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La economía a través del tiempo (XV): Grecia y la Economía como ciencia

Hasta el momento, todos los escritos presentes en esta serie de artículos contienen una serie de características generales. Como se ha mencionado anteriormente, las directrices económicas, que reflejaban el pensamiento de la época sobre esta disciplina, se camuflaban entre discursos morales (e incluso religiosos) y estaban cargados de elementos legendarios, posiblemente porque reflejaban una transmisión oral que se pudo dar antes de haber quedado fijados en un escrito. En Grecia todo cambia. El pensamiento económico empieza a desarrollarse, aunque sumergido y mezclado entre otras ciencias, en aquella civilización, según mantienen diversos autores académicos (Barrantes, 2012, p. 82).

Los albores del pensamiento económico

Barrantes defiende que los filósofos griegos fueron pioneros en el análisis de lo que hoy denominamos Economía. Las líneas abordadas por estos pensadores, en términos generales, vendrían a tener relación con la incipiente actividad comercial que influyó sobre el desarrollo de los siglos IV y III a.C. Así, Heródoto, Teuclides, Hesíodo y Jenofonte fueron los primeros en dedicarse al estudio de la primitiva Economía y Platón y Aristóteles crearon “conceptualizaciones más sistematizadas en relación con los aspectos económicos de la vida en la polis” (p.83).

No obstante, otros autores (Pérez, 2004) consideran que no existe un pensamiento económico como tal en los pensadores griegos, sino “indicios de un germen” (p. 67) de esta disciplina, especialmente en Aristóteles. Serán los lectores los que tomen la última palabra tras los análisis que se realizarán en las próximas entregas de esta columna.

Sea como sea, la palabra economía nace del griego (oikonomia). Según Pérez (2004), “oikonomia es una palabra compuesta, procedente del sustantivo oikos y del verbo nemo. Mientras que la traducción de este segundo término no presenta mayores problemas (nemo significa distribuir, administrar), el primero es un vocablo de difícil traducción al castellano” (p. 62).

Oikonomia

La autora mantiene que oikos viene a referirse a un término más amplio de lo que hoy se conoce como familia, es decir, se refiere a una comunidad humana básica, a la que se suman todas las propiedades, los espacios físicos y todos los elementos tanto materiales como inmateriales que la componen. Así, la Economía vendría a ser, siguiendo su significado original y su etimología, la administración del núcleo familiar, lo doméstico, las propiedades de la pequeña comunidad, del oikos. La primera vez en utilizar el término oikonomia o, más bien, oikonomikos, es, posiblemente, en el libro de Jenofonte (2016) que lleva el mismo título, escrito en el siglo IV a.C.

Ahí, el griego define el “hacerse cargo de una hacienda”, es decir, administrar (nemo) una hacienda (oiko), como ser capaz de “cubrir gastos, hacer economías y acrecentar la propiedad” (p. 214). Vemos, por tanto, pese a la posición anteriormente mencionada de Pérez (2004), que sí existe en Grecia un cierto sentido disciplinado de la Economía, centrada en la creación de riqueza, es decir, no sólo en el mantenimiento de la pequeña propiedad sino también de su expansión.

Economía en la ética

Es más, para Jenofonte (2016) una hacienda (oikos) está compuesta por “todo lo que uno posee, aunque ni siquiera esté en la misma ciudad que el poseedor”. Esto es, la Economía primitiva sería una especie de micromicroeconomía centrada en las finanzas personales, algo que, por otra parte, es uno de los temas más demandados por el público en general actual, sobre todo a partir del auge de las criptomonedas y los activos disponibles para la mayoría de la población.

Es difícil afirmar que el estudio de la administración de la propiedad personal no es susceptible de ser considerado como una disciplina. Los grandes modelos macroeconómicos nacen en la Modernidad, en un contexto mucho más complejo, con una tecnología mucho mayor y en un mundo mucho más interconectado. No obstante, aunque la escala es diferente por las circunstancias, la gestión de lo próximo y cercano también requiere de técnicas elaboradas y de desarrollos teóricos, especialmente en un momento tan temprano en el que no ha existido tal cosa todavía.

La Economía babilonia, arcadia o egipcia también se dedicaba a estas cuestiones, aunque, como se ha mencionado, también hacía referencia a medidas y políticas que se podían aplicar en reinos y comunidades más amplias. La diferencia en los griegos estriba en la profundización de los fenómenos económicos, algo que vino de la mano con la filosofía en general. Se verá, también, como los griegos no desapegan las cuestiones económicas de la ética, pues en sus textos dedicados a tal rama aparecerán numerosas referencias a la Economía.

Bibliografía

Barrantes, H. A. (2012). La historia de la economía desde Platón hasta los Romanos. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 4(1), 82-95

Jenofonte (2016) Recuerdos de Sócrates, Económico, Banquete y Apología de Sócrates. Editorial Gredos

Pérez, M. D. M. (2004). Oikos y oikonomia: El análisis de las unidades domésticas de producción y reproducción en el estudio de la Economía antigua. gerión, 22(1), 61-79

Serie La economía a través del tiempo

Vivienda en propiedad: ¿qué plantea García-Gallardo?

Según el periódico El Mundo, parece ser que los datos indican que la tasa de propiedad en España en menores de 35 años es de un 31% cuando hace una década era del 70%. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, escribió en Twitter:

La derecha aburguesada y la izquierda posmoderna han traicionado a mi generación. Hay que facilitar una distribución equitativa y lo más amplia posible de la propiedad. Urge un cambio de rumbo en España.

Juan García-Gallardo

Como defensor de la libertad, estoy de primeras de acuerdo con él, y totalmente en desacuerdo con los medios de “derecha moderada” que le han llamado comunista o los liberales que han puesto comentarios tipo “Falange returns” solo por este tuit. Creo que verdaderamente las críticas deberían centrarse en los culpables de que solo el 31% de los menores de 35 sean propietarios, que han sido tanto el PP como el PSOE, evidentemente por detrás la Unión Europea y el euro, que nos han sometido a sus caprichos.

La propiedad privada es capitalista

Lo que critican es que García-Gallardo pida facilitar una distribución equitativa de la propiedad, supuestamente porque es comunista o falangista. Pues no, la propiedad privada es capitalista. ¿Acaso piden que la propiedad esté en pocas manos? ¿De verdad piden que la propiedad sea parte de unas élites y nosotros seamos esclavos que dependemos de los alquileres? Al final, un conservador a secas va a estar en el bando correcto.

Los críticos aquí se equivocan, la propiedad privada también da libertad. Y si está distribuida, más libertad. Curiosamente, los primeros que quieren acabar con la propiedad privada son Klaus Schwab y sus amigos de Davos, donde fomentan entre las élites llegar a una sociedad orwelliana dirigida y controlada por ellos bajo el lema: “no tendrás nada y serás feliz”.

Como no pretendo escribir una tesis en defensa de la propiedad, solamente voy a citar a Miguel Anxo Bastos. Seguramente muchos liberales que ahora desaprecian a García-Gallardo estuvieron presentes cuando recibió el Premio Juan de Mariana. Pero parece ser que no escucharon su discurso:

Si fuera un ministro o algo así, Dios no lo quiera, sólo pondría una ley: respetar la propiedad privada y punto. Y no es tener cosas, la propiedad es un elemento de civilización, trae paz, arraiga a la gente, hace que lleven vidas sensatas y piensen a largo plazo. Los Estados atacan la propiedad privada.

Miguel Anxo Bastos.

Convertir la propiedad en un usufructo

Evidentemente, Bastos atacó a los gobiernos, que convertían la propiedad privada en una especie de usufructo. Sí, como los que piden expropiar apartamentos en primera línea de la playa. Pero Bastos mencionó algo fundamental sobre la propiedad:

No sólo son las intervenciones del gobierno, es la cultura la que ataca todo eso… No todo lo que crea el mercado es bueno, puede ser algo subversivo. Siempre estamos viviendo a expensas de otro. No hay nada por lo que luchar. El territorio del que es uno. Mi coche es mi coche, me llevó a mi boda, ese coche lo quiero. Hay un vínculo con las cosas. Esto también es libertad.

