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Educación: dos modelos contrapuestos

El tema educativo no ha terminado de definirse y para muchos países se ha convertido en un tabú, en un asunto espinoso difícil de abordar. Vemos países que se hacen llamar capitalistas, pero con un enorme sistema de escuelas de gobierno que absorben recursos exageradamente altos; países socialistas que se precian de darle educación a toda su población, pero que no les produce prosperidad y, al contrario, los nuevos profesionistas huyen a otros países.

No tener claro el tema de compatibilidad ha producido resultados funestos. Gobiernos que abrazan las ideas liberales en lo económico, pero que desarrollan políticas muy activas para construir escuelas públicas y tarde se dan cuenta de que esas escuelas y universidades se convierten en cuarteles de enemigos del capitalismo, que terminan por derrumbar a la economía de mercado para regresar a sociedades autoritarias.

Política educativa liberal

Bajo la luz miseana ya podemos ver que en educación existen dos modelos fundamentales, dos filosofías totalmente contrapuestas que corresponden a proyectos opuestos de nación. Supongamos que un partido político libertario toma el poder y está decidido a conducir a su país hacia una economía libre, capitalista. ¿Cuál debería ser su política educativa?

Desde luego que debe deshacerse de todas las escuelas y universidades gubernamentales, las que viven del erario. Una alternativa es que las declare abolidas, inexistentes, y que deje de mandarles recursos, elimine los ministerios de educación, despida a todo el personal y que cada quien se las arregle como pueda. Es muy posible que los sindicatos se pusieran en huelga y el gobierno liberal lo aprovecharía para dejarlos en huelga toda la vida. Es una decisión compatible con su proyecto capitalista, pero algo doloroso, conflictivo e innecesario.

Privatización

Otra alternativa es la de poner a la venta a todas y cada una de las instituciones educativas para que agentes privados las compren. Quizás una subasta internacional para lograr el mejor precio. Hoy se subastaría la UNAM al mejor postor; mañana la Universidad de Salamanca, luego la Universidad Autónoma de Madrid, etc. Se trataría de evitar que hubiera un comprador único.

Por ejemplo, si los jesuitas quisieran comprar todo, no sería conveniente, pues homogenizaría el pensamiento y se perderían muchos talentos.  El nuevo dueño, Juan Pérez, de la Universidad Autónoma de Madrid, deberá vivir de las cuotas o colegiaturas de los alumnos y prohibir todo subsidio del gobierno para conservar su completa autonomía administrativa, académica y financiera.

Créditos al estudiante

Para garantizar que cualquier joven tenga la posibilidad de educarse, instruirse o hacerse profesional, el sector privado fundaría bancos o sistemas de financiamiento que le otorguen al estudiante crédito suficiente, no solo para pagar la colegiatura de la escuela, sino también para todos los gastos que implican su vida universitaria.

De esta manera, se garantiza el derecho a la educación de todos los que quieran instruirse y, de paso, se elimina un problema moral que arrastra el sistema de “educación gratuita”, que es el de estudiar a costillas del prójimo.

Además de la privatización, el gobierno liberal tendría que abrir las puertas a universidades extranjeras que deseen instalarse en el país. Esto generaría una saludable competencia que terminaría por beneficiar a los alumnos y a la sociedad.

Sociedades por acciones

Otra alternativa de un gobierno pro capitalista sería la de ofrecer en venta cada escuela y universidad a sus propios profesores y directivos, no para hacer cooperativas educativas, sino sociedades anónimas de accionistas. Así, los docentes e investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid se convertirían en socios copropietarios y, por lo tanto, dueños absolutos de esa institución. Ya como propietarios, tendrían que poner en juego todo su talento para que funcionara de manera óptima, creciera y se desarrollara. Cada profesor tendría, doble ingreso: uno por el trabajo diario que realiza y otro por las ganancias de sus acciones.

Y es posible que esa universidad o, más bien, esos nuevos propietarios, emprendieran nuevos negocios o se dispusieran a abrir sucursales en México, Argentina, los EE.UU. u otros países. Desde luego que, para garantizar su autonomía, deberán prohibir que el gobierno les aporte recursos. Y, como están ante un gobierno libertario, no pagarían impuestos.

Es decir, estas universidades, que se manejan como negocios competitivos, deben vivir exclusivamente del mercado: cuotas, colegiaturas, venta de patentes, estudios, asesorías y donaciones privadas. Desde luego que también podrían tener sus propios bancos para ofrecer créditos a alumnos nacionales o extranjeros que quieran formarse en sus aulas.

Sin ministerio

Está por demás decir que un gobierno liberal no tiene necesidad de tener ministerios que controlen la currícula o los planes de estudio de las instituciones, pues ese control lo ejercería el propio mercado educativo. Aquella institución que sea incapaz de ofrecer buenos estudios terminaría por cerrar, por falta de clientes. Y eso sería bueno para toda la sociedad.

El gobierno liberal borraría toda restricción o requisito para aquellos que quieran abrir nuevas instituciones educativas. Así, habrá individuos que quieran iniciar una universidad en el garaje de sus casas. Si su oferta es buena, pronto ocupará toda su casa, luego comprará la casa del vecino y de los que le rodean hasta que logra tener recursos para hacer un edificio en forma, con amplios terrenos y servicios. Así, como cualquier negocio.

Comunismo/fascismo

Por otro lado, si el poder lo toma un partido de orientación comunista, marxista, socialista, o fascista su política será completamente diferente. Empieza por expropiar todas las escuelas y universidades privadas, crea un gran ministerio que tendrá el control de todo lo que se enseña desde preescolar hasta posgrados, los profesores cobrarán sueldo mediante cheques del gobierno, se fomentará la existencia de sindicatos que mantengan controlado a todos los docentes. Prohibirá que se abran escuelas o universidades privadas. En una palabra, construirá un monopolio educativo totalmente controlado por el gobierno, tal como se hizo en la URSS, Cuba y otros.

La experiencia más amarga de tener sistemas incompatibles la podemos ubicar en Chile. El poder político tomó la decisión de caminar por la senda capitalista, pero dejaron el viejo sistema de universidades públicas, Ministerios de educación, escuelas básicas del gobierno y ese fue el caldo de cultivo para formar gente con anhelos estatistas, socialistas, marxistas y terminaron por derrumbar el proyecto liberal.

Así sin Hitler como con Hitler

Vemos el caso de Alemania, que sufrieron mucho con el nazismo hitleriano, se decidieron adoptar una economía de mercado, pero tienen un sistema fuertemente gubernamental en educación, poco diferente al que construyera Adolfo Hitler, es decir, tienen al enemigo en casa. Si bien es cierto que ese enemigo no se ha manifestado abiertamente, pero espera el momento oportuno. Por lo pronto Alemania pierde miles de talentos y recurso innecesariamente.

Francia es otro caso donde el amplio sistema educativo estatal es un freno para el desarrollo capitalista de esa nación.

En toda América Latina se han instalado desde hace un siglo modelos educativos estatales. Se les dedica, de manera inútil, cuantiosos recursos y con ello la destrucción de capital que explica por qué no salen de sus crisis económicas. Como es natural, con sistemas estatales surge la corrupción, opacidad y el desinterés por mejorar, pues tienen el sueldo garantizado.

El esclavo como ideal

El mito de que la educación nada tiene que ver con la economía de mercado o con el socialismo; que todo tiene que ver con la ciencia y que es posible tener un buen sistema educativo administrado por el gobierno, se debe acabar. El modelo educativo debe ser compatible con las aspiraciones nacionales. El modelo educativo debe ser congruente con el modelo económico que adopte un país. Si el objetivo es una economía capitalista, entonces su sistema educativo formará a esa gente emprendedora, hombres de negocios que se arriesgan a invertir, a abrir fuentes de trabajo, a importar, exportar, innovar, etc.

Si la idea es construir un país comunista, entonces solo debe tener escuelas que formen esclavos obedientes, sin iniciativa propia, dispuestos a obedecer los mandatos oficiales, las políticas, leyes y reglamentos del Estado.

Hoy día estamos llenos de estas escuelas llamadas “públicas”, que se convierten en una muralla contra el capitalismo. Por lo tanto, para elegir bien el modelo educativo, necesitamos prioritariamente definir el futuro de nación que queremos: Comunismo o Capitalismo.

Las normas emergentes de justicia de Adam Smith

Por Vernon Smith. Este artículo fue publicado originalmente en Law & Liberty.

Las contribuciones académicas de Adam Smith se refieren a los orígenes, consecuencias y comprensión de la acción humana. Así, en su segundo libro publicado, Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776; WN), Smith sitúa los orígenes de la economía nacional en la propensión universal de los individuos a comerciar, permutar e intercambiar una cosa por otra.

La consecuencia no intencionada de esta propensión es la formación de precios públicos a partir del regateo y la negociación de compradores y vendedores en los mercados. Los compradores acuden al mercado con una disposición máxima de pagar en dinero por bienes particulares y están motivados a comprar barato; los vendedores llevan bienes al mercado, por los cuales tienen una disposición máxima de aceptar dinero, basada en los costos de llevar bienes particulares al mercado, y están motivados a vender caro.

La resolución de este conflicto colectivo genera precios contractuales en las transacciones entre compradores y vendedores, lo que hace públicas estas valoraciones privadas previamente ocultas de disposición a pagar y disposición a aceptar. De hecho, esto llevó al segundo teorema fundamental de Smith, según el cual la especialización está limitada por la extensión del mercado.

La teoría de los sentimientos morales

Las personas, sin darse cuenta ni pretenderlo, encuentran natural utilizar estos precios para “buscar su propio interés a su manera”, al especializarse en sus actividades elegidas, habilidades y desarrollo de su experiencia. De esta manera, se crea riqueza a través de una mayor cooperación de recursos en una vasta red de conexiones que de otra manera no ocurriría. De esta manera, Smith explica el aumento milagroso de la producción nacional y la acumulación de riqueza en el norte de Europa a partir del siglo anterior a él.

No parece ser ampliamente conocido o apreciado, fuera de las especialidades académicas, que en su primer libro publicado, La teoría de los sentimientos morales (1759, TMS), Smith desarrolla una teoría fundamental coherente de la justicia como propiedad relevante para todas las sociedades, hasta el presente, y como una condición previa para este desarrollo económico. Este tema está además respaldado por apuntes de clase tomados por dos de sus estudiantes y publicados más de dos siglos después en Lecciones sobre jurisprudencia (1978; LJ).

La justicia es negativa

La teoría de la propiedad de Smith es una interpretación directa de su concepto de justicia negativa: “Las acciones de tendencia perjudicial que proceden de motivos impropios parecen ser las únicas que merecen castigo; porque solo esas son los objetos aprobados de resentimiento o provocan el resentimiento simpatético del espectador” (TMS, p. 112).

Es negativa porque la forma en que obtenemos más justicia es reduciendo la injusticia, es decir, las acciones perjudiciales.

La justicia se alimenta de la emoción del resentimiento

Nuestra proclividad a vengarnos de quienes nos hieren deliberadamente es tan inmediata y poderosa, y nuestra respuesta tan automática, que podemos golpear sin querer a un objeto inanimado que nos hace daño:

Las causas del dolor y del placer, cualesquiera que sean, o comoquiera que operen, parecen ser los objetos que, en todos los animales, excitan inmediatamente esas dos pasiones de gratitud y resentimiento. [El resentimiento es excitado tanto por objetos inanimados como animados. Nos enfadamos, por un momento, incluso con la piedra que nos hiere. Un niño la golpea, un perro le ladra, un hombre colérico suele maldecirla. La menor reflexión, en efecto, corrige este sentimiento, y pronto nos damos cuenta de que lo que no tiene sentimientos es un objeto de venganza muy impropio. Sin embargo, cuando el daño es muy grande, el objeto que lo causó nos resulta desagradable para siempre, y nos complace quemarlo o destruirlo. Deberíamos tratar de esta manera al instrumento que accidentalmente ha sido la causa de la muerte de un amigo, y a menudo nos creeríamos culpables de una especie de inhumanidad, si omitiéramos descargar sobre él esta absurda forma de venganza.

