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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Ética del crimen

"El aumento de la criminalidad y la intolerancia resultan, entre otras causas, de un individualismo insolidario en avance permanente". ¿Quién se imaginan que ha sentenciado de esta guisa? ¿Quizá Rodríguez Zapatero o, mejor aún, el inefable Pepiño Blanco? ¿No podría ser algún intelectual orgánico como Sabina o un progresista ilustrado como Saramago?

Si cree que esta frase proviene de alguno de los próceres citados, lo sentimos pero se ha equivocado. Esta idea ha brotado de las nuevas generaciones del Partido Popular, lo cual viene a demostrar que el socialismo cala en todos los partidos. Lo decía Carlos Rodríguez Braun precisamente hace unos días en las jornadas que organizó este Instituto en Tenerife: no podemos confundir liberalismo con PP ni socialismo con PSOE porque de ninguna manera esa equivalencia es aceptable. El caso que comentamos viene a probar que Braun vuelve a tener razón.

Pero si le dedicamos una pensada a esta idea de los jóvenes peperos podemos descubrir que encubre toda una filosofía de la irresponsabilidad y, como veremos, una apología de la delincuencia.

La delincuencia deja de ser la consecuencia de un acto ilegal para convertirse en una respuesta a la falta de solidaridad. Dicho de otro modo, la culpa, en lugar de ser atributo del sujeto es predicable de la sociedad porque, como es evidente, nunca es suficientemente solidaria como para evitar que la gente tenga que delinquir. Y además, comprende otra importante idea, que el delito es el resultado de la pobreza.

Ahora podemos entender un poco mejor lo que quieren decir los cachorros de la derecha.

Por un lado, que la gente es irresponsable y por otro, que la culpa de todo la tenemos quienes nada hemos hecho por evitar que esa persona, por supuesto, pobre hasta las cejas, actuara de ese modo. El veredicto es terrible. Quienes estamos trabajando, somos culpables. Quienes no agredimos, ni robamos ni violamos a nadie, somos culpables. Los culpables, en cambio, por negación de la lógica, no lo son y los inocentes por el contrario, se convierten, bajo este prisma, en sus contrarios. El ser y el no ser, se confunden, la nada es algo y el algo es nada.

¡Estupendo comienzo revolucionario para un ideario de centro derecha!

Pero, desgraciadamente, aún hay más.

ETA, bajo esa perspectiva, sería una pobre organización criminal a la que la insolidaridad ha abocado a la lucha armada. Hasta el término "lucha armada", deberá ser aceptado puesto que no cabe duda alguna de quien coge un fusil es para aplacar el hambre. Cuando Zapatero, como ha recordado Jorge Valín, llegó a señalar en el Financial Times que la causa del terrorismo es consecuencia de las "enormes desigualdades" no se podía imaginar que los chicos que jalean a Rajoy, asumieran su discurso con tanto entusiasmo.

Seguro que al enterarse de esta noticia, más de una lágrima recorrería su rostro. "¡Al fin, al fin, la derecha se tornaba cabal!", podría decir para sí. De haber dedicado a la lengua española un par de tardes, quizás lo único que el presidente les podría achacar es no haberse expresado mejor. Con decir que "la insolidaridad provoca delincuencia" podrían haberse ahorrado una intrincada paráfrasis y explicar mejor su más que dudoso espíritu liberal, al que aparentemente se consagran con fervor.

Pensemos que de ser ciertas las palabras del monclovita y de sus nuevos seguidores, la extrema necesidad, permitiría a los pobres robar, a los terroristas matar y qué se yo, aplicando el viejo principio marxista, "de cada quien según sus capacidades a cada cual según sus necesidades", hasta justificar que alguien viole a otro ser humano.

Instituir la insolidaridad como la medida de todas las cosas implica destruir la esencia de la libertad, la responsabilidad. Dado que los hombres son irresponsables porque siempre es un tercero el que les empuja a actuar, el ser humano se convierte en un autómata, un animal sin capacidad de razonar. En definitiva, un esclavo de sus pasiones. Y como la pulsión más inmediata del hombre es la de alimentarse y reproducirse, señores, con este lema de las nuevas generaciones, tenemos todo un programa político que les puede permitir captar votos… de todos los sitios menos de quienes todavía creen que los hombres son racionales, responsables, libres y que no son culpables de lo que hagan otras personas.

¿Lo incluirá el PP entre las medidas que planteará en las futuras elecciones nacionales?

¡Sacad la mano de mis bolsillos!

En la catilinaria pro-Rubianes los artistas se muestran escandalizados por el episodio de censura sufrido por este payaso –por utilizar su propia definición–, aunque cualquiera puede entender, incluso ellos, que nada de eso es cierto. Si Rubianes hubiera querido habría representado su obra de teatro en el Español, con Gallardón en primera fila, a pesar de la yihad españolista desatada en su contra. Porque cagarse en España, en realidad, tampoco es tan grave en estos tiempos. De hecho, un aguerrido lince marxista de la sierra madrileña lo hace diariamente y no sólo no se le censura, sino que el Ministerio de Medio Ambiente le está buscando novieta y una solución habitacional.

