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El exilio del rey Juan Carlos es el último movimiento tectónico dentro de la institución real española. Creo que es una decisión errónea, por las mismas razones que expresó Cristina Losada en un reciente artículo. Sus antecesores, todos hasta Carlos IV, han vivido al menos una parte de su reinado en el exilio, o han muerto en él. Pero entonces el exilio tenía otro significado, porque la figura del Rey portaba un conjunto de derechos y funciones políticas distintas a las de la segunda restauración.

Su sola presencia significaba la continuidad del Estado, de todo el acervo de instituciones del país, y el ejercicio del poder dentro de las mismas. Si un rey o reina estaba en el exilio, es porque otro ocupaba su lugar; o porque lo hacían las dos malhadadas repúblicas españolas. Lo que era inconcebible es la presencia en España de dos reyes con pretensiones de legitimidad. En tal caso, lo que cabe esperar es una guerra civil, que es lo que se produjo a lo largo del XIX entre dos ramas de los Borbones: las guerras carlistas.

Alfonso XIII elige el exilio porque cree que continuar en el empeño de mantener la monarquía llevará a un enfrentamiento civil, que él intenta evitar. Y porque como su persona representa la soberanía, junto con la nación, su presencia en España supone un conflicto. Si se queda, o lucha por hacer efectivos sus derechos, o renuncia definitivamente a ellos. El exilio es sólo una renuncia estratégica, no de principio.

La monarquía incrustada en la Constitución de 1978 es fundamentalmente distinta. Las constituciones de 1812 y 1869 proclamaron que la soberanía residía en la Nación, que la Pepa definía como “la reunión de los españoles de ambos hemisferios”. Pero apenas tuvieron vigencia. Y en el resto de constituciones modernas, incluida la de 1876, la facultad de escribir las leyes la compartían las Cortes y el Rey. La Constitución del 76, suspendida durante la Dictadura de Primo de Rivera, se restituye con el exilio del espadón y está en vigor cuando los republicanos ocupan el poder en 1931 ante el abandono por parte del Rey. La de 1978 es la primera constitución moderna española basada en la soberanía nacional que ha durado más de cuatro años en vigor.

Pese al nostálgico esfuerzo de Luis María Anson de convertir a Juan de Borbón en Juan III, en realidad Juan Carlos I es sucesor de Francisco Franco, “a título de rey”. Juan Carlos hereda de Franco la jefatura del Estado, primero por la designación de su creador, que es Franco, y segundo porque el Borbón acepta encabezar ese Estado, con todas sus leyes fundamentales, y las que cuelgan de ellas. Si Juan Carlos I lidera una transición a la dictadura “de la ley a la ley y por medio de la ley”, es porque a lo que está atada su jefatura de Estado es al que se creó en torno a la figura de Franco. Juan Carlos I no “rompe” con el franquismo para enlazar su legitimidad con la se su abuelo, Alfonso XIII.

Su gran contribución a la historia de España es esa: Partir de lo alto de un Estado que limitaba los derechos políticos e individuales de los españoles, y liderar una transición ordenada, legal y efectiva a una democracia. Nuestra democracia es muy imperfecta, con graves problemas que, en última instancia, ponen en riesgo la propia Constitución, y con ella la monarquía. Pero tiene la gran virtud de ser el primer sistema político sin exclusiones sistemáticas de una parte del cuerpo electoral.

Es difícilmente imaginable que la monarquía española fuera a sobrevivir a esta Constitución. Por pura supervivencia, eso la convierte en garante del actual orden constitucional. Pero esa dependencia de la Constitución de 1978 le convierte en una institución vulnerable. Llegado el caso de conflicto entre los intereses generales de la nación y el actual sistema político, sería comprensible que actuase en favor de este último.

La debilidad de la monarquía actual es que no quedan ya rastros de lo que se ha llamado la “constitución histórica española”; la que defendió Jovellanos, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz. La legitimidad de la monarquía, como la de la Constitución, es puramente instrumental. Y positivista. De modo que un acuerdo político distinto arrastraría a la institución al recuerdo. Esa debilidad puede tener efectos políticos benéficos. Felipe VI comprendió perfectamente que la Casa Real albergará la jefatura del Estado mientras sea “ejemplar”, y se gane el respeto y el reconocimiento de los españoles.

El exilio de Juan Carlos está planteado como metáfora, como si el alejamiento geográfico fuera el mismo que tiene con el actual Rey. Tiene un elemento real; puesto que lo que justifica la Corona española es su origen y su utilidad pública, se puede desvincular a Juan Carlos de Borbón de la Corona y convertirlo en un ciudadano privado más. Porque su dignidad ya no está vinculada esencialmente a su persona, sino a la institución.