Miguel Anxo Bastos

La propiedad bien distribuida es necesaria para que tengamos una sociedad capitalista, no consumista. Una sociedad que valore el ahorro y el trabajo es una sociedad moral y próspera. La cultura del Uber, de los alquileres y del pago a plazos es anticapitalista, repito, por eso es lo que buscan las élites que quieren que acabemos en 2030 en una distopía:

El ahorro tiene muy mala prensa. Todo culturalmente está en contra del ahorro. ¡Compre ahora y pague luego! Y el ahorro también es civilizador… No cometer excesos. ¿Un borracho es ahorrador? Es una lucha cultural. A mí no me educaron así, entonces, ¿por qué ahora la juventud sale así?

Miguel Anxo Bastos

Propiedad y tiranía

La propiedad no solo es civilizatoria, sino que además es lo que nos hace evitar la tiranía. ¿Qué vamos a defender si no tenemos arraigo de nada? ¿Qué vamos a hacer cuando todas nuestras propiedades dependen de unas pocas empresas que pueden ser fácilmente presionadas por un gobierno tiránico? Como decía Erik von Kuehnelt-Leddihn:

Me gusta que la gente tenga su propia vivienda, sus propios terrenos, sus propios criterios que les empujen a actuar de forma independiente. Temo a la manada: al 51 por ciento que votaron a Hitler y Hugenberg; a la turba estruendosa que apoyó El Terror en Francia.

Por tanto, García-Gallardo tiene razón, una distribución equitativa y lo más amplia posible de la propiedad es deseable. La única cuestión que se debe plantear es: ¿cómo piensa él y su partido hacerlo? Si fuese mediante la expropiación, estarían en el bando contrario. Pero la respuesta que dio fue:

Liberalización del suelo. Rebaja de impuestos y cargas en el proceso edificatorio. Construcción de vivienda social. Protección frente a la okupación.

Juan García-Gallardo

¿Qué camino elegirá García-Gallardo?

Personalmente, creo que es una respuesta bastante liberal. La liberalización del suelo sería deseable, y hay que recordar que ni el PP ni el PSOE la han llevado a cabo. Las rebajas de impuestos son siempre deseables y defenderse de los okupas es un acto de justicia. Estoy en desacuerdo con la construcción de vivienda social, pero si se liberalizase el suelo los beneficios serían mucho mayores que el coste de la vivienda social, lo que seguiría haciendo el programa deseable.

A su vez, encomiendo a García-Gallardo, si su partido quiere defender la propiedad privada y los valores civilizatorios basados en el ahorro y en el trabajo, que lea a Jesús Huerta de Soto o a Hans-Hermann Hoppe, ambos referentes de Milei, y pida una disminución masiva del gasto público (no solo político, que es una mínima parte) y acabar con el sistema monetario inflacionario, que destruye lentamente nuestros ahorros y, como dice Hoppe, fomenta el cortoplacismo y el hedonismo. Y que se sustituya por un patrón oro con encaje del 100%. No es algo descabellado, ya hubo un referéndum en Suiza y políticos en el Parlamento Europeo como Godfrey Bloom del UKIP lo han defendido, esperemos que su partido lo considere.

Ver también

Orgullosos propietarios: la función social de la propiedad de la vivienda. (José Carlos Rodríguez).

¿El capitalismo contra los trabajadores?

En septiembre de 2023, un conocido empresario australiano pronunció las siguientes palabras: Necesitamos recordarle a la gente que trabaja para un empleador, no al revés. Estas declaraciones se hicieron eco por parte de los voceros y representantes de ambos polos políticos. La izquierda, como de costumbre, no dudó en tachar al empresario de cacique y la derecha no tardó en salir en su defensa. Más allá de estas riñas en politiqués avanzado que no me interesan, mi planteamiento de hoy es el de desmenuzar un mito errado en su origen: el capitalismo trata de defender a las empresas a costa de sus empleados.

Como primera premisa errónea, el capitalismo de libre mercado no tiene como objetivo la defensa del empresario, simplemente porque el capitalismo no tiene ningún objetivo sobre una persona, colectivo o clase. Despojemos al capitalismo de algunas connotaciones desacertadas y arcaicas que arrastra desde del ocaso marxista. Como decía André Comte-Sponville en Le capitalisme est-il moral?, el capitalismo no es más que una tecnología social e impersonal que nos permite asignar recursos de manera eficiente. Frugalidad, ahorro y reinversión, son los ingredientes de esta anomalía histórica que nada tiene que ver con bigotes puntiagudos y fuerzas en la sombra.

El capitalismo no quiere ni puede defender a los empresarios

Dicho esto, la defensa a ultranza de las empresas en general o una empresa en particular es un error y supone un desconocimiento claro de las reglas del juego del capitalismo mismo. Defender a una empresa en detrimento de un trabajador implica antes de todo intervención e imponer el arbitrio de alguien que, con mejores o peores intenciones, pretende perturbar el orden espontáneo y libre que emerge de las interacciones sociales. Cabe entonces, hacernos la siguiente pregunta, ¿debemos defender a los empresarios? Y en ese caso, ¿cómo deberíamos hacerlo?

Sabemos, ya, que el capitalismo no cuenta con las herramientas coercitivas de carácter político, que nos permitirían intervenir y defender a un empresario. Entonces, quien sea que pretenda poner en uso alguna herramienta coercitiva contra la libre negociación entre empresario y el trabajador, no estará cumpliendo las reglas del juego del capitalismo. Sin regulaciones que defiendan al empresario o al trabajador, en el capitalismo existen empresas que quiebran porque no alcanzan a pagar salarios suficientemente altos, en la misma medida que existen trabajadores que no encuentran trabajo porque piden un salario demasiado alto.

Con estas reglas del juego, el mercado es un sistema dinámico donde los empresarios descubren nuevos medios para alcanzar nuevos fines. Siendo el arbitraje una condición inherente a dicho sistema, las relaciones de escasez entre factores de producción tienden al cambio del mismo modo que su precio. Si las curvas de oferta y de demanda varían y el factor trabajo escasea, su precio subirá y las exigencias de los trabajadores aumentarán hasta encontrar un estado de equilibrio donde todas las partes salgan beneficiadas.

Un camino, no una meta

Aquellas empresas que no puedan permitirse tales condiciones deberán dejar su lugar a aquellas que sí lo hagan. Las reglas son: no intervenir y respetar la propiedad privada. Solo son permitidas las relaciones horizontales, donde la vida a veces no es fácil y las empresas quiebran y los trabajadores pierden su trabajo, pero donde no se ejerce violencia y donde el tamaño de las empresas no es sinónimo de poder, sino más bien de responsabilidad y libertad. 

Ya poniéndonos más poéticos, me gusta hacer el paralelismo del capitalismo como un camino y no como un destino. El libre mercado capitalista no tiene un objetivo preciso, ni el éxito de una empresa, ni el derrumbe de un colectivo. A mí me gusta verlo como una ruta cambiante, sinuosa y a veces peligrosa, que muta continuamente basándose en las necesidades de los individuos y al ímpetu empresarial. Así que si algún empresario ondea la bandera equivocada y se queja de la excesiva remuneración de unos trabajadores o de las privilegiadas condiciones de otros, recuérdale que él no es el destino y que es con los trabajadores que se hace el camino.

Los trabajadores

Los trabajadores son una fuerza más del libre mercado. Su mercancía, en este caso su trabajo, está sujeta para bien y para mal a las leyes de la oferta y la demanda. Del mismo modo que nadie debería intervenir cuando el precio de las patatas sube por encima de las posibilidades de algunos consumidores, nadie debería intervenir tampoco cuando un trabajador reclama mejorar sus condiciones laborales. Recelemos, pues del que aparentemente defiende el sistema de libre mercado capitalista, pero solo pretende favorecerse de los tentáculos del Estado para imponer su proyecto de vida en detrimento del de los demás.

Christian Michel en su obra “Vivre ensemble” (2004), nos recuerda de qué manera el sistema de libre empresa capitalista reconcilia el tener (la avaricia) y el ser (ser capitalista o proletario) con el hacer (todos nosotros hacemos, todos modulamos la naturaleza y nos servimos del capital o los recursos naturales para desarrollar nuestros proyectos de vida). No importa entonces qué tienes o quién eres, en el capitalismo ser y tener se reconcilian en el hacer, porque hacer es insuflar ser en el tener.

Ver también

La formación del ‘pilar obrero’ y la formación de la clase obrera. (Andras Toth).

Integración del pilar obrero en el nuevo mundo del capitalismo industrial. (Andras Toth).

