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Etiqueta: Fiscalidad

Propaganda tributaria de gobiernos famélicos

Después de su apropiación indebida durante más de una década por parte del movimiento globalización, hace unos días Paul Krugman, salsa de todos los guisos intervencionistas, proponía implantarla en el mercado bursátil para gravar a los "especuladores" y ahora el Consejo Europeo la extiende a las "transacciones financieras internacionales". De las divisas hemos pasado sorprendentemente a todo tipo de operaciones; es como si comienzan con la propuesta de subir el impuesto sobre hidrocarburos para terminar incrementando el IVA.

La idea original de Tobin, siendo errónea de raíz, tenía su interés académico, ya que se dirigía a combatir un problema potencialmente muy destructivo para un país: el dinero caliente. En un mundo donde empresas, bancos y países se endeudan masivamente a corto plazo para invertir a largo, una fuga súbita de la financiación a corto puede abocar a una espiral destructiva. Políticos y economistas se muestran desconcertados por este fenómeno y suelen sacarse diversos conejos de la chistera. Uno es la Tasa Tobin y otro, por ejemplo, el modelo chileno, donde se obliga a que todo capital extranjero que entre en el país permanezca como mínimo un año.

Como digo, son regulaciones equivocadas –pues la mayoría de los movimientos a corto plazo de capitales prestan servicios insustituibles a la hora de proporcionar liquidez al sistema y de arbitrar precios– pero discutibles. La solución real es mucho más sencilla: bajo el patrón oro ni había dinero caliente ni se producía especulación a corto plazo en el mercado de divisas. Dado que los tipos de cambio eran estables y que el banco central carecía de una flexibilidad absoluta para expandir el crédito a placer, estos fenómenos eran simplemente desconocidos. Hasta que los mismos gobiernos que ahora protestan por la volatilidad de los flujos financieros internacionales no desterraron la "bárbara reliquia" a objeto de correrse periódicas juergas presupuestarias, ambos fenómenos carecían de incidencia. Nuestros políticos ya saben, pues, cuál es el paliativo si es que quieren estabilizar el sistema financiero y no aparentar que se estabiliza mientras se sigue chupando del bote.

Pero no nos engañemos, aquí no se está hablando de evitar la especulación en el mercado de divisas, sino en cualquier mercado financiero, tenga consecuencias desestabilizadoras o no. Sería un error por tanto creer que con este impuesto se quiere algo así como minimizar los movimientos especulativos a corto plazo. No, su afán es simple y llanamente confiscatorio. Llevamos dos años en los que los déficits presupuestarios de todo el mundo se han disparado por el absurdo encumbramiento a categoría científica de las supercherías keynesianas. Se nos decía que incurriendo en déficits públicos volveríamos a crecer y que con la recaudación fiscal derivada de ese crecimiento amortizaríamos buena parte de esos déficits.

Pero el brutal endeudamiento de la mayoría de Estados no ha dado lugar a ninguna apreciable recuperación, sino más bien a una ronda de impagos soberanos que parece va a inaugurar Grecia. Lejos de salvarse, los Estados se encuentran con el agua al cuello; más que nada, porque continúan obsesionados con seguir gastando y expandiendo su dirigismo sobre la sociedad. Ya lo decía con regocijo Krugman en su artículo: "Un impuesto sobre las transacciones financieras puede generar ingresos sustanciales, lo que ayudará a aliviar los temores infundados de los déficits públicos. ¿Por qué no debería gustarles a nuestros políticos?".

Nuestros mandatarios necesitan nuevos impuestos. Las deudas de hoy son los tributos de pasado mañana. Nadie se engañe. Viene éste y vendrán muchos más: todos, eso sí, en nombre de la prosperidad y de la estabilidad. Lo peor, con todo, será ver a los propagandistas de siempre, dentro y fuera de la Academia económica, tratando de justificar con peregrinos argumentos lo que ellos mismos saben que sólo son mentiras políticas para lograr engordar el erario; claro que ya llevan años comprometidos con esa causa.

Una Ley Beckham para la economía

Cristiano Ronaldo, Jermaine Pennant, Karim Benzema o David Villa están entre los ilustres jugadores que han rechazado la Premier League para jugar en España. ¿Por qué España? Debido a que según la legislación fiscal española pueden acogerse a la figura del "ejecutivo extranjero", una posición que limita el tipo máximo que tienen que pagar a sólo un 24%.

Sin gallina no hay huevos de oro, concluía Jacoby. Y lo cierto es que parece que Zapatero y el resto de la izquierda se muestran ansiosos por matar la gallina de la Liga española que recibe el nombre de Ley Beckham. Gracias a ella, los futbolistas foráneos tributan a un tipo máximo del 24%, por lo que, en su ausencia, se les incrementaría de golpe el tipo marginal en casi 20 puntos (hasta el 43%).

