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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Plusvalía marxista y descubrimiento empresarial

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Plusvalía marxista y descubrimiento empresarial

Se arguye con frecuencia que si un empleador obtiene beneficios es porque da a sus trabajadores menos de lo que éstos producen. Así, de acuerdo con el concepto marxista de la plusvalía, los beneficios empresariales serían aquella parte de la producción de los trabajadores que los capitalistas, valiéndose de su propiedad sobre los medios de producción, retienen para sí. El problema es que el concepto de la plusvalía, que da a entender que los beneficios emanan en exclusividad de la labor de los trabajadores (y pertenecen a ellos en justicia), no tiene en cuenta la condición de "prestamista" del empresario y, más importante, su papel como descubridor de oportunidades.

En primer lugar, si el trabajador quiere percibir hoy unos ingresos, alguien deberá avanzarle un salario con cargo a su capital, pues de lo contrario el trabajador tendrá que esperar hasta haber producido y vendido el bien para cobrar directamente de los consumidores (con lo cual la espera será aún más larga en el caso de los bienes de capital alejados de la etapa del consumo). Quien le avance dicho salario lo hará a cambio de que lo que obtenga en el futuro sea más de lo que hoy le ha anticipado, pues nadie es indiferente entre pagar 100 a cambio de algo ahora y pagar 100 a cambio de lo mismo al cabo de unos años. Si el vendedor quiere hacernos esperar, pedimos un descuento; si queremos que el empresario nos avance un salario, porque no estamos dispuestos a esperar, nos aplica un descuento. En este sentido podríamos decir que el empresario tiene visos de prestamista: presta un salario a cambio de unos bienes futuros de mayor valor.

En segundo lugar, el empresario no es un mero rentista pasivo como se infiere del concepto de la plusvalía. El empresario no avanza simplemente unos salarios a los trabajadores de forma que si estos dispusieran de capital suficiente podrían gestionar la empresa sin el lastre de su patrón. El empresario les avanza unos salarios para que lleven a cabo un proyecto concreto; el empresario no solo les da una alforja, también les indica el camino que deben seguir. La función del empresario es la de orientar los recursos (entre ellos el factor trabajo) hacia los usos que cree que satisfarán mejor las necesidades de los consumidores y le reportarán mayores beneficios. El empresario es el que hace frente a la incertidumbre que le envuelve e intenta prever el futuro con más acierto que los demás buscando oportunidades de ganancia. La función básica del empresario es, en suma, el descubrimiento y aprovechamiento de oportunidades de ganancia. De este modo, no hay un beneficio que se extraiga de los salarios como si los salarios fueran la fuente original de renta. La fuente original de renta son los beneficios fruto del descubrimiento empresarial, de dónde se descuentan los salarios.

En otras palabras, lo que se queda el empresario no es una plusvalía, una parte de lo que producen los trabajadores, una renta "no-ganada", sino una parte de lo que ha descubierto él. La oportunidad de ganancia la ha descubierto él, no los trabajadores. Es el empresario el que se ha enfrentado a la incertidumbre anticipando una determinada demanda (intentando prever que los ingresos que obtendrá de la venta de su producto excederán los gastos en los que ha incurrido al producirlo). Es el empresario, no los trabajadores, el que emprende la acción de anticipar y aprovechar un diferencial de precios (ingresos menos costes) positivo, obteniendo beneficios cuando acierta en su previsión y sufriendo pérdidas cuando se equivoca.

Por tanto, no cabe alegar que los beneficios son un expolio del trabajo de los empleados, pues sin esa anticipación inicial del empresario, sin esa idea previa acerca de lo que podría ser demandado por otros productores o consumidores, ningún trabajador estaría generando ingresos. El trabajo en sí mismo no tiene ningún valor, es el trabajo útil, dirigido acertadamente a satisfacer necesidades de los consumidores, el que tiene valor. Y es el empresario el que anticipa cuál es el uso más valioso del factor trabajo y lo dirige a tal fin, el que descubre el modo de darle la máxima utilidad. En definitiva, los beneficios no son una renta inmerecida, no-ganada, sino la "retribución" que obtiene el empresario por descubrir la mejor manera de satisfacer las apetencias de los consumidores.