Pero más allá de las cuitas personales de ciertos artistas con flojera intestinal, la gente debería considerar lo absurdo de que se financie con su dinero una actividad artística que puede ser albergada perfectamente en cualquier sala privada. El dinero que el Estado nos expropia no debiera ir ni al bolsillo de quien se cisca en España ni al de quien la ama con locura. Los artistas deberían someterse únicamente al dictado del público, que es el certifica a través de miles de decisiones individuales el éxito o el fracaso de una idea. En Madrid hay varias decenas de espacios escénicos de propiedad privada. En esos teatros pueden todos los rubianes seguir enriqueciendo el arte universal, sin necesidad de fagocitar el bolsillo de quienes no tenemos la menor intención de enaltecer nuestro espíritu con sus creaciones. Dicen los artistas en su pamphlet que se oponen a "cualquier interferencia política y mediática en el terreno abierto y libre de la cultura". Con las abundantes "interferencias" financieras a su favor no parecen tener en cambio el menor problema. Al contrario, les encanta ser "interferidos" con profusión. ¿Pero hay acaso mayor intrusión del estado en la cultura que convertirse en su principal mecenas?

Los políticos, culpables de lo que podríamos llamar "pensamiento inmediato" suelen presentar sus desvaríos intervencionistas hablando únicamente de los beneficios que su acción proporciona a la sociedad. Olvidan interesadamente poner también sobre la mesa los perjuicios que cada decisión redistribuidora provoca necesariamente. En el año 2006, por ejemplo, el estado gastará 214,47 millones de euros a la música, la danza, el teatro y la cinematografía, de los cuales 65 millones irán destinados a la "protección" (sic) del cine español. Sin duda el esfuerzo repercutirá favorablemente en la faltriquera de los que se dedican a estas actividades subvencionadas, al contrario de quienes sufragamos este festival redistributivo con nuestros impuestos, que podríamos destinar esa millonada a cuestiones más productivas como pagar la hipoteca o directamente al ahorro. Seguiríamos siendo insultados por los inmarcesibles apóstoles del talante cultureta, sin duda, pero al menos nos cabría la pequeña satisfacción de que no lo harían con nuestro propio dinero.

Un país sin humo, un individuo sin libertad

Imagínese por un momento que me invita a comer a su casa. A la hora de servir el café usted, que es fumador, se dispone plácidamente a disfrutar de un cigarrillo a modo de postre, colmando así sus ansias adictivas de nicotina. Ante tal repugnante gesto yo, como acérrimo militante del "movimiento antitabaco", peor incluso que la Milá, me levanto raudo y veloz de mi asiento dispuesto a exterminar, de modo fulminante, el foco de contaminación e ignominia que implica tal nocivo producto. El pitillo en cuestión acaba en mis manos y, de seguido, permanece inerte en un cenicero.

 A través de este acto, totalmente inesperado por su parte, he visto satisfecho mi orgullo al creerme, ilusoriamente, poseedor de una moral legítima superior a la suya. Al fin y al cabo, le he salvado la vida. Soy, pues, un héroe. Me proclamo su protector porque he evitado un vicio autodestructivo que le conduciría, probablemente, a un horrendo y doloroso fin… ¿o no? Pues no.

Lo más normal es que usted, acto seguido, me eche de su propiedad de forma inmediata, y con toda razón no me volvería a invitar, ante el insulto propio de mi conducta y la vulneración de su más íntima libertad. La cuestión radica en que, si bien yo no estoy legitimado para efectuar este acto inadmisible, el Estado, sin embargo, sí lo está. El Gobierno, es decir, nuestra clase política, por el mero hecho de haber sido elegida democráticamente a través de elecciones, se arroga ciertas potestades que, en ningún caso, estaríamos dispuestos a permitir en nuestros semejantes. El Estado actúa así cual "padre protector" de la ciudadanía, pues los individuos a su cargo parecen carecer de la conciencia necesaria para saber lo que les conviene. ¿No resulta arrogante?

Pero no seamos ingenuos. En este caso, no se trata de un padre comprensivo y generoso que, mediante consejos y experiencias, trata de orientarnos de buena fe por el buen camino. Más bien al contrario: prohíbe y coacciona nuestros actos legítimos a través de castigos, sanciones y amenazas. La Ley, cuando es creada arbitrariamente en función del mero color político, sirve como un instrumento de poder al servicio de la clase gobernante en detrimento de los derechos y libertades fundamentales de los individuos. Al carecer de ciertos límites infranqueables, el Estado, creador de Ley, crece al tiempo que la sociedad encoge. El Estado lo es todo y el individuo nada.

Coincidiendo con la entrada del nuevo año, el Pleno del Congreso aprobó la denominada Ley Antitabaco, una de las normas más restrictivas vigentes en Europa. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, afirmó entonces que dicha medida suponía un "avance fundamental" en la defensa de la salud pública. ¿Desde cuándo la salud es pública? ¿Acaso tal concepto se puede adscribir a un sujeto colectivo? Jamás han escuchado mis oídos que la sociedad padezca una diabetes o que, por culpa del frío otoñal, padezca gripe y le haya subido la fiebre o provocado un estornudo. ¿Se imaginan a la sociedad estornudando? Yo, desde luego, no.

Señora ministra, la enfermedad es un fenómeno presente en los individuos y, por desgracia, forma parte de la naturaleza humana. La salud constituye pues un objeto individual, no colectivo. Se trata de un concepto privado, no público. Es cierto que el tabaco es perjudicial para la salud de las personas, que no de las sociedades, y que provoca graves enfermedades que pueden conducir a la muerte. Es cierto que se trata de una droga altamente adictiva, llegando incluso a superar a la heroína, según indican numerosos estudios clínicos. Las autoridades suelen aducir además que acrecienta en gran medida el gasto sanitario a raíz de los numerosos problemas que acarrea su consumo. Estas y otras razones, como el derecho de los no fumadores a no verse perjudicados por el humo de otros, han constituido el argumentario sobre el que legitimar la intervención regulatoria del Estado en este ámbito.