A vueltas con el positivismo jurídico (XI): fundamentos antropológicos de la organización social

Como puede deducirse de lo que hemos visto hasta ahora, y aunque suene perogrullesco decirlo, cualquier enfoque que se adopte en relación con la ley y la moral depende de la cosmovisión de la que partamos, y, dentro de ella, de la concepción del hombre que se tenga. Creo que, por ello, conviene recordar cómo han evolucionado las grandes concepciones antropológicas dominantes implícitas en el pensamiento de la mayoría de los autores desde el comienzo de la Modernidad para poder entender los planteamientos actuales.

Lutero, libre examen y autonomía absoluta de los príncipes

De hecho, es a partir de la Ilustración cuando se desarrollan dos corrientes, el individualismo y el colectivismo, con dos visiones del hombre aparentemente contrapuestas, pero mucho más cercanas entre sí de lo que a primera vista pueda parecer y, sobre todo, si se las compara con la visión que se tenía en el Antiguo régimen, habiéndose producido la ruptura un par de siglos antes.

En efecto, hasta el siglo XVI, Dios era considerado el creador indiscutible del hombre y del mundo, y era Él, con su Providencia, quien lo conservaba todo y, de alguna manera, lo dirigía. La denominada “cultura de la Modernidad” vino a romper con esa visión, y a partir de entonces, la libertad del hombre se concibió como absoluta y radical. De hecho, con Lutero y su principio del libre examen, se intenta romper con la posibilidad de que exista autoridad alguna en materia religiosa. Si bien Lutero restringió aquel principio sólo a los príncipes alemanes, quienes sí tenían una autonomía absoluta, como jefes de Estado, y no estaban sometidos a una norma superior. Así, en contraposición con lo que pasaba con el príncipe medieval, cuya legislación no podía contradecir la ley divina, se proclama la libertad de conciencia del príncipe moderno, con una autonomía, de su voluntad, plena y radical.

El hombre se erige en creador racional del Derecho

Los ilustrados, desde su racionalismo aparentemente radical, dan una vuelta de tuerca más, y aunque son muchas las corrientes que se dan en dicho movimiento, tienen una serie de rasgos comunes: la identificación del bienestar material y las riquezas con la libertad que constituye el fin del hombre. Ello constituye un utilitarismo que debe regir la conducta individual, centrada en la búsqueda del interés. Rechaza todo aquello que la razón humana no pueda conocer de modo material. Y somete, por tanto, la religión, a dicho racionalismo materialista. Confía ciegamente en el progreso, defiende el igualitarismo y, con él, rechaza los privilegios.

Y, sobre todo, y a los efectos que aquí nos interesan, se impone la idea de que el hombre está capacitado para dictarse sus propias leyes -la autonomía del hombre, en definitiva-. Ello obligaba a establecer nuevos principios morales, fundamentados no ya en leyes naturales, universales e inmutables, impresas por Dios en la realidad del hombre, sino en cuestiones sociológicas -realidades sociales concretas- que llevan a erigir al Estado como fuente de moralidad. Así, el derecho positivo sustituye al citado derecho natural. Con ello se produce un cambio no sólo de perspectiva, sino también de organización.

En efecto, la sociedad orgánica y corporativista del Antiguo Régimen se sustituyó por un sistema muy distinto. Un sistema justificado, al menos en principio, por un supuesto pacto social primigenio (defendido por autores como Hobbes y Locke), al que ya nos hemos referido también en anteriores entregas. Así, en el siglo XIX se desarrolló lo que algún autor denomina “ensayo del individualismo decimonónico”, si bien más adelante el intento de llevarlo a cabo degeneró, en algunos lugares, en regímenes colectivistas.

Liberalismo

Así, el sistema liberal implantado en el siglo XIX, hijo directo de la Modernidad y de la ideología liberal-progresista, se asentaba en una serie de presupuestos ideológicos, derivados de los señalados más arriba, y que podemos resumir en los siguientes: una visión del hombre que lo concibe como ser autónomo e independiente, que no recibe de nadie su naturaleza, ya que, siendo esencialmente libertad, se hace a sí mismo mediante la ejecución de actos libres, por lo que no procede admitir responsabilidades externas que frenen esa acción, una acción que le hace caminar indefectiblemente hacia el progreso de la Humanidad.

Vemos, por tanto, que las verdades universales e inmutables del régimen anterior se trastocan, gracias a una nueva concepción dialéctica, en la que la verdad sólo lo es de un modo coyuntural. Así, como señala René Remond[1]: “el liberalismo cree en el descubrimiento progresivo de la verdad por la razón individual. Profundamente racionalista, se opone al yugo de la autoridad, al respeto ciego, al pasado, al imperio del prejuicio, así como a los impulsos del instinto. La mente debe poder buscar la verdad por sí misma, sin trabas, y se desprenderá entonces, poco a poco, por la confrontación de pareceres, una verdad común”.

Colectivismo

Frente a la señalada concepción liberal-individualista, surgió, como reacción, el colectivismo, que entendió que no era posible una convivencia y un orden justos entre individuos radicalmente libres y pendientes de su propio bienestar. Así, se desarrolló una concepción del hombre en la que el individuo sólo se entiende si es considerado como la parte de un todo. El hombre-colectivo se realiza, no ya mediante la ejecución de actos libres, sino mediante la realización de un conjunto de obligaciones que debe asumir y que le vienen impuestas por la realidad del grupo al que pertenece.

Con ello se produce una clara anulación de la persona, pasando al primer lugar de análisis lo colectivo, ya sea la clase, la nación, la raza, el partido, o el Estado. Así, en la mesa del sacrificio que busca la tan ansiada unidad, arde en llamas el pluralismo. Y la búsqueda de la verdad dejó de ser la motivación principal, ya que aquella -la verdad inmanente- pasa a imponerse desde el poder.

Vemos, pues, cómo en el sistema colectivista, la norma antes trascendente, se trastoca en norma inmanente, de imperioso y obligado cumplimento, justificándose incluso la eliminación física del disidente que se niega a su cumplimiento, como partícula “asocial” prescindible que sólo impide el armónico crecimiento del colectivo.

Notas

[1] Citado por Javier Paredes, en el capítulo 1 -La ilustración y el liberalismo- de la Historia Universal Contemporánea, Ariel, 2011.

Serie ‘A vueltas con el positivismo jurídico

Historia de Aragón (IV): La conformación del Reino de Aragón

En torno al 808 encontramos en el Valle de Hecho al conde Aureolo. Apenas sabemos nada de él, pero sí tenemos constancia de que fue un funcionario de Carlomagno. Tras él vino el conde Aznar (812-820), quien posiblemente fuera otro funcionario designado por Carlomagno. El yerno de Aznar, García “el malo” se hizo con el condado tras un golpe de Estado, pero en el 830 dejaría paso a Galindo I Aznárez. La familia Galindo controlará el condado durante varios años, hasta el 924 encontramos a esta familia aristocrática que se asentará en el valle pirenaico.

En el 924 muere Galindo II sin descendientes varones; tuvo únicamente a su hija Andregoto. Las familias aristocráticas tenían siempre como objetivo no perder la casa, por lo que se creó la institución aragonesa del “casamiento en casa”. En caso de muerte del heredero, se otorgaba al cónyuge la prórroga del usufructo vital. Y en caso de que contrajera de nuevo matrimonio, tenía la posibilidad de trasladar el patrimonio a su nuevo cónyuge.

Una política matrimonial

El condado de Aragón no tenía capacidad para mantener un ejército y no tenía la capacidad militar para expandirse, por lo que recurrió a la política matrimonial. Galindo II se había casado con la hija del rey de Pamplona, y Andregoto se casará con el rey de Pamplona. Por lo que los herederos se convertirían en reyes de Pamplona y del condado de Aragón. Durante el siglo X el rey de Pamplona ostentará el título de conde de Aragón. Esta unión dinástica, que no política, entre Aragón y Pamplona, hace que el condado quede subsumido bajo el reino de Pamplona.

Nos encontramos con otra de las figuras clave, Sancho III, cuya misión era que su reino tuviera la primacía frente a León. El patrimonio no se podía dividir tras su muerte, pero sí los acaptos, es decir, territorios posteriormente conquistados. Sancho incorporó al reino de Pamplona y al condado de Aragón, los condados de Sobrarbe y Ribagorza, además del condado de Castilla. Tras su muerte, en 1035, dejó a su hijo mayor, García, el reino de Pamplona, a su hijo Fernando, Castilla, a su hijo Gonzalo, Sobrarbe y Ribagorza, y finalmente a Ramiro, Aragón.