Elogio del prejuicio

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace muchos años ya que me desengañé al respecto, y hoy considero que, bien utilizados, los prejuicios son un instrumento de lo más útil para la vida diaria. Porque, ¿qué es un prejuicio? Pues no más que una idea somera sobre cómo son las cosas. Es decir, un prejuicio es, en realidad, un juicio superficial sobre cómo son las cosas.

Por supuesto que sería ideal contar con un juicio bien informado y justo sobre cada una de las personas que vayamos a conocer en nuestra vida, o que simplemente nos crucemos por la calle. Pero, ¿quién podría tener de antemano toda la información necesaria sobre todas las personas con las que vayamos a tener el más mínimo contacto? Nadie.

Además, esa información no está ahí, esperando a que la cojamos sin más, sino que en gran parte la tenemos que descubrir la información relevante para nuestras acciones. Lo que hacemos es, simplemente, buscar mucha información de los asuntos que más nos atañen y menos para los que nos quedan más lejos. Hay un montón de aspectos de la vida de los cuales sólo podemos tener, porque sólo eso nos interesa, una idea somera; es decir, un prejuicio, que es un ejercicio de economía de medios.

Y en muchas ocasiones son útiles. Imagínense que un hombre de raza negra se cruza, en un camino de Alabama con un grupo de hombres vestidos del Ku Klux Klan. ¿Debe continuar su camino, manteniendo hacia ellos una actitud abierta de mente? ¿O debe huir como alma que lleva el diablo antes de comprobar si su prejuicio era injusto o no?

Es cierto que no podemos dejarnos llevar por ellos muy lejos, ni tomárnoslos demasiado en serio. Pero para multitud de los afanes y avatares diarios es lo único de que podemos disponer.

El vaciamiento del derecho de propiedad

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

A menudo, cuando se nos pregunta a los liberales cuáles son los principios sobre los que descansan nuestras ideas, contestamos que la defensa de la libertad, el derecho de propiedad privada y el cumplimiento de los contratos, que, a su vez, garantizan la cooperación pacífica entre los seres humanos en un orden extenso.

Para observar hasta que punto nos hallamos lejos de ese ideal, quiero trazar un esquema de la situación concreta del derecho de propiedad en la España de estos primeros años del siglo XXI. A pesar de que desde muy antiguo se hubiera reconocido en los derechos civiles españoles como una pieza fundamental para garantizar la independencia y la libertad del individuo, tanto frente al Señor o el Rey como frente a los demás individuos, los redactores del artículo 348 del Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889, definieron de forma parca lo que se entendía por tal derecho.

Por otro lado, frente a la regulación de los artículos 544 y 545 del Código Civil francés, supuesto modelo, que alude al derecho de gozar y disponer las cosas "del modo más absoluto", los legisladores españoles optaron por suprimir esa locución adverbial, si bien se abstuvieron de declarar que los reglamentos pudieran limitar el derecho de propiedad. Lamentablemente, la evolución de la legislación posterior convertiría este último freno al intervencionismo en irrelevante.

El paradigma político en los estertores del franquismo, fruto de la interacción de elementos socialdemócratas y democristianos que habían tomado las riendas del poder bajo la égida del general Franco y de aquellos otros que procedían de la oposición política, delimitó un campo de discusión muy estrecho. La legislación franquista había socavado gradualmente el derecho de propiedad –en contraposición a los drásticos y cruentos expolios y colectivizaciones forzosas que sacudieron al país durante la guerra civil– con la promulgación de las leyes de arrendamientos, expropiación forzosa, del suelo, los legendarios planes de desarrollo y otras tantas leyes que regulaban las denominadas propiedades especiales (montes, minas, etc.).

Por lo tanto, la clase política redujo entonces las alternativas respecto al reconocimiento y las garantías del derecho de propiedad privada bien a la continuación de las medidas intervencionistas que lo limitaban y cercenaban, o bien a la proclamación de su abolición y la nacionalización de los medios de producción, que formaba parte de los programas de socialistas y comunistas. Ese panorama trajo la transacción confusa y contradictoria que se plasmó en la Constitución Española de 1978.