La clubes de fútbol ya han amenazado con ir a la huelga si la medida sale adelante. Y no es para menos. Su creciente capacidad para fichar estrellas extranjeras procedía en buena medida de los menores impuestos que se veían obligados a pagarles: al fin y al cabo, a los futbolistas se les suelen ofrecer sus remuneraciones libres de impuestos, de modo que un club español podía pagar salarios netos más elevados que otro club europeo con un mismo salario bruto. Sin Ley Beckham se acabó la ventaja competitiva de nuestros clubes y, en consecuencia, su habilidad para pescar a jugadores extranjeros.

Pero me parece que las interrelaciones entre el fútbol y la política son demasiado grandes como para que nuestros mandatarios no acaben cediendo a las peticiones de sus compañeros de sobremesa, máxime ante un órdago de semejante envergadura: un país sin fútbol es un país sin circo, y al pan ya se nos acabó hace tiempo. Unos y otros no se van a tirar los trastos a la cabeza por apenas 100 millones de euros, el 1% de lo que Zapatero ha despilfarrado levantando aceras.

Pues bien, no creo que hasta aquí nadie se sorprenda lo más mínimo por el razonamiento. Puro sentido común de unos y otros: el Estado a lo suyo (rapiñar) y los clubes también (protestar por la rapiña). Lo extraño, sin embargo, es que nadie (o casi nadie) se dedique a aplicar este mismo razonamiento para el resto de la economía.

Acabamos de padecer la que probablemente sea la mayor subida tributaria de la historia y el Ejecutivo ha podido perpetrarla ante la anestesia generalizada de la población y al grito de que estaba favoreciendo la recuperación. ¿Acaso un burla tan flagrante contra el sentido común no despierta las iras ciudadanas y empresariales? ¿Acaso un atentado tan evidente contra cualquier atisbo de recuperación no moviliza a nadie a protestar y a patalear? ¿Acaso sólo los paniaguados sindicatos son capaces de salir a la calle para exigir más burlas y atentados por parte del Gobierno? ¿Hasta cuándo seguirá Atlas sin plegarse de hombros?

Mucho me temo que, en este caso, el tejido empresarial español está optando por una protesta mucho más silenciosa y estoica: padecer la sangría gubernamental en silencio y conforme el aparato productivo se vayan depreciando, dejar de invertir en él. No se trata del típico fenómeno del dinero caliente que padecen regularmente las repúblicas bananeras, sino de una fuga mucho más lenta y silenciosa. Más impuestos, más regulaciones y más deuda es la fórmula perfecta para que los mejores trabajadores y empresarios huyan de España. Tal y como harían muchos futbolistas si se suprimiera la Ley Beckham, tal y como ya han hecho y seguirán haciendo sin necesidad de huelgas.

Los políticos se echarán atrás a la hora de suprimir la Ley Beckham por temor a los efectos electorales a corto plazo. Mantendrán, por el contrario, las subidas de impuestos, pues les da igual la ruina a largo plazo de nuestra sociedad. Y es que las elecciones son dentro de dos años, ¿acaso pasaremos cuentas a Zapatero por nuestro subdesarrollo dentro de dos décadas?

Libertad en cuatro folios

En un momento en el que las grandes potencias del planeta –aglutinadas en torno al G20– se han lanzado como auténticos perros de presa a vilipendiar con improperios y falsedades el libre mercado, culpándolo de todos los males en época de crisis, la ex república soviética levanta con más fuerza que nunca la bandera del liberalismo. "Creemos firmemente en los resultados del sistema liberal", afirma sin titubeos Nikoloz Gilauri, primer ministro de Georgia.

Mientras que la hipócrita e ignorante clase política occidental toma como excusa la crisis financiera que ellos mismos han creado, con la inestimable ayuda de la banca central, para justificar la mayor intervención económica desde la Gran Depresión de los años 30, el Gobierno georgiano toma el camino opuesto y emprende una de las mayores reformas liberales de las últimas décadas. Sin duda, la jugada le saldrá bien de seguir así.

Gilauri, a diferencia de otros cuyo nombre prefiero no recordar, confía en el dinamismo y la creatividad innatas de la iniciativa empresarial para construir un sólido modelo de crecimiento capaz de levantar y poner a toda máquina un país que, hasta hace nada, estaba en ruinas como resultado de la guerra. Y para ello es fundamental "crear un entorno en el que florezca el espíritu emprendedor".

Dicho y hecho. El Gobierno georgiano ha creado zonas industriales libres de impuestos para atraer capital foráneo, y así desarrollar empresas y crear empleo. Además, ha borrado del mapa la mayoría de barreras comerciales y trabas burocráticas con el fin de facilitar al máximo la vida a los empresarios, único motor capaz de generar riqueza, prosperidad económica y, por lo tanto, bienestar social.