A corto plazo, parece haber funcionado, si la encuesta realizada para el diario El Español refleja la realidad: La salida de Juan Carlos I provoca un vuelco de 15 puntos a favor de la monarquía. Pero es un resultado que puede ser efímero. A largo plazo no está claro que la profilaxis del distanciamiento se sobreponga a otros mensajes que da el rey Juan Carlos con su extrañamiento de España: que acepta el grueso de las acusaciones que recaen sobre él. Además, si no va a vivir a una democracia asentada, Juan Carlos enviará un mensaje muy peligroso: que él no aprecia lo suficiente la importancia de vivir en un Estado de derecho con todas las garantías. Si se afinca en la satrapía de Abu Dhabi, habrá asestado un nuevo golpe a la institución que él encarnó durante cuatro décadas.

Iván Redondo despierta una admiración sin aristas. Su inteligencia descuella sobre las demás, y quienes le han conocido no dejan de señalarlo. “Nunca he tenido a un alumno más brillante que Iván”, reconoce otra Rosa Díez. “Tiene una enorme intuición y una capacidad de trabajo asombrosa”, dice Iñaki Oyarzábal con asombro a Manuel Jabois. Los políticos abren la boca y los ojos ante su nombre. Casi se palpa su emoción. Parece ver el fondo del río de aguas turbias que separa a la opinión pública del acceso al poder, y Redondo fuera el único hombre capaz de vadearlo.

Muestra una humildad sin igual. ¡Y qué joven es! ¡Qué futuro le espera! Aunque yo creo que después de llevar al poder a Pedro Sánchez, alguien con la inteligencia de un maniquí y una honradez sólo comparable a la del vicepresidente Iglesias, ya no puede ir mucho más allá. El currículo de Redondo se engrandecerá con consejos de administración de grandes empresas, cursos de comunicación política en escuelas de negocios, y la creación de una gran fundación que alertará sobre los peligros del cambio climático y la corrupción política. Con los medios de comunicación a sus pies. En realidad, quien le ha definido con acierto sin el asombro y la emoción de sus potenciales clientes, es Javier Benegas.

Por todo ello, se me hacen fríos los elogios que recibe el analista político. Todavía no ha recibido en España el reconocimiento que merece. Sí, se ha abusado del tópico de Maquiavelo, y el de los hilos colgando de sus dedos. Pero lo interesante de Redondo es que observa la política como un geólogo el movimiento de las placas tectónicas. O, más bien como un etólogo. Ve la política con un realismo sin contemplaciones. Es, siempre lo ha sido, un juego en el que unos viven a costa de otros, y quien decide los premios es quien ejerce el poder. El objetivo es alcanzarlo y controlarlo. Es un juego sucio, y hay que revestirlo de justicia social, progreso, cuidado del medio ambiente y demás señuelos. Y encajar el dramatis personae en un esquema muy sencillo de buenos y malos; algo que pueda expresar un contertulio con cierta soltura, y que pueda entender cualquiera viendo un telediario.

Los términos del juego son esos. El acceso y el uso del poder, el manejo de la maleada opinión pública, el apoyo en ciertos grupos organizados y sectores cuyo coste no sea muy oneroso, y poco más. Define la política como “el arte de lo invisible”, en una reciente entrevista. Lo invisible es la política, ciertamente. Es lo que oculta la cancamusa de la comunicación política, de las ideologías que muestran qué grandes objetivos se pueden lograr desde el Estado, si están las personas adecuadas.

Dice en el mismo sitio: “Hemos acabado con los contrapoderes y los compartimentos estancos”, en referencia al funcionamiento de la Moncloa. Así de fácil. No ha tenido que recurrir a describir un “Estado profundo”, como ha hecho la derecha estadounidense. Un poder libre de condicionamientos, que gire en el vacío para moverse sin obstáculos. ¡Sin contrapoderes, es decir!

La información del diario El País es un retraso en el que no sólo se oye su voz. Una de ellas desvela alguno de los elementos de la estrategia de Redondo. Cuando habla de las iniciativas legislativas que se sucederán en la legislatura, precisa que tratarán “asuntos como la guerra cultural y la reforma de la Constitución”. La guerra cultural lleva a fijar los lindes de lo que es políticamente aceptable, para dejar fuera de juego a la España que no les vota. Y la reforma constitucional supone cambiar las reglas del juego, de nuevo para expulsar a una parte de la sociedad española.

Desde este lado, del lado del ciudadano, tenemos que hacer el esfuerzo de desembarazarnos de toda la hojarasca ideológica que viste al poder para ocultarnos lo que es: un reparto masivo de renta y riqueza a cambio de apoyos políticos a quien ejerce ese poder.

Pero ¿no falta algo? Falta, en todo esto, la comunidad política. Falta España. Falta tener en cuenta que hay valores que deben primar antes que la pura conveniencia política, como es la convivencia, la amistad civil, el respeto a cada uno independientemente de cuáles sean sus ideas. Falta la atención a los intereses de la mayoría de los ciudadanos a largo plazo. Faltamos los ciudadanos.