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Líderes en impuestos, a la cola en la recuperación

Escrito por Ángel Martín Oro en enero 23, 2012. Publicado en Análisis diario.

Días antes de que el nuevo gobierno del Partido Popular tomara el poder, algunos escribimos, no sin gran dosis de ingenuidad, que se abría una pequeña oportunidad para que se implementaran algunas de las reformas económicas que necesita este país.

Solo una semana tardó el gobierno en hacer desaparecer esta esperanza. Fue en su primer Consejo de Ministros del 30 de Diciembre, el último viernes de 2011. Las caras del nuevo gobierno comparecieron apesadumbradas: los datos reales del déficit público no eran del 6%, como habían prometido los socialistas del partido gobernante anterior, ¡sino del 8%!

Ante tamaña desviación inesperada, fruto de la mala gestión económica previa, los populares sintieron que se les había clavado un puñal por la espalda. Y claro, ante este hecho, no quedaba más remedio que devolver esa misma puñalada, pero ahora no a sus colegas socialistas, sino a los contribuyentes, a todos. No tienen muy integrado en sus conductas eso de "no devolver mal por mal".

La notable subida de impuestos aprobada, principalmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) –tanto para rentas del trabajo como para rentas del capital–, pero también en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), representa la falta de voluntad y valentía política para recortar unos gastos públicos excesivos.

Frente a la idea esgrimida por muchos de que el problema de déficit de España se debe en buena parte a un nivel de impuestos insuficiente, el informe que publicamos hoy en el Observatorio de Coyuntura Económica del IJM, "España: en la cola del paro y a la cabeza de impuestos", argumenta lo contrario. Tal y como evidencian los datos del informe, precisamente fue el gasto público el que creció de forma insostenible al calor de los ingresos impositivos abundantes debidos al crecimiento burbujeante. No solo en España, sino también en Irlanda, otro país que sufrió una burbuja inmobiliaria y crediticia de gran magnitud.

El que se alcanzara superávit en las cuentas públicas dio la sensación de que la gestión de estas estaba siendo prudente. Pero nada más lejos de la realidad: no es en absoluto prudente financiar gastos estructurales con ingresos coyunturales que tienen los días contados. Una vez explota la burbuja, los gastos se disparan y los ingresos se desploman y, en consecuencia, aparece un agujero importante que retrae recursos de la economía privada.

El intento de cubrir este agujero por medio de aumentos impositivos es, desde nuestro punto de vista, un craso error de diagnóstico de la situación.

Pero quizá esto no sea lo más importante. Y es que, como se argumenta en el informe, estas medidas van a lastrar la recuperación y el crecimiento del sector privado por dos vías principalmente: 1) las mayores cargas fiscales sobre el trabajo restarán renta disponible a las familias sobreendeudadas que se esfuerzan por pagar sus deudas y no impagar; y 2) el golpe fiscal a las rentas del capital desincentivará el ahorro nacional, en una fase de la coyuntura en la que éste es especialmente escaso y vital para financiar la reestructuración productiva y recapitalización bancaria.

Actuando de esta manera y obstaculizando todavía más la actividad económica, difícilmente se generará una recaudación impositiva fuerte que contribuya a reducir el déficit. Por tanto, aquellos que hablaban tanto de que no se iba a poner el énfasis en la austeridad fiscal, sino en las reformas para favorecer el crecimiento, deberían estar poniendo el grito en el cielo. Ni se emprende un proceso de ambiciosa austeridad por la vía del gasto de las AAPP, ni se acometen reformas estructurales que mejoren el ineficiente y anticompetitivo marco regulatorio que atenaza al sector privado.

Eso sí, con esta estocada fiscal de Rajoy y sus secuaces, en Europa ahora pocos países tienen unos tipos de gravámenes sobre la renta tan elevados como en España. Ni los muy socialdemócratas países nórdicos, que al menos, tienen unos servicios públicos mucho mejores que los nuestros. Para que luego digan que los españoles soportamos impuestos comparativamente bajos en España. Ahora con mucha más razón podemos contestar: ¡Menuda falacia!

Rajoy opta por la vía comunista

Escrito por Juan Morillo en enero 18, 2012. Publicado en Análisis diario.

Ahora ya podemos afirmar con rotundidad que todo el Parlamento español es de izquierdas. Ya conocíamos la inclinación colectivista de la totalidad de los partidos políticos, pero con las últimas medidas tomadas por el gobierno del Partido Popular, ahora sabemos a ciencia cierta que ese colectivismo es de izquierdas.

Incluso los que no nos esperábamos nada realmente bueno de Rajoy nos hemos quedado sorprendidos: su medida para reducir el déficit es subir de forma histórica los impuestos al trabajo, al ahorro y a la vivienda. ¡Toma ya! Ha dejado sin discurso y sin palabras a Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida (Partido Comunista), que viene reclamando desde hace meses que la solución para salir de la crisis es subir los impuestos (en su programa electoral indicaba fijar el IRPF al 50% para el último tramo, Rajoy ha ido más allá colocándolo en el 52%).

Con lo cual el gobierno ya nos está diciendo que la austeridad va a ser privada. El esfuerzo lo van a realizar trabajadores, ahorradores, inversores y autónomos. Es decir, las clases medias que ya están completamente ahogadas y endeudadas.

Pero yendo a la cuestión principal: ¿es efectivo subir los impuestos al trabajo y al ahorro para solucionar el déficit del Estado? Rotundamente no. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Y mucho menos en plena crisis bancaria y económica.

Me explico. Primeramente, subir los impuestos no significa recaudar más. Qué duda cabe que los Estados desearían aumentar ilimitadamente los impuestos pero se encuentran que, llegados a un determinado punto, no pueden recaudar más por mucho que sigan aumentando los impuestos. Esta es la intuición que plasmó Arthur Laffer (economista de la oferta) en la curva que lleva su nombre. A partir de un cierto nivel de impuestos, el Estado va a ingresar menos. Este descenso en la tributación se puede deber a diversas causas: destrucción de la producción, porque los proyectos dejan de ser rentables y se abandonan (o ni se empiezan); sustitución de trabajo por ocio; o porque propician el fraude y la evasión fiscal. Conclusión: pensar que aumentando los impuestos se van a incrementar los ingresos del Estado es tan estúpido como asegurar que al elevar los precios en un negocio se van a subir las ventas.

Otro motivo para oponerse a la subida de impuestos es que no sólo no reducirá significativamente el déficit, sino que impedirá la salida de la crisis. ¿Por qué? Porque dilapida la renta de los ciudadanos (supondrá unos 679 euros más de media por persona) y empresas, con lo que evita que salden sus deudas y que puedan reestructurarse financieramente. Despilfarra los recursos necesarios para que la crisis se vaya superando progresivamente. El gobierno debería favorecer el ahorro privado, pero no para consumirlo él, sino para que pueda ser puesto a disposición de los intermediarios financieros y, de esta manera, favorecer la inversión.

Esto roza la obviedad, y posiblemente el gobierno sea consciente de ello. Pero admitirlo conllevaría tomar medidas que no serían de su agrado ni de su conveniencia: medidas de austeridad pública reduciendo el gasto público y eliminando privilegios. Implantar y vivir en la fantasía comunista es más cómodo para todos.

