrucciones para que pueda hacerlo el propio trabajador si la empresa no es autorizada a acceder al hogar o local; otro hecho polémico, ya que no siempre se puede tener una casa lo suficientemente preparada para la labor y, en el peor de los casos, habría que optar por un alquiler cercano al domicilio[3]. En resumen, se me antoja una legislación demasiado rígida para una medida que, en la mayoría de los casos, está ligada a una situación excepcional como la vivida en la pandemia que, si bien se pueden normalizar ciertos hábitos adquiridos, es razonable pensar que una vez que la pandemia sea vencida, las cosas vuelvan a su cauce[4].

Incluso el Gobierno se ha planteado la adaptación de las zonas rurales (lo que se llama, de manera errónea, la “España vaciada”) para el desarrollo del teletrabajo, incluso a nivel europeo y mundial. La idea no deja de ser un brindis al sol, salpicada de demagogia, al obviar las dificultades que aparecen en este ámbito territorial (aunque el pensamiento mágico nos lleve a imaginar un futuro maravilloso lleno de aldeas y pequeñas poblaciones conectadas). Sería necesaria una inversión potente en digitalización de las zonas rurales, algo que está aún por llegar, pese a las mejoras hechas en los últimos años. Esta iniciativa asegura que el clima, el precio de la vivienda o la calidad de vida son factores positivos, pero, suponiendo que haya una red digital aceptable, la ventaja del precio pronto se vería dificultada por el lógico aumento del precio de la oferta ante una demanda creciente. Por otra parte, el clima de la zona y la calidad de vida (sea lo que sea eso) son irrelevantes para el desarrollo del trabajo en sí y sólo serían valorados de forma subjetiva por la persona que busca el lugar, no habiendo un gusto objetivo. El Gobierno, por último, aboga por una normalización de esta actividad, cosa que se me antoja que terminaría frenando tal soñada migración.

El teletrabajo es una solución parcial a un problema global, cuya regulación excesiva e ideologizada aspira a destruir sus ventajas. Parece que las soluciones que surgen del libre mercado, de la interacción voluntaria entre trabajadores y empresarios, fueran por sí mismas perversas, mientras que las surgidas de la mente de políticos que han tenido poco o ningún contacto con el mundo empresarial fueran virtuosas y loables. En tanto en cuanto la solución surja del libre acuerdo entre partes (empresario y trabajador) será más eficiente, pues se podrá ir adaptando en función de las necesidades o el contexto. Por el contrario, si una excesiva regulación acaba con las ventajas y la adaptabilidad de medidas como el teletrabajo, nos veremos abocados a que, en otras pandemias y hechos similares, no haya soluciones que permitan una actividad económica necesaria para todos.

[1] Para mí es discutible que exista una tecnología adecuada para que la telemedicina sea eficiente. La pandemia ha propiciado mucho este tipo de atención, pero creo que sus resultados finales han sido muy mejorables y, en algunos casos, trágicos.

[2] No podemos dejar de pensar en aquellos sectores que se han visto lastrados por el hecho de que los trabajadores dejen de ir a hacer su trabajo en las oficinas habituales. En especial, las empresas de hostelería, que han reducido mucho sus ingresos.

[3] Lo que supondría un desplazamiento, más corto, eso sí, pero desplazamiento, para el trabajador. La empresa podría plantearse si le merece la pena asumir ese teletrabajo.

[4] Quizá estemos de suerte y se elimine de una vez por todas el exceso de reuniones que ralentizan y no ayudan al desarrollo laboral, pero esto es una opinión muy personal.

El ‘Show de Sánchez’: un plan que nace fracasado

“Say something, dammit! You are in Television!”. Ed Harris, The Truman Show.

Los contribuyentes de Europa deben saber que los ciudadanos españoles no despilfarramos y malgastamos los fondos europeos. Es el Gobierno el que lo quiere hacer.

El plan presentado por Pedro Sánchez es una falta de respeto al esfuerzo y dinero de los contribuyentes de nuestros socios europeos, que es lo que Sánchez e Iglesias quieren gastarse sin control.