Si bien el apartado primero de su artículo 33 de esta Constitución parecía una réplica a los puntos primero y tercero del Manifiesto Comunista, muy pronto pudo comprobarse que, a pesar de que ese artículo se hallaba ubicado dentro de lo que la propia Constitución definía como derechos y libertades fundamentales y debía gozar de la garantía de ser regulado solo por Ley, que respetaría en todo caso "su contenido esencial" (artículo 53.1), el Tribunal Constitucional [STC 111/1983 de 2 de diciembre (Caso Rumasa) y STC 37/1987, de 14 de abril (Caso de la Ley andaluza de reforma agraria)] interpretó el contenido del derecho de propiedad privada reconocido en la Constitución en consonancia con los presupuestos políticos que habían alumbrado la transición política a la democracia. Es decir, lo dejó sin un contenido real desde el momento que aceptó que el gobierno pudiera eliminarlo mediante un decreto-ley (caso Rumasa) y que profundizó en la ideología socialista que subyacía en la famosa "función social" de ese derecho, al relacionar su delimitación con el artículo 128 de la Constitución, que, ciertamente, junto al 131, no hubieran desentonado en absoluto dentro de una constitución nacionalsocialista o soviética.

En un tiempo que una mayoría parlamentaria exigua subvierte los elementos del Estado de Derecho y que contemplamos una evolución hacia un desaforado intervencionismo, se hace necesario proponer el debate sobre una reforma constitucional que defina el derecho de propiedad privada, lo incluya entre los susceptibles de amparo ante el Tribunal Constitucional y deje claro que su "función social" deriva de que incentiva a los individuos para desarrollar su libertad dentro de una economía de mercado, ya que permite el cálculo económico entre las distintas posibilidades de inversión. Ese nuevo marco constitucional constituye un presupuesto para la viabilidad de alternativas al Estado de Bienestar como, por ejemplo, la sociedad de propietarios, propuesta por este Instituto.

Hans Kelsen y sus “impurezas”

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Hans Kelsen es tenido por el mayor teórico del Derecho del siglo XX. Fue el representante más refinado del moderno positivismo jurídico, corriente ésta que surgió en el siglo XIX como reacción frente a la vasta tradición secular y variopinta del llamado iusnaturalismo. Puso todo su empeño en desprestigiar el Derecho natural como algo irracional y caduco frente a la superioridad del Derecho positivo. El interés principal kelseniano fue delimitar el conocimiento del Derecho como un fenómeno autónomo de cualquier otra consideración psicológica, sociológica, moral (tachada de ilusión) o extra-legal y, así, hacerlo "puro".

En 1934 publicó su contribución más granada y libro fundamental para la filosofía del Derecho: Teoría Pura del Derecho. En ella se afirmaba que la validez de las normas vendría dada por el modo de producción de las mismas y no por su contenido. La teoría kelseniana del escalonamiento normativo implica que toda norma jurídica tiene su validez en otra norma superior hasta llegar a una norma ficticia fundamental (Grundnorm). El problema es que la referida Grundnorm, en la que descansa todo su ordenamiento positivo, no pudo nunca definirse por Kelsen al no poder encontrarle, a su vez, un fundamento último de su validez formal. Una importante carencia aparece, con ello, en el intento de crear una teoría del Derecho completamente formal (“pura”).

Kelsen no concebía más Derecho que el del Estado, que era el emanado de la voluntad del legislador. Con su metodología jurídica, además, vino a equiparar lisa y llanamente el Estado con el Derecho. La barra libre que suponía este poder del Estado tiene mucho que ver con el concepto de soberanía que inspira a casi todos los positivistas jurídicos, que no pueden imaginarse que el legislador tenga límites a su actuación (sobre todo si están legitimados por una mayoría democrática; el lema kelseniano aplicable sería más o menos éste: son muchas las áreas pendientes de ser normativizadas con la legitimidad que dan las urnas).

Ante los excesos eventuales de un poder arbitrario, Kelsen proponía como panacea su estricto y "muy científico" formalismo jurídico que serviría, según nuestro eximio jurista, de límite o freno a cualquier arbitrio político (¡eso sí que era una ilusión!). Las primeras críticas a la Teoría Pura de Kelsen vinieron especialmente tras la llegada democrática al poder del huracán nazi y los subsiguientes efectos devastadores de su actuar. Se pudo constatar entonces que las normas nazis fueron, por desgracia, también actos jurídicamente correctos según los postulados de Kelsen.