No obstante, el pequeño país del Cáucaso lidera algunos de los principales indicadores de libertad económica del mundo. Según el informe Doing Business 2010 del Banco Mundial –que mide la facilidad para hacer negocios–, Georgia se sitúa en el puesto 11 del ranking internacional, y entre los 10 primeros del mundo en ámbitos tan esenciales como la contratación laboral, apertura de una empresa, permisos de construcción o registro de propiedades. España, en comparación con Georgia, está a la altura del Tercer Mundo. Sí, han oído bien: ¡Tercer Mundo!, según el mismo informe.

Por si fuera poco, Georgia ha privatizado el sistema sanitario, al contrario de lo que Obama en Estados Unidos con su polémica reforma socialista, y ha reforzado las exigencias de capital de sus sistema bancario para no sufrir, precisamente, un crack financiero como el de 2008.

Sin embargo, lo más destacable y glorioso es la limitación constitucional –"Ley de Libertad"– que ha implantado Georgia para prohibir que el peso del Estado supere, en ningún caso, el 30% del PIB nacional. De este modo, el gobierno que quiera subir los impuestos tendrá que convocar un referéndum para contar con el visto bueno de los contribuyentes. Mientras, pese a que el 90% de los españoles rechaza el aumento fiscal aprobado por el Ejecutivo socialista, queramos o no, en 2010 pagaremos más a Hacienda.

Pero si hay un dato que resume la reforma liberal georgiana es el siguiente: Georgia ha pasado de 21 figuras impositivas a tan sólo 6, "planas y fáciles de administrar". "Yo mismo resumí en cuatro folios" la nueva estructura fiscal de Georgia, indica Gilauri.

¿Se imaginan un país donde pagar impuestos es fácil, sencillo y barato? Es más, ¿se imaginan decenas de inmensos volúmenes de derecho tributario y regulación fiscal española reducidos a apenas cuatro folios claros y sencillos? Sin duda, el paraíso. Y es que los georgianos ya conocen el infierno estatal propio de la utopía soviética y, a diferencia de nosotros, ahora saben perfectamente cuál es el camino correcto que deben tomar: el de la libertad, sin ambages ni complejos.

Primero Grecia, después España

El nuevo Gobierno socialista griego ha confirmado a Bruselas que terminará el año con una descuadre próximo al 12% del PIB, frente al 3,7% previsto por el anterior Ejecutivo. "El juego se ha terminado. Necesitamos estadísticas serias", espetó Juncker ante el evidente engaño que suponen tales cifras.

Pues bien. España será la siguiente en sufrir el varapalo de Bruselas. Como todo, la paciencia de nuestros socios comunitarios tiene un límite. La negación de la crisis primero y la incompetencia política después amenazan con provocar uno de los mayores desequilibrios presupuestarios de la historia reciente de España.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010 bien pueden suponer un punto de no retorno. Hagamos memoria. Septiembre de 2008. El entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, presenta unos PGE irreales, ya que prevén un déficit público del 1,5% para 2009. Por desgracia, el año cerrará con un déficit muy próximo o, incluso superior, al 10% del PIB. Así pues, España cuenta, junto con Grecia, con unas estadísticas de broma –más bien de risa–, según la perspectiva de Juncker.

Y al igual que ahora hace Salgado, Solbes también vendió los Presupuestos como los "más austeros" en muchos años. Una de dos, o bien el Gobierno mantiene su estrategia de engaño masivo, o bien se ratifica como el equipo ministerial más incompetente de la democracia. La elaboración de unas cuentas públicas irreales conlleva graves consecuencias para los contribuyentes de un país.

Y es que, si el Gobierno vuelve a fallar en sus cálculos, y todo apunta a que sí, la brecha fiscal, lejos de recortarse, se agrandará aún más en 2010. España seguirá, pues, violando el Pacto de Estabilidad Presupuestaria, de obligado cumplimiento para ingresar y permanecer en el euro, en 2011 e, incluso, 2012. Es decir, un déficit y una deuda pública superior al 3% y al 60% del PIB, respectivamente.

De hecho, según los PGE, la deuda superará el 62% del PIB en 2010. ¿Problema? El Fondo Monetario Internacional eleva esta cifra hasta el 80%, mientras que el propio secretario general de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda, Luis Espadas, aún va más allá y admite que podría llegar "fácilmente" el 90% del PIB si no se reconducen las cuentas públicas en los dos próximos años. Los Presupuestos para 2010 no reducen el gasto, lo aumentan, y además inflan los ingresos fiscales, con lo que el necesario reequilibrio fiscal será imposible,

A falta de un drástico plan de choque consistente en eliminar partidas presupuestarias al completo, los españoles pagarán con el sudor de su frente –vía impuestos– una deuda pública en constante crecimiento. Tan sólo un dato: el pago por los intereses de la deuda del Estado ascenderá a 23.200 millones de euros (el 2,21% del PIB) en 2010. Y eso, con una deuda estimada del 62,5% del PIB y sin contar el más que seguro encarecimiento de la financiación a partir de 2010. 