Adam Smith. The theory of moral sentiments, p 136

Justicia como castigo proporcionado al resentimiento

La violación de la justicia es la violación de las reglas de juego limpio. El resentimiento sentido se proporciona al mal infligido, y la respuesta de castigo justificado se proporciona al resentimiento sentido. En consecuencia, el mayor mal es que una persona cause la muerte de otra. Por lo tanto, la humanidad y los familiares y amigos de la persona asesinada albergan el mayor resentimiento por el asesinato y buscan su castigo máximo.

Ser privado involuntariamente de cosas que nos pertenecen legítimamente

es un mal mayor que decepcionarnos de lo que solo esperamos. La violación de la propiedad, por lo tanto, el robo y el saqueo, que nos quitan lo que poseemos, son delitos mayores que la violación de un contrato, que solo nos decepciona de lo que esperábamos.

Adam Smith. The theory of moral sentiments, p 121

La seguridad como objeto de la prudencia

Con gran perspicacia, Smith invoca aquí su principio (aunque no ofrece referencias cruzadas) de la asimetría experimentada subjetivamente entre las ganancias y las pérdidas, que deriva de una asimetría más fundamental entre la alegría y la tristeza humanas: Para cualquier persona en salud, prosperidad y buena conciencia, poco se puede agregar a su bienestar,

pero mucho se puede quitar. Aunque entre esta condición y el máximo de prosperidad humana, el intervalo es insignificante; entre esta condición y la más profunda miseria, la distancia es inmensa y prodigiosa. La adversidad, por esta razón, deprime necesariamente la mente del sufridor mucho más por debajo de su estado natural que la prosperidad puede elevarlo por encima de él.

Adam Smith. The theory of moral sentiments, p 64

Y mucho más tarde:

Ya se ha observado que sufrimos más cuando pasamos de una situación mejor a una peor que cuando disfrutamos al pasar de una situación peor a una mejor. La seguridad, por lo tanto, es el primer y principal objeto de la prudencia. Es reacio a exponer nuestra salud, fortuna, rango o reputación a cualquier tipo de riesgo. Es más cauteloso que emprendedor y más ansioso por preservar las ventajas que ya poseemos que por impulsarnos a la adquisición de ventajas aún mayores.

Adam Smith. The theory of moral sentiments, p 311

En esta reafirmación, se observa que el sufrimiento está influenciado por las actitudes sociales con respecto al rango y la reputación, y no solo a la salud, la prosperidad y la conciencia. El principio también indica por qué la psicología social humana está sesgada a favor de preservar las ventajas adquiridas y en contra de nuevas ideas e innovaciones con ventajas mayores pero inciertas.

La consecuencia inmediata de la justicia como protección contra el daño es la propiedad:

La protección contra el asesinato implica que el individuo tiene propiedad sobre su cuerpo;
La protección contra el robo implica que uno tiene propiedad sobre los productos de su cuerpo y mente;
La protección contra la violación del contrato implica que los individuos tienen propiedad en las promesas de los demás.

La justicia como compensación a la víctima en gobiernos descentralizados y débiles

Dado que el mayor delito que se puede cometer contra una persona es ser asesinado, en los países civilizados el “castigo natural es la muerte, no como una compensación, sino como una represalia razonable” (LJ, p. 476).

Pero este no era el caso en sociedades antiguas con gobiernos centrales débiles: Así:

Entre las naciones bárbaras, el castigo generalmente ha sido mucho más leve, como una multa pecuniaria. La razón… era la debilidad del gobierno en esos primeros períodos de la sociedad, lo que lo hacía muy delicado para interferir en los asuntos de los individuos. El gobierno, por lo tanto, inicialmente intervenía solo como mediador, para evitar las malas consecuencias… que podrían surgir de esos delitos en el resentimiento de los amigos del asesinado. …Los delitos mismos ya se habían cometido, no había ayuda para eso; lo principal… que la sociedad tendría en cuenta sería evitar las malas consecuencias de ello.

En particular, Smith se refiere al estallido de violencia entre la familia y amigos del fallecido y los del agresor, y en la gestión de estas situaciones era imperativo que las autoridades no intentaran una resolución que fuera inaceptable para las partes involucradas (LJ, p. 106).

Encontramos, en consecuencia, que intervinieron… de manera que en las leyes de todas esas naciones hay una tarifa particular fijada para la expiación que se debe hacer por la muerte de personas de todos los rangos en el estado, desde el rey hasta el esclavo, y esto se llama el “wingild”. Este wingild varía según los diferentes rangos de las personas; para aquellos… de rango superior, sus amigos serían más poderosos y, por lo tanto, más difícilmente apaciguados, ya que tendrían mayores esperanzas de obtener satisfacción (p. 107).

Adam Smith. Lectures in jurisprudence, p 107.

La compensación a la víctima evolucionó hacia un impuesto a medida que el gobierno se fortalecía.

Continuando desde LJ, Smith afirma que: “A medida que los gobiernos de Europa ganaban cada vez más fuerza, se consideraron con derecho a alguna gratificación por su trabajo al intervenir”.

Dado que su intervención era favorable al delincuente, al protegerlo de “aquellos que le quitarían la vida y procurarle” una mejor forma de satisfacerlos, consideraron que tenían derecho a alguna gratificación por esta protección. Esto se llamaba la “libertad-o-gremio-franco”… [que] era mayor o menor según la dignidad de la persona dentro de cuya paz (es decir, jurisdicción) se cometía el delito…

Poco a poco, los soberanos comenzaron a considerarse, al menos en la práctica, como las personas más perjudicadas. Por lo tanto, la adición que se hizo al castigo de los delincuentes no fue a la composición o wingild que correspondía a los amigos del fallecido, sino al gremio franco que correspondía al rey… Sin embargo, los soberanos encontraron que les convenía más, para mantener la paz y la armonía entre sus súbditos, sustituir un castigo capital en lugar de ese gremio franco que les correspondía…

Aunque el rey podía perdonar el castigo capital que le correspondía, como cualquier otro hombre puede perdonar deudas que le corresponden, no podía perdonar esa satisfacción debida a los amigos del fallecido, al igual que no podía excusarlos de cualquier otra deuda que les correspondiera. Porque realmente y verdaderamente es una deuda como cualquier otra debida a contrato. En Inglaterra, donde se sembraron las semillas de la democracia más temprano, {Aquí la pena capital ocupó el lugar no solo del gremio franco debido al rey, sino también del wingild o compensación debido a los amigos del asesinado.} los parientes tenían el poder de procesar independientemente de la corona, y la pena capital seguía a este proceso tanto como la derivada de la autoridad del rey.

Por lo tanto, cuando el rey asumió el derecho de indulto, los parientes del fallecido todavía tenían el derecho de procesar después de este indulto, bajo el nombre de una apelación por sangre, y el castigo capital que seguía a esto el rey no podía perdonar. Este proceso todavía existe, pero rara vez se intenta, porque la legislatura es muy desfavorable a ello y la menor informalidad lo invalida (pp. 109-10).

Adam Smith. Lectures in jurisprudence, p 107.

A esto le sigue en LJ un largo discurso sobre la interrupción de esta evolución natural del gobierno inglés en la implementación de las reglas emergentes de justicia. Esto fue causado por la invasión del rey danés Canuto, quien reinó como rey de Inglaterra de 1016 a 1035. El odio inglés hacia los daneses se manifestó en “esperas” y asesinatos. Entonces, el rey Canuto introdujo una ley que requería la pena de muerte, sustituyendo así la pena capital por la autoridad habitual de la familia y amigos de la víctima. Después de la conquista normanda, esta regla evolucionó hacia “una compensación” en la que “el asesinato premeditado y voluntario de un hombre de cualquier manera… se llama asesinato y siempre se castiga con la muerte” (LJ, p. 110).

Conclusión

Adam Smith representa la pena capital por el delito de asesinato y por delitos menores como el robo y el hurto como una evolución natural en el orden pre-civilizado y explica las formas generales adoptadas por el Estado de derecho en los estados liberales modernos. Lo mismo ocurre con el castigo por violación de contrato, que no es delito, pero puede llevar a la compensación por daños, mediante una transferencia privada del demandado al demandante.

Este último principio es literalmente el de “compensación a la víctima”, que también se consideraba natural para las infracciones penales en las primeras sociedades, donde los gobiernos eran débiles y descentralizados. Las autoridades en estos estados incipientes eran impulsadas principalmente por motivos de mantenimiento de la paz para evitar un estallido de violencia entre la familia y amigos de las víctimas y los de los perpetradores. Por lo tanto, cuando las autoridades aprehendían a un delincuente, se presentaban a la familia y amigos de la víctima para determinar qué hacer.

El propósito principal era evitar la violencia que podría derivarse de este encuentro, y las autoridades estaban dispuestas a llegar a un compromiso que no ofendiera a ninguna de las partes. La consecuencia lógica de este proceso fue una compensación a la víctima, que se convirtió en una multa pecuniaria y, finalmente, en un impuesto que el gobierno cobraba por su intervención. Con el fortalecimiento de los gobiernos, esta compensación evolucionó hacia la pena capital y otros castigos más severos.

Por qué los ‘superricos’ huyen de Noruega a un ritmo histórico

John Miltimore. Este artículo fue publicado originalmente en FEE.

En 2022, Kjell Inge Røkke, el tercer hombre más rico de Noruega, anunció en una carta a los accionistas que se mudaría a Lugano, Suiza. “Mi capital seguirá trabajando en Noruega”, escribió el magnate de la pesca convertido en industrialista. Inició su imperio hace cuatro décadas con un barco de pesca de 69 pies que compró mientras ahorraba trabajando en barcos frente a la costa de Alaska.

Según Forbes, Røkke, quien tiene una fortuna estimada en $5.100 millones de dólares, le costará al gobierno noruego aproximadamente 175.000.000 de coronas anualmente (aproximadamente $16 millones de dólares) con su partida. Eso puede no parecer mucho dinero, pero Røkke no es el único empresario adinerado que abandona Noruega, señala The Guardian.

Éxodo

“Según una investigación del periódico Dagens Naeringsliv, más de 30 multimillonarios y millonarios noruegos abandonaron Noruega en 2022”, informa el corresponsal de riqueza Rupert Neate. “Esto fue más que el número total de personas superricas que abandonaron el país durante los últimos 13 años”, agregó el periódico. ¿Captaste eso? Más noruegos “superricos” abandonaron Noruega en 2022 que en los 13 años anteriores combinados. La razón por la que los noruegos adinerados están huyendo del país no es un secreto.

Después de su victoria electoral en 2021, el Partido Laborista de la nación nórdica cumplió su promesa de gravar a los ricos. Noruega es uno de los pocos países de la OCDE que aún grava la riqueza neta. El Partido Laborista aumentó el impuesto sobre la riqueza del país al 1,1% a pesar de las advertencias de que “desencadenaría una fuga de capitales y amenazaría la creación de empleo”. Eso es exactamente lo que sucedió, y ha dejado al gobierno noruego con menos ingresos.

54.000 millones de dólares

Ole Gjems-Onstad es profesor emérito de la Escuela de Negocios de Noruega. Estima que los noruegos adinerados se llevaron consigo una fortuna total de $54.000 millones de dólares al abandonar el país. Esto significa que el impuesto sobre la riqueza, que se proyectaba que aumentaría los ingresos en casi $150 millones de dólares anuales, generará aproximadamente un 40 por ciento menos de ingresos de los que genera actualmente. Luca Dellanna, asesor de gestión y autor, señala que Noruega recaudó alrededor de $1.460 millones de dólares en su impuesto sobre la riqueza en 2019. Pero el éxodo de los adinerados resultará en una pérdida estimada de $594 millones de dólares en ingresos.

Aquellos que intentan entender cómo la política de Noruega pudo salir tan mal deberían mirar el trabajo del fallecido economista ganador del Premio Nobel, Robert Lucas. Lucas, un profesor de larga trayectoria en la Universidad de Chicago, recibió el máximo premio en economía por una investigación que se conoce como la Crítica de Lucas. Ésta reveló varios problemas con la modelización macroeconómica.

Robert Lucas

Lucas creía que para predecir los resultados de las políticas era esencial comprender primero que toda acción es un comportamiento individual. Y que los seres humanos son criaturas racionales que responderán a las políticas de manera racional, incluso a las políticas diseñadas para engañarlos.