Se supo que el iuspositivismo exacerbado podía dar cobertura a fenómenos monstruosos como el nazismo o el estalinismo (estatismos radicales, en suma). Se hizo entonces patente para muchos (no así para Kelsen) la necesidad de repensar las posturas uisnaturalistas tradicionales. La nuez del problema seguía siendo la decantación del criterio válido según el cual podría considerarse una norma justa (o, al menos, no injusta) y adecuada a la naturaleza del hombre. Eso tenía que ver con el contenido de la misma, más que con el modo de producirse. El Derecho natural, al menos en su versión más depurada y actual, tiene, por tanto, todavía algo que decir (1,2, 3, 4).

Por cierto, la Teoría general del empleo, el interés y el dinero de John M. Keynes fue publicada dos años después de la Teoría Pura del Derecho de Kelsen. Ambas supusieron un soporte ideológico muy conveniente para "los socialistas de todos los partidos", especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Lord Keynes, por un lado, dio cobertura a la política económica intervencionista y de crecientes déficits públicos y Hans Kelsen proporcionó, por su parte, la teoría jurídica necesaria para llevar esto a cabo. El Derecho y la Economía política contemporáneos se han venido retroalimentando mutuamente desde entonces.

Kelsen, además, estuvo convencido de que el único medio para alcanzar soluciones a los problemas sociales era controlar, a través de mayorías parlamentarias, las libertades económicas (meras ideologías burguesas, según él), creyendo erróneamente, que lo esencial era mantener las libertades políticas. Así pues su positivismo jurídico se presenta, a la postre, como una ideología socialista.

Hans Kelsen, que quería apartar al Derecho de toda ideología o moral, resultó ser al final un ideólogo activo de la comunitaria moral socialista. Como se ve, el pensamiento kelseniano, a pesar de sus pretensiones, tuvo muchas "impurezas".

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Los internautas, el hombre del año

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Nada más aprobarse este apuntalamiento del edificio en ruinas de las pensiones numerosos expertos y políticos han afirmado que pronto habrá que elevar aún más esa edad, o reducir las prestaciones de otra manera. En España esta suspensión de pagos encubierta se ha concretado recientemente en la elevación de los años mínimos de cotización para acceder a la prestación, dejándose sin jubilación a los que no haya cotizado más de 14 años. Pero los verdaderos problemas financieros del sistema –y las soluciones más drásticas– se prevén de aquí a 2050, año en el que el gasto público en pensiones rondará el 14,5% del PIB.

En realidad estas supuestas soluciones son bombas de achique que tratan de evitar el inminente naufragio de los sistemas de pensiones públicas. Sin embargo, el esquema de reparto público, fundamentado en la necesaria entrada de un número creciente de contribuyentes forzados en la base de la estructura poblacional, sigue siendo inviable a largo plazo. Si la realidad demográfica le da la espalda a este esquema a lo Ponzi, el timo se destapa a través de humillantes suspensiones de pagos que se reconocen en sucesivas pero continuas entregas por episodios en los que los partidos, los sindicatos y la patronal anuncian la consumación de la estafa como si de logros sociales se tratara.

Como bien indica un reciente estudio del Instituto Juan de Mariana titulado "Una sociedad de propietarios: el camino de los ciudadanos hacia la independencia financiera", la verdadera solución pasa por "elevar la cultura financiera media de las familias, mejorar notablemente la fiscalidad del ahorro y", sobre todo, "afrontar la transición a un sistema de capitalización". De este modo, las desoladoras perspectivas podrían evitarse si alguno de nuestros políticos tuviese la valentía de reconocer la tomadura de pelo –y de recursos– y observara sin prejuicios reformas como la australiana. En 1992 Australia decidió reconocer la inviabilidad del sistema social de pensiones y modificarlo de arriba a abajo. Así se pasó de un sistema de reparto a uno de capitalización. En la actualidad el 90% de los trabajadores australianos está disfrutando de la capitalización de un mínimo obligatorio del 9% de sus sueldos. Pues bien, la revalorización de estas aportaciones está convirtiendo las prestaciones subsidiarias públicas en auténtica calderilla. Pero todavía más importante que el esperable éxito económico ha sido la reubicación de las pensiones en el lado ético de la prestación de servicios, es decir, en el mercado.

Desalojen a esa okupa

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El último botón de muestra es su justificación de la inacción del gobierno catalán ante los usurpadores de inmuebles que se hacen llamar okupas. Su razonamiento, propio de una fanática seguidora de Proudhon, es que la okupación "es otro estilo de vida".

