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El capitalismo salvaje de Corea del Norte

Si a un economista le pidieran que diseñara un experimento social para comprobar cuál de dos sistemas económicos da mejores resultados, creo que difícilmente podría definir mejores condiciones de las que se han dado durante más de 75 años en la península de Corea.

En efecto, partamos de una sociedad con una gran homogeneidad cultural, producto de más de 500 años bajo el mandato de la dinastía Joseon, posiblemente la más longeva de la historia de la humanidad. Pues bien, coja usted el territorio en que se desarrolla dicha sociedad y divídalo en dos partes aproximadamente iguales, algo de lo que se encargaron en 1945 los EEUU y la antigua URSS, usando a tal fin el paralelo 38. A continuación, aplique a uno de los territorios resultantes un régimen comunista y al otro un régimen democrático de libre mercado. Finalmente, observe la evolución en ambos territorios con el paso del tiempo. Ah, si se produce una guerra entre ambos territorios, impida que se mueva mucho la frontera pactada y vuelva a empezar el experimento.

Por supuesto, si esto hubiera sido realmente un experimento social, haría tiempo que estaría desmantelado, pues los resultados de la comparación se pudieron ver en relativamente poco tiempo, y no hubiera sido necesario mantener en el sufrimiento a unos cuantos millones de coreanos en el territorio norte.

En la actualidad, la divergencia en el desarrollo de ambos países es pasmosa y supera la imaginación del experimentador más optimista. En Corea del Sur se implantó el régimen de libre mercado, y ahora resulta ser uno de los países más ricos del mundo, con empresas reconocidas globalmente como Samsung o Hyundai. Un éxito en toda regla para un país devastado por guerras en 1950 y que posiblemente era el país más pobre del mundo en ese momento.

En Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea (ya se sabe que cuánto más “democrático” es el nombre un país, mayor comunismo le gobierna), se implantó el régimen comunista. Corea del Norte partía con cierta ventaja, pues era más rico en recursos que Corea del Sur y además tiene frontera terrestre. Por supuesto, esta supuesta ventaja quedó en nada, y en la actualidad Corea del Norte es un país que destaca por la carencia de iluminación en las fotos nocturnas del planeta (sí, esa mancha negra entre Corea del Sur y China) o por tener hambrunas en pleno siglo XXI, a solo unos kilómetros al norte de uno de los países más ricos de la Tierra.

Como decía, si esto fuera un experimento, lo podríamos haber interrumpido ya hace unos cuantos decenios, para suerte de los norcoreanos[1]. Pero, por desgracia, no lo es, y Corea del Norte sigue vigente, ya por la tercera generación de dictadores comunistas de la familia Kim Yong-Un.

Desde el punto de vista de teoría económica, ello presenta un reto. En efecto, el teorema de la imposibilidad del socialismo postula que este sistema económico es insostenible, pues es incapaz de dirigir los recursos haya donde la población los necesita. En consecuencia, dilapida los recursos inevitablemente hasta llegar al colapso. El ejemplo paradigmático es, por supuesto, la URSS. Otros regímenes comunistas se han visto obligados a introducir reformas liberalizando los mercados para sobrevivir, siendo el caso más llamativo el de China, vecina de Corea del Norte, donde solo queda de comunista el nombre (a efectos económicos). Lo mismo, a otra escala, se puede decir de Cuba. Y de Venezuela solo cabe decir que el experimento aún no lleva mucho tiempo y hasta ahora se ha podido apoyar en el petróleo. Ya veremos cuánto dura sin volver al libre mercado.

Por eso es tan llamativo el caso del régimen de Corea del Norte, porque en este caso no consta ningún tipo de aperturismo o liberalización comercial. ¿Cómo es posible que siga en pie?

Desde el punto de vista de los ciudadanos norcoreanos, es muy recomendable el trabajo de la periodista norteamericana Bárbara Demick[2], quien nos muestra la vida en el país a partir de los testimonios de fugados del régimen. A grandes rasgos, dos son las causas de la falta de acción por parte de los individuos, una fisiológica y otra propagandística.

La primera es el hambre: los norcoreanos están en un estado perpetúo de hambre, lo que les debilita física y mentalmente. Si cada día tu máxima preocupación es qué comer, difícilmente vas a tener energías para rebelarte contra el régimen. Ello invita a pensar en algo tan terrible como una política deliberadamente dirigida a mantener a la población en dicho estado de necesidad.

La segunda es más curiosa. Los norcoreanos se habían quedado anclados en el pasado y habían extrapolado a futuro lo que conocían entonces. Y eso era básicamente que eran más ricos que China y, en particular, que Corea del Sur. Así que, sí, ellos lo estaban pasando mal; pero los vecinos lo estaban pasando aún peor, porque no vivían bajo el cuidado del “querido Líder”. Lo repito por si no queda claro: una mayoría de norcoreanos vive pensando que son afortunados y que el resto de los países del mundo está peor.

Por supuesto, las cosas están cambiando en este último aspecto, y empezaron a hacerlo desde el mismo día en que los habitantes de la orilla sur del río Tumen (la frontera con China) constataron con sorpresa que en la orilla norte aparecían iluminación y nuevos edificios, consecuencia de la apertura económica de China. A partir de ese momento, algunos norcoreanos empezaron a darse cuenta de su situación real. Imaginen la sorpresa de estos pobres desgraciados cuando son capaces de salir de las redes del “Amado Líder” y llegan a la paupérrima Corea del Sur, donde siempre encuentran un familiar que les acoge.

Sin embargo, si bien ambos factores pueden explicar la aparente conformidad del pueblo norcoreano con el régimen y la ausencia de rebeliones, la teoría económica sigue anticipando su colapso y, si no viene desde abajo hacia arriba, tendría que venir desde arriba, como en los otros ejemplos mencionados. ¿Por qué no ocurre?

Una explicación fácil es asumir que China dota de fondos al régimen norcoreano por razones geopolíticas, y que, por tanto, es su sostén. Puede ser, no digo que no. Pero creo que hay una explicación alternativa, o, al menos, complementaria, según nos muestra un reciente documental de la BBC[3], y que es bastante más tenebrosa a la par que coherente.

Se trata de la historia de un danés que decide, por su cuenta y riesgo, infiltrarse en las organizaciones exteriores del país asiático. Lo que encuentra puede explicar, a mi modo de ver, la sostenibilidad del régimen, y, por tanto, son muy malas noticias para los habitantes de aquel país.

En efecto, el protagonista (podríamos llamarle héroe sin incurrir en exageración) de la historia se integrará en la Korean Friendship Association (KFA) presidida por un español, sí señor, en todas las salsas tenemos que estar, un tal Alejandro Cao de Benós. Lo que descubre nuestro héroe es que la tal KFA no es más que una tapadera para conseguir negocios e inversores en las más oscuras actividades económicas que uno pueda imaginar, lo que deja al señor Cao de Benós en mero conseguidor y comisionista, en la mejor tradición de la realeza, eso sí para actividades ilegales e incluso inmorales.

Y es que, como declaran expresamente en un par de ocasiones tanto Cao de Benós como algunos de los “emprendedores” norcoreanos, el factor diferencial de Corea del Norte, su ventaja competitiva, no es otra que la siguiente: en su territorio se pueden llevar a cabo todo tipo de actividades productivas prohibidas en los países occidentales (e, imagino, sin necesidad de respetar los derechos humanos de los trabajadores). Eso implica que si tu negocio es de armas o de componentes químicos prohibidos, o de otras cosas por el estilo, en Corea del Norte lo puedes implementar, y seguro que a precios muy competitivos.

Así pues, tampoco falla en Corea del Norte la teoría económica sobre la imposibilidad del socialismo. Claro que no. Tienen una ventaja competitiva diferencial con otros países: que en su territorio se pueden realizar actividades ilegales en el resto del mundo, porque en su territorio no hay leyes. Y las élites norcoreanas han desarrollado los mecanismos para promocionar y distribuir su producto, eso sí, con las dificultades que cabe esperar.

En resumen, que no falla la teoría económica. Lo que tampoco podíamos esperar es que fuera precisamente en Corea del Norte donde tuviera su manifestación el capitalismo más salvaje del mundo. Hala, ya tienen otra disculpa podemitas y socialistas para culpar al capitalismo de los males de la humanidad, sobre todo de los sufridos por los norcoreanos.


[1] Otra cosa es que la evidencia empírica que arroja este experimento haya trascendido a la sabiduría de la gente. Especialmente a la de los españoles, anomalía en Europa, donde se sigue votando a partidos procomunistas como Podemos.

[2] Querido Líder: Vida cotidiana en Corea del Norte, de Barbara Demick (En inglés, “(“Nothing to Envy“).

[3] The Mole: Infiltrating North Korea. Ver https://www.bbc.co.uk/programmes/p08tqd6q

¿Es Bitcoin el MySpace de las criptomonedas?