Sin embargo, este discurso falaz y genuinamente demagógico, adolece de ciertas carencias que por lo común se ignoran y rara vez son aducidas. Para empezar, todo individuo es propietario natural de su cuerpo y mente –es lo que el liberalismo clásico denomina propiedad original– y, por ello, puede disponer de ambas con plena libertad en el modo y forma que estime más conveniente para sus intereses. Si una persona decide fumar está en su pleno derecho y, en consecuencia, dispone de libertad para ello siempre y cuando no perjudique a otros con su conducta. En este sentido, existen informes médicos que niegan o, al menos minimizan, el riesgo real que, para la salud de los denominados "fumadores pasivos", comporta el inhalar el humo del tabaco disperso en el ambiente. De hecho, mucho más grave es la contaminación atmosférica producida por los gases de los vehículos, y no por ello se prohíbe circular por la ciudad.

Por otro lado, resulta paradójico que el tabaco constituya una droga legal cuando provoca miles de muertes al año. Si se trata de un veneno tan dañino, siguiendo la misma argumentación lógica, ¿por qué no prohibir su venta? La respuesta es evidente, gracias a este producto el Estado recauda miles de millones de euros a través de impuestos indirectos que gravan específicamente al fumador. Una suculenta suma a la que los políticos no están dispuestos a renunciar tan fácilmente. De hecho, la estrategia a seguir en el futuro más inmediato pasa por aumentar el gravamen de dicha sustancia, engordando así el volumen de las arcas públicas.

Esta última razón explica por sí sola la falacia del gasto sanitario. Es evidente que las enfermedades derivadas del consumo de tabaco son altamente costosas, pero no debemos olvidar que el fumador cotiza a la Seguridad Social, al igual que todo contribuyente. Es más, paga un porcentaje de impuestos mucho más elevado que el no fumador debido a su propio consumo, con lo que su posible coste sanitario quedaría plenamente cubierto. La permanente crisis de nuestro sistema sanitario se debe a factores muy diferentes. Ahora bien, si lo que se pretende es desincentivar el hábito del tabaco, mucho más eficiente sería establecer un sistema sanitario privado en el que el fumador se viera obligado a pagar cuotas más elevadas por su seguro médico, debido al elevado riesgo que comporta para su salud. De este modo, podría evaluar sus costes. Y es que, desde la óptica liberal, el ejercicio de la libertad está inherentemente unido al sentido de la responsabilidad: cada cual ha de ser responsable de sus actos.

Sin embargo, el ámbito más polémico y controvertido de la ley que nos ocupa es la prohibición de fumar en ámbitos meramente privados, tales como los lugares de trabajo o los locales de ocio que superen los 100 metros cuadrados de superficie. Estos últimos estarán obligados a habilitar zonas separadas para fumadores y no fumadores, teniendo que asumir el gasto que ello supone. El Estado, nuestro "omnipotente padre protector", usurpa así la libertad del legítimo dueño. Es una violación manifiesta del derecho a la propiedad privada. Decide el político, no el propietario. Lo curioso es que los locales menores de 100 metros, al no verse obligados por la ley, han decidido abrumadoramente –casi en un 95%– permitir fumar en sus establecimientos. Pero la razón del Estado siempre ha de imponer su superior criterio por encima de las preferencias de los individuos: la ministra Salgado ha declarado recientemente que, en caso de continuar esta "intolerable situación", tomará medidas para ampliar la prohibición de no fumar a todos los establecimientos hosteleros y de ocio del país.

Mientras tanto, las postales que se venden en los quioscos, no tardarán mucho en retratar una estampa surrealista, impensable hasta hace poco: decenas de trabajadores se hacinan a las puertas de sus lugares de trabajo para apurar las últimas caladas bajo la lluvia y el frío invierno… No sé si habrá menos humo, pero sí menos libertad.

Malditos fumadores

En exclusiva primicia, ofrecemos a nuestros lectores un extracto del manifiesto del Gobierno que seguro es de interés general:

"Bajo el mandato del insigne Rodríguez Zapatero, se ha conseguido uno de los avances sociales más relevantes de los últimos siglos en este país, antes llamado España.

El consumo del tabaco mengua y mengua, gracias a la legislación que se ha promulgado.

Los estanqueros apenas venden. Los bares de menos de 100 metros cuadrados que tenían la potestad, graciosamente concedida de optar entre dejar fumar o prohibírselo a sus clientes, han decidido apostar por un ambiente sano, sano.

Los fumadores recalcitrantes han muerto por las toxinas inhaladas. Y los pocos que quedaban que no militaban en la derecha reaccionaria, se han convertido, como se les exigía.

Por eso, en este segundo año triunfal en el que celebramos la victoria frente a las hordas de la carcundia, no podemos por menos que mirar al horizonte y jactarnos de que el futuro es de nuestros jóvenes, musculosos y sanos, altos y altas que crecen en un Estado que tiene como uno de sus fines, el de proteger a los ciudadanos de si mismos.

Esta tarea es francamente difícil. Pero, sin duda, estimulante. Y como todo esfuerzo es preciso para seguir en este empeño, se ha tomado la determinación de castigar a los que contaminan a sus hijos con el humo del tabaco.

