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Tres errores sobre el consumo local

Escrito por José Hernández Cabrera en . Publicado en Análisis diario.

Como cada año, durante la Navidad, se multiplican los eslóganes para que los ciudadanos opten por el consumo local. Según sus promotores —políticos, empresas públicas, asociaciones de empresarios— consumir bienes producidos en la región o vendidos en comercios de proximidad beneficia a la economía local. Los ecologistas, por su parte, afirman que el consumo de productos «kilómetro 0» beneficia al medio ambiente porque reduce las emisiones de CO2 producidas por el transporte de mercancías.

De las campañas en «defensa» del consumo local inferimos la menor competitividad (relación calidad-precio) de algunos productores y comerciantes locales. De no ser así, estas campañas nunca se hubieran realizado. Sin embargo, no es el productor local, en general, el que está amenazado por los foráneos, por grandes distribuidores y la venta por Internet, sino específicos empresarios que no han sido capaces de adaptarse a los gustos de los consumidores; prueba de ello es el reemplazo de empresarios españoles por chinos en muchos negocios locales: bares, restaurantes, tiendas de alimentación, bazares, peluquerías, etc. A lo largo del artículo nos referiremos exclusivamente a esos empresarios locales «menos» competitivos que se benefician de campañas institucionales en las que se pide al consumidor que realice un sacrificio económico. Nuestro análisis sobre el consumo local desvelará tres errores: ético, lógico y económico.

a) Error ético

Cualquier campaña gubernamental destinada a fomentar el consumo local no es gratis y supone una transferencia coactiva de dinero desde los contribuyentes hacia los grupos receptores de las ayudas. La propaganda pública se realiza con dinero confiscado a sus legítimos dueños. Estos favores políticos constituyen una vieja práctica llamada mercantilismo: «Un sistema de privilegio estatal sistemático, particularmente para restringir las importaciones y subsidiar las exportaciones» (Rothbard, 2013a: 247). Las actuales campañas municipales de consumo local repiten los mismos errores del absolutismo real entre los siglos XVI y XVIII. Toda injerencia política en el libre mercado supone un perjuicio para la sociedad porque la «protección» de ciertos productores o comerciantes locales necesariamente empobrece a miles de consumidores que verán reducido su nivel de vida. Debe ser el empresario, grande o pequeño, local o foráneo, quien soporte exclusivamente los costes de cualquier campaña publicitaria.

Esta «defensa» del comercio local alcanza su paroxismo en la guerra que el ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva) ha declarado a la empresa Amazon. La iniciativa «mojizon» permite a los residentes comprar en el pueblo por Internet y un empleado municipal realiza el reparto «gratuito» a domicilio. Estos juramentados del consumo local parecen ignorar que, sólo en España, Amazon tiene un catálogo de 180 millones de artículos distintos.

Sólo es ética la campaña publicitaria financiada con fondos privados (empresas, asociaciones empresariales, cámaras de comercio,¹ etc). También es éticamente admisible que el publicitario apele a los sentimientos identitarios —«lo nuestro», «nuestra gente», «nuestro pueblo»— para que el consumidor acepte voluntariamente el sacrificio de comprar productos más caros o de menor calidad que los foráneos.

b) Error lógico

Las campañas de consumo local son genéricas, pero, a grandes rasgos, pretenden fomentar el consumo de alimentos —carne, pescado, fruta, verdura, vino, queso, confitura, etc.— producidos o elaborados en la comarca. Pero si el transporte es malo porque contamina ¿por qué no extender la campaña al resto de bienes? Si los apóstoles del «kilómetro 0» fueran consecuentes con sus ideas (reducir la contaminación) deberían recomendar a los turistas que se quedaran en su casa pues, en términos relativos, el transporte aéreo es el más contaminante de todos. Por ejemplo, resulta contradictorio que el dueño de un hotel rural presuma de tener su propio huerto ecológico sin importarle demasiado que sus huéspedes hayan viajado en avión miles de kilómetros.

Por otro lado, muchos productores (elaboradores) locales deben comprar las materias primas en el exterior. Por ejemplo, el helado «local» alicantino se fabrica con leche asturiana, gallega o francesa. Con los bienes de capital ocurre otro tanto: los proveedores de mobiliario, maquinaria y herramientas se encuentran generalmente a cientos o miles de kilómetros. Si los productores y comerciantes compraran, a su vez, todo localmente (independiente de su precio y calidad), muy pronto quedarían fuera del mercado por falta de competitividad. En definitiva, no resulta admisible que el productor local pida al consumidor un sacrificio que él mismo, por necesidad o conveniencia, nunca hará pues está obligado a ejercer la función empresarial con criterio económico.

c) Error económico

Es muy popular la creencia de que si compramos «local» el dinero se queda «aquí» y que, en caso contrario, el dinero se va «fuera». Analicemos este mito: por ejemplo, ¿a dónde va nuestro dinero cuando compramos en Carrefour, Ikea o McDonalds? El dinero siempre paga los factores productivos «allá donde estén»: los artículos y materias primas provienen de múltiples países, pero el trabajo —salarios— y la mayoría de servicios —limpieza, mantenimiento, seguridad— se contratan localmente. ¿Y qué ocurre con los beneficios? La mayor parte no acaba en Francia, Suecia o EE.UU., sino en el bolsillo de millones de pequeños accionistas (propietarios de fondos de inversión y pensiones), repartidos por todo el mundo, que perciben dividendos. Para que nos hagamos una idea de las proporciones, la familia Botín sólo posee el 1% del capital social del Banco de Santander. Hoy en día el capital de las grandes empresas está tan globalizado que carece de sentido asignarles una nacionalidad.

Es innegable que, tanto si compramos «local» como si compramos «fuera», parte del dinero saldrá de nuestras fronteras ²—municipales, regionales o nacionales—; sin embargo, lejos de ser una mala noticia, resulta necesaria y beneficiosa. La división del trabajo, base del progreso económico, implica necesariamente la «salida» y «entrada» de dinero. Por ejemplo, si los andaluces no compran las manzanas de Cataluña, los catalanes no tendrán dinero para comprar las aceitunas de Andalucía; si los españoles no compramos vehículos Mercedes y Toyota, los alemanes y japoneses no tendrán dinero para hacer turismo en España. Es decir, exportación e importación son cara y cruz de una misma moneda, ambas se complementan y ambas tienden a igualarse en el tiempo. El clásico error mercantilista ha sido considerar que es mejor exportar que importar, que es mejor el dinero que «entra» que los bienes que «salen». El mito de la balanza comercial se derrumba cuando lo analizamos desde el individualismo metodológico: «toda balanza es necesariamente favorable desde el punto de vista de la persona que realiza el intercambio» (Rothbard, 2013b: 336). O como dice Mises (2011: 539) «La balanza (de pagos) cuadra siempre». En definitiva, la preocupación por la «salida» del dinero (importaciones) es tan innecesaria como detrimental.