MySpace fue una red social creada por Microsoft en 2003 y que fue eclipsada por Facebook, que se lanzó un año después. Algunos críticos de Bitcoin como Peter Schiff argumentan que es muy posible que Bitcoin sea el MySpace de las criptomonedas. Afirman que es muy probable que Bitcoin sea superado por otro competidor con tecnología superior.

Según estos críticos, Bitcoin es una tecnología mejorable principalmente por las siguientes razones: Procesa muy pocas transacciones por segundo, consume mucha energía, y no tiene ningún respaldo ni uso no monetario.  

Sobre el volumen de transacciones por segundo depende desde qué perspectiva se quiera mirar. Bitcoin es muy eficiente a la hora de verificar transacciones, pues su objetivo prioritario es la seguridad. Y esta seguridad se consigue facilitando todo lo posible que cualquiera pueda verificar todas las transacciones pasadas, presentes y futuras. Esto es a lo que se suelen referir en el argot de la industria cuando hablan de descentralización.  Yo prefiero hablar de seguridad porque es más concreto. Seguridad ante inflación, impago, robo o confiscación.

Para que cualquiera pueda verificarlo todo, el protocolo de Bitcoin limita el número de transacciones que se pueden incluir en cada bloque, unas 2000 aproximadamente, y mantiene el tiempo entre bloque y bloque en una media de 10 minutos.  Esta limitación es lo que hace que el envío sea caro cuando la demanda por enviar transacciones supera esta capacidad limitada.  El coste es consecuencia de la demanda, ya que la capacidad se subasta procesando las transacciones de los usuarios que están dispuestos a pagar más.  

Por tanto, el coste de enviar transacciones nunca se va a solucionar con otros sistemas como Proof of Stake.  La única forma de hacerlo sin comprometer la seguridad es conseguir que todos podamos verificar el mayor número de transacciones posibles sin incrementar el coste de verificación.  Y en eso, Proof of Stake no aporta nada.

Otra cuestión es que ese coste implique a su vez un coste energético (Proof of Work o prueba de trabajo).  Aquí entramos en el debate sobre el consumo de electricidad.  En su momento escribí este artículo del que ahora me arrepiento. Me he dado cuenta de que es un tema que no merece ni un segundo de discusión.  ¿Los usuarios de Bitcoin pagan religiosamente por la electricidad que consumen?: Si. Pues asunto zanjado. ¿O es que ahora resulta que hay que someter a algún tribunal en qué cosas se puede consumir electricidad y cuanta?.  

En cuanto a la falta de respaldo de Bitcoin, es otra característica buscada totalmente a propósito para maximizar su seguridad.  Que su emisión y gestión no dependa de confiar en ningún tercero es precisamente para que no tenga riesgo de inflación o impago. Y en este sentido, sustituir la prueba de trabajo por la puesta en garantía de un activo (Proof of Stake), es un peligroso retroceso al juego de los riesgos financieros, comprometiendo la seguridad. 

En cuanto a la inexistencia de un uso no monetario, es una crítica que parte de la muy equivocada idea de que una herramienta que facilite el intercambio no es útil, tal y como explico con más detalle aquí

En general, la mayoría de estas críticas pierden de vista la seguridad.  La esencia de Bitcoin es ser un conjunto fijo de unidades que se pueden poseer y transmitir de forma segura. Si lo que el mercado demanda es seguridad, la tecnología estará al servicio de esa demanda, no al revés.  Si lo que el mercado demanda es velocidad, para eso ya existía Paypal.  ¿Demandará el mercado algo intermedio? Es posible, pero si ese es el caso, parece cada vez más claro que, independientemente de la criptomoneda, una solución intermedia pasaría por desarrollarse en capas superiores. Y si la solución es en una capa superior, no veo qué razón habría para no colocarla sobre la moneda más segura de todas.

Si a pesar de lo dicho al lector le sigue preocupando la tecnología, es preciso tener en cuenta que el software para gestionar una moneda alternativa segura ha de ser necesariamente de código abierto. Nadie se fiaría de una “caja negra” administrada por un tercero en el que hay que confiar, pues para eso ya tenemos las monedas tradicionales.   

Por tanto, si se inventara una tecnología que sea significativamente superior, nada impide que Bitcoin la incorpore. No habría ningún impedimento material, aunque sí podría haber impedimentos legales por la vía de las patentes aun tratándose de código abierto. Y hay que reconocer que sería muy dudoso que un software patentado fuera incorporado con éxito a Bitcoin, pues podría traer problemas muy poco deseables. Ya ha pasado con el algoritmo Schnorr, que en ningún momento siquiera se ha planteado incorporarlo hasta que expirara su patente.

Pero el problema de limitar el uso y desarrollo del software mediante patentes, es que cuando la seguridad es una cuestión absolutamente crítica, cuando hace falta que el sistema sea antifrágil, es necesario exponerlo totalmente al exterior para que sea escrutado y atacado hasta la saciedad por el mayor número de programadores y hackers posible.  Solo así se puede tener una mínima certidumbre sobre su seguridad. Frente al software limitado y restringido, el software totalmente libre y abierto ha demostrado en las últimas décadas ser la mejor estrategia para alcanzar este nivel de seguridad, tal y como explico aquí con más detalle.  Bitcoin ya utiliza esa estrategia totalmente abierta, un competidor que protegiera su software con patentes se estaría atando una soga al cuello y ni siquiera sería una protección definitiva ya que ninguna patente dura más allá de 20 años, que en este contexto no es mucho tiempo, pues Bitcoin ha cumplido ya 12 años y aún no ha alcanzado su madurez.

Quisiera hacer una breve reflexión sobre la frase “una tecnología que sea significativamente superior”. Cada transacción de Bitcoin ya es muy pequeña, y aun así si quieres verificarlas todas necesitas tener una conexión a Internet decente y también un disco duro razonablemente rápido y con buena capacidad. El cuello de botella no es el protocolo de Bitcoin, al contrario, Bitcoin se autolimita para adaptarse a la infraestructura tecnológica ya disponible para cualquier ciudadano medio. Y esto no es una cuestión de querer ser “democrático” aunque de paso se consiga.  Es una cuestión, insisto, de seguridad: No tener que depender de terceros para verificar nada.

MySpace era una aplicación concreta sobre un protocolo de comunicaciones de propósito general (Internet), Bitcoin es un protocolo de propósito general para el intercambio económico.  Creo que la analogía es poco acertada. En todo caso, y tomando las precauciones necesarias que hay que tomar con toda analogía, y si sustituimos seguridad por interconectividad, la situación podría parecerse más a las llamadas protocol wars, cuando decenas de protocolos de comunicación se postulaban como candidatos a ser el sistema neurálgico de las comunicaciones a nivel global, muy parecido a la multitud de criptomonedas existentes en la actualidad.  El protocolo tcp-ip (Internet) dejó atrás a todos los demás por ser el más interconectable, que era lo que demandaba el mercado.  Si al final lo que el mercado demanda para una criptomoneda es seguridad por encima de cualquier otra característica, entonces la que consiga ser más segura quizá sea la análoga al protocolo tcp-ip

“No creo que volvamos a tener un buen dinero hasta que se lo quitemos al Gobierno de las manos, es decir, no podemos quitárselo violentamente, todo lo que podemos hacer es introducirlo astutamente de tal forma que no lo puedan parar.”      F.A. Hayek, 1984

La deriva de la izquierda española: abandonar El Capital y abrazar el nacionalismo

La izquierda española se encuentra en un momento ideológico notablemente confuso, volátil y diferenciable. Su posición es cambiante, como cambiantes son sus intereses y metas. Dentro de ellas resulta imposible encuadrar únicamente los de una sola izquierda homogénea, ya que en España existe un cúmulo de izquierdas, diferenciadas por rasgos en algunos casos inapreciables pero que enarbolan como bandera de combate. En un entorno político líquido, inestable y polarizado, estas fuerzas pueden contribuir y contribuyen a formar gobiernos o a bloquearlos. Por ello resulta relevante reflexionar sobre en qué se ha convertido la izquierda española desde, al menos, el 15-M, y en cómo ha evolucionado su mensaje a lo largo de todos estos años.

Las fuerzas políticas que conforman la izquierda española se han esmerado en reforzar y resaltar sus particularidades, aquello que les diferencia en su entorno electoral y hace que sus votantes se decanten por una u otra fuerza política con programas cercanos a la simetría. La izquierda en España, de manera generalizada, ha optado por abandonar el discurso correspondiente a las demandas materiales de la clase obrera, dejando atrás la manida lucha de clases marxista y dando lugar a peculiaridades divisorias nacientes en las diferentes ramificaciones de los nacionalismos regionales.

Partidos como ERC, Bildu o la CUP doblaron la apuesta por el nacionalismo excluyente compitiendo de manera directa con la derecha independentista o regionalista -dependiendo del caso-, para lo cual endurecieron su mensaje, trataron de posicionarse en los márgenes de las instituciones y alentaron la polarización afectiva allí donde llegaba su discurso.

