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Censura estatal y de mercado

La suspensión de las cuentas de Donald Trump de Twitter y Facebook ha reavivado debates acerca de la censura. De este caso destaquemos lo siguiente:

(1) Trump difícilmente pueda ser culpado por incitación a la violencia (1).
(2) Las censuras de las Big Tech y muchos de los comentarios de apoyo a tales censuras pecan de incoherencia. A menudo se invocan valores liberales a modo de justificación, a la vez que se deja el libre curso a voces no liberales (2).
(3) Estas redes se han beneficiado de tenerlo a Trump como usuario, para luego suspenderlo cuando sabían que no iba a ser reelecto (3).
(4) No obstante ello, ninguna empresa está obligada a publicar o difundir un contenido determinado. La selección de unos contenidos siempre supone el descarte de otros (4).

J. S. Mill y la tradición estadounidense

El consenso general es que los Estados Unidos, con su Primera Enmienda y subsiguiente jurisprudencia, es la nación con mayor libertad de expresión (5). La tradición de libre expresión estadounidense está ligada a las ideas de J. S. Mill. En consonancia con las ideas de este pensador, diremos que esa tradición representa la vía a seguir. Debemos insistir en evitar la mano censuradora del Estado. Pero también hemos de comprender que la “censura” que aplica el libre mercado no es ninguna panacea.

En On Liberty, Mill argumentó sólidamente a favor de la libertad de expresión. En los primeros capítulos, Mill defiende la libre expresión de cualquier doctrina, sin importar cuán inmoral se la considere. La excepción a esta libertad es la “instigación positiva” directa a un acto dañoso inmediato. Para ilustrarla, Mill brinda un famoso ejemplo. En él, propone que la opinión de que los comerciantes de maíz hambrean a los pobres, o que la propiedad privada es robo, debería poder circular libremente en la prensa, pero es merecedora de castigo si es proclamada ante una turba enardecida frente a la casa de un comerciante de maíz (6).

Por otro lado, Mill sugiere una correlación directa entre más libertad de expresión y mayor consecución de la verdad. Intuitivamente, esto parece cierto, pero veamos algunos problemas con los que se puede enfrentar esta proposición.

El libre mercado no promueve la expresión de las mejores ideas

No recuerdo si fue Bertrand Russell el que alguna vez dijo que cuando se topaba con un artículo periodístico sobre su especialidad –matemáticas-, solía encontrar toda suerte de inexactitudes y falsedades, y que, por extrapolación, asumía que era probable que en los artículos sobre todos los demás temas en los que él no era experto también hubiera similar proporción de inexactitudes y falsedades. Al menos, sí dijo que no debería culparse a la prensa por su mala calidad, ya que es el público el que exige una prensa de mala calidad (7). 

La chanza de Russell ilustra una dificultad de la afirmación de Mill sobre la relación de la verdad con la libertad de expresión. Por un lado, cabe considerar cómo el sensacionalismo vende. Las ganancias que supone el impacto inmediato de una publicación pueden desplazar otras publicaciones valiosas (8). Por otro lado, un gran holding puede tener una o dos empresas exitosas que actúen como locomotoras comerciales, remolcando a otros canales comercialmente deficientes que se utilizan para difundir ideas marginales no representativas de la elección directa del mercado (9).

Lo que solemos ver y escuchar en los medios de comunicación masivos y redes sociales refleja los cánceres que padece la política de nuestro tiempo: el fanatismo y la intolerancia por un lado, y la cultura de la cancelación y la autocensura por otro. Los fanatismos más tradicionales se basan en la simple pertenencia a un colectivo. La procura constante de la corrección política también desemboca en fanatismo mediante la identificación de pertenencias a diversos colectivos (al punto que el lenguaje rápidamente alinea a las personas en grupos o facciones políticas). Desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a la aplicación de eufemismos tales como “discurso de odio” (hate speech), “bulo” (fake news), “desinformación” (misinformation), que casi siempre hacen las veces de meros ataques de descrédito sin argumentación que los sustenten.

La “censura” ejercida por la supervivencia del más apto en el libre mercado no nos salvaguarda de la tendencia a la sobresimplificación que suele llegar al punto de la tergiversación. El pensamiento crítico no es una empresa sencilla, y la abstracción es elusiva para la mayoría de los consumidores de medios y redes de comunicación. Este tipo de censura supuestamente deseable también suele ser lento para desenmarañar las prácticas engañosas o moralmente cuestionables que pueden darse de manera abusiva desde posiciones mediáticas dominantes.

¿Qué alternativa nos queda?

¿Hemos de resignarnos a la mediocridad imperante del debate público y a la habitual pobreza del intercambio de ideas? Sí y no.

Sí, porque no debemos pretender cambiar más de lo que podemos. La imposición de un modelo intervencionista a gran escala con la intención de garantizar libertades -pensemos en cláusulas, multas, otorgamiento de licencias, y demás burocracias estatales-, acaba teniendo el resultado opuesto. La diferencia entre la censura que pueden aplicar agentes privados y la censura impuesta desde el Estado es de capital importancia. No es lo mismo el caso de Trump con Facebook y Twitter, o el de la suspensión de Talk Radio en YouTube en el Reino Unido (10), que las regulaciones a internet del gobierno turco (11), o el tristísimo caso de Hong Kong y su cercenada libertad de expresión (12).

Y no, porque si atemperamos nuestras ambiciones, cada uno de nosotros podemos adoptar una actitud proactiva que se desarrolla en tres pasos:

1. Desconfiar. La desconfianza es la sana duda que debemos aplicar a cada cosa que leemos o escuchamos. En la comunicación mediática nos guiamos en cierta medida por indicios, pero más aún debemos procurar identificar contradicciones en los discursos.
2. Investigar. El análisis de cualquier proposición o argumento a menudo nos exige profundizar en el tema y acudir a otras fuentes. Los límites de tiempo, dinero y energía que cada individuo tiene condicionan este paso.
3. Producir. Declamar, publicar, denunciar, o simplemente replicar, luego de haber transitado los pasos anteriores.

El episodio de Trump con las redes sociales ha servido para que muchos vean más claramente los hilos y las hilachas de las Big Tech. Pero también ha vuelto a poner en el tapete el tema de la censura y nos ha refrescado las reglas de juego y los límites de la libertad de expresión. Es siempre preferible que el experto acalle a los charlatanes mediante argumentos en un foro libre, que con burdas apelaciones a la autoridad apalancadas en el colectivo de turno. A riesgo de exponernos a la expresión de una nueva barrabasada, aunque más no sea por principio, es mejor optar por sumar una voz más al debate de ideas. En palabras del propio Mill, “Si toda la humanidad menos una persona fuera de una misma opinión y sólo una persona fuera de opinión contraria, la humanidad no tendría más justificación de acallar a esa persona que la que tendría esa persona, si tuviera el poder, de acallar a la humanidad” (13).

Notas

(1) La jurisprudencia estadounidense previene los abusos de la apelación al argumento de incitación a la violencia (acción criminal inminente, [imminent lawless action]).

(2) Ejemplo de argumentación a favor del acallamiento de Trump invocando valores liberales: “Additionally, incitement to violence is a criminal offence in all liberal democratic orders.” “Yet, in all liberal democracies – even the United States which has the strongest free speech protection in the world – free speech has limits.” Cuentas de Twitter y Facebook de: Partido Comunista Chino (Twitter, Facebook) (que bloquea estos servicios en su país), Nicolás Maduro (Twitter, Facebook), Recep Tayyip Erdoğan (Twitter, Facebook).

(3) Ver: https://www.infobae.com/america/tecno/2021/01/16/borja-adsuara-hasta-que…

(4) La primera enmienda no se aplica a empresas privadas. Alberto Benegas Lynch (h) sostiene que “Cada medio o plataforma digital decide con su propiedad lo que piensa es mejor sin que nadie pueda torcer por la fuerza su decisión”. Y aquí la persuasiva sugerencia de Fernando Herrera de no interpretar el posible triunfo de Twitter como una falla de mercado.

(5) Un ejemplo de la diferencia en este sentido entre la UE y Estados Unidos.

(6) John Stuart Mill, On Liberty, (1859), p. 104.

(7) Bertrand Russell, Education and the Social Order, (1932), p,138.

(8) Así lo sugiere André Schiffrin respecto de los libros en The Business of Books.

(9) https://journals.openedition.org/lisa/5246, párrafo 17.

(10) https://www.engadget.com/youtube-closes-down-talkradio-channel-153058823…

(11) https://www.hrw.org/news/2020/12/19/turkey-youtube-precedent-threatens-f…

(12) https://www.dw.com/en/opinion-twitters-trump-ban-is-no-chinese-style-cen…

(13) John Stuart Mill, On Liberty, (1859), p. 30. “If all mankind minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind”

Democracia frente al radicalismo

Giovanni Sartori, teórico contemporáneo, dijo respecto de la democracia en sus Elementos de Teoría Política, uno de sus ensayos más descollantes: “Democracia es el procedimiento y/o el mecanismo que genera una poliarquía abierta cuya competición en el mercado electoral atribuye poder al pueblo, e impone específicamente la capacidad de respuesta de los elegidos frente a los electores”.