Ramiro era un bastardo que Sancho tuvo con Sancha de Aibar. Se dice en las crónicas que los tres hijos legítimos de Sancho III se conjuraron contra Sancha; le acusaron de adulterio. Ramiro salió en defensa de su madre, y se hizo así con el condado de Aragón.

La consolidación del reino

Fernando I acabará siendo rey, tomando el reino de León en 1037. Ramiro I nunca se llamaría así mismo rey, sino como “casi por un rey” o “hijo del rey Sancho”. En 1044 fallecería su hermano Gonzalo, con lo que Ramiro se hizo con los condados de Sobrarbe y Ribagorza. Ramiro sabía que tenía que consolidar sus dominios y extender su poder, de modo que empieza a tejer alianzas con los magnates del reino. Conforma su propia curia regia. Lo más posible es que fueran terratenientes y propietarios herederos de las antiguas élites carolingias y visigodas. Este grupo de personas recibirá una serie de privilegios del rey a cambio de la prestación de un servicio militar.

Llegará un año clave, 1064, cuando un grupo de nobles se fijará como objetivo conquistar la ciudad musulmana de Barbastro. Aunque las cruzadas se decretarán por los papas a partir de 1095, previamente hubo algunos intentos o protocruzadas como la de Barbastro. En 1064 Aragón ya estaría consolidado como Reino, y llegaría al poder Sancho Ramírez, hijo de Ramiro I.

Serie ‘Historia de Aragón’

(I) Los pilares del Reino de Aragón

(II) Los orígenes del Reino de Aragón

(III) El pasado musulmán y la marca histórica

Stiglitz, un Nobel polemista

Por Samuel Gregg. El artículo Stiglitz, un Nobel polemista fue publicado originalmente por Law & Liberty.

No es frecuente que un distinguido académico aconseje a sus oyentes que sean cautos antes de asignar un peso excesivo a sus palabras. Sin embargo, eso es precisamente lo que hizo el economista F. A. Hayek en su discurso en el banquete de entrega del Premio Nobel de 1974. “El Premio Nobel”, informó Hayek a su audiencia, “confiere a un individuo una autoridad que en economía ningún hombre debería poseer”. Y añadió: “No hay ninguna razón por la que un hombre que ha hecho una contribución distintiva a la ciencia económica deba ser omnicompetente en todos los problemas de la sociedad, como la prensa tiende a tratarle hasta que al final él mismo puede convencerse de ello”.

Estas palabras me vinieron a la mente recientemente mientras leía un nuevo libro de otro economista galardonado con el Premio Nobel. En The Road to Freedom: Economics and the Good Society, Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel 2001 y antiguo economista jefe del Banco Mundial, identifica a Hayek y a otro economista Nobel, Milton Friedman, como los principales proveedores intelectuales de las políticas neoliberales que, según Stiglitz, han pervertido la idea de libertad y generado profundas desigualdades y multitud de injusticias.

El mundo según Stiglitz

La palabra “neoliberal” tiene su propio pedigrí. Hoy, sin embargo, funciona como un epíteto utilizado por la izquierda -y ahora por la Nueva Derecha que puebla muchas instituciones conservadoras- para estigmatizar a personas e ideas. El uso de epítetos es habitual en las polémicas, y las polémicas no tienen que ver con el debate razonado o la discusión. Tampoco lo es el libro de Stiglitz, a pesar de las protestas en sentido contrario. De principio a fin, es una hipérbole.

“La libertad”, afirma Stiglitz al principio, “está en peligro”. El declive global de la libertad reflejado en el auge de los regímenes autoritarios, argumenta, también se ha manifestado en las sociedades democráticas liberales. Según Stiglitz, esto refleja fallos en las políticas económicas que reflejan “la concepción incorrecta de la libertad por parte de la derecha”.

“La derecha” como motor de la historia

La “derecha” funciona a lo largo de este libro como un cajón de sastre. Abarca grupos como el Partido Republicano y compañeros de cama tan improbables como los libertarios y Donald Trump. Detalles importantes, como la declaración de Trump de que “no es un conservador” o la innegable y profunda división en el movimiento conservador estadounidense entre nacionalistas económicos y librecambistas, quedan oscurecidos por la visión maniquea de la política de Stiglitz. La luz está del lado de los liberales modernos, los neokeynesianos y los socialdemócratas. La oscuridad envuelve todo lo demás.

Parte de esa oscuridad, según Stiglitz, se extiende a la fundación estadounidense. Sostiene, por ejemplo, que “la libertad que defendían los patriotas del país no era la libertad para todos, sino la libertad para sí mismos”. Stiglitz señala el mantenimiento posterior a la independencia de la institución de la esclavitud como prueba de su afirmación de que la Constitución fue producto de “las personas que la redactaron (en su inmensa mayoría, hombres blancos ricos, muchos de ellos esclavistas)”.

Hayek y Friedman

Esa afirmación contradice las pruebas meticulosamente reunidas por historiadores como Forrest McDonald en su We The People: The Economic Origins of the Constitution. Este demostró, en contra de Charles A. Beard y sus discípulos, que la mayoría de esos hombres blancos ricos que redactaron la Constitución apoyaron en realidad medidas constitucionales que no servían a sus intereses personales. Stiglitz tampoco comprende que las semillas de la caída de la esclavitud en Estados Unidos fueron puestas por la promesa de los Fundadores de “libertad y justicia para todos”. En ausencia de esa lógica interna y, para la época, radical, es más difícil entender por qué las furiosas disputas sobre la legitimidad básica de la esclavitud caracterizaron cada vez más el discurso político estadounidense a partir de la década de 1770.

Pero los culpables más inmediatos de las miserias infligidas por el neoliberalismo, sostiene Stiglitz, son los economistas del libre mercado como Hayek y Friedman. La libertad, dice, depende de normas y reglamentos que preserven cierto grado de igualdad, promuevan la justicia social y reflejen la realidad de las compensaciones en la vida. Estas cosas no tienen cabida, sostiene Stiglitz, en el nirvana del libre mercado de Hayek y Friedman. En el mundo de Stiglitz, “fueron los defensores más notables del capitalismo sin restricciones a mediados del siglo XX”. Y, como “sirvientes intelectuales de los capitalistas”, lideraron “una manada de economistas conservadores que han tratado de impedir debates significativos con el propio vocabulario que utilizan”. En opinión de Stiglitz, su concepción del “libre mercado” considera que “las normas y la regulación” dan lugar a “mercados no libres” y, por tanto, a enormes ineficiencias.

Pero ¿los ha leído?

Llegados a este punto, me pregunto cuánto ha leído realmente Stiglitz de Hayek y Friedman. No conozco ningún texto en el que aboguen por mercados sin reglas ni regulaciones. Significativamente, sólo hay una referencia en las notas a pie de página de Stiglitz a algo escrito por Hayek.

Sin embargo, basta con abrir libros como Los fundamentos de la libertad para encontrar a Hayek, por ejemplo, señalando que “una economía de mercado que funcione presupone ciertas actividades por parte del Estado”. En Camino de servidumbre, Hayek dice incluso que la “insistencia de Mill en… los principios del laissez-faire” hizo un daño inmenso a la causa liberal de mercado. Hasta aquí, pues, los mercados sin trabas.

En términos más generales, cualquiera que haya leído el corpus de la obra de Hayek sabe que escribió extensamente sobre las leyes y la legislación más adecuadas para las sociedades que se toman en serio la justicia y el Estado de derecho. Ese es el objetivo de la gigantesca obra de Hayek Derecho, legislación y libertad. El propio Stiglitz admite que libros como Camino de servidumbre demuestran que Hayek era “consciente de las externalidades” y de “la necesidad de la intervención gubernamental cuando hay externalidades”. Pero, ¿cómo puede Stiglitz cuadrar esta concesión con sus declaraciones de que Hayek estaba comprometido con los “mercados sin trabas”? La respuesta es: no puede.

De hecho, el debate entre liberales e intervencionistas no es sobre si debe haber regulación. La discusión es realmente sobre cuál es la mejor manera de regular los mercados.

Duda sobre Joseph Stiglitz: ¿sabe lo que está diciendo?