Esa gentuza deberá pagar por semejante crueldad intolerable, equiparable al maltrato.

A partir de hoy, quien fume delante de sus hijos, perderá la patria potestad. Directamente, su cónyuge/cónyuga estará obligado a divorciarse de su pareja/parejo y obtendrá la custodia de sus hijos/hijas para evitar que la polución alcance a los pulmones infantiles.

Nos congratulamos de una medida que no dudamos que obtendrá el apoyo de todos los ciudadanos/as que habitan en esta Tercera República…

Por la paz y el socialismo

Firmado, Rodríguez Zapatero"

Les rogamos comuniquen a sus amigos y familiares esta buena nueva que desde aquí suscribimos, palabra por palabra porque la salud prima sobre la libertad. ¿O no?

Las censuras que vos defendéis

En realidad, sin embargo, las dos situaciones no son en absoluto comparables, y su simple contraposición otorgaría una importante victoria a la demagogia socialista. La COPE sí es víctima de un programado ataque censor; a Rubianes sólo se le impidió que se apropiara del dinero robado a los ciudadanos.

Tengamos presente la diferencia esencial: la COPE es una emisora privada que el Estado pretende acallar porque sus palabras le resultan incómodas; Rubianes es un individuo que pretende lucrarse de unas instalaciones pagadas coactivamente por todos los ciudadanos. O dicho de otro modo: la COPE hacía uso de su propiedad privada; Rubianes quería hacer uso de la propiedad privada ajena.

Es curioso cómo los izquierdistas identifican censura con el rechazo a que los contraten. Cuando recientemente el diario El Mundo se negó a publicar una carta de Rodríguez Ibarra, el PSOE y sus mamporreros dijeron que El Mundo había censurado al presidente extremeño. En teoría, parece ser, El Mundo tiene la obligación de publicar todo lo que recibe, no un derecho a gestionar su propiedad privada como le parezca más oportuno.

Así, cuando decimos que Ibarra fue censurado estamos admitiendo implícitamente la necesidad de que Ibarra haga prevalecer su derecho a la libertad de expresión, forzando a El Mundo a que publique su carta. Justificamos el uso de la violencia para que una de las partes –el presidente extremeño– imponga su voluntad unilateral sobre la otra.

El caso de Rubianes es similar pero, si cabe, más estrafalario. El otrora Makinavaja se define como "de izquierdas", esto es, como carterista elevado a la enésima potencia bajo la sanción de la legitimidad regia. Rubianes, por consiguiente, defiende el robo, el expolio y la coacción masificada contra los ciudadanos; una forma de subrepticia censura en el uso de nuestro dinero contra la que ningún conmilitón ha levantado la voz, salvo para defenderla.

En esto que el actor reclama una parte de su botín en forma de instalaciones donde representar su obra de teatro, y el Ayuntamiento, por la razón que sea –al fin y al cabo es un arbitrario organismo estatista de los que le gustan a los intervencionistas–, ha rechazado su petición. En lugar de censura deberíamos decir que el buitre de Rubianes no ha podido tener acceso a la carroña, y que ello ha irritado a sus compañeros socialistas. El destino de todos los teatros públicos debería ser su inmediata privatización, y no su existencia para el latrocinio particular de cuatro amiguetes titiriteros a costa del sufrido contribuyente.

Lo más gracioso del tema es que Rubianes representará finalmente su obra en el Auditorio de Comisiones Obreras, esto es, una propiedad privada. Si de verdad estuviéramos en presencia de censura, el Ayuntamiento de Madrid impediría a CCOO ceder su local a Rubianes, del mismo modo que el CAC y el PSOE pretenden impedir que Losantos exprese sus opiniones en la emisora de la Conferencia Episcopal.

La jugada está clara: cuando un socialista no puede hablar donde y cuando quiera, hay que reprimir a los propietarios en nombre de la "libertad de expresión"; cuando un individuo expresa opiniones antisocialistas, hay que reprimir al propietario en nombre de la "convivencia". Ellos se lo guisan y se lo comen, el arbitrismo estatal al servicio del poder y del cercenamiento de la libertad.

Lo cierto es que a Rubianes le ha pasado lo que a los asesinos de Viriato, que Roma no paga a traidores, y nuestro Estado moderno mucho menos. Si el descaro y la hipocresía no corrieran por sus venas, dejaría de defender con altivo orgullo una ideología cuyo objetivo último es nacionalizar todas las propiedades privadas para condenar al ostracismo a todos aquellos que no sean afines al régimen.

Rubianes ha experimentado en su persona qué le ocurriría si todos los teatros españoles fueran públicos. El problema es que su perversa ideología sólo lamenta que los afectados no sean otros; Rubianes nunca defenderá la reducción y deconstrucción del Estado. En realidad no es más que una correa de transmisión del estatismo, del dirigismo y del intervencionismo; una víctima de sus propios demonios.

El gángster boliviano

No tienen miedo a la ilegalidad y deciden ofrecer al consumidor lo que pide. Pero el oscuro mundo del crimen invita a estos mafiosos a usar su red de negocio y de seguridad fuera del ámbito de las relaciones voluntarias. Cuando el mafioso da ese paso se convierte en un gángster privado.

El público es mucho más fácil de localizar. Se desplaza en coche oficial, tienen escaño, cartera ministerial y en ocasiones hasta cuenta con palacio presidencial. Emite rimbombantes discursos y dice hablar en nombre del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Sale en las noticias, se mezcla entre la vanguardia artística, causa admiración y suele levantar pasiones. Su imagen destella siempre un halo de grandeza. Es la majestuosidad hortera que adquiere con su poder para cambiar las leyes al margen de la Ley.