Se trata de una definición puntual que nos da una visión concreta acerca de aquello que genera tanto debate en nuestros días respecto de qué significa la democracia para los ciudadanos, cómo se materializa y en qué medida una democracia puede definirse cabalmente como una verdadera y real, más allá de los sarpullidos que a veces genera la dicotomía ficticia entre democracia representativa y democracia participativa que algunos teóricos de la demagogia se empecinan en manifestar en reiteradas ocasiones.

La democracia, según Sartori, es precisamente un escenario que permite la realidad de diferentes poderes en el Estado que desempeñan sus funciones según sus competencias, atribuciones y alcances. Esa realidad en la que convergen distintos actores políticos, diferentes unos a otros, permite la oportunidad de acuerdo; de cesión y pacto. Valores primigenios del parlamentarismo bien entendido.

En este escenario existe inevitablemente un debate intenso sobre las políticas públicas. Pero son, en primera instancia, los representantes políticos los encargados de canalizar las demandas para conseguir que se resuelvan en medidas concretas. Estas medidas han de estar respaldadas por un acuerdo en el cual no se desplace a las minorías y las mayorías no se traduzcan en imposiciones unilaterales y en muchos casos autoritarias; mayorías que sean la agrupación de distintas visiones y necesidades sobre lo que hay que hacer y cómo.

La política de bloques, la polarización, el discurso amigo-enemigo o la dictadura de la mayoría, forman el modo de entender la democracia por los neo-marxistas. Éstos se atribuyen un valor supremo y una moral extraordinaria para debatir cuestiones que se escapan por completo de sus corazones y sus mentes, aunque se empecinen en disfrazarse y demostrar lo contrario. A pesar de que la dialéctica y el griterío se han apoderado de la política en muchos países de las democracias occidentales y particularmente en España, debe existir un impulso para el debate real desde la académica y en la práctica institucional diaria donde el lenguaje liberal sobresalga para explicar y poner en evidencia que la libertad es una virtud muy dura de alcanzar y que sus resultados son más sublimes que la impostada igualdad absoluta.

En algo sí son expertos los sofistas de nuestro tiempo y es en transmitir un mensaje plagado de ambages y maximalismos para justificar un accionar radical. Pero es un mensaje impreciso, porque cuando la realidad es una parcela para ser interpretada al antojo de cada uno y según pretensiones individuales, perdemos de vista la objetividad de la historia. Y es eso, precisamente, lo que intentan hacer personajes como Rodríguez Zapatero, Pablo Iglesias o Iñigo Errejón: matizar la verdad para hacerla suya a costa de los hechos, aunque ello implique mentir de forma indiscriminada, a tiempo y a destiempo.

No obstante, la calidad de una democracia también se mide, entre otras cuestiones, por su capacidad de aceptar en su espacio político y en el debate a diversos actores, con ideologías distintas entre sí. El problema resulta cuando se confunde el principio de pluralismo político y se aceptan todas las ideas y todas las vertientes ideológicas amparándonos en el concepto de libertad y pluralismo y cuando no somos capaces de identificar la raíz y el fin último de los portavoces de estas ideas recicladas de forma torpe, pero sutil. También Sartori (Una Sociedad Multiétnica) hace una diferenciación entre pluralismo y multiculturalismo, definiendo al primero como un concepto democrático, con orígenes en la tolerancia democrática, mientras al multiculturalismo lo define como una idea de origen marxista; nacida en el neo-marxismo inglés.

Por supuesto, la democracia funciona bajo los conceptos de tolerancia y respeto al Estado de derecho, institución que garantiza el cumplimiento de la ley, pero no podemos perder de vista que algunos participantes del quehacer político, que llegan al poder y son parte de la responsabilidad en su ejercicio, tienen una tendencia rupturista. Un rupturismo no sólo nacionalista, cuyas consecuencias Europa conoce, sino con el concepto mismo de poder y en la práctica de la democracia.

Así, como en una democracia coexisten diferentes realidades, también los límites están dados para todos los participantes, sin excepción. Estos límites al poder que algunos no comprenden, por ignorancia o conveniencia, permiten su propia subsistencia. Si esos límites se rompen, sencillamente, no hay cabida para la libertad y la democracia.

El modelo rupturista/radical es el que defiende Pablo Iglesias, y lo hace cuando habla de la “democracia limitada” en lugar de los límites a la democracia porque en el fondo no es un hombre democrático, su formación y su visión del mundo no le permiten serlo y por ello no debe extrañarnos que vierta y tenga este tipo de respuestas, y su posición sea la de forzar el debate alrededor de lógica contraria a la democracia y el constitucionalismo con todo lo que ello implica. Lo que no podemos permitirnos es dejar pasar de largo su supuesta superioridad moral y sus mentiras porque el mensaje reiterativo, aunque se victimice frente a los poderes mediáticos siendo, al contrario, él el salvador de la patria con una poderosa cobertura, penetra hondo en la gente y en tiempos de crisis el mensaje más radical puede ser un remedio engañoso para las sociedades frustradas, un terreno deseado por los totalitarios.

Una crítica liberal a la ‘censura’ en las redes

Estos días ha habido discusión entre autores liberales sobre si era procedente -o no- criticar la actuación de determinadas redes sociales en relación con el cierre de la cuenta del Presidente de Estados Unidos, y muchos de sus seguidores, y, muchas veces, los argumentos no llegaban a todos los puntos esenciales de la cuestión.

Entiendo que, como dicen algunos, la libertad y la propiedad privada puedan considerarse derechos irrenunciables y que ello obligue a defenderlas incluso cuando los resultados no sean de nuestro agrado, pero de ahí a que sea el único criterio a tener en cuenta por un liberal y que lleve, además, a afirmar que las redes sociales privadas pueden limitar el contenido y las afirmaciones -incluso bloqueando cuentas de usuarios- cuando y donde quieran, va un abismo. Y es que, junto a la libertad y el derecho de propiedad, los liberales defienden otros principios -complementarios a esos dos- y que permiten que exista una dinámica en la vida social, como el de la libertad de pactos y que los pactos están para ser cumplidos (o “pacta sunt servanda”), sin los cuales, a pesar de la libertad y la propiedad, la vida social y el progreso serían imposibles.

En efecto, los pactos se establecen precisamente para modular y/o modificar el contenido y las implicaciones de los principios arriba señalados -de la libertad y de la propiedad-. Y por mucho que se diga, entre los usuarios de una red social y ésta se establecen, en mi opinión, una serie de derechos y obligaciones respectivos y recíprocos, a veces implícitos, pero no por ello inexistentes; y esos derechos y obligaciones no pueden ser alterados a placer y arbitrariamente por una sola de las partes, y menos cuando se hace de forma contraria a lo que se venía realizando hasta el momento.

El acceso y la utilización de una red social es, aparentemente, gratuito porque no se cobra directamente al usuario, sino a través de la publicidad o de la información que de él se obtiene. Pero me parece evidente que la elección de la red social, el deseo o la confianza de aparecer en ella frente a terceros, y el coste de oportunidad que supone para mucha gente dedicarle tiempo y esfuerzo a labrarse en su seno una red de contactos es claramente un coste que debe implicar, a mi modo de ver, una serie de obligaciones por parte de la entidad. Máxime cuando el éxito de la misma depende, precisamente, del efecto red, para el que es necesario que esté dada de alta en la misma el mayor número de personas. Al fin y el cabo, el usuario, con sus habilidades y reputación, consigue un beneficio para la red al conseguir unos seguidores que lo son también de aquélla. Es decir, el usuario que usa y disfruta de una red social, aunque sea “gratis”, sí está aportando algo a ésta y sí hace inversión (en tiempo, imagen y esfuerzo) de la que también se beneficia la red, que se lucra gracias a ello. Establece así un vínculo entre las partes en el que ambos aportan y reciben, en función de las expectativas que se generan según el comportamiento expreso y tácito de ambas. Al menos es una de las cuestiones que, creo, debería analizarse en profundidad ya que no se trata de un simple beneficio donado gratuitamente por la red al usuario, como parecen querer decir algunos; al contrario.

Si desde el primer momento la red social de turno manifiesta de manera expresa que no va a tolerar manifestaciones, opiniones o exposición hechos que perjudiquen o vayan en contra de un determinado partido político, o tendencia ideológica, el que quiera ser su usuario sabe a lo que se expone. Pero cambiar las reglas del juego, por sorpresa y sin posibilidad de oposición, sí sería una clara vulneración de los principios a los que me vengo refiriendo. Una decisión que deberían tener consecuencias jurídicas, también según los postulados liberales. Y creo que es uno de los puntos que habría que analizar con detalle en los casos que están ocurriendo, ya que el problema no es sólo de aquéllos cuya voz se calla, sino de otros muchos que dedicaron tiempo y esfuerzo a labrar una lista de gente a la que seguir para estar informados según sus gustos e inclinaciones. Personas que ven truncadas, arbitrariamente y sin aviso previo, sus expectativas. A lo mejor si lo hubiesen sabido un par de años antes (por afirmación expresa o por el comportamiento) se hubiesen hecho usuarios de otra red, que incluso podrían ser ahora de las mayoritarias.