Unos fondos que las empresas y autónomos españoles necesitan con urgencia y que se pretenden repartir de manera dirigista y política. ¿Lo rechazará la Unión Europea? No lo sabemos. La UE raramente actúa de manera preventiva… y luego pasa lo que pasa: estancamiento, deuda y despilfarro.

El plan presentado por Sánchez a bombo y platillo el miércoles es una colección de vaguedades, promesas imposibles y brindis al sol sin precedentes. Nunca en la historia de nuestro país se había organizado un espectáculo propagandístico tan lamentable. ¿Se imaginan ustedes si lo hubiera hecho Rajoy con el Plan Juncker o Zapatero con el Plan de Crecimiento y Empleo Europeo de 2009?

La promesa de crear 800.000 puestos de trabajo en tres años nos recuerda a vaguedades similares del pasado, desde los 800.000 prometidos por González al “pleno empleo” vaticinado por Zapatero, que se quedaron en nada.

Lo peor, además, es que, en el afán propagandístico de dar cifras aparentemente positivas, se han olvidado de que aún tenemos 730.000 empleos en ERTE y casi 700.000 parados más que en febrero. Es decir, no solo “promete” una cifra mas que cuestionable en su credibilidad, es que encima su plan supone crear mucho menos empleo de lo que creaba España en el periodo 2012-2018, por ello mantiene en sus propias estimaciones una tasa de paro en 2021 superior al 17%.

Solo para darles una idea, el Gobierno de Zapatero anunciaba en 2009 una creación de 400.000 puestos de trabajo con un plan extraordinario de infraestructuras de 16.000 millones de euros anunciado por Fomento y financiado por el BEI.

Sánchez piensa movilizar casi 10 veces esa cifra y solo “crear” 800.000 empleos que, encima, ni se crearon entonces ni probablemente se crearán.

Sánchez nos repetía el miércoles que “jamás” se habían movilizado tantos recursos. Y, de nuevo, se olvidaba de los 185.000 millones de euros movilizados en la crisis de 2008 hasta 2011 por el gobierno de Zapatero.

Se olvida del plan de José Blanco, 250.000 millones de euros del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) ya en marcha desde 2006. Se olvida del Plan Juncker, etc. Y, sobre todo, se olvida de su altísimo impacto en deuda y bajísimo efecto positivo en empleo y crecimiento.

Otro elemento que nos sorprende es el francamente hilarante multiplicador macroeconómico que se han inventado para este plan.

Anunciaba el presidente un impacto económico que aumentaría un 2,5% el PIB anual (sí, anual) por este plan, algo así como el milagro de los panes y los peces versión Sánchez.

Hagan ustedes los cálculos. Tenemos la evidencia empírica del pasado que el efecto multiplicador del gasto público es cero o incluso negativo en economías endeudadas y abiertas. La evidencia empírica de los últimos 15 años muestra un rango que, cuando es positivo, se mueve entre 0,5 y 1 como máximo… Y en la mayoría de los países del sur de Europa han sido negativos (Giles, C. Has the IMF proved multipliers are really large? (wonkish).

Esto es lo fascinante: si usando las cifras y estimaciones -increíbles- que presenta Sánchez España seguirá con una tasa de recuperación peor que la de la Unión Europea y siendo el país con más déficit y paro de todos los estados miembros tanto en 2020, 2021, 2022 y 2023… Imaginen lo que puede ser en realidad.

Hay varios factores que hacen que el plan nazca casi fracasado:

1. Vender la piel del oso antes de cazarlo. El gobierno de España es el único de toda la Unión Europea que ha lanzado semejante campaña propagandística sin que haya un solo euro del Fondo de Recuperación en marcha. 

Todavía no se ha aprobado, ni se ha lanzado la emisión de deuda ni se ha presentado un solo proyecto… pero Moncloa ya sabe el impacto en PIB, empleo y hasta se apunta a los presupuestos unos ingresos que no han sido movilizados aún ni saben si podrán incorporar a las cuentas públicas.La peligrosa utilización de la propaganda, conceptos vagos y el intervencionismo para canalizar las ayudas nos lleva a queel riesgo de que se rechacen muchos de estos fondos en la Comisión de Economía y Finanzas sea muy alto.