Esta radicalización de la izquierda independentista contribuyó a arrastrar a la izquierda nacional a su terreno de la mano de líderes afines al nacionalismo regionalista, como es el caso de Teresa Rodríguez con Adelante Andalucía o Joan Baldoví con Compromis, siendo el caso de Teresa Rodríguez particularmente paradigmático ya que su escisión de Podemos está llevando al renacimiento del Partido Andalucista, con aire a trotskismo español. Una combinación ciertamente interesante.

Por otro lado, Iglesias parece haber abandonado -más bien forzado por la deriva de Podemos- el discurso regionalista en aquellas regiones donde hace algunos años tuvo relativo éxito. En sus inicios, comunidades autónomas como el País Vasco, Galicia o Cataluña acogieron bien a las diferentes formaciones delegadas de Podemos. Esto no ha vuelto a suceder en las más recientes elecciones. Han desaparecido en Galicia, donde un día las “mareas” tuvieron notoria representación. Se han hundido en el País Vasco y han obtenido resultados mediocres en Cataluña, con la CUP al alza. Algunas escisiones de Podemos, como es el caso de Más Madrid, al dar el salto a la escena política nacional en lugar de optar por un regionalismo de izquierdas, trataron de orientar su discurso hacia uno más cercano al verdismo europeo.

Esto último no se desmarca en demasía de la dinámica general de la izquierda europea, que ha adaptado su discurso a los marcos ideológicos generados por el capitalismo cognitivo, por decirlo con Gregorio Luri. Vivimos en un tiempo en el que las tensiones entre el capital y el trabajo son cada vez más difusas y en el que muchos más vectores entran en la definición del modelo de capitalismo actual. Los sectores más dinámicos de la economía se caracterizan hoy día por la acumulación de capital humano y la generación de intangibles, lo que da lugar a una élite cognitiva que modifica las relaciones pre-existentes en las estructuras de competencia y poder a nivel global.

Este escenario ha sido captado hábilmente por parte de la izquierda, que ha decidido adaptar su mensaje, abandonando el materialismo histórico para construir su discurso en un plano más sentimental, identitario y transversal. Las nuevas identidades remarcadas por la izquierda española han abandonado la verticalidad típica del socialismo en busca de una mayor horizontalidad, lo cual ha terminado por generar un discurso homogéneo en el plano económico de todos los partidos a la izquierda del PSOE, remarcando las particularidades nacionalistas de cada partido como factor diferencial.

En todo esto Podemos está quedando al margen por su escasa capacidad de reacción y adaptación. Las escisiones del partido morado, y los que en algún momento sintieron la bota de Iglesias sobre su cuello están tratando de marginar a Podemos y construir un discurso hegemónico de izquierdas a sus espaldas. Lo peligroso es que esta nueva hegemonía izquierdista contempla a partidos como Bildu, ERC o la CUP como agentes esenciales para su construcción, haciendo oposición dentro de la izquierda a la institucionalización de Podemos.

Para ello el eje central ha sido el nacionalismo, vendido como una lucha de poder sobre la que se ha ido reorganizando la identidad de la neo-izquierda española. La Constitución les oprime y los incendios en las calles les liberan. Ya saben, el régimen del 78 y la paranoia sempiterna. Marxistas-Estatistas, bonito oxímoron para el que quiera entenderlo, porque al parecer, la izquierda europea, hace tiempo que decidió matar al padre.

Pero todo esto tiene un trasfondo histórico mucho más interesante. Tras la caída del muro y el abandono del comunismo por parte de la izquierda europea para renacer como hijos de Foucault y Deleuze, se centró la nueva dialéctica en combatir no ya al capital o la superestructura de este, sino contra el poder en cualquiera de sus formas. El control, la jerarquía, el orden, …todo devenía en estructuras de opresión para la izquierda posmoderna. Pues bien, cuando este discurso llegó a España con fuerza desde hace algunos años, los movimientos de izquierda nacionalista pusieron sobre la mesa la idea de que el poder opresor era todo aquel que les alejara de sus veleidades secesionistas. La Constitución como continuación del franquismo, para proseguir con el carrusel de contradicciones. Sobre estos ejes se construyó el discurso de la nueva izquierda, que decidió explotar los particularismos territoriales hasta el punto de presentarse como mejores aliados y cómplices de fuerzas segregadoras como ERC, los falleros de Las Ramblas o Bildu.

No crean que frente a esto el centroizquierda nacional actuó o actúa de manera distinta. El PSC y el PSE han sido los mejores amigos de las fuerzas centrífugas, aumentando siempre su apuesta por aquellos que remarcan sus privilegios excluyentes cada vez que tienen ocasión de ello. La izquierda ha tratado de construir nichos dentro de un mismo nicho y ha flexibilizado su ideología hasta límites previamente insospechados.

Al abandonar la tradicional lucha entre capitalistas y proletarios, la izquierda decidió construir identidades y apoyarse en particularismos diferenciadores para llegar al poder. Durante bastantes años han sacado rentabilidad de estos movimientos, hasta que la competencia ha resultado excesiva y el votante nacionalista de izquierdas ha estirado la ventana de Overton hasta límites insospechados, como puede ser la legitimación de la violencia callejera. El proyecto de la izquierda ha terminado siendo un mercado de falsas identidades y contraposiciones inventadas, sobre las cuales se trata de extraer rédito electoral a través de una constante polarización afectiva. La respuesta siempre es pedir más Estado, excepto cuando este es de Derecho.

Cambiar La Internacional por Els Segadors, eso era el progreso.

Articulerías de Paco Capella: Lo que ni Block defendería

Paco Capella escribió dos artículos criticando el libro Defending the Undefendable de Walter Block en 2013. Como sabe de mi admiración por este autor austrolibertario, me envió sus artículos para ver qué opinaba de ellos. Comparto las loas que Capella le dedica y algunas de sus críticas. Para empezar, es cierto que Block no defina qué es lo moral, pero como el propio Capella anteriormente afirma, el libro ‘‘se concentra en [las] aplicaciones prácticas y aplicadas más difíciles [de la teoría ética de la libertad]’’.

La obra tampoco se centra en la timología detrás de los actos y por qué están mal vistos, sino en el hecho de que según Block lo están y por qué no deberían estarlo siguiendo una concepción libertaria. Capella acierta al decir que Block no puede saber que la mayoría suele equivocarse y que al decir eso es excesivo. También tiene razón al hablar de que por costumbre se forman ciertos contratos y condiciones de estos que no hace falta explicitar y que hacerlo sería costoso. No obstante, ese no es el punto que Block intenta demostrar.

Pero Capella también ofrece ciertas críticas un tanto injustificadas o desatinadas. Capella empieza matizando el principio de no agresión tal como lo formula Block con casos que este último también incluiría como inicio de la violencia, por tanto, matización innecesaria. Al hablar sobre la prostituta, nos debe de dar igual que ‘‘la moderna economía conductual muestr[e] que los agentes interpretan de modos muy diferentes las relaciones amistosas personales, en las cuales se intercambian informalmente favores, y las relaciones comerciales impersonales en las que los afectos no son relevantes’’, lo importante es que si el intercambio entre cliente y prostituta se ha dado voluntariamente es porque ambos valoraban más lo que la otra parte tenía que ofrecer. Es irrelevante cómo cada uno interprete la relación y el grado de intensidad que cada uno pudiera haber expresado. Sabemos que la transacción se dio, pero podría no haberse dado bajo otras condiciones. Solo podemos observar las condiciones bajo las que sí intercambiaron.

Al hablar de vendedores de droga Capella extiende la crítica más allá del acto de vender droga, el que Block defiende, y más allá de lo que puede demostrar, como acusa a Block de hacer en otras partes, afirmando que a menudo ‘‘suelen utilizar la violencia, con múltiples daños colaterales’’. Cuando el camello usa la violencia para conseguir sus fines no lo hace en función de camello sino de agresor. Esta no es parte necesaria de su trabajo. Sería más fácil entenderlo como una persona que a veces trafica con droga (legítimo) y a veces agrede (ilegítimo). Y sobre el adicto decir que su deterioro físico y psicológico pueda afecta a sus seres queridos no significa que ahí haya una violación de un derecho de propiedad, es decir, una razón legítima para aplicar fuerza sobre el adicto.

Capella critica ‘‘a algunos liberales es que parecen querer deducirlo todo de algunos axiomas apodícticos irrefutables’’, por lo que me doy por aludido. Según Capella los que llamaré aprioristas extremos no entendemos ‘‘que lo esencial en lógica es la consistencia (dígale eso a los hayekianos,), la no contradicción, y que hay proposiciones en los sistemas de ideas que no son simplemente deducibles.’’ Pero no hay nadie que niegue estos tres puntos. Capella continúa diciendo que no se puede construir todo un sistema ético desde un axioma. Y esto es cierto. Pero sí que se pueden establecer las bases de este y los principios rectores del mismo. En nuestro caso, el principio recto, el principio de no agresión. Desde la praxeología se puede llegara a una justificación ética de la propiedad privada como realizan Rothbard y Hoppe en sus obras.