Lo que sí resulta evidente es la pérdida económica que sufre el consumidor sacrificial; por ejemplo, si un bien local cuesta el doble que el foráneo, ceteris paribus, la compra del primero reducirá nuestro consumo a la mitad. No es cierto que consumiendo local «todos» ganamos. El sacrificio consuntivo, lejos de mejorar la economía, empobrecerá irremediablemente a quienes lo practiquen y sólo beneficiará a específicos productores locales. La pauta de consumo «kilómetro 0» es contraria a la división del trabajo y, por tanto, antieconómica; además, llevada a sus últimas consecuencias, supondría la autarquía y la ruina más absoluta.

Por último, el consumidor que asume una pérdida económica para mante-ner con vida a los productores submarginales³ está haciendo un flaco favor al conjunto de la sociedad pues interfiere la adecuada asignación del capital. Cualquier medida proteccionista —ayudas, subvenciones, propaganda gu-bernamental— ocasiona el mismo mal: ralentiza la innovación, obstaculiza las obligadas quiebras y, en definitiva, impide que el escaso capital disponible pase a manos de empresarios más capaces. De manera natural el mercado va colocando —mediante pérdidas y ganancias— a cada cuál en el sitio donde mejor sirve los intereses de los consumidores. Si algunos productores o comerciantes locales son ineficientes (submarginales), lo mejor para la economía de la región es que se dediquen a otros negocios o que sean reemplazados por otros empresarios.

Conclusión.

Los promotores del consumo local no pueden alcanzar su objetivo —mejorar la economía de la región— persuadiendo a los consumidores para que adquieran bienes locales que son más caros o de peor calidad que los foráneos. Este sacrificio, lejos de dar fruto, empobrecerá a los habitantes de la región, sostendrá artificialmente a las empresas menos eficientes e interferirá la adecuada asignación del capital. Como nos recordaba Mises (2011: 1019): «La aplicación de teoremas económicos falsos se traduce en conse-cuencias indeseadas».

¹ El gobierno de Zapatero, en 2011, derogó la cuota cameral, más conocida como «impuesto revolucionario». Las Cámaras de Comercio se vieron obligadas a financiarse mediante aportaciones voluntarias.
² Frontera en sentido lato.
³ Submarginal: de no ser por la ayuda, la empresa quebraría.

Bibliografía

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.
Rothbard, M. (2013a). Historia del pensamiento económico. Madrid: Unión Editorial.
Rothbard, M. (2013b). El hombre, la economía y el Estado. Vol. II. Madrid: Unión Editorial.
Web del Ayuntamiento de Minas de Riotinto.

Por unos consumidores liberados

Escrito por Alfredo Timermans en . Publicado en Análisis diario.

Siempre me han interesado las políticas públicas, la política y el destino de nuestra sociedad. Los que compartimos esta pasión hemos seguido análisis y controversias sobre la regulación, sus efectos, sus costes y beneficios. Sin entender bien este tipo de cosas no se puede hacer una política solvente, y eso es lo que ocurre en demasiadas ocasiones. En este campo, los economistas tienden a analizar asuntos de mucha relevancia para la sociedad: el mercado laboral, el sector financiero, la provisión de energía. A mí siempre me ha llamado la atención la falta de referencias asequibles sobre un tipo de regulación que afecta a nuestras vidas cotidianas, y con las más diversas excusas empeoran nuestra calidad de vida. Es la llamada protección al consumidor, que en tantas ocasiones se convierte en una limitación concreta de la libertad de los consumidores y en una disminución tangible de la calidad de los productos que consumimos.

Hace unos años viví fuera de España y a mi vuelta me traje un coche de una marca y un modelo que se vendía en España y que se fabrica en un sólo lugar. Como se trataba de un bien perteneciente al ajuar doméstico, su importación no exigía pagar más impuesto que el de matriculación. Pero antes había que hacerle la inspección en una ITV para comprobar que el vehículo estaba homologado. La administración rápidamente comprobó que había un problema: la regulación española exige que las luces anti-niebla sean accionadas separadamente, y no con el mismo interruptor. No me acuerdo cuánto me costó dejar el coche en condiciones homologables por las autoridades españolas, pero se trató de una factura relevante.

Entonces compré una cafetera eléctrica. Como mi familia es numerosa, tenemos la costumbre de que el primero en levantarse -yo- hace café, que los demás miembros de la familia van sirviéndose cuando desayunan. ¡Pues el café estaba siempre frío! Al principio yo creí que había comprado una mala cafetera, o que no había entendido las instrucciones. Hasta que conseguí averiguar la causa: la regulación europea exige que las cafeteras tengan un temporizador que impida su funcionamiento durante más de 40 minutos.

El otro día leí un artículo en el Wall Street Journal que me dejó extraordinariamente sorprendido: hace 35 años los lavavajillas limpiaban perfectamente en una hora de media. Hoy, para hacer el mismo trabajo, necesitan entre 3 y 4 horas. La regulaciones medioambientales obligan a que sea así, y también afectan a lavadoras y secadoras, que podrían ser mucho más eficientes de no ser por la regulación.

En el origen de muchas de estas regulaciones están consideraciones relativas a la seguridad de los consumidores o al efecto sobre el medio ambiente. Pero las maquinarias burocráticas dedicadas a estos asuntos siempre encuentran construcciones intelectuales que sirven a sus propósitos. Un fundamento muy frecuente de todo tipo de restricciones es el del etiquetaje de los productos. Se trata de que cuando uno compra jamón de Jabugo sea, efectivamente, de Jabugo y no de Tarancón. La garantía del origen de los productos podría dejarse perfectamente al mercado, por supuesto. ¡Pero es tan tentador regular el lenguaje! Muchos recordamos las controversias europeas sobre lo que es y no es un plátano, pero les traigo aquí un caso espectacular: el pasado 27 de diciembre ha sido declarado el de la “liberación del aliño francés”. La FDA americana definió en los años 60 lo que es, lo que puede contener y lo que no el famoso French dressing que se usa para aliñar las ensaladas: “(the)…French salad dressing be made of oil, ‘acidifying ingredients’ such as vinegar or lemon juice with vegetable oil constituting 35% by weight, though it need not include tomato paste”. Ahora, la FDA está derogando estas absurdas normas.