De esta manera Rajoy ha empezado a culminar el sueño comunista… y nuestra peor pesadilla. Sólo le queda la puntilla final: una mala reforma laboral.

Intervencionismo contra la función empresarial y el crecimiento en Economía

Escrito por Alexander Fernández en enero 16, 2012. Publicado en Análisis diario.

Si se respetan las relaciones causales responsables del crecimiento en Economía, las instituciones de un país deben guardar el máximo respeto por la propiedad privada y por el cumplimiento de los contratos y, por tanto, las autoridades necesariamente deben actuar dotando las mejores condiciones posibles para que se ejerza sin trabas la función empresarial -lo que en inglés se denomina entrepreneurship o, si se prefiere, el espíritu emprendedor de los ciudadanos- como la actividad “impulsora de la creatividad y de la coordinación que surgen espontáneamente en el mercado“.

Pero alcanzar una sociedad abierta y dinámica con un grado de evolución sociocultural avanzado como el descrito en el anterior párrafo significa que las clases dirigentes deben asumir la importancia de respetar las leyes económicas “naturales” que obtienen sus máximo esplendor cuando las autoridades garantizan el cumplimiento de la Ley pero, además, interfieren lo mínimo posible en el mercado, permitiendo que se extienda entre la población tanto la cultura del esfuerzo, el mérito y la capacidad profesionales como la asunción del riesgo asociado a la obtención de beneficios empresariales.

Sólo entonces se consiguen las mejores condiciones económicas para el desarrollo de la eficiencia dinámica en Economía con el inicio de nuevos negocios y el incremento del comercio con la interacción, libre y pacífica, de millones de ciudadanos que son los responsables directos de la creación de riqueza en las naciones.

La lectura del ensayo ¿Poder o ley económica?, publicado en 1914 por el economista austriaco Eugen von Böhm-Bawerk y editado en castellano en 2009 por Unión Editorial, resulta gratificante porque, aunque no lo manifieste expresamente, sus ideas enlazan con el “iusnaturalismo” que defendían los autores de la Escuela de Salamanca, tanto en su defensa de los individuos y de un orden “natural” como en su oposición al intervencionismo porque merma el crecimiento económico del conjunto de la sociedad:

…así como las leyes de los fenómenos puramente naturales se aplican según un orden inmutable e independiente de la voluntad y de los acuerdos de los hombres, así también en la vida económica existen unas leyes contra las cuales la voluntad humana, aunque sea la del Estado con todo su poder, resulta impotente, y que ni siquiera las intervenciones artificiales de las fuerzas sociales pueden desviar la corriente de los fenómenos económicos de un comportamiento impuesto imperativamente por el poder de las leyes económicas. Una de estas leyes, entre otras muchas, es la referente a la regulación de los precios por la oferta y la demanda, cuyo eficaz funcionamiento se ha podido observar innumerables veces, por ejemplo, sobre los intentos realizados por el gobierno, con su poder coactivo, para reducir con su intervención “innatural” el precio del pan en tiempos de carestía, o bien para atribuir a una mala moneda el poder adquisitivo de otra buena.
Böhm-Bawerk (1914 [2009], p. 51).

Sin embargo, aquellos intelectuales, académicos y ciudadanos que captan la importancia de las leyes económicas “naturales”, de aplicación universal y en cualquier época, que subyacen en los fundamentos del crecimiento económico, se mantienen en un estado de frustración permanente y de preocupación constante, al observar cómo muchos dirigentes siguen descuidando la estructura de incentivos que permite la empresarialidad.

Ya sea por defender una ideología “colectivista“ (y equivocada) en su identificación de las causas del crecimiento, ya sea por recibir erróneos consejos económicos o bien por primar un cálculo demoscópico para obtener réditos electorales, los políticos adoptan medidas “antieconómicas” que impiden el proceso “natural” de las relaciones económicas responsables del crecimiento de una sociedad abierta con la imposición gubernamental de intervenciones como, por ejemplo, los salarios mínimos, la negociación “colectiva”, los monopolios de grupos de presión, los precios fijos, las subvenciones, el gasto social o, también, el incremento de los impuestos.

Aumentos salariales “artificiales”

Böhm-Bamerk analizó en su ensayo cómo los aumentos salariales conseguidos “artificialmente“ por encima del incremento de productividad de cada empresa, mediante imposición de los sindicatos a cambio de la “paz social“, no pueden ser permanentes porque afectan seriamente a la empresarialidad:

… para evitar pérdidas netas insostenibles a largo plazo, los empresarios se ven en la necesidad de cubrir el aumento salarial con un aumento de la productividad marginal del trabajo. Y para conseguirlo…, la única solución es la prolongación de las vías indirectas de producción; solución que, sin embargo, sólo puede adoptarse si al mismo tiempo se procede, en igualdad de condiciones, a la reducción de plantilla.
Böhm-Bawerk (1914 [2009], pp. 125-126).

Aumentos de impuestos “artificiales”

Sin embargo, un razonamiento similar también se puede aplicar cuando el aumento de la recaudación tributaria de un Estado no se produce de un modo “natural” como consecuencia de una mayor actividad económica que incrementase los beneficios de los empresarios, sino que se obtiene de un modo también “artifical” por un aumento gubernamental del impuesto de sociedades o bien, como ha ocurrido recientemente en España, por el incremento unilateral de los impuestos sobre las rentas de trabajo y las rentas de capital.

En el primer caso, se disminuyen los beneficios de las personas jurídicas y, por tanto, a medio y largo plazo se minora la empresarialidad al disminuir la rentabilidad de los negocios y, por tanto, la capacidad de nueva inversiones de los empresarios y, en aquellas empresas con tamaño y flexibilidad suficientes, fuerzan las reducciones en el coste fijo de su masa salarial, con reducciones de nóminas o bien mediante despidos de trabajadores, para que el negocio retome la senda de la rentabilidad.

En el segundo caso, se merman las nóminas y las rentas de capital de las inversiones y, por ello, se resta capacidad de ahorro y, a posteriori, capacidad de consumo e inversión a los ciudadanos con lo que, igualmente, se deteriora la función empresarial de una economía de mercado.

En ambos casos, los aumentos de impuestos “directos” deterioran la función empresarial de una economía de mercado y lastran el crecimiento económico de los países. Se quita dinero en efectivo del sector privado para trasladarlo a las administraciones públicas, evitando el necesario ajuste de las partidas de gasto público. Por un lado, restan competitividad al sector privado. Y, por otro lado, posponen la reducción de las ineficiencias públicas y, por tanto, evitan el imprescindible ajuste de un Estado hipertrofiado que es el principal problema de las economías de Europa.

Disminuye la posibilidad de eficiencia dinámica en la Economía, porque se elimina del mercado privado una cantidad ingente de dinero que, antes, podían ahorrar los agentes económicos para decidir dónde consumir, dónde invertir, dónde crear valor añadido o dónde emprender un nuevo proyecto empresarial. Por tanto, es una ley “natural” y universalmente aplicable, en todo momento y lugar, que las subidas de impuestos (más allá de garantizar los fundamentos del crecimiento económico y, especialmente, si son tributos “directos“) deterioran la función empresarial y lastran siempre el crecimiento económico de los países.

