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El ajuste deberá recaer sobre las pensiones

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En apenas una semana, el sistema español de pensiones públicas ha recibido un baño de realidad por parte tanto del Tribunal de Cuentas como del Banco de España. Y es que, a pesar de que ahora mismo no parezca un problema prioritario frente al control de la segunda ola de la pandemia o frente a la honda crisis económica, el descuadre financiero de la Seguridad Social sigue siendo uno de los principales retos que este país deberá resolver en el medio plazo.

El problema de fondo al que nos enfrentamos es de sobra conocido: los gastos del sistema de pensiones son mayores, y crecen más rápido, que los ingresos. En concreto, los gastos en prestaciones contributivas aumentaron de 96.792 millones de euros en 2011 a 125.537 millones de euros en 2018: un crecimiento del 29,6%; en cambio, los ingresos solo mejoraron desde 95.163 millones de euros a 102.847: un aumento del 8%. De manera que el déficit del sistema ha aumentado desde 1.629 millones de euros a 22.690.

Pero, ¿por qué se han incrementado tanto los gastos y tan poco los ingresos? El crecimiento de los gastos se debe tanto al aumento del número de pensionistas —que ha pasado de 8,06 millones a 8,8 millones— como del gasto medio por pensionista —que se ha incrementado de 12.006 euros anuales a 14.254—. De hecho, si tuviéramos que descomponer la responsabilidad del incremento del gasto anual en 28.745 millones de euros, aproximadamente dos terceras partes se deberían al mayor gasto medio por pensión y un tercio al mayor número de pensionistas. Asimismo, el tibio aumento de los ingresos se debe al estancamiento del ingreso medio por afiliado —que se ha reducido de 5.505 euros anuales a 5.435—, y no tanto al incremento en el número de afiliados —que ha pasado de 17,28 millones a 18,92—. Obviamente, parte de la responsabilidad del estancamiento de las cotizaciones medias reside en el fuerte aumento del número de afiliados: si el empleo creado ha sido mayoritariamente de baja remuneración, la cotización media cae.

En todo caso, la radiografía que presenta el Tribunal de Cuentas es harto significativa: el gasto medio por pensionista es 2,6 veces superior al ingreso medio por afiliado (14.254 euros versus 5.435) y, sin embargo, el número de afilados solo es 2,14 veces mayor que el número de pensionistas (18,92 millones versus 8,8 millones). Y el problema es que estas tendencias se van a agudizar durante las próximas tres décadas por razones estrictamente demográficas: el número de afiliados no aumentará mucho más y, en cambio, el de pensionistas si seguirá incrementándose. ¿Cómo ajustar en tal caso el desequilibrio financiero?

Más allá de las ganancias que podamos experimentar en la ratio afiliados/pensionistas merced a un súbito repunte de la natalidad o a un incremento de la inmigración, la clave reside en ajustar la otra ratio: gasto medio por pensionista / cotización media por afiliado. Y, como es obvio, existen tres vías para volverla compatible con la sostenibilidad financiera del sistema: o recortar las pensiones (algo que reduciría el gasto medio por pensionista) o aumentar las bases de cotización o los tipos efectivos de cotización (ambos factores aumentarían el ingreso medio por afiliado).

La vía para que todos salgamos ganando es, claramente, incrementar las bases de cotización, es decir, los salarios: de ese modo el trabajador ingresa más y, abonando una misma cotización, conseguimos sostener pensiones más elevadas. Pero las políticas públicas no determinan directamente los salarios, sino que como mucho influyen sobre ellos de manera indirecta (mediante reformas estructurales que faciliten aumentos de la productividad). O dicho de otro modo: no existe garantía de que durante las próximas tres décadas los salarios aumenten lo suficiente como para cubrir el déficit de la Seguridad Social (de hecho, la garantía es prácticamente la opuesta: no lo harán). En tal caso, solo nos quedan dos variables con las que efectuar el ajuste restante: o menores pensiones o mayores gravámenes. Y aquí es donde entra el reciente informe del Banco de España.