Mucha gente cree que esto son excepciones, pero no es así. La FDA exige que el kétchup tenga un PH de 4,2 o que las tartas de cerezas no tengan más del 15% de las mismas en malas condiciones. El motivo por el que el 14% de las cerezas estropeadas no es un problema, pero el 16% sí pertenece al reino de una fe que no está a mi alcance.

La crisis que hemos empezado a vivir a consecuencia de la COVID-19 no ha desplegado aún todas sus consecuencias, que para nuestro país van a ser devastadoras. Tenemos una extraordinaria ocasión de revisar tantas cosas que impiden que los españoles alcancemos nuestro máximo potencial de bienestar. Las regulaciones de “lo pequeño” discriminan a los más humildes, al encarecer los productos sin una justificación solvente. Hagamos de la revisión de la regulación una prioridad nacional.

El conflicto con creces

Escrito por Mateo Rosales en . Publicado en Análisis diario.

Pablo Iglesias y su partido, Unidas Podemos (UP), se han convertido en un óbice en el ejercicio de la política cotidiana desde el Ejecutivo. La estrategia de bloques se ha resuelto favorable al partido que cohabita en La Moncloa junto con el presidente Sánchez y en ocasiones a costa suya. Esa estrategia forzada que permite el posicionamiento fuerte de un partido minoritario que cae en las encuestas pero que, sin embargo, es capaz de cohesionarse en torno a sus propias demandas y, en consecuencia, generar corrientes dentro del mismo Consejo de Ministros está dando sus frutos. Su posicionamiento va más allá que una simple relación de fuerzas entre dos partidos que forman un Gobierno de coalición. Demostrado está que Iglesias es capaz de generar conflicto interno y salir ganando.

En ese contexto se ratifica la idea de que a través de la generación de conflicto interno Unidas Podemos crea, en un primer término, un bloque que juega como un puente ficticio entre las reivindicaciones sociales y el ejercicio del poder. Esta maniobra le da la posibilidad de posicionarse y de generar el debate en su terreno porque, como es obvio, su apoyo real es menor frente al PSOE y sus pretensiones difíciles de acometer.

En este escenario todo es válido: el fin justifica los medios. Aunque manida, es una definición que cobra sentido en estas circunstancias dado que, si bien el fin en sí mismo puede tener muchas aristas, una de ellas es la ruptura del Estado y la regresión del proceso de transición consolidado a finales de los 70. Por ello, los socios de gobierno adoptan un cariz entusiasta y se pavonean de ser demócratas en tiempos de crisis. No es casualidad las constantes alianzas y guiños a Esquerra Republicana o EH Bildu, que son partidos que aportan un valor simbólico y una asignatura adicional a las pretensiones del Gobierno de Pedro Sánchez, la del sueño comunista y la ruptura.

No obstante, la diferencia notable entre el presidente de Gobierno e Iglesias radica en la capacidad de anticipación que tiene el segundo para enarbolar banderas en su terreno: todo son conquistas o intentan serlo, la reforma laboral, la prohibición de los desahucios, el ingreso mínimo vital, etc. Pero, sobre todo, Iglesias sí tiene un plan muy trabajado, la diferencia es que Sánchez no, y si lo tiene, es únicamente la preservación del poder a toda costa, su límite es él mismo y su espejo.

Lo cierto es que el concepto de poder y de acceso al poder que tiene interiorizado Iglesias dista mucho de la definición real de la democracia liberal con todo lo que ello implica. Es en este extremo en el que juega y se ejercita la política de Unidas Podemos, donde vale más el ruido y la controversia que la consolidación real de una política de Estado a largo plazo en beneficio de los ciudadanos. Basta con ver los últimos episodios en la irrupción del conflicto, hasta ahora insólito, entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial.

El Poder Judicial tiene una importancia no menor para los planes de Unidas Podemos y sus socios. Los forcejeos ya están dados y la puesta en escena del enfrentamiento, también. La realidad es que, si este bloque es capaz de llegar tan lejos de la mano de Pedro Sánchez, tendremos que reflexionar seriamente acerca de la intención que acoge este Partido Socialista a la hora de plantear la política en el marco de las instituciones. La evidencia hoy nos demuestra que a Sánchez no le importa el desempeño institucional de España ni la calidad de su democracia, lo que no es obvio es la capacidad que tiene y tendrá de controlar la deriva totalitaria en la que está encaminada hoy España.

Algunas cuestiones disputadas sobre el anarcocapitalismo (LII): los ‘cypherpunks’

Escrito por Miguel Anxo Bastos en . Publicado en Análisis diario.

Si en algún ámbito las ideas libertarias han tenido éxito y han sido capaces de desarrollar propuestas para solventar problemas, tanto los asociadas a la intromisión de los Estados en la vida cotidiana como en los que se refieren a la búsqueda de soluciones para vivir en paz usando mecanismos de interacción voluntarios, ha sido sin duda en el mundo de la informática e internet. Mi querido colega en estas páginas, el señor Polavieja, ha tenido la deferencia de indicármelo y recordar la pertinencia de un breve análisis de sus contribuciones al desarrollo del corpus teórico de los libertarios, que han sido muchas tanto en el ámbito de la teoría como en el de la praxis.

El primero de ellos ha sido el de haber garantizado un mínimo de privacidad en el uso de internet. Como bien nos cuenta Steven Levy en su libro Crypto, en los años 90 se produjo una fiera disputa entre los partidarios del anonimato en la red y los partidarios de la apertura de la misma al escrutinio del Gobierno. En el primer lado estaban varios de los primeros cypherpunks y en el segundo prominentes políticos del partido demócrata, entonces en el Gobierno, entre los que destacaron por su interés el entonces vicepresidente Al Gore y el presidente de la comisión reguladora de estas actividades en el Senado, la  entonces joven promesa de la política Joseph Biden, quien ya apuntaba maneras de defensor de las prerrogativas estatales, maneras que todo parece indicar que no ha perdido con los años. Frente a las pretensiones de regular y supervisar el entonces incipiente internet varios libertarios, vinculados a la industria de la programación informática  y residentes en  la costa oeste de los Estados Unidos, decidieron plantar cara a la intromisión del Gobierno usando el arma que mejor sabían usar, su capacidad de programar y escribir códigos informáticos. De aquellos tiempos datan manifiestos a favor de la criptoanarquía, como el celebre escrito de uno de ellos, Tim May, reivindicándola.