Pero la justificación de la propiedad privada o que cada norma deba estar basada en el principio que esta implica, el NAP, no da respuesta a todo. Solo nos dice que, si queremos vivir en una sociedad de derecho privado bajo una ética libertaria, debemos llegar a cada norma mediante la argumentación y defensa de la propiedad privada. Por ejemplo, aunque la teoría libertaria de castigo determine cuál debe ser la violencia máxima que la víctima esté justificada a infligir contra el agresor, esto no implica que la víctima pueda decidir una restitución íntegramente monetaria en vez de ejercer fuerza contra el culpable o que los árbitros sea el que lo decida por costumbre. En ambos casos se ha respetado la propiedad privada de la víctima y del agresor o bien porque se ha respetado la decisión de ambos quienes habrán tenido que negociar y, por tanto, el intercambio es mutuamente beneficioso, o bien porque se ha respetado la de los árbitros, decisión sobre la cual ambas partes habían decidido vincularse.

Todavía quedan muchas otras críticas de Capella a las que se pueden ofrecer réplicas, pero invito a hacerlo al lector, especialmente al que se haya leído ya Defending the Undefendable.

Por un 8 de marzo liberal

“Somos antimilitaristas y estamos en contra de las guerras, que son producto y extensión del patriarcado y del capitalismo” se podía leer en el manifiesto oficial del trágico 8 de marzo de 2020. En el de 2019 nos decían “son muchos los motivos para apoyar la huelga: […] Para construir una economía sostenible, justa y solidaria que gestione los recursos naturales de forma pública y comunitaria, que esté en función de las necesidades humanas y no del beneficio capitalista […] Somos un movimiento internacional diverso que planta cara al orden patriarcal, racista, colonizador, capitalista y depredador con el medio ambiente”. Y en el de 2018: “Somos las que reproducen la vida. El trabajo doméstico y de cuidados que hacemos las mujeres es imprescindible para el sostenimiento de la vida. Que mayoritariamente sea gratuito o esté devaluado es una trampa en el desarrollo del capitalismo […] Llamamos a la rebeldía y a la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas.”

El feminismo hegemónico que ha movilizado a varios miles de mujeres en España durante los últimos años, y quizá a millones alrededor de las democracias occidentales; se muestra contrario a un modelo económico y político que ha conseguido que desde el año 1990 al año 2015 se haya reducido la pobreza extrema del 36% de la población mundial (1.900 millones de personas) a tan solo el 10 % (734 millones).

Por eso no se puede permitir que el 8 de marzo sea liderado por personas, pero sobre todo por ideas, que promueven la colectivización de los recursos naturales y los medios de producción. Sería revertir un modelo económico y político de éxito que está permitiendo tener un proyecto vital a millones de personas, muchas de ellas mujeres.

Es más, ceder la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres a un comunismo disfrazado de feminismo es condenar al individuo, y muy en concreto a las mujeres, a un sistema y unas ideas que lo que realmente quieren es hacernos víctimas, e ironías de la vida, dóciles, “sumises” y “callades”.
El falso feminismo que lidera el 8 de marzo, realmente es un caballo de troya postmarxista que, a través de movimientos sociales, como los que abanderan la causa feminista o la ecologista, quieren devolvernos a la historia de Fukuyama. Es un feminismo fake y victimista que transmite a las mujeres falsos mensajes como: el sistema no te permite emprender y abrir una startup, el sistema te condena a elegir carreras de letras o vinculadas a la salud y los cuidados, el sistema no te empodera, el sistema te hace ama de casa, el sistema, el sistema… el sistema te condena y solo un masplaning colectivizador, paternalista y comunista te permitirá ser una buena mujer empoderada.

La crítica colectivista es falsa. Es cierto que aún hay muchas barreras sociales, culturales y económicas que nos protegen a los hombres, cual arancel a las exportaciones, que tenemos que remover; como dirían John Stuart Mill y Harriet Taylor. Pero el mensaje del feminismo hegemónico, ese que clama en sus manifiestos que las mujeres están “siendo victimizadas”, solo transmite la idea de: no lo hagas, no quieras ser nada porque vives en un mundo heteropatrialcal y cruel que te lo va a impedir todo. Quédate en casa esperando la mesiánica salvación morada.

Nada más alejado de la realidad. Con este sistema, el 48,4% de las personas que emprendieron en 2019 en España fueron mujeres. Sin un sistema de cuotas obligatorias, en una década, hemos pasado de un 10,56% de presencia femenina en los consejos de administración de las empresas del IBEX a un 31,17%. Con este sistema, el 54% de los miembros del Poder Judicial en España son mujeres. Además, hemos tenido las primeras presidentas de Comunidades Autónomas, alcaldesas en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, ministras de defensa o vicepresidentas (con un poder muy real) del gobierno de la nación.

Por eso los líderes, pero sobre todo las lideresas, que, dentro del Partido Popular, Ciudadanos o Vox se definen y creen en los principios del liberalismo (es una utopía pensar que alguno de los tres partidos lo es); tienen que plantear una alternativa liberal al 8 de marzo. Una alternativa que promueva el principio de la igualdad perfeta, sin admitir ningún poder o privilegio. Que vuelva a sus orígenes. Que beba de Mary Wollstonecraft cuando clamaba que “cuanta más igualdad haya entre los hombres, y, por tanto, menos poder de los hombres sobre los hombres, más virtud y felicidad reinarán en la sociedad”.

Y si no se promueve una alternativa desde la política, tenemos que proponerla desde la sociedad civil. Lo contrario sería caer en la trampa y el marco mental morado de quédate en casa esperando la salvación mesiánica. Las mujeres tenéis que salir y emprender, porque el sistema os lo permite y cada día sois más. Las mujeres podéis ser, si es lo que queréis, consejeras del IBEX, porque cada día sois más. Las mujeres si queréis podéis ser jueces, porque de hecho ya son la mayoría en el Poder Judicial.

Eso es lo que tiene que ser el 8 de marzo. Una vindicación de que las mujeres podéis ser y sois lo que queráis. No necesitáis un paternalismo colectivizador que os defienda. Como tampoco lo necesitamos los hombres. Todo proyecto que no pase por la democracia liberal y la economía de mercado nos condenará a los hombres y, muy especialmente, a las mujeres a la esclavitud.

En Argentina no basta con el equilibrio fiscal

Desde que el gasto público de la Nación y las Provincias se incrementó 20 puntos del PIB (desde el 25% al 45%), entre 2003 y 2015, los medios de financiamiento tan tenido que llegar a un límite peligroso. 

Los nuevos impuestos, y la consecuente presión tributaria récord en la región, ahogan a las empresas y les impiden tener retornos aceptables para invertir y generar producción y empleo. La deuda interna y externa se amplifica llevándonos a nuevos defaults, nuevas reestructuraciones de deuda o re-perfilamientos, lo que deja a las empresas sin crédito para apalancarse y crecer. La monetización del consecuente desequilibrio fiscal nos llevó a nuevos procesos inflacionarios y a una acumulación de pasivos en el Banco Central (Lebac primero y Leliq hoy) que ponen a la Argentina contra la pared, con nuevos riesgos hiperinflacionarios. Podríamos agregar otros desequilibrios indirectos (como el cepo cambiario) que, al dificultar o impedir la importación de insumos, traban el desarrollo de las empresas y anulan las posibilidades de crecimiento del país.

Es cierto, claro, que si en 2021 aprovecháramos el viento de cola y recuperáramos la actividad económica y la recaudación, podríamos reducir el déficit fiscal, variable que llegó en 2020 a 8,5 % del PBI. Pero aun alcanzando el equilibrio fiscal, algo que se ve lejano, Argentina estará impedida de enfrentar los nuevos compromisos de deuda que la reestructuración de Guzmán generó para 2023 en adelante. Se requiere un superávit fiscal primario récord para pagar esos vencimientos, y aun así será insuficiente.

Argentina debe avanzar en la corrección de un problema estructural mayor, que es el tamaño del gasto público, que el kirchnerismo dejó y el macrismo apenas pudo reducir en unos pocos puntos. Se requiere una reforma integral del estado que devuelva el gasto público a aquel 25% del PBI, pues este nivel es lo máximo que nuestra tan golpeada estructura económica podría financiar sin los desequilibrios ya conocidos y sus costos sociales consecuentes.

Sólo entonces podrá evaluarse y concretarse una reforma tributaria que reduzca a la mitad la mochila de impuestos que hoy hunde a las empresas, poniéndola en línea con nuestros vecinos latinoamericanos; sólo entonces podrá la Argentina resolver el problema de la deuda y recuperar líneas de crédito; sólo entonces dejará de monetizar desequilibrios monetarios y recuperaremos la estabilidad monetaria. En ese marco podrán plantearse caminos de apertura económica y será posible volver a atraer capitales, tanto de argentinos como de foráneos, que puedan darle al país el crecimiento ausente.

Quizás la licuación de gasto público que observamos en 2018, 2019 y sobre todo 2020 contribuya a corregir ese problema estructural. Pero se requiere un cambio de mentalidad en el gobierno para recuperar un crecimiento genuino que está ausente desde hace décadas.