“La microeconomía asumía que las personas eran racionales”, señaló el economista David R. Henderson en un artículo reciente del Wall Street Journal tras la muerte de Lucas. “¿Por qué la macroeconomía no debería hacer la misma suposición?”

Esta idea ayudó a Lucas a ganar el Nobel. Y ayuda a explicar por qué el impuesto sobre la riqueza de Noruega tuvo tan malos resultados. Siempre fue ingenuo asumir que las personas adineradas continuarían soportando el impuesto sobre la riqueza de Noruega. Después de todo, no se necesita tener un doctorado en economía para darse cuenta de que es poco probable que las personas adineradas se queden quietas mientras los legisladores toman cada vez más de su riqueza (no de sus ingresos, cabe destacar, de su riqueza).

Jean-Baptiste Colbert y John Galt

Ya en el siglo XVII, Jean-Baptiste Colbert, el ministro de finanzas de Luis XIV de Francia, observó la naturaleza delicada de la tributación. “El arte de la tributación consiste en arrancarle las mayores cantidades posibles de plumas al ganso con la menor cantidad posible de graznidos”, escribió Colbert. Los legisladores noruegos olvidaron esta lección simple. Ahora no pueden hacer más que observar cómo los creadores de riqueza en su país se marchan, llevándose consigo su capital, ingenio e ingresos gravables.

“Atlas se encoge de hombros en Noruega”, observó el economista Peter St Onge.

En efecto.

Impuesto sobre la riqueza

Curiosamente, la falta de previsión desafortunada de Noruega llega en un momento oportuno para aquellos que viven en Estados Unidos, donde muchos están impulsando impuestos sobre la riqueza. A principios de este año, The Washington Post informó sobre los métodos creativos que los legisladores federales y estatales están ideando para separar a “los ricos” de su riqueza. Estos incluyen al menos cuatro estados que intentan gravar las ganancias de capital no realizadas, incluida una propuesta de California que impondría un impuesto sobre la riqueza del 1,5 por ciento (incluso más alto que el de Noruega).

“Si es un impuesto sobre la riqueza anual, se está llevando una fracción de tu riqueza cada año”, dijo Emmanuel Saez, economista de Berkeley que ayudó a diseñar la propuesta de impuesto sobre la riqueza de la senadora Elizabeth Warren, al Post. “Casi por definición, tendrás menos riqueza después de pagar el impuesto”. Si el profesor Saez cree que las personas más ricas de California permitirán que los legisladores graven su riqueza y los obliguen a vender acciones para cubrir las ganancias de capital no realizadas, no ha aprendido la lección de Colbert sobre la tributación.

Una política así no solo resultaría en una gran cantidad de quejas, sino que también llevaría a una masiva emigración de creadores de riqueza. Cualquiera que tenga dudas al respecto solo tiene que mirar a Noruega.

Contra la suspensión de la libertad de invertir (II): Ferrovial

Me temo que el alarmante acoso ejercido por parte del gobierno contra una empresa como Ferrovial durante los primeros meses del año, con cesión parcial por parte de la acosada, no aclaró realmente cómo fue – y sigue siendo – posible que el ejecutivo de un Estado miembro de la Unión Europea ataque frontalmente los fundamentos de los Tratados, sin que el otro gobierno concernido por la operación, los Países Bajos, ni la Comisión Europea, reaccionen, denunciando o incoando el correspondiente expediente de infracción de Derecho Comunitario contra el sufrido Reino de España.

Aunque en los comentarios previos a la Junta de accionistas[1] ninguno de los implicados mencionó esta circunstancia, lo cierto es que el gobierno – muy probablemente conocedor mucho antes de los planes del presidente de la compañía, Rafael del Pino – se había pertrechado de “instrumentos legales” fundamentales para extorsionar y coaccionar a empresas importantes.

Indefensión jurídica

No solamente – como insidiosamente deslizó su aparato de propaganda para regocijo de una pléyade de gestores muy conocidos en un primer momento – para evitar Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs) de acciones de empresas españolas, por parte de residentes o gobiernos hostiles de fuera de la UE, minusvaloradas en bolsa como consecuencia del desastre económico que produjeron la pandemia del Covid 19 y el confinamiento, decretado mediante sucesivos estados de alarma inconstitucionales.

Antes al contrario. Nótese la absoluta indefensión – mucho más grave que la inseguridad jurídica consustancial al gobierno actual – en la que queda incluso un lector atento del Boletín Oficial del Estado (BOE) cualesquiera que sean sus motivos para hacerlo. Si este interesado buscara en sus páginas virtuales la legislación española en la materia, acaso encontraría el texto de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

Sin embargo, el artículo 7 bis de dicha Ley[2], que regula la “suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España” no alude nada más que a las “inversiones extranjeras directas en España” que realicen residentes de países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio.

Autorización previa

Para darse cuenta de la extensión de esas restricciones a las libertades de circulación de capitales y libertad de establecimiento en detrimento también de los residentes en los estados miembros de la UE y la Asociación Europea de Libre Comercio, debería comenzar por comprobar la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

Mediante la misma, se extendió hasta el 30 de junio de 2021 la necesidad de solicitar una autorización previa al gobierno a las inversiones directas que confiriesen más del diez por ciento del capital de una sociedad española cotizada en bolsa, o aquellas que superasen los 500 millones de euros, realizadas por residentes comunitarios o de ese espacio económico europeo en “sectores económicos estratégicos”. En la exposición de motivos de dicho Decreto Ley, probablemente con la intención de disimular la gravedad del salto que se estaba dando, no se alude más que a la situación provocada por el COVID-19 se mantiene.

Cinismo legislativo

Casi vencido el plazo que el gobierno había fijado, la disposición final segunda del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021 el régimen transitorio de suspensión de la liberalización de las inversiones directas procedentes de la UE o la EFTA, “dado que se mantienen aún las circunstancias que motivaron su adopción, y la economía se encuentra todavía en un proceso de recuperación”.

Mediante el artículo 1 del Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, “dada la persistencia de algunas circunstancias que motivaron la adopción de esta medida, y con el objetivo de garantizar la protección de la seguridad, salud y orden públicos de nuestro país, así como la necesaria seguridad jurídica para los operadores, es preciso prorrogar la vigencia de esta medida hasta el 31 de diciembre de 2022”, se atreve a decir con total cinismo la exposición de motivos.

Ahora Ucrania

En esta ocasión, no obstante, los cocineros del gobierno dejaron entrever el coste de tamaños disparates administrativos. De forma abracadabrante, la disposición adicional primera recoge un mandato al Gobierno “para que provea de una suficiente dotación de recursos humanos a la unidad de gestión competente para la tramitación de las solicitudes de autorización administrativa de las operaciones de inversión extranjera, atendiendo al análisis de necesidades dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio”.

Por último, a finales del año pasado se promulgó el cuarto Real Decreto Ley (20/2022 de 27 de septiembre) esta vez con el pretexto de afrontar “ las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad”. Su artículo 62 prorrogó hasta el día 31 de diciembre de 2024 el insólito requisito de supeditar la validez de las inversiones extranjeras directas procedentes de residentes en países de la UE y la EFTA a la autorización del gobierno.

Violación sistemática de la libre circulación de capitales

En definitiva, el gobierno español actual lleva violando flagrantemente, desde noviembre de 2020, la prohibición de obstaculizar la libre circulación de capitales entre España y el resto de países de la UE y la AELC (art. 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) así como el libre establecimiento y prestación de servicios (Arts 49 a 55 del mismo tratado). La legislación de excepción que ha promulgado se asemeja a las normas secretas de regímenes totalitarios y ni siquiera se ha molestado en justificar sus actuaciones de acuerdo con las excepciones previstas para los movimientos de capitales en el seno de la Unión establecidas en el artículo 65 del TFUE[3].

Son muchas las medidas urgentes que el gobierno que surja de las urnas el próximo 23 de julio deberá promover. Pero, sin duda, la derogación de las trabas absurdas a la libertad de invertir en España debe figurar entre las primeras.

Notas

[1] Dicha junta se celebró en Madrid el pasado 13 de abril. Uno de los puntos del orden del día, aprobado por amplísima mayoría, fue el proyecto de absorción fusión transfronteriza intracomunitaria entre Ferrovial, S.A. – absorbida- y Ferrovial International SE -absorbente, lo cual implicaba el simultáneo traslado del domicilio social de la mercantil resultante a los Países Bajos, lugar donde estaba localizada la segunda.

[2] A cuyo texto dio forma la disposición final 4ª del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

[3] Artículo 65 (antiguo artículo 58 TCE)

1. Lo dispuesto en el artículo 63 se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a:

a) aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan entre contribuyentes cuya situación difiera con respecto a s u lugar de residencia o con respecto a los lugares donde esté invertido su capital;

b) adoptar las medidas necesarias para impedir las infracciones a su Derecho y normativas nacionales, en particular en materia fiscal y de supervisión prudencial de entidades financieras, establecer procedimientos de declaración de movimientos de capitales a efectos de información administrativa o estadística o tomar medidas justificadas por razones de orden público o de seguridad pública.

2. Las disposiciones del presente capítulo no serán obstáculo para la aplicación de restricciones del derecho de establecimiento compatibles con los Tratados.

3. Las medidas y procedimientos a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 no deberán constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales y pagos tal y como la define el artículo 63.

4. A falta de medidas de aplicación del apartado 3 del artículo 64, la Comisión o, a falta de una decisión de la Comisión dentro de un período de tres meses a partir de la solicitud del Estado miembro interesado, el Consejo, podrá adoptar una decisión que declare que las medidas fiscales restrictivas adoptadas por un Estado miembro con respecto a uno o varios terceros países deben considerarse compatibles con los Tratados en la medida en que las justifique uno de los objetivos de la Unión y sean compatibles con el correcto funcionamiento del mercado interior. El Consejo se pronunciará por unanimidad a instancia de un Estado miembro.

Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo (LXXXII): el factor trabajo

En un muy amable artículo, el señor Herrera discute mi optimista visión del trabajo como un factor conducente a la prosperidad. Lo cierto es que el concepto precisa de desarrollo, más allá de su invocación como virtud en el discurso que tuve el honor de realizar como premiado por el Instituto Juan de Mariana.

Desatención al factor trabajo

De hecho, es el factor de producción que menos interés ha despertado dentro de la escuela austríaca, que cuenta con elaborados estudios sobre el capital o el factor tierra, pero casi ninguno sobre la importancia del trabajo, más allá, claro está, del estudio de la determinación de los precios del mismo, los salarios, o del intervencionismo estatal en sus mercados.

También en las críticas al marxismo, los austríacos se detienen en su crítica a la idea tan extendida en el pensamiento económico del valor trabajo. Pero no se da hasta donde se me alcanza ningún estudio sistemático que ponga en valor al trabajador y su esfuerzo en un modelo de economía capitalista, centrándose la inmensa mayoría de los trabajos en el análisis del empresario o a la función empresarial.

Con la excepción del único libro que pude encontrar al respecto (seguro que existen y agradezco sugerencias) de James Buchanan Ética y el progreso económico, que ni siquiera es un tratado sobre el tema, sino una selección de conferencias en las que un par de ellas se refieren al tema no conozco ningún otro. Sí los hay sobre otras virtudes del capitalismo, como los de Deirdre McCloskey.

Reconociendo el punto de vista marxista

Ya con repasar la muy escasa bibliografía de este libro nos damos cuenta de que no existe mucha bibliografía académica. Y de hecho tenemos que recurrir a libros victorianos de autoayuda, como los de Samuel Smiles, para encontrar alguna loa al trabajo. Ni siquiera en el ámbito de la literatura, libertaria o no, se otorga valor al trabajador. El empresario es siempre el héroe que hay que imitar. Los trabajadores no están dotados casi nunca de valores positivos. Hay que reconocerle al marxismo que si sabe valorar en lo que vale el obrero o el trabajador, lo dignifica y le otorga incluso una función clave en el devenir social.

El marxismo, si bien intenta dignificar al trabajador, no hace lo mismo con el trabajo en sí que acostumbra a considerar una suerte de maldición. Desde los escritos del yerno de Marx, Paul Lafargue, como su célebre El derecho a la pereza, pasando por el mítico La abolición del trabajo del anarquista Bob Black, escrito en los años 70 del pasado siglo, la inmensa mayoría de los escritores de esta corriente han atacado el trabajo de todas las formas posibles e ideado mil y un esquemas para su abolición, buscando modelos sociales en el que este extinga o cuando menos se reduzca radicalmente.