¿Es mediante una combinación de políticas macroeconómicas, intervenciones específicas en determinados sectores económicos, la aplicación de códigos reguladores de amplio alcance a las transacciones económicas y la redistribución continua de la riqueza a través de grandes Estados del bienestar y una fiscalidad progresiva? O bien: ¿están mejor regulados los mercados mediante la protección de los derechos de propiedad, la adhesión al Estado de Derecho, el cumplimiento de los contratos, unas normas sanitarias y de seguridad con sentido común, una red de seguridad básica, un dinero estable y la competencia dinámica que promueve la soberanía del consumidor frente a intereses creados como las empresas establecidas y sus aliados políticos? Esta es una disputa clave entre los dirigistas como Stiglitz y los que creen en los mercados, y la presentación que hace Stiglitz de la posición de estos últimos es una caricatura.

Esto, sin embargo, queda empequeñecido por la asombrosa afirmación de Stiglitz de que los “mercados libres y sin trabas defendidos por Hayek y Friedman y tantos en la derecha nos han puesto en el camino del fascismo”. Me cuesta creer que Stiglitz no sepa que los regímenes fascistas se han caracterizado históricamente por una regulación generalizada, un intervencionismo sin fin y el corporativismo: en resumen, lo contrario de las economías de libre mercado.

Fascista, pero no lo suficiente como para que lo apruebe Stiglitz

Como demostró el economista liberal de mercado alemán Wilhelm Röpke en su artículo en Economica del año 1934 Fascist Economics, las economías de regímenes fascistas reales como la Italia de Mussolini se distinguían por un “sistema monopolístico-intervencionista” aplicado por ejércitos de burócratas uniformados. Stiglitz, sin embargo, afirma que las condiciones económicas que precedieron a regímenes como la Alemania nazi se caracterizaron por una intervención demasiado escasa.

En realidad, la historia económica de la Alemania imperial y de la Alemania de Weimar es mucho más complicada. La Alemania imperial fue, después de todo, la cuna del moderno Estado del bienestar. En la década de 1890, los sectores clave de la economía alemana estaban muy cartelizados. También se utilizaron aranceles para intentar proteger de la competencia extranjera a determinados sectores, como la agricultura. Durante la Primera Guerra Mundial, esa misma economía fue objeto de una planificación masiva.

En cuanto a la Alemania de Weimar, la Sección V de la Parte 2 de su Constitución contenía catorce artículos que identificaban muchos derechos económicos que nadie describiría como reflejo de una visión liberal clásica de la vida. Muchos de esos derechos se plasmaron posteriormente en políticas que iban desde la ampliación de la seguridad social hasta la legislación de acuerdos de cogestión de los trabajadores.

Sin duda, algunos conservadores y liberales alemanes intentaron limitar el alcance de estas medidas. No obstante, entre 1870 y 1933 nunca reinó en Alemania el “mercado sin trabas”. La verdad es simplemente mucho más compleja que el retrato pintado por Stiglitz.

La vieja izquierda se encuentra con la nueva derecha

¿Qué quiere sustituir Stiglitz al neoliberalismo? Aquí, Stiglitz no es ambiguo. Quiere “algo en la línea de una socialdemocracia europea rejuvenecida o un nuevo capitalismo progresista estadounidense, una versión del siglo XXI de la socialdemocracia o del Estado del bienestar escandinavo”. Sin embargo, cuando nos fijamos en las medidas preferidas de Stiglitz, es difícil distinguirlas de las propuestas de la vieja izquierda.

La larga lista de Stiglitz de “políticas de capitalismo progresista” incluye lo siguiente: “regulación”, “impuestos correctivos”, “inversión gubernamental”, “políticas industriales”, “regulaciones financieras, tanto macro y micro”, “inversiones públicas”, “requisitos de divulgación”, “regulaciones (del consumidor, financieras, laborales)”, “leyes de responsabilidad que obliguen a las empresas a rendir cuentas”, “seguridad/protección social”, “programas de redes de seguridad”, “seguro de desempleo”, “programas de jubilación”, “seguro médico”, “préstamos contingentes en función de los ingresos”, “préstamos a pequeñas empresas”, “préstamos a empresas”, “, “préstamos a pequeñas empresas”, “financiación de bancos verdes”, “políticas antimonopolio” que “restrinjan las fusiones”, “restricciones a las prácticas abusivas”, “salarios mínimos”, “legislación laboral de apoyo”, “redistribución a través de los impuestos” y “programas de gasto público” en ámbitos como la educación y la sanidad. Todas estas medidas irán acompañadas de políticas fiscales y monetarias diseñadas para hacer frente a las fluctuaciones macroeconómicas.

Tres inorías

Cabe señalar aquí tres ironías. En primer lugar, la economía estadounidense ya cuenta con casi todas estas cosas, aunque en diversos grados. La vida económica estadounidense está plagada de los grandes programas gubernamentales legados por los progresistas, los New Dealers y los defensores de la Gran Sociedad, por no hablar de las burocracias arraigadas que los administran. Es posible que Stiglitz desee una mayor dotación de recursos gubernamentales y una codificación jurídica más profunda de estas políticas. Los intervencionistas convencidos no suelen creer que podamos tener suficiente de esas cosas. Sin embargo, Estados Unidos está mucho más cerca del modelo capitalista progresista de Stiglitz de lo que él admite.

Una segunda ironía se refiere a la repetida insistencia de Stiglitz en que quiere una economía más descentralizada. Sin embargo, todas las políticas enumeradas anteriormente requieren un gran gobierno que intervenga constantemente en la economía y desplace a las asociaciones de la sociedad civil que Stiglitz dice valorar.

La tercera ironía es que muchas de las propuestas del capitalismo progresista de Stiglitz reflejan las de destacados pensadores de la Nueva Derecha. No sólo apoyan muchas de las mismas políticas, sino que también se hacen eco de la retórica antineoliberal de Stiglitz y de su visión crítica de Hayek y Friedman. Ahí radica la fractura que caracteriza cada vez más a la política estadounidense: las preferencias económicas de la vieja izquierda de Stiglitz coinciden con las de algunos miembros de la derecha contra los que su libro arremete.

Libertad y arrogancia

A pesar de estos problemas con el libro de Stiglitz, hay un punto en el que estoy de acuerdo con él. La libertad se encuentra en un estado frágil. El verdadero debate gira en torno a la naturaleza de las amenazas.

Un elemento central del capitalismo progresista de Stiglitz es lo que él llama “su enfoque en la igualdad, la justicia social y la democracia”. Stiglitz entiende todo esto en términos inequívocamente socialdemócratas. En su opinión, en su conjunto dan a las personas la libertad de desarrollar su potencial.

La dificultad estriba en que la socialdemocracia socava invariablemente la libertad en aspectos importantes. Los mercados no facilitan la dependencia intergeneracional del bienestar, sino los amplios programas de bienestar. La socialdemocracia también crea una enorme diferencia de poder entre los ciudadanos de a pie y los tecnócratas que administran una plétora de programas y normativas estatales. Y si hay algo que hemos aprendido del incesante crecimiento del Estado administrativo, regulador y de bienestar en Estados Unidos, es que estos organismos se resisten notablemente a las exigencias de responsabilidad y transparencia democráticas.

Libertad virtuosa vs. moral burocratizada

Del mismo modo, la concepción redistribucionista de la justicia social de la socialdemocracia corroe constantemente algunas de las salvaguardias más seguras de la libertad, sobre todo la propiedad privada. Y lo que es igual de importante, daña el Estado de Derecho. Como observó Hayek en Camino de servidumbre, “para producir el mismo resultado para diferentes personas, es necesario tratarlas de forma diferente”. Si se utiliza el Estado para perseguir la igualdad sustancial, se compromete inevitablemente el Estado de Derecho, porque los gobiernos que tratan de lograr la igualdad sustancial renuncian necesariamente a su posición de imparcialidad hacia todos los ciudadanos.

Sobre todo, los socialdemócratas han socavado a menudo los medios por los que las sociedades cultivan los hábitos morales necesarios para sostener lo que John Adams llamaba “libertad virtuosa”. A lo largo de su libro, Stiglitz se refiere regularmente a la importancia de hábitos como la honestidad, la confianza y el comportamiento respetuoso con los demás para la cooperación social. Tiene razón al hacerlo. Pero los socialdemócratas han confiado tradicionalmente en el gobierno para configurar el orden social, no en la sociedad civil. El consiguiente aumento del poder del Estado y la burocratización de la sociedad subvierten la rica ecología de las familias y las comunidades y asociaciones ascendentes, en las que esos hábitos se enseñan e interiorizan mejor.