En abstracto, podría parecernos igual de equitativo que los pensionistas cobren menos o que los trabajadores paguen más. Pero la realidad es que los actuales pensionistas —y también los del futuro— van a percibir en forma de pensión un 74% más de lo que han cotizado. ¿Por qué habría que forzar a los trabajadores actuales a que cotizaran mucho más para sufragar una prima del 74% para los pensionistas por encima de lo que cotizaron? Acaso se diga —con razón— que el dinero presente no tiene el mismo valor que el dinero futuro y que, en consecuencia, los pensionistas merecen una revalorización sobre lo que cotizaron. Más la rentabilidad imputada que están obteniendo es del 3,5% de media anual, cuando actualmente la deuda pública a 10 años apenas abona un interés del 0,28%. ¿Por qué si un pensionista está invertido, a todos los efectos, en un pasivo estatal ha de percibir una rentabilidad que es 12,5 veces superior a la que reciben otros titulares de pasivos estatales?

Por mera equidad intergeneracional, el agujero en la Seguridad Social que subsista tras el aumento de la población ocupada y el crecimiento de los salarios debería recaer sobre la cuantía de las pensiones públicas.

Las malas palabras del Gobierno

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

El poder de la palabra es un dato. No se cuestiona. En economía, tampoco. Todos recordamos el vuelco de los acontecimientos cuando Mario Draghi pronunció las famosas palabras. Era el 26 de julio de 2012 y Draghi, desde Londres, daba cuenta de la situación del euro, para intentar devolver la confianza perdida (y con razón) a los inversores.

Los rendimientos de los bonos de los débiles gobiernos de la eurozona estaban por las nubes y se dudaba si las instituciones nacionales, a nivel del euro o de la UE, podrían actuar conjuntamente para evitar un desastre. Y fue entonces cuando hizo la siguiente observación definitiva:

”Dentro de nuestro mandato, el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente“. Es el famoso “whatever it takes”, lo que sea necesario, tan indeterminado, lo que resonó en los mercados y sirvió de punto de inflexión.

Todos los agentes eran conscientes, como lo son ahora, de que la capacidad de actuación de las instituciones es limitada, pero precisamente por ser un brindis al sol, Draghi transmitió la voluntad política de la institución financiera más importante de la Unión Europea.

Sin embargo, el poder de la palabra no es automático. Tal vez por eso resulta tan fascinante. Si repites tres veces Bloody Mary delante de un espejo, no va a aparecer de la nada una mujer que va a quitarte la vida.

No hay “ábrete sésamo” que mueva la roca que oculta el tesoro escondido en una cueva. El poder del que hablamos necesita de un entorno, una ocasión, una autoridad creíble que pronuncie esas palabras y, lo que no es menos importante, la expectación.

Porque si Draghi hubiera repetido esa frase en otras ocasiones, incluso si éstas fueran similares, no habría tenido el mismo efecto que aquella vez, cuando todos esperaban cualquier declaración menos esa, tan asertiva y genérica, a partes iguales. No habría resultado si hubiera ofrecido una lista de todo lo que se iba a hacer para sostener el euro. Lo que sea necesario se interpretó como una entrega total. 

Todas estas reflexiones vienen a cuento de la poquísima habilidad que está teniendo el Gobierno de España para gestionar la comunicación de la crisis económica en la que estamos, y cuyos efectos aún no se han visibilizado totalmente.

El Gobierno, a través del presidente, ministros, portavoces y estómagos agradecidos intenta convencernos de que ya estamos recuperándonos, que la recuperación va a ser en L, en L asimétrica, en L lánguida y escurridiza como los relojes de Dalí, la cosa va mejor, lo peor ya ha pasado, y nos rodea, de manera casi asfixiante, de mensajes “demasiado” positivos.

Mientras tanto, algunos medios de comunicación, dentro y fuera de nuestro país, cuentan la verdad: esto va a ser largo y muy complicado. Que no quiere decir que no hay nada que hacer, o que vaya a llover ceniza sobre nuestras cabezas, sino que la salida va a doler.