El emprendedor es en la economía del siglo XXI, y lo ha sido siempre, el motor del crecimiento. El emprendedor argentino, y cualquiera que se atreva a la odisea de invertir en la Argentina, sabe que enfrentará los impuestos más altos de la región, que no tendrá acceso al crédito local, que convivirá con una de las tasas de inflación más altas del mundo, además de las restricciones que implica el cepo cambiario, la amenaza de un nuevo salto inflacionario y la consecuente inestabilidad cambiaria. Podríamos agregar un problema previsional mayúsculo, una legislación laboral sumamente negativa para los intereses del emprendedor y un aislamiento internacional propio de países bolivarianos.

En resumen, Argentina requiere un cambio urgente que devuelva sensatez a la economía. En concreto, se requieran reformas fiscal, previsional, tributaria y laboral, reformas de mercado en serio que sólo pueden ser parte de un plan económico integral hoy ausente.

Entretanto, sí, la Argentina podrá mostrar una tasa de crecimiento positiva algún año, como parte de la recuperación parcial de una anterior destrucción de capital, pero esto no implica crecer.

Lamentablemente, sólo cabe ser pesimista al analizar los desequilibrios macroeconómicos existentes y la ausencia de un plan económico para enfrentarlos. No alcanza el equilibrio fiscal, ni tampoco un acuerdo con el FMI o alguna reforma previsional o tributaria menor. Se requiere un cambio estructural e integral para que la Argentina pueda recuperar el crecimiento real.

El lenguaje económico (I): Dinero, precio y valor

En la mayoría de los tratados de economía (Samuelson y Nordhaus, 2006; Mankiw, 2007) se atribuye al dinero tres funciones: a) Medio de intercambio; b) Unidad de cuenta; y c) Depósito de valor. Hoy intentaremos justificar que la única función del dinero es la primera, a la vez que clarificaremos algunas confusiones conceptuales relativas al dinero, el precio y el valor.

Medio de intercambio

Según Mises (2011: 483):


Es dinero aquello que con carácter generalizado se ofrece y acepta como medio de intercambio. He aquí la única función del dinero. Cualesquiera otras funciones generalmente atribuidas al mismo no son más que aspectos particulares de esa fundamental y única función, la de ser medio de intercambio.

Unidad de cuenta

A excepción del trueque (donde el precio de cada producto es su contraparte en el intercambio), el dinero sirve a la fijación precios. Siendo esto verdad, es frecuente observar un deslizamiento discursivo que conduce al error. Esto dice Mankiw (2007: 444): «Cuando queremos medir y registrar el valor económico, utilizamos el dinero como unidad de cuenta». Sin embargo, medir y contar son dos cosas distintas. Por ejemplo, si el dueño de una empresa desea hacer un balance, confeccionará una lista de sus activos: «contará» las cantidades de diversos bienes heterogéneos —máquinas, herramientas, productos en stock—; posteriormente, utilizará el dinero para «estimar» su precio de mercado y así llevar a cifras su patrimonio neto (activo menos pasivo).

Pero contar y estimar precios monetarios, stricto sensu, no es medir. Para medir una categoría —espacio, tiempo, superficie, volumen, tensión eléctrica, temperatura— necesitamos una unidad de medida que sea constante —metro, segundo, área, litro, voltio, grado Kelvin—, pero en economía «no hay parámetros: todos son variables» (Huerta de Soto, 2014: 17). El dinero no puede medir porque su capacidad adquisitiva está en continua fluctuación, el dinero es como una vara de medir inconstante; a pesar de ello, cumple cabalmente su función para el cálculo económico que practican los empresarios, siempre y cuando su capacidad adquisitiva no sea distorsionada institucionalmente (i.e. inflación).

Otro error frecuente es confundir precio y valor. Cuando decimos: «La vivienda A está valorada (o tasada) en 100.000 €» solemos pensar que aquella «vale» objetivamente 100.000 €; pero el valor siempre es subjetivo. Una tasación no determina el «valor» de un bien, sino que estima su «precio de mercado». Aún así todo tasador aplica un método inválido: suma y resta cualidades heterogéneas (ubicación, antigüedad, estado de conservación) de un mismo bien, como tampoco es posible sumar y restar bienes heterogéneos (i.e. peras y manzanas).

El precio no mide el valor de un bien, tan solo nos indica la existencia de una escala ordinal de valores. Valorar es sinónimo de preferir. Para el vendedor el precio significa: «prefiero 100.000 € que mi casa» y para el comprador: «prefiero tu casa que mis 100.000 €». Por tanto, el precio es una información: ex ante, es una «cierta cantidad de dinero» (Mises, 2011: 263) que se propone para realizar un intercambio; ex post, es un dato histórico relativo a un intercambio consumado. Tampoco es cierta la frase: «Precio es lo que se paga y valor lo que se recibe». Lo único que se entrega y recibe son bienes concretos, a saber: 100.000 € y una vivienda. En conclusión, el valor es inconmensurable y la función del dinero como «unidad de cuenta» es sólo aproximada.

Depósito de valor

Siguiendo con nuestra crítica, la expresión «depósito de valor» o «reserva de valor» es incorrecta por la sencilla razón de que el valor no se puede depositar, ni reservar, ni almacenar, ni ahorrar. Según Menger (2013): «Valor es la significación que unos concretos bienes o cantidades parciales de bienes adquieren para nosotros, cuando somos conscientes de que dependemos de ellos para la satisfacción de nuestras necesidades». El valor es subjetivo y la valoración es un acto cognitivo, cambiante en el tiempo, que no reside en las cualidades físicas del bien valorado. Por ejemplo, el oro, como sustancia, tiene una determinada masa atómica, densidad, color, etc., pero el valor que un individuo atribuye a una onza de oro es extrínseco pues procede de su apreciación subjetiva.[1] No hay tal cosa como «valor intrínseco» porque el valor siempre es «extrínseco». Solamente el dinero tangible (y ahora también el electrónico) puede acumularse con la finalidad de ser empleado en el futuro. Un depósito de combustible no es una reserva de «energía»; un silo de trigo no es una reserva de «alimentación» y un banco[2] de sangre no es una reserva de «salud». Análogamente, cuando acumulamos oro, plata, dólares o bitcoins para conservar nuestra capacidad adquisitiva no estamos «reservando valor», sino específicas cantidades de numerario. En definitiva, cuando decimos que el dinero es «depósito de valor» tan solo constatamos una obviedad: que podemos ahorrarlo para su empleo futuro.

Bibliografía

Huerta de Soto, J. (2014). Lecturas de Economía Política (I). Madrid: Unión Editorial.

Mankiw, G. (2007). Principios de Economía. Madrid: Thomson

Menger, C. (2013) [1871]: Principios de Economía Política. [Kindle]. Amazon.

Mises, L. (2011). La Acción Humana. Madrid: Unión Editorial.

Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2006). Economía. Méjico: McGraw-Hill

(18ª edición).


[1] La paradoja del valor que confundía a los economistas clásicos solo se resolvió al entender que los individuos nunca intercambian bienes «en general», sino específicas cantidades y calidades de bienes concretos.

[2] Tampoco es un «banco» como sinónimo de entidad financiera.

De Mayo del 68 a febrero de 2021: revueltas y revoltijos

No hay revuelta que no roce el surrealismo, en palabras del propio Buñuel sobre el Mayo francés, ni que no consiga propósitos contrapuestos a los que perseguía con su nacimiento. Los soixante-huitards querían acabar con el capitalismo pero lo modernizaron y fortalecieron, dándole su aspecto actual. De la misma forma, la crisis de 2008 y la recesión económica en la que desembocó, posiblemente, liquidaron esa herencia, engendrando indignados y nuevos revolucionarios quizás más peligrosos, con menos valores y con motivos aún más difusos que los de sus predecesores, ya muy heterogéneos. Llegando, poco más de una década después, a quemar furgones policiales con agentes dentro y saquear tiendas como acción subversiva para luchar por la supuesta libertad de expresión de un delincuente reincidente, siendo la performance perfecta que excita a estos jóvenes violentos de hoy. Son hijos de los que ayer tiraban adoquines desde sus barricadas en el Barrio Latino y gritaban eslóganes cursis de Breton: “¡La belleza será convulsiva o no será!”. Misma violencia y mismo absurdo, pero estos de ahora, a diferencia de aquéllos del 68, no aspiran a ir contra la autoridad o el poder, sino que están ya felizmente en él, corroyendo las Instituciones desde dentro.

Vaya por delante que Mayo del 68 nace como un movimiento comunista maoísta contra las jerarquías, de repulsa a la guerra de Vietnam, pero también de especulación y cuestionamiento de lo que sucedía al otro lado del idealizado Telón de Acero, sobre todo, tras el duro aplastamiento de la Primavera de Praga por parte de la URSS. Ahí muchos empezaron a ver que habían estado ciegos, y a darse cuenta de que estaban gobernados por totalitarios, que no fueron liberados sino conquistados.