Si el resto de la población ignorase sus mandatos, los gángsteres públicos desaparecerían. Pero no es fácil. El mero hecho de ser elegido como mandón confiere el control del monopolio de las fuerzas del orden público y de la defensa nacional y nadie sabe de antemano qué apoyo puede tener una campaña que consista en ignorar al poder estatal. Así que la mayoría de los individuos honestos terminan optando por pasar por el aro que les muestran quienes han agarrado el poder político a través de la aritmética para usarla contra una buena parte de la ciudadanía. Eso o salir por patas.

Esta tesitura, a la que se enfrentan todos los ciudadanos en mayor o menor medida, es la que tiene delante de sus narices de Repsol YPF en Bolivia. Colaborar con Evo Morales y toda su mafia, ignorar sus humillantes decretos expropiadores o abandonar el país. Cuando Morales decidió nacionalizar los hidrocarburos estaba claro que no quería expulsar a las empresas petroleras sino, más bien, explotarlas para gloria de su empobrecedor proyecto político. Repsol decidió pasar por el aro. Podía haberse largado o haber tratado de plantarle cara al gobierno boliviano. Lo último era realmente complicado dado el nulo apoyo que recibió del gobierno español. Irse tampoco era muy atractivo dada la inversión que hubiese dejado atrás. Así que decidieron seguirle el juego al gángster boliviano.

Ahora, un crecido Morales les exige un tributo adicional del 32% del negocio y les amenaza con prohibir sus operaciones en el país andino. Era de esperar. La extorsión política es un juego de difícil final. Si Repsol pasa nuevamente por el aro, inyectando liquidez en el proyecto totalitario de Morales, ayudará involuntariamente al rápido proceso de pérdida de libertades en Bolivia y sentará las bases para la siguiente extorsión del gobierno. La próxima vez, cuando la estatal Yacimientos Petrolíferos Bolivianos no necesite apoyo externo, será definitivamente expulsada. Eso sí, para entonces habrá enterrado una fortuna en convencer al gángster, y los bolivianos serán todavía más pobres de lo que lo son hoy.

Los límites de la teorización

Vivimos en una sociedad libre, nuestro vecino organiza una fiesta en su casa y nos obsequia con una sesión tecno-house después de la cena. ¿A partir de cuántos decibelios tenemos derecho a llamar a la policía? ¿50?¿Por qué no 30 o 40? En el jardín colindante hacen una barbacoa y llega humo a nuestro jardín, ¿podemos considerarlo una agresión? A nadie se le ocurre pensar que el CO2 que desprenden los coches de la calle o los mismos transeúntes suponga una agresión contra nuestra propiedad, pero una chimenea industrial que desembocara en nuestro jardín nos parecería claramente invasiva. ¿Dónde situamos la frontera? ¿Qué puede decirnos el principio de no-agresión sobre esto? ¿Podemos dar una respuesta abstracta y objetiva a semejantes planteamientos?

Los principios liberales nos permiten resolver de forma inequívoca la mayor parte de situaciones hipotéticas que concebimos. Pero la realidad es compleja y no es razonable pensar que somos capaces de solucionar todos los casos concebibles de forma apriorística, acudiendo al principio de no agresión y deduciendo lógicamente de ahí la respuesta. La teorización tiene sus límites y por eso es necesario un mecanismo que en la práctica sepa resolver del mejor modo posible los casos concretos que desde la teoría no cabe afrontar.

¿Por qué la teoría tiene sus límites? Randy Barnett, en su brillante "The Structure of Liberty", apunta dos razones: En primer lugar, la indeterminación de la teoría abstracta. El concepto de "coche", señala Barnett, es útil para saber lo que no es un coche, pero no nos permite deducir lógicamente de él un Seat Ibiza o un Porsche 911. Así, los principios de justicia en ocasiones simplemente restringen nuestro rango de opciones, pero no nos dan una única respuesta para un determinado problema. En el caso de la barbacoa, por ejemplo, sabemos que sólo podemos hablar de agresión si el humo penetra en nuestra propiedad, pero no es posible deducir de los principios la cantidad de humo que tiene que penetrar para que se considere agresión. Por otro lado, los principios de justicia también nos ayudan a evaluar racionalmente las alternativas en estas situaciones. Si prohibiésemos la invasión de cualquier partícula de CO2 la gente, por el mero hecho de respirar, apenas podría actuar sin violar los "derechos" de alguien, y la ley dejaría de servir a su propósito: evitar y resolver los conflictos para que la gente pueda actuar. Tampoco está claro que una norma así pudiera aplicarse en la práctica, y de todos modos tendría poco que ver con las molestias que esa "invasión" de partículas provoca a los propietarios, que es acaso la cuestión fundamental.

En segundo lugar, Barnett alude a la ignorancia de los propios teóricos. Cuando nos referimos a casos concretos, reales, hablamos de situaciones complejas, y desde la teoría se tiene un acceso muy limitado a esta complejidad. No basta con recurrir a los principios de justicia abstractos, es preciso participar del conocimiento personal y local del caso. En esta línea, Kinsella apunta que en la práctica el caso concreto puede tener variables relevantes que quizás estamos dejando fuera de nuestro análisis abstracto, motivo por el cual tiene poco sentido intentar resolver desde la teoría todos los casos imaginables. Al mismo tiempo, tampoco podemos conocer a priori cual será el contenido de una determinada convención social (por ejemplo, los futuros condicionantes implícitos en un intercambio).