El encriptamiento es una vieja arma usada para esconder información de observadores no deseados. Desde escribir de forma cifrada con claves que pueden ser de gran sofisticación (como el famoso código Enigma usado por los nazis y roto por Allan Turing) al uso de tintas simpáticas y otras formas de ocultación de la información usadas desde siempre tanto por los poderes políticos en sus guerras como por sus opositores. Las formas modernas de encriptación han evolucionad y ahora hacen uso de algoritmos o de códigos informáticos, de tal forma que es imposible, o cuando menos muy difícil, acceder a los contenidos protegidos. Los primeros cypherpunks (denominados así por su uso de herramientas criptográficas y que no deben ser confundidos con sus parientes los fans de la ciencia ficción conocidos como cyberpunks) hicieron uso de sofisticadas técnicas de encriptación para evitar, por la vía de los hechos, que los Gobiernos pudiesen adueñarse de la información almacenada en las redes. Desde entonces se ha producido una lucha contante entre los agentes del Estado y los informáticos libertarios por el control de la privacidad en la red. De esta lucha se han derivado numerosas aplicaciones prácticas demostrando que estas ideas más allá de su relevancia política si pueden tener trascendencia en el ámbito social.

La primera de ellas es la posibilidad de establecer espacios privados en internet, no sujetos a la supervisión del Estado o de personas no deseadas. Digo la posibilidad porque también es posible que este aspecto pueda ser subvertido. El encriptamiento permitió el uso de correos electrónicos o transferencias monetarias libres de control. También facilitó la aparición de comunidades privadas en las que poder dialogar y cambiar opiniones más allá de la censura. El problema potencial es que para conseguir eso se ha descansado en muchas ocasiones en plataformas o redes que sí pueden acceder a nuestros registros y facilitárselo a su vez a los poderes estatales. La profesora Zuboff en su último libro La era del capitalismo de la vigilancia ha incidido mucho en este aspecto. Nuestros supuestos aliados en la lucha por la libertad pueden fácilmente transformarse en sus peores enemigos, no sólo porque almacenen nuestros datos (accedimos a la hora de suscribir el programa a facilitárselos) sino porque puedan dárselos a quien queríamos evitar. Sabemos que Cortana lee y escanea nuestros mails pero también sabemos que en caso de necesidad podría censurarlos o delatarnos incluso a un Gobierno que no necesariamente tiene por qué ser garante de la privacidad. De hecho se podría afirmar que desde la aparición de internet se ha dado un proceso continuado de confrontación y consiguiente coevolución en el que el Estado y los desarrolladores de internet han competido y compiten por adelantar al otro en sus pretensiones, bien de controlar la privacidad bien de sustraerse a tal control.

Fruto de esta dialéctica es la aparición de fenómenos como el bitcoin o el desarrollo de la arquitectura que lo sustenta, el blockchain. Sobre este tema ya se ha escrito bastante y no soy yo el más indicado para exponer la compleja estructura que subyace bajo estos desarrollos, pero si cabría indicar que forman parte de una mentalidad antiestatista. Sus creadores y desarrolladores, Satoshi Nakamoto (sea quien sea) o Vitalik Buterin entre otros no sólo profesan ideas libertarias sino que las llevan a la práctica y, es más, intuyen perfectamente que atacar el monopolio estatal de la moneda y el crédito y su capacidad de recaudación fiscal es una de las formas más efectivas que existen de debilitar el poder gubernamental. No sólo se le quita de gravar con inflación a la sociedad sino que se le elimina de un plumazo el aura de omnipotencia que tienen. Medidas usadas para exhibir poder y apoyar a los grupos de interés amigos, como la inyección de 750.000 millones de la Comisión Europea para aliviar la crisis, ya no serían posibles. Si Lenin decía que para acabar con el capitalismo había que atacar la moneda (y tenía razón), los cypherpunks llevan a cabo una estrategia semejante. La paralela, y en este ámbito también se están dando desarrollos, sería acabar con la capacidad estatal de conformar los sistemas ideológicos y de creencias a través de la erosión de su monopolio de la educación primaria y secundaria y de su capacidad, parcial pero en aumento, de control y regulación de los medios de comunicación de masas. Otro aspecto a destacar del bitcoin es la teoría monetaria que subyace a su arquitectura. Toda moneda digital debe contar con algún tipo de teoría económica detrás que dirija su forma de operar. Podrían perfectamente diseñarse monedas digitales con base keynesiana o monetarista, con algún tipo de órgano centralizado que emitiese nueva moneda bien de forma discrecional o bien que siguiese algún tipo de regla expansiva del tipo del 3% friedmanita. Pero es de destacar que la teoría subyacente al bitcoin, inspirada en el patrón oro clásico, si no es austríaca se le parece mucho. La oferta monetaria está limitada a una cantidad concreta, veintiun millones, y minarlos, al igual que el oro, cuesta cada vez más trabajo. Esto es, no es una moneda que pueda ser expandida a voluntad por algún tipo de voluntad central.