Esto significa que mientras familias y empresas se aprietan el cinturón para reestructurar sus balances y seguir a flote mientras sube la marea, el Gobierno está esquilmando los escasos recursos de que disponemos aumentando la deuda pública hasta un nivel insostenible. Un creciente volumen de ingresos fiscales irá destinado al pago de la deuda por lo que, tarde o temprano, el Gobierno tendrá que optar por subir los impuestos, una vez más, o recortar los servicios públicos. De donde no hay no se puede sacar. El Ejecutivo socialista sigue con la venda puesta en los ojos, no así nuestros socios comunitarios, que ya amenazan con tomar cartas en el asunto. En Grecia ya se ha encendido la luz roja. ¿Cuándo le llegará el turno a España? Es cuestión de tiempo.

¿De qué se ríe Elena Salgado?

La mentalidad socialista es incapaz de identificar cuáles son los mecanismos que permiten la creación de riqueza, así que su único objetivo cuando se debaten las cuentas públicas es introducir la consabida dosis de demagogia para dar una imagen "social". También en este apartado la ministra Salgado ha roto el techo de estolidez político-económica, con afirmaciones tan pasmosas como que las políticas "neoconservadoras" (sic) son las que han originado la crisis, espantajo tan manido que resulta grotesco incluso para un Gobierno tan falto de escrúpulos como el de José Luis Rodríguez Zapatero.

La política económica plasmada en los presupuestos generales del Estado para el año próximo es el certificado de defunción de las clases medias, sobre las que va a recaer (ya lo está haciendo) el peso del despropósito organizado por Zapatero y su ministra de Economía, por cierto, desecho de tienta al que ZP ha tenido que recurrir en última instancia ante la huida en masa de los que aún tienen cierto sentido común y algunos conocimientos en la materia dentro del PSOE.

Con el gasto público disparado, la actividad económica en recesión y las cifras de paro aumentando vertiginosamente, la receta del Gobierno es subir los impuestos para seguir gastando porque, dicen, es lo más social. Los sindicatos están de acuerdo, claro, porque, como Zapatero, opinan que lo que debe hacer un Gobierno no es permitir la creación de riqueza y empleo por parte de los empresarios –los únicos capaces de generarlos–, sino mantener los subsidios de todos los que pierden su trabajo, siempre y cuando no se toquen las partidas establecidas para financiar a las organizaciones sindicales, de cuya buena salud financiera depende, al parecer, el futuro de España.

Vamos hacia el desastre ante la mirada risueña de Zapatero y Salgado, ambos encantados de haberse conocido. Los primeros minutos de la respuesta de la vicepresidenta a Rajoy han sido definitivos para conocer el verdadero nivel de nuestra responsable económica. Cinco minutos de balbuceos sonrientes hasta que consideró llegado el momento de recurrir a la palabra "neoconservador", momento en el cual la bancada socialista casi se viene abajo de la misma euforia. Qué nivel Maribel.

Lo que se viene abajo, además de los escaños sociatas, es el presente de las clases productivas y el futuro de nuestros hijos, entre el aplauso de un partido desnortado que sigue apelando a las consignas de siempre para disimular su ineptitud proteica en todo lo que se refiera a la economía. Pero Elena Salgado no pierde la sonrisa. Quizás es que, para los socialistas, el ver irse a pique a un país entero condenando a la pobreza a un tercio de la población productiva es un espectáculo muy divertido.

Obama pone internet en peligro

Hace pocos días se dio silenciosamente el primer paso de ese camino, y está por ver si esto es una de esas pendientes resbaladizas que nos vayan conduciendo a un internet completamente distinto, controlado por los políticos. Y como todas las cosas malas de las que no tenemos casi noticia, el responsable es Obama.

Las actividades del llamado gobierno de Internet son, por ahora, muy limitadas, reservándose sólo el reparto de números IP entre naciones (algo así como si repartiera los prefijos telefónicos) y la decisión de quien se encarga de gestionar los nombres de dominio. Lo ejerce ICANN, una organización sin ánimo de lucro situada en Estados Unidos y hasta ahora dependiente del Departamento de Comercio del Gobierno federal, que tenía derecho de veto sobre sus decisiones. No es que lo ejerciera mucho, de hecho no tengo noticia de lo que lo hiciera nunca aunque sus objeciones al dominio pornográfico .xxx posiblemente fueran la causa de que la propuesta se rechazara. Pero su mera existencia impedía que se hicieran propuestas que se sabía que jamás prosperarían. Ahora ese freno ha desaparecido.