El Mayo francés tuvo un mensaje hedonista y subversivo, de mojigatería de la sociedad contemporánea y de ingenuidad post-marxista, y provocó un movimiento en contra de repulsa a la ruptura que jaleaban los soixante-huitards. Ese movimiento no se quedó en la mera represión de la revuelta, como nos han hecho creer, sino que abogaba por la asunción de avanzar cambio a cambio y sobre la base en la máxima de protección de las Instituciones; pues lleva mucho construir lo que se destruye en unos minutos. A él se sumaron artistas, políticos e intelectuales liberales y conservadores como un joven Sir Roger Scruton, a quien el Mayo francés le pilló en París en pleno Barrio Latino, lo vivió de cerca y hablaba de ellos como “una multitud ingobernable de hooligans de clase media” y “un centón de perezosos tópicos marxistas”. Y ahí sintió indignación política por lo que estaban destruyendo. Este sentimiento está muy vigente hoy en muchos de nosotros que vemos cada noche arder Barcelona. La indignación de Scruton derivó en un ideal que persiguió durante toda su vida, la búsqueda del camino de regreso a la defensa de la sociedad occidental.

Lo mismo sucedió con el cineasta y poeta Pasolini, reconocido comunista, que en pleno movimiento estudiantil en Italia, escribió un poema donde declaraba que, en las violentas revueltas, él apoyaba a los policías, por ser estos precisamente parte de la clase obrera, y tener que soportar la locura de los violentos de causa difusa. Los estudiantes no eran justamente los más desfavorecidos, tal como sucede hoy en nuestras altercadas calles españolas.

“La violencia nunca es el camino”, invocan ya muchos de los trabajadores, empresarios saqueados, intelectuales, políticos de diferente signo, periodistas que se manifiestan contra estos actos vandálicos y contra la sección del Gobierno que los alienta. El sentimiento de rechazo social es amplio. Y sus consecuencias sólo hacen que acrecentar la nefasta crisis producida por la pandemia y su gestión. Antes inspirados en Foucault, ahora tenemos a Echenique alentando desde su poltrona de Unidas Podemos, bien asentados en el Gobierno. Pero cuidado, también hay tentación de nostalgia de autoridad alrededor del mundo con las líneas de Erdoğan, Putin, Orbán, Le Pen y, en España, sus aliados ideológicos voxistas. Figuras absolutas que tratan al ciudadano desde la perspectiva jerárquica y lo despojan de la mayoría de edad.

Vivimos hoy, por tanto, en una tentación autoritaria, la tentación de una sociedad cada vez más dogmatizada, sectaria y radicalizada. Una cosa es cuestionar la autoridad y apelar a la libertad de expresión, y otra, actuar contra el orden y los acuerdos democráticos y libertades comunes que nos hemos dado para la normal convivencia en un Estado de Derecho.

Creo que debiéramos meditar, como colofón de este paralelismo con las revueltas del 68, en que al origen del liberalismo moderno se alzó como respuesta razonada y constructiva a la demanda de mayores libertades, principalmente individuales, que reclamaba la sociedad frente al conservadurismo, encarnado en Francia por de De Gaulle, pero sin atender a la vía rupturista de los subversivos. Hoy, en pleno año 2021, los disturbios incesantes de Cataluña y diferentes puntos de España, sumados a los hechos que se están sucediendo en el resto del mundo como los movimientos antifascistas nacidos en EEUU, el Black Lives Matter, el auge de los colectivismos y los crecientes nacionalismos identitarios periféricos y patrióticos, son justo esos dos extremos, los totalitarios violentos de confusas luchas aborrecidas y condenadas ya por la propia sociedad, y la ideología más conservadora creciente a lo largo del globo.

Y así como el Mayo del 68 se amortizó, entre otros, con el origen del liberalismo moderno, debemos mantenernos firmes y esperanzados en que toda esta grave coyuntura podrá desembocar en el resurgimiento de la razón y el fortalecimiento de las democracias liberales, como única vía de salvación.

Algunas cuestiones disputadas sobre anarcocapitalismo (LIV): Vacunas en una sociedad sin Estado

Aunque esta sea una sección de comentarios de actualidad, yo acostumbro a hacer reflexiones más o menos teóricas sobre la anarquía de mercado. Pero el debate sobre el suministro de vacunas me ha interesado tanto que he hecho una excepción. Es un ejemplo magnífico de cómo la centralización en las negociaciones fracasa y cómo muchos estados pequeños han estado más ágiles a la hora de adquirir y suministrar el medicamento a sus ciudadanos.

Al tiempo también puede servir como elemento de debate a la hora de describir cómo podría darse el suministro de un bien de este tipo en una sociedad sin estado y si lo podría hacer mejor que la gestión estatal de los suministros. Lo cierto es que el tema es interesantísimo y se podría debatir desde la propia eficacia de la Unión Europea a criterios de justicia a la hora de hacer los repartos de un bien tan básico como  es este.

El proceso de vacunación de una población comienza obviamente por el descubrimiento de una o varias vacunas efectivas para la enfermedad.  Esto ya en sí ya es complejo, pero la dificultad se acrecienta cuando se hace necesaria una gran producción de las mismas para poder literalmente vacunar a toda la tierra.  El problema es que aún disponiendo de una buena infraestructura productiva, la cadencia de fabricación de las vacunas no permite más que una producción limitada cada día que no permite satisfacer las demandas de todos los posibles usuarios. Esto es, producir vacunas para todas implica un lapso temporal de meses.

A esto hay que sumarle los plazos de distribución de la misma hasta los distintos países y luego administrar las vacunas a toda la población. Es decir, hay que priorizar tanto las entregas de las vacunas entre países como dentro del mismo país entre los colectivos que se determinen como más necesitados. Sería interesante discutir si puede o debe existir algún criterio de justicia a la hora de hacer este tipo de repartos y de existir cuál debería ser.  Se trataría también de ver cómo podría darse suministro en una hipotética sociedad sin estado.

En una economía de mercado sin interferencias, el proceso normal de suministro de vacunas consta de varias etapas sucesivas. La primera obviamente es la de la síntesis de la vacuna que corresponde a científicos y técnicos. La segunda sería la de la producción masiva de la misma, que requiere de bienes de capital en forma de fábricas especializadas y personal cualificado. La tercera sería la de la logística y transporte de las vacunas producidas a los centros de distribución. La última sería la del inoculado de las mismas a las pacientes siguiendo algún tipo de orden, dado que éstas irán llegando de acuerdo con algún tipo de cadencia.

Las cuatro etapas son imprescindibles. En una economía de mercado sin interferencia la asignación se haría mediante un mecanismo de precios y siguiendo un orden idealmente  inverso al explicado. Esto es, los empresarios involucrados valorarán la demanda potencial del bien, las formas posibles de distribuirlo (si existe o no logistica de frio industrial o el tipo de infraestructura sanitaria existente por ejemplo) y luego calcularía una gama de precios a los que podría obtener beneficios. Una vez realizados los cálculos, los productores decidirían cuántos científicos y técnicos  y cuáles se movilizarían; primero para el descubrimiento y síntesis de la vacuna y segundo para su producción y distribución industrial.

Como es de suponer, la empresa farmacéutica se enfrentaría a la posible competencia de otras empresas, y a la posibilidad de que todos sus esfuerzos se encuentren sin recompensa. Podría perfectamente no descubrirse vacuna alguna, o bien de descubrirse hacerlo tarde en relación a la competencia, o a un precio no competitivo.

No difiere en esencia de cualquier otro proceso industrial, salvo en el hecho de que tratamos con cuestiones de vida o muerte y por tanto el ajuste de los precios es al principio algo diferente de otros bienes. Se asemeja  (guardando las distancias) a los mercados de espectáculos, que o se  adquieren en el momento o después no valen de nada. Al igual que en ellos se da un fenómeno muy peculiar: si no se ajustan bien los precios se producen fenómenos de “reventa” que benefician a intermediarios pero que no redundan en beneficio de los artistas (o de los fabricantes) y por lo tanto esos fondos no revierten en la mejora del espectáculo o evento deportivo (o en el caso de las vacunas en la mejora de los procesos de investigación o producción).

Por lo tanto, en la producción de vacunas nuevas como en cualquier otro proceso de producción innovador se suele cargar con precios más altos a los primeros consumidores para que de esta forma contribuyan a financiar los incrementos futuros de producción, y colaboren por tanto en abaratamientos ulteriores del producto y permitan su generalización. Pasó con los automóviles, los televisores o más recientemente con los teléfonos inteligentes de alta gama.

En el ámbito español tenemos un buen ejemplo con la penicilina. Al principio era carísima y se llegó al caso de vender una casa para comprar una dosis  que salvase una vida ( dosis que había que traer de contrabando de Portugal al no poderse adquirir legalmente en la España de Franco). Pero con el tiempo se abarató muchísimo, al tiempo que se perfeccionaba como producto hasta el punto de que hoy es un medicamento de lo más accesible y abundante. El único problema era que parte del beneficio iba al contrabandista y no a la empresa productora y no contribuía a mejorar la producción.