Analistas de renombre internacional, como Carmen y Vincent Reinhart, en un recienteensayo publicado en la revista Public Affairs, entre otras cosas, resaltan la importancia de la capacidad de gestión económica de los gobiernos nacionales.

Afirman que, si tenemos en cuenta la escala y el alcance del colapso de la actividad económica mundial actual, la salida de esta crisis va a ser peor que la de la crisis del 2008.

Para estos autores, los buenos datos que estamos viviendo son sólo “el comienzo de un largo viaje para salir de un hoyo profundo”. Hay varios factores que caracterizan la crisis, uno de los cuales es, como comentaba, lo que hagan los gobiernos, especialmente en aquellos países a los que la pandemia les pilló en una situación económica débil, como España.

En este aspecto, los españoles lo llevamos como Caín. Porque uno de los lastres de éste Gobierno bicéfalo son las servidumbres, especialmente económicas, que se crearon al cerrar el pacto de Gobierno con Unidas Podemos. Y no es el único coste: también tienen deudas con Bildu y los nacionalistas, que demandan su prendas, tanto en términos políticos como económicos.

El análisis de los Reinhart, con el que discrepo en algunas cuestiones, presta atención al largo plazo, a la recuperación de largo recorrido, como uno de los requisitos para que los países y los segmentos de población menos favorecidos, que son los que más se van a resentir, no se queden atrás.

”Cuanto más tiempo se tarde en salir del agujero” que esta pandemia ha hecho a la economía mundial, “más tiempo algunas personas estarán innecesariamente sin trabajo, y es más probable que las perspectivas de crecimiento a medio y largo plazo se vean permanentemente afectadas”.

Después de pensar en las enseñanzas de estas frases, la ligereza con la que hablan los responsables del Gobierno resulta tan obscena que produce indignación. Se diría que para los representantes electos, todo vale.

Los españoles, sometidos al baile de la confusión (mascarillas sí, no, tal vez, a veces, siempre); de los cambios en en criterio de recuento de casos y bajas; del descargo permanente de responsabilidades entre la administración central y las autonómicas, o mejor dicho, algunas autonomías; de la compra descarada de medios afines al régimen, cuando nos dicen “ya podéis iros de vacaciones, pero con precaución”, no tenemos muy claro de qué precaución hablan, si la de Pablo Iglesias cuando estando él en cuarentena apareció sin mascarilla y tosiendo en un Consejo de Ministros, o la de las multas de 1.500 euros que te ponían si no llevabas el ticket de la compra, porque en tu tienda saben que prefieres que te lo manden por email.

La magia de las palabras hace culpables a los jóvenes, a Ayuso, a las bodas, a los extranjeros, a los conspiranoicos y al chachachá. Pero nunca es responsabilidad de la mala gestión del gobierno.

Tal vez esa magia funcione especialmente ahora a causa de la pandemia. Intentémoslo, pongámonos delante del espejo y repitamos tres veces con los Reinhart: “Un rebote no es una recuperación”.

Fortalezas y debilidades de la monarquía española

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El exilio del rey Juan Carlos es el último movimiento tectónico dentro de la institución real española. Creo que es una decisión errónea, por las mismas razones que expresó Cristina Losada en un reciente artículo. Sus antecesores, todos hasta Carlos IV, han vivido al menos una parte de su reinado en el exilio, o han muerto en él. Pero entonces el exilio tenía otro significado, porque la figura del Rey portaba un conjunto de derechos y funciones políticas distintas a las de la segunda restauración.

Su sola presencia significaba la continuidad del Estado, de todo el acervo de instituciones del país, y el ejercicio del poder dentro de las mismas. Si un rey o reina estaba en el exilio, es porque otro ocupaba su lugar; o porque lo hacían las dos malhadadas repúblicas españolas. Lo que era inconcebible es la presencia en España de dos reyes con pretensiones de legitimidad. En tal caso, lo que cabe esperar es una guerra civil, que es lo que se produjo a lo largo del XIX entre dos ramas de los Borbones: las guerras carlistas.