Se trata, por tanto, de una cuestión mucho más compleja de lo que a primera vista pueda parecer. Una cuestión que depende de cómo se interprete la voluntad de las partes y de las expectativas razonables y de buena -o mala- fe creadas en el otro, los costes para ambos, el grado de satisfacción final de las mismas, su grado de exigibilidad y el margen para alterar las condiciones unilateralmente. EL asunto tiene una gran trascendencia social. Creo que a nadie ayuda que se solucione con análisis superficiales y simplistas.

Y todo ello sin olvidar, además, que no parece razonable que a la red social de turno no se le responsabilice del contenido que en ella aparece cuando ella misma activamente controla, limita, o fomenta según qué contenidos. Pero eso es otra cuestión.

La política de las turbas

El pasado 6 de enero, durante la sesión conjunta del Congreso y el Senado de los Estados Unidos en el Capitolio, que certificaría oficialmente a Joe Biden como presidente electo, una turba de partidarios de Donald Trump se dirigió hacia el edificio y lo asaltó sin, al principio, apenas oposición de las fuerzas de seguridad que lo custodiaban. Lo que siguió lo hemos visto anteriormente en otros momentos históricos, cuando la muchedumbre tomó al asalto un edificio, aunque con matices propios de la actualidad. Los representantes del pueblo estadounidense, incluido el vicepresidente Mike Pence, fueron evacuados, a la vez que los asaltantes se dedicaban a saquear y a hacerse fotos en diversos lugares emblemáticos del edificio, antes de que fueran reprimidos. Fue en ese momento en el que se produjeron cuatro muertes entre los asaltantes (la agonía de una de ellas fue grabada en directo por un móvil) y varios heridos graves, otro de los cuales, un policía, moriría más tarde (1).

No es este tema, las elecciones americanas, el que quiero tratar, sino la tranquilidad y la aceptación por parte de mucha gente del hecho de que una muchedumbre, una turba descontrolada y descontenta, con o sin razón, use la violencia para intentar conseguir un fin político. Es evidente que la manifestación, desde la pacífica a la violenta, no es un fenómeno nuevo. Desde la antigüedad clásica hasta la actualidad, las masas se han enfrentado con aquellos que han considerado culpables de sus males, y estos, si han tenido los medios, han reaccionado con fuerza para reprimirlas. Es a partir del siglo XIX cuando este modo de protesta se convierte en una herramienta política más habitual, termine o no de manera pacífica.

En la actualidad, la manifestación es un derecho en democracia, aunque esto podría ser discutible, ya que suele entrar en conflicto con otros derechos de personas que, ajenas a las razones de la convocatoria, se ven afectadas por los efectos colaterales. Muchas fuerzas políticas y sociales la usan dentro de sus estrategias de acción. Los objetivos que plantean o el grado de contundencia con el que se ejecutan son distintos para cada uno y, repito, puede hacerse de manera pacífica o, por el contrario, optar por el uso de la fuerza en algún momento, incluso combinar ambas estrategias. En regímenes totalitarios, las manifestaciones son, no pocas veces, la única manera de expresar el descontento, ya que las instituciones políticas están vetadas a los opositores e individualmente se puede correr peligro si se expresa con demasiada vehemencia el rechazo a las políticas gubernamentales, quedando un grupo suficientemente compacto y coordinado como un elemento más eficaz a la hora de reivindicar un cambio, a la vez que se pretende asustar al régimen. Desgraciadamente, estos regímenes no tienen reparos en usar una violencia excesiva para reprimir, a diferencia de las democracias, donde una violencia desmedida, real o ficticia, puede hacer caer gobiernos.

Los movimientos revolucionarios suelen optar por el uso violento de las masas, porque es coherente con su manera de hacer política. La naturaleza utópica de su movimiento impone la destrucción de todo lo que hay en busca de una sociedad nueva, de un hombre nuevo, así que no tienen reparos en destrozar lo que encuentran por delante (mobiliario, personas, edificios…), incluso a costa de muertes dentro de su movimiento, mártires que se muestran como el precio que hay que pagar. Algunos movimientos anarquistas también optan por esta variedad violenta . Por otra parte, las manifestaciones reivindicativas no tienen por qué tener una naturaleza violenta, pero durante décadas, se ha visto que los objetivos se consiguen mejor si se muestra un cierto nivel de intimidación, que si sólo se expone la reivindicación. No es habitual ver esas manifestaciones de personas con pancartas que daban vueltas a una manzana, dejando paso a los peatones, o que se concentraban en superficie mínima sin molestar. Por el contrario, las grandes marchas terminan colapsando ciudades, algunas veces durante días.

En las actuales democracias, la permanencia en el poder depende, cada vez más, de ciertas reivindicaciones ligadas al Estado de bienestar, en especial sobre educación, sanidad, pensiones, vivienda pública, transporte público, urbanismo, etc. Satisfacer estas y otras reivindicaciones supone votos y, desde hace unas décadas, prestigio e imagen pública. Las manifestaciones de determinados colectivos pueden ser favorables o adversas, así que se genera una serie de estrategias desde las partes en conflicto para controlarlas, liderando las que son favorables e intentando acallar las que no lo son. El uso y, en su caso, el control de los medios y las redes sociales es esencial, pues lo hace todo más efectivo (ya hemos visto que la “alianza” entre el Estado y las grandes empresas -media, tecnológicas, etc.- es esencial en estas estrategias desde el poder).

Las grandes manifestaciones en defensa de una idea, un fin solidario, social o medioambiental, son cada vez más frecuentes, hasta el punto de que se han convertido en razones para el turismo social. La crisis climática, la lucha contra la discriminación por raza o condición sexual, la búsqueda de la igualdad o la lucha contra la pobreza arrastra a miles de individuos de todo el mundo a una ciudad durante días, sólo para asistir a las reuniones públicas y a las manifestaciones. Todos los grupos, incluso los que forman parte del problema más que de la solución, quieren liderar y mostrarse al frente de los movimientos ciudadanos. Pensemos en la omnipresente crisis climática y los movimientos y reacciones que genera; las empresas que contaminan quieren ser las más verdes, las políticas públicas que los ignoraban hasta hace unos años son las más progresistas y las personas que antes se inhibían, ahora se unen a grupos (subvencionados la mayoría) o incluso acuden a título personal, preocupados por algo que, no pocas veces, tampoco es que lleguen a entender. Liderar o formar parte de estas manifestaciones es una imagen impagable para los propósitos de algunos.

A algunos grupos políticos y sociales más extremos, más radicales, puede interesarles tener ‘turbas profesionales’ a las que dar objetivos, todo de una manera oficiosa, nada escrito ni demostrable. Algunas veces no es necesario decir nada a nadie. Ya saben qué hacer y qué grado de violencia hay que aplicar. De estos salen los “rodea el Congreso”, los que asaltan edificios e incluso los ‘okupan’, los que buscan a personas para acosarlas, los que ‘escrachean’ por la mañana y se lanzan a una pacífica reivindicación por la tarde que termina en destrozos en coches, comercios, mobiliario público, etc. Esta es otra manera que tienen de decir que la sociedad ha hablado y está enfadada. Todo está bien si se avanza en la línea que consideran adecuada. Todo apesta a utilitarismo.

Se han generalizado las manifestaciones y se han obviado los daños colaterales que suponen, desde los muertos a los desperfectos en las propiedades, en el mobiliario público o las simples molestias que crean a los ciudadanos, como si las necesidades de estos fueran intrascendentes ante sus grandes reivindicaciones, a la vez que ignoramos que algunas de estas grandes causas están acabando con -estos sí- derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, siendo esto horrible, no es lo peor.

Caminando a la vera de políticos y políticas populistas, estamos enseñando a las generaciones actuales y a las futuras que, cuando quieran algo, ya sea en materia social o política, incluso a nivel personal, lo adecuado es la manifestación, la protesta pública, incluso la turba descontrolada, porque si la acción es lo suficientemente violenta, el que lo tenga que proporcionar se doblegará, o al menos parecerá que lo hace. Mostramos, de esta manera, que todo es una cuestión de voluntad política, es el famoso triunfo de la voluntad que se hizo famoso en la década de los 30, que no hay límites, sino seres malvados que impiden que nos realicemos. El populismo político va acompañado de populismo social, que reduce el poder de las instituciones y eleva el de las muchedumbres. Estamos creando una sociedad donde los más radicales tienen en todo las de ganar, porque son los que más ruido pueden hacer. Este es un fenómeno que les ocurre a partidos de izquierda, de derecha o de centro, a sindicatos o a organismos de la sociedad civil, pues tiene que ver con la radicalidad de los que se expresan, no de las ideas en sí mismas. El declive de ciertas instituciones políticas y sociales no está dando lugar a otras más eficientes, sino al poder del grupo. No sé si hay causalidad o casualidad entre el auge del populismo y el incremento de las manifestaciones, las algaradas y los disturbios, pero me inclino por lo primero.