El bitcoin y la arquitectura blockchain pueden ser armas eficaces para reducir el tamaño del Estado, al sustituir algunas de sus funciones, pero el programa político de los cypherpunks no termina aquí, pues entre sus proyectos está el de revivir adaptado a los tiempos de la vieja y protolibertaria doctrina medieval del tiranicidio En sus inicios diseñaron un ficticio “mercado de asesinatos” en el que jugaban a poner precio a la eliminación de los tiranos de la época, con la esperanza de que alguien aceptase la recompensa y se decidiese a acabar con alguno de ellos. Pero el éxito mayor en este ámbito de los cypherpunks no fue este mercado sino la gigantesca filtración de información confidencial vertida en el portal WikiLeaks por Julian Assange (véase la discusión en el libro Los cypherpunks de este último). Consistió en desvelar y publicar miles de cables confidenciales de servicios de inteligencia, gobernantes y diplomáticos en los que se probaba la poca santidad de las medidas que llevan a cabo muchos de los respetables Gobiernos democráticos de nuestra era.  Explican cómo se espían los unos a los otros y cómo construyen argumentarios  para  justificar guerras  e intervenciones militares en todas las partes del mundo. También  relatan cómo derrocan  a los Gobiernos que no les gustan, sean estos o no democráticos, y cómo realizan operaciones de falsa bandera o atentan de forma encubierta contra sus rivales. Pocos fueron los Estados que se libraron de la exhibición  de sus miserias más íntimas, pero no dicen nada que no fuese sabido de antes, y su problema es que no lo saben conectar con una teoría general del Estado, que explique que estas desviaciones éticas forman parte de un sistema que las hace poco menos que inevitables. Si no se explica así poco se puede avanzar en a comprensión del fenómeno, que será siempre zanjado con el argumento de la manzana podrida o de las necesidades de defenderse de amenazas potenciales que pudiesen afectar a la seguridad o integridad de nuestros respectivos países, pero con métodos que no pueden ser confesados al gran público. Aquí los cypherpunks aciertan sólo en parte, pues las poblaciones intuyen que no toda la acción de un Gobierno es inmaculada e incluso pueden llegar a justificarlas. Poco pueden deslegitimar esas filtraciones si no se asocian con una conducta general de los Estados, más que con casos particulares.

Por último, otra de las grandes invenciones de nuestro grupo es la de crear nuevas formas de derecho. La pretensión de escribir códigos informáticos que suplanten a las leyes está desde el principio en la obra de Nick Szabo y otros desarrolladores, como antes apuntamos. Su concreción es la formulación de contratos autoejecutables de cumplirse las condiciones pactadas. Si bien algunos juristas han enfatizado su excesiva rigidez a la hora de la ejecución, que no parece admitir matices, son sin duda una idea con un potencial enorme. Muchos contratos, comerciales o civiles, precisan de un aparato organizativo muy sofisticado para hacerlos cumplir en caso de incumplimiento. Abogados, jueces, procuradores, agentes judiciales y, sobre todo, la propia autoridad monopolística del Estado pasarían a un segundo plano de poder desarrollarse de forma fiable con esta tecnología. Bastaría con dar una definición clara de lo que significa un incumplimiento y este se ejecutaría automáticamente a través de arquitecturas como blockchain, que servirían de validadores del incumplimiento. Es el caso del mítico ejemplo del coche inmediatamente bloqueado por mecanismos digitales en caso de impago. En efecto, el código sería implacable en este caso pero lo que no tienen por qué ser rígidas son las condiciones de impago. La máquina podría bloquear, por ejemplo, al cabo de dos o tres impagos o de cualquier otra condición que se establezca. Y desde luego para situaciones en las que no exista un único orden jurídico involucrado, como es el caso del comercio internacional, será sin  duda una herramienta de excepcional importancia. Y no se puede descartar incluso su uso futuro en el ámbito del derecho penal en la ejecución de determinadas penas como las de alejamiento.

Lo que nos muestran los cypherpunks es que se pueden llevar a cabo acciones prácticas para reducir de forma efectiva el poder de los Estados modernos sin necesidad de hacer uso de la lucha política y sin la necesidad de violar los derechos de nadie para hacerlos efectivos.

El cambalache supremo

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Apenas unos días antes del comienzo de las Navidades, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo[1] dio a conocer un Auto, que, según informa confusamente el portal del Poder Judicial “inadmite las denuncias y querellas contra el Gobierno por la gestión de la covid y las remite al juzgado decano de Madrid”.

Desde un momento inicial de esta pandemia del coronavirus, a medida que sucedían hechos relacionados con su gestión -con las miles de muertes en la primera fase que colocan a España como uno de los países del mundo más afectados, en términos relativos y absolutos– se fueron presentando numerosas querellas y denuncias contra el presidente u otros miembros del Gobierno por parte de distintas personas y asociaciones. En dichos escritos, presentados bien directamente ante el Tribunal Supremo -único competente conforme al aforamiento previsto para ellos en el artículo 102.1 CE– o ante instancias inferiores, se les imputaban delitos de muy diferente naturaleza.

No obstante, el órgano jurisdiccional superior en toda España (art. 123 CE) se ha demorado en dictar un pronunciamiento demostrando el peculiar entendimiento que sus actuales magistrados tienen de su función. Con el conocimiento de los procedimientos dado por la propia resolución, las informaciones periodísticas y la querella original publicada por una de las partes, causa verdadera estupefacción observar como el Tribunal Supremo ha esperado a acumular querellas y denuncias presentadas en su registro con otras dispersas por otros juzgados que tardaron tiempo en remitírselas.

A este respecto, cabe señalar que la suspensión de los plazos procesales en todos los órdenes jurisdiccionales, impuesta por la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el primer estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, encontraba diversas excepciones en el orden penal, como la práctica de actuaciones urgentes por parte del juez o tribunal competente en fase de instrucción.

Esa inevitable disposición para no incumplir crasamente la exigencia constitucional (art. 116.5 CE) de funcionamiento de los poderes del Estado durante los estados de alarma, habría justificado hace muchos meses la adopción de algún pronunciamiento por parte del tribunal. Con independencia de la calificación que merecieran cada una de las querellas, resulta chocante la ausencia de toda actuación procesal para aclarar o descartar imputaciones por delitos de homicidio o lesiones imprudentes de miles de personas, u homicidios cometidos por omisión, tal como califican provisionalmente los delitos más graves algunas de las partes.

Salvo en algún caso aislado, el tribunal omite toda referencia a las fechas de presentación de las querellas y las denuncias. De manera notoria, sin embargo, se sabe que la primera denuncia que llegó al Tribunal Supremo el 25 de marzo se presentó por el abogado Víctor Valladares Pérez contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón, después de que una jueza de instrucción de Madrid desechara actuar contra él, dada su condición de aforado, en el mismo procedimiento que el delegado del Gobierno en Madrid, Jose Manuel Franco Pardo. El denunciante consideró que los denunciados cometieron un delito de prevaricación por la autorización de marchas y actos multitudinarios en Madrid entre el 4 y el 14 de marzo, a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades del día 2 del mismo mes sobre la covid-19.