El sector del urbanismo es, desde la ley de 1956, lo más parecido que pueda encontrarse a una economía soviética. El intervencionismo extremo en este campo ha logrado que la especulación política y la corrupción sean el pan nuestro del cada día. Tampoco se le escapa a nadie que los precios de la vivienda están artificialmente inflados por la regulación estalinista que ha vuelto artificialmente escaso el suelo disponible, las cesiones forzosas a los ayuntamientos, los impuestos en concepto de plusvalía y un sinfín de intervenciones que no dejan ni asomar al mercado libre. Pues bien, para Trujillo y su equipo "está claro que el libre mercado ha creado un desequilibrio muy fuerte" y es el responsable del actual ritmo constructor y de todos estos males.

Su rechazo de la propiedad privada y del mercado es tan evidente que resulta intrigante por qué está tratando últimamente de enmascarar su incendiaria y okupadora ley del suelo con un barniz liberal. El texto de la ley no deja lugar a dudas: se cambia el sistema de valoraciones para poder expropiar a precios de risa, se incorpora una reserva mínima del 25% de la edificabilidad para viviendas protegidas que presionará los precios de mercado al alza, se aumenta (del 10% al 20%) el porcentaje de cesión de las plusvalías generadas por la promoción inmobiliaria que ayudará a una mayor subida artificial de los precios, se permitirá a todo ciudadano opinar sobre el destino de la propiedad ajena y se acepta el nauseabundo agente urbanizador del PP (una figura con derecho a suplantar al propietario a la hora de realizar una actuación urbanística), dejando abierta la puerta a la expansión de esta nueva okupación legal al sector de la edificación. Intervencionismo en dosis de caballo que exacerbarán la especulación política y la corrupción de quienes la ejercen.

A pesar de toda esta artillería contra la libertad y la propiedad, la ministra ha declarado que su nueva ley "protege la propiedad privada y la libre empresa". La desvergüenza de esta señora no tiene límites conocidos. ¿Cómo puede compaginarse el filocomunismo de la ley Trujillo con esta presentación liberal que le dedica la ministra? Pues porque ni corta ni perezosa añade: "siempre que sirvan al interés general", un interés que parece confundir con el suyo y el de su ideología liberticida. Y es que para truquillos lingüísticos, nadie mejor que la ministra de Okupación para quien el incremento de intromisión estatal en el sector "no supone intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad". Si quedase alguien con un mínimo de cordura en este Gobierno, mandarían a desalojar a Trujillo del ministerio.

Cosas de adolescentes

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Como decía aquel famoso torero cuando le preguntaron por el motivo de que un banderillero suyo hubiera llegado a gobernador civil ("pues ya ve, degenerando, degenerando…"), el llamémosle pensamiento de izquierdas también degenera, pero curiosamente para beneficiar a los mismos a costa de los de siempre.

Los modos alternativos de vida que patrocina la izquierda consisten en vivir a expensas de los demás; por otra parte lo más lógico en una ideología que ha convertido el parasitismo social en una de sus principales reivindicaciones. Porque el llamado estado del bienestar no es otra cosa que la revolución del orden social espontáneo, a través de la imposición estatal de un sistema de compensaciones coercitivas.

Lo de los okupas barceloneses y el cariño que despiertan entre los políticos de la izquierda es otro ejemplo más de cómo la legalidad tiene un carácter marginal en el nuevo régimen patrocinado por ZP. La principal responsabilidad del gobierno es preservar las vidas y propiedades de sus ciudadanos, pero el gabinete friki de ZP prefiere dedicarse a regular el tamaño de las hamburguesas y a reírle las gracias a los vagos antisistema. Las actitudes de estos últimos deben traerles gratos recuerdos de la juventud, pues en el gobierno actual, empezando por el propio ZP, pocos de sus miembros han experimentado alguna vez lo que vulgarmente se conoce como "trabajar".

El gobierno actual es un grupito de adolescentes que, de pronto, se ve reunido en torno a la mesa del consejo de ministros decidido a transformar el mundo según su interpretación inmadura de la realidad. Y como el socialismo, al contrario que la derecha, no suele dejar las cosas a medias, la ofensiva contra la propiedad privada, en última instancia lo que nos distingue de las sociedades precivilizadas, se complementa con la decisión de implantar un sistema de desalojo que ríase usted del castrismo. Por supuesto no van a expulsar a los que invaden las casas ajenas, sino a sus propietarios legítimos, que es lo que mola. Y todo con la excusa trasnochada del interés social(ista), que es la jaculatoria con la que los gobiernos disfrazan sus tropelías para que el público, en lugar de correrles a gorrazos, aplauda con ganas.