2. Ningún país de la Unión europea canaliza el proceso de presentación y recepción de fondos por ministerios. El plan de Sánchez convierte a los ministros en comisarios políticos que funcionan de barrera y filtro de las ayudas. Garantía de ineficiencia y malgasto.

Es ineficiente, burocrático y garantiza que perdamos muchos de esos fondos en un país que tiene el triste récord de ser uno de los peores en ejecución de ayudas europeas.

España es el segundo país que peor maneja los fondos europeos. No solo no se empleó el 67% de los recursos disponibles, sino que el 31% de los proyectos exigidos seguían sin siquiera comprometerse a finales de 2019. 

Si el procedimiento burocrático, político e ineficiente de la maquinaria gubernamental española ha hecho imposible ejecutar 17.500 millones de euros ¿se creen ustedes que se van a movilizar de manera rápida, eficiente y rentable 140.000 millones con 22 ministerios?

3. “Invertirlo bien”. No para de repetirse que el plan es una oportunidad si se hace bien. La probabilidad de que se haga mal no es alta, es casi una certeza. Tenemos el ejemplo del pobre resultado del Plan de Empleo y Crecimiento de 2009 y otros antes mencionados.

 El plan de Sánchez, tal y como está anunciado, va a ir en su mayoría a gastos sin rentabilidad económica real y el Ejecutivo no oculta su interés en convertirlo en una manguera de pagos clientelares (“promoción de administración del siglo XXI”, “ecosistemas resilientes”, “nueva economía de los ciudadanos”).

El concepto “cohesión social” se llevaría el 30% de los fondos. ¿Imaginan ustedes todo el gasto inútil que se puede disfrazar dando más de 40.000 millones con ese rimbombante título?

En cualquier caso, rentabilidad económica real cero (o negativa) ya en el 30% de los fondos e impacto en el crecimiento potencial cero. El 33% va a proyectos de digitalización. Asumamos que el 40% de ellos tienen rentabilidad económica real y que el otro 60% (y somos optimistas) son simplemente un gasto puntual. Y el 37% restante va a “inversión verde”.

Asumamos (y también somos optimistas) que el 100% tienen rentabilidad económica real. En el escenario más optimista, ni el 50% del plan de Sánchez generará recursos para pagar el enorme aumento del endeudamiento que supone (el 60% son préstamos). 

A ello debemos añadir que en “inversión verde” se pretende incluir mucho gasto corriente de administraciones públicas y decenas de proyectos que se habían rechazado en los últimos cinco años. Si no eran rentables antes, con tipos negativos y amplia liquidez, no lo van a ser ahora. En un escenario más realista y acorde con la historia de este tipo de planes gubernamentales, ni el 30% gastado generará empleo y crecimiento.

Lo mismo que en 2008

Sorprende y preocupa que en un plan que se presenta para usar fondos europeos destinados a empresas y autónomos, que está diseñado para fortalecer el sector privado, no para engordar el gasto político, el gobierno usa la palabra “empresa” como una anécdota, una especie de desliz en su presentación.

El Gobierno de Sánchez repite constantemente que en esta crisis no se va a hacer lo que se hizo en la anterior y, sin embargo, está haciendo exactamente lo que se hizo en la anterior entre 2008 y 2010: Aumentar masivamente los gastos y los desequilibrios estructurales esperando que el apoyo de la Unión Europea y el Banco Central Europeo lo solucione todo.

Ningún país de la Unión Europea usa las cifras del Fondo Europeo para intentar disfrazar sus desequilibrios presupuestarios y gastos corrientes estructurales.

España debería haber formado una oficina independiente, transparente y eficaz gestionada por profesionales de prestigio empresarial para canalizar los proyectos y generar el efecto positivo en crecimiento y empleo.

Sin embargo, todo el plan y la forma de instrumentalizarlo es una enorme batería de señales de alarma que alertan del más que probable despilfarro y pérdida de oportunidad en la movilización de unos fondos europeos que ya nos han vendido dos veces como una especie de Bienvenido Mister Marshall moderno antes de ver un solo euro, y que no solucionan los problemas estructurales que se están acumulando en la economía española.

Por eso nace ya casi fracasado. El aumento desbocado de gasto, déficit y el paro lo tendrán que solucionar otros.