Alfonso XIII elige el exilio porque cree que continuar en el empeño de mantener la monarquía llevará a un enfrentamiento civil, que él intenta evitar. Y porque como su persona representa la soberanía, junto con la nación, su presencia en España supone un conflicto. Si se queda, o lucha por hacer efectivos sus derechos, o renuncia definitivamente a ellos. El exilio es sólo una renuncia estratégica, no de principio.

La monarquía incrustada en la Constitución de 1978 es fundamentalmente distinta. Las constituciones de 1812 y 1869 proclamaron que la soberanía residía en la Nación, que la Pepa definía como “la reunión de los españoles de ambos hemisferios”. Pero apenas tuvieron vigencia. Y en el resto de constituciones modernas, incluida la de 1876, la facultad de escribir las leyes la compartían las Cortes y el Rey. La Constitución del 76, suspendida durante la Dictadura de Primo de Rivera, se restituye con el exilio del espadón y está en vigor cuando los republicanos ocupan el poder en 1931 ante el abandono por parte del Rey. La de 1978 es la primera constitución moderna española basada en la soberanía nacional que ha durado más de cuatro años en vigor.

Pese al nostálgico esfuerzo de Luis María Anson de convertir a Juan de Borbón en Juan III, en realidad Juan Carlos I es sucesor de Francisco Franco, “a título de rey”. Juan Carlos hereda de Franco la jefatura del Estado, primero por la designación de su creador, que es Franco, y segundo porque el Borbón acepta encabezar ese Estado, con todas sus leyes fundamentales, y las que cuelgan de ellas. Si Juan Carlos I lidera una transición a la dictadura “de la ley a la ley y por medio de la ley”, es porque a lo que está atada su jefatura de Estado es al que se creó en torno a la figura de Franco. Juan Carlos I no “rompe” con el franquismo para enlazar su legitimidad con la se su abuelo, Alfonso XIII.

Su gran contribución a la historia de España es esa: Partir de lo alto de un Estado que limitaba los derechos políticos e individuales de los españoles, y liderar una transición ordenada, legal y efectiva a una democracia. Nuestra democracia es muy imperfecta, con graves problemas que, en última instancia, ponen en riesgo la propia Constitución, y con ella la monarquía. Pero tiene la gran virtud de ser el primer sistema político sin exclusiones sistemáticas de una parte del cuerpo electoral.

Es difícilmente imaginable que la monarquía española fuera a sobrevivir a esta Constitución. Por pura supervivencia, eso la convierte en garante del actual orden constitucional. Pero esa dependencia de la Constitución de 1978 le convierte en una institución vulnerable. Llegado el caso de conflicto entre los intereses generales de la nación y el actual sistema político, sería comprensible que actuase en favor de este último.

La debilidad de la monarquía actual es que no quedan ya rastros de lo que se ha llamado la “constitución histórica española”; la que defendió Jovellanos, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz. La legitimidad de la monarquía, como la de la Constitución, es puramente instrumental. Y positivista. De modo que un acuerdo político distinto arrastraría a la institución al recuerdo. Esa debilidad puede tener efectos políticos benéficos. Felipe VI comprendió perfectamente que la Casa Real albergará la jefatura del Estado mientras sea “ejemplar”, y se gane el respeto y el reconocimiento de los españoles.

El exilio de Juan Carlos está planteado como metáfora, como si el alejamiento geográfico fuera el mismo que tiene con el actual Rey. Tiene un elemento real; puesto que lo que justifica la Corona española es su origen y su utilidad pública, se puede desvincular a Juan Carlos de Borbón de la Corona y convertirlo en un ciudadano privado más. Porque su dignidad ya no está vinculada esencialmente a su persona, sino a la institución.