Socialismo de Estado

Aunque existen bastantes más casos de intervención política en Economía, para no extenderme, permítanme que resalte el valor actual de Böhm-Bawerk, aprovechando las palabras del profesor Lorenzo Infantino en el prefacio del libro, para describir el intervencionismo:

Los marxistas querían sustituir las leyes de la economía por la primacía de la política, que se pretendía lograr mediante el plan único de producción y distribución. Los representantes de la escuela histórica [alemana] tenían igualmente como objetivo la primacía de la política. Pero, en lugar de recurrir a la planificación, pensaban implantar un sistema de intervencionismo generalizado, es decir, una especie de “socialismo de Estado”.
Böhm-Bawerk (1914 [2009], p. 37)

Ese razonamiento sigue siendo válido hoy, en Europa y en España, un siglo después, al igual que son válidas las leyes económicas “naturales” que permiten afirmar que encarar una crisis de deuda con expectativas “reales” de éxito requiere la realización de un ajuste fiscal serio pero, también, la introducción de reformas que permitan recuperar la competitividad frente a las economías emergentes.

Ajuste fiscal, competitividad y función empresarial

Ambas tareas sólo son posibles de acometer de forma conjunta y de modo que se favorezca la función empresarial: 1) si el ajuste fiscal se realiza sin aumento de impuestos “directos” que lastren el crecimiento al deteriorar la competitividad y la empresarialidad, 2) si también se encaran los problemas a medio y largo plazo derivados de la insostenibilidad del enorme “gasto social” de Europa y, especialmente en España, 3) si además se acometen reducciones drásticas en las partidas presupuestarias que racionalicen el gasto en el Estado central y, especialmente, en las autonomías y los entes locales.

Por el bien de todos los españoles, esperemos que la necesaria reforma laboral logre evitar la coacción de los sindicatos y que, después de las elecciones andaluzas del 25 de marzo 2012, la política no interfiera más en la economía y nos encontremos con un ajuste fiscal serio de 40.000 millones de Euros en el año 2012 y otros 40.000 millones en el 2013, realizado exclusivamente con reducciones de gasto público.

Y las cigarras les subieron los impuestos a las hormigas

Escrito por Fernando Parrilla en enero 11, 2012. Publicado en Análisis diario.

Anda mucha gente sorprendida por la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de subir los impuestos de una manera brutal. Al parecer, el PP defendía que unos impuestos altos eran incompatibles con la recuperación y en su campaña electoral había manifestado su disposición a no subirlos, e incluso a bajarlos.

Por eso, dicen muchos, es inexplicable que en tan poco tiempo hayan cambiando radicalmente de posición acometiendo la que es una de las mayores subidas de impuestos de los últimos tiempos.

La verdad es que no tiene nada de raro. Y no porque, como dicen sus defensores, el déficit dejado por el anterior gobierno fuera superior al comprometido (eso era algo que todo el mundo sabía desde hacía meses), sino porque la función del gobierno es siempre la de apoyar los intereses de los grupos organizados.

Al final todo se reduce a la parte que nunca nos explicaron de niños al contarnos el cuento de la cigarra y la hormiga. La cigarra no pasa hambre en invierno por no ser tan previsora, ni ahorradora, como la hormiga. Pasa hambre porque la hormiga fue capaz de defender sus provisiones de comida de la hambrienta y cabreada cigarra. Porque cuando descubres tarde que has metido la pata hasta el fondo no miras con respeto a tu vecino más precavido y aceptas lo dispar de vuestro futuro. Le miras con envidia y maquinas un plan para robarle lo que tiene. Y mira por dónde hace muchos años que las cigarras se dieron cuenta de que la mejor forma de acceder a los almacenes de los hormigueros era constituyendo una cosa llamada Estado.

Hasta 2008 fueron multitud los que pensaron que íbamos a vivir un verano perpetuo. Que ya no era necesario ahorrar y que ciertos sectores crecerían de manera infinita. A las hormigas de esos tiempos se las consideraba unas trastornadas, seres que se habían quedado en una época pasada y a las que había que ignorar o ridiculizar. Luego llegó la quiebra de una de las cigarras más gordas y los sudores fríos empezaron a correr por las espaldas de todos. ¿Y por qué de todos? Pues porque las hormigas, o bien tenían sus ahorros bajo el control de alguna cigarra (que por supuesto se lo había prestado a su vez a otra), o porque su producción futura podía ser fácilmente retenida por un Estado inflado a base del humo vendido por cigarras durante años.

Y es que si de verdad el Estado fuera ese árbitro imparcial que muchos creen que es, se debería haber limitado a ejecutar las quiebras de aquellas cigarras que no hubieran podido sobrevivir a la nueva situación y protegería los bienes de las hormigas de quienes quisieran arrebatárselos. La realidad, una vez más, demuestra que los gobiernos siempre defienden sus propios intereses, y estos están con los grupos organizados de cualquier sociedad.

Pero en vez de ver los hechos y analizarlos fríamente, la gente vuelve a creer en fantasías como que se puede escoger a un gobierno que vaya contra los intereses de quienes le sustentan o incluso que en el fondo el expolio a las hormigas es por su bien ya que la alternativa sería mucho peor.

Esperemos al menos que esta nueva tomadura de pelo de la casta política haga que un 1% de la población sea más consciente de que da igual lo mucho que se esfuerce o lo previsor que sea con sus finanzas ya que, mientras exista un Estado que maneje a su antojo nuestra propiedad presente y futura, su destino no lo decidirá él sino otros.

Rajoy, otro socialista mentiroso

Escrito por Manuel Llamas en enero 2, 2012. Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, este sueño fue barrido de un plumazo en el Consejo de Ministros del pasado viernes, cuando, por sorpresa, el presidente popular aprobó una de las mayores subidas fiscales de la democracia. Esta decisión, más allá de las nefastas consecuencias que tendrá para el conjunto de la economía nacional, demuestra que Rajoy es un socialista más en materia presupuestaria y, sobre todo, un mentiroso en la arena política. Nada nuevo bajo el sol, aunque millones de electores depositaron su confianza en los populares, que prometieron que el cambio era posible.

Resulta desolador observar lo poco que ha durado dicha promesa, poco más de un mes desde las generales del 20-N, y lo endeble e ilusorio que ha sido el discurso del PP en estos últimos años. El brutal aumento de impuestos aplicado sobre las rentas del trabajo, el ahorro y la vivienda tan sólo puede ser calificado de traición. Traición a los votantes del PP, porque este partido incluyó en su programa electoral el compromiso explícito de no subir los impuestos, algo que su líder, Mariano Rajoy, reiteró hasta la saciedad:

– 11 de julio de 2009: "En una situación de crisis, donde todo el mundo lo está pasando mal, donde todo el mundo tiene dificultades, donde mucha gente ve cómo no le paga ni siquiera la Administración, es un disparate quitar recursos a los particulares y subir los impuestos. Y eso va contra el empleo".

– 27 de septiembre de 2009: "La subida de impuestos no es necesaria. La subida de impuestos no se justifica y la subida de impuestos es profundamente insolidaria con las clases medias y trabajadoras españolas".