El conservadurismo de un libertario

A mucha gente puede que le parezcan incompatibles e incluso contradictorios los términos con que he titulado este artículo. A mí, en cambio, lo que me sorprendió es que alguien pudiera ver incompatibilidad. Mis lecturas “conservadoras” siempre me habían parecido coherentes con la teoría económica austriaca, hasta el punto de que agrupaba libertarismo y las otras lecturas (que no tenía por conservadoras) en una misma corriente.

Para aclarar por qué lo creo, tendré que introducir diversas ideas económicas, filosóficas y psicológicas que forman los mimbres del razonamiento, no siendo la propia definición de conservador y libertario la menos importante. O sea, que empecemos como los buenos libros de matemáticas, con la definición.

La de libertario o anarcocapitalista la tengo bastante clara. Somos aquellos que pensamos que no hay necesidad de un poder centralizado con monopolio legal sobre una serie de servicios (qué servicios sean parece ser de mucho interés para los llamados defensores del Estado mínimo o minarquistas). Y lo pensamos porque la teoría económica demuestra, junto con la evidencia empírica, que la prestación de servicios en el libre mercado es la forma óptima de repartir recursos en la sociedad. Así pues, a menos que se demuestre científicamente que algunos servicios, por sus características, requieren de un monopolio legal para su prestación, consideramos innecesario el Estado.

Obsérvese que hay gente que asume estos postulados a priori, ideológicamente si se quiere, por pensar que la libertad de la persona está por encima de todas las cosas. Por mi parte, creo que la aproximación correcta a este asunto, como a la mayoría, es a través de la ciencia, económica en este caso. Si esa ciencia concluyera que lo mejor para el bienestar (de la sociedad, no del político comunista) es el comunismo, un servidor no tendría reparos en pasar a serlo.

El concepto de conservadurismo no lo tengo tan claro. Tras algunas lecturas, las más destacadas de Roger Scruton, relevante filosofo autocalificado como conservador, deduzco que el conservadurismo tiene que ver con organizar la sociedad de acuerdo a tradiciones y costumbres, en cuanto que son depositarias del conocimiento social obtenido durante siglos, frente a organizarla racionalmente, como proponen las tendencias socialistas desde el mismísimo Rousseau. El conservador no es intransigente respecto al cambio, pero sí que cree que este tiene que estar muy justificado y hacerse de forma paulatina. Se hace en la medida y en paralelo con los cambios espontáneos de la sociedad, y no impuesto desde fuerzas externas. Si esto es así, a los conservadores les queda el arduo trabajo de explicar si su perspectiva es compatible con las democracias; los anarcocapitalistas sabemos que la nuestra no.

El último mimbre que quiero describir antes de comenzar a entrelazarlos es el modelo para la mente que parece ser aceptado en la actualidad, y que Haidt simplifica en su ultraconocida metáfora del elefante y el jinete. Dicho modelo nos dice que la mayor parte de nuestras acciones son guiadas de forma casi automática por el “elefante” de acuerdo a mecanismos creados de forma evolutiva durante cientos de miles de años, no solo en el ser humano, sino en todas las especies que le preceden evolutivamente.

Sobre ese “elefante” y por razones evolutivas posiblemente debidas a la competición intra-especie, el ser humano desarrolló un “jinete” con la posibilidad de razonar. Sin embargo, y esto es importante, el propósito inicial de tal “jinete” no era ayudar al “elefante” en su toma de decisiones, sino más bien justificar las acciones del “elefante” en el entorno hipersocial en que tenía que vivir la persona.

Solo con el paso del tiempo algunos se empezaron a dar cuenta de que esa capacidad se podía usar para otros fines, y gracias a ello empezó el desarrollo exponencial de la sociedad humana frente a la de otros animales, sobre todo con la especialización que posibilita el intercambio, y más adelante el método científico.

Así pues, el “jinete”, nuestra razón, en muy raras ocasiones es capaz de conducir al “elefante”; nuestros mecanismos psicológicos aseguran que esto sea así y que además nos parezca fenomenal precisamente para defendernos de terceros (por ejemplo, el sesgo de autoconfirmación, o que pensemos tener siempre razón). Ello ha exigido a la sociedad la creación de superestructuras que impidan al “elefante” de cada persona que haga lo que quiera en un entorno de convivencia con otros.