El caso Twitter (o por qué seguir defendiendo el libre mercado aunque sea con la nariz tapada)

Hay que reconocer que las Big Tech (Google, Amazon, Apple, Facebook, y también Twitter) nos lo están poniendo difícil a quienes creemos que no hay que regularles, incluso a los que creemos tal con base en la teoría económica, que es tan ciencia como la física, aunque utilice otro paradigma. No es de extrañar que cada vez sean menos quienes defienden la libertad de mercado también para estos agentes.

El último episodio lo estamos viviendo esta semana, desde los infaustos episodios en torno al Capitolio de Washington, que culminaron con la suspensión de las cuentas de Donald Trump tanto en Facebook como en Twitter. A raíz de ello, muchos usuarios de las citadas plataformas decidieron migrar a otras plataformas alternativas, en concreto a una llamada Parler, con funcionalidad similar a la que proporciona Twitter.

Y entonces se encontraron con que tanto Google como Apple la excluían de sus respectivas “app stores” (tiendas de Apps), dificultando por tanto la descarga de la misma en los móviles. El golpe de gracia, no obstante, llegó cuando Amazon decidió suspender su actividad en la plataforma de “hosting” Amazon Wholesale Services, por lo que los usuarios que, pese a los obstáculos de Apple y Google, se habían instalado Parler en su móvil, se encontraron con que no funcionaba.

Si alguien tenía dudas sobre el poder omnímodo de las plataformas para influir en nuestras vidas, las había visto despejadas todas de golpe. En primer lugar, pueden bloquear las opiniones que les incomoden a su antojo; en segundo lugar, se pueden cargar los negocios que quieran de la noche a la mañana, con más razón aquellos que les supongan una amenaza competitiva. Justo lo que venían denunciando los defensores de la regulación de estas plataformas.

Mucha gente se apresuró a concluir que la teoría económica, ni siquiera la buena, (o sea, la de la escuela austriaca), no vale, pues este fenómeno de las grandes plataformas no existía cuando dicha teoría económica se desarrolló. Bueno, muchos de los fenómenos que hemos vivido en el siglo XX y XXI no existían cuando se hicieron los desarrollos básicos de la teoría económica austriaca, y sin embargo esta ha mantenido su validez para todos ellos. ¿Será esto de las Big Tech un caso excepcional? ¿Habrá que redefinir la teoría económica para saber qué hacer con ellos?

He de decir que en esto los economistas mainstream llevan ya unos cuantos años con muy magros resultados. Lo único que han sido capaces de concluir es que las Big Tech tienen un gran poder de mercado basado en las enormes economías de red (1) que generan, a su vez construidas, en parte, por los datos que almacenan de sus clientes. Pero una vez realizado el diagnóstico, no son capaces de determinar si la regulación de estos negocios mejoraría o empeoraría el bienestar social, ni tampoco qué forma de regulación sería efectiva.

Porque esa y no otra es la pregunta que hay que responder. ¿Hasta qué punto mejoraría la situación de la sociedad si estas plataformas se regularan?

El caso que nos ocupa es una oportunidad única precisamente para contrastar la teoría económica. En esencia, esta nos dice que lo óptimo para el bienestar social es que el mercado no esté intervenido (por ejemplo, que no se regulen los precios o se impida la entrada con barreras legales). Sin embargo, a la vista de lo sucedido, se puede sospechar legítimamente que el mercado tiene algún fallo y que, por tanto, debería realizarse algún tipo de intervención desde el Gobierno para solucionarlo.

Centremos el caso en Twitter. Esta plataforma es bien conocida, y tiene cientos de millones de usuarios, es líder absoluto en su mercado. Se puede argumentar que ninguno de sus clientes puede tener acceso a tantos usuarios en ninguna otra plataforma y que, por tanto, si Twitter cierra una cuenta, imposibilita en la práctica la difusión de las opiniones del usuario bloqueado, causándole un gran perjuicio y poniendo en riesgo la libertad de expresión. El “fallo de mercado” provendría de las citadas economías de red, que hacen únicamente viable una plataforma ya que todo el mundo encuentra más valor conectándose a Twitter que a ninguna otra alternativa, lo que a su vez hace que tenga más valor aún. En conclusión, el mercado no funciona y es necesario regular a Twitter para que no ejerza el poder que le hemos visto impunemente ejercer.

Pero, ¿realmente es esto así? Lo que estamos viendo es que el mercado funciona y parece ir dando respuestas a los problemas que ha creado Twitter. Hemos visto a usuarios buscando alternativas y encontrándolas. Además, cualquiera de esos usuarios insatisfechos puede aprovechar esta ocasión para montar su servicio y su plataforma, puesto que nadie se lo prohíbe, no hay barreras legales de entrada a la actividad que hace Twitter. Hombre, yo no digo que sea fácil competir con Twitter, porque mucho de lo que hace lo hace bien, pero si ha dejado un hueco, por ahí se podrá colar algún competidor, algo que hasta ahora parecía casi imposible.

Otra ilustración de que el mercado parece funcionar es la evolución del precio de las acciones de Twitter en la bolsa americana. El día después de su golpe de mano cayó un 5%, y el martes un 2,4%. Esto se puede interpretar, no digo que así sea, como que los inversores anticipaban una pérdida de clientes de Twitter (aunque también puede ser que lo que anticipen sea regulación en el mercado, u otra cosa que no tenga nada que ver). Si ello se produce, no hay que olvidar las economías de red, que juegan en espiral en los dos sentidos, no solo en el de captar clientes (2). También te pueden llevar a la ruina de la noche a la mañana.

Pero, ojo, también podría ser que nada de esto esté pasando. O sea, que Twitter haya perdido algún usuario, pero no le afecte para nada a su negocio. ¿Estamos entonces ante el temido “fallo de mercado”? Pues tampoco me atrevería a decirlo.

El supuesto poder de mercado de Twitter, esas economías de red, no es algo que Twitter pueda imponer a la gente. Es más bien al contrario, Twitter lo que está haciendo es atender efectivamente una demanda de los individuos, que valoran más estar conectados (potencialmente) todos con todos que otras alternativas. Esto es, las llamadas economías de red surgen precisamente de las preferencias de los individuos, no son algo objetivo presente en el mundo. Si mañana la gente opta por hablar solo con gente de su vecindario porque lo demás le parece un rollo y le hace perder el tiempo, Twitter y las redes sociales perderán mucho de su valor y tendrán que reconvertirse o desaparecer.

Aunque el silenciamiento de Trump en Twitter pueda parecer escandaloso a mucha gente y por ello piensen que hay un fallo de mercado si no se hunde Twitter, lo cierto es que puede que haya otros muchos grupos de usuarios en Twitter que no están motivados políticamente, y que quizá estén muy satisfechos con el servicio que reciben. ¿Y si estos grupos son mayoría? ¿Y si lo que pasa es que, por mucho que así lo crean políticos y periodistas, y por mucho que los “Trending Topics” sean casi siempre sobre política, resulta que en Twitter hay muchas otras cosas que no lo son? Entonces puede estar generando gran valor para lo sociedad con independencia de haber censurado a un protagonista político, por muy prominente que éste sea.

¿Qué podemos concluir de todo esto? Nada que no supiéramos: que la evidencia histórica (esto es, lo que ocurre estos días y ocurra en el futuro) no permite refutar ni validar la teoría económica. Pase lo que pase, la teoría económica seguirá siendo válida, también para las Big Tech, porque no hay nada de lo que hacen que altere la base de la misma, que no es otra que la acción humana.

Así pues, desde el punto de vista del bienestar social y de eficiencia de los mercados, lo óptimo seguirá siendo que no se les regule, porque solo de esa forma se podrán orientar de la mejor forma a las preferencias de los usuarios. Y esto se cumplirá si las preferencias de los usuarios exigen que haya libertad de expresión en la plataforma, o si les importa un pimiento que ésta exista. Si es lo primero, Twitter tendrá que adaptarse o morir; si es lo segundo, aflora una oportunidad de negocio para quien ofrezca tal libertad en su plataforma, aunque no podrá aspirar a la dimensión de Twitter ni quizá tenga viabilidad.

Pero, en todo caso, que sean las preferencias de los usuarios las que manden, por favor, no las de los políticos.

(1) Las economías de red se producen cuando la gente valora el uso de un servicio en función del número de usuarios del mismo. Por ejemplo, uno valora más conectarse a una red telefónica en la que puede llamar a mucha gente, que en la que puede llamar a poca. En el caso de las Big Tech hay que añadir que también se producen economías de red indirectas, esto es, hay diversos grupos de usuarios, y los usuarios de cada uno de los distintos grupos valoran más el servicio si hay más gente en los restantes grupos. Por ejemplo, en una plataforma de contratación de hoteles, los usuarios de hoteles valoran más la aplicación si hay muchos hoteles disponibles, y los hoteles la valorarán más si hay muchos usuarios particulares.

(2) Que se lo digan a Telegram, aplicaciones de mensajería similar a WhatsApp, que ha conseguido 25 millones de usuarios en tres días tras la actuación de Facebook-

Bitcoin, leyes y cypherpunk

El mes pasado el profesor Bastos escribió un excelente artículo sobre el papel de la informática en la lucha por la libertad, y de forma más concreta el papel que juegan y han jugado los cypherpunks tanto en el ámbito teórico como práctico.