– 22 de agosto de 2010: "Ahora el Gobierno habla de que va a subir los impuestos, incluso ha llegado a decir que para ponernos a nivel europeo. Eso es un insulto a los españoles, porque los españoles son los terceros ciudadanos de la Unión Europea que hacen más esfuerzo fiscal, los terceros".

– 17 de noviembre de 2011: "En principio, no voy a tocar ningún impuesto si gano las elecciones, salvo los impuestos a emprendedores, que esos sí hay que bajarlos porque la gran prioridad nacional en España es la creación de empleo (…) En el medio y largo plazo, pues según cómo vaya evolucionando la economía, pero en principio no vamos a tocar ningún otro impuesto".

– 19 de diciembre de 2011 (Discurso de investidura): "Mi intención es no subir los impuestos porque creo que en un momento como éste, y más a los pequeños y medianos empresarios o a las empresas, con las dificultades que están pasando, no me parece lo más razonable".

Quién te ha visto y quién te ve. La palabra de Mariano vale lo que vale, es decir, nada. Rajoy fue elegido presidente con un discurso en el que prometía reducir el déficit sin subir los impuestos, pero a las primera de cambio gobierna como el resto de sus nefastos homólogos en Grecia, Italia o Portugal –el caso de Irlanda presenta importantes matices–.

De hecho, los engaños no acaban aquí. El PP justifica ahora esta medida "extraordinaria" y "temporal" de forma… injustificable, ya que, si bien el descuadre presupuestario para 2011 puede superar el 8% del PIB –frente al 6% previsto por Zapatero–, no es menos cierto que algunos miembros del actual Ejecutivo, como el propio De Guindos (ministro de Economía), conocían de antemano este dato, por lo que no es una sorpresa. Por otro lado, el PP gobierna en casi todas las comunidades autónomas, y son éstas, precisamente, las principales responsables del desvío presupuestario, no el Gobierno central. Además, resulta cuanto menos extraño que en Génova desconocieran la grave situación financiera con la que han de bregar sus barones. Por último, pero no menos importante: si hay que reducir el déficit en 40.000 o 50.000 millones de euros este año, ello no justifica el sangrar aún más la economía productiva con vistas a sufragar el derroche público, sino que es la prueba fehaciente de que los políticos deben apretarse el cinturón, pues siguen gastando más de lo que ingresan.

La gravedad de esta subida fiscal no radica sólo en la flagrante mentira de Rajoy, sino en sus efectos. La promesa de austeridad pública, unida a la conformación de un Gobierno capacitado para acometer los grandes retos que afronta el país, permitía aventurar un fuerte saneamiento económico en el presente ejercicio. Sin embargo, por desgracia, la partitura mostrada por Rajoy se asemeja mucho, al menos por el momento, a la ejecutada por Zapatero desde 2008. El nuevo presidente se decidió el pasado viernes por una política fiscal puramente socialista, tal y como proponían PSOE e IU en sus respectivos programas; de hecho, mantiene el Impuesto de Patrimonio y la subida fiscal a la grandes empresas aprobadas hace poco por Salgado, así como políticas sociales de Zapatero como la Ley de Dependencia, el PER de 400 euros para parados, la renta básica de emancipación o el permiso de paternidad. Rajoy se ha comprometido a garantizar las bases del insostenible Estado del Bienestar, revalorizando las pensiones públicas y el actual régimen de prestaciones por desempleo; y hasta ha otorgado luz verde a la inefable Ley Sinde.

Por si fuera poco, el PP ya baraja avalar la deuda autonómica, lo cual supondría socializar desmanes ajenos, cubrir los agujeros bancarios mediante la creación de un banco malo que sufragará el contribuyente o mantener intacta la actual Ley Antifumadores, entre otros despropósitos. Sin duda, aún está todo por hacer, y medidas como el recorte público de casi 9.000 millones de euros en el primer trimestre están muy bien encaminadas, pero, por el momento, el socialismo domina de forma contundente la partida. Mucho tendrá que cambiar el PP en los próximos meses para reconducir el resultado. Hoy por hoy, tras sus primeras decisiones, Rajoy tan sólo ha demostrado ser otro socialista mentiroso y, por tanto, su período de gracia llega a su fin.

Entre el seny y la rauxa

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en diciembre 26, 2011. Publicado en Análisis diario.

"No es lógico que, siendo una parte esencial del estado español, paguemos uno o dos puntos porcentuales más que el gobierno central por nuestra deuda". Quien de esta guisa clama por una emisión de "hispabonos" o "iberbonos" del gobierno central para asumir las deudas de la comunidad de Cataluña no es el prefecto del departamento del Nordeste-Pirineos –como tal vez llamaríamos a esta entrañable región al modo francés– sino el presidente de uno de esos híbridos monstruosos entre estado federado y estado independiente que han resultado ser las comunidades autónomas españolas. Con el pretexto de la falta de apoyo financiero estatal, el gobierno de una de ellas ha suspendido pagos a sus empleados, al tiempo que ha aplazado el ingreso de las retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social. No parece que hable la misma persona que antes de llegar a presidente de la Generalitat contribuyó de manera entusiasta al golpe de gracia dado a la legalidad constitucional por la aprobación formal del estatuto catalán de 2006.

Los presentes lamentos de Artur Mas derivan de la percepción común entre analistas de deuda pública de que la caótica relación de los gobiernos españoles conlleva un riesgo adicional de que las deudas de las regiones no se asuman por un gobierno central cuyas cuentas ya se encuentran suficientemente deterioradas. Esta responsabilidad mancomunada frente a los acreedores, la cual parece evidente dentro de la estructura de los estados reconocidos en Derecho internacional, no resulta tan clara con el proceso de segregación progresiva abierto en España hace años. Resulta curioso que cuando el independentista declarado se da cuenta de las consecuencias de sus veleidades no tenga empacho en definir a su demarcación como región española y en reclamar la "ayuda" del denostado gobierno del que quiere independizar a su comunidad algún día.

Entiéndase bien. El estado general de las finanzas públicas no es mejor cualitativamente. Sin embargo, los políticos españoles comparten una contumaz resistencia a reconocer que se ha acabado el dinero. La postura de Mas, aunque equivocada cuando apunta a la emisión de más deuda y la creación de nuevos impuestos, resulta sensata en comparación con las últimas manifestaciones de osadía revestida de aplomo con las que se despidió de la vida pública –esperemos que para siempre– el anterior inquilino de la Moncloa. Poco antes de las elecciones que desalojaron a su partido del poder, bramaba contra el Banco Central Europeo por no promover otro proceso inflacionario que diluyera las deudas ya contraídas y exigía a la Unión Europea la emisión de unos "eurobonos" que sirvieran para financiar unos gastos impagables con impuestos a tipos de interés eternamente inferiores a los que los inversores exigirían al gobierno español.

Si la conducta de la casta política que domina a un pueblo fuera la exacta traslación de la generalizada o dominante en una sociedad determinada, me atrevería a decir que la mayoría de los españoles se debate entre los polos opuestos de esa esquizofrenia: el seny y la rauxa, que caracterizarían, según el tópico, el comportamiento de los catalanes.