A corto plazo, parece haber funcionado, si la encuesta realizada para el diario El Español refleja la realidad: La salida de Juan Carlos I provoca un vuelco de 15 puntos a favor de la monarquía. Pero es un resultado que puede ser efímero. A largo plazo no está claro que la profilaxis del distanciamiento se sobreponga a otros mensajes que da el rey Juan Carlos con su extrañamiento de España: que acepta el grueso de las acusaciones que recaen sobre él. Además, si no va a vivir a una democracia asentada, Juan Carlos enviará un mensaje muy peligroso: que él no aprecia lo suficiente la importancia de vivir en un Estado de derecho con todas las garantías. Si se afinca en la satrapía de Abu Dhabi, habrá asestado un nuevo golpe a la institución que él encarnó durante cuatro décadas.

Las ‘cicatrices’ económicas del coronavirus

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

“Scar” – “Cicatriz”: éste es uno de los términos de moda en esta crisis. Al menos en la prensa económica anglosajona. Aquí, Jonathan Portes, del King’s College londinense, cuenta 32 menciones, sólo en el Financial Times, desde que comenzó la crisis.

Como metáfora, es buena. Se refiere a esos efectos duraderos, que son visibles incluso cuando la enfermedad original ya se ha superado y que te acompañan toda la vida, como un recordatorio del daño recibido.

En economía, las cicatrices también se ven durante años, incluso cuando la crisis es sólo un recuerdo lejano. Portes, en un artículo muy conciso, pero interesantísimo (el que pueda leerlo en inglés, lo agradecerá), describe cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos en estos meses. Hay consecuencias de corto plazo (muy llamativos y que nos empujan a la acción) pero casi son más peligrosas las que permanecen durante años, quizás bajo la superficie, sin hacer mucho ruido, pero causando un daño persistente y profundo.

No es el único que nos ha advertido al respecto: aquí, por ejemplo, Tim Harford en el Financial Times, apuesta porque habrá sectores que nunca se recuperarán tras estos meses y nos recuerda que los jóvenes que terminan sus estudios durante una crisis acumulan salarios peores y más períodos de desempleo que los que se incorporaron al mercado laboral unos años antes o después.

En el caso español, además, llueve sobre mojado. Apenas estábamos saliendo de la anterior crisis… cuando nos arrasa la marea del Covid-19. Y, como explicábamos este sábado, tiene toda la pinta de que seremos uno de los países ricos en el que el desplome de la actividad sea más importante, la recuperación menos pronunciada y la vuelta al nivel pre-crisis se alargue más (posiblemente nos veamos, otra vez, peleando con Italia y Grecia por no ser el farolillo rojo europeo en cada clasificación).

Las cicatrices

– Desempleo y coste a largo plazo: cuando nos enfrentamos al paro, la obsesión se dirige a la pérdida de rentas y a la propia pérdida del puesto de trabajo.

Ambos efectos son importantes, pero a veces hacen que nos olvidemos de las derivadas a medio-largo plazo. Imaginemos una máquina de una fábrica que no se usa: poco a poco, se oxida, acumula porquería, no actualiza su software con las nuevas versiones… Pues en el caso del capital humano, pasa algo parecido. Un trabajador sin empleo se descapitaliza también: pierde habilidades técnicas (uso de conocimientos específicos de su puesto de trabajo) y no técnicas (trabajo en equipo, hábitos de trabajo, contactos en el sector, conocimiento de clientes y proveedores…)

En alguna ocasión lo hemos comentado, sobre todo en relación a la anterior crisis (aquí un artículo de 2013 sobre lo que se estaba viviendo en el mercado laboral español y aquí otro de 2019 sobre los efectos una década después de comenzar aquella): a las personas que no tienen un empleo les cuesta encontrar un nuevo trabajo… porque no tienen un empleo. Y no es un juego de palabras: si cogemos a dos personas con características profesionales similares (edad, estudios, preparación, experiencia…) y que sólo se diferencien en que uno está en paro y el otro ocupado, éste último tiene muchísimas más posibilidades de encontrar otro trabajo, seguir en el mercado laboral un año después, cobrar más, tener una carrera laboral normal, etc.

Además, debemos tener en cuenta que en los primeros meses después de perder un empleo, reincorporarse al mercado laboral es relativamente sencillo. Pero una vez que superamos los 6-12 meses como parados, esa misma situación de desempleo se vuelve un muro muy complicado de superar: en parte, por esa descapitalización de la que hablábamos.