Como muy bien señala el profesor, una de las primeras e importantísimas batallas fue la que se libró a finales del siglo pasado en Estados Unidos conocida popularmente como crypto wars.  Cabe destacar el caso Bernstein contra los Estados Unidos, en el que el matemático y criptógrafo Daniel J. Bernstein logró que los tribunales calificaran como inconstitucionales las regulaciones que hasta entonces clasificaban los algoritmos criptográficos como armas que debían ser reguladas igual que las bombas o los lanzallamas.  Los tribunales sentenciaron que el software es una forma de libertad de expresión y que por tanto estaba protegido por la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos.

También se ganaron batallas contra las restrictivas leyes de exportación de software y dispositivos criptográficos, y gracias a esas victorias hoy día podemos disfrutar de esta tecnología fuera de los Estados Unidos.   Esto incluye a Bitcoin, pues quien lo inventó tuvo muchísimo cuidado de emplear algoritmos estándar y también libres de cualquier tipo de restricción legal, ya fueran regulaciones genéricas o patentes.

En la última parte de su artículo el profesor Bastos destaca la importancia de una de las consignas más importantes de los cypherpunks, que es sustituir leyes por software. Indica que si bien los contratos inteligentes en general son una forma interesantísima de avanzar en dicha sustitución, tiene sus limitaciones por ser poco flexibles. Yo estoy de acuerdo, y por esa falta de flexibilidad no está siendo nada fácil sacar la idea adelante,excepto para un tipo de contrato que a la vista de los hechos parece haber sido sustituido con bastante éxito en el caso muy específico de los bienes digitales.  Y se trata del contrato de propiedad, es decir, la posibilidad de tener el control exclusivo de cosas sin necesidad de recurrir a ninguna infraestructura legal ni intermediario.

En una economía moderna es crucial poder transmitir valor a distancia. Hasta el dia de hoy la única manera de controlar y transmitir valor de manera eficaz ha sido mediante derechos de propiedad (contrato de guarda y custodia) o derechos de crédito.  Con la invención de Bitcoin, controlar y transmitir valor requiere únicamente del conocimiento de una clave.

Los problemas de los contratos de custodia y de crédito son básicamente dos. En primer lugar están centralizados en el custodio o deudor, lo cual les habilita para limitar o censurar su uso. En segundo lugar y en estrecha relación con lo primero, los Estados tienen “secuestrada” la Ley (con mayúsculas) y la han sustituido por una maraña legislativa de decretos y mandatos, tal y como explica magníficamente el profesor Huerta de Soto en este breve vídeo, esto habilita al Estado a condicionar o incluso a saltarse los contratos llegando hasta el punto de robar impunemente el elemento custodiado, como ha pasado una y otra vez con el oro a lo largo de la historia, o a impagar sus deudas representadas por monedas estatales de manera directa o indirecta vía inflación, cosa que no es que suceda a menudo, es que acaba sucediendo siempre con las monedas estatales, es cuestión de tiempo.

¿A dónde quiero llegar con lo anterior?  Pues a que los medios de cambio y el dinero que hemos venido usando hasta ahora no son seguros.  Ni siquiera en los tiempos del oro físico, cuando los españoles se lo robábamos a los aztecas y los piratas ingleses nos los robaban cuando lo traíamos a España, ejemplo que a menudo utiliza Nick Szabo, que fue quien propuso a finales de los años 90 el sistema BitGold, del que Bitcoin es su directísimo heredero.  De hecho se diferencian muy pocos detalles como en la falta de homogeneidad o fungibilidad de las unidades de BitGold, lo cual era poco práctico. Por tanto, si queremos saber cuales son los fundamentos que llevaron a la invención de Bitcoin, el también cypherpunk Nick Szabo es una interesantísima fuente. Formado tanto en ciencias de la computación como en leyes, dedicó muchos años a estudiar la historia del dinero y los medios de cambio, y una de sus conclusiones fundamentales es que el dinero que hemos venido usando hasta ahora no es seguro tal y como explicó en una entrevista de 2019:

“Una de las cosas interesantes de las criptomonedas, es que comenzamos por la seguridad, reinventamos el dinero desde cero.  En lugar de adoptar el enfoque de los economistas en el sentido de ir alterando la oferta monetaria o que vamos a tener nuestro propio banco para emitir dinero a nuestra manera, es un enfoque totalmente nuevo.  Comienza con la seguridad y se centra principalmente en la seguridad, y eso es lo que lo hace que, por ejemplo, funcione muy bien a nivel global, no depende de Estados Nación ni de leyes o cosas parecidas.” (Traducción libre del texto original)

Bitcoin es un potencial activo de reserva de valor, y quizá más adelante un candidato a dinero, diseñado a prueba de los amigos de lo ajeno, ya sean cacos de poca monta o sofisticados Estados Nación.  Resuelve las vulnerabilidades del contrato de propiedad sustituyéndolo por software. Es, claramente, esa “astuta introducción” que apuntaba Hayek como única vía para quitarle el dinero de las manos al Estado:

“No creo que volvamos a tener un buen dinero hasta que se lo quitemos al Gobierno de las manos, es decir, no podemos quitárselo violentamente, todo lo que podemos hacer es introducirlo astutamente de tal forma que no lo puedan parar.”

F.A. Hayek, 1984

Los efectos socioeconómicos del multiculturalismo

Hace algunos meses, publiqué en esta misma columna un artículo repasando la principal literatura económica sobre inmigración y exponiendo sus conclusiones. El artículo venía a demostrar, a través de la evidencia empírica, los enormes efectos económicos positivos de la inmigración a través de ejemplos de multitud de papers que estudiaban una amplia variedad de países y regiones.

En RRSS dicho artículo recibió amplias críticas desde cierto sector de la derecha, centrándose la crítica más sonada en el hecho de que mi escrito no prestara atención a los efectos socioculturales de la multiculturalidad como fenómeno adyacente de la inmigración, a la par del hecho de no estudiar/analizar los efectos de dichas disparidades culturales sobre la economía y la cohesión social.

Pues bien, me pareció un reto interesante el que aquellos diestros me proponían y fue por ello por lo que, en algunos espacios de mi tiempo libre, me dispuse a bucear en algunos journals económicos e incluso específicos sobre la cuestión de la inmigración para obtener respuesta a las preguntas de algunos de mis más fervientes críticos. Por ello, en la columna de este mes me dispongo a diseccionar el tema de los efectos socioeconómicos de la multiculturalidad diseccionándolo en diversos apartados.

Cohesión social

En primer lugar, analizaré el efecto puramente económico de la multiculturalidad -entendida como diversidad de etnias procedentes de terceros países en un único país receptor-, para tras ello pasar a estudiar el efecto de dicha multiculturalidad sobre la cohesión social. Finalmente, analizaré un aspecto que me resulta muy interesante, que es la percepción y opinión pública sobre la inmigración en diversos países y como está (o no) relacionada con las dos variables anteriormente introducidas. Para todo ello, se hará un amplio repaso de diversa literatura de ciencias sociales -ya que no todos los papers citados en este caso son competencia exclusiva de economistas- y se aportará evidencia cuantitativa para lo afirmado siempre que esta se halle disponible.

La multiculturalidad entendida como un elevado grado de diversidad étnica generada por un influjo migratorio es un fenómeno relativamente moderno que ha derivado principalmente del proceso de apertura y globalización posterior a la década de 1980, que favoreció gradualmente un mayor movimiento de bienes, servicios, capitales y personas. La multiculturalidad por su parte ha generado una amplia diversidad lingüística y religiosa, teniendo relevantes efectos sociales y económicos, como un aumento de la productividad o los niveles de innovación, a la par que ciertas reacciones populares contrarias a dicha diversidad religiosa, étnica o lingüística, generando marcadas tensiones sociales en algunos países, azuzadas a su vez por algunos políticos.

Efectos económicos

En primer lugar, para estudiar los efectos de la multiculturalidad sobre la economía, deberíamos estudiar aquellos países con mayor diversidad cultural y étnica generada por un mayor influjo migratorio, y las consecuencias de estas sobre la economía. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es si elevados niveles de diversidad étnico-cultural generan algún efecto económico directo.

La respuesta es sí. Los profesores Ozgen, Nijkamp y Poot (2012), demuestran la existencia de una fuerte relación entre diversidad cultural y étnica junto con mayores niveles de innovación, creatividad y productividad. Su estudio señala que existen amplios beneficios de la multiculturalidad sobre la creatividad, la innovación y la productividad.

Atracción de talento

Es más, un estudio que se centra en los EE.UU., como es el caso del realizado por Richard Florida en su libro The Rise of the Creative Class (2002) encuentra que aquellas áreas más abiertas a la multiculturalidad y más tolerantes con la diversidad étnica, muestran mayores niveles de atracción de talento (aislando el resto de factores y descontando sus efectos) y mayores niveles de innovación. Las principales conclusiones del citado estudio son que las regiones de EE.UU. presentan una alta proporción de crecimiento económico generado por la diversidad cultural, a través de incrementos en los niveles de innovación y productividad.