¿Cómo pueden superarse estas limitaciones en una sociedad libre? Pues con un sistema legal descentralizado en el que jurados / jueces vayan desarrollando gradualmente preceptos legales del resultado de aplicar los principios de justicia a miles de casos concretos y reales. Un sistema en el que los jurados / jueces intenten resolver las disputas guiados tanto por los principios abstractos de justicia como por los precedentes establecidos, y examinando de cerca el contexto factual y todas sus variables. No será "perfecto", porque para empezar en el mundo real los principios de justicia serán aplicados por personas reales y falibles, y en palabras de Kinsella, siempre habrá algo de "impreciso" en la justicia, por necesidad.

Exigir a quienes teorizan que apriorísticamente den una respuesta a todos los casos concretos que se plantean, dice Manuel Lora, es análogo a exigirles que especifiquen qué tipo de pan se produciría en una sociedad libre y de qué modo se elaboraría exactamente. No corresponde a los teóricos especificar tal cosa, deben descubrirlo los empresarios en el mercado, y en este caso los empresarios del derecho, jueces / jurados etc. encargados de aplicar los principios teóricos de justicia a situaciones reales.

Kinsella concluye que la sociedad va fijando pautas de actuación y los individuos tienden a evitar las "zonas grises" de la justicia y a situarse en las "zonas claras". La gente coloca vallas en los contornos de su propiedad o se abstiene de construir la casa justo en el borde para evitar posibles conflictos. En el caso del vecino que pone música en su fiesta o que hace una barbacoa en el jardín, ¿por qué suponer que llegaremos a las manos o que acabaremos llamando a la policía para que dirima la disputa? Seguramente será más sencillo y sensato hablar con el vecino por teléfono y pedirle por favor que baje el volumen o controle el humo de su barbacoa, o "negociar" y ceder los dos un poquito, o decirle que si accede le invitaremos a la fiesta o a la barbacoa que montaremos nosotros la semana que viene, y si al final decide ignorarnos quizás se gane la enemistad del vecindario y no vuelva a repetirlo. En cualquier caso no será ningún teórico el que dé una respuesta "objetiva" a estos problemas.

La Santísima Trinidad Económica

Uno de los problemas a resolver para los teólogos de todos los tiempos siempre ha sido, entre otros, el misterio de la Santa trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un sólo Dios. Parece difícil de resolver. Pero no sólo la religión tiene este tipo de dilemas, la economía también.

Desde el punto de vista económico todos respondemos y queremos cosas diferentes según la personalidad que adoptemos. Cuando somos consumidores queremos precios baratos, cuando somos capitalistas queremos altos rendimientos y que nuestras inversiones siempre se revaloricen. Cuando adoptamos el papel de trabajadores queremos los mejores beneficios sociales. Somos consumidores, capitalistas y trabajadores, tres en uno. Podría ser la Santa Trinidad de la economía. El problema es que aparentemente son tres personalidades incompatibles. Estamos en contra la deslocalización pero queremos precios baratos, queremos precios baratos pero con un alto sueldo y muchas ventajas sociales, queremos mantener nuestros altos sueldos pero no dudamos en invertir en acciones de la competencia si ésta descubre un producto sorprendente o aumenta sus beneficios.

El problema de esta Santa Trinidad Económica es que siempre se enfoca desde un punto de vista estático y particular, no se ve como lo que realmente es: un todo llamado emprendedor. El hombre que actúa siempre es un emprendedor, mejor o peor, pero siempre ha de decidir de entre todas las opciones la mejor, o más concretamente desestimar las peores.

En el momento que el hombre actúa y busca la más alta de sus utilidades no está negando sus otras personalidades económicas, sino afirmándolas. Trabaja e invierte para conseguir precios más baratos. No es por una conciencia plena de productividad consecuente, sino para saciar su felicidad material futura. El trabajo, la inversión y el consumo son herramientas que ha de articular el hombre emprendedor o, como decimos en economía, el empresario, para llegar a un fin determinado: la felicidad material a la que jamás se llega ya que nuestra felicidad no conoce fronteras, siempre queremos lo mejor para nosotros y nuestros allegados. El empresario, en el lenguaje común (el que tiene una empresa, desde un quiosco hasta una multinacional), también ha de trabajar, invertir y consumir. Ninguna de las tres acciones van en detrimento de las otras sino que las reafirma para llegar a su objetivo: el máximo beneficio, la máxima felicidad material.

En el momento que consideremos que alguno de nuestros tres "yo" siempre corre a expensas de los otros, en ese mismo momento negamos nuestra felicidad material. Podemos pensar que en realidad cuando pedimos beneficios sociales sindicales no caemos en una incongruencia y maximizamos nuestro bienestar, pero al hacerlo, provocamos, como es lógico, que otros también las pidan, y éstas son las que nos repercutirán negativamente sobre nosotros. De seguir por este camino sólo crearíamos una guerra, un estado de caos económico, el de todos contra todos. No hay relaciones económicas voluntarias y consentidas, sino luchas políticas entre unos y otros. La armonía se rompe para ser remplazada por la lucha y la dependencia de unos a otros. Ya no vivimos en relación a nuestros esfuerzos y logros, sino a expensas de los rendimientos de otras personas.