Entre este tipo de superestructuras destacaré dos: las normas de convivencia y el mercado. Ambas impiden a los “elefantes” hacer lo que quieran por muy justificado que esté por los respectivos “jinetes”. Y ambas son consecuencia de un proceso espontáneo de creación, siguiendo la terminología de Hayek. Ni el mercado ni las normas han sido creadas por un tercero externo usando la razón, ambas proceden de las interacciones diarias y continúas de las personas, que las van dando forma constantemente.

Como decía, el anarcocapitalista o libertario piensa que el mercado libre es la forma óptima de satisfacer las necesidades de los individuos, creencia soportada científicamente por la teoría económica austriaca. Por su parte, el conservador considera que las normas y tradiciones son la base de la convivencia de una sociedad sana.

Contra ambos atenta la razón. En efecto, la intervención en los mercados se produce cuando el Estado “razona” que sería mejor que el mercado para dar un determinado resultado, y utiliza medios para conseguirlo, lo que lleva a una disminución de la eficiencia del mercado y el empobrecimiento de la sociedad. Por otro lado, cuando se pierde el origen de las tradiciones, la gente no entiende su existencia y cree que es capaz de mejorarlas usando procedimientos racionales.

En definitiva, parece que el anarcocapitalista que quiere que el mercado funcione libremente es necesariamente conservador. Para él, la únicas reglas aceptables son aquellas que se den sus participantes en el curso de las transacciones, algunas de las cuales adquirirán rango de norma y tradición por motivos de eficiencia (no queremos discutir otra vez sobre algunos aspectos de la transacción que ya se han resuelto con anterioridad en otras muchas), pero jamás porque las imponga alguien desde fuera aduciendo criterios de razonabilidad u otros. Y ni siquiera, y especialmente, de ese espejismo que es la razón porque el “jinete” lo único que hace es seguir al “elefante” y justificar las inclinaciones del mismo, que, obviamente serán buscando su supervivencia a cualquier precio, incluido el de destruir la sociedad en que vive.

El Reino Unido prohíbe los derivados sobre Bitcoin

Esta semana, la autoridad para los mercados financieros del Reino Unido (FCA) ha decidido prohibir la comercialización a inversores particulares de productos derivados sobre sobre Bitcoin y otras criptomonedas (opciones, futuros, CFD, etc.).  Estoy en absoluto desacuerdo con cualquier prohibición de este tipo, pero he de decir que, salvo para cubrir una posición por una actividad profesional financiera, comercial o industrial, no recomendaría a nadie hacer trading en Bitcoin y menos aún de forma apalancada con derivados o a crédito. Del trading en el resto de criptomonedas, ni hablo.

El razonamiento de la FCA se basa fundamentalmente en dos aspectos. El primero, que la mayoría de los inversores particulares pierden dinero en este tipo de productos; y el segundo, que el precio de Bitcoin es muy difícil de calcular porque Bitcoin no tiene valor intrínseco. 

En cuanto al primer razonamiento es cierto, pero pasa exactamente lo mismo con los productos apalancados que tienen como subyacente cualquier otro activo como puedan ser índices bursátiles, oro, divisas o petróleo. ¿Recuerdan los futuros del petróleo cotizando a – $40 hace apenas 6 meses? Sí, a 40 dólares negativos. ¿Fue aquello fácil de prever para un inversor particular? Y el segundo razonamiento, el de que Bitcoin no tiene “valor intrínseco”, que es el que me interesa, es radicalmente falso.

Para empezar, nada tiene valor intrínseco. El valor no es algo que resida en las cosas, es una idea que vive en la mente humana. El valor es subjetivo. Pero en fin, vamos a dar por bueno pulpo como animal de compañía y tomemos la definición de valor intrínseco que se utiliza en el mundo financiero, que es el valor presente de los flujos de efectivo futuros o la utilidad del activo en cuestión. 