En segundo lugar, muestra que una mayor tolerancia a la diversidad étnica atrae individuos y empresas más creativos, y, finalmente, que la multiculturalidad juega un papel decisivo para la innovación en determinados sectores, como es el caso del tecnológico. Todo ello se debe, según los autores, a una mayor facilidad a la hora de construir redes comunitarias de cooperación social y a la mayor facilidad y flexibilidad a la hora de movilizar y explotar recursos disponibles.

Innovación

En el anterior paper,de Ozgen et al. (2012) titulado Immigration and innovation in European regions, se realiza el mismo análisis que el efectuado por el profesor Florida, pero para 12 países europeos. Estudia si existe causalidad entre una mayor diversidad cultural y étnica y mayores niveles de innovación y productividad. El estudio concluye que los niveles de innovación se encuentran correlacionados positivamente con los niveles de diversidad cultural y étnica de los países europeos analizados, por lo que hay causalidad entre ambas variables. Es decir, que una mayor diversidad cultural conduce a mayores niveles de innovación.

Asimismo, en dicho estudio se pone de relieve el hecho de que una mayor diversidad étnico-cultural conlleva mayores niveles de demanda agregada de bienes y servicios, a la par que, a un crecimiento sostenido del stock de capital de la economía, de modo que los mayores niveles de innovación actúan como incentivos directos para la inversión. Los autores concluyen afirmando que la mezcolanza de ideas y culturas es un factor determinante para la innovación y la creatividad empresarial.

Productividad

Por otro lado, Bellini et al. (2008), analizan también el caso de los países europeos y la relación existente en ellos entre diversidad cultural y productividad, llegando a una conclusión muy similar a la del estudio anteriormente citado. Una de las conclusiones principales es que el multiculturalismo no genera únicamente un aumento de la productividad al disparar los niveles de innovación, sino que, asimismo tiene un efecto muy positivo sobre los niveles de producción y consumo, generando externalidades positivas sobre la productividad de la población nativa. Estos autores reiteran la existencia de correlación positiva y causalidad entre los niveles de diversidad étnico-cultural y la productividad de la economía.

Otros papers, como es el caso de Ethnic Diversity and Economic Performance de Alesina y La Ferrara (2004), se centra en estudiar los costes económicos derivados de la inmigración procedente de países con diferencias culturales, es decir, aquellos que generan mayor heterogeneidad étnica a través de sus flujos migratorios. El punto central del estudio es si cuando el nivel de heterogeneidad y fragmentación étnico-cultural es elevado en una sociedad existen trade offs relevantes entre la diversidad y la provisión de servicios públicos por un aumento de costes. El estudio se centra principalmente en EEUU y concluye que sí existen ciertos costes a destacar, como una reducción en los niveles de eficiencia de los servicios públicos al igual que una menor confianza ciudadana en la redistribución de ingresos y el Estado del Bienestar.

Más cohesión social

Es cierto que, por varios factores, la heterogeneidad cultural y étnica en determinados momentos puede conllevar a elevadas tensiones sociales. Ser ciudadano de un determinado país implica aceptar un mínimo de valores y prácticas culturales de dicha nación, y cuando este principio se quebranta, inevitablemente surgen problemas de integración y equidad social. También es cierto que recientemente algunos valores occidentales se han visto tensionados por dicha heterogeneidad étnico-cultural, trasladando las tensiones sociales a la política, generando contrapesos a la captación de poder mediático y político por parte de dichas minorías.

En este escenario, ciertos movimientos y partidos políticos han aprovechado para espolear el enfado causado por cierta sensación de inseguridad en los ciudadanos, culminando en reacciones políticas de carácter excluyente y xenófobo. Por lo tanto, es necesario analizar qué elementos han contribuido a que ciertas minorías se sientan menos incluidas entre la ciudadanía o directamente incluso rechacen adaptarse a los valores comunitarios de la nación.

Un caso que ha sido ampliamente estudiado y para el que Reitz y Bannerjee (2007) han recopilado y analizado multitud de datos, es el de Canadá. Canadá es un claro ejemplo de sociedad multicultural y étnicamente diversa, ya que prácticamente un 25% de sus ciudadanos son de origen extranjero, frente 10,71% de España o el 12% de países como Francia.

Canadá

Es más, en algunas ciudades canadienses, como es el caso de Toronto, cerca del 45% de sus ciudadanos son de origen extranjero, lo que ha llevado a construir una sociedad ampliamente multicultural y donde la diversidad es la norma. Los autores citados, por el contrario, encuentran mayores desigualdades de raíz étnica y mayores problemas de integración recientemente, lo que en muchos casos ha conllevado a menores tasas de empleo entre la población extranjera o incluso a reducciones del nivel de ingresos de los inmigrantes recientemente llegados a Canadá en contraste con aquellos que llegaron anteriormente, aislando el resto de los factores.

Si analizamos los datos del conjunto de inmigrantes trabajadores en Canadá, observamos que, en 1981, el salario de estos era el equivalente al 80% del salario medio de los trabajadores nacionales, mientras que en 1996 había descendido a un 60%. Lo más llamativo es que esto se produjo a pesar de mayores niveles educativos a todas las edades de la población inmigrante. Es decir, aún con mayores niveles de educación, la población inmigrante redujo sus ingresos respecto de la población nativa de manera llamativa. Los autores señalan que esto se puede deber a una menor integración de los inmigrantes en la comunidad canadiense, pero no señalan que esto sea culpa suya, lo que abre la vía de que pueda haber sucedido también (aunque no en su totalidad) por una menor aceptación de la población inmigrante por parte de la población nativa.

¿Cómo ven el fenómeno migratorio en diferentes países?

Existe una gran variación respecto a las diferentes actitudes públicas en cuánto a la inmigración en diferentes países. Hay países que tienen una visión muy positiva de la inmigración como es el caso de Australia o Canadá, donde cerca del 25% de su población quiere aumentar los niveles de inmigración, según un paper de Jack Jedwab (2008). Por otro lado, en los países europeos, la aceptación de la inmigración tiende a ser menor, con menos de un 10% de la población expresando su deseo de mayores flujos migratorios. En Suiza, en cambio, cerca del 76% de la población expresaba su convencimiento de que la inmigración es positiva para el progreso del país.

Estos datos reflejan el hecho de que en muchos países hayan surgido en las más recientes décadas actitudes sociopolíticas contrarias a la inmigración, que han conllevado incluso a episodios de marginación y exclusión de ciertas minorías étnicas, contribuyendo a una mayor tensión social y política con respecto a este asunto.

Movilidad social

En multitud de casos, tal y como han mostrado Tasan-Kok et al. (2014) dicha marginalización está estrechamente relacionada con reducida movilidad social, que conduce a bajos niveles de confianza en el sistema político y económico y finalmente a un proceso de radicalización política y mayor polarización y tensión social. Bramadat (2009) por su parte, señala que los conflictos religiosos son una de las principales cuestiones de segregación cultural y étnica, sobre todo en países de carácter pre-moderno e iliberal.

En conclusión, y tal y como indica la evidencia extraída de la literatura especializada, la diversidad cultural contribuye a fomentar la innovación y a incentivar mayores niveles de productividad en la economía. Asimismo, elevados niveles de diversidad étnico-cultural unidos a problemas de integración para los inmigrantes podrían generar brechas en la cohesión social y conducir a mayores niveles de tensión sociopolítica. Las sociedades modernas deben buscar la diversidad para lograr un mayor progreso.

Bibliografía

Ozgen, C., P. Nijkamp, and J. Poot. “Immigration and innovation in European regions.” In: Nijkamp, P., J. Poot, and M. Sahin (eds). Migration Impact Assessment: New Horizons. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2012; pp. 261–298.

Florida, R. The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books, 2002

Bellini, E., G. Ottaviano, D. Pinelli, and G. Prarolo. Cultural Diversity and Economic Performance: Evidence from European Regions. Hamburg Institute of International Economics Working Paper No. 3–14, 2008.

Alesina, A., and E. La Ferrara. Ethnic Diversity and Economic Performance. NBER Working Paper No. 10313, 2004.

Reitz, J. G., and R. Bannerjee. “Racial inequality, social cohesion and policy issues in Canada.” In: Banting, K., T. J. Courchene, and F. L. Seidle (eds). Belonging? Diversity, Recognition and Shared Citizenship in Canada. Montreal: Institute for Research on Public Policy, 2007

Jedwab, J. “Receiving and giving: How does the Canadian public feel about immigration and integration?” In: Biles, J., M. Berstein, and T. Aiken (eds). Immigration and Integration in Canada in the Twenty-First Century. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2008.

Tasan-Kok, T., R. van Kempen, M. Raco, and G. Bolt. Towards Hyper-Diversified European Cities: A Critical Literature Review. Utrecht: Utrecht University, 2014.

Bramadat, P. “Religious diversity and international migration: National and global dimensions.” In: Bramadat, P., and M. Koenig (eds). International Migration and the Governance of Religious Diversity. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2009.