Mas hay algunas líneas morales que ni siquiera a los ungidos benefactores del género humano les es dado sobrepasar. La gente acepta las chorradas de la paz perpetua y el mejoramiento social de los más débiles porque no tienen un efecto inmediato sobre su patrimonio. Pero cuando llaman a tu puerta a las cinco de la mañana y no es el lechero sino "Los Hombres de Trujillson" (© El Grupo Risa), con una orden de incautación de la vivienda que has comprado para casar al bandarra de tu hijo, como fórmula de ahorro o sencillamente porque te ha salido de las pelotas, las cosas se ven de otra manera. Con el pan de los hijos no se juega. Y con ciertos apéndices menos aún.

Hombres maltratados

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en Hombres maltratados

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de las agrupaciones en que se integra sean reales y efectivas.

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.

No es mío. Lo he leído en un documento de la página de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Esta asociación se ocupa de informar y defender a las mujeres. Entre una de las motivaciones de su creación quiero destacar ésta:

Lo que más conmovió nuestros sentimientos fue el ensordecedor silencio de las mujeres que no se atrevían a gritar ante nosotros su cotidiana tragedia, su miedo; el aislamiento que alimenta su dependencia, que refuerza la inseguridad y la certeza de su soledad ante las circunstancias: Las mujeres maltratadas.

Los malos tratos es uno de los azotes de nuestros días que más me avergüenza. Destroza familias, destruye a las personas. El daño para la víctima colea durante años, eso si hay una sola víctima, y cuando hay hijos, ya se sabe. Todos excepto el verdugo son víctimas. O excepto la verdugo.

Porque en la última década el caso de los malos tratos a hombres se ha disparado. Según un artículo publicado por Luis Losana en la revista Época del mes pasado, los varones representan el 22% de las muertes en el seno de la pareja y el 44% del total de violencia doméstica, según el anuario estadístico de la Policía de 2005.

La violencia contra el hombre adopta una forma diferente a aquella contra la mujer. El doctor en psicología y profesor por la universidad de Málaga Antonio Videra afirma que la violencia de las féminas es psicológica, sutil y basada en la humillación a través de manipulaciones que tienen por objeto herir al hombre en diferentes aspectos como su sexualidad, su profesionalidad, el trabajo en casa, etc.

Lo que resulta sorprendente es que las mismas personas capaces de compadecerse del silencio de las mujeres maltratadas se muestran hostilmente indiferentes frente a los malos tratos a los hombres siendo ambos iguales ante la ley y la sociedad y teniendo en cuenta que esta igualdad es un principio constitucional y un principio fundamental de la Unión Europea.

Para María José Varela, abogada feminista y miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis los hombres asesinados por sus parejas no se pueden considerar malos tratos: “No hay que contabilizar a la mujer que mata a su pareja fruto de una patología severa como personalidad esquizofrénica”.

Esta jurista es capaz de afirmar que el maltrato psicológico es quién hace el trabajo de destruir la identidad y personalidad de la víctima. Reconoce que la dificultad para detectarlo está en que no hay huellas visibles que lo delaten y que el límite está en la pérdida de respeto de palabra con gestos de menosprecio, aunque se pretenda después, por parte del agresor, escudarse en la broma o en conceptos que manipulan esa falta de respeto.

Y, en la misma entrevista, afirma brutalmente un poco después: “Hay hombres maltratados en la misma proporción que los negros maltratan a los blancos. Las excepciones no son el problema y por tanto yo no las contemplo.”

Sorprende que adopte la misma actitud que quienes durante mucho tiempo acallaron las voces de las mujeres. Y, lamentablemente, también los hombres víctimas de maltrato psicológico reaccionan como las mujeres hicimos: con miedo y silencio. La psicóloga argentina Silvia Fairman, autora del libro “El hombre maltratado por su mujer (una realidad oculta)” explica:

Cuando en nuestra sociedad el poder ha sido siempre uno de los atributos masculinos, es inadmisible que este hombre reconozca ante sí mismo y ante los demás la estrepitosa caída de su omnipotencia.