Está claro que Bitcoin no tiene ningún flujo de efectivo, no genera intereses ni paga dividendos. Por tanto, lo que la FCA está diciendo es que Bitcoin no tiene utilidad, que es inútil. La FCA debe ser más lista que el mercado, que lleva valorando Bitcoin a precios crecientes los últimos diez años. ¿Es que el mercado es tonto? ¿Vive el mercado de Bitcoin en un estado de burbuja permanente? No, Bitcoin es, obviamente, útil, y el mercado está especulando con la utilidad presente y, sobre todo, futura de Bitcoin. La utilidad de Bitcoin es la misma que la de cualquier herramienta: ahorrar costes, tal y como explica Fernando Nieto con mucho más rigor que yo. 

Partiendo de la premisa de que todo intercambio ocurre porque las partes involucradas consideran que el intercambio les va a generar valor, Bitcoin es una herramienta que maximiza el valor neto de los intercambios, no importa si es para realizar pagos (corto plazo) o para depósito de valor (intercambios a largo plazo). Bitcoin, hoy por hoy y a falta de un mayor desarrollo de soluciones de segunda capa, como Lightning Network, destaca sobre todo en el ahorro de costes a largo plazo frente a sus alternativas, como puede ser la deuda pública, la moneda fiat o el oro.  A saber:

  • Bajo coste por dilución de tu parte del pastel (el stock global de oro se diluye un 2% anual)
  • No tiene coste por riesgo de contrapartida (bancarrota del emisor, inflación)
  • Muy barato de almacenar y asegurar (fácil de ocultar, difícil de robar o confiscar)

Sin embargo, actualmente Bitcoin tiene otro riesgo o coste importante, y que es más oneroso que el de sus alternativas. El coste de la volatilidad de su precio. Pero ojo, el precio es un ratio de intercambio con otro bien, y como tal es extrínseco a Bitcoin. En cualquier caso, la volatilidad es síntoma de que el mercado está evaluando si es realmente cierto que Bitcoin tiene las cualidades intrínsecas (estas sí que son intrínsecas) que de verdad den lugar a los ahorros de costes que identifico en el párrafo anterior, y eso es un proceso largo como todos sabemos. Que levante la mano el que haya sido capaz de entender Bitcoin a la primera.

No creo que volvamos a tener un buen dinero hasta que se lo quitemos al Gobierno de las manos, es decir, no podemos quitárselo violentamente, todo lo que podemos hacer es introducirlo astutamente de tal forma que no lo puedan parar.

F.A. Hayek, 1984

El patriotismo de Correos

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, conocida simplemente como Correos, es la mayor empresa pública de España. Lo que viene a significar que nos cuesta bastante dinero a todos los ciudadanos, votemos a quien votemos, usemos sus servicios o no.

Por eso podría extrañar a un observador externo que su última campaña de publicidad pueda pasar fácilmente por un anuncio electoral de Podemos. De hecho, hasta a un observador interno le puede llamar la atención que en vez del típico mensaje políticamente correcto (al que ya estamos acostumbrados) se haya escogido ir más allá y directamente suscribir un discurso de extrema izquierda.

Se pueden hacer muchos análisis profundos sobre esta deriva centrados en la polarización de la política o del efecto de la presencia de un partido comunista en el Gobierno. Todos serían interesantes y podrían dar algo de luz a la situación actual. Pero yo prefiero centrarme en un problema más profundo que queda en evidencia en este tuit de Jordi Sevilla:

Una cierta izquierda ha abandonado el espacio de lo común, de lo que une (la derecha nunca ha estado ahí) y se ha atrincherado en las identidades diversas, intentando sumar minorías, pero rechazando construir mayorías.

Lo que parece un mensaje de crítica a la actual izquierda no deja de ser una confesión sobre la naturaleza de la izquierda desde que yo la conozco (y por lo que he leído nunca fue distinta en el pasado). Lo común para ellos, lo que les une, excluye siempre a la derecha. No se puede condensar mejor de qué va una de las principales filosofías morales del mundo occidental.

Esto es importante de resaltar porque los análisis sobre información falsa o polarización de la sociedad parten de un escenario neutro que hace que no se vea la foto completa. Por ejemplo, en una entrada reciente de Pablo Malo sobre el conflicto y la función de la falsedad se hace hincapié en que la información dentro de los grupos debe cumplir estas funciones:

  • Movilizar al grupo interno (endogrupo) contra el grupo externo (exogrupo)
  • Facilitar la coordinación de la atención y de los esfuerzos dentro del grupo
  • Señalizar el compromiso con el grupo de los miembros de ese grupo

Todo esto es muy interesante y explica muy bien el grado de mentiras y manipulación que llevamos viviendo los últimos años, pero no explica algo anterior mucho más interesante: ¿Por qué hay dos grupos tan enfrentados en una sociedad que tiene en común prácticamente todo?