Un columnista perspicaz resumió hace tiempo la situación: Muchos españoles piensan como cubanos (de la isla-cárcel, se entiende), pero quieren vivir como norteamericanos. El sentido común y cierta racionalidad que están obviamente presentes en las vidas de muchos individuos coexisten con el dislate, el exceso o la miopía intelectual más temeraria cuando opinan sobre asuntos colectivos. La propia dimensión de las decisiones que deban ser colectivas no parece encontrar límites para numerosas personas, adocenadas durante años para aceptar intromisiones intolerables del gobierno en la libertad de los individuos. El sorprendente buen resultado electoral del PSOE en las elecciones generales –si debiera colegirse una relación proporcional entre los daños causados por su gestión y el batacazo que merecerían–, así como su influencia en el discurso del partido que ha recogido los frutos de su desgaste, demuestran hasta qué punto los ideólogos de ese partido han programado las mentes de muchos individuos con sus machacona y omnipresente propaganda. Aunque puede palparse en la sociedad española la consciencia de padecer muchos males, ésta no va acompañada de una identificación acertada de los mismos y los remedios necesarios para atajarlos.

Llama la atención en estas fechas navideñas que los temarios de oposiciones para ingresar en las administraciones públicas encuentren un hueco entre los libros más publicitados –y tal vez más vendidos– de las grandes librerías. No parece haber calado entre sectores mayoritarios de la población la necesidad de reducir drásticamente las funciones de los gobiernos y –por ende– de los empleados públicos. Todavía existe la creencia bastante extendida de que los gobiernos "crean" puestos de trabajo y de que ese gasto no conlleva necesariamente destrucción de riqueza generada en la sociedad.

Sin embargo, puede que la irresponsabilidad tenga sus días contados y quede descubierta a los ojos de la mayoría. Tal vez una suspensión de pagos tan grave como la protagonizada por el gobierno de Cataluña sirva para tomar plena conciencia de la auténtica dimensión de los problemas planteados y no demorar por más tiempo las medidas necesarias para paliarlos. Dentro de este contexto, acaso los gobernantes de los distintos ámbitos administrativos: central, autonómico y municipal lleguen a la convicción de que deben liquidarse departamentos y empresas públicas enteros ocupados por empleados públicos. Parece evidente que no será suficiente reducir servicios sin precisar, recortar los salarios de los empleados públicos y enajenar empresas públicas, como apunta Mas. Si los gobiernos no ajustan sus plantillas a sus ingresos reales, como han tenido que hacer de forma dramática las empresas privadas con los perjuicios inducidos por la dualidad del mercado de trabajo, se presentarán suspensiones de pagos mucho más difíciles de afrontar.

Vivir dentro de nuestras posibilidades

Escrito por María Blanco en diciembre 7, 2011. Publicado en Análisis diario.

Seguimos a la espera de las noticias que Mariano Rajoy tiene que darnos. Seguimos a la espera de saber qué medidas nos traerán los Reyes Magos para este 2012. Y mientras tanto, con una prima de riesgo más relajada de momento, la población española, la de base, aún se pregunta "qué es lo que ha pasado".

Esta semana publica Truman Factor una estupenda entrevista con el Nobel de economía Vernon Smith. En ella, el economista explica su visión sobre la crisis europea, y acaba con una reflexión:

"La lección a largo plazo podría ser que aquellas viejas virtudes como el trabajo, el ahorro y el vivir dentro de nuestras posibilidades son más valiosas que el oro y los diamantes, y sobre todo dignas de encomio pues nacieron de la experiencia humana".

Una sabia conclusión. Pero, puestos a darle una vuelta de tuerca más, no tan sencilla como podría pensarse a primera vista, la razón es que en la España en que vivimos es difícil saber cuáles son nuestras posibilidades, los límites dentro de los cuales deberíamos vivir.

Seguramente por deformación profesional, creo que lo que sucede en la calle, las decisiones políticas, la forma de vida de la gente descansa en una concepción particular del ser humano y de su relación con su entorno. Y en este país, desde hace demasiado tiempo lo que prima es eso que Ayn Rand, la controvertida y criticadísima filósofa libertaria, llamaba la moral del esclavo de la tribu.

Una cosa es que por naturaleza el ser humano sea social, que necesitemos del grupo para sobrevivir, y otra que acabemos siendo secuestrados moralmente por el pensamiento colectivista. Claro que llevamos impresa en nuestra naturaleza la tendencia al intercambio, la reciprocidad: de hecho, ha sido una de las llaves de nuestra supervivencia. Claro que hemos aprendido a defender al débil y ayudar al que no tiene sin que nadie nos obligue. Pero en lo que hemos acabado es en dejarnos imponer una moral que premia al que no se esfuerza, al que no ahorra, al que no vive dentro de sus posibilidades.

Y no solamente eso. Nuestros gobiernos se han comportado siguiendo ese mismo criterio. Así que gobernados y gobernantes se han dedicado a gastar lo que no tienen y a vivir por encima de sus posibilidades. Pero ¿cómo se sabe cuáles son tus posibilidades más allá de lo que dicta el equilibrio presupuestario?

La clave está en la competencia. Ese concepto que Adam Smith consideraba como sana rivalidad, y no necesariamente como codazo en los riñones del adversario. El ser medido en un entorno competitivo con tus pares te lleva a darte cuenta cuál es tu nivel respecto a los demás. Y a partir de ahí, puedes mejorar, corregir, cambiar tu estrategia… perfeccionarte. Pero ¿qué sucede cuando no hay competencia? Pues sucede lo que estamos viviendo. La competencia se ha demonizado, resulta que es cruel porque pone a cada cual en su sitio, porque deja en la estacada al que no está al nivel requerido. Y en realidad, solamente la competencia nos da información relevante de qué quieren los que demandan y qué tienen que ofrecer los oferentes. Y sobre todo, nos dice cuál es el precio que hay que pagar. No solamente en el mercado de bienes, o de factores, o de dinero… en la vida cotidiana. Si tú no sabes el esfuerzo que debes aplicar para conseguir tus metas, si no sabes si ese objetivo está realmente a tu alcance o debes reconsiderar tus planes, si crees que todo es gratis y fácil, y alguien "mágico" va a venir a dártelo con el dinero de otros, entonces estás perdido, y la sociedad en la que vives también lo está.

Y ese ha sido nuestro "modus vivendi" durante muchos años.

Pero ahí no acaba el drama. Hay dos aspectos muy preocupantes que no hay que olvidar.

El primero es que ese es el ejemplo que hemos dejado en herencia a las generaciones más jóvenes, justo a aquellos ciudadanos que van a tener que pagar nuestros desmanes.

El segundo es que la cosa no parece haber cambiado. Cuando se habla de recortes hay mucha gente dispuesta a tirarse a la calle para protestar porque no pueden seguir viviendo de los demás. Y enarbolan la bandera de los más desfavorecidos para defender subvenciones a la "cultura" o a lo que sea.

Ha llegado el momento de meditar seriamente las palabras de Vernon Smith y de recuperar el sano espíritu de rivalidad que infunde la competencia.

El rapto de los europeos

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en noviembre 24, 2011. Publicado en Análisis diario.

El merecido batacazo electoral sufrido por los socialistas españoles en las pasadas elecciones generales, que ha catapultado al Partido Popular y, especialmente, a su líder Mariano Rajoy, al gobierno de España, no puede hacer perder la vista de las cuestiones fundamentales que se dirimen en este momento.