Una fe inquebrantable en el Estado

Ahí radica el problema más profundo del libro de Stiglitz. Al igual que muchos de sus compañeros de viaje de la izquierda y la nueva derecha, Stiglitz no cree que podamos confiar en que la gente corriente que opera en un contexto de Estado de derecho, gobierno constitucionalmente limitado, normas probadas y una sociedad civil rica tome sus propias decisiones como mejor le parezca. A pesar del deseo de Stiglitz de trazar un nuevo camino hacia la libertad, la agenda política que subyace en este libro no es la de la renovación o el rejuvenecimiento. Por el contrario, refleja una fe keynesiana anticuada en el Estado: una fe que siempre ha encajado mal en el experimento estadounidense de libertad del que Stiglitz es claramente escéptico.

Sí, las personas libres cometerán errores. Pero sus errores no serán tan devastadores para la sociedad como los cometidos por los dirigistas, desde Keynes a Stiglitz, que creen que pueden rediseñar un mundo mejor desde arriba y quieren el poder para hacerlo. Estos “hombres de sistema”, como los llamaba Adam Smith, tampoco están dispuestos a admitir el fracaso de sus ideas y políticas, y mucho menos a corregirlas. Ahí reside el significado eterno de la advertencia de Hayek sobre las tentaciones asociadas a los elogios, incluso por un trabajo realmente sobresaliente. Son el camino hacia la arrogancia, y las consecuencias para la libertad y la justicia de la falta de humildad son siempre nefastas.

Ver también

Joseph stiglitz. (Carlos Rodríguez Braun).

¡Menos mal que tenemos a Stiglitz! (María Blanco).

Paradojas Stiglitzianas. (José Carlos Rodríguez).

El rezo cristiano obligatorio no tiene cabida en la educación moderna

Por Stephen Evans. El artículo El rezo cristiano obligatorio no tiene cabida en la educación moderna fue publicado originalmente en CapX.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que confirma la decisión de la Michaela Community School de restringir los rituales de oración de los alumnos musulmanes, pone en tela de juicio la obligación legal de todas las escuelas de ofrecer un culto cristiano. La ley que obliga a todas las escuelas públicas inglesas a celebrar actos colectivos diarios de culto “ampliamente cristiano” está en vigor desde hace 80 años. Existen leyes similares en Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Debería ser obvio para todos que estas leyes arcaicas deben ser eliminadas.

A los responsables de la gestión de las escuelas les gustaría ver abolida la ley. Una nueva encuesta encargada por la National Secular Society ha revelado que más de dos de cada tres directores de escuelas públicas no apoyan una ley que exige actos diarios de culto colectivo en la escuela. Un notable 70% de los directores no está de acuerdo con una ley que están obligados a respetar.

Una norma que no se cumple

Esto probablemente explica la alta tasa de incumplimiento. En otra encuesta realizada por Teacher Tapp en 2022 a más de 7.600 profesores de centros públicos de Inglaterra, el 66% afirmó no celebrar actos de culto colectivo a diario. Entre las escuelas no religiosas, esta cifra se eleva al 79%, y al 84% entre las escuelas secundarias.

El incumplimiento no es nada nuevo. En 1994, el entonces Secretario de Educación, John Patten, lamentó “con profunda preocupación” que el culto no se celebrara “con la frecuencia requerida”. Patten publicó unas directrices para remediar la situación, que describió como un posible “punto de inflexión en la vida espiritual del país”.

Las directrices definen el culto como “la reverencia o veneración a un ser o poder divino” y aclaran la posición jurídica de que el culto debe ser “ampliamente cristiano”. Decía que “la simple asistencia pasiva” no era suficiente; la ley dice que los niños deben “participar”.

Esta orientación casi teocrática, que sigue vigente, fue controvertida en su momento. La Association of Teachers and Lecturers (Asociación de Profesores y Conferenciantes) se preguntó por qué “se utilizaban las directrices para promulgar las predilecciones personales de los ministros”. El sindicato NASUWT acusó al Gobierno de “imponer el cristianismo a todos los alumnos”.

La predicción de John Patten de un “punto de inflexión espiritual” resultó ser una mera ilusión. La creencia y la práctica cristianas siguieron disminuyendo. El cristianismo es ahora una religión minoritaria, con sólo un 0,9% de la población que acude a los servicios anglicanos un domingo normal. En este contexto, la ley parece más absurda que nunca.

Imponerse al criterio de los padres

Cuando se impone el culto, se usurpan los derechos de los padres y se socava la libertad de los niños para desarrollar sus propias creencias. La Ley de Igualdad debería haber puesto fin a la imposición del culto en 2010. Pero en lugar de que la Ley protegiera a los niños de ser presionados para rezar o participar en actividades religiosas, las iglesias obtuvieron exenciones legales, permitiendo que el culto continuara.

El comité de derechos del niño de la ONU comenzó a pedir al Reino Unido que aboliera el culto obligatorio en las escuelas en 2016. Pero como suele ocurrir cuando la religión y los derechos de los niños chocan, el Gobierno ha decidido que los derechos de los niños son secundarios frente a los intereses religiosos creados. Para un país al que le gusta considerarse un faro de la libertad de religión o creencia, las leyes que obligan al culto son un grave punto ciego.

Los laicistas que han planteado esta cuestión a funcionarios del Gobierno durante muchos años se han encontrado con una intransigencia total. Más recientemente, el ministro responsable de las escuelas religiosas respondió a nuestras pruebas de incumplimiento diciendo: “A pesar de los resultados de la encuesta, mantengo que el culto colectivo es una parte importante de la vida escolar”. Es como tratar con el dueño de la tienda de animales en el sketch del loro muerto de Monty Python.

Derecho de revocación (pin parental)

Los sucesivos ministros de Educación han insistido en que la ley es flexible, pero a las escuelas que desean sustituir el culto colectivo por asambleas laicas se les ha dicho que no pueden. Las escuelas pueden solicitar determinaciones para cambiar la naturaleza del culto, y cada vez lo hacen más, pero el Gobierno dice que “no es permisible que se conceda una exención” para sustituir el culto colectivo por “asambleas no religiosas”.

Existe el derecho paterno de revocación, pero pocos padres desean ejercer un derecho que avergüenza a sus hijos al señalarlos como diferentes. Sólo los alumnos mayores de 16 años pueden retirarse.

El próximo gobierno tiene que sacar la cabeza de la arena y considerar seriamente cómo nuestras escuelas pueden promover mejor la cohesión social y una visión de ciudadanía igualitaria y compartida en una democracia liberal. Un modelo educativo laico e inclusivo es el más justo y apropiado para una población con diversidad religiosa.

La obligación legal de que las escuelas impartan culto no es propia del siglo XXI. Reunir a la comunidad escolar en asambleas periódicas puede ser útil para transmitir valores sociales compartidos y considerar cuestiones morales. Pero obligar a las escuelas a celebrar actos de culto religioso no es útil ni deseable para lograr estos objetivos. Esta ley fosilizada no tiene base moral ni educativa. Los profesores no la apoyan y muchas escuelas la desobedecen. Es hora de que los legisladores reconozcan el carácter de letra muerta de esta legislación obsoleta y la deroguen.

Pin parental y libertad de los menores. (Juan Ramón Rallo).

Cataluña, ante su declive económico

El nuevo informe del Instituto Juan de Mariana, titulado “Cataluña, ante su declive económico”, pone de manifiesto el impacto negativo que ha tenido en la economía catalana la confluencia de una política excesivamente intervencionista con un proceso independentista que ha aumentado la inseguridad jurídica.