El problema, hoy al igual que entonces, es que mientras no se abarate y distribuya masivamente habrá personas que no puedan adquirirlo y que por desgracia pueden fallecer existiendo una solución disponible. El problema que se plantea es pues de corte ético y consiste en si debe existir o no algún criterio de reparto extraeconómico para asignar las vacunas escasas mientras estas  no se generalicen. 

En una hipotética sociedad sin estado, las vacunas serían asignados a quienes muestren más capacidad de pago, bien por poseer una gran capacidad económica bien porque sacrifican otros consumos por acceder a este, como vimos en el caso antes citado de la venta de la casa. Pero esta forma de asignación no implica necesariamente que sólo los ricos van a obtener vacunas, pues estas podrían perfectamente ser adquiridas por aseguradoras para sus clientes, y éstas cubrir perfectamente a la totalidad o casi totalidad de la población, dado que en un sistema social de este tipo no estarían previstos sistemas estatales de previsión o de sanidad. Serían entonces estas aseguradoras quienes estableciesen protocolos de vacunación y priorizasen a los enfermos que entendiesen prioritarios. Obviamente estos protocolos serían conocidos por los usuarios a la hora de firmar el contrato de seguro, pudiendo el  tomador del seguro aceptar el pequeño sobrecoste o no.

Quiere con esto decirse que es perfectamente factible conciliar la asignación de un bien muy escaso y vital en ausencia de Estados con criterios redistributivos que atiendan a los más débiles, al tiempo que no se distorsionen los sistemas de mercado. También habría que tener en cuenta a la hora de ponderar la justicia de una asignación de mercado que si este se revela como más productivo y más barato a la hora de producir y suministrar el bien a medio plazo, este sistema habrá salvado más vidas que sus alternativas estatales y esto habrá que ponderarlo también a la hora de juzgar entre sistemas político-económicos alternativos. 

Pero aún así no cabe duda de que en este sistema se priorizaría la capacidad de pago sobre cualquier otro principio y esto sin duda es una cuestión ética peliaguda que merece ser discutida. Veamos entonces cómo es la ética de reparto en un sistema en el que los estados  sean los  encargados  de la producción o provisión de las vacunas.

Para ello veremos cómo se gestiona este proceso en nuestro entorno. En primer lugar se ha optado por una compra centralizada de vacunas a nivel de la Unión Europea, que se ha revelado no muy efectiva, quizás por falta de experiencia de esta administración al hora de contratar este tipo de bienes. El problema es que un fallo en estas negociaciones no se circunscribe al ámbito de un Estado o una comunidad autónoma, sino que afecta al conjunto de la Unión. Un fallo de unas pocas personas en una decisión centralizada afecta, como podemos observar, a centenares de millones de personas.

Podemos ver en cambio cómo países pequeños como Islandia o algunos emiratos árabes o relativamente pequeños como Israel han mostrado una mejor capacidad de afrontar tanto el proceso de compra como el de vacunación. Desde luego la magnitud de la unidad política (a igualdad de renta) no parece afectar positivamente a la gestión. Esta compra centralizada nos aporta un elemento más de discusión que podríamos enlazar con la teoría austríaca del cálculo económico.

El viejo Boris Brutzkus, en su relato de los fallos de la incipiente economía soviética, nos alertaba de los fallos de coordinación. Los soviets tenían buenos barcos de pesca pero carecían de redes y anzuelos, o flamantes tractores sin una adecuada distribución de combustible o repuestos. Algo semejante aconteció en la distribución de vacunas (afortunadamente a mucho menor escala y con una menor duración en el tiempo), pues si bien se produjeron vacunas, las primeras requerían de una sofisticada logística de frío de la que no se disponía aún en todas partes. También se dió, durante un breve lapso de tiempo, la carencia de jeringuillas especiales que permitiesen un óptimo aprovechamiento de los viales, lo que permitiría incrementar cerca de un veinte por ciento las dosis disponibles.

Por último viene el problema de la priorización de colectivos a la hora de proceder a la vacunación. Partamos de una base, la asignación por el Estado no es tampoco igualitaria. Primero, porque la diferencia a la hora de asignar el recurso será entre Estados ricos y estado pobres. Es decir, al igual que en el caso anterior, la capacidad de compra será decisiva a la hora de adquirir el bien, y los ricos tendrán preferencia sobre los pobres, Ello no supone una mejor situación ética, pues sólo se cambiaría la escala y la forma del reparto, pero no su desigualdad intrínseca. Y no parece que sea políticamente factible una situación en la que un Estado se desprenda generosamente de parte de su stcock para cedérselo a otro menos favorecido, sin haber vacunado aún al completo de su población. Se dará la paradoja de vacunar antes a jóvenes sanos de los países ricos que a personas de riesgo en países pobres. El modelo aquí no es muy diferente en esencia del caso anterior.

En segundo lugar, tampoco es igualitario el reparto dentro del propio país, si bien aquí la supuesta injusticia es de menor gravedad.  Básicamente, porque el gobierno a la hora de asignar las vacunas escasas determina quiénes deben ser los grupos que primero deben recibirlas, y también un orden de prelación entre ellos. Entiendo que los criterios que se han seguido no son en principio irracionales, y tienen mucha lógica. Pero ello no obsta para que sigan siendo desigualitarios en el sentido de que son los gobernantes quienes deciden qué vidas valen más y cuáles deben esperar. Y que por tanto haya personas que los reciban antes, y por tanto eliminen el riesgo, mientras que otras por desgracia siguen siendo infectadas y a veces mueren simplemente porque no fueron catalogadas como prioritarias.

Al ser una asignación de tipo político, siempre será posible una suerte de “mercado negro” en la asignación, según la cual aquellos más próximos al poder pudiesen tener la tentación de priorizarse a sí mismos en la asignación de las mismas. La escala en que esto suceda dependerá como cualquier otra forma de corrupción moral de la calidad ética de las clases dirigentes. Pero de ser estas poco morales es probable que se reproduzca el fenómeno apuntado más arriba de la aparición de intermediarios o de privilegiados, pero con la consecuencia de que no aportarán tampoco nada al proceso productivo. También habría que comparar su eficacia relativa en relación a la asignación de mercado y tener en cuenta las vidas potenciales perdidas a la hora de valorar cuál de los dos sistemas debería ser el preferido.

Las inmatriculaciones

Desde hace unos años me llaman poderosamente la atención las insistentes denuncias de algunas asociaciones, los medios de comunicación que les jalean y los dirigentes del PSOE actual, que pastorean a todos ellos, contra las inmatriculaciones de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad por parte de la Iglesia Católica.

Los activistas mencionados sostienen que la curia eclesiástica habría usado un medio privilegiado de inmatricular fincas en el Registro de la propiedad, reservado para las distintas administraciones públicas y las personas jurídicas dependientes de la Iglesia Católica por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria[1] (en su redacción dada por el texto refundido de 8 de febrero de 1946 ) para, de forma sistemática, apropiarse de la propiedad de bienes inmuebles públicos que no le pertenecen, aunque mantenga la posesión.

En sus furibundas diatribas proclaman que, en cambio, a ellos solo les movería el interés por defender el patrimonio artístico del Estado, que, erróneamente, asimilan “al común” de los ciudadanos españoles[2]. Una de las versiones más hilarantes sostiene que todo respondería a una conspiración del gobierno de José María Aznar López y la jerarquía católica a fin de saciar la codicia de esta última.

Siguiendo esa pintoresca teoría, la reforma de la Ley Hipotecaria que promovió el gobierno en el año 1998[3], habría tenido como fuerza motriz facilitar esas supuestas apropiaciones indebidas. La confluencia de esta postrera reforma con las certificaciones previstas en el artículo 206 LH del texto aprobado en 1944 en tiempos de la dictadura del general Franco, habría surtido los efectos apetecidos por los sempiternos conspiradores.

Obsérvese que juntar de una tacada a tres de los grandes demonios de la cosmovisión del PSOE y sus allegados políticos, académicos y mediáticos en una operación desplegada a lo largo de más setenta años (¡!) es una superchería de dimensiones colosales, pero así están las cosas en la fábrica de mentiras y manipulaciones atrincherada en la calle Ferraz de Madrid.

No en vano el mantra continuó durante la XII legislatura. Antes de la moción de censura que llevó a su candidato a la presidencia del gobierno, el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados consiguió aprobar en abril de 2017 una proposición no de ley, en la que, asumiendo como realidad incontestable las sospechas lanzadas previamente por varias asociaciones ad hoc, se instó al Gobierno a elaborar un estudio en el que se recogieran todos los bienes que desde 1998 hasta 2015 se hubieran inmatriculado a favor de la Iglesia Católica, y procediera a reclamar la propiedad de los mismos, si dicha inmatriculación se hubiera realizado sin los requisitos legales necesarios o afectando a bienes públicos.