Una solución libertaria al nefasto sistema penitenciario actual

Entre los muchas servicios ilegítimos, injustos y deplorables que proveen coercitivamente los políticos y funcionarios a través del Estado, uno de los peores es el sistema penitenciario moderno en países occidentales. Varía de país a país la calidad y duración de la estancia en la cárcel al igual que cuánto se asegura tu integridad física, pero la lógica sigue siendo la misma: incumples una norma que te ha impuesto el Estado y tú no has aceptado y dependiendo de la severidad arbitrariamente adjudicada a esa norma puedes acabar entre rejas. El Estado podría preguntarte cada vez si aceptas cada nueva ley para que hubiese consentimiento de los gobernados. Incluso podría preguntar si aceptas todo el aparato estatal incluyendo una casilla en tu próxima declaración de la renta preguntando si te quieres dar de baja de la Agencia Tributaria a cambio de dejar de usar los servicios estatales salvo los ya devengados.

El Estado no tiene ninguna excusa para imponer las normas sobre ti. Lo que tiene es la pretensión del monopolio de la fuerza, que ejerce para saquearte, imponerte sus normas y en caso de negarte, enviarte a prisión en última instancia. La cárcel es la representación máxima del Estado; es un lugar cruel donde se te despoja de toda individualidad para quebrarte, someterte y conseguir que te subyugues a sus programas de rehabilitación y transformación en un buen ciudadano—un ciudadano que no moleste y compita contra el Estado en la comisión de crímenes. Por eso, no es de extrañar que la cárcel sea la sociedad ideal del estatista progresista medio: un sitio donde no tienen que trabajar, con vivienda, sanidad, comida, educación, luz y agua gratis, donde las desigualdades económicas son menores y nadie salvo los encargados de mantener el orden están armados. Son una de las peores creaciones del Estado; lugares donde las personas son violadas, infectadas con enfermedades de transmisión sexual y torturadas.

La expansión imparable del Estado lleva consigo una expansión del sistema penitenciario, no tanto por necesidad, sino por el aumento incesante de regulación estatal—intrínseco en cualquier Estado, por pequeño que sea (Rothbard 2009)—. Un ejemplo claro de este fenómeno es California. Este estado americano instauró su sistema penitenciario en 1852. Durante sus primeros 50 años, la población reclusa nunca fue mayor de 5.000 presos. Un siglo después, empezó a aumentar de manera desproporcionada, llegando la población máxima a ser de cinco veces mayor en 1970, y superando los 170.000 presos en los 2000 (Skarbek 2019, 130). Además, el número de prisiones aumentó de 5 a 35.

En un orden anarcocapitalista, en el que cada persona pudiese elegir voluntariamente a qué sociedad se adscribiría, emergerían lo que Hoppe (2006) llama sociedades de derecho privado. Estas comunidades se caracterizarían por que todos los individuos se someterían bajo la misma ley, una alcanzada a través de la razón (Hoppe 1998; Rothbard 2000). Esta ley sería el principio de no agresión. Desde el principio de no agresión, y mediante la praxeología, se puede deducir cual sería el castigo proporcional para cualquier agresión.

La teoría libertaria de castigo limita cuál es el límite máximo de violencia legítima que puede infligir una víctima—o alguien en su nombre—a un agresor para restituir su propiedad, pero la víctima siempre podrá decidir ejercer menos violencia o negociar otras opciones. Esta establece que la restitución sería igual a ojo por dos ojos, más coste de castigo, más asustar al criminal (Rothbard 1995, 131-145; Block 2019; Kinsella 1997; Blasco and Marcos 2020). El primer ojo sería igual a una restitución del bien perdido. Si me has robado mi televisión tengo derecho a mi televisor de vuelta, y si ya no existe, a uno idéntico. El segundo ojo se asienta en la doctrina de los actos propios o estoppel en inglés, principio que impide a alguien afirmar algo que contradiga su conducta previa. Un criminal no podría—sería estopped—negarse a recibir la agresión igual a la que él realizó (Kinsella 1996; García de Enterría 2020).

Continuando con el ejemplo de la televisión, yo ahora también podría quedarme con tu televisión además de la mía recuperada, o en caso de no tener una, forzarte a comprarme otra. El criminal con su acción demuestra que el valor de una televisión es cero al no respetar el valor de esta en otros. El coste del castigo equivaldría al coste de contratar árbitros, pagar a la agencia de seguridad privada y/o de capturar al criminal si hiciera falta. Dependiendo de cada caso estos costes variarían. El susto se le provocará dependiendo de la severidad del castigo y Block propone jugar a la ruleta rusa con el criminal cambiando el número de balas en la pistola y la zona apuntada según la severidad del crimen.

Como los tipos de agresión son tan heterogéneos, mi pronóstico es que las agencias de seguridad privada tendrían costes estipulados tras los precedentes de las decisiones de los árbitros para simplificar el proceso. Además, si toda remuneración pasase a ser pecuniaria, sería más fácil compensar al criminal si en un caso se hubiese impuesto una pena demasiado severa y otro árbitro hubiese revisado el laudo. No obstante, la última palabra será de la víctima, sino es que le ha hubiese transferido esa decisión a su agencia de seguridad privada.

Algunas personas carecerán de los recursos para resarcir su daño. Aquí es donde entrarán las prisiones en una sociedad de derecho privado. Murray Rothbard (2013) sintetiza el problema así:
‘‘[En el sistema penal libertario] no se pondría el acento, como sucede ahora, en el hecho de que la ‘sociedad’ mande a prisión al criminal, sino, necesariamente, en obligar a este a restituir a la víctima por su delito. El actual sistema, en el cual la víctima no es compensada, sino que además tiene que pagar impuestos para sufragar el encarcelamiento de su agresor, sería un evidente desatino en un mundo centrado en la defensa de los derechos de propiedad y, por ende, del damnificado.

Las prisiones serían comunidades donde los criminales irían para trabajar hasta ganar el dinero necesario para costear su estancia allí y la suma total de lo decidido por los árbitros para resarcir la agresión de la víctima. Los criminales también podrían ir a prisión un tiempo determinado si llegan a ese acuerdo entre víctima y agresor. Por ejemplo, A lesiona a B. B estima que A necesita un tiempo en la cárcel para reflexionar y rehabilitarse por lo que decide ofrecerle una suma compensatoria inferior a la que hubiese sido decidida si no—de no ser así, A no tendría incentivos para aceptar—a cambio de que pase cierto tiempo en la cárcel. Otra situación en la que un criminal podría ir a la cárcel sería si así lo estipula el contrato de su comunidad. Para vivir en Comunidad Moraleja necesitas aceptar un contrato según el cual, en caso de agresión a cualquier otro vecino, irás a residir una temporada en la Comunidad El Puerto de Santa María.

En todos estos casos no hay razón por la que el criminal no pudiese elegir la comunidad carcelaria a la que mudarse. Si la víctima le propone una penitenciaría similar a cualquier prisión estatal, donde existe una probabilidad muy superior a ser violado, el agresor seguramente rechace la oferta. Lo mismo con el contrato de la comunidad. Si la comunidad impone la cárcel a la que irá el agresor y esta es demasiado hostil, difícilmente encontrarán quien compre casas ahí. De ser así y el criminal poder elegir, la calidad aumentaría significativamente. Se generaría un mercado entre centros penitenciarios para ofrecer los servicios donde los criminales puedan ser más productivos para poder resarcir el daño en la menor cantidad de tiempo. Los criminales, al tener que pagar también con su trabajo el alojamiento podrían decidir si prefieren comunidades penitenciarias más o menos humildes. La calidad de los servicios sanitarios aumentaría para poder mantener a los presos en buenas condiciones para trabajar y crear una buena reputación al centro. Lo mismo con la calidad de los psicólogos, educadores sociales y profesores en aquellos centros dedicados a la reinserción. Las víctimas preocupadas por la reinserción de sus agresores se informarían de cuál será el mejor centro al que enviarlas. Igual con la seguridad de los presos, ningún preso querría ir a una comunidad donde sabe que va a ser abusado por los otros presos sin protección real por los guardias. Otra vez más, la propiedad privada y el libre mercado competitivo—serie de condiciones catalácticas que surgen como resultado de las interacciones voluntarias interpersonales entre individuos cuando la propiedad es realmente privada y no fiduciaria o estatal y se respeta—proveen una solución a otro de los muchos males del Estado, la agresión institucionalizada.