– Experiencia-conocimientos desperdiciados: imaginemos ahora un trabajador que lleva 15 años en una empresa turística. Este hombre ha dedicado mucho tiempo a formarse en (1) los procesos internos de la compañía (desde sus aplicaciones informáticas específicas, hasta la cultura de la empresa) y (2) las características de su sector (idiomas, conoce a clientes y proveedores, dinámicas del mercado, etc.). Podríamos decir que es un experto en lo suyo.

Si en una crisis la empresa cierra, buena parte del punto 1 ya no le servirá de nada: es productividad, formación, habilidades, etc. que se pierden. Y si la crisis es muy profunda y se ve obligado a buscar un empleo en otro ámbito, también la segunda parte puede no servirle de mucho. Lo lógico es que busque un empleo en el que poder poner en práctica parte de esta experiencia. Pero no siempre es tan fácil lograrlo Por eso, las crisis muchas veces son tan duras, porque destruyen parte de ese capital-habilidades-formación que tanto nos había costado acumular. Son un auténtico desperdicio de conocimientos que deberían seguir siendo útiles.

– El valor de las empresas que ya funcionan: poner una empresa en marcha no es fácil. No siempre valoramos los procesos, automatismos, sinergias, experiencia acumulada entre los diferentes actores que conforman una empresa… Al final, ésa es la idea en cualquier empresa: que sus integrantes produzcan más como organización que como suma de individuos.

Por no hablar de su posición dentro de un proceso productivo más amplio: las empresas forman parte de una red de complejísimas relaciones con proveedores, clientes, competidores… de todas las partes del mundo.

Es verdad que por una parte los recién llegados tienen más flexibilidad, pero por otra hay numerosos ajustes que hacer para maximizar su eficiencia. Una crisis puede llevarse por delante negocios viables que sean bastante eficientes en esos procesos. Y todo ese valor ya creado y que se pierde será muy complicado de recuperar.

– Educación e inversión empresarial: pasaremos casi de puntillas por aquí, porque cada uno de estos puntos nos daría para un artículo. Pero está claro que el cierre de colegios y universidades afectará a los que lo sufran, perjudicando sus posibilidades futuras (éste efecto a largo plazo es también el más preocupante).

Y también que la caída en la inversión empresarial (todos los gastos no esenciales se pospondrán) dañará la capacidad de crecimiento futuro.

Flexibilidad y adaptación

El escenario es complejo. Por una parte, estamos diciendo que hay sectores-empresas que serán inviables tras la crisis. Porque los gustos y los patrones sociales han cambiado y ya no volverán. No tendría sentido que siguiéramos haciendo carromatos como en 1890, porque los consumidores ya no los quieren. No nos debería dar miedo, porque esa destrucción creativa es la que nos ha permitido crecer en los últimos 300 años. Por otro lado, no queremos descapitalizarnos, cerrando empresas o expulsando del mercado a trabajadores que sean productivos y viables una vez la situación sanitaria se resuelva (cerrar esas empresas equivale a ese desperdicio del que hemos hablado a lo largo de todo el artículo).

Sobre esta cuestión todos estamos más o menos de acuerdo en la teoría: a todos nos preocupa los efectos más palpables de la crisis (desempleo, desplome de la actividad…) pero nadie dice “hay que olvidarse de las consecuencias a largo plazo”. El problema es que, a la hora de diseñar políticas, normalmente predomina la tendencia a centrarse en el próximo dato del paro, del PIB o del déficit; y a olvidarse de poner las bases para un crecimiento más sostenible a medio plazo. En realidad, los dos objetivos deberían ser compatibles: (1) Contener la hemorragia ahora, facilitando liquidez a las empresas para que no cierren negocios viables por no poder hacer frente a los vencimientos a corto plazo. (2) No olvidar que el mundo ha cambiado en algunos aspectos para siempre y que aferrarse a la estructura productiva de diciembre de 2019 es un error: hay sectores que ya nunca se recuperarán y otros que ganarán importancia (la clave es permitir y no entorpecer que cierren los menos solventes de aquellos e incentivar que las inversiones se dirijan hacia estos).