Aunque por su trayectoria no parece que sus protagonistas estén muy convencidos sobre su bondad, el gobierno en ciernes debería emprender medidas liberalizadoras radicales de la economía y drásticas reducciones del gasto público de todas las administraciones públicas por un mero instinto de supervivencia y con la vista puesta en garantizar a los españoles unas condiciones mínimas de bienestar general a medio plazo. De otra manera, los inversores que le prestan su dinero exigirán unos intereses acordes con la percepción del riesgo de impago por parte de un estado asentado en una sociedad donde menos de la mitad de la población sostiene los ingresos que el Estado distribuye entre la otra parte más numerosa compuesta por funcionarios, pensionistas y parados. A estos efectos no cabe argüir que la deuda pública es relativamente baja comparada con la de otros estados europeos. Un veinte por ciento de paro no encuentra parangón en ninguno de ellos, por mucho que compartan la esclerosis de sus sistemas intervencionistas del malestar y necesiten también reformas profundas. La imposibilidad de un rescate exterior ante una eventual suspensión de pagos, dado el ingente volumen acumulado de deuda pública y bancaria, o la "invitación" al Banco de España a abandonar el sistema europeo de bancos centrales culminado en la cúspide por el Banco Central Europeo, con la aparente consecuencia de abandonar el uso del euro, deja un margen nulo a políticos maniobreros que se niegan a aceptar las consecuencias de la realidad. Aunque en esas circunstancias el gobierno renunciara al monopolio monetario y permitiera el uso de la divisa europea como moneda de curso legal para paliar los efectos catastróficos de una redenominación de créditos y deudas en una nueva peseta previsiblemente depreciada, la desconfianza hacia un estado y, lamentablemente, el país sobre el que se asienta, suspendería la afluencia de capital por mucho tiempo, cuando no la abierta huida.

Urge, pues, que el Estado elimine los déficit de las administraciones públicas ajustando sus gastos a los ingresos tributarios que obtienen en este momento y, más aún, reduciendo la carga impositiva que soportan ahorradores, empresarios y trabajadores con el fin de estimular nuevos proyectos empresariales que generarán riqueza y empleos. El debate debería plantearse respecto al orden a establecer en la eliminación de compromisos presupuestarios y en la búsqueda de ingresos para el estado mediante una inteligente enajenación de parte de su patrimonio. Particularmente, creo que resultaría ejemplar para una sociedad llamada a hacer sacrificios comenzar por prohibir todas las subvenciones públicas a empresas, asociaciones, partidos, sindicatos y particulares, así como el cierre y liquidación de las empresas públicas que no encuentren un comprador en subastas abiertas. A continuación, al mismo tiempo que se eliminan regulaciones administrativas en todos los mercados, deberían ordenarse los recortes de gasto que se derivarían de la laminación de la dimensión y las competencias de todas las administraciones, al mismo tiempo que se eliminan duplicidades entre ellas.

Aprovechando la dramática coyuntura, sectores influyentes del gobierno alemán actual quieren corregir la prodigalidad de los estados del malestar europeos con más recetas intervencionistas y centralizadoras, a tenor de lo que se vislumbra en su plan para reformar los tratados de la Unión Europea. Se prevé la creación de un nuevo comisario para controlar incumplimientos del pacto de estabilidad, la articulación de nuevos recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE contra los estados que incumplan los compromisos del pacto, la intervención de la Comisión en las fases de aprobación y ejecución de los presupuestos nacionales para lograr los resultados apetecidos e, incluso, el establecimiento de un fondo monetario propio que ejerza las funciones del Fondo Monetario Internacional en el ámbito europeo. Hasta apuntan a la creación de una agencia de calificación europea "independiente". Muchos ven en estos movimientos la plasmación ordenancista del deseo, muy extendido entre la casta política alemana y francesa, de forzar una integración política decidida bajo la batuta de estos países, la cual, de esta manera, sigue el argumento, disciplinaría a los países europeos tradicionalmente menos serios en la administración de los asuntos públicos.

Se recordará que tras el fracaso de la llamada Constitución europea, los gobiernos europeos y la comisión tramaron el denominado Tratado de Lisboa para sacar adelante prácticamente el mismo contenido que no pudo ratificarse al ser rechazado por franceses y holandeses en sendos referendos nacionales. Con ocasión del referéndum celebrado en España en febrero de 2005 para ratificar el texto original, muchos liberales nos mostramos contrarios a su aprobación ya que suponía una vuelta de tuerca en la centralización y ampliación de competencias de un superestado europeo. Lejos de simplificar y eliminar las políticas despilfarradoras emprendidas desde su fundación, como la desgraciada política agraria común (PAC) el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, como se denomina en la jerga comunitaria, añadió nuevas regulaciones dirigidas a una integración de los estados miembros en una Unión que supervisaría todas sus políticas, asumiendo de forma inmediata o potencial nuevas competencias. Antes de que estallara con toda virulencia la crisis financiera y monetaria mundial, más aguda en los países como España donde se estimuló la burbuja inmobiliaria, los países europeos ya habían cedido gran parte de su soberanía al centro y, lo que es peor, consagrado el intento de conjugar ideas contradictorias sobre los objetivos del gobierno. Se dice que se persigue el equilibrio presupuestario y no se cesa de ampliar los ámbitos de la acción de algún gobierno, abonando precisamente el terreno para lo que se dice querer atajar. Así, de forma harto similar a este respecto a la absurda enumeración y distribución de competencias de la constitución española de 1978, con las enmiendas destructivas introducidas por el estatuto catalán de 2006, el nuevo tratado amplió y profundizó los asuntos que los gobiernos deben atender a una escala u otra. La enumeración que se ofrece resulta clarificadora de esas intenciones. Así se habla de regular el mercado interior, el espacio de libertad, la seguridad y la justicia, la agricultura y la pesca, el transporte y las redes transeuropeas, la energía, la política social, la cohesión económica, social y territorial; el medio ambiente, la protección de los consumidores, la salud pública, la política exterior y la seguridad común, la exploración espacial, las políticas industriales, la educación, la formación profesional, la juventud, el deporte, la cultura y la protección civil.

El volumen de esos asuntos resulta tan vasto que los políticos estatistas europeos pensaron en prescindir aún más de la regla de la unanimidad entre los contratantes que rige la reforma de los tratados internacionales, de modo que para futuras modificaciones, siempre abiertas en ese proceso centralizador, bastaría con que sus instituciones (Parlamento, Consejo y comisión) llegaran a acuerdos puntuales. Luego se ponían muy trascendentes y hablaban del déficit democrático que padecían las instituciones europeas por la distancia entre el ciudadano y las instituciones. Invirtiendo el orden de las cosas, se distrae a los medios de comunicación con la filfa de que el Parlamento directamente elegido por los europeos debe asumir más competencias sobre sus vidas para profundizar en esa democracia.