Lo que hemos aprendido desde que éramos niños es que la imagen que tenemos de un país extranjero puede estar distorsionada por la propaganda, y que eso es peligroso porque puede llevarnos a la guerra con ese país cuando en realidad no podría haber motivo para ello. Jordi Sevilla se refiere a esto cuando excluye a la derecha de lo común, y de lo que nos une. Porque, según él, la izquierda siempre ha defendido la unión de los pueblos, y ha abogado por abandonar las estúpidas ideas nacionalistas.

Lo cierto es que, si nos atenemos a lo que hace la izquierda, no a lo que dice, es muy fácil observar que no es un agente pacificador. No busca unir a la sociedad en sus valores comunes, busca sustituir el enfrentamiento con enemigos foráneos (que tienden a favorecer a filosofías morales conservadoras) por el enfrentamiento con enemigos locales. Lo importante no es ser español o francés, es ser de izquierdas o de derechas. Rico o pobre. Hombre o mujer.

Puede parecer igual de malo que dos grupos se enfrenten sean cuales sean sus creencias. Pero hay una diferencia significativa en tener una frontera de por medio entre los grupos enfrentados a que estos compartan calle o incluso portal.

Parece una obviedad, pero cuesta mucho que alguien hable de ello. El conflicto es connatural al ser humano, pero el conflicto dentro de una sociedad por razones cada vez más estúpidas es una consecuencia directa de la filosofía moral progresista. Y su agravamiento viene de su imposición cada vez mayor.

Esto no quiere decir que la izquierda sea la causante de todos los males y la derecha una pobre víctima. Hay cosas en el conservadurismo, y hasta en el liberalismo, que pueden dificultar la convivencia de una sociedad. Vivir con gente que ve el mundo de forma distinta a ti nunca ha sido fácil, y la forma de solucionarlo en el pasado no era agradable para las filosofías minoritarias.

Precisamente por ello sería bueno dejar de engañarse a uno mismo con que existe una guerra entre dos grupos, y empezar a ser consciente de que estamos ante el auge de una filosofía moral que excluye por naturaleza al resto, y la resistencia lógica a esta amenaza.

La patria de Correos es la misma que ha explicado repetidas veces Pablo Iglesias. Y acaba justo donde empiezan las personas que piensan distinto a él. Y eso no entra en conflicto con nuestro grupo, entra en conflicto con nuestra libertad.

La mirada económica desviada del Gobierno de España

Dice el dicho que el tiempo es oro. Yo diría que saber manejar los tiempos es un don maravilloso. Acompaña al llamado “sentido de la oportunidad”, una especie de super poder innato que algunas personas tienen y que, en muchos casos explica la diferencia entre el éxito y el fracaso.

En economía es básico saber medir el tiempo. Considerar el largo plazo en vez del corto plazo implica, por ejemplo, que todos los costes sean variables en una empresa, que pongamos encima de la mesa el cambio tecnológico y, en definitiva, que miremos la economía como un proceso dinámico sostenible en el tiempo.

Como me decía mi profesor de autoescuela: hay que mirar con un ojo cerca y con otro lejos. Uno de los méritos del economista inglés Alfred Marshall, precisamente, fue que, a pesar de que su análisis es estático, logra incluir los plazos temporales cuando se plantea que pasaría si hubiera un shock de demanda, en el famoso ejemplo del barco de pesca.

La sostenibilidad, palabra que resurgió del baúl de los recuerdos gracias a los ecologistas y a los neomalthusianos, es un viejo objetivo de los economistas. Solamente quienes miran con simpleza el aquí y el ahora no se preocupan por la perdurabilidad del crecimiento económico.

Cierto es que una vez señalado el concepto, muchos de estos ecologistas y neomalthusianos se lanzan a proponer medidas, a mi juicio, desproporcionadas. La vida en el Walden de Henry David Thoreau no es el futuro que quiero para mis nietos: quiero que puedan elegir, incluso Walden.