La ventaja de la economía, al ser una ciencia social, es que puede verse reflejada en nuestros actos no económicos. En nuestra vida social no esperamos que sea el estado, los sindicatos o la patronal quienes nos hagan los amigos por nosotros, sino que sabemos que nos los hemos de ganar con nuestro esfuerzo. No tendría sentido que un sindicato impusiera una cuota de amigos por persona para conseguir la igualdad. Tampoco tendría sentido que el estado hiciese una redistribución equitativa de las notas universitarias. Si un universitario consigue un 7 en un examen, quitarle dos puntos para dárselo al del 3 (consiguiendo los dos así una nota de cinco), crearía una injusticia innecesaria.

Nadie nos ha de "regalar" la felicidad material a expensas de otras personas, porque tal acción no es un regalo sino un robo que tarde o temprano tendremos que pagar con nuestro esfuerzo para otorgarlo a otro a cambio de nada. Hemos de ser nosotros quienes consigamos nuestros beneficios, de lo contrario estaremos dando respuestas erróneas y confusas a nuestra Santísima Trinidad Económica creando injusticias que todos sufriremos.

Feminismo, la nueva cara amable del liberticidio

En 1989, American Political Science Review (APSR) publicó uno de los textos de teoría política más influyentes y debatidos en los últimos años. Su título, Freedom, Recogniton and Obligation: A Feminist Approach to Political Theory, anticipa el argumento de la profesora Nancy J. Hirschmann: una enmienda a la totalidad de la teoría y praxis políticas liberales entendidas en su sentido más extenso, desde Locke al estado del bienestar. Simultáneamente la autora otorga el título de libertarios a autores como Rousseau.

Esta desubicación evidencia la manipulación que llevan a cabo los críticos del liberalismo, quienes convierten a Tocqueville en precursor del marxismo, a la escuela de Salamanca en iniciadora del multiculturalismo y del indigenismo, y en este caso a Rawls y a Rousseau en libertarios. Esta confusión suele provenir de algunos politólogos norteamericanos izquierdistas. Fieles al excepcionalismo norteamericano que tanto critican, trasladan el lenguaje partidista de su país a la teoría política.

Aparte de discusiones nominalistas, el artículo es especialmente interesante como ejemplo de negación de la libertad como elemento esencial de la persona, y por su propuesta de someter cualquier justificación de los derechos individuales a un escrutinio exclusivamente feminista y femenino. El objetivo es la revelación del sesgo masculino, que opera de forma tan sutil que ni los propios hombres lo perciben. Para la profesora Hirschmann, el liberalismo no es sino un barniz que oculta violencia, opresión y esclavitud patriarcales. Sólo las oprimidas, desde la ventaja que les proporciona su peculiar punto de vista, concepto prestado de Marx, pueden desmontar esta ideología y sentar las bases de las nuevas ontología y epistemología feministas, basadas en el desarrollo psicosexual como variable determinante de la conciencia moral y política.

En su respuesta a la crítica de que fue objeto por parte del profesor Richard C. Sinopli en la misma APSR, la autora niega a los hombres la capacidad para discutir sobre esta cuestión. Las objeciones a su enfoque "dicotomizan mis categorías conceptuales y simplifican mi lectura de la teoría liberal de la obligación utilizando justo el sesgo estructural que critico". Sus críticos usan un contexto sesgado, y si bien los hombres pueden contribuir al feminismo a través de la persuasión, "la definición de los puntos de mira dentro de los parámetros del feminismo debe ser articulado desde la perspectiva de la vida de las mujeres". Ante el feminismo sólo caben dos posturas: conversión o equívoco.

¿Qué habría respondido Hirschmann si Sinopoli hubiera usado un pseudónimo, por ejemplo Lupita Gómez, mujer, chicana, india y lesbiana? Supongo que habría utilizado el sesgo del origen racial o de orientación sexual de la profesora Gómez para negar su posibilidad de crítica. ¿Qué debería hacer Sinopoli para ser aceptado? Tal vez un cambio de sexo para conseguir así una experiencia vital plenamente femenina, un retorno a la madre, que es lo que en opinión de Hirschmann necesitamos los varones para asumir nuestra identidad psíquica femenina, nuestro "yo primario".

La resistencia del niño a la madre y la diferenciación moral y política entre hombres que esto conlleva son las causas de la negación de la mujer como persona, su esclavitud, y la creación de instituciones dicotómicas y opresoras tales como… el mercado. Al asombro de Sinopoli, y a su señalamiento de que los estudios de psicología empírica muestran que tal separación de géneros no existe, sino que deberíamos hablar de solapamiento, Hirschmann responde que ni el psicoanálisis ni la psicología moral son empíricas. En tal caso –hay aquí una peligrosa confusión entre el origen deductivo del conocimiento científico y la metafísica–, ¿por qué usa la autora estas teorías para hacer luego afirmaciones de hecho?

En otro punto de su réplica a Sinopoli, Hirschmann señala que todos los hombres estamos aquejados de una enfermedad social: el patriarcado, y que sólo un cambio epistemológico y ontológico nos curará. Huelga decir que sólo ella es capaz de diagnosticar y aplicar el tratamiento apropiado.

Se pueden señalar más puntos absurdos en Hirschmann, o como se hace aquí llevarlos a sus últimas implicaciones, que es lo que Sinopoli pide y que ella rechaza escudándose en jerga pseudocientífica y argumentos ad hominen. Pero como conclusión me gustaría apuntar dos ominosas consecuencias de la teoría política feminista: por una parte inhibición absoluta del diálogo productivo, y por otra radical dicotomización de la sociedad, justo lo que Hirschamm denuncia.