En el caso de las querellas, la formulada por el partido político Vox, ejercitando la acción popular, y otra interpuesta por personas que se reclamaban víctimas o perjudicados ejercitando la acusación particular, dirigidas por el abogado Jose Ignacio Sánchez Rubio se presentaron, respectivamente, los días 20 de abril y 11 de mayo. Desde ese momento, lejos de dar el debido impulso procesal a estas y otras querellas ya presentadas, según se refleja en su resolución, el tribunal se limitó a dar números de referencia a las causas y pidió opinión al Ministerio Público (esta expresión debe entenderse como un grupo al servicio del fiscal encargado) sobre el curso a seguir en las actuaciones. Sin que se aclare por qué no se recabaron según iban llegando las querellas separadamente, el Fiscal pidió que la Sala asumiera el conocimiento únicamente respecto de los hechos imputados a cada una de las personas aforadas, su acumulación, así como el archivo “por no existir hecho alguno de apariencia delictiva”. A pesar de contar con las actuaciones a finales de junio, el fiscal se demoró en la elaboración de su dictamen. Por otro lado, se le permitió desglosarlo en dos partes, presentadas el 14 de septiembre (respecto a las 19 querellas) y el 5 de octubre (respecto de las 29 denuncias).

Retengamos en este punto, pues, que al dictar su auto de inadmisión, el Tribunal Supremo había dejado transcurrir nueve meses desde la primera de las denuncias por prevaricación administrativa formulada por el abogado Víctor Valladares Pérez (sobre la que no hay un pronunciamiento expreso) a las que ha ido amalgamando otras acciones posteriores por delitos de muy diferente naturaleza, que afectan no solo a los miembros del gobierno, sino también a magistrados del Tribunal Constitucional, de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Como cuestión procesal previa, con unas evidentes consecuencias posteriores: ¿es normal esta demora, con la inestimable colaboración del Fiscal, para comprobar si se presentan otras querellas que se puedan acumular a las previamente presentadas? Entiendo que no. Tal actuación supone una flagrante vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y un proceso público sin dilaciones indebidas -recogidos en el artículo 24.1 y 2 de la Constitución– de los primeros denunciantes y querellantes, en un sistema procesal como el español que, por lo demás, regula pormenorizadamente la participación de los ciudadanos en la administración de Justicia, mediante el ejercicio de las acusaciones particular y popular.

Pero sigamos analizando el auto de marras. La parte dispositiva desestima parcialmente las peticiones de archivo de plano de querellas y denuncias planteadas por el fiscal, pero inadmite las dirigidas contra los miembros del Gobierno y “decreta el archivo de actuaciones, por no estar debidamente justificada la comisión de los hechos punibles atribuidos a los querellados con fuero procesal en esta Sala”. No obstante, remite las denuncias y querellas a los Juzgados de Madrid para que, conforme a lo que se acuerda y razona en la presente resolución, se incoen las causas penales que correspondan, o se acumulen aquellas a las que ya estén siendo o hayan sido objeto de tramitación.

El auto carece de la coherencia necesaria. Si bien la parte dispositiva decreta el archivo de actuaciones, “por no estar debidamente justificada la comisión de los hechos punibles atribuidos a los querellados con fuero procesal en esta Sala”, lo cual tendría los efectos de un sobreseimiento provisional, las razones expuestas en los fundamentos del Auto apuntan a una intención exculpatoria absoluta equivalente a un sobreseimiento libre. Ahora bien, tampoco eso queda claro. Fruto del frenesí por esperar y acumular mostrado por la Sala y el Fiscal, más de la mitad de una resolución de noventa y tres folios se dedica a consignar extractos de las pretensiones de querellantes y denunciantes con más o menos detalle, extractos de las distintas querellas y denuncias. De alguna manera parece que tal amalgama le sirve al Tribunal Supremo para construirse un perfecto hombre de paja para defender a los aforados de todos los títulos de imputación esgrimidos.

Solo realmente 28 folios se dedican a someros análisis y pronunciamientos, introducidos por un exordio que incurre en variadas incongruencias y excesos retóricos sobre el peligro de un “derecho penal totalitario” si se procede a incoar procedimientos penales contra individuos por meras sospechas. Prevención abstracta muy plausible cuando se trata de individuos que no gozan de privilegios procesales, pero distorsionadora de la realidad cuando se refiere a miembros del gobierno aforados (con la necesidad de obtener un suplicatorio el propio Tribunal Supremo para investigarlos) que, de hecho, disponen de la fiscalía como defensor.

En cualquier caso, sin agotar los delitos que imputan las querellas y denuncias contra los distintos aforados, la lista es larga: 1) los delitos de homicidio (art. 142 CP) y lesiones por imprudencia grave así como la comisión por omisión (art. 152 CP) 2) un delito contra los derechos de los trabajadores de los arts. 316 y 317 del CP, por no haber facilitado a los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al personal sanitario, los medios y equipos de protección necesarios para el ejercicio de su actividad, 3) Prevaricaciones diversas relacionadas con los ceses del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que también se califica como delito de obstrucción a la Justicia a que se refiere el art.464 del CP, y del jefe del servicio de prevención de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía, D. José Antonio Nieto González 4) los delitos de malversación de caudales públicos (art. 432 CP) y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos (art. 442 CP) 5)  la existencia de un delito contra las instituciones del Estado del art. 508 del CP 6) un delito de violación de secretos (arts. 198 y 415 del CP) 7) un delito de omisión del deber de perseguir delitos (art. 408 del CP)

En general, el Tribunal Supremo se permite aseveraciones muy categóricas sobre la imposibilidad de la comisión de algunos delitos por parte de aforados, sin haber acordado ningún tipo de diligencia de investigación y comprobar su resultado y no se pronuncia motivadamente sobre algunas de las denuncias como la que llegó en primer lugar por prevaricación contra el presidente del gobierno. No obstante, partiendo de la idea que deben investigarse por separado delitos en los que pueden haber cooperado personas aforadas y otras sin privilegios procesales, un axioma que no se encuentra en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni se justifica en una idea cabal de averiguar la verdad material e impartir justicia sin dilaciones indebidas, el Tribunal Supremo envía las causas ya acumuladas a los Juzgados de instrucción ordinarios de Madrid. Aunque solo para que investiguen las muertes en las residencias de la tercera edad, las eventuales omisiones de las medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales sanitarios o a los policías, y a una posible malversación de fondos públicos en la contratación de materiales fallidos o fraudulentos para combatir la pandemia.