Especialmente en los últimos años este tipo de trabajos arrecian y los estantes de las bibliotecas de ciencias sociales se ven literalmente inundados por libros y ensayos en esta línea, algunos paradojicamente de ellos muy eruditos y bien trabajados, como el excelente Inventar el futuro: Postcapitalismo y un futuro sin trabajo de Alex Williams y Nick Srnicek.

El mito de la era de oro

En muchos de estos libros se contrasta la situación actual del trabajo, que supuestamente sería cada vez más exigente, alienante y peor retribuido con alguna suerte de situación ideal en algún punto del pasado. Este pasado acostumbra a ser la llamada edad de oro del proletariado, los treinta gloriosos años a los que se refieré Fourastié, que coincidiría con los años de reconstrucción de la postguerra de la segunda guerra mundial y que según este imaginario serían unos años de mejora continua de las relaciones laborales combinados con el establecimiento de las bases del estado del bienestar.

Los más utópicos, en cambio, prefieren ir más atrás en el tiempo y cantan una suerte de edad de oro perdida con la aparición de la agricultura y el patriarcado. Inspirados en la obra de Marshall Sahlins, La economía de la edad de piedra (un gran y hermoso libro, por otra parte) o en las teorías anarcoprimivistas de, entre otros, John Zerzan estos autores reclaman una sociedad con un tiempo de trabajo mínimo, centrado en la caza y recolección y una gran disponibilidad de tiempo de ocio para poder disfrutar de forma comunitaria. Esto es su ideal, sería la abolición completa del trabajo y por consiguiente de la civilización industrial a la que culpa de la mayor parte de los males que nos aquejan.

La tecnología

Otros críticos del trabajo, más tecnológicos a su vez, buscan aprovechar la innovación tecnológica, últimamente la Inteligencia artificial o la robótica, para reducir o eliminar la necesidad de trabajar. Este es un viejo tema, expuesto en una poca conocida novela de Kurt Vonnegut, La pianola, en la que sólo una pequeña élite de ingenieros y obreros especializados trabajan programando y atendiendo a las máquinas y el resto de la población, que vive en barrios distintos de los de la élite del trabajo, subsisten de un sueldo estatal. Una especie de renta básica de ciudadanía a la que de forma premonitoria anticipa.

La mayoría de la literatura actual sobre la abolición del trabajo es muy rica en ideas para no trabajar y así se hacen propuestas de reducir la jornada laboral, reducir los días de trabajo o repartir los mismos entre varias personas. Todo ello, por supuesto, sin alterar los salarios percibidos y sin explicar como el encarecimiento de la mano de obra no afectará a la cantidad de horas de trabajo demandadas por los empleadores.

Surfistas ociosos

Entre estas propuestas, la que sin duda ha tenido más éxito es la de establecer una renta básica de ciudadanía financiada con impuestos, de tal forma que el trabajo se convirtiese en algo optativo, pudiéndose así lograr el sueño de una vida si trabajo, aunque con un modesto pasar. Lo que no se explica es cómo se financiaría si todos hiciesen uso de este derecho a una vida sin la esclavitud del trabajo y todos quisiesen cobrar sin producir nada de valor. Entiendo que la propuesta presume que los más laboriosos estarían encantados de mantener a ociosos surfistas (el ejemplo es de Van Parijs, no mío) y no hacer uso de su derecho al ocio. Y, por supuesto, con unos impuestos más elevados para poder financiar la medida. Si se quiere leer sobre el tema, el profesor Rallo le ha dedicado un muy interesante tratado en el que se discuten los pros y los contras de esta política.

Las propuestas de reparto de trabajo también cuentan con un elevado nivel de sofisticación. Pero sólo podrían valer para determinado tipo de trabajos, y suponiendo que los requisitos de cualificación para acceder a los mismos no sean muy relevantes, pues los defensores de la medida parecen referirse al trabajo como algo abstracto y homogéneo, cuando lo que existen son trabajos concretos, algunos de fácil sustitución y otros no. Y, por tanto, presumen que la producción en cantidad y calidad va a ser la misma que antes del reparto. Y en consecuencia que el salario será el mismo y que los trabajadores están dispuestos a renunciar a una parte de sus ingresos, salvo que lo que se pretenda sea encarecer el trabajo al cobrar lo mismo por menos horas. Dudo que así se incremente la oferta de trabajos por parte de los empresarios, pero a pesar de ellos.

La condena del trabajo

Pero todas estas propuestas buscan hacer uso de medidas políticas para regular las nuevas relaciones laborales fruto del cambio tecnológico. Pocos hacen referencia a la espectacular subida de salarios y reducción de la jornada laboral que ha acontecido en los últimos cien años en casi todo el mundo, sin necesidad de grandes regulaciones, como resultado de la intensificación de las relaciones capitalistas de producción y la apertura de cada vez más países a este sistema político-económico.

Prácticamente, no hay propuestas en la línea de intensificar la capitalización de la economía, que es a mi entender la única forma posible de cuadrar el círculo de una mejor remuneración con la misma o incluso con una menor jornada de trabajo. Y sobre todo prácticamente todos ellos carecen de matices a la hora de describir el trabajo, que es casi una plaga bíblica.

El recurso a la definición etimológica del trabajo como una evolución del viejo tripalium, forma de tortura romana, es casi universal. Viendo tal maldad, no es de extrañar que se quieran establecer todo tipo de límites a las horas trabajadas, algo que no se hace, por ejemplo, con las horas de diversión en discotecas o afters o con la práctica de deportes de riesgo, que pueden suponer un mayor esfuerzo físico que el propio trabajo y que pueden ser en muchas ocasiones más arriesgadas para la salud que muchos de los trabajos más comunes a día de hoy.

La condena legal del trabajo

Todo eso sin contar con que algunas de estas actividades de ocio pueden tener consecuencias adversas a nivel social. No mejoran la producción de bienes ni la vida de los demás y que pueden constituir una enorme pérdida de tiempo en muchos aspectos que podría aplicarse a otros usos (esto es obviamente una opinión subjetiva).

Pero no se lea esto como una propuesta de regulación de tales actividades, que los ciudadanos deben ser muy libres de hacer si así lo desean, sino como una reflexión sobre la distinta e injusta valoración que por parte de los críticos del trabajo se hacen de este. Al revés, hay quien haciendo uso también de su subjetividad decide trabajar más horas, bien sea por ganar dinero, sea por adquirir experiencia o relaciones, o bien porque disfruta con lo que hace. Puede que sea animado a dejar de hacerlo, cuando no sancionado, atendiendo a algunas propuestas de reformas legislativas recientes, como las que quieren prohibir enviar correos fuera de horario laboral para adelantar trabajo (algo que no debería tener mayor problema siempre que no se obligue al destinatario a responderlos fuera de su horario laboral). Parece que lo sancionable es querer ser trabajador y no otros usos del tiempo que no sé por qué razón son considerados más nobles.

Falta, pues, por nuestra parte, ofrecer una visión más positiva del trabajo y exponer sus virtudes que son muchas. En otro artículo intentaré exponer cuáles pueden ser esas virtudes y porque estas constituyen la base de una sociedad próspera e incluso podríamos decir, más libre.

La banda de la tarta

La semana pasada nos hemos enterado de una de esas inquinas políticas, esas puñaladas palaciegas que, desde tiempos de Julio César y Bruto, los políticos acostumbran a darse de vez en cuando. Pues bien, en esta ocasión le ha tocado la china, entre otros, a la ministra de Igualdad, Irene Montero. No ha sido la única. Otros personajes del crepuscular Podemos, como Pablo Echenique, también se han quedado fuera de las listas electorales de la enésima marca con la que la extrema izquierda concurre a las elecciones con intención de esconder sus verdaderas siglas, algo que llevan intentando desde la caída de la Unión Soviética con aciago resultado.

Irene Montero

Centrándonos en el caso de Irene Montero, su paso por la política ha sido, cuanto menos, curioso. Desde luego, la tranquilidad gerencial, si es que su ministerio alguna vez ha tenido que gestionar algo, no ha sido la tónica dominante de su mandato. Se unió al partido en 2014 desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), algo muy meritorio para una persona que, como la cabecilla de esa organización, Ada Colau, jamás había firmado una hipoteca.

Pero, antes de su conversión en feministra, Montero alcanzó el puesto de portavoz del grupo parlamentario de Podemos, allá por 2017, con Rajoy aún en el poder, cuando su pareja y fundador del partido, Pablo Iglesias, desplazó a su particular León Trotsky, Íñigo Errejón, para darle el cargo. Al año siguiente ya se nos sumó al club de los hipotecados, y por la puerta grande, con la adquisición de una propiedad en Galapagar por 540.000 € a un tipo fijo del 1,50% el primer año y Euribor+1,25% a partir del segundo (vamos, que están hinchando a pagar intereses ahora mismo).

La ministra y sus amigas

Con las elecciones de noviembre de 2019 y el posterior pacto entre Sánchez e Iglesias, el denominado Pacto del abrazo, tras jurar y perjurar el presidente del gobierno que jamás pactaría con Podemos, se le entregó el recientemente creado Ministerio de Igualdad. Hay que decir, para la buena verdad, que un ministerio de esas características ya existía con el gobierno de Rodríguez Zapatero y que el Partido Popular, siempre del lado del mal, reconvirtió en una secretaría de Estado. Sin embargo, la directriz del nuevo ministerio estaba clara: mucha beligerancia contra la violencia de género y convertirse en el ministerio más ideológico y propagandístico de todo el gobierno.

Para este fin, Montero se rodeó de personas muy afines ideológicamente y que, al igual que ella, brillaban por su ausencia a la hora de haber gestionado cualquier presupuesto más allá de una comunidad de vecinos. Los casos de Rodríguez Pam, Beatriz Gimeno o Vicky Rosell (esta última no directamente dependiente del ministerio) resultan ejemplares. Con sueldos que superaban los 130.000 €, el ministerio emprendió varias campañas contra todo lo masculino, la gordofobia, la transfobia, la homofobia, relacionando cualquier caso de lo que fuera con los discursos de odio de la ultraderecha.

Fiestas y niñeras

Ahí tenemos el célebre caso del joven al que le infringieron, de forma voluntaria, unas heridas en el glúteo y se terminó inventando un ataque con personas encapuchadas a plena luz del día en un barrio, Malasaña, con calle donde apenas entra un coche en cada calle. La situación se saldó con la imputación de la persona que se inventó la agresión.

O la pijada de que alguien que se levanta 80.000€/año se tenga que llevar a los hijos al trabajo para visibilizar la maternidad, porque hasta ese momento nunca, nadie, jamás en la historia había tenido problemas de conciliación. Cualquiera que tenga un trabajo normal, con la más mínima responsabilidad, lo cual no es el caso, ni se le pasa por la cabeza llevarse unos niños pequeños a una oficina o centro laboral, porque no es su sitio.

O la celebración en pleno ministerio de su cumpleaños, tarta y banda incluidas, en febrero de 2020. Por cierto, apenas un mes antes de que el gobierno, conociendo ya los datos epidemiológicos de la COVID-19, llamara insistentemente a participar en la manifestación del 8-M, la particular procesión del Ministerio que intenta justificar su presupuesto anual, y a la que acudieron ministras socialistas con mascarilla y guantes.

Ley del sólo sí es (violadores a la calle)

Pero el hito fundamental de su paso por el Ministerio ha estado en las dos leyes redactadas y aprobadas durante su mandato: La Ley Orgánica de Garantía de la Identidad Sexual, la ley del sólo sí es sí, y la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos (LGTBI). En cuanto la primera, se nos quiso vender que, gracias a las dotes legislativas de Montero, la violación pasaba a estar penada en España por primera. Hasta su llegada al gobierno, las mujeres violadas tenían que soportar cómo sus agresores quedaban impunes. Pero llegó Irene Montero y le dio la vuelta a esto. Consecuencia: mil violadores beneficiados y más de cien directamente a la calle.