La casta política española, al mismo tiempo que destruía la posibilidad de establecer un sistema federal coherente en el interior, aventada por los nacionalismos locales, se entusiasmó con la ampliación no menos quimérica de las competencias de la Unión. Políticos tibiamente liberales, que al menos tienen ideas articuladas, como el eurodiputado Aleix Vidal-Quadras, defienden la creación de ese superestado europeo como medio de conjurar la centrifugación de España en pequeños estados que lucharían permanentemente entre sí. Desde luego que el daño que causan las ideologías colectivistas como el nacionalismo o el socialismo no pueden subestimarse. Pero discrepo totalmente de esa idea de que pueda anularse su molesta influencia mediante el método de aumentar los poderes de la Unión Europea.

De nuevo, la receta que podemos ofrecer los liberales en estos momentos críticos debe ser la reducción drástica del poder estatal, cualquiera que sea su tamaño. Los europeos se encuentran raptados por esa quimérica idea forjada en la posguerra del estado del bienestar, que resultaría de combinar dosis precisas de libertad y libre mercado con la intervención y el socialismo. Un sistema cuya descomposición puede ser muy larga y dolorosa si no se encuentran alternativas. Cuanto antes se convenzan mayoritariamente de la conveniencia de desmantelar todo ese complejo entramado, antes aparecerán dirigentes capaces de proceder a esa tarea.

El relato más crítico de la Gran Recesión

Escrito por Ángel Martín Oro en noviembre 23, 2011. Publicado en Análisis diario.

Recientemente, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de un peso pesado de –lo que podríamos llamar- la izquierda económica, Antón Costas, catedrático de política económica por la Universidad de Barcelona.

La primera impresión que uno saca al escuchar visiones tan diferentes, como ya he señalado en ocasiones anteriores, es que parece que vivimos en mundos distintos. De otra manera, cuesta entender que una única realidad se entienda de formas tan contrapuestas, no solo en la búsqueda de soluciones sino también del diagnóstico. Pero lo cierto es que nos enfrentamos al mismo panorama ahí fuera, solo que lo hacemos con esquemas teóricos y, quizás, elementos preanalíticos (¿sesgos ideológicos?) diferentes.

El núcleo de la conferencia de Costas consistió en explicar por qué la crisis actual se está prolongando tanto, y a qué se debe la posible recaída de las economías desarrolladas. Lo achacó a cuatro puntos:

La propia naturaleza de la crisis –el estallido de una burbuja crediticia y de sobreendeudamiento- hace que la recuperación tenga que ser, inevitablemente, un proceso lento, a medida que los agentes económicos reducen su deuda.
La difícil gobernanza europea y su discutible gestión de la situación.
La existencia de grandes desequilibrios comerciales a nivel global.
La aplicación de medidas de austeridad presupuestaria, que para Costas es el punto más intrigante de todos.

Fue en este último punto en el que más se detuvo, al señalarlo como un error tremendo de los gobiernos. Para apoyar su crítica a las políticas de austeridad, Costas utilizó el aparato macroeconómico Keynesiano más sencillo, revestido de una sencilla analogía para que los legos pudieran entenderlo. En 2008 el motor principal del avión (el consumo e inversión privada) dejó de funcionar, por lo que la solución sensata era mantener el avión en vuelo con el combustible que todavía quedaba: el del gasto público y la política monetaria expansiva.

Nada se dijo para intentar explicar la aparente paradoja que existe en el diagnóstico de la naturaleza de la crisis –sobreendeudamiento- con sus soluciones –más deuda, en este caso pública-. Tampoco mencionó el necesario ajuste real microeconómico de la estructura productiva –el traspaso de recursos productivos desde sectores hipertrofiados a sectores que deben expandirse-. En cambio, parece que los problemas se limitan a una repentina caída de la demanda agregada, sin explicar muy bien a qué se debe ésta.

Como no podía ser de otra manera, Costas sacó a la palestra dos ideas tan extendidas como discutibles. Por un lado, que la Gran Depresión fue agravada por las políticas liberales y de austeridad del presidente republicano Herbert Hoover. Esta tesis ha sido criticada recientemente por el profesor Steve Horwitz, quien le califica como el Padre del New Deal por sentar las bases de las políticas intervencionistas de Franklin D. Roosevelt.

Por otro lado, repitió el mantra de la desregulación financiera posterior a la Revolución Conservadora de Reagan y Thatcher de los 80; momento a partir del cual, se dice, los mercados financieros comenzaron a funcionar libres y a sus anchas. Para Costas, el mercado financiero cumple un papel importante en las economías modernas, pero actúa como un "genio loco" que hay que controlar con estrictas regulaciones, como se hizo en las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esta idea también ha sido contestada por críticos, quienes señalan el fuerte intervencionismo que existe en el sistema bancario y financiero, principalmente a través de los siguientes puntos: la figura clave de los bancos centrales que tienen un papel crucial en la creación de las burbujas financieras; el entrelazamiento de los mercados financieros con el hipotecario e inmobiliario, con gigantes garantizados por el gobierno como Fannie Mae y Freddie Mac en EEUU, o las politizadas cajas de ahorro en España; la expectativa de rescate por parte del Tesoro o la Fed de algunas firmas con tamaño sistémico, que había sido alimentada por las actuaciones de décadas pasadas y que fomentó la imprudencia y excesiva toma de riesgos; o la existencia de regulaciones como los acuerdos de Basilea que, según algunos analistas, ha generado incentivos perversos sobre los agentes financieros.

Más allá de los argumentos que utilizó, Costas se apoyó también en una cierta dosis de deshonestidad intelectual al más puro estilo Krugman, cuando éste habla de los economistas conservadores. El catedrático de Barcelona, hablando del enfoque de "austeridad compulsiva" que vienen proponiendo y llevando a cabo los gobiernos en la última fase de la crisis, advirtió que la pura ideología –neoliberal, se entiende- está dominando sobre el análisis económico. "No he visto ningún análisis económico serio que defienda la austeridad", afirmó.

Quizás con lo de serio se refiera a que se ajuste a sus propias ideas, porque estudios de este tipo haberlos haylos. Sin tener que hacer una búsqueda nada exhaustiva, uno encuentra el trabajo del economista de Harvard Alberto Alesina, en el que, tras un análisis de más de 200 ajustes fiscales en 21 países, concluye que la disciplina en el gasto y los recortes de impuestos son la mejor manera para fomentar el crecimiento económico. Pero más allá de trabajos académicos, basta con ver el caso de los países bálticos para constatar cómo la "austeridad compulsiva" que aplicaron –éstos sí la aplicaron, a diferencia de nosotros- no les sumió en una espiral contractiva hacia la miseria, sino hacia el necesario ajuste real y financiero que les ha posibilitado crecer ahora a tasas envidiables.

Llama la atención que Antón Costas fuera presentado como el autor de uno de los relatos sobre la Gran Recesión más "críticos". ¿Críticos con qué? ¿Acaso son menos críticos los relatos de economistas austriacos sobre la cuestión?

El día después de las elecciones generales 2011

Escrito por Alexander Fernández en noviembre 16, 2011. Publicado en Análisis diario.

Supongo que muchos de Uds., lectores serios y avezados, se habrán preguntado cómo será el día después de las elecciones del próximo domingo 20 de noviembre de 2011. Sin duda, sea cual fuere el resultado de las próximas elecciones generales, el político que resulte elegido Presidente del gobierno por el parlamento tendrá ante sí un reto económico monumental.