Dadas las flagrantes omisiones e incongruencias omisivas del auto de 18 de diciembre, parece previsible que las partes que no han obtenido un pronunciamiento expreso, o que han visto desestimados sus pretensiones insten todo tipos de incidentes de nulidad de actuaciones, si no es posible articular un recurso de apelación (art. 313 LECr) ante una sala de apelación inexistente. En cualquier caso, el Tribunal Supremo ha mostrado algo más que lenidad ante las actuaciones del gobierno en la gestión de la covid 19.

[1] La resolución judicial de 18 de diciembre fue adoptada por una sala constituida por cinco magistrados: Manuel Marchena Gómez, presidente y ponente, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García, Pablo Llarena Conde y Vicente Magro Servet.

Venezuela: Diosdado, el terror bolivariano

Escrito por Venezolano Anónimo en . Publicado en Análisis diario.

Todo régimen que haga del terror su columna principal tiene su brazo ejecutor que hace de la maldad una política de Estado. El historiador y periodista español Jesús Hernández, en su libro Bestias nazis: los verdugos de las SS, menciona a Amon Goth, capitán de las SS, conocido como el capitán de la muerte, quien practicaba tiro al blanco con los prisioneros del  campo de concentración que dirigía. Stalin tenía a Lavrenty Beria, jefe de la policía política del régimen comunista, el NKVD durante 15 años, en los que la represión y el asesinato estaban a la orden del día. La sola mención de su nombre inspiraba terror. En el siglo pasado, en la penúltima dictadura que tuvo Venezuela, la de Marcos Pérez Jiménez, destacaba por su crueldad el director de la Seguridad Nacional, Pedro Estrada, apodado el Chacal de Güiria, aficionado a la tortura como método de interrogatorio.

El régimen venezolano actual tiene también un voluntario que hace o dirige el trabajo sucio, Diosdado Cabello. Pero este personaje no solo dirige la represión y maneja a su antojo los cuerpos represivos, sino que desde que Chávez designó a Nicolás Maduro como su sucesor, el teniente Cabello no ha dejado de entrometerse y disputar a Maduro el poder.

Todo el mundo ha presenciado el forcejeo que ambos mantienen por obtener parcelas de poder, donde Cabello nunca ha tomado en cuenta la figura de Maduro a la hora de anunciar la detención de algún líder opositor o defenestración de un chavista. Casi siempre desde su patético programa de televisión: Con el Mazo Dando. Sus diferencias no han sido de ideas, porque ambos carecen de ellas, sino de control de instituciones y mafias que manejan el país.

A Diosdado se le identifica como el verdadero poder frente a los poderes represivos del Estado. Desde su cómoda posición como presidente del aparato conocido como Asamblea Nacional constituyente, decide a quién inhabilita, a quién encierra en la tenebrosa cárcel conocida como La Tumba, a quién exilian y a veces también cuándo hay que tomar medidas más “radicales” contra incómodos opositores y sus familiares.

Recientemente, el órgano de las Naciones Unidas, conocido como Misión Independiente de Determinación de las Hechos sobre Venezuela, ha señalado que Cabello es el cerebro que maneja los hilos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), uno de los brazos ejecutores de la política represiva del régimen que amedrenta a la disidencia y vigila, persigue y extorsiona a todo sospechoso de obstaculizar los planes de la revolución. También Cabello dirige la Unidad de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Este cuerpo se ha convertido en una banda criminal que actúa de manera arbitraria, cometiendo salvajes violaciones de los derechos humanos, allanando viviendas, secuestrando, torturando y cometiendo ejecuciones a la luz del día. Diosdado no tiene ningún problema en demostrar su poder; públicamente en su programa de televisión anuncia que aplicará a cualquiera que no le caiga bien la “operación tun tun”: o sea, enviar esbirros a amenazar o detener a lo que son convenientemente seleccionados.

El expediente de Diosdado está enriquecido por acusaciones de corrupción, asociaciones con el narcotráfico y líder del poderoso Cartel de los Soles, socio de la guerrilla colombiana que secuestra y maneja el jugoso negocio de la droga. De él también se asegura que posee la más cuantiosa fortuna de Venezuela, ante la cual palidecen las de Villalobos, Andrade, Ruperti, Gorrín y la familia Chávez. En el estado de Monagas, de donde es nativo, todos dan por hecho que las mejores tierras y hatos ganaderos son propiedad del clan Cabello. Se le señala por ser dueño de una de las mejores fincas de cría de ganado en el estado de Bolívar y de estar vinculado a varias empresas que gozaban de dólares preferenciales, importación de alimentos y contrabando de oro. Es conocida su afición a las peleas de gallo, donde apuesta cuantiosas sumas en dólares, lo cual es un hecho notorio y frecuente.

En el SENIAT, organismo encargado de cobrar impuestos y extorsionar a los empresarios, manda desde hace varios años, su hermano José David Cabello, también exmilitar golpista. Estas prácticas eran conocidas por Chávez, pero las dejaba pasar porque Diosdado también practicaba tiro al blanco con los opositores y nunca le importó mancharse las manos haciendo el trabajo que con toda confianza le encomendaba el Comandante. Es conocida la denuncia que reposa en la Asamblea Nacional sobre corrupción, sobornos y cobro de comisiones. También se recuerda la confrontación que mantuvo con el exgobernador José Gregorio Briceño, del estado de Monagas, quien lo llamó “Pimentón” porque aparecía en todos los “guisos” que explotaban en el Gobierno.

En 2018, Estados Unidos lo sancionó junto con su esposa la ministra Marleny Contreras y su hermano José David Cabello. Sin embargo, el antiguo teniente golpista no para de burlarse de la tragedia venezolana, como cuando dice que “el que no vota no come” o que los venezolanos ahogados en aguas trinitarias “deberían nadar en una piscina y así no se ahogan”. Se olvida el exgolpista que él es uno de los responsables de que más de 5 millones de venezolanos hayan emprendido esta, no pocas veces, trágica aventura.

Por un individualismo metodológico dinámico como puente entre Rothbard y Hayek

Escrito por Vicente Moreno en . Publicado en Análisis diario.