Por desgracia, el calendario electoral nos impone, implacable, la toma de medidas económicas cosméticas que, no solamente no solucionan el problema, sino que, a menudo, lo agravan. Los retoques paramétricos de las pensiones, por ejemplo, esconden el mal de fondo de nuestro sistema, lo que hace que sean, precisamente, insostenibles.

El principio básico de la sostenibilidad es un viejo refrán de abuela: “Quita y no pon, y se acaba el montón”. Y, al hilo de eso de poner, el lunes 5 se convocó la rueda de prensa de los negociadores del Parlamento Europeo encargados de llegar a un acuerdo, entre otras cosas, acerca de las fuentes de ingresos de la Unión Europea.

Enfrente, en esta negociación, está el Consejo de Europa. Hay discrepancias, desde hace tiempo, respecto a cómo aumentar los recursos a largo plazo, una vez que el Reino Unido abandonó la Unión Europea, y perdimos su aportación.

En febrero de este año no se llegó a un acuerdo. Y, entonces, llegó el coronavirus. Y con él, las necesidades de gasto, de ayudas, las reclamaciones por parte de todos los países. Y, por parte del Gobierno de la nación, la idea, peregrina como pocas, de que el dinero de las ayudas europeas llueve del cielo como el maná bíblico. Los más sensatos apuntan que hay dinero destinado a ayudas, pero que está condicionado al plan de reformas que se presente.

Se nos olvida que la propia Unión Europea ya estaba planteando subir las aportaciones de los miembros debido al ‘brexit’. ¿Y ahora que todos estamos empobrecidos y tenemos más necesidad de fondos? La lógica cortoplacista aconseja descansar en la idea de que la UE siempre va a poder endeudarse más sin quebrar nunca. Además “todo el mundo sabe” que Alemania y los demás se van a recuperar de manera más sólida que nosotros y “siempre” van a poder tirar del carro.

Una lógica de Carpanta que da por hecho nuestra irresponsabilidad como país: una carta de presentación muy dañina.

Es verdad que de las crisis se sale. Pero no por el atajo que está siguiendo nuestro gobierno, preparando el camino del nuevo techo de déficit y la algarada del gasto. Es imprescindible frenar la sangría empresarial.

Señalaba Daniel Lacalle que se han destruido más de 100.000 empresas en el último año, y 250 de ellas, grandes. Eso significa, no solamente que aumenta el desempleo, sino que no se recupera. Y no lo hará a menos que se creen nuevas empresas y con ellas, puestos de trabajo.

Para lo cual, es imprescindible abandonar los mantras económicos posmodernos y fomentar el ahorro y no la deuda; el trabajo y no la búsqueda de rentas; la rendición de cuentas (también económicas) y no la irresponsabilidad fiscal sin consecuencias.

Se queja, con razón, el profesor Juanma López Zafra en su último artículo Más trabajo, menos impuestos de la carga que el gobierno de coalición Sánchez-Iglesias va a poner encima de las ya cansadas espaldas de los españoles. La idea de subir el IVA a la educación y la sanidad privadas, y las medidas fiscales restrictivas al trabajo en remoto, no parecen acompasadas con la senda de la recuperación de otros países: Portugal, Francia, Alemania e Italia, menciona López Zafra.

No creo que los responsables de la toma de decisiones económicas sean menos inteligentes que Lacalle, o López Zafra, o yo, o tantas otras personas que señalamos, día sí y día también, los atropellos económicos de nuestro Gobierno.

Creo, sencillamente, que miran con las gafas equivocadas: las del corto plazo. No buscan la sostenibilidad del crecimiento, ni del bienestar de los ciudadanos, sino los gestos que permitan creer a sus votantes que sí lo hacen. Y les funciona. Porque, en general, preferimos que nos digan que si me pongo la camiseta de la suerte apruebo el examen, o que existe una pócima que cura todos los males.

De esta forma, nos hemos acostumbrado a los placebos como la mejor receta, en lugar de exigir soluciones reales, que funcionen aunque los responsables se jueguen el pellejo electoral. Y lo peor aún no ha llegado.