Ante la insalvable dialéctica hombre/mujer, la única solución posible á la Marx, una posibilidad que se sigue de forma necesaria del método dialéctico, es la desaparición del sexo masculino en el retorno a la madre. Así, el niño no percibiría diferencias entre él y su madre y/o hermanas, algo socialmente construido y fomentado por el patriarcado. De ahí se seguiría un nuevo planteamiento de la política que, al contrario del liberalismo, no estaría basada en la asunción de la libertad y la posterior explicación/justificación de sus limitaciones, sino en el "estudio de la manera de asegurarse un espacio vital propio sin violar la obligación de cuidar a los demás". Y aquí se halla precisamente una de las falacias de Hirschmann: el cuidado a los demás no es una obligación, no es algo aceptado libremente, sino un deber que se sitúa por encima de la libertad. Como la conclusión de llamar a las cosas por su nombre sería la total y absoluta negación de cualquier libertad individual, Hirschamann recurre a una nueva especulación para ocultar el sesgo liberticida de sus argumentos: la ideología de los derechos es fruto del trauma causado por los totalitarismos de Hitler y Stalin.

Estos son los planteamientos que están detrás de la llamada "perspectiva de género", la negación de la validez de cualquier política pública que no tome en cuenta esa epistemología femenina que nadie explica, y cuya formulación está a cargo de una élite dotada de conciencia de género. Las filtraciones periodísticas sobre los contenidos de la asignatura Educación para la ciudadanía también muestran la influencia del feminismo. Todo sea en aras de la re-educación de los varones y su vuelta a la feminidad que nunca debimos perder, y que por supuesto tampoco nos dicen en qué consiste.

Bruselas censura a los críticos del Islam

Pues bien, ahora su editor, Paul Belien, está siendo acosado por la policía debido a una denuncia anónima por "racismo" ante el Centro por la Igualdad de Oportunidades y Oposición al Racismo. Belien ha desobedecido la orden de ir a declarar a comisaría porque considera que no tiene la obligación de responder a acusaciones anónimas mientras no viva en la URSS.

No es la primera vez que este organismo actúa contra críticos del Islam. El mismo blog denunció hace unos meses que dicho centro había denunciado a un sacerdote cristiano de origen turco por "incitar al odio racial". El principal motivo de la demanda son unas declaraciones en televisión en las que decía que "todo niño musulmán islamizado que nace en Europa es una bomba de relojería para los niños europeos. Estos últimos serán perseguidos cuando se hayan convertido en minoría". Es de desear que el padre Samuel esté equivocado, pero habiendo huido de su país por la persecución religiosa, no parece raro que tenga una visión tan negra del futuro de Eurabia. En cualquier caso, tiene derecho a tenerla y exponerla. Es más, ni siquiera es racista.

Porque, a ver si aclaramos algo tan sencillo de una vez por todas, criticar al Islam y a quienes lo practican no es racismo contra gente de piel más oscura, ni es incitación al odio racial, del mismo modo que criticar al cristianismo no es racismo contra los blancos europeos. La religión no es algo que venga de suyo con los genes. Es una fe, que se tiene o no se tiene; en definitiva, pertenece al mundo de las ideas. Y precisamente para la crítica de las ideas es para lo que la libertad de expresión es más útil y necesaria. Pensar que es racista poner de vuelta y media al Islam no hace otra cosa que demostrar el profundo racismo de quienes así lo declaran, que parecen pensar que los musulmanes son todos moros y que todos los moros son musulmanes y no pueden ser otra cosa. Además, son tan paternalistas que consideran que los musulmanes no son suficientemente mayorcitos como para defenderse como todos nosotros, mediante la palabra, de las críticas que se les dirigen.

El padre Samuel, racialmente, es indistinguible de otros turcos. Del mismo modo que los iraníes que critican a su gobierno religioso fundamentalista en sus blogs no es ya que sean racialmente iguales a sus tiranos, sino que encima incluso profesan la misma religión. En Irán les meten en la cárcel y parece que ahora, en el corazón de Europa, también lo harían.

Y es que el Centro en cuestión tiene una doble vara de medir que da bastante vergüenza ajena. En el 2004 un músico publicó un disco llamado "Abajo América" en el que expresaba un odio completo y total por el país y sus habitantes. Por supuesto, no enviaron la policía a la casa del artista, que al fin y al cabo es una persona de talante progresista. Lo arreglaron con una carta en que éste "explicaba" su disco, que casi era peor que la música en sí. En España, la izquierda se dedica a publicar libros racistas como el de Tamames hijo, pero como esos libros muestran odio por Estados Unidos y todos y cada uno de sus habitantes por serlo, no son racistas, parece ser, y ni SOS Racismo ni oenegés subvencionadas similares tienen nada que decir al respecto.

Es una pena que un país que está demostrando ser tan profundamente fascista sea la sede de las instituciones europeas. No dice mucho a favor de la Europa que estamos creando. Casi menos que la Constitución Europea que nos quisieron colar hace un par de años y que ahora parece que estuviera muerta y enterrada. En Estados Unidos empiezan a preocuparse por el estado de nuestra libertad de expresión. Y no es para menos. Eso sí, nosotros siempre somos moralmente superiores a los malvados yanquis, ya saben. Ni se les ocurra dudarlo.