Referencias
Blasco, Eduardo, and David Marcos. 2020. “Nulla Libertarian Poena Sine NAP: Reexamination of Libertarian Theories of Punishment.” Studia Humana 9 (2): 83–89.
Block, Walter E. 2019. “Libertarian Punishment Theory and Unjust Enrichment.” Journal of Business Ethics 154 (1): 103–8.
García de Enterría, Carlos. 2020. “Corrupción En Un Sistema Judicial Privado: Una Revisión Del Estoppel.” Centro Mises, November 20, 2020. https://www.mises.org.es/2020/11/corrupcion-en-un-sistema-judicial-priva….
Hoppe, Hans-Hermann. 1998. “On the Ultimate Justification of the Ethics of Private Property.” Liberty 2 (1): 20–22.
———. 2006. “The Idea of a Private Law Society.” Mises Daily, July 28, 2006. https://mises.org/library/idea-private-law-society.
Kinsella, N. Stephan. 1996. “Punishment and Proportionality: The Estoppel Approach.” The Journal of Libertarian Studies 12 (1): 51–73.
———. 1997. “A Libertarian Theory of Punishment and Rights.” Loyola of Los Angeles Law Review 30: 607–46.
Murphy, Robert P. 2002. Chaos Theory. 2ª ed. Auburn, Estados Unidos: Ludwig von Mises Institute.
Rothbard, Murray N. 1995. La Ética de la Libertad. Madrid, España: Unión Editorial.
———. 2000. “Justice and Property Rights.” En Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays, 2ª ed., 89–113. Auburn, Estados Unidos: The Ludwig von Mises Institute.
———. 2009. Anatomy of the State. Auburn, Estados Unidos: Ludwig von Mises Institute.
———. 2013. Hacia Una Nueva Libertad: El Manifiesto Libertario. Madrid, España: Unión Editorial.
Skarbek, David. 2019. “Prisoner’s Law.” In Legal Systems Very Different from Ours, edited by David Friedman, Peter T. Leeson, and David Skarbek, 127–35. Independently Published.

¡Quédate en casa!

Mientras escribo estas líneas 60 centímetros de nieve cubren las calles de mi ciudad. Es curioso que, pese a que muchos hemos crecido con las historias de nuestros abuelos sobre nevadas de medio metro en Madrid, la mayoría aceptaba que se trataba de eventos del pasado que nunca íbamos a volver a vivir. Y no solo por el cambio climático, y las profecías absurdas que a veces lo acompañan, sino porque al igual que las pandemias, simplemente ha pasado demasiado tiempo desde que ocurrió la última vez como para que nuestra mente lo acepte como algo posible.

Pero los virus siguen infectándonos y la nieve sigue colapsando las poblaciones si cae en suficiente cantidad. Los smartphones, internet y el Big data no lo han resuelto. Es 2021 sumándose a 2020 en recordarnos que no somos mejores que nuestros antepasados, solo un poco más ricos. Una lección muy valiosa que mucho me temo que está pasando desapercibida.

¡Quédate en casa! El famoso lema de marzo ha vuelto en enero desde todas las administraciones públicas. Sentarse en el sofá a ver Netflix mientras la administración, los héroes de lo público, ponen todo en orden otra vez.

No lo hacen, claro. Nadie, ni en lo público ni en lo privado, tiene recursos para afrontar eventos masivos que ocurren cada muchas décadas. Pero eso no importa, el mensaje es claro. Donde no llega el Estado el ciudadano debe esperar pacientemente en su casa a que llegue.

La sociedad ISO no podía consentir que las personas usaran mascarillas no homologadas en marzo de 2020, ni puede consentir que se retire nieve de las aceras públicas sin el pertinente permiso municipal. Y pobre del político que no cumpla este mandamiento.

A las malas ideas no las suelen derrotar los buenos argumentos, sino la realidad. Una sociedad cada vez más centralizada, tanto en servicios públicos como en privados, no va a tardar en llevársela por delante un evento que no haya previsto. Es la fragilidad de la que la habla Taleb y de la que la sesuda intelectualidad occidental está pasando por alto con su acostumbrada arrogancia.

La década que empezamos puede ser buena, mala o regular. Nadie lo sabe. Pero la tendencia a la infantilización ciudadana, a la mezcla de los Estados y las multinacionales con una nueva pseudoreligión progresista y la centralización de más elementos esenciales en nuestras vidas, nos acerca cada vez más a repetir los grandes errores del siglo pasado.

Y esos no los vamos a poder resolver quedándonos en casa a esperar a una vacuna o al camión quitanieves.

Escenario Macroeconómico para Argentina 2021

La foto de la economía argentina 2020 nos preocupa a todos:

1.       La actividad económica medida por Producto Bruto Interno cerraría este año un 11 % debajo de 2019, que ya acumulaba otros dos años de caída.

2.       El desempleo según INDEC llegó al 16 %, pero el dato es bastante peor cuando se toma en cuenta la Población Económicamente Activa del año anterior, llegando al 29 % a mitad de año. En otros términos hay mucha gente sin trabajo que no entra en el desempleo de INDEC porque no está pudiendo salir a buscarlo.

3.       El déficit fiscal primario cerraría 2020 en un 7 % del PIB, y el financiero de 9,5 % del PIB, aun con el acuerdo con acreedores privados.

4.       La inflación se viene acelerando por encima del 3 % mensual en este último período del año, y el dato agregado para el año 2020 cerraría en torno al 35 %.

5.       La pobreza según la medición de la UCA alcanzó a un 44 % de la población, siendo más preocupante aún entre los jóvenes.

¿Qué nos espera para 2021 en todos estos frentes? Sopesar algunas buenas noticias con los fuertes desequilibrios locales resulta de suma dificultad para los analistas.

Actividad económica

La actividad económica empieza a reaccionar en el segundo semestre de 2020, producto de la flexibilización de las restricciones por cuarentena. Argentina podrá mostrar un 2021 que rebota frente al pozo de 2020, aunque permanece debajo del pico de actividad de marzo de 2018.

Este nivel de actividad puede tener un empuje muy favorable desde el exterior, con la economía global rebotando tanto como cayó en 2020. China volverá a ser la locomotora del mundo, y eso contribuye a precios de commodities más favorables. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el resto de los bancos centrales del mundo mantendrán políticas monetarias muy laxas para favorecer la expansión del crédito y con ello recuperar más rápido la actividad económica y el empleo. Este entorno global favorable dice que vienen vientos a favor en la región, y en particular para Argentina.

Empleo e ingresos

Sería deseable una reforma de la legislación laboral en favor de una mayor flexibilización que permita crear empleo genuino (no estatal) en 2021, pero esto no parece estar en la agenda. Aun así, el pico de desempleo tenderá a reducirse, si bien los dos dígitos de desocupación llegaron para quedarse largo tiempo.

Un factor central aquí será la presión sindical en búsqueda de la recuperación del salario real que ha perdido mucho en 2020 para todos los sectores. Si el gobierno decidiera convalidar aumentos salariales semejantes a la inflación acumulada dejará a la Argentina muy comprometida en el terreno fiscal. Urge aquí una reforma previsional que tampoco parece estar en la agenda.

Hacienda

La situación fiscal es apremiante. Argentina parte de un déficit de casi 10 punto del PIB, pero podrá reducir el desequilibrio haciendo poco. El rebote de actividad podrá mejorar la recaudación; la interrupción de varios subsidios otorgados en 2020 -producto del contexto de cuarentena- podrán bajar el gasto; incluso puede haber un acuerdo con el FMI para postergar el pago de intereses y darle respiro a la Argentina; pero aun así, se requiere un esfuerzo del gobierno para tratar de equilibrar las cuentas públicas en este espacio favorable. No hacerlo implicará tener que monetizar el desequilibrio, lo que puede ejercer más presión sobre la inflación que ya viene acelerando.

Inflación

El desequilibrio monetario provocado en 2020 no se refleja totalmente en precios por la existencia de “inflación reprimida”. El cepo cambiario, el congelamiento de tarifas y combustible, los controles de precios y salarios, la crisis económica y el aumento consecuente pero transitorio en la demanda de dinero, hacen que la inflación pudiera reducirse este año al 35 %.

Pero para adelante la presión es enorme, partiendo del rol de los sindicatos, pero también del déficit fiscal monetizado. Estirilizar vía Leliqs permite reducir el impacto de la expansión monetaria, pero esto también ejerce presión hacia arriba sobre tasas de interés, lo cual presiona negativamente en la actividad y el empleo. Insisto. Es necesario equilibrar las cuentas públicas para dejar de monetizar el déficit, y entonces empezar a dar pasos firmes hacia la estabilidad monetaria. Esta preocupación tampoco se observa entre las prioridades de un gobierno cuya política económica es heteroxa.

El escenario que hoy observamos en este frente nos hace pensar que en marzo/ abril de 2021, mientras recuperamos cierta normalidad en la actividad económica y el empleo (los datos serán muy positivos frente al segundo trimestre de 2020), la inflación se acelerará y con ello la presión sindical, lo que ejercerá más presión sobre el dólar, debiendo el gobierno ceder en una corrección del tipo de cambio. Es difícil establecer el timing de los sucesos, pero la presión inflacionaria contribuye a poner presión sobre el tipo de cambio lo que pueda desatar una nueva crisis cambiaria.

El rol de la política y la elección de 2021

Estos desequilibrios fiscal, monetario y cambiario son determinantes en el resultado de la elección legislativa de 2021, lo que a su vez es determinante en lo político para conocer el nivel de fortaleza o debilidad que el ejecutivo puede mostrar para enfrentar sus desafíos.

Si la elección termina siendo un revés para el oficialismo, se desatará la falta de confianza y la crisis económica, política y social ya no tendrá límite. Si la elección termina siendo favorable al oficialismo, el gobierno tendrá margen para aprovechar los vientos a favor y podrá avanzar en reducir los desequilibrios heredados, pero también magnificados en este 2020.

Adrián Ravier es Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE.