Francisco Capella – Psicología y Behavioral Economics
Francisco Capella hablará de Economía conductual.
Francisco Capella hablará de Economía conductual.
Francisco Capella regresa el 29/11/2014 a la sede del Instituto Juan de Mariana para hablarnos de Economía conductual (behavioral economics): heurísiticas, sesgos y errores sistemáticos en la toma de decisiones.
Francisco Capella regresa el 29-11-2014 a la sede del Instituto Juan de Mariana para hablarnos de Economía conductual (behavioral economics): heurísiticas, sesgos y errores sistemáticos en la toma de decisiones.
Obama, en su pulsión reguladora, ha lanzado a la Federal Communications Comission (FCC) a que regule Internet. La ley de las consecuencias inesperadas predice el desastre. Con la excusa de forzar su neutralidad, Internet podría quedar regulada con la misma legislación que en los años 30 la telefonía.
Bajo esta nueva legislación la FCC haría de policía de tráfico. Interferiría con los proveedores de internet controlándoles la infraestructura, las tarifas, los niveles de acceso, etc. Cambiamos competencia comercial por discrecionalidad del regulador, que es lo que en el fondo el dictadorzuelo burocrático necesita para justificar su propia existencia.
Esto implicaría que terminarían entorpeciendo nuevas tecnologías, productos y servicios, paralizando uno de los sectores más vibrantes del Siglo XXl hasta ponerlo a velocidad de burocracia. Un futuro daño irreparable. Aunque las regulaciones inicialmente parezcan nimias, sabemos cuándo se empieza a regular pero no cuando se acaba. Y lo que ignoramos son las consecuencias imprevisibles.
La Red cambió el mundo y lo hizo sin intervención. Ha dado un fantástico servicio. Que no la toquen. No violemos la primera “ley” de la informática. “Si no está roto, no lo arregles”.
Si pagamos distinto por la velocidad de descarga. ¿No debería suceder lo mismo con la velocidad de subida? Si necesito enviar una carta rápidamente, ¿nos negarían por ley el derecho a pagar un servicio de mensajería urgente? Sería como declarar ilegales a Fedex, UPS, Seur.
Si el ejemplo cunde a nivel internacional, tendrán la excusa para crear todo un enjambre de normativas en cada país las cuales además entrarán en conflicto.
Primero empezarán regulando el tráfico, luego el precio y después el contenido. Imaginemos que estamos viendo un vídeo de un servidor americano. Por diseño, internet envía la información troceada en paquetes y cada uno puede tomar distinta ruta. ¿Cada país le aplicaría distintas restricciones y velocidades a cada trozo de información según por donde pase ese paquete? Guerra arancelaria versión Internet.
La pretensión de neutralidad implica que todos tengan los mismos derechos, sea un pequeño blog o un gigante como YouTube. En principio esto suena bien. Pero es como decir que todos paguemos el mismo recibo de la luz, gastemos lo que gastemos. Todos igual, un pequeño taller o una gran fábrica.
Estas disquisiciones de neutralidad, de ancho de banda y prioridades las debe resolver el mercado. Y lo hará por el lado de la oferta. Los actores mejorarán sus servicios con nuevas fibras ópticas y nuevas tecnologías. Si el cliente no está satisfecho con la estrategia de tráfico que tiene su proveedor simplemente cambiará a otro. Y será el mercado el que decida. El usuario votando con su cartera.
De hecho esto ya ocurre, muchos hogares tienen varios proveedores simultáneos de internet. Uno por cable y tres o cuatro distintos en el teléfono móvil de cada miembro de la familia. Cada cual con distintos precios y servicios.
¿Se acuerda alguien de MINITEL? MINITEL fue una difunta iniciativa de France Telecom. Era una especie de precaria protointernet (solo texto) de los años 80. La idea no era mala. Pero estaba regulada hasta las cejas y subvencionada por el gobierno francés, que casi regalaba los terminales. Era necesario obtener una licencia para subir contenidos. ¿Te imaginas una licencia para ser blogger?
La Internet que conocemos está viva de milagro. Los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001 sirvieron para justificar operaciones masivas de control de Internet y de correos electrónicos por diversas agencias de seguridad americanas. Pero para entonces Internet ya era robusta, tenía masa crítica. ¿Qué hubiese ocurrido con la Red si el atentado se hubiese adelantado una década? Justo cuando estaba saltando de ser una intranet del mundo científico-militar al mundo comercial.
Internet nació porque se le escapó al regulador de entre los dedos. El mercado fue más rápido. Al menos en su expresión comercial, abierta al público y libre que hoy nos es habitual. La Red tenía todas las papeletas para ser maniatada o censurada: narcotráfico, violaciones de copyright, blanqueo de capitales, pornografía infantil, pederastia, terrorismo, fabricación de explosivos, tráfico de armas, etc. Podría existir otra red. Sería Orwelliana. Todo se habría diseñado para evitar el anonimato, direcciones IP estáticas y nominativas, obtención de licencia para introducir contenidos, identificación de la CPU, otro muy distinto protocolo TCP/IP. Y un largo etcétera.
No regulemos. Es el mercado -el usuario- el que debe decidir la política de tráfico de su proveedor. Y si no le gusta, cambiar a otro. Los proveedores competirán por los clientes, por los contenidos y por satisfacer velozmente a todos.
Y lo siento. No, no somos iguales. Esta página web del Instituto Juan de Mariana no puede tener el mismo trato que YouTube. Esta página carga en segundos y los grandes necesitan un “cañón” de ancho de banda.
Pero en un mercado libre esto es bueno para grandes y pequeños. Si por ley tuviésemos “café para todos”, YouTube (y muchos otros) se verían fatal, a saltos (como hace años). No se disfrutaría de la experiencia, menos red (más tele) y por tanto menos visitas al IJM. Luego ¡qué curioso! Con discriminación, ¡ganamos todos!
En definitiva, Internet libre de leyes. Ni neutral ni parcial, sino todo lo contrario.
Chile está dejando de ser la esperanza latinoamericana. Eso es grave para todos, no sólo para los chilenos.
Durante décadas, especialmente desde la llegada de la democracia a ese país, en 1989 (aunque la transformación había comenzado en época de la dictadura de Pinochet), resultaba obvio que la libertad, el funcionamiento de las instituciones de derecho, la apertura al mundo, la competencia, el mercado y la supremacía de la sociedad civil en el terreno económico habían probado que ése era el camino de la prosperidad para toda América Latina.
En Chile se confirmaba que la democracia liberal era la vía. El país, dentro de ese esquema, se había puesto a la cabeza de América Latina, más de la mitad de la sociedad se inscribía en los niveles sociales medios y la pobreza había pasado del 46 al 12%. Una verdadera proeza.
La nación de la loca geografía –una larga franja de tierra temblorosa situada entre el Pacífico y los Andes– estaba a pocos pasos del umbral del Primer Mundo, definido como las naciones que alcanzan los 25.000 dólares de producción anual per cápita. Bastaba recorrer las calles de Santiago y hablar con las gentes para percibir una sensación de optimismo y progreso mayor que en cualquier otra gran ciudad latinoamericana.
Ese espíritu se está apagando. Los datos de la encuestadora chilena Plaza Pública (Cadem) no dejan lugar a dudas. Un 71% de los ciudadanos piensa que la economía se ha estancado. Sólo un 27% opina lo contrario. Tras dos generaciones de prosperidad anual notable, con pocas contramarchas, el primer año de la presidente Bachelet se saldará con apenas un 1,6% de crecimiento, pese a que Sebastián Piñera le entregó un país que funcionaba a plena máquina.
Naturalmente, eso tiene un costo. Cuando Bachelet llegó al poder, hace sólo ocho meses, un 78% de los chilenos tenía una buena imagen de ella. Hoy sólo la aprecia el 48, mientras su Gobierno es aún más impopular: apenas un 37% lo respalda.
¿Por qué se ha frenado Chile? Fundamentalmente, por una ruptura clarísima sobre el modelo de desarrollo. Los inversionistas locales y extranjeros tienen dudas y se abstienen. Ven a la señora Bachelet más cerca del viejo Chile estatista-populista que de una nación moderna basada en las ideas de la libertad económica, y no pueden evitar una desagradable sensación de deja vu que los retrotrae a los turbulentos años del allendismo.
La perciben como una persona encharcada en las supersticiones ideológicas del distribuicionismo igualitario, obsesionada con el Índice Gini y no con la creación de riquezas, que es lo que realmente importa. Al fin y al cabo, el coeficiente Gini de Venezuela es mejor que el de Chile y no creo que nadie en sus cabales piense que la gravísima situación del manicomio chavista es preferible a la chilena.
Si la presidente Bachelet no rectifica, muy probablemente provocará la salida de la Democracia Cristiana de la coalición de gobierno. Es increíble que esta señora no advierta que la buena experiencia de las ideas de la libertad en su país ha corrido hacia el centro todo el espectro político.
El socialcristianismo de izquierda de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado ya no es lo que era. La democracia cristiana de Frei Ruiz-Tagle es diferente a la de Frei Montalva, su padre, porque entre ambos mundos existe medio siglo de inocultables éxitos liberales y el hundimiento de las recetas estatistas. El socialismo de Ricardo Lago tiene muy poco que ver con el de Salvador Allende, aunque respetuosamente cultive su memoria, porque en el camino de la lucha por la libertad Lago se transformó en un genuino socialdemócrata y enterró el lastre marxista.
En cambio, quienes no se han movido de su posición fanática son los comunistas (esos que Bachelet se empeñó tercamente en llevar a la Concertación), y continúan defendiendo un empobrecedor modelo de sociedad; pero en el pecado ideológico llevan la penitencia: la bonita Camila Vallejo, quien era muy popular cuando figuraba como revoltosa líder estudiantil de la oposición, tras pasar al Parlamento, hoy apenas tiene el aprecio del 3% de los chilenos.
Ojalá Chile retorne al carril del sentido común y el buen gobierno. Fue un faro para orientar a los latinoamericanos. Perderlo, insisto, nos perjudicará a todos.
Dos ministros en dos meses, la crisis del ébola, la de Monago, la de la banda de Granados, la de Cataluña, el desempleo que no cesa, el déficit desbocado, la deuda en máximos históricos… y Rajoy tan fresco. Por lo que se ve, ser presidente de Gobierno no era algo tan difícil. Tras tres años de despropósito continuado, de sorayaje irrestricto, de saqueo fiscal y desvergüenza, el Gobierno sigue como el primer día, aquel viernes de diciembre de 2011 cuando el infame Montoro nos sacudió el mayor rejonazo impositivo de la historia; y no de la democracia como dicen los cursis, sino de la propia España.
Ni el Conde-Duque de Olivares en plena guerra de los Treinta Años se había atrevido a tanto. Y eso que el Conde-Duque disponía de poder absoluto y nunca prometió bajar los impuestos, cosa que Rajoy sí que hizo en repetidas ocasiones. A causa de su voracidad fiscal, el Conde-Duque tuvo que enfrentar una rebelión en Cataluña, otra en Portugal y otra más, de propina, en Andalucía. Ahora, en cambio, el aborregamiento es general. Ni un gemido. Pagamos y a otra cosa. Hasta los hubo que justificaron al ladrón alegando que el de antes había dejado tiesas las cuentas.
En todo este tiempo de penumbras lo único que ha preocupado de verdad a Rajoy es la prima de riesgo, esa medida indirecta del coste en el que el Estado incurre para endeudarse, perdón, para endeudarnos, porque el Estado, ese ente abstracto y perverso por naturaleza, tira siempre con el dinero que nosotros –a la fuerza– le entregamos. La política económica de Rajoy podría resumirse en una sola línea: mantenernos nosotros, los funcionarios y su armatoste estatal, a cualquier coste. Doy fe que lo ha conseguido. Hoy el Estado es mayor que en 2007, gasta más y ha entrado en una nueva fase hiperreguladora fruto de la incontenible verborrea sorayesca. La consecuencia más visible es que todos los demás, todos los que no somos Estado, gastamos menos o directamente no gastamos nada. Resumiendo, lo nuestro es suyo.
Con la recaudación gripada, el sacrosanto objetivo de mantener a la casta burocrática al margen de la crisis sólo podía conseguirse mediante una compulsiva emisión de deuda. Miles de millones de euros mensuales, semana tras semana, para dar de comer al monstruito. De ahí las preocupaciones en agosto de 2012, cuando el tipo de los bonos se fue al 6%. De haberse mantenido nos hubiésemos librado de esta pesadilla mucho antes. El barbas, un ser emocionalmente disminuido, un burócrata de cuna pasado por el politiqueo y el navajazo, incapaz de todo empeño menos el de librar venganzas personales, no hubiera podido continuar en la Moncloa. Una bendición. Al Estado no le hubiera quedado otra que reducir el gasto, situarlo a la par de los ingresos ordinarios de la Hacienda, que de eso y no otra cosa iba el control del déficit que le pedían desde Bruselas.
Pero, ¡ay! el mercado de deuda es demasiada tentación para un inútil que, además de venir con el equipaje de ideas equivocado, se cree un genio. España podría haber resistido, pongamos, a un bobo de remate como Floriano, o incluso a un golfante del subgénero pragmático tipo Felipe González. Con mejor o peor humor se habrían avenido a razones. Pero nos ha tocado la china. Así que mientras la prima aguante aguantará el patán.
La elaboración del nuevo programa económico por parte de Podemos se asienta sobre la base de un diagnóstico que, no por ampliamente extendido, resulta menos erróneo. En concreto, la explicación es la siguiente: el decrecimiento de las rentas salariales a lo largo de las últimas décadas empujó a los trabajadores a endeudarse para poder estabilizar sus niveles de consumo y bienestar; este endeudamiento fue el responsable de la burbuja inmobiliaria que terminó condenando a España a una situación de producción atrofiada y de endeudamiento hipertrofiado; una vez colapsada la burbuja, el gasto interno de España —sustentado precisamente sobre el endeudamiento burbujístico insostenible— se vino abajo, generando millones de parados que han socavado aún más la demanda agregada de la economía; a su vez, los planes de ajuste de los distintos gobiernos, inspirados en un absurdamente germano austericidio, agravaron todavía más esta contracción de la demanda interna.
Llegados aquí, el recetario keynesiano se impone casi por sentido común: si el problema es el colapso de la demanda agregada, toca aumentar salarios para que los trabajadores gasten más, toca fomentar el crédito para que las pymes vuelvan a invertir y toca incrementar el gasto público (con cargo a la deuda o a impuestos sobre unos ricos avariciosos que acaparan el dinero en lugar de ponerlo en circulación). Sucede que, como decíamos, semejante programa económico adquiere su justificación en el mentado diagnóstico inicial y ese diagnóstico inicial es del todo erróneo.
Las rentas salariales no se han reducido
El presupuesto de partida que emplea Podemos yerra: el peso de las rentas salariales dentro del PIB no ha decrecido durante los últimos años. Si las estadísticas oficiales reflejan este descenso de las rentas salariales frente a las rentas del capital es por dos motivos: uno, las rentas del capital incluyen la depreciación del stock agregado de capital, por lo que las sobreexpansiones pasadas de la inversión se traducen en mayores cuotas de depreciación presentes y, por tanto, en mayores rentas brutas del capital presentes; dos, las rentas del capital también incluyen la imputación de rentas inmobiliarias, por lo que un incremento del número de viviendas en propiedad genera un aumento contable de las rentas del capital.
En suma, lo que muestran los datos no es una expansiva pauperización de los trabajadores a manos de los capitalistas, sino el resultado de un boom crediticio dirigido a financiar un incremento de la inversión en bienes de capital y en vivienda. De hecho, los salarios reales medios subieron ligeramente entre 2001 y 2007: según la Encuesta anual de coste laboral, pasaron en términos nominales desde 16.561 euros anuales a 20.246 euros (es decir, pasaron en términos reales desde el equivalente a 20.088 euros a 20.246).
Los salarios no generan deuda ni burbujas
Con independencia de la evolución que hayan seguido los salarios, es menester aclarar que éstos no guardan relación alguna con la formación de una burbuja inmobiliaria. Acaso podría haber tenido algún sentido vincular a los bajos salarios un auge del endeudamiento destinado a estabilizar los niveles de consumo corriente: pero no lo tiene cuando la deuda se destinó predominantemente a la adquisición de vivienda. Y es que una vivienda es un bien de consumo duradero que la inmensa mayoría de ciudadanos necesita comprarse a crédito por mucho que aumenten sus salarios. ¿O acaso si los salarios reales se hubiesen incrementado un 20% al año entre 2001 y 2007 los españoles habrían dejado de hipotecarse (ya sea porque hubiesen dejado de desear viviendas o porque las hubiesen podido comprar sin necesidad de endeudarse)? No, desde luego que no: de hecho, unos salarios más altos muy probablemente habrían alimentado una burbuja inmobiliaria incluso mayor (pues los bancos podrían haber sido aún más espléndidos concediendo crédito).
Asimismo, e incluso asumiendo que los bajos salarios sí indujeran una mayor demanda de crédito por parte de los ciudadanos, si la oferta de crédito hubiese sido todo lo rígida que debería haber sido, esa mayor demanda de crédito no se habría podido materializar en una orgía de endeudamiento barato. Por consiguiente, la causa última de la expansión crediticia cabe hallarla en la endiablada organización de nuestro sistema financiero, en cuya cúspide se encuentra un monopolio estatal llamado banco central.
En cualquier caso, la génesis de nuestro boom crediticio no está vinculado a la evolución de los salarios: éstos no sólo no se redujeron sino que aumentaron ligeramente y, en todo caso, la demanda de vivienda a crédito no guarda relación con el nivel salarial. La causa de nuestro boom crediticio fue la artificial reducción de tipos de interés capitaneada desde 2001 por la Reserva Federal de EEUU y elBanco Central Europeo: fue esa manipulación deliberada de la provisión de crédito la que empujó a familias y empresas a endeudarse y a distorsionar las bases de nuestro tejido productivo.
El hundimiento de la demanda es un hundimiento de la oferta
Atribuir nuestros problemas actuales a una demanda agregada que ha colapsado como consecuencia del pinchazo de la burbuja crediticia es otro error. Superficialmente, es verdad: lo que ha sucedido es que el gasto total de la economía ha caído toda vez que la gente ha dejado de endeudarse para adquirir vivienda. Pero es necesario mirar más allá de lo superficial: la demanda total de una economía no es otra cosa que su oferta actual (cuando pagamos al contado) o su oferta futura (cuando pagamos a crédito). Es decir, para demandar algo hoy hemos de ofrecer algo hoy (pago al contado) o mañana (pago a crédito).
La economía española funcionaba hasta 2007 cebando su demanda presente con cargo a su oferta futura: a saber, gastábamos en la actualidad endeudándonos con el exterior y prometiéndole a ese exterior que amortizaríamos la deuda con una abundantísima producción futura. El problema es que cuanto más gastábamos a crédito, más distorsionábamos nuestro modelo productivo (escorándolo hacia el ladrillo burbujístico) y menos capaces íbamos siendo de amortizar nuestra deuda con una producción futura inexistente. De ahí que finalmente el flujo de endeudamiento se interrumpiera y que con esa interrupción del crédito cayera la demanda agregada: pero el flujo de endeudamiento se interrumpió por bueno motivos, esto es, por la propia insostenibilidad de nuestra oferta para amortizar nuestra creciente deuda.
Así, nuestra incapacidad actual para seguir gastando a crédito deriva justamente de que no somos lo suficientemente solventes como para devolverlo: y no somos lo suficientemente solventes porque, a su vez, no somos capaces de fabricar los suficientes bienes y servicios futuros que nos permitan amortizar esa deuda.
La austeridad estatal era necesaria por el exceso de deuda
Por último, atribuir las muy moderadas reducciones del gasto público acaecidas desde 2010 a una irracional política de austeridad teutona es otro remarcable error. Evidentemente, la reducción del gasto público en un contexto de hundimiento del gasto privado a crédito tuvo a corto plazo efectos contractivos: si el Estado se endeuda para gastar, por necesidad generará algo de actividad (cuestión distinta es que esa actividad sea saludable: el gasto publico podría, por ejemplo, haber mantenido la burbuja inmobiliaria un par de años más, retrasando la necesaria destrucción de empleo asociado a su pinchazo, mas nadie habría considerado ese gasto público como saludable). Pero la clave del asunto es que no había alternativa a contraer el gasto público a partir de 2010: el tamaño del Estado de 2010 había sido sufragado hasta entonces merced a un volumen de recaudación tributaria insostenible, fruto del falaz expansionismo económico de la época de la burbuja inmobiliaria. Por fuerza debíamos —y aún debemos— redimensionar el tamaño del sector público para así adaptarlo a una etapa post-burbuja con una recaudación fiscal mucho más moderada.
La imperiosa necesidad de este ajuste fue volviéndose cada vez más acuciante conforme el volumen de deuda pública iba alcanzando cotas cada menos manejables: tan inmanejables que ahora mismo los propios economistas de Podemos reconocen que acaso no quede otro remedio que reestructurar la deuda. Pero si hoy no queda otro remedio que reestructurar la deuda es que ayer nos estábamos endeudando a un ritmo demasiado alto, por lo que no quedaba otro remedio que reducir ese excesivo ritmo de endeudamiento.
Por consiguiente, aun cuando a corto plazo los ajustes del gasto público fueran contractivos, no había alternativa salvo la que finalmente se siguió de manera fraudulenta: obviar los problemas, seguir endeudándonos y, una vez colocados los pasivos a acreedores ingenuos, amenazar con impagarles esa deuda por insostenible.
Del mal diagnóstico a la mala receta
Evidentemente, el mal diagnóstico de nuestros males va parejo a una mala prescripción de soluciones por parte de Podemos: si la causa de los problemas de España no fueron los bajos salarios, incrementar los salarios no será la solución (al contrario, hará que el desempleo se incremente todavía más); si la causa de nuestros problemas no fue el súbito e injustificado parón del crédito, arbitrar políticas que fomenten nuevas rondas de endeudamiento privado no será la solución (al contrario, agravará todavía más la insolvencia relativa de nuestras familias y empresas); si la causa de nuestros problemas no fue la insuficiencia de gasto público sino su exceso, volver a incrementarlo no será la solución: ni incrementarlo con cargo al endeudamiento público (abocaría al sector público a la quiebra) ni incrementarlo con cargo a nuevos impuestos sobre el capital (rapiñaría la materia prima necesaria para amortizar nuestra deuda y para transformar nuestro modelo productivo: el ahorro).
España no necesita políticas de demanda basadas en el sobreendeudamiento y el sobregasto público y privado, sino que requiere de una profunda reestructuración de su oferta acompañado de un desapalancamiento público y privado que refuerce la solvencia del conjunto de la economía. Para favorecer esa reestructuración productiva y ese desapalancamiento necesitamosflexibilidad por el lado de la oferta (incluyendo en materia salarial) y muy sustanciales volúmenes de ahorro —público y privado— que permitan financiar el nuevo modelo productivo y la amortización anticipada de la deuda. Nada de esto —y sí todo lo contrario— nos ofrece Podemos, como tampoco nada de ello nos ofrecieron PP y PSOE: por eso el programa de Podemos está condenado a fracasar estrepitosamente al igual que fracasaron los del PP y PSOE.
Uno de los males de nuestras democracias es el poder ilimitado que han alcanzado. La democracia, legitimada como voluntad popular, tiende a ser considerada un poder que no se puede limitar pues supondría limitar la soberanía del pueblo que vota. Esta visión simplista y demagógica de la democracia triunfa en las sociedades en las que la intromisión de la política se ha derramado sobre todos los aspectos de la vida identificando democracia como fin y no como medio. La visión de Rousseau se ha impuesto a través de sus nuevos intérpretes del republicanismo contemporáneo encabezado por Philip Pettit y asumido con entusiasmo por los políticos de todo tipo que debían justificar los votos que pedían en el fin de la historia, cuando las ideologías ya parecían amortizadas.
No se trata por tanto de conseguir una buena gestión ilimitada de lo público sino de protegernos de la intervención de los políticos en nuestras vidas. Nuestros derechos no quedan blindados al aparecer enumerados en un papel sino al establecer mecanismos que impidan a los burócratas decidir en esas áreas de nuestra intimidad sobre la que solo nosotros deberíamos poder decidir.
Una de las peores formas manipulación política es el control de la política fiscal y económica. El curso forzoso de la moneda y su emisión vinculada únicamente a objetivos políticos -legitimados como democráticos- ha puesto en manos de los políticos toda decisión sobre nuestras ganancias y ahorros. No se trata de algo nuevo, ya Juan de Mariana denunció la mutación monetaria, pero al eliminar el patrón oro el único control que mantenía el valor de la nuestras monedas saltó por los aires. ¿Acaso un mandato popular no puede incluso decidir qué debe valer el dinero? No satisfechos con este poder desmedido la nueva economía keynesiana les otorgó la justificación teórica para incurrir en déficit y financiar mediante deuda las políticas públicas de modo que los votantes ya no tenían que aprobar subidas de impuestos -o incluso nuevos impuestos- y ese trago amargo quedaba diluido en el largo plazo. El cortoplacismo del juego democrático unido a la intervención económica contribuyen a la irresponsabilidad fiscal que solo retrasa los problemas pasando de generación en generación esa bomba de deudas que en algún momento estallará como hemos podido comprobar en España y otros países.
De ahí que límites como el que impone el artículo 135 de la Constitución española sean tan importantes. Limitar el endeudamiento y el déficit es responsabilidad democrática para no hipotecar a las generaciones futuras. Atar de manos a los políticos para que nosotros podamos correr cargando menos fardos impuestos. Si quieren ampliar el gasto público que tengan que retratarse pidiendo votos para subir los impuestos sin enmascarar esos objetivos en una huída hacia adelante que al final tenemos que pagar todos.
Limitar constitucionalmente a un gobierno o parlamento no es limitar la democracia, es protegerla; es limitar a los políticos. Limitarles para que no puedan entrometerse en áreas que no deben ser de su competencia para proteger la libertad de los individuos. La democracia, el gobierno de la mayoría impuesto sobre la minoría, es solo un medio para formar gobiernos y tomar decisiones colectivas pero el fin debe ser proteger a la minoría y no debemos olvidar, citando a Ayn Rand, que "la minoría más pequeña del mundo es el individuo. Aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender además ser defensores de las minorías".
Por una vez, y sin que sirva de precedente, no emitiré opinión alguna sobre el programa económico que ha presentado Podemos este jueves. Simplemente, me limitaré a extraer sus principales ejes para que juzguen ustedes mismos y, así, saquen sus propias conclusiones. Por ello, tan sólo les pido que lean atentamente, y hasta el final, los siguientes párrafos y, luego, opinen, si así lo desean.
Para el problema social: NOSOTROS QUEREMOS:
- La promulgación de una ley de Estado que dé a todos los trabajadores una jornada legal de ocho horas de trabajo.
- Salarios mínimos.
- La participación de los representantes de los trabajadores en el funcionamiento técnico de las industrias.
- La administración de las industrias y servicios públicos por las mismas organizaciones proletarias (cuando éstas sean dignas de ello, moral y técnicamente).
- La rápida y completa sistematización de los servicios ferroviarios y todas las compañías del transporte.
- Una modificación necesaria del proyecto de ley de seguridad de invalidez y de jubilación en la que se disminuya el límite de edad propuesto de 65 a 55 años.
Para el problema financiero: NOSOTROS QUEREMOS:
- Un fuerte impuesto extraordinario sobre el capital con carácter progresivo que tenga la forma de una verdadera expropiación de todas las riquezas.
- La confiscación de todos los bienes de las congregaciones religiosas y la abolición de todas las bulas episcopales que constituyen una enorme responsabilidad para la Nación y un privilegio para unos pocos.
Si, llegados a este punto, piensan que el programa que acaban de leer pertenece o, al menos, se asemeja al de Podemos, paren un momento y reflexionen, ya que dicho texto es, en realidad, obra del fascismo italiano que lideró Benito Mussolini y, más concretamente, son las bases fundacionales que recoge el denominado Programa de Sansepolcro.
Continuemos, ahora sí, con las principales medidas económicas que defiende Podemos.
Una vez más, si no han detectado nada extraño en este tipo de propuestas, fuertemente estatistas, deténganse de nuevo porque, en realidad, pertenecen al período económico más negro del franquismo, el régimen autárquico que imperó en España desde el fin de la Guerra Civil hasta bien entrados los años 50.
Muchos de ustedes pensarán que estas medidas, defendidas también por Podemos, son irrealizables dentro de la UE y el euro, pero lo cierto es que, tal y como proclaman sus principales líderes, el partido de Iglesias apuesta, en última instancia, por abandonar la Unión Monetaria, recuperando así la "soberanía" perdida para llevar a cabo su particular plan.
Quizá por esta razón Podemos ha obtenido también la simpatía y apoyo del líder falangista Ricardo Sáenz de Ynestrillas, quien ha comparado el discurso de Pablo Iglesias con la "genuina Falange de José Antonio [Primo de Rivera]", argumentando que es el mismo discurso, pero "dulcificado".
Los extremos se tocan y, en este caso, es evidente que el recalcitrante y liberticida anticapitalismo que profesan los líderes de Podemos y Falange –vean sino este vídeo– no es más que un nuevo reflejo del totalitarismo que asoló medio planeta el pasado siglo. Comunistas y nazis convergen, una vez más, en su plan para anular cualquier atisbo de libertad y humanidad. Iglesias e Ynestrillas son dos caras de la misma moneda, al igual que en su día lo fueron Hitler y el Che.
Y para todos aquellos ilusos y descreídos que sigan negando la evidencia, amparándose en los mensajes buenistas de Podemos y en el calculado distanciamiento de su naturaleza bolivariana, tan sólo advertir que no es la primera vez ni será la última que un aspirante a dictador miente para alcanzar el poder.
Mateo 7:15
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
“Quien invierta en acciones no debería estar demasiado preocupado por las erráticas fluctuaciones en los precios del valor, puesto que a corto plazo el mercado de acciones se comporta como una máquina de votar, pero a largo plazo actúa como una báscula”.
Benjamin Graham.
Una de las figuras más demonizadas por la izquierda, aunque la derecha tampoco se queda atrás, es la del empresario. Sin embargo, cuando nos referimos al inversor, la cosa se pone aún más fea, pues estamos hablando del mismísimo Diablo.
Los empresarios, entendidos como personas creativas que arriesgan su capital para satisfacer a la sociedad en un entorno de libertad y no como seres que se lucran gracias a privilegios en un ambiente coactivo, son los auténticos héroes de nuestra época. Además, son quienes transforman el mundo en un lugar mejor, al ser los encargados de coordinar los distintos desajustes que existen, convirtiéndolos en riqueza, como ha quedado acreditado en multitud de casos: Henry Ford (padre de la producción en serie), Jimmy Wales (Wikipedia), Peter Thiel (PayPal), John Deere (fabricante de maquinaria agrícola), Mark Zuckerberg (Facebook), Reid Hoffman (LinkedIn), Satoshi Nakamoto (Bitcoin) o muchísimos otros más desconocidos para el gran público.
Pero ¿y el inversor? ¿Cumple alguna función social o es realmente Satanás?
Si entendemos por inversor a aquella persona que utiliza privilegios en mercados intervenidos por organizaciones coactivas –ya sea el Estado o cualquier otra- para lucrarse, no sé si se le podría llamar Satanás, pero, desde luego, lo que no se le puede considerar es un inversor.
El inversor, al igual que el empresario, cumple una importantísima función social coordinadora y es pieza clave en el fenómeno de creación de riqueza en nuestras sociedades.
Son bastantes los empresarios que tienen grandes ideas y no pueden llevarlas a cabo por la falta de financiación necesaria o no pocas las empresas -pequeñas, medianas o grandes- que tienen buenos proyectos, pero peligran por la carencia de capital. Es especialmente en estas circunstancias cuando el inversor juega un papel clave en el fenómeno de creación de riqueza, pues, ante esta descoordinación, arriesga su dinero para cooperar con iniciativas que benefician a la sociedad.
El inversor, al igual que el empresario una vez más, puede ser grande o pequeño, eso no es relevante, pues lo importante es que contribuya en la producción de riqueza. El ejemplo más claro es la inversión en bolsa, donde se puede comprar desde una única acción hasta un paquete importante de acciones de una empresa.
Algunos pueden ver a grandes inversores como Benjamin Graham, Peter Lynch, John Templeton o Francisco García Paramés como personas que se han lucrado aprovechándose de los demás, pero esa es una visión totalmente equivocada. Los inversores que más ganan, una vez más al igual que los empresarios, son aquellos que más contribuyen a mejorar la sociedad.
Los inversores arriba citados, por cierto, bajo una estrategia de inversión en valor o value investing, son un claro ejemplo de ello. No sólo han colaborado con sus inversiones en empresas en las que, por distintas circunstancias, el mercado había dejado de creer, sino que además han hecho que muchísimas personas ganaran dinero gracias a ellos.
Llegados a este punto, alguno podría pensar que si de lo que se trata es de financiar grandes ideas o buenas empresas, por qué no es el Estado el que se encarga de ese aspecto. Pues bien, al igual que el Estado no puede realizar el papel descubridor y creativo del empresario, tampoco puede llevar a cabo la función del inversor, pues ni tiene los incentivos adecuados ni posee la información necesaria. Prueba de ello son la multitud de proyectos fallidos de I+D+i o de empresas públicas o privadas que son financiadas con dinero público sin ningún tipo de éxito. Es más, cuando un inversor se equivoca, quien pierde el dinero es él, sin embargo, cuando el Estado juega a ser inversor, quien pierde el dinero es el contribuyente.
Por todo ello, el inversor no solo no es Satanás, sino que cumple una importantísima función en el fenómeno de creación de riqueza. Y para que pueda cumplir tan decisiva misión es fundamental que exista libertad.