El resultado de esta pinza letal ha sido un declive que resulta especialmente acusado al comparar su desempeño con el de Madrid, donde se han venido aplicando políticas económicas de corte liberal y con una clara vocación de ofrecer confianza a inversores, empresarios y familias. El resultado de esta divergencia ha sido un preocupante declive económico de Cataluña, tal y como reflejan los siguientes indicadores:

  • El PIB de Madrid ya es 7.500 millones superior al de Cataluña, a pesar de que la población de la primera comunidad es inferior a la de la segunda en un millón de personas.
  • La brecha de PIB per cápita entre Madrid y Cataluña se ha multiplicado por seis en las tres últimas décadas y ya se sitúa en el entorno de los 6.000 euros (38.435 euros en Madrid, 32.550 en Cataluña).
  • El grado de libertad económica observado en Cataluña es un 25-30% menor que el de Madrid. Además, los indicadores de competitividad regional de la Comisión Europea asignan una puntuación 10 veces mayor al marco institucional madrileño que al catalán.
  • El PIB de Madrid ha subido un 11% desde 2017, frente al 7,2% observado en Cataluña, que se sitúa por debajo del promedio nacional, del 7,8%.
  • Madrid recibió en 2023 el 54,3% de la inversión extranjera que llegó a España, más que triplicando el 16,4% de Cataluña. En 2016, un año antes del 1-O, Cataluña captó más de 8.300 millones de capital foráneo, pero el promedio para 2017-2023 es ligeramente inferior a 3.800 millones anuales, es decir, un 55% menos.
  • Más de 8.700 empresas cambiaron su sede social para salir de Cataluña tras el 1-O. La lista incluye a grandes multinacionales, filiales de corporaciones extranjeras y miles de pymes.
  • Cataluña tiene el triple de impuestos propios que la comunidad promedio. Sus tramos autonómicos en el IRPF se mueven entre el 12% y el 25,5% de modo que rentas bajas y altas pagan más al fisco que en Madrid (9%-21%) o Andalucía (9,75%-23,3%). De hecho, la presión fiscal normativa en Cataluña supera la media autonómica en un 24%.
  • Las aportaciones fiscales de Cataluña al Fondo de Garantía son de 1.479 millones, por debajo de los 5.357 millones que inyecta Madrid.
  • La deuda autonómica de Cataluña supera el 30% de su PIB y es la tercera más alta de todo el mapa autonómico, situándose muy por encima del 13% en Madrid, el 16,2% de Galicia o el 19,5% de Andalucía.
  • Hace quince años, la deuda de Cataluña superaba a la madrileña por menos de 10.000 millones, pero ese diferencial ronda ahora los 50.000 millones. El 84% de la deuda catalana ha sido financiada por el Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
  • Aunque Pedro Sánchez aumentó el presupuesto de inversiones en Cataluña, la ejecución de tales compromisos ha caído del 74,9% al 35,8%. Más allá de la propaganda, apenas hay un impacto real.
  • Los indicadores de salud, como las listas de espera, y de educación, como el informe PISA, arrojan un desempeño mucho más favorable en Madrid que en Cataluña.

Las elecciones autonómicas del próximo 12 de mayo no van a revertir el declive económico de Cataluña si no precipitan un cambio en la política económica y el contexto institucional.
En la medida en que se siga exacerbando la pérdida de libertad económica y el incremento de la inseguridad jurídica, los resultados seguirán reflejando un desempeño cada vez más decepcionante. El proceso que más debe preocupar a los catalanes si desean mejorar su nivel de vida es uno basado en recuperar el terreno que Cataluña ha perdido en los ámbitos de la liberalización económica y la seguridad jurídica.

Descargar el informe.

La quinta libertad del doctor Letta

Que las perspectivas económicas de la Unión Europea son lamentables, no lo duda nadie. Que ello se debe a la hiperregulación, muchas veces producto de la persecución de objetivos políticos como la transición digital o ecológica, lo empiezan a sospechar una mayoría de europeos. En este contexto, y en el del comienzo de un nuevo ciclo político con las cercanas elecciones europeas, se esperaba con gran expectación en círculos de burócratas y políticos el informe que la Comisión Europea junto con algunos estados miembro habían encargado el señor Enrico Letta sobre el Mercado Único[1].

Del Mercado Único ya hablé aquí hace unos cuantos meses. No cabe duda de que el gran éxito de la Unión Europea se ha construido sobre este concepto, que es genuinamente económico. El Mercado Único es un espacio en que se dan las llamadas cuatro libertades de circulación: circulación de bienes, de servicios, de capitales y de personas. Como se desprende de la definición, es una construcción que incrementa las libertades de los europeos, y por ello supuso un éxito económico sin precedentes, en coherencia con lo que la teoría económica nos anticipa.

Profundizar en el Mercado Único parece, lógicamente, la manera de mejorar aún más el bienestar, y a eso trata de dedicar su informe el señor Letta. Pero, ¿cómo se profundiza en las libertades antes enumeradas? Parece obvio que habrá que buscar los obstáculos legales que existan a las citadas circulaciones, y proponer que se eliminen. Así es como empezó todo, con la eliminación de los aranceles al acero y al carbón que promovió la antigua CECA.

La Comisión Europea contra el Mercado Único

Lo que ocurre es que en la actualidad la mayor parte de los obstáculos legales a las cuatro libertades vienen de la regulación de la propia Comisión Europea en busca de objetivos políticos como los aludidos en el primer párrafo, de los que estamos todos un poco saturados, y cuesta ver su contribución a nuestro bienestar.

En todo caso, para el señor Letta las cuatro libertades del Mercado Único no son suficientes, y esto es así porque “El marco del Mercado Único, enraizado en la definición de las cuatro libertades (…) está basado fundamentalmente en principios teóricos del siglo XX[2]”. Y puesto que el concepto de Mercado Único es económico, los principios teóricos a los que se refiere Letta han de ser necesariamente económicos.

Hay que preguntarse, por tanto, si la teoría económica del siglo XXI es distinta de la del siglo XX. A lo que los economistas tendríamos que responder que no: el ser humano, causa y explicación última de los fenómenos económicos, no ha evolucionado en sus estructuras físicas y psíquicas, aunque hayan variado radicalmente sus preferencias. En otras palabras, nadie ha propuesto una nueva teoría del valor desde la marginalista en 1871, y eso es porque la teoría del valor sigue estando tan vigente en el siglo XXI como lo estaba en el XX y desde que el Homo sapiens es Homo sapiens.

Una quinta “libertad”

¿Y cuál es esta propuesta estelar basada en los principios teóricos del siglo XXI? El establecimiento de una quinta libertad: una libertad que “mejore la investigación, la innovación y la educación en el Mercado Único[3]. ¿Libertad de qué? No acaba de quedar claro. ¿Acaso no tenemos los europeos libertad para mejorar dichos aspectos de nuestra vida sin que se haga nada al respecto?

La cosa empeora cuando, a continuación, Letta nos explica qué clase de iniciativas él considera que ahondan en dicha libertad. El lector comprobará con desmayo que se trata de regulación, regulación y más regulación, y además la que afecta a los sectores tecnológicos punteros. Letta recoge como ejemplos el Digital Market Act, el Digital Services Act, el Artificial Inteligence Act, el Data Act y el Data Governance Act. Ninguna de estas normas incrementa la libertad de innovar o investigar, sino todo lo contrario, ponen límites arbitrarios a las cosas que pueden hacer los emprendedores en la Unión Europea, y su consecuencia es el tristísimo papel que tiene en estos momentos la región en los mercados relacionados con Internet.

Trastocar los principios del mercado único

Pero, claro, como para él estas normas alimentan su quinta libertad, propone un camino similar para la computación cuántica, la biotecnología, la biorrobótica y el espacio, entre otros. Evidentemente, de seguirse sus consejos, ocurriría lo mismo en estos prometedores mercados, que lo que ya hemos visto que ha pasado en Internet.

Si el señor Letta considera que en la Unión Europea no existe libertad para investigar, innovar o educarse, lo coherente es que proponga que se elimine la regulación que limita dichas libertades, y no que la ponga como ejemplo para incrementar aquella libertad que precisamente están limitando.

Aunque le pese a Letta, los principios teóricos del siglo XX siguen siendo válidos en el siglo XXI. Y esos principios nos dicen que a mayor libertad, mayor innovación, mayor progreso y mayor riqueza. No son meros principios teóricos. Se han probado una y otra vez hasta la saciedad, siendo una prueba más de su vigencia el propio Mercado Único europeo. Esta es la verdadera ruta hacia la prosperidad, y no una falsa quinta libertad que camufle nuevos delirios intervencionistas.

Notas

[1] Disponible aquí.

[2]The Single Market framework, rooted in the definition of the four freedoms, – the free movement of people, goods, services and capital – is fundamentally based on 20th-century theoretical principles.” (Pág. 7, traducción propia)

[3]to enhance research, innovation and education in the Single Market.” (traducción propia).

Ver también

El señuelo del mercado único europeo. (Fernando Herrera).

Nuevos ataques contra la privacidad y la libertad

El pasado 24 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrestó a Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, los desarrolladores del mezclador whirlpool del monedero Samourai para Bitcoin. Se ha justificado el arresto a estas dos personas alegando que presuntamente habrían colaborado en actividades de blanqueo de capitales a través de whirlpool.

