“We go round and round and round until we pick it up again”. Jon Anderson.

Es curioso que Pedro Sánchez y el PSOE, que repitieron más de doce veces que “no es no” a los Presupuestos entre 2016 y 2018, exijan ahora adhesiones incondicionales y cheques en blanco para unos presupuestos fantasma.

Nos intentan convencer de que el problema de estos presupuestos es la necesidad de un supuesto consenso, cuando el verdadero problema es de exceso de gasto y falta de credibilidad de las estimaciones.

¿Por qué son presupuestos fantasma? Porque el cuadro macroeconómico del Gobierno ya se ha quedado obsoleto, y no ha dado una actualización porque tiene que revisar a la baja sus estimaciones de caída del PIB, elevar su previsión de déficit y aumentar sus estimaciones de paro. Mientras el Gobierno mantiene sus perspectivas de ciencia ficción, el consenso publicado por Focus Economics estima una caída media de la economía española del 11,5%, un 20% de paro y un déficit del 13% del PIB.

No se engañen. El problema no es si los Presupuestos se negocian con Ciudadanos o Podemos. Es el gasto. Los anteriores presupuestos enviados por el Gobierno ya fueron rechazados por Bruselas. La carta que envió la Comisión Europea al Gobierno de España el 22 de octubre de 2019 ya especificaba claramente la evidente necesidad de ajustes en el gasto: “El borrador de plan presupuestario para 2020 muestra un aumento de gasto de 3,8% que supera el máximo aumento de gasto recomendado del 0,9%”. 

El Gobierno de España ya incumplía, con la economía creciendo casi un 2%, las exigencias de nuestros socios y el plan de estabilidad. Desde entonces, ha utilizado la excusa de la crisis del Covid-19 para aumentar gasto político, aumentar asesores y mantener gastos de época de bonanza y no hacer un solo ajuste. 

España se juega mucho. Si presentamos unos Presupuestos sin credibilidad y con aumento de gasto estructural nos enfrentamos a perder la posibilidad de recibir una importante parte de los fondos europeos. Esta semana pasada estuve en Holanda y los ministros de finanzas de Suecia, Austria, Luxemburgo, Holanda y Dinamarca ya han alertado sobre la importancia de recuperar la estabilidad presupuestaria en 2021.

Imagínense cuando los socios de Sánchez empiecen a exigir, tras un déficit en 2020 de más del 13% del PIB estimado, un aumento adicional de gasto estructural de otro punto y medio porcentual mínimo. Y recordemos que el subterfugio de nuevos ingresos y aumentos de impuestos no sirve. 

Bruselas ha recordado claramente que no vale ‘colar’ Presupuestos con estimaciones de ingresos inverosímiles, que es lo que pretende hacer el Gobierno y Podemos, que ya incluyó en varias ocasiones en sus “presupuestos alternativos” estimaciones de multiplicadores fiscales e ingresos por nuevos impuestos que nadie serio se creería.

La evidencia en la Unión Europea es que ningún país de la eurozona ha conseguido la estabilidad presupuestaria aumentando gastos e impuestos desde (al menos) 2008. Ninguno.

Todavía no hemos escuchado a la ministra de Economía decir nada sobre las expectativas de ingresos para 2020 y 2021 en un país que ha consumido en julio los 21.300 millones de euros que nos van a prestar para cubrir los desajustes por ERTE y desempleo y que ya tiene la mayor tasa de paro de la Unión Europea y la mayor destrucción de empresas de nuestros países socios de la eurozona.

El Gobierno guarda silencio sobre la pérdida de empresas sin precedentes, más de 100.000, entre ellas más de 80 grandes empresas, y la realidad de que los beneficios empresariales no volverán a los niveles de 2019 hasta, al menos, 2023, y con ello un agujero fiscal de más de 40.000 millones de euros que el gobierno no va a recuperar aplaudiendo ni con estimaciones de crecimiento ficticias.

Las expectativas gubernamentales de caída de PIB como la evolución de los ingresos fiscales con relación al PIB son, teniendo en cuenta la evolución de los beneficios empresariales y los malos datos de agosto, extremadamente optimistas. Ya en 2019 estimaban un aumento de ingresos del 4,6% y la evolución real fue notablemente inferior. Partir de ese cuadro ficticio de 2020 para negociar los presupuestos invalida todo el proceso.

Ante la evidencia de ingresos evaporados y gastos ya disparados, las promesas y exigencias de socios de coalición y de investidura van a encontrar muy poco hueco.

Presentar unos Presupuestos sin reducción de gastos superfluos, sin ajuste serio y sin estimaciones creíbles nos puede llevar a poner en peligro la recepción de ayudas europeas. Ya no es un subterfugio político ni un ejercicio para ver si la Comisión Europea lo acepta, España se juega su credibilidad ante sus socios europeos.

Recordemos que no es una casualidad que la mayoría de los fondos de Europa vayan a distribuirse en 2022. Está acordado de esa manera para evitar dos cosas. La primera, que países que se han negado a hacer reformas estructurales vuelvan a rechazarlas. La segunda, para poder vetar en la Comisión de Economía el envío de fondos a aquellos países que incumplan las condiciones del acuerdo, que incluyen las recomendaciones específicas para cada uno (“country specific recommmendations” entre las que se encuentra la moderación en el gasto mencionada al principio del artículo).

El verdadero reto de estos Presupuestos es que no van a ser aprobados por la Comisión Europea si no incluyen una reducción del gasto estructural de al menos 10.000 millones de euros. Como mínimo nos exigirán un ajuste del gasto equivalente a la parte en la que el gobierno de España se saltó sus propios objetivos en 2019.

Ni el Gobierno ni sus socios quieren reconocer que presentar unos Presupuestos sin credibilidad y con gastos disparados no es una cuestión de consenso, es una irresponsabilidad que nos puede dejar sin ayudas europeas.

Pero el Gobierno quiere dilatar el proceso de Presupuestos para echarle la culpa al resto de partidos y para esperar a que le permitan apuntar las ayudas europeas a dichos presupuestos como ingresos.

A ningún Gobierno serio se le ocurriría apuntar como ingresos en unos Presupuestos unas ayudas y préstamos que van a ir fundamentalmente al sector privado para proyectos de digitalización y competitividad. Lo único que buscan es disfrazar un déficit que, en 2021, incluso si nos creemos la recuperación de la economía, se mantendrá por encima de los 60.000 millones de euros.

Solo hay unos presupuestos posibles: aquellos que incluyan un ajuste de gasto estructural de al menos 10.000 millones de euros y que fortalezcan el crecimiento y el empleo a medio plazo. Los únicos presupuestos posibles no pueden incorporar subidas de impuestos que no recaudarán nada y retrasarán la recuperación de la inversión y el empleo.

Cualquier otra opción llevará a España a salir más tarde, más lento y con más paro de la crisis.

El Gobierno y sus socios sabe que sin presupuestos creíbles no vamos a recibir una gran parte de las ayudas europeas. Saben también que estamos ya en un rescate encubierto en el que dependemos de préstamos para cubrir gastos corrientes. La gran pregunta es si seguirán jugando a la estrategia del avestruz, esconder la cabeza y esperar que pase todo.