No es algo nuevo, algunos hombres ilustres fueron maltratados por mucho que su drama se silenciara: Dalí era maltratado por Gala y Federico Chopin, ya enfermo, por George Sand. En nuestra sociedad no se le da importancia a este fenómeno aludiendo a la superioridad de la fuerza física masculina, pero todos conocemos alguna mujer con “armas de víbora”, capaz de torturar psicológicamente a un hombre y hacer de él un desgraciado. Empeora la cuestión el que al ser un tema tabú no se disponga de estadísticas fidedignas. Por otro lado, este silencio tiene muchos componentes: el trato de la Policía cuando un hombre denuncia es denigrante, la asistencia psicológica a hombres es muy escasa aún, a pesar de los esfuerzos de las pocas asociaciones que les defienden.

La negación de que el terrorismo psicológico en el hogar no nos afecta solamente a nosotras es perjudicial tanto para los hombres como para las mujeres. Perpetuar la autopercepción de la mujer como víctima del hombre e incapaz de infligir algún daño, es equivocada y no contribuye a resolver el problema de la mujer maltratada. Quienes pretenden salvar a la mujer del horror del maltrato ninguneando los derechos del hombre y encumbrándole para siempre como macho abusador solamente consiguen mantenerla en ese estereotipo de sexo débil contra el que tan bienintencionadamente luchan. Y es discriminación.

Dejen de criminalizar a las víctimas

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Hemos visto y seguiremos viendo cómo los políticos marean la perdiz diciéndonos que, para que haya más seguridad, necesitamos más policías y endurecer las leyes. Si lo aplican, el remedio será peor que la enfermedad. Uno de los principales problemas es creer que el Gobierno tiene los mismos intereses que nosotros. El Estado no puede garantizarnos nuestra seguridad todos los días a todas horas, pero sí puede imponer un estado policial que se limite a fiscalizarnos. Un ejemplo del libro lo hemos sufrido recientemente en Barcelona, donde la presencia policial ha aumentado con la excusa de la seguridad y el nivel de criminalidad se ha mantenido más o menos igual pero las multas han aumentado casi en un 50%. Está claro que los intereses no son los mismos.

Sólo nosotros y la economía privada nos podemos proteger de los criminales: alarmas, puertas blindadas, habitaciones del miedo, armas y vigilantes privados son respuestas reales a nuestras demandas reales. Sólo el libre mercado es capaz de ajustar la oferta de seguridad con su demanda. Llenar las calles de policías paseando arriba y abajo es actuar de forma ciega, inconsciente, populista, ineficiente y cara. Por ejemplo, el PP catalán querría llegar a un ratio de 5 agentes por cada 1.000 habitantes, ¿por qué 5 y no 6, 4 ó 500? No piense que es el resultado de un estudio de "sabios", simplemente lo dice porque es la media europea. Del mismo modo arbitrario podría haber escogido la de Alemania, el Congo, Colombia o cualquier otro país. Mientras ellos juegan a los chinos, nuestra seguridad pende de un hilo.

En los últimos asaltos que han tenido lugar en Cataluña también comprobamos lo poco que le importa a la administración nuestra seguridad. A las pocas semanas de los atracos a chalés, todos los vecinos se quejaron de lo mismo: la policía sólo estuvo presente después de los crímenes y se fueron con las cámaras de televisión. Fue un espectáculo equivalente a esos simulacros hiperrealistas que nos ofrecen los noticiarios, donde hay víctimas por todas partes y la policía, bomberos o cualquier otro órgano estatal de turno para la seguridad soluciona la situación en un abrir y cerrar de ojos. Es una acción de marketing muy bonita, pero el problema es que a la hora de la verdad esos expertos del estado nunca están aunque se les llame.

En España hace falta un cambio de mentalidad. ¿Qué significa eso de endurecer las leyes? ¿Que si nosotros herimos o matamos a un delincuente en nuestro hogar la ley nos retenga más tiempo en la cárcel por habernos defendido?

La solución real es cambiar para siempre esta perversa ley que criminaliza la defensa de nuestra vida y propiedad. En la anterior oleada de inseguridad la venta de escopetas corredera aumentó un 60%, luego es evidente que la gente no cree en la policía ni en la administración, pero encontramos la contradicción de que si defendemos nuestra vida o propiedad entonces los criminales seremos nosotros. ¿Qué tipo de sistema pervertido es este? La ley ha de volverse justicia y dejar de criminalizar a la víctima.