Bien es verdad, y todo hay que decirlo, que la culpa de esta situación no es de las ignorantes que presentaron esta ley, sino de los doscientos cinco diputados y pulsaron el voto SÍ aquel 25 de agosto de 2022, entre los cuales se cuentan Inés Arrimadas, Edmundo Bal y el resto de los diputados de Ciudadanos, muy preocupados últimamente con el auge del extremismo desde su posición (que Dios me perdone por utilizar aquí esta palabra) liberal. De Bildu, el Partido de los Negocios Vascos (PNV) o ERC directamente no comentamos nada. La ley se ha enmendado menos de doscientos días después, aunque las rebajas de condena ya deben ser aplicadas.

Ley trans

En cuanto a la segunda, lo más relevante es que únicamente bastará una declaración jurada de la persona y su posterior confirmación tres meses después en el Registro Civil para cambiarse de sexo. Ya no hará falta informe médico, psicológico o dos años de tratamiento para culminar la transición. Nada. Ahora basta con rellenar un papel. Aunque, bueno, aquí la Administración juega con la baza de no tener citas nunca para ningún trámite, por lo que algo que parece, aparentemente, sencillo, puede terminar convirtiéndose en una pesadilla. No es de extrañar que empecemos a ver a hombres cursando pruebas físicas (bomberos, policías, ejército, etc.) femeninas, más accesibles. Por no hablar de los eventos deportivos, algo de lo que en Estados Unidos ya están al cabo de la calle.

Pero su coronación definitiva antes de dejar el cargo ha llegado con la condena al pago de la insultante cifra de 18.000 € a Rafael Marcos, el padre del menor secuestrado por su madre y al que la policía rescató en pésimas condiciones. Decimos insultante porque, atendiendo al nivel de ingresos de la condenada y al daño causado (una ministra atribuyendo delitos a un ciudadano cualquiera), la cantidad clama al cielo. Por no hablar de que Montero no ha tenido que pagarse el abogado, ya que ha sido asistida por la Abogacía del Estado, pagada por todos los españoles, incluido el señor acusado falsamente.

Señora Montero, cierre al salir.

Los tres conceptos erróneos más importantes de nuestro tiempo

Hoy en día existen tres grandes tesis económicas que son erróneas:

1.       La economía de libre mercado solamente beneficia a los capitalistas.

2.       El socialismo y la redistribución beneficia a los pobres.

3.       El proteccionismo económico beneficia la nación (es decir, beneficia el bienestar económico de los ciudadanos del estado).

En el siguiente artículo, pretendo deconstruir, y reconstruir estas tres tesis.

La economía de libre mercado solamente beneficia a los capitalistas

La desigualdad, causada por la jerarquización socioeconómica, es una característica de la sociedad humana desde el nacimiento de los estados. Naturalmente, nos enfrentamos a una realidad histórica muy compleja y variada dependiendo del contexto que observemos. En Europa feudal y precapitalista, las élites guerreras y religiosas eran los terratenientes, que poseían la gran mayoría de las tierras. Los individuos y familias que formaban parte de estos estamentos establecían relaciones oligárquicas entre sí.

Por otra parte, en sociedades socialistas y pro-capitalistas, los líderes del partido y la élite administrativa formaban una élite gobernante, teniendo acceso a productos que no eran accesibles a las masas menos privilegiadas. Todos esos sistemas pre y post capitalistas, eran sistemas de acceso cerrados a la hora de formar parte de la élite, que siempre constituye de un grupo de personas pequeño.

En la Europa precapitalista, la élite tenía el monopolio casi exclusivo de la tierra y los trabajadores estaban sometidos a diversas formas de servidumbre. En el socialismo, el estado poseía todos los medios de producción y la élite política controlaba quién podía ser gerente en función de la lealtad a la clase gobernadora política.

Una élite independiente del poder político

El libre mercado da la oportunidad de crear una elite económica independiente del poder político. Esto sucede gracias a la posibilidad de competición en el mercado, que hace posible acceder a los círculos de elites económicas. Es decir, cualquiera tiene la oportunidad de aportar una buena idea innovadora y entrar al mercado competiendo con las empresas establecidas.

La historia del capitalismo está llena de personas con mentalidad emprendedora, que de la nada de repente son capaces de cambiar el mundo con una idea innovadora. La primera máquina de vapor, las primeras máquinas textiles, la bombilla, el sistema operativo Microsoft… todos ellos nacieron en “garajes”, en pequeños talleres. Gracias a la ventana de oportunidad creada por la economía de mercado abierta, talentos extraordinarios pudieron comercializar su idea innovadora y cambiar sus propias vidas y hacer más fácil la vida de todos los demás.

Riqueza y desigualdad

La economía de mercado es una grande maquinaria que genera riqueza. El truco del capitalismo es que no sólo beneficia y enriquece a los Ford, los Edison, los Gates, y otras personas con mentalidad empresarial. La repentina riqueza de estos grandes empresarios se debe a que sus inventos tuvieron un impacto positivo en nuestra vida. No podríamos imaginar nuestra vida sin coches, luz eléctrica, y ordenadores. Gracias a este proceso de innovación constante, la calidad de vida inimaginable comparada con épocas anteriores.

 En el capitalismo, la desigualdad, como en todas las sociedades jerárquicas, sigue siendo una característica existente. Pero en capitalismo la desigualdad es la consecuencia de la innovación empresarial. Y dado que esta innovación mejora la calidad de vida en general, parece ser es un juego en el que todos ganan. Tanto para las personas innovadoras con mentalidad empresarial como los consumidores.

El monopolio

El problema es el monopolio. El monopolio es una posición económica, en la cual, una empresa establecida disfruta de una posición de monopolio debido a la regulación. Esto significa, que no hay oportunidad para los que quieren entrar al mercado con un producto mejor o más barato. Monopolios dentro del seno del capitalismo, en realidad, crean un sistema de neo-feudalismo.

La posición dominante de una empresa no es lo mismo que el monopolio. Esta posición dominante puede derivar del reconocimiento del nombre, un producto superior y un modelo de negocio eficiente. Pero si el mercado está abierto a desafiar la posición dominante, no hay monopolio. Muchas empresas disfrutan de una posición dominante y tienen una cuota de mercado sustancial en sus nichos de mercado.

Un buen ejemplo en el mercado de teléfonos móvil es el caso de Nokia. Nokia gozaba de una posición dominante en el mercado. Sin embargo, la introducción de la innovación tecnológica de iPhone rompió la posición dominante de Nokia. Desde entonces, los consumidores se benefician de la competencia entre Android y Apple. Ninguna de las empresas puede permitirse dormirse en los laureles, sino que tienen que reinventar cada año sus sistemas operativos, sus aparatos, ofreciendo móviles de cada vez mejor calidad y mejores servicios.

La competencia

La competencia significa que cualquiera tiene la oportunidad de aportar una idea innovadora. Así pues, quienes defienden la economía de mercado no defienden que los ricos sigan siendo ricos, ni el neo-feudalismo. Todo lo contrario. Defienden que haya competencia y oportunidades, que la próxima generación de personas con mentalidad empresarial pueda entrar en el mercado con sus ideas innovadoras.

Defender la apertura de los mercados y la posibilidad de competir es una amenaza para la actual generación de capitalistas, que producen y comercializan bienes que podrían desaparecer con la próxima innovación. La política pro-mercado significa defender la oportunidad para cualquiera de enriquecerse mediante la introducción de una idea innovadora, que haga la vida más fácil, y no, defender los intereses de los ricos. Es la teoría económica que nos enriquece a todos a través de la competencia entre ideas innovadoras que buscan satisfacer a los consumidores.

La novedad de la riqueza de las naciones

Una última observación. El extraordinario enriquecimiento desde el siglo XIX es un fenómeno completamente nuevo en la vida de la humanidad. No hace tanto tiempo, ser pobre y estar en alguna forma de servidumbre era la situación típica de las clases no privilegiadas. Fue el avance hacia mercados más libres a partir del siglo XVIII lo que hizo posible tanto la libertad de los trabajadores como la vida relativamente buena de la que disfrutamos ahora.

Este maravilloso enriquecimiento hizo posible la creación y financiación del Estado de bienestar.  Por lo tanto, incluso aquellos quienes odian el capitalismo y abogan por más Estado del bienestar deberían ser conscientes del hecho de que, sin una defensa cuidadosa de la competencia del libre mercado, destruirían la base material de Estado del bienestar. Basta con echar un vistazo a Venezuela, que destruyó su economía de mercado, y ahora los venezolanos son uno de los más pobres a pesar de vivir en medio de las mayores reservas de petróleo del mundo. Deberían ser al menos tan ricos como los noruegos. Sólo necesitan un gobierno, que respete el estado de derecho y deje que los mercados ofrezcan oportunidades a cualquiera.  

El socialismo y la redistribución sirven a los intereses de los pobres

El socialismo es el sistema que pretende acabar con la desigualdad creada por los mercados. Consigue este objetivo concentrando todos los medios productivos en manos del Estado y acabando con la competencia mediante la planificación estatal. Esta estructura económica limita las oportunidades de las personas innovadoras para entrar en el mercado. El estado socialista, en efecto, se crea monopolios. Es verdad, que el socialismo logra cierta igualdad. Pero a un precio. El precio es la falta de dinámica innovadora constante de la vida económica y la falta de competencia.

En consecuencia, las economías socialistas permanecieron estáticas, usando las tecnologías que heredaron de sus predecesores pre-socialistas. Las únicas innovaciones suyas no eran más que innovaciones copiadas de las deseadas tecnologías y productos desarrollados por sus rivales capitalistas. Ni siquiera fue eficiente el copia y pega tecnológico que llevaron al cabo, pues la calidad de los productos era baja y no tenían un volumen suficiente en comparación con la demanda. Por esta razón, los países socialistas sufrían constantemente de escasez. Esto fue analizado por János Kornai, el más célebre economista húngaro del sistema socialista. En consecuencia, los ciudadanos de países socialistas eran pobres y soñaban con la sociedad de consumo occidental, donde abundan los zapatos bonitos, la ropa de buena calidad, los coches rápidos, y no había que hacer colas interminables para poder comprar en las tiendas.

Igualdad de la pobreza

Así pues, la igualdad que se logró fue la gloriosa igualdad de escasez frente a los deseos. Y ni siquiera eran sociedades iguales, ya que la élite política y administrativa tenía la oportunidad de acceder a los bienes occidentales a través de tiendas especializadas, que sólo estaban abiertas para las élites. La desigualdad en términos de consumo era menor, pero cuando todo el mundo es pobre, las pequeñas diferencias son realmente importantes. No es de extrañar que el socialismo fuera el único sistema político, cuya élite optó casi voluntariamente por el capitalismo. Opinaban que ofrece mejores oportunidades para una vida mejor y más cómoda. Incluso en China, donde a pesar de que se mantuvo el sistema político socialista, la reforma favorable al mercado provocó el enriquecimiento de cientos de millones de ciudadanos chinos en un periodo bastante corto.

Hoy en día el socialismo de esquema marxista ya solamente atrae a profesores académicos bien pagados y a sus estudiantes, que quedan fascinados por la idea de planificación y propiedad estatal y piensan en sí mismos como futuros ingenieros de una sociedad bien ordenada.

El Estado del Bienestar

La verdadera cuestión actualmente es la expansión paralela del Estado del bienestar y de la regulación estatal en Europa. Esta expansión paralela es la característica más constante del desarrollo social de los países europeos en el siglo XX, aunque esta tendencia cobró impulso después de 1945.

El orden de la posguerra se basó en la fuerte expansión del Estado del bienestar y la prestación estatal de servicios públicos. La estanflación y el auge de la industria japonesa en los años setenta señalaron el final de esta constante expansión. La coincidencia de la crisis económica y la pérdida de competitividad obligó a un importante replanteamiento del modelo europeo. El giro neoliberal, introducido primero por Margaret Thatcher y copiado después en toda Europa, frenó el auge del Estado y revitalizó los procesos de mercado.

Desde entonces, la cuestión política más destacada es el equilibrio entre la libertad de mercado y la regulación estatal.

Regular y redistribuir

Como consecuencia de los cambios sociales del siglo XX, el Estado europeo moderno es predominantemente un Estado redistribuidor y regulador, que asume la prestación de servicios públicos clave, como el bienestar, la educación y la sanidad. Existe un consenso político generalizado entre los partidos políticos de toda Europa en que este modelo mixto de economía de mercado y Estado del bienestar es un modelo que hay que mantener. Ningún partido político quiere volver al modelo de Estado “mínimo” del siglo XIX. Por otra parte, sólo unos pocos extremistas pretenden emular algo similar a lo que fue el modelo socialista del siglo XX o piensan que Venezuela podría ser un modelo para un país europeo.