Dado que ya analizamos el desafío de España a medio y largo plazo, permítanme que ahora observemos el primer obstáculo que deberá afrontarse en el corto plazo. A continuación, les resumo mi análisis del agujero presupuestario que debería solucionar el próximo gobierno de España con extrema urgencia si quiere evitarse una intervención con préstamos internacionales del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

1. Disminución de los ingresos fiscales por la debilidad del crecimiento económico.

En primer lugar, los PGE 2011 fueron calculados para un crecimiento de la economía española del 1,3 % del Producto Interior Bruto (PIB), que quedará en un 0,7%, lo que rebaja en cerca de 5.600 millones de euros la previsión del gobierno socialista. Ya vimos que la única vía de desarrollo en la próxima década es la introducción de competitividad en la economía española. Sin embargo, desde un punto de vista fiscal, ese crecimiento menor del PIB ocasiona una desviación en las cuentas públicas que deberá ser afrontada con un mínimo de 1.800 millones de euros.

2. Gastos fiscales adicionales al rebasar los 5 millones de parados.

En segundo lugar, el número de desempleados alcanzará los 5 millones de personas durante el primer trimestre del año 2012, si se contabilizan las personas realizando cursos de formación, estudiantes y otros "maquillajes" estadísticos del actual Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Tan sólo los 208.981 parados "oficiales" más, desde septiembre 2010 a septiembre 2011, suponen 1.500 millones de euros adicionales de gasto en prestaciones de desempleo para los PGE 2012. Por lo que, si se quiere afrontar de modo realista el escenario más probable durante el primer semestre del año 2012, habrá que presupuestar un mínimo de 4.500 millones de euros adicionales.

3. Aumento del ajuste fiscal para alcanzar un déficit público del 3%.

El Gobierno de España se comprometió con la Unión Europea (UE) a realizar un ajuste fiscal para alcanzar un déficit público del 6% del PIB en 2011, 4.4% en 2012 y 3% en 2013. Sin embargo, más tarde o más temprano, habrá que contabilizar las desviaciones por el menor crecimiento y el aumento del paro, Y, por otro lado, habrá que atacar el problema del déficit autonómico "oculto" que duplica y triplica lo declarado hace un año y, sólo en Castilla y la Mancha pasó de 900 a 2.700 millones de euros. Las Comunidades Autónomas añadirán un déficit "oculto" que fácilmente puede llegar a rondar un 1% del PIB de España, es decir, cerca de 10.000 millones de euros.

De hecho, un estudio de la propia Comisión Europea (CE) ha previsto en noviembre 2011 que las desviaciones del déficit público serán del 6.6% del PIB en el año 2011, del 5.9% en 2012 y del 5.3% en 2013. Esto último supone que deberá realizarse un esfuerzo adicional de ahorro en los servicios públicos para alcanzar los compromisos adquiridos por los siguientes importes:

Año	Déficit Público: previsión de la Comisión Europea (Nov.2011)	Déficit Público: compromiso de ajuste fiscal por el Gobierno de España	Diferencia en % PIB que debe corregirse	Ajuste fiscal adicional en millones de Euros (aprox.)
2011	6,6% PIB	6% PIB	0,6% PIB	6.553 mill. €
2012	5,9 % PIB	4,4 % PIB	1,5% PIB	16.427 mill. €
2013	5,3 % PIB	3 % PIB	2,3% PIB	25.189 mill. €

Fuente: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn/es_en.pdf

Nota: Se realizan los cálculos con el PIB de España en el año 2009 de 1.092.163 Millones de euros, según Eurostat.

Por tanto, lograr atender los compromisos adquiridos por España para corregir el déficit público implica un ajuste presupuestario de 22.980 millones de euros a comienzos de 2012 y otro adicional de 25.189 millones de euros en 2013.

4. Aumento de la prima de riesgo de la deuda pública.

Finalmente, los PGE 2011 fueron calculados con 200 puntos básicos de diferencial con respeto al bono de referencia alemán. Y, por cada 100 puntos básicos de diferencial se requieren cerca de 7.000 millones de euros.

Lo anterior quiere decir que, con una prima de riesgo de 350 de media anual, tendríamos que realizar un ajuste presupuestario de 10.500 millones de euros, siempre y cuando las compras de deuda soberana del BCE logren mantener la prima de riesgo por debajo del punto de no retorno de los 500 puntos básicos, lo que dependerá en un alto porcentaje de otros países como Grecia e Italia.

5. Ajuste fiscal para evitar una intervención conjunta del BCE y FMI.

En resumen, el escenario económico de España en el corto plazo requeriría un ajuste fiscal mínimo en el año 2012 de cerca de 40.000 millones de euros en las primeras semanas del nuevo Gobierno sólo para atender los gastos adicionales del año 2012 que acabamos de enumerar.

Sin embargo, proporcionaría una mayor tranquilidad a los inversores si se realizase un ajuste fiscal en el entorno de los 70.000 millones de euros para atender posibles contingencias presupuestarias y, con la debida antelación, hacer frente también a la desviación que existe en el compromiso de déficit del año 2013.

En cualquier caso, el análisis presupuestario demuestra que el nefasto Sr. Rodríguez Zapatero ha logrado que España no dependa de sí misma para salvarse del default. El ajuste fiscal socialista aprobado a comienzos del año 2010 no tuvo la suficiente contundencia, y no vino acompañado de reformas estructurales profundas que proporcionasen competitividad a la economía española. Por ello, las cuentas públicas de España siguen enganchadas al grupo de países que presentan falta de competitividad en sus economías y fragilidad en sus cuentas públicas y, por tanto, se encuentran sometidos a la crisis de deuda soberana.

Nuevamente, los gobiernos socialistas han demostrado que la discrecionalidad y el despilfarro en el gasto corriente, así como la irresponsabilidad en el aumento del gasto social hasta niveles insostenibles, se pagan con el desajuste de los Presupuestos Generales del Estado en el corto plazo, seguida de una crisis de deuda en el medio o largo plazo.

Por desgracia, todavía deberemos esperar hasta diciembre 2011 para dejar de ver al que, sin duda, puede catalogarse como el peor gobierno que ha padecido España durante la democracia. Ése será el principal hándicap de España, dado que existe un riesgo alto de que la prima de riesgo rebase los 500 puntos básicos antes de la toma de posesión del nuevo Presidente.

Esperemos que el viento (BCE) sople a favor de los intereses de España y aguante el techo de la prima de riesgo española, que ha superado los 450 puntos básicos ayer martes, 15 de noviembre de 2011. Y, para evitar males mayores, esperamos que los asesores del nuevo inquilino del Palacio de la Moncloa sean escuchados y se tomen medidas de ajuste fiscal y reformas estructurales nada más llegar al poder.

Como la esperanza es lo último que se pierde, ojalá también se tenga el coraje político y el sentido de Estado que se requieren para arraigar una mayor certidumbre socioeconómica con un Estado de Derecho digno de tal nombre.

Es decir, ojalá se consiga un marco institucional con una mayor seguridad jurídica para ciudadanos, propiedades e inversiones con reformas que garanticen la independencia de los jueces y que doten de separación de poderes al régimen representativo español para que se pueda considerar una verdadera democracia liberal.