La ausencia del más mínimo rigor de estos planteamientos explota la ignorancia sobre cuestiones históricas y jurídico registrales relativamente complejas que aqueja al gran público. Es por esto por lo que resulta crucial  aclarar algunos puntos para atenerse a la verdad y desenmascarar la propaganda. El cambio de actitud en apenas diez años ante la inmatriculación en 2006 de la Catedral de Córdoba, conocida como Mezquita por conservar el salón de columnas con arcos de herradura del anterior templo musulmán, constituye una muestra inestimable de la mala fé y las malas artes de unos leguleyos con mucho poder.

Comencemos por recordar, no obstante, que, con antecedentes en las Contadurías de hipotecas, el modelo de Registro de la Propiedad vigente en España data de 1 de febrero de 1861[4], fecha en la que se aprobó la Ley Hipotecaria. Frente a un sistema como el alemán, que se decantó por el carácter constitutivo de la inscripción en un registro público para el reconocimiento de la transmisión del derecho de propiedad inmobiliaria y los demás derechos reales que la gravan, los legisladores liberales españoles del siglo XIX introdujeron una institución que se limitaría a dar publicidad, con inscripciones voluntarias, a los derechos previamente existentes, sobre la base del historial de la finca registral (no personal) y las variaciones que sobre ella fueran produciéndose, así como sus transmisiones.

El objetivo declarado en la exposición de motivos de esa Ley era ofrecer seguridad jurídica al tráfico inmobiliario, tradicionalmente falto de transparencia en lo que se refería a los derechos reales que gravaban la propiedad[5]. No obstante, según coinciden diversos historiadores del Derecho, la protección del tercero de buena fe que confía en lo que publica el Registro de la Propiedad se dirigió principalmente a asegurar la posición de los adquirentes de bienes desamortizados[6] que habían pertenecido a la Iglesia Católica, que el estado confiscó y que posteriormente subastó entre particulares, junto a gran parte de los bienes comunales.

El mecanismo de la LH que permite a ese tercero, adquirente inscrito de una determinada propiedad, eludir las posibles acciones contra su adquisición del dominio, se atribuye a la conveniencia de proteger a todos aquellos adjudicatarios de bienes desamortizados cuya posición podría debilitarse por un cambio legislativo o la propia postura de la Iglesia Católica de plantear litigios para recuperar bienes que se le habían incautado.

Para articular ese sistema desde el Estado se promovió el acceso de todas las fincas existentes en el territorio español al registro de la propiedad, al frente del cual un funcionario especializado se encargaría de velar que los títulos inscribibles guardaran unos requisitos formales. Generalmente que se declarasen por escritura pública autorizada por notario o por ejecutoria judicial.

Ahora bien, el sistema partía de la necesidad de la inmatriculación (aunque ese término no apareció hasta 1944) de cada finca, la cual solo se podría conseguir mediante un título traslativo del dominio que supondría, asimismo, la inscripción del dominio a favor del titular. De esta exigencia quedaron relevados aquéllos que hubieran adquirido sus propiedades antes del 1 de enero de 1863, quiénes podrían inscribir sus títulos en el Registro sin necesidad de que constara el dominio previamente inscrito a favor de sus transmitentes. Como excepción, la Ley permitió la inscripción de situaciones posesorias cuando el interesado carecía de un título exhibible.

No resulta nada sorprendente, pues, que durante muchos años una gran parte del tráfico inmobiliario se desenvolviera sin un reflejo registral. Dicho sea de paso, la exigencia anterior hacía casi imposible la inmatriculación de los bienes inmuebles pertenecientes a la Iglesia Católica, pues, como recordaban las leyes desamortizadoras que confiscaron una gran parte de su patrimonio durante el siglo XIX, se encontraban en “manos muertas” que no transmitían la propiedad, por más que la Iglesia pudiera ceder la explotación de sus bienes mediante diversos contratos.

Las sucesivas reformas de la Ley Hipotecaria tendieron a mitigar el rigor exigible para el acceso de las fincas al Registro de la Propiedad o, incluso, a solventar el problema de la interrupción del tracto sucesivo, esto es, la situación en la que los adquirentes del derecho de propiedad de una finca que había sido ya inmatriculada se abstenían de inscribir su derecho.

Ha de tenerse en cuenta, por otro lado, que el derecho civil español continuó la tradición romana del título (contrato no necesariamente escrito) y el modo (transmisión de la posesión) sin necesidad de inscripción registral, como forma usual de adquirir y transmitir la propiedad, además de la donación y la sucesión. Y que la usucapión romana, o adquisición de la propiedad y los demás derechos reales mediante la posesión continuada en concepto de dueño, incluso sin justo título ni buena fé, durante un cierto número de años, ha sido una institución común del derecho civil español desde el Fuero Juzgo del Reino Visigodo, las Partidas de Alfonso X el Sabio hasta llegar al Código Civil[7].

En ese contexto se aprobó la reforma de la Ley Hipotecaria de 1944-46 y su reglamento. Con el ánimo de fomentar la inmatriculación de fincas en los registros de la propiedad, amplió los mecanismos para ello, simplificando el expediente de dominio,    introduciendo el título público de adquisición y las actas de notoriedad, así como regulando las certificaciones administrativas o eclesiásticas de dominio. Estas últimas permitieron a la Iglesia Católica inscribir a nombre de sus diversas personas jurídicas bienes inmuebles de todo tipo, excepto los templos destinados al culto, sin que esto signifique que el Estado discutiera la titularidad de estos últimos.

Dicho todo lo anterior, el planteamiento de estos supuestos defensores del patrimonio histórico español (que no significa público) está completamente sesgado. El posible vicio de inconstitucionalidad del artículo 206 LH (mientras estuvo vigente) no debe hacer perder de vista que las inscripciones así conseguidas quedaban suspendidas de efectos respecto a terceros durante dos años – como en el resto de medios de inmatriculación- y que, en cualquier caso, ceden ante el ejercicio de acciones ante los tribunales por parte de quiénes demuestren su derecho, con independencia de lo que publique el Registro. En la práctica tanto el uso del título público de adquisición, como el expediente de dominio o el acta de notoriedad como título complementario para la inscripción podían (y pueden en los casos que se mantienen) utilizarse para inscripciones que no están justificadas, total o parcialmente, en la titularidad de un derecho previo.

Durante los últimos veinticinco años se han producido reformas de mucho más calado en la regulación del Registro de la Propiedad que han afectado a la relación de esta institución con los datos y los planos del Catastro; a su implicación en la ejecución y vigilancia de una actividad urbanística disparatadamente regulada o, más recientemente, la  desjudicialización de los expedientes de dominio para inscribir el dominio que, desde 2015, se tramitan ante un notario público.

Curiosamente, el informe remitido por el Ministerio de Relaciones con las Cortes al Congreso la semana pasada sobre los bienes que la Iglesia Católica inscribió desde 1998 hasta 2015, la mayoría templos, viene a reconocer que el examen de los presuntos excesos debe realizarse caso por caso. Sin embargo, dada la dependencia económica que mantiene la Iglesia Católica con el Estado, algo que plantea otro género de debate, no deben descartarse nuevas actuaciones del gobierno para intervenir su rico patrimonio inmobiliario.


[1] El Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos

[2] No se presenta la diferencia esencial, establecida en la ley de 1985, dentro de los bienes integrantes del patrimonio histórico español, entre los bienes de dominio público y patrimoniales de las administraciones públicas, de un lado, y los bienes de titularidad privada, de otra. 

[3] En realidad una reforma del Reglamento hipotecario, aprobado por el R.D 1867/1998, de 4 de septiembre, que se dirigía esencialmente al objetivo de hacer efectivo un Registro de la propiedad basado en datos catastrales, en cuya exposición de motivos se aludía a que “se suprime por inconstitucional la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico”

[4] Aunque la Ley entró en vigor dos años más tarde: el 1 de enero de 1863.

[5]  En esa exposición los legisladores asumían que las leyes hasta aquel momento vigentes “ni garantizan suficientemente la propiedad, ni ejercen saludable influencia en la prosperidad pública, ni asientan sobre sólidas bases el crédito territorial, ni dan actividad a la circulación de la riqueza, ni moderan el interés del dinero, ni facilitan su adquisición a los dueños de la propiedad inmueble, ni aseguran debidamente a los que sobre esta garantía prestan sus capitales.”

[6] Durante el siglo XIX las principales normas desamortizadoras de los bienes de la Iglesia fueron: El Real Decreto de 19 de febrero de 1836, dedicado a la desamortización de los bienes del clero regular, la Ley de 29 de julio do 1837, destinada a desamortizar los bienes del clero secular, la Ley de 2 de septiembre de 1841, que puso en pleno vigor a la de 1837, y la Ley general desamortizadora de 1 de mayo de 1855. Con la firma del Concordato de 1851, se reanudaron las relaciones entre Iglesia y Estado. A cambio de no pleitear con los compradores de bienes eclesiásticos desamortizados, la Iglesia consiguió, entre otras ventajas, el fin de la desamortización de su patrimonio ( Tomás y Valiente, Francisco: El marco político de la desamortización en España. Ed. Ariel Barcelona, 1977, pags. 103-106),

[7] El artículo 1959 del Código Civil establece que se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción determinada en el artículo 539.