El peligro actual es la posible repetición de la crisis política, económica y social de Grecia en 2008.  La lección del dicho caso es que la expansión del estado de bienestar, financiada mediante préstamos, es insostenible, y tarde o temprano resulta ser más dañino, que los beneficios que ofrece a corto plazo.

España, camino de Grecia

En base a las cifras macroeconómicas España se encuentra en una situación peligrosamente similar a la de Greca antes de la crisis. El nivel de deuda y desempleo son muy altos, de hecho, esta entre los más altos de Europa, mientras el sociedad Española más y más pobre.

Estas cifras indican que hay una expansión insostenible del estado, mientras que hay demasiada regulación del mercado. Demasiado regulación impide la utilización de los recursos humanos por las empresas. Especialmente preocupante es que el estado del bienestar español es uno de los más desiguales en su impacto, y en lugar de ayudar a los pobres y necesitados, da recursos adicionales a la clase media y superior.

Estado del Bienestar y redistribución

Como indica la Ley de la Vivienda, el estado español más bien destruye el mercado en lugar de ofrecer ayuda específica a aquellos que no pueden permitirse pagar los precios que prevalecen en el mercado.

Sin embargo, el Estado sueco moderno ofrece un modelo a imitar para los partidos políticos moderados. Tras la crisis del excesivo intervencionismo estatal a principios de los noventa, desarrolló un nuevo modelo que combinaba con éxito un modelo de Estado del bienestar bastante eficiente con una política económica favorable al mercado. Las reformas orientadas al mercado son clave para reducir el alto nivel de desempleo y revertir la tendencia de empobrecimiento gradual de los ciudadanos españoles, un proceso marcado en los últimos años.

Por lo tanto, no es tan fácil llegar a la conclusión de que la redistribución del Estado del bienestar sirva siempre a los intereses de los pobres, a pesar de los eslóganes políticos afirman lo contrario.

El proteccionismo económico beneficia la nación

El proteccionismo económico es una de las ideas económicas más antiguas. El nacimiento del pensamiento económico en los siglos XVI-XVII se caracteriza por la siguiente dinámica. El estado absolutista concedía monopolios a ciertas empresas y defendía los mercados nacionales con el fin de fomentar el desarrollo nacional. Tanto Turgot en Francia como Adam Smith en Gran Bretaña criticaron esta práctica. Smith argumentó que el proteccionismo mercantil y la concesión de monopolios sólo sirve a los intereses de los ricos capitalistas y sus patrocinadores políticos, mientras que el libre comercio sin duda conduciría a la riqueza de la nación. Según Smith, la riqueza de las naciones significa que la gente común pueda avanzar, tenga oportunidades, no sólo los extremadamente ricos y sus padrinos políticos.

El aumento de la libertad y la demolición de los monopolios crearon el entorno que impulsó a los artesanos y trabajadores cualificados a innovar y tuvo como consecuencia la revolución industrial. La revolución industrial convirtió a Gran Bretaña en el Estado preeminente de Europa y marcó el inicio de un aumento del nivel de vida sin precedentes.

De Friedrich List al lebensraum…

La idea de proteger los industrias de un nación por el gobierno para facilitar la industrialización fue revigorizada por el alemán Friedrich List en la década de 1840. List argumentó que el libre comercio no era favorable para Alemania. Por esta razón propuso el proteccionismo económico: el gobierno debía introducir muros arancelarios que defendieran a sus empresas industriales y, al mismo tiempo, introducir un entorno de libre mercado dentro de los territorios nacionales defendidos por los muros aduaneros. Según List, la protección exterior y la libertad interior crearán el entorno institucional que estimulará el desarrollo industrial. Sostenía que una vez que Alemania alcanzara el nivel de desarrollo británico, debería reducir el muro aduanero y optar por el libre comercio.

List consiguió captar la atención de los principales políticos de su época. El canciller alemán Bismarck, y el ministro de economía de Rusia DeWitte, desarrollaron sus políticas industriales nacionales siguiendo las ideas de List. El proteccionismo económico comenzó a crecer a partir de la década de 1870 y llegó a su tope después de 1920, durante los años de entreguerras. Ludwig von Mises argumentó que una de las causas de las devastadoras guerras mundiales fue que la limitación gradual del libre comercio forzó un nuevo impulso colonizador para asegurarse fuentes de materias primas y mercados. Recientemente, Richard Overy también ha argumentado que la Segunda Guerra Mundial fue, en realidad, una guerra colonial, ya que los Estados fuertes que no habían adquirido colonias intentaron colonizar nuevos territorios para asegurarse su propio lebensraum.

… y a la guerra

La consecuencia del proteccionismo es que bloquea las posibles fuentes de recursos y mercados para otros países. Así, crea un entorno de competencia de poder entre estados en lugar de competencia económica entre empresas. La competencia de poder entre estados es una rivalidad que niega la cooperación. Es un juego en el que solo uno puede ganar y el otro solo puede perder. La consecuencia y devastadora solución final de dicha competición entre estados es la guerra.

Por lo contrario, la competencia económica no solo tiene elemento de rivalidad, pero también de cooperación. China no sólo es un competidor económico para Europa, sino también un importante mercado de exportación para las empresas europeas, mientras que los productos chinos importados tienen efectos positivos en el nivel de vida de los consumidores europeos. Además, aunque la competencia económica tiene un elemento de ganar-perder, también tiene un elemento de ganar-ganar (win-win). Su elemento ganar-ganar es que obliga a la innovación empresarial constante para permanecer en el mercado.

Es decir, la solución último del proteccionismo económico estatal es la guerra, mientras que la competencia económica obliga también a la innovación, la cooperación y la renovación empresarial constante, lo que nos beneficia a todos. La renovación empresarial innovadora crea abundancia de bienes, aumento del nivel de vida y cooperación entre las naciones a través de cadenas de producción y comercio.

Tres conceptos correctos

1) La economía de libre mercado ofrece a cualquier persona con espíritu emprendedor la oportunidad de enriquecerse produciendo un producto innovador que satisfaga las necesidades de los consumidores.

2) El socialismo es una ruina económica, dado que la demasiada redistribución estatal encorseta las fuerzas empresariales del mercado, lo que perjudica a los pobres.

3) El proteccionismo económico conduce a la rivalidad entre Estados y, en el peor de los casos, a las guerras, que son el acontecimiento más destructivo para la vida y para la riqueza de las naciones y sus ciudadanos.

Apple Visión Pro: Innovación y cautela empresarial

La acción humana es inherentemente empresarial. Todos tomamos decisiones que contemplan costos y beneficios, sacrificios y provechos. Todos damos y recibimos. La cooperación, el juego estratégico o la vida en sociedad se caracteriza porque nuestras acciones parten de una estimación acerca de las acciones de los demás. Es decir, jugamos con las cartas que nos jugamos en la vida porque pensamos que otros se jugarán unas en particular. Por ejemplo, compramos al carnicero porque pensamos que no nos va a dar carne descompuesta. Y puede que pensemos eso porque la última vez nos vendió carne en buen estado, porque parece un carnicero honesto o porque tiene su carnicería desde hace años funcionando.

La información para estimar lo que harán o preferirán los demás

Las empresas, como máxima expresión de la función empresarial, viven de estimar que harán y desearán los demás para anticiparse y buscar satisfacer sus necesidades. Con frecuencia, los liberales defendemos que ese proceso de estimar continuamente las necesidades de los demás para asignar recursos. Decidir que se va a producir y cómo se va a distribuir, deben llevarlo a cabo las empresas de manera descentralizada o en régimen de competencia. Esto, porque las preferencias del público cambian continuamente. Y a pesar de que las podamos intentar conocer por diversos medios, la preferencia revelada en la compra es el dato más fiable sobre lo que ocurre con los consumidores. Y los precios de mercado son una fuente de información insustituible.

Innovación y planificación central

Adicionalmente, las empresas innovan, una osada tarea que en ocasiones implica crear nuevas necesidades en el público. La innovación es un gran riesgo porque se construye con grandes vacíos de información, requiere muchas veces de una corazonada, intuición y riesgo. Sin embargo, la innovación puede premiar muy bien a los pocos que tienen éxito. Frente a la innovación, los liberales también defendemos que se haga por medio del mercado, a treves de firmas con una restricción presupuestaria estricta (RPE). Porque ello permite detectar a posteriori los pobres proyectos de I+D e incentiva que se cierren o reorienten las innovaciones menos valoradas. En consecuencia, paradójicamente, la RPE incentiva la innovación porque castiga a los ineficientes, evitando el derroche de recursos.

Las empresas públicas o subsidiadas tienen una restricción presupuestaria blanda (RPB). Pueden innovar tan bien como cualquier otra empresa. Pero socializar riesgos incentiva a sostener los malos proyectos y socializar beneficios desincentiva que los agentes se arriesgan para innovar. Los errores pueden no acarrear costos para la empresa, sí afectar la reputación del funcionario. Además, dentro de los planes centralizados de producción, quienes innovan se arriesgan a no cumplir los objetivos originales o que los objetivos se actualicen al alza al año siguiente. Al final, hay más riesgos que beneficios al innovar con RPB que con RPE.

Innovación: un intento por cambiar la vida de otros

Los productos innovadores son una apuesta por cambiar la vida de los clientes, por lo que requieren de:

  1. Publicidad: para informar y persuadir al cliente de los beneficios del producto, convencerlo de probarlo e incorporarlo en su vida.
  2. Cautela: para poder hacer los cambios de rumbo necesarios para que la innovación se ajuste a las necesidades del consumidor a medida que se van revelando.

Las empresas viven en diálogo con sus consumidores, tratan de influir en ellos y se dejan influir por ellos. Por tanto, cualquier exceso de imposición, ingeniería social o arrogancia puede ser inmediatamente penalizado por los consumidores. En términos sencillos, nos gusta que las empresas nos inviten a hacer algo, pero no que nos obliguen a hacerlo. Los consumidores penalizan a las empresas cuando hacen cambios innecesarios, pero también cuando no hacen los cambios pertinentes; cuando se adelantan demasiado y cuando se quedan atrás; cuando se expanden demasiado rápido o cuando lo hacen demasiado despacio.

A diferencia del sector privado, el sector público no ajusta continuamente sus servicios. Por desgracia, no se penaliza como se debería el anticuado modelo educativo o el arcaico sistema de registro civil. Tampoco se penaliza la imposición prematura de fuentes de energía ineficaces y poco desarrolladas. Los políticos no están incentivados ni disponen de información para manejar al ritmo casi perfecto del mercado, el diálogo entre innovación y conservación es totalmente desigual o desordenado dentro del Estado.

El caso de Apple Vision Pro

Apple expuso oficialmente este mes de junio su nueva línea de productos de realidad mixta (virtual y aumentada). El último lanzamiento fue la línea de Apple Watch hace casi una década y la empresa es reconocida por liderar las tendencias del mercado. Sin embargo, a pesar de que la RV/RA lleva tiempo en el mercado, con dispositivos de todo tipo de precios y calidades, la apuesta de Apple está cargada de riesgos e incertidumbre, en parte por su precio, pero fundamentalmente por la complejidad de dicho mercado. 

La RV/RA/RM es un gran enigma tecnológico porque las personas valoramos las experiencias inmersivas. Pero este tipo de dispositivos no han tenido el éxito esperado como producto preferido para consumir películas, videos, redes sociales o videojuegos. A pesar de que muchas personas consideren «emocionante» el uso de la RV/RA o el metaverso, al usar los cacos de RV las personas se agotan con facilidad, los encuentran pesados e incomodos, se marean y no les dan un uso prolongado. De hecho, prácticamente el uso que mejor crecimiento ha tenido es el de reproducir pornografía.