Incluso, podemos pensar que las crisis son también una oportunidad y no deberíamos tener miedo a que desaparezcan los negocios menos eficientes o que ya no encajen con las preferencias de los consumidores. Lo estamos viendo en los últimos meses: desarrollo de nuevas tecnologías, consumidores más conscientes de sus gastos, nuevos nichos de mercado…

Las malas noticias es que España parece estar especialmente mal preparada para esta coyuntura. Por un lado, por un fenómeno del que no somos culpables, pero que nos penaliza: en el proceso de especialización que vive el mundo, nosotros hemos ido volcándonos cada vez más en el sector turístico. Éramos (somos) los mejores en eso y tiene sentido que haya acaparado muchos recursos (por ejemplo, en este artículo en Nada es Gratis, Libertad González y Tanya Surovtseva nos muestran cómo el porcentaje de empleo en este sector se ha disparado en toda España en las últimas dos décadas).

Pero, además, porque carecemos de esa flexibilidad que se necesita para enfrentarnos a ese nuevo mundo que se intuye tras la crisis y que está lleno de posibilidades: ni flexibilidad legal (tenemos mercados, sobre todo el laboral, pero no sólo, muy regulados y rígidos); ni flexibilidad formativa (sistemas educativos poco adaptados a las necesidades de la nueva economía, lejanía entre la universidad y la empresa, escasísima formación continua de los trabajadores en activo…); ni flexibilidad social (somos reacios a los cambios, movilidad geográfica reducida, alto peso de la vivienda en propiedad…).

Dice Portes que a largo plazo lo más importante para determinar el crecimiento futuro será el capital humano de cada trabajador, para que sea capaz de ir adaptándose a las necesidades que surjan por el camino. Pues bien, tampoco aquí, en España, tenemos demasiadas buenas noticias que ofrecer.

Señales de una recuperación pobre

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“It’s getting better all the time (can´t get much worse)”. Paul McCartney.

La euforia con la que la propaganda gubernamental recibió los datos de paro de julio contrasta con la realidad de una recuperación lenta, endeudada y frágil. España cierra julio con la tasa de paro más alta de la Unión Europea, mayor incluso que en Grecia. El paro bajaba en julio en 89.849 personas, tras subir 5.107 personas en junio, 26.573 personas en mayo, 282.891 en abril y 302.265 parados en marzo.

La “histórica” cifra (“el mejor julio desde 1997”, según el gobierno) es en realidad muy similar a la de julio de 2016, cuando el paro cayó en 83.993 personas en un entorno de creación de empleo continuada. En julio de 2016, además, el número total de desempleados inscritos en las listas del Servicio Público de Empleo era el número más bajo desde agosto de 2009.

Curiosamente, la izquierda atacaba esas cifras en 2016 como terribles y ahora se lanza a la euforia con 3.773.034 desempleados (excluyendo ERTE). Tras dos meses completos de reapertura, en España aún hay 298.396 empresas y 1,35 millones de trabajadores en un ERTE y 1,5 millones de autónomos continúan percibiendo algún tipo de prestación por cese de actividad.

Un desastre de empleo sin precedentes que se enfrenta a un otoño muy difícil. Entre septiembre y octubre va a ser difícil que se sigan maquillando las cifras de desempleo si se acaban los ERTE y se convierten en desempleo oficial y a ello se une el cierre empresarial de tantos negocios que están sufriendo en la peor temporada turística en mucho tiempo y los que no pueden sobrevivir ante el aumento de costes y acumulación de impuestos en un entorno de ventas simplemente ruinoso.

Es aterrador que no se preste atención a la pérdida de empresas. En España, en junio de 2020, tenemos 131.399 empresas menos que en junio de 2019. La destrucción de empresas significa menos empleo, menos crecimiento, menos inversión y menos capacidad de recuperación. Se han destruido 85 grandes empresas desde junio de 2019. Un gobierno que se pasa el día atacando a las “grandes corporaciones” y las “grandes empresas” solo por serlo, debería estar avergonzado de usar ese subterfugio populista en un país que solo tiene 2.282 empresas de más de 500 trabajadores. 