Desde el 1 de octubre el Departamento de Comercio ha perdido voluntariamente ese poder y la supervisión la ejercerá un grupo de expertos nombrado por la misma ICANN. Está por ver qué consecuencias tendrá esto. Pero se han quitado los frenos que impedían que el gobierno de internet acabara en manos de la Naciones Unidas.

Lo que cabe esperarse de una ICANN en manos de la ONU quedó claro en 2003 cuando Paul Twomey, el presidente del ICANN, tras un vuelo de veinte horas para ver qué se cocía en las conversaciones preliminares de una cumbre donde se podía decidir el futuro del organismo que preside, fue expulsado de las mismas tras decidir los gerifaltes del contubernio, que "no querían observadores". Aunque el observador fuera el entonces primer ministro de internet, por llamarlo de algún modo. Mientras, los funcionarios responsables de la censura de la red disfrutaban de la amable compañía y camaradería de los demás delegados.

Uno de los principales defensores de controlar la ICANN desde la ONU ha sido China, que criticó en 2005 el "monopolio" de Estados Unidos sobre el sistema y argumentó que los asuntos referentes a internet "debían ser resueltos por los estados soberanos en conjunto en el marco de la ONU". Fue como volver al pasado. En los 70 y 80 los países "no alineados" protestaron por el sesgo pro-occidental de los medios de comunicación e incluso estudiaron la implantación una licencia mundial para ejercer el periodismo expedida por la UNESCO. Así, la sensible mayoría de dictaduras en la ONU podría llevar a internet a desaparecer como el medio libre que conocemos y convertirse en algo más parecido a lo que tienen en China.

Y este riesgo lo estamos corriendo… no se sabe bien por qué. Quizá por eso de que Obama está muy a favor de mejorar las relaciones entre los pueblos y tal, y le sonaba muy mal eso de que Estados Unidos tuviera control sobre internet, demasiado unilateral, ya saben. Contra la estupidez toda lucha es vana.

Posner, una nueva víctima de Keynes

Dado que nunca comprendieron el funcionamiento de la economía y los mercados, se contentaron con una moderada transacción entre la libertad y la coacción que enseguida travistieron de ciencia: lo mejor cuando no tienes ni idea sobre un tema es no tomar partido.

Pero el sesgo intervencionista de sus planteamientos no desapareció, y a las primeras de cambio, con la crisis, se han echado al monte. Es el caso, entre otros, de Richard Posner, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago y uno de los padres del análisis económico del Derecho.

No es que Posner fuera antes un gran defensor del capitalismo con anterioridad a la crisis. Así, por ejemplo, acusó a alguien tan tibiamente liberal como Milton Friedman de confiar en los mercados más por fe que por ciencia. O, recientemente, reflexionando sobre la muerte del conservadurismo estadounidense, afirmó que su tipo de gobierno ideal se alcanzó durante la era Clinton, momento en el que, entre otras cosas, la presión fiscal se situó en sus niveles más altos desde el New Deal.

Sin embargo, parece que este verano el juez Posner ha concluido algunas lecturitas que tenía pendientes desde hacía unas cuantas décadas y, vaya por dónde, se ha convertido al keynesiasmo. En un propagandístico artículo publicado la semana pasada, Posner nos relata cómo tras la quiebra de Lehman Brothers se planteó leer la Teoría general de John Maynard Keynes, ante la evidencia de que la teoría económica ortodoxa carecía de respuestas y explicaciones para lo que estamos viviendo. Una línea de razonamiento, por cierto, muy similar a la que ya glosamos de Paul Krugman y que acierta en el diagnóstico (los llamados economistas no saben de economía) pero fracasa estrepitosamente en las recetas (hay que volver a Keynes).

Posner, el mismo que acusaba a Friedman de irracional defensor del mercado y propugnaba un análisis más científico de la realidad, se deshace en elogios hacia Keynes, "el mejor economista del s. XX", y su obra, "la mejor guía disponible para entender la crisis". Sorprende el entusiasmo del nuevo converso, sobre todo cuando este reputado economista, a sus 70 años, todavía no había leído un libro tan equivocado pero no por ello menos importante como la Teoría general. ¿Qué fiabilidad merece el juicio de un lector parcial, tendencioso y que abraza casi de manera acrítica un libro tan archirrefutado como el de Keynes? ¿Qué comprensión de los fenómenos económicos podemos esperar que posea? Probablemente la misma que antes de su bautizo keynesiano: ninguna.

Posner expone a lo largo de su artículo la explicación keynesiana de las crisis económicas, que podemos resumir así: la renta de una sociedad puede destinarse al consumo, a la inversión o al atesoramiento; consumo e inversión son actividades productivas que permiten contratar a los trabajadores y poner en marcha la economía; pero el atesoramiento de dinero supone dejar ociosos algunos recursos, de modo que una parte de los trabajadores no encontrará ocupación y tendrá que disminuir su consumo y su inversión, arrastrando así al resto de la economía. Dado que los mercados libres se enfrentan a una incertidumbre inerradicable que los empresarios intentan combatir mediante el atesoramiento de dinero, habrá una parte de la economía que tienda a permanecer pasiva. La misión del Estado es, por un lado, buscar empleo a esos recursos ociosos (mediante rebajas de tipos de interés o incrementos del gasto público) y, por otro, reducir la incertidumbre (de nuevo, garantizando los beneficios al empresariado con proyectos sufragados por el erario público).

Aunque los errores de Keynes son numerosos, y su exposición y crítica nos llevaría más que un artículo periodístico, sí podemos seguir la estela de Posner al sintetizar las tres proposiciones básicas del keynesianismo: a) el consumo es el fin de una sociedad; por tanto, cuanto más se consume, más riqueza se genera; b) el atesoramiento es destructivo para la economía; c) la incertidumbre futura afecta negativamente a la inversión a largo plazo porque los empresarios sólo la combaten mediante el atesoramiento.

La primera de estas hipótesis probablemente sea la más absurda, y sorprende que un tipo como Posner no le encuentre pega alguna. De acuerdo con Keynes, cuanto mayor porcentaje de nuestra renta gastemos en consumir, más productivas serán nuestras inversiones. Así, si los consumidores gastan 90 euros de cada 100, los empresarios recibirán ese dinero como ingresos, lo que a su vez constituirá su renta, que destinarán también en un 90% (esto es, 81 euros) a comprar los bienes de otros empresarios, quienes, a su vez, volverán a gastar el 90% (72 euros) en otros bienes… Al final, pues, si la gente gasta en consumir el 90% de su renta, cada euro que nos proporcione una inversión se multiplicará por 10; en cambio, si por ejemplo la gente sólo gasta el 20%, cada euro sólo se multiplicará por 1,25.

Deberíamos pensar que esta explicación cojea por alguna parte, desde el momento en que reparemos en que si todos gastáramos el 100% de nuestras rentas, en teoría cada euro que proporcionara la inversión debería multiplicarse por infinito; esto es, bastaría que todos dejáramos de ahorrar para que la escasez sobre la Tierra terminase. Pero esto es profundamente antiintuitivo, ya que todos somos conscientes de que si los empresarios dejan de invertir en sus empresas, nuestros bienes de capital se depreciarían, y si las familias dejaran de ahorrar no habría dinero para financiar proyectos de inversión a largo plazo, como viviendas, investigaciones, grandes infraestructuras… Esto es, si todos dejáramos de ahorrar, destruiríamos la civilización.

El truco que emplea Keynes es tan primario, que los que no se preocupan por buscar explicaciones causales y realistas dentro de la economía suelen ser presa fácil del mismo. Básicamente, Keynes se fija en que la Renta Agregada (o el PIB) es igual a consumo + inversión. Así, supongamos que el PIB es 10, el consumo 9 y la inversión 1 (10 = 9+1); parece claro que entonces la inversión es una décima parte del PIB, o lo que es lo mismo, el PIB es diez veces la inversión. Esto le sirve a Keynes para dar un salto al vacío y suponer que si la inversión se incrementa de 1 a 2, el PIB también lo hará de 10 a 20, cuando en puridad pasaría de 10 a 11 (11 = 9+2). El economista de Cambridge confunde las relaciones causales (cada punto de inversión multiplica por 10 la renta) con las funcionales (en estos momentos, la renta es 10 veces mayor que la inversión).

Más consumo no nos llevaría a más riqueza, sino a matar y cocinar la gallina de los huevos de oro. En el fondo de este disparate, sin embargo, subyace la idea de que todo deseo de consumo presente se transforma automáticamente en producción; en realidad, por el contrario, nuestro consumo actual es fruto de la producción pasada, que fue financiada con un volumen de ahorro tan elevado como para permitir, por ejemplo, en el caso de las ventas de coches, que los trabajadores de las minas cobraran hace años sus salarios puntualmente a fin de mes, aun cuando el aluminio que extrajeron en aquel remoto pasado sólo se haya terminado de vender ahora y en forma de vehículo.

La siguiente proposición de Keynes que Posner defiende es que el atesoramiento es no sólo inútil sino perjudicial para el funcionamiento de una economía. La idea es que atesorar dinero equivale a dejar ociosa una parte de los recursos de la sociedad, que se correspondería precisamente con los factores desempleados. Keynes viene a decir: si de cada 10 euros se consumen 7, se invierten 2 y se atesora 1, el poder adquisitivo contenido en los euros atesorados no se empleará para contratar a trabajadores y otros factores productivos, que quedarán por tanto desempleados. Es lo que el inglés llamaba "equilibrio con desempleo".

En realidad, sin embargo, el atesoramiento de dinero cumple funciones muy importantes en la vida empresarial; funciones que resultan insustituibles para su correcto funcionamiento. Primero, es la única manera en que los consumidores pueden protestar contra los empresarios que les ofrecen lo que no demandan: en este caso, el atesoramiento es una manera de forzar la reconversión de la estructura productiva a una más acorde con los deseos de aquéllos. Como decía Jacques Rueff: "Demandar liquidez no es no demandar nada, como creía Keynes; es demandar riqueza que pueda ser monetizada dentro de nuestro sistema monetario. Y, por tanto, como cualquier otra demanda, pone en funcionamiento las fuerzas del mercado". Y, segundo, el atesoramiento equivale a un fondo del que los agentes económicos pueden echar mano para adaptarse rápidamente a los cambios imprevistos. Sin dinero atesorado, las empresas y las familias apenas tienen capacidad para modificar su conducta de manera rápida y para corregir sus errores.

Posner se queja de que los bancos estén "atesorando dinero en lugar de prestarlo", y denuncia que el atesoramiento por parte de las familias "se ha cargado al sector minorista de Estados Unidos". En realidad, no tiene en cuenta que probablemente ese sector minorista era artificialmente grande debido a un crédito al consumo falsamente asequible, fruto de las expansiones crediticias del sistema bancario. No olvidemos que un crédito supone un mayor consumo presente a costa de un menor consumo futuro, y probablemente las familias estadounidenses se hayan dado cuenta de que su renta no se va a incrementar indefinidamente gracias al endeudamiento masivo de la sociedad y prefieran reducir este fuerte desequilibrio temporal. La afirmación de Posner sería tanto como decir que en España los promotores inmobiliarios han quebrado por el exceso de incertidumbre; mire, no: han quebrado porque producían vivienda a unos precios insostenibles.

El atesoramiento sólo es un problema si existen fuerte rigideces de precios que impiden que la economía se adapte al cambio que exigen los consumidores y los inversores. Pero entonces el énfasis de las reformas keynesianas debería situarse no en multiplicar el gasto público, sino en flexibilizar los mercados. Algo que desde luego no sucede, ya que en opinión de Keynes incluso podría resultar contraproducente para la recuperación.

Por último, Posner también rescata la muy keynesiana idea de que la única respuesta que adoptan los agentes económicos ante un incremento de la incertidumbre futura es el atesoramiento. A este respecto, conviene tener presente que Keynes era un economista muy cortoplacista, que no comprendía adecuadamente los mercados de valores y que amasó su fortuna no invirtiendo a largo plazo, sino especulando a corto.

Por las mismas fechas en que redactaba su Teoría general, dos exitosos inversores, Benjamin Graham y David Dodd, publicaban el que probablemente sea el libro más completo sobre este tema: Security Analysis. En él acuñaron el concepto de margen de seguridad de un activo financiero, definido como la diferencia entre el valor intrínseco y el precio de mercado del propio activo. Básicamente, ¿compraría usted hoy un piso de 100 metros cuadrados en la calle Serrano por 50.000 euros? Por muy alta que sea la incertidumbre, seguramente sí lo haría, porque es consciente de que el precio de ese inmueble nunca caerá por debajo de esa cifra.

Ante un estallido de incertidumbre en el mercado, los empresarios no tienen por qué atesorar toda su renta y negarse a invertirla, sino que pueden hacerlo en aquellos proyectos que les ofrezcan un mayor margen de seguridad. La respuesta a una mayor incertidumbre no tiene por qué ser más atesoramiento, sino la exigencia de mejores precios, lo que nos devuelve a la necesidad de eliminar rigideces artificiales en el mercado.

Puede que los especuladores como Keynes se muevan por lo que él llamaba animal spirits y la mentalidad de ganado, pero los grandes inversores a largo plazo, como Warren Buffett o como los directivos de cualquier gran empresa, se mueven por los precios que les ofrece el mercado en cada momento: aprovechan los pánicos como una oportunidad y, como mucho, se limitan a controlar mejor dónde colocan su dinero (¿o acaso las grandes empresas han cesado completamente de invertir en nuevos proyectos durante la crisis?).

Siendo graves todos los errores de Keynes, hay que decir que son destellos de una realidad mucho más compleja que ni el inglés ni por supuesto Posner han llegado a comprender. Keynes se obsesionaba con que la inversión fuera inferior al ahorro, y nunca llegó a plantearse qué sucedería si la inversión superaba al ahorro merced a manipulaciones del crédito. Hoy son muchos los que, como Posner, siguen sin comprender este punto, y por eso se suman a los arúspices-economistas del s. XX que preferían escrutar las tripas de un pollo antes que estudiar la realidad.

Alemania vota contra Zapatero

La primera consecuencia es un cambio de Gobierno. Aunque Merkel seguirá siendo la canciller alemana, nuestro vecino ha perdido cuatro años por las ataduras de la Grossen Koalition y no ha podido ni tomar las medidas más eficaces para vadear la crisis ni adoptar una posición clara frente a problemas de primer orden, como la política de cerrar las 17 centrales nucleares que hay en funcionamiento.

No menos importante que el giro liberal del Gobierno es la crisis en que se sume la izquierda alemana. Los verdes mantienen un apoyo importante y la izquierda neocomunista obtiene un apoyo muy notable. Juntas casi alcanzan la fuerza electoral de los socialdemócratas. En consecuencia, el voto a la izquierda queda muy dividido. No hay un discurso común y parte del esfuerzo de los líderes de estos partidos se tiene que dedicar a ponerse mutuamente como no digan dueñas.

También es llamativo el éxito electoral de los liberales. Los buenos aficionados a la política en Alemania saben que los liberales (el FDP) son conscientes de que ese partido sube cuando su discurso es más auténtico y baja cuando lo traiciona. Y el discurso del líder, Guido Westerwelle, es el más liberal de las últimas décadas. Su éxito, por tanto, es notable pero no sorprendente. Los que se habrán quedado sorprendidos son todos los que hablaban del auge en Europa de la ultraderecha. Los neonazis han quedado incluso por detrás del Partido Pirata.

Merkel ha prometido una gran rebaja fiscal si, como ha sucedido, ganaba las elecciones. Está claro que España se va a quedar atrás, muy atrás, del resto de Europa.

Señor presidente, no lo haga

Señor presidente del Gobierno:

Hay vías alternativas: reduzca más el gasto, elimine ayudas a dictadores, a programas inútiles, a los actores, privatice las tierras del Estado devolviendo a la gente lo que fue suyo. Legalice las drogas y prostitución, abra mercados de verdad como el de la seguridad privada. Elimine burocracia para crear más empresas y que reporten más dinero. Detenga su plan belicista en Oriente Medio. Elimine funcionarios y cargos públicos. Elimine las subvenciones a los rentistas estatales como sindicatos, patronal, profesiones del paro, medios de comunicación, agricultores…

José Luis Rodriguez Zapatero. Presidente del Gobierno. Este no ha de ser el "Gobierno del uno". Si así es, como decía Étienne de La Boétie, será tiranía.

¡No lo haga, no suba los impuestos!

Se pide por favor

Zapatero ha precisado, acaso contagiado de la cara marmólea de su anfitrión Berlusconi, que será "un pequeño esfuerzo". Caldera le viene a La Sexta con el mantra: "Lo que hay que hacer ahora es un pequeño esfuerzo (…) y aportar un poquito más a través de la vía de los impuestos".

El Gobierno gasta el doble de lo que ingresa en partidas como el Plan E, que permite a los ayuntamientos abrir y cerrar zanjas y al Ejecutivo presumir tres meses de estadísticas del paro deshinchadas. Contrata a funcionarios a mansalva cuando las empresas se ven obligadas a renunciar a parte de sus trabajadores. Y se endeuda a velocidades jamás vistas en nuestro país y acapara el crédito que los bancos no pueden ceder a familias y empresas. Pero nos pide a los demás que hagamos un esfuerzo.

Mal está que lleven una vida de gasto sin medida y sin sentido y nos pidan "por solidaridad" (con ellos, claro), que le paguemos los excesos. Mal está que nos pida a los ciudadanos que hagamos lo contrario de lo que hace el Gobierno. Pero el colmo es que no tengan la cortesía de pedirnos las cosas por favor. Yo, por mi parte, diré que, aunque me lo pidan por favor, no pienso hacer voluntariamente ese esfuerzo.

Sólo que, claro está, no es voluntario. Porque, como dice Pedro Ugarte en El País, "El Estado nunca pide. El Estado exige. Y exige porque amenaza. Y no contento con la victoria física, se atribuye la victoria moral y denomina insolidaria cualquier objeción a sus dictados". Es decir, que reviste de esfuerzo por parte de la sociedad su latrocinio. Que además de meter su mano en nuestro bolsillo, una vez llenadas las arcas, nos dice que, en realidad, le hemos dado el botín de buena gana. Nos deja la cuenta tiesa, en plena crisis, pero quiere que nos contentemos colgándonos la medalla de "solidarios". Se lleva nuestro dinero y nos deja el consuelo de los tontos.

Dejen de tomarnos el pelo. Se lo pido por favor.