La cautela

Claramente, el producto es más amigable para los jóvenes que para las viejas generaciones (45% de los usuarios son «generación Z») y la apuesta de las empresas es poder captar ese público y hacerlo crecer con sus productos, como ocurrió con el iPhone. No obstante, Apple y las empresas que apuestan por este sector deben ser extremadamente cautelosas. No adelantarse. Invertir lo justo sin abandonar otros mercados o proyectos. Además, Apple debe trabajar con sus desarrolladoras buscando que otros agentes descentralizadamente participen en el mercado y así poder generar sinergias y obtener nociones sobre las tendencias de los consumidores.

La RV/AR/MR es apasionante, pero no es nueva, y lleva tiempo en los mercados buscando su camino. Apple ha hecho una gran apuesta lanzando una versión de muy alta calidad y precio, con características como, por ejemplo, «poder grabar y reproducir tu vida» con sus cámaras frontales. Esto puede sonar más atractivo de lo que realmente es (aunque si sustituye a los idiotas que graban conciertos desde sus móviles, será un gran avance para la humanidad). Queda esperar la reacción de los usuarios, las tendencias espontáneas del mercado, la acción de la competencia, entre otros elementos interesantes que forman parte de la cautelosa y nunca estática innovación empresarial.

Una crítica a Rawls: sobre la supuesta ausencia de una antropología metafísica en la posición original

La Teoría de la Justicia de John Rawls es seguramente la obra de filosofía política más importante del siglo XX. En ella, el filósofo estadounidense revitaliza la tradición contractualista concibiendo la sociedad como un pacto que, en vez de histórica, se produce hipotéticamente. En su Teoría convierte el histórico “estado de naturaleza” en una hipotética “posición original”. En esta posición, los individuos representativos tendrían que acordar, en igualdad de condiciones, los principios de justicia de los que se derivaría toda la legitimidad estatal.

Pero estos individuos hipotéticos están sometidos a lo que Rawls denominó “velo de la ignorancia”, es decir, desconocen todo elemento particular de la sociedad. Este velo hace que los individuos desconozcan la posición que van a ocupar en la sociedad, pero también en qué sociedad vivirán, la suerte que tendrán en la distribución de talentos naturales, cuáles serán sus principios o fines vitales e incluso sus particulares psicologías. Así, los individuos representativos se presentan como seres humanos que tan solo conocen los “hechos generales”, es decir, conocimiento no particularizable de la sociedad humana (conocimientos de economía, psicología o sociología, entre otros).

Una crítica que se hizo desde el primer momento a Rawls es que su idea de individuos representativos “purgados” de toda parte empírica y contingente a la hora de decidir los principios de la justicia requería una metafísica del yo concreta para operar. La crítica era, por lo tanto, doble: primero, Rawls no especificaba de qué concepción antropológica partía y, segundo, en la medida en que ese era su punto de partida, si se tumbaba su antropología metafísica, toda la Teoría de la Justicia caía detrás.

Esta crítica parte de poner en duda la separación que tan comúnmente hacemos entre razón y sentidos, entre experiencia y lógica. Si, como creo, la razón no es pura y se modula constantemente con nuestra experiencia sensible y atributos contingentes (y viceversa), la idea de un individuo representativo sometido perfectamente al velo de la ignorancia es algo difícilmente realizable.

Rawls contestó las objeciones afirmando que aquellos que las objetaban no eran capaces de entender la posición original como un “recurso de representación”, es decir, como una forma de modelar

lo que contemplamos como condiciones equitativas bajo las cuales los representantes de personas libres e iguales han de especificar los términos de la cooperación social.

RAWLS, J (1985) Justice as Fairness: Political not Metaphisical

Si se entiende asi, la posición original

No nos compromete más con una doctrina metafísica sobre la naturaleza del yo de lo que jugar a un juego como el Monopoly nos compromete a pensar que somos terratenientes enfrascados en una rivalidad encarnizada en la que el ganador se queda con todo (Rawls, 1985).

Desde mi punto de vista, esta respuesta no es lo suficientemente satisfactoria porque tiene dos problemas de difícil resolución: Por un lado, parece difícil consensuar un concepto de individuo amputado de la razón sin presuponer una cierta antropología de la que Rawls no da cuenta. Por otro lado, incluso aceptando que este concepto pueda llevarse a la práctica, parece difícil hacer depender la existencia de obligaciones concretas de un “recurso de representación”, es decir, de una mera hipótesis.

Cuando Rawls habla de los que acuerdan los principios de justicia en la posición original no parte de individuos concretos, sino de un concepto de individuo del que no da cuenta. El concepto de individuo no es algo que se nos aparezca en la realidad. En el mundo existen individuos concretos, particularizables y materiales (yo, tú o John Rawls) pero en ningún caso existe, ontológicamente, el “individuo” como concepto. No debemos simplificar: la inexistencia ontológica no significa que estos conceptos no existan, lógicamente, en el lenguaje y en el entendimiento.

Efectivamente, la inteligencia crea conceptos para interpretar la realidad y nosotros nos valemos de ellos continuamente para posibilitar la comunicación y la vida social[1]. Sin embargo, y siguiendo a Aristóteles, estos conceptos y en nuestro caso el concepto de individuo no tiene la misma entidad que la pluralidad de seres que vemos en la realidad. Cualquier concepto es una creación analógica que, aunque parte de la pluralidad ontológica, no engloba ni contiene a los seres físicos.

Así, la idea de “ser humano” o “individuo” surge de la observación de los distintos hombres y mujeres, pero no existe como algo de lo cual cada uno de nosotros formemos parte ontológica. Lo que originalmente existe (y lo único ontológicamente) son seres diferentes particulares y si Rawls parte de un concepto es porque lo ha construido a partir de la realidad. La pregunta que habría que volver a realizarle es, pues: ¿Cómo está construyendo su idea de individuo?

La pretensión de Rawls (no presuponer ninguna naturaleza del yo previa a los atributos contingentes que tiene cada uno de los individuos particulares; ni siquiera presuponer la existencia de un yo purgado de contingencias) es irrealizable en un contexto en el cual pretende elaborar una teoría de la justicia desde una posición original que elimina las “perturbaciones” particulares: si dice que no presupone nada antes de lo particular y elimina las particularidades, ¿Qué queda en el individuo de la posición original?

Esto enlaza con la segunda crítica, puesto que lo que está haciendo Rawls es aceptar que no hay nada objetivo a lo que se pueda aferrar su teoría para que de ella se deriven obligaciones reales para todos. Si entendemos, a la manera platónica, que existe una idea ontológica de individuo de la que todos participamos como individuos concretos, podemos hacer fácilmente depender de ella la obligación que tendríamos de cumplir los principios de justicia. Incluso si desechamos la existencia ontológica del concepto, podemos mantener que, en la medida en que se comparta cierta concepción metafísica del individuo, podría hacerse derivar estas obligaciones de aquella concepción. Sin embargo, si también se rechaza un concepto del yo metafísico y solo quedan individuos particulares[2] ¿de dónde se va a derivar la existencia real de las obligaciones con el Estado y con los demás que se derivan de la justicia como imparcialidad?

Si la posición original es solo un “recurso de representación” para figurarnos cuáles son los términos de la cooperación social, solo puede obligar individualmente y en el plano moral, casi como cualquier otra forma de reflexión ética que nos imaginemos. Así, no habría ningún problema en que, si uno considera que la posición original es una hipótesis aceptable y concluye de ella, la teoría rawlsiana, viva conforme a ella, done su patrimonio en la medida en que su posición económica no mejore las expectativas de los menos favorecidos etc.[3] Lo que no podría hacer, en ningún caso, es deducir obligaciones para todos de su razonamiento, porque esto equivaldría, siguiendo la metáfora del propio Rawls, a exigir cantidades de dinero reales a individuos que ni siquiera están jugando al Monopoly, porque, mientras jugábamos nosotros, hemos considerado que han caído en nuestras casillas[4].

Así, Rawls sólo parece tener dos opciones: o reconocer una cierta antropología metafísica para poder seguir manteniendo la posición original como “políticamente vinculante”, o aceptar que solo existen individuos particulares y materiales y que para vincularlos políticamente necesitamos su consentimiento individual.

Si defiende esto último, la posición original no tiene sentido como legitimador de obligaciones políticas. Podrá tenerlo como reflexión ética individual, pero no de otra forma. Como creo que la intención última de Rawls es legitimar cierta intervención estatal más que simplemente invitar a la reflexión ética, creo que independientemente de que Rawls afirme que su teoría no presupone una concepción metafísica del yo, realmente lo hace. Y el hecho de que no se analice es una laguna importante.

Además, debe apuntarse que el hecho de que la teoría requiera una determinada concepción metafísica de la persona no es, per se, una debilidad. De hecho, Rawls podría haber aprovechado su concepto de “consenso solapante” para ofrecer una antropología que, aunque tomara parte, fuera ampliamente aceptada desde diversas concepciones filosóficas. Aun así, creo que el afán de Rawls de “limpiar” a los individuos representativos de cualquier condicionamiento no racional haría de su antropología metafísica algo difícil de aceptar para cualquier visión filosófica no puramente idealista.

Bibliografía

John Rawls, Justice as Fairness: Political not Metaphisical (1985). Philosophy and Public Affairs, 14, 223-251. Trad. De E.G. Martínez Navarro en Diálogo Filosófico 16 (1990), 4-32.


[1] Incluso podemos afirmar que la vida política existe gracias a que somos capaces de comunicarnos porque utilizamos conceptos.

[2] No se entienda de esta critica que creo que tenga que existir algo previo o distinto a los individuos particulares, simplemente que si afirmamos que esto previo no existe no tiene sentido figurarse a individuos “purgados” (o más bien amputados) de lo particular.

[3] Obsérvese que aquí los “individuos representativos” que este uno imaginaria negociando serían resultado de su razón abstraída de sus particularidades, pero nada más.

[4] La única forma de la cual se podrían imponer obligaciones para todos los miembros de la sociedad es que todos acordáramos jugar una partida de Monopoly, acordando además que las consecuencias que se derivaran de ellas nos afectaran a todos más allá del juego.

Caos en Colombia

Edgar Beltrán. Este artículo fue originalmente publicado por Law & Liberty.

Hace diez meses, Gustavo Petro fue elegido primer presidente abiertamente de izquierdas de la Colombia moderna. Desde entonces, la situación en Colombia ha sido cada vez más tumultuosa. Inicialmente, los partidos de centro y centro-derecha intentaron apaciguarle promoviendo partes de su programa a cambio de puestos en su gabinete. Esta estrategia acabó fracasando cuando rechazaron su reforma sanitaria, y los escándalos políticos fueron en aumento. Más recientemente, el suicidio del coronel Óscar Dávila, figura clave en un escándalo político, ha suscitado especulaciones sobre un posible asesinato político.

Muchos eran optimistas sobre la presidencia de Petro. Al principio hizo gala de unas dotes de negociación nunca vistas hasta entonces, racionalizando la mayor parte de su agenda. Sin embargo, poco a poco, su coalición, que incluía a los dos partidos más tradicionales de Colombia y al partido del expresidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, empezó a tambalearse.

Hacia el autoritarismo progresista

Como respuesta, empezó a coquetear con el autoritarismo y a dar un duro giro a la izquierda. Petro despidió a más de la mitad de su gabinete. Esto incluye puestos clave como los ministros de Interior, Sanidad, Hacienda y Agricultura, y lo llenó de leales. En un discurso pronunciado el 1 de mayo para conmemorar el Día del Trabajador, amenazó con iniciar una revolución si no se aprobaba su programa. También le dijo al Fiscal General (que en Colombia es elegido por la Corte Suprema, no por el presidente, y pertenece al poder judicial) que él era el “jefe de Estado y, por tanto, su jefe”.

Evidentemente, esto es preocupante. Pero para entender el ascenso de Petro al poder y su coqueteo con el autoritarismo, debemos entender de dónde viene, y cómo Colombia se enamoró de Petro.

Una larga carrera en el comunismo y la violencia política

A los 17 años, Petro se hizo miembro del Movimiento 19 de Abril (M19). Es un grupo guerrillero urbano formado en su mayoría por jóvenes educados de clase media-alta cautivados por el marxismo. El M19 es más conocido en Colombia por el tristemente célebre ataque a la Corte Suprema en 1985. En ese atentado murieron doce magistrados de la Corte Suprema junto con casi 100 personas. Muchas de ellas perecieron a sangre fría a manos del M19. Otras ardieron en los incendios que se produjeron a continuación. Aún otras fueron abatidas en el fuego cruzado entre el M19 y el ejército y la policía colombianos.

Petro, que entonces era concejal, no se encontraba en el palacio, sino cumpliendo una pena de prisión por almacenamiento ilegal de armas. Tras la disolución del M19 en 1990, Petro asesoró la reescritura de la Constitución colombiana en 1991. Fue elegido congresista, lo que daría el pistoletazo de salida a una larga carrera política. Esta carrera incluiría un puesto diplomático en Bélgica, ocho años como congresista, cuatro años como senador, cuatro años como alcalde de Bogotá y dos candidaturas presidenciales fallidas.

Sin embargo, gracias a una ola de descontento que desembocó en violentas protestas masivas en 2021, Petro sería elegido presidente en 2022.

La impronta política de Álvaro Uribe Vélez

Durante la mayor parte de su historia contemporánea, Colombia tuvo un sistema de gobierno bipartidista. Salvo la dictadura de cinco años de Gustavo Rojas Pinilla, Colombia fue gobernada por el Partido Conservador o el Partido Liberal desde 1900 hasta 2002. Hasta la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, que puso fin al tradicional bipartidismo. Uribe asestó un golpe mortal a las guerrillas en el país, y se convirtió en un “kingmaker” tras sus ocho años de presidencia. El siguiente presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue su ministro de Defensa (aunque más tarde rompería con Uribe). Y su sucesor, Iván Duque, fue el candidato de Uribe en 2018.

Sin embargo, el estilo combativo de hacer política de Uribe, que llegó a armar a civiles para enfrentarse a la guerrilla, sembró la división en el país. El polémico acuerdo de paz de Santos y la mediocre presidencia de Duque, rematada con las violentas protestas de 2021 que casi acaban con su presidencia, sólo empeoraron las cosas y allanaron el camino para un candidato antisistema. Muchos colombianos estaban cansados de las élites tradicionales. Y Petro, un hombre que llevaba 30 años en la política colombiana denunciando la corrupción del sistema y pidiendo una renovación radical y de izquierdas del sistema político colombiano, se subió a la ola.

Un boxeador

Petro derrotó por un estrecho margen del 3% a Rodolfo Hernández, otro candidato de fuera, en las elecciones de 2022. Su alianza sólo obtuvo 39 de los 109 escaños del Senado y 70 de los 188 de la Cámara de Representantes, apenas suficientes para convertir a Colombia en el paraíso socialista que tenía en mente.

Muchos pensaron que sufriría las mismas limitaciones que Duque cuatro años antes: sin suficiente apoyo parlamentario, su gobierno se estancaría y se limitaría a unos pocos decretos ejecutivos y discursos. Serían otros cuatro años mediocres para Colombia. Al fin y al cabo, Petro se ganaba la vida enfrentándose a la clase política tradicional y denunciando su corrupción. Era un boxeador, no un jugador de ajedrez.

La audacia de Petro

Lo que no esperaban era que Petro fuera lo suficientemente audaz como para jugar limpio con los partidos tradicionales: ofreció puestos en su gabinete tanto a los partidos Conservador y Liberal como al Partido de la U (el partido del ex presidente Santos) y prometió moderar algunas de sus posturas (por ejemplo, diciendo que no intentaría simplificar las expropiaciones). A cambio, estos partidos acelerarían su programa. Con su apoyo, contaba con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, más que suficiente para promulgar su proyecto.

Al principio, pudo hacerlo. Aprobó rápidamente una reforma fiscal, la ley de “paz total” que establece un nuevo marco de negociación con los cárteles de la droga y la guerrilla en el país, y parte de su reforma agraria para dar tierras a los pequeños agricultores.

Conspiranoia

Sin embargo, una polémica reforma sanitaria demostró que, a ojos de Petro, trabajar con su coalición era un ejercicio de equilibrismo insuperable. Es la Colombia que tiene en su mesiánica cabeza o nada. La reforma no consiguió ser votada en el Congreso a finales de abril.

El hombre más rico de Colombia, Luis Sarmiento, se apresuró a duplicar sus donaciones a los partidos tradicionales colombianos, incluidos los de la coalición de gobierno, lo que dio a Petro más razones para afirmar que las élites del país intentaban hacer fracasar su proyecto. Después de esto, la cara más conocida de Petro -el populista con impulsos autoritarios- se mostró a la vista de todos.

“Se están burlando de la decisión de los votantes y eso no debe ser”, dijo Petro en rueda de prensa. “Creo que el Gobierno debe declararse en emergencia”.

Poderes extraordinarios

Tras enfrentarse a un único escollo legislativo, Petro amenazó con crear un gobierno de emergencia que le diera más poder. Redactó un Plan Nacional de Desarrollo que incluía medidas para otorgar al presidente poderes extraordinarios en asuntos medioambientales y de seguridad en línea. Sin embargo, el Plan aprobado a principios de mayo no incluía tales disposiciones.

A continuación, pidió a todo su gabinete que presentara su dimisión. En total, 12 de sus 19 ministros ya han sido sustituidos en sus primeros nueve meses, siete de ellos tras la rabieta de Petro, más el jefe de gabinete.

“La invitación a conformar un pacto social por el cambio [en Colombia] fue rechazada”, anunció Petro en su cuenta de Twitter, un claro subtexto dirigido a los partidos tradicionales que intentaron apaciguar a Petro y moderar su agenda.

Todos los ministros destituidos son miembros moderados de su coalición, como su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, miembro del Partido Liberal. Entran los partidarios de la línea dura de la izquierda y algunos de sus más firmes partidarios, que sobrevivieron a la puerta giratoria de su mandato como alcalde de Bogotá (cuando más de 50 personas pasaron por su gabinete de nueve miembros en cuatro años).

Cambios en el gobierno

Peor aún, el intento de los partidos de apaciguar a Petro y unirse a él en el gobierno creó un problema mayor: la rebelión interna. Algunos miembros de los partidos Conservador, Liberal y de la U todavía desean apoyar a Petro y promulgar su programa. Petro está apostando a que puede tener éxito negociando individualmente con los miembros de los tres partidos en el Congreso en lugar de tratar con las directivas de los partidos. En este momento, podría funcionar.

Destituyó a la controvertida ministra de Sanidad, Carolina Corcho, y la sustituyó por Guillermo Alfonso Jaramillo, un camaleón de izquierdas. Jaramillo fue secretario de Salud de Petro en Bogotá, al igual que el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. También nombró jefe de gabinete a Carlos Ramón González, antiguo guerrillero e inflexible izquierdista.

A la ofensiva

Y luego pasó a la ofensiva. En un discurso pronunciado el 1 de mayo desde el balcón presidencial, se mostró dispuesto a confiscar la propiedad privada, diciendo: “La gran revolución en marcha requiere una clase obrera movilizada, organizada, unida y luchadora, este gobierno quiere una alianza profunda e inquebrantable con el pueblo trabajador.”

“La tierra es para quien la trabaja”, dijo. “Tiene una función social, una función medioambiental. La tierra no es para un grupo de herederos feudales y esclavistas que la conservan. . . y la defienden matando a los pobres”. Y añadió: “El gobierno tiene que tomar la tierra”.

Esto es preocupante, pero eso no fue lo peor.

“No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con el pueblo movilizado, y a la cabeza de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera”. El intento de recortar las reformas puede llevar a una revolución”, añadió en el discurso, en el que se comparó con Simón Bolívar, el libertador venezolano de Colombia.

La amenaza de revolución no pasó desapercibida.

La marcha de la guardia de base racial

Dos días después, el 3 de mayo, 600 hombres de la llamada Guardia Indígena marcharon hacia el recinto del Congreso colombiano vestidos de negro, con los rostros cubiertos y garrotes en las manos, mientras el Congreso discutía el Plan Nacional de Desarrollo de Petro. Muchos medios locales consideraron que se trataba de un intento inaceptable de intimidar al Congreso para que aprobara las reformas de Petro, y la Guardia regresó el jueves, justo cuando se aprobaba el plan.

Pero Petro no se detuvo ahí. El 26 de abril compartió una noticia que decía que un fiscal, Daniel Hernández, ocultó información sobre asesinatos perpetrados por el Cartel del Golfo, el cartel de la droga más poderoso de Colombia. El Fiscal General, Francisco Barbosa, criticó a Petro, diciendo que estaba poniendo a Hernández y a su familia en peligro. Luego, el 5 de mayo, le preguntaron por Barbosa y dijo que “se le olvida que soy el jefe de Estado y, por tanto, su jefe”, y luego redobló su posición en las redes sociales, afirmando que Barbosa le había “irrespetado” como “jefe de Estado, representante de la Nación ante el mundo y el pueblo”.

El poder judicial pone pie en pared

En Colombia, la Corte Suprema nombra al Fiscal General, no el ejecutivo. Parecía que Petro intentaba inmiscuirse en otra rama del poder público, justo una semana después de amenazar al poder legislativo. La Corte Suprema publicó inmediatamente un comunicado en el que su presidente, Fernando Castillo, declaraba que el Fiscal General no tenía superior jerárquico y que “desconocer o malinterpretar los fundamentos de nuestro Estado de Derecho genera incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.

Mientras tanto, Barbosa dijo en una entrevista que Petro estaba tratando de acabar con “la Constitución de 1991… materializando su intención de estar por encima de la rama judicial del poder público”, y lo calificó como un “dictador” que está tratando de “dar un golpe de Estado al poder judicial.”

El escándalo

Ahora, Petro enfrenta el mayor escándalo de su administración, luego de que a principios de junio se revelara que su exjefa de gabinete, Laura Sarabia, llegó al extremo de hacer que la Policía interviniera el celular de su niñera tras sospechar que había robado dinero de la casa de Sarabia. Mientras tanto, el exjefe de campaña de Petro y embajador en Venezuela, el polémico Armando Benedetti, se enojó porque nunca recibió un nombramiento a nivel de gabinete, y reveló que Sarabia lo llamó para que la ayudara a enterrar la historia de la niñera, lo que llevó al inicio de una investigación por parte de la Fiscalía General del país. Benedetti, entonces, en una entrevista reveladora, habló de la posible participación de carteles en la financiación de la campaña de Petro, entre otras irregularidades.

El coronel Óscar Dávila iba a ser interrogado por el Fiscal General de Colombia en relación con las escuchas no autorizadas, pero supuestamente se pegó un tiro el día antes del interrogatorio. Se trataba de un interrogatorio que había solicitado personalmente a través de su abogado en una carta pública. Muchos sospechan de juego sucio, porque el primer periodista que llegó al lugar informó de que había visto dos agujeros de bala.

Petro, una vez más, respondió llamando a sus partidarios a las calles y culpando a una conspiración de la derecha de todos los problemas. También insistió en que el Fiscal General y los medios de comunicación eran los culpables del supuesto suicidio de Dávila.

El rechazo de los colombianos

Los colombianos se han cansado rápidamente de Petro. En sólo nueve meses, pasó de ser uno de los presidentes más populares de América Latina a tener un índice de aprobación del 35%. Incluso en sus periodos relativamente benignos, los pequeños escándalos han perseguido su presidencia. Su vicepresidenta, Francia Márquez, una activista ecologista negra, ha sido criticada por utilizar un helicóptero del gobierno para asuntos privados. Su hijo, Nicolás Petro, fue acusado de tener vínculos con cárteles de la droga. Y Petro trató de eludir la situación alegando que “él no lo había criado”, porque Petro estaba en el ejército guerrillero cuando Nicolás era un niño, por lo que no podía ser considerado responsable de Nicolás.

Esta afirmación no resulta convincente, dado que Petro fue el responsable del lanzamiento de la carrera política de su hijo. Sus intentos de aumentar la participación del gobierno en sectores de la economía, bloquear contratos petroleros, endurecer las leyes laborales y amenazar la propiedad privada se volverán contra él más pronto que tarde. Y su coalición legislativa no ha hecho más que reducirse y radicalizarse a lo largo de su mandato.

Petro se ha metido en un buen lío. Ha optado por la confrontación y ha desafiado a las instituciones colombianas, que han resistido valientemente, aunque a duras penas, las guerras civiles, del narcotráfico y de la guerrilla. ¿Cuánto tiempo podrán sobrevivir a un autócrata caprichoso?