Los populistas que repiten constantemente la mentira de que España es un paraíso fiscal para las grandes empresas deberían responder a las siguientes preguntas: Si España es un paraíso fiscal para las grandes empresas, ¿por qué tenemos tan pocas, cada vez menos y además son más pequeñas que las de otros países de nuestro entorno? 

Vivimos una crisis que es mucho más que una mala temporada turística. Vivimos una crisis de pérdida de confianza en la seguridad jurídica de nuestro país y está afectando a la inmensa mayoría de sectores incluso en la reapertura. Otros países con una alta exposición al turismo caen menos en el segundo trimestre, incluso en el semestre, y con menos paro.

A principios de verano, la previsión era que España recibiría 50 millones de turistas menos que en 2019. La inexistente gestión diplomática y gubernamental ante los rebrotes y los anuncios de cuarentena de diversos países empeoran ya las cifras en otros 4 millones menos.

La demonización del sector turístico, que es el mejor embajador de España, generador de riqueza, de valor añadido y tarjeta de presentación de nuestro país ante el mundo ha llevado al gobierno a abandonar un pilar clave de nuestra recuperación desoyendo las llamadas del sector ante lo que era una debacle sin precedentes. Pero el gobierno prefirió continuar dando mensajes contradictorios.

En el mismo día en el que la ministra de Exteriores intentaba negociar con Reino Unido la cuarentena anunciada, Fernando Simón se convertía en tendencia nacional diciendo en público: “Que Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España, en cierto modo nos favorece porque desincentiva el que venga gente de Reino Unido”.

La compraventa de viviendas retrocedió un 34,3% el pasado mes de junio con relación al mismo mes de 2019. Cuatro meses consecutivos de tasas interanuales negativas después de haber caído en marzo un 18,6%, en abril un 39,2% y en mayo un 53,7%.

No solo es el turismo o el sector inmobiliario. El automóvil, el sector exportador, la industria manufacturera y el sector servicios sitúan la recuperación de España, según los indicadores adelantados del Ministerio de Economía y los datos de alta frecuencia recopilados por Bloomberg como “la recuperación más lenta de la eurozona”. 

El gran problema es que caigamos en la autocomplacencia ante datos que, como el del paro de julio, solo muestran un rebote técnico, el efecto base. El índice manufacturero (PMI de la consultora Markit) mostraba expansión en la última medición para el mes de julio porque, como el resto de Europa, refleja el cambio de un mes a otro. No implica volver a los niveles de febrero ni mucho menos.

Pero lo que más preocupa de ese índice es que, ya con casi tres meses de apertura, una nota clave “fue la nueva destrucción de empleo (en julio) ya que las empresas continúan operando muy por debajo de sus capacidades” y “la confianza con respecto del futuro también se mantuvo moderada”.

El gobierno se ha dado cuenta del efecto devastador para la recuperación que tendría la subida de impuestos con la que llevan amenazando desde hace meses. Sin embargo, en vez de reconocer su error y la realidad de que el efecto en recaudación, empleo y crecimiento sería negativo, solo se les ocurre reiterar que llevarán a cabo la enorme subida de impuestos, en 2023.

Imaginen cualquier inversor que esté pensando en invertir a largo plazo en España. No solo confirma el gobierno que la recuperación del PIB oficial estimado no se dará al menos hasta 2023, sino que hunde el apetito inversor diciendo que el hachazo fiscal llegará cuando nos recuperemos.

Necesitamos urgentemente medidas de oferta serias, un plan nacional de atracción de inversión y empleo que no considere a los creadores de empleo como cajeros automáticos. Todos los datos que hemos mostrado se pueden mejorar, y España puede ser un ejemplo de salida de la crisis. Esa salida de este desastre se dará si no se fortalece urgentemente la seguridad inversora y jurídica.