En el mundo de las ideas, desde los años noventa, se ha levantado todo una bocanada de aire fresco con estudios, libros y estadísticas donde se demuestra que una sociedad con libertad de armas es una sociedad segura. Ahora ya hemos visto empíricamente que los criminales, por más prohibición de armas que haya, siempre van armados; ningún terrorista va a matar con tirachinas. Hoy día, hasta los okupas barceloneses construyen sus propios bazokas y la Policía se los queda mirando. Los nuevos delincuentes van siempre armados e incluso se fabrican sus propias armas de fuego.

Hemos de insistir a esos políticos que parecen tan interesados en salvar a los criminales que hagan profundos cambios en las leyes e incluso en la constitución para que podamos defendernos de los criminales sin acabar nuestros días en prisión. Es importante dar más importancia a la legítima defensa de nuestras vidas y nuestra propiedad, que se aumente la libertad de armas para la gente decente y que se cambie ya esta pervertida ley que infunde más temor a las víctimas que a los criminales. Mientras el gobierno no haga nada de esto seguirá siendo coautor pasivo de estos atroces crímenes y asaltos. Mientras tanto, si se siente indefenso, cómprese un arma.

El vértigo del consenso

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Por primera vez en dieciocho años, un presidente de la Generalidad de Cataluña ha decidido acudir a los actos de celebración del día de la Constitución Española. La situación no puede ser más surrealista, con un José Montilla brindando por un documento fundacional a cuya derogación de facto ha contribuido de forma directísima. Porque la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña ha tenido como primera consecuencia precisamente la superación del orden constitucional del 78. Y no sólo por el articulado estatutario, abiertamente inconstitucional sin prejuicio de que el tribunal de la materia nos sorprenda (¿nos sorprenda?) con una bendición judicial al estilo Rumasa, sino porque su espíritu subvierte los principios constitucionales en materia de equilibrio territorial y soberanía, algo que además de no tener arreglo jurídico posible deja preparado un futuro de la nación ingobernable por ningún partido político con una mínima idea de España.

En esta tesitura, rotas las reglas del juego, al PP le caben dos posibilidades: actuar como si éstas todavía existieran y adaptarse a las circunstancias para no dejar de salir en la foto o apartarse del consenso y presentarse a las elecciones con un discurso que sea una enmienda a la totalidad. No hará esto último, porque salirse del consenso supone poner en riesgo los cargos públicos de los que viven miles de sus militantes y, por otra parte, lo que ha distinguido desde la transición a la derecha española ha sido siempre su afán por obtener el visado democrático que expide la izquierda con carácter de monopolio. Si es cierto que el orden constitucional ha sido vulnerado por el gobierno con sus socios, y lo es, lo procedente es abandonar el parlamento y dedicarse a explicar a la ciudadanía un programa radical de reformas de aquí a las próximas elecciones generales, para volver de nuevo "a la senda constitucional". En lugar de eso, el PP pastelea con el PSOE las reformas estatutarias de otras comunidades avalando con su firma conceptos ambiguos como la famosa realidad nacional andaluza, por no hablar de la "realidad genética" de Núñez Feijoo en Galicia, que amenaza con darnos también grandes satisfacciones en el futuro. Suele decir Pepiño Blanco que la derecha aceptará en el futuro todas las reformas que ahora critica con tanta fiereza. Por supuesto, tiene razón. El consenso, siempre el consenso, por encima de todo, ¿verdad Majestad?

 El presidente Zapatero aprovechó para insistir en la negociación con la banda terrorista ETA a través de fórmulas confusas entre las que asoman conceptos abiertamente anticonstitucionales, como la derogación del sujeto de soberanía vigente y la modificación unipartidista del marco territorial. Por lo que respecta al PP, su presidente desgranó en su comparecencia los motivos por los cuales la actual Constitución ha de ser reformada de forma inmediata. Vamos, que ninguno de los dos se sienten cómodos con la actual constitución; el primero porque le estorba y el segundo porque no sirve para parar los desmanes de aquél. Es como organizar un cumpleaños y que los asistentes a la fiesta se dediquen toda la velada a atacar al anfitrión. Sobre la traición, crueldad.