Antes de entrar en materia conviene aclarar que Bitcoin no es un sistema anónimo porque todas las transacciones son públicas y toda transacción tiene al menos un identificador de origen y un identificador de destino. Por tanto, todas las transacciones están enlazadas. Estos identificadores en principio son simples números, pero si se asocia el identificador con la identidad real de su propietario, entonces es posible rastrear sus movimientos e incluso identificar sus saldos.

Problemas de seguridad y privacidad de Bitcoin

Esto es un problema de privacidad importante. Si por ejemplo yo tuviera 1 Bitcoin y quisiera pagar 0,01 en una tienda, se creará una transacción con dos salidas, una de 0,01 para el destinatario y otra de 0,99 para mí. Como las transacciones son públicas, el destinatario podría consultar el origen de la transacción y averiguar mi saldo antes y después de realizar el pago. 

Tratándose Bitcoin de un activo al portador, esto no solo es un problema de privacidad sino también un problema de seguridad importante. Si imaginamos que ese Bitcoin es todo mi patrimonio, la anterior transacción trasladada al mundo del dinero en efectivo sería el equivalente a llevar todo mi patrimonio en mi cartera y enseñarle el contenido al receptor del pago. Si el receptor es alguien sin escrúpulos, podría utilizar esa información para robarme. 

Todo lo anterior hace que mantener la privacidad en Bitcoin sea una tarea enormemente compleja en el entorno regulatorio actual. Por ejemplo, comprar Bitcoin en una entidad que te obliga a facilitar tu nombre y tu dirección implica que cuando retires tus bitcoins de la entidad hacia un monedero personal, cualquiera que tenga acceso a la base de datos de clientes de la entidad podrá asociar tus Bitcoins a tu nombre y dirección. Es decir, saben donde vives y cuantos Bitcoins posees. Teniendo en cuenta que todas las bases de datos de entidades importantes acaban tarde o temprano en manos de criminales, es un auténtico disparate autocustodiar tus Bitcoins si los has comprado en una entidad regulada. Si tienes las claves de acceso en tu casa o los criminales creen que las tienes, pones en gravísimo peligro tu seguridad y la de tu familia.

Estrategias para mejorar la privacidad

Hay diversas estrategias que se pueden llevar a cabo para mejorar la privacidad, como por ejemplo repartir el saldo en transacciones de distintos tamaños y realizar cada pago a partir de transacciones de un tamaño similar al pago para no revelar tu saldo total. Los códigos anónimos de pago o paynyms que sirven para recibir pagos del público sin que nadie pueda saber cuánto recibes ni en qué dirección. O los mezcladores que sirven para desvincular tu Bitcoin de toda transacción anterior. Un mezclador lo que hace es agregar transacciones de varios usuarios y transformarlas en múltiples transacciones de salida idénticas entre sí que no pueden vincularse con su transacción de entrada original. 

Sin entrar en mayores detalles técnicos, creo que es evidente para el lector que utilizar funciones de privacidad es una cuestión de prudencia elemental y de higiene digital. Más de uno dirá que estas funciones de privacidad pueden utilizarse también para evadir impuestos o para fines ilícitos, pero esto es totalmente irrelevante. En el mundo fiat también pueden utilizarse, algoritmos, ordenadores o lápiz y papel para diseñar una estrategia para evadir impuestos, y no por ello es justificable regular y fiscalizar todo uso de tu ordenador o documentos privados.

El FBI solicita que renuncies a tu privacidad

Más aún cuando el Estado demuestra que a diferencia del mundo de ladrillo y cemento, en el mundo digital es incapaz de resolver delitos y de proteger la información que recopila sobre nosotros. A pesar de ello, no parecen tener límites en sus propósitos de control. En coordinación con el departamento de justicia, el FBI emitió una advertencia pública “recomendando” a los ciudadanos que faciliten sus datos personales en sus transacciones con criptomonedas. Un disparate de seguridad aberrante: ¡Que los datos personales de poseedores de activos al portador estén disponibles en bases de datos centralizadas! El FBI sabe perfectamente que esos datos acabarán en manos de delincuentes, pero claramente les importa un comino. Mientras ellos puedan acceder a los datos para controlar al ciudadano, les da exactamente igual que los criminales también puedan acceder a ellos.

Pues bien, el departamento de justicia argumenta que los desarrolladores del mezclador de Samourai organizaban activamente el proceso de mezcla de manera que califican como transmisores de dinero, y en consecuencia, deberían haber solicitado el correspondiente permiso y haber aplicado los procedimientos de prevención de blanqueo de capitales identificando a todos los usuarios que participaban en los procesos de mezcla. Afirman, además, que posiblemente se han blanqueado unos dos mil millones de dólares de fondos ilícitos, y que ellos se habrían lucrado en el proceso.

Samourai y la lucha por la libertad

El trámite judicial que se abre ahora es esencial en la lucha por la libertad. En las cryptowars de los años 90′, los cypherpunks ganaron la batalla al gobierno en los tribunales acogiéndose a la primera enmienda defendiendo que el software es libertad de expresión. Argumentaron que si no se puede prohibir la publicación y distribución de un algoritmo en un libro impreso, pues censurarlo supondría violar la primera enmienda, no hay razón para evitar que exactamente ese mismo texto se pueda distribuir en un medio electrónico.  Además, la ejecución de ese algoritmo no implica nada más allá de introducir texto como entrada y obtener también texto como salida.

Pero a pesar de la derrota sin paliativos hace ya tres décadas, vuelve la cabra al monte arremetiendo contra la privacidad y la libertad. En este caso puede que jurídicamente el gobierno tenga más posibilidades. Porque se trata de transacciones que tienen valor y podrían llegar a argumentar con éxito que determinados bits de información, aparte de ser texto, son una mercancía que se puede comprar, vender o transmitir en un sentido económico. Ocurre lo mismo que con los bits que conforman los datos del saldo de una cuenta corriente de un banco. También tienen a su favor que Samourai ejercía el rol de coordinador y se lucraba cobrando comisiones, de manera que podría entenderse que whirlpool es un servicio y no un simple programa de software.

Útil para ONGs y grupos terroristas

Sin embargo, el argumento de otorgar la naturaleza jurídica de mercancía a un conjunto de bits puede tener muchos problemas. El monedero de Samourai siempre se ha publicitado como una herramienta de privacidad. De hecho, los códigos anónimos de pago (paynyms) que mencionamos anteriormente fueron inventados por ellos y podrían ser utilizados igualmente para recaudar fondos anónimamente por una ONG, por un activista político o por un grupo terrorista para financiarse. En el último caso, ¿Se podría acusar a Hill y Rodríguez de colaboración con banda terrorista por el hecho de haber desarrollado los paynyms

Según tengo entendido, es crucial en este caso que el gobierno demuestre la intención de colaborar en el blanqueo de capitales por parte de los programadores. Si desgraciadamente les acabaran condenando y esta intención quedara bien clara en la sentencia, al menos quedaría la puerta abierta a la posibilidad lícita de desarrollar herramientas de software que permitan el mezclado de unidades Bitcoin con el propósito genérico de conseguir mayor privacidad, siempre y cuando quede bien claro que el propósito de dicho software es ese objetivo genérico, independientemente de la naturaleza lícita o ilícita de los fondos de los usuarios que puedan utilizar este software. 

Poner a prueba la antifragilidad del sistema

La jugada del gobierno americano es ambiciosa, pues si consigue condenar a Hill y Rodríguez asustará a programadores y usuarios a la hora de desarrollar y utilizar cualquier protocolo de ofuscación de transacciones. Pero también es una jugada peligrosa porque al arrinconar a la comunidad de Bitcoin está poniendo a prueba la antifragilidad del sistema, de manera que podría acabar por salir más fuerte ante este ataque si algún programador anónimo acaba desarrollando un protocolo de mezcla totalmente descentralizado que cualquiera pueda utilizar.

Llegados a este punto, será crucial ver cómo los gobiernos van a tratar a los usuarios que utilicen estos protocolos de privacidad, que son en última instancia esencial para la seguridad física de los propietarios de un activo al portador, como es Bitcoin. ¿Defenderán el derecho a la privacidad y la seguridad de los usuarios? Mucho me temo que no. Mucho me temo que redoblarán la coacción para conseguir que cedamos nuestra privacidad y entonces veremos hasta qué punto los ciudadanos agachamos la cabeza o plantamos cara a la coacción estatal.

Ver también

Privacidad y fungibilidad en Bitcoin. (Manuel Polavieja).