En mi artículo anterior traté el debate abierto entre austriacos sobre si Friedrich A. Hayek debería ser considerado economista austriaco o no. Mi respuesta a esa pregunta fue afirmativa, y estuvo guiada por un ánimo sintetizador que busca unir los mejores aportes de los distintos y diversos enfoques que encontramos dentro de los pensadores de la Escuela Austriaca. En el artículo abordé la cuestión de los límites de la praxeología, sobre los que debe apoyarse la ciencia económica, y por ello, hicimos referencia a conceptos como el de equilibrio y el de coordinación. Aunque pudiéramos resolver o aclarar hasta cierto punto la pregunta que nos planteamos, dejamos el final abierto para que hoy pudiéramos hablar sobre las críticas que Hayek ha recibido, por parte de Misesianos más extremos o Rothbardianos, acerca de su concepto de orden espontáneo.

Para Hayek (1973), un orden espontáneo sería un orden autogenerado o autoorganizado, que es, expresado de la mejor manera con la frase de Adam Ferguson, “resultado de la acción humana pero no del diseño humano”. Esta idea de orden espontáneo va en línea de la critica que hace Hayek al racionalismo constructivista o racionalismo extremo, que considera origen del socialismo, y que asume que el ser humano posee la capacidad suficiente como para diseñar, al completo, fenómenos complejos como el dinero, el lenguaje o los principios morales. Como Hayek considera que estos fenómenos no pueden ser diseñados racionalmente, sugiere que son resultado de la acción humana de multitud de personas, pero no del diseño de uno solo o unos pocos, debido, en última instancia, a la gran cantidad de conocimiento factual que implican y que es inabarcable para la mente humana. Con ello, Hayek continúa toda una línea de pensadores que, desde la Escuela de Salamanca, pasando por Bernard de Mandeville, David Hume o Adam Smith,  y llegando a Carl Menger (Barry, 1982), plantearon esa idea o concepto de un orden espontáneo, no planificado o diseñado por uno o varios pocos individuos.

Ante estas ideas de “orden espontáneo”, “consecuencias no intencionadas de la acción humana” y “producto de la acción humana pero no del diseño humano”, Rothbard (2011) llega a decir que la completa obra de Hayek está dedicada a la denigración de la razón humana (p.192), o que constituye un paradigma fundamentalmente irracional. Incluso pone en el mismo plano a Hayek, Hegel y Marx por supuestamente creer en ese evolucionismo, que funciona en base a una especie de patrón beneficioso que lleva siempre a la mejora de las instituciones. Esta acusación de irracionalidad se debe, según Rothbard, a que todas esas nociones que acabamos de comentar asumen que el ser humano puede actuar inconscientemente, de manera inintencionada o automática, como si fuera un robot. Eso es algo que en principio choca con la propia filosofía de la praxeología, que parte del axioma fundamental de la acción humana racional (expresión que el propio Mises considera pleonasmo), al igual que consciente. Toda acción humana es racional, consciente e intencional, es decir, dirigida a un fin. Y según Rothbard, el paradigma Hayekiano no respeta esos principios fundamentales. Gordon (1989) y Salerno (1990) son otros dos austriacos que se suman a la crítica de Rothbard a Hayek.

Desde mi punto de vista, Rothbard no parece comprender lo que Hayek intenta transmitir con esa idea de orden espontáneo. Hayek en ningún momento niega la racionalidad o intencionalidad de la acción individual, es más, especifica que el orden espontáneo es fruto de la acción humana. En términos praxeológicos, por tanto, podemos decir que es fruto de la acción consciente e intencional. Sin embargo, no es resultado del diseño de un solo o unos pocos individuos. Es decir, por problemas relacionados con la limitada capacidad cognitiva del ser humano, el orden mental individual no puede crear y ni siquiera comprender al detalle órdenes superiores en complejidad como el orden espontáneo (Hayek, 1952). Entonces ¿cómo es posible que el orden espontáneo se base en la acción consciente e intencional y a la vez tenga un resultado no diseñado por el individuo o los individuos que participan en él?

La respuesta a la anterior pregunta podemos encontrarla en el individualismo metodológico. Más concretamente, en un individualismo metodológico no atomista o dinámico. A este individualismo ya me referí en otro artículo, donde explicaba que, a diferencia del individualismo metodológico atomista, éste asumía como punto de partida la acción humana individual pero consideraba fundamental el papel de las instituciones y cómo influyen y condicionan la acción individual. Además, criticaba al individualismo metodológico atomista por ser estático, puesto que éste obvia el papel de las instituciones en la acción humana individual, olvidando, por tanto, el resultado de acciones individuales pasadas que dieron lugar a esas instituciones –no debemos olvidar que las instituciones son resultado de acciones humanas pasadas–. Y es que, lo que conocemos por orden espontáneo es resultado de la acción consciente de millones de seres humanos a lo largo del tiempo. No es que las personas actúen inconscientemente, sino que una norma o institución, si incluso es diseñada en origen por un individuo o pequeño grupo, pasa por un largo proceso de prueba y error entre una gran multitud de individuos que, de la misma manera, pueden modificar la institución de forma incluso consciente. No obstante, al final del proceso, el resultado no se ajustará al diseño de una mente o unas pocas mentes, sino que habrá cambiado en función de la contribución de muchísimas de ellas. De esta forma, sí podemos comprender que el orden espontáneo sea fruto de acciones intencionales y conscientes, pero no del diseño de una o unas pocas mentes. Esta comprensión es posible gracias a un individualismo dinámico o no atomista, es decir, que tiene en cuenta acciones individuales pasadas y que, por tanto, considera la influencia de las instituciones en la acción individual.

Hemos de decir que Hayek ya hizo una separación entre lo que él consideró un verdadero individualismo y un falso individualismo (Hayek, 1948), en línea a lo que ahora comentamos. También, me gustaría aclarar que llamo dinámico a este individualismo no atomista, pues el dinamismo es una de las esencias de la Escuela Austriaca: considerar el factor tiempo. En este individualismo no atomista, lo que justamente nos permite comprender el orden espontáneo es saber que depende de multitud de individuos, lo que indudablemente implica tiempo. Enfocarnos en un individuo aislado supone aislarlo en el tiempo igualmente y, por tanto, desconectarlo de cualquier herencia o tendencia evolutiva, convirtiendo así nuestro método en un individualismo estático o falso, que nos puede llevar incluso a conclusiones extremo-racionalistas. Desde este individualismo dinámico, sí creo que Rothbard y Hayek pueden entenderse en relación a la razón humana.

Referencias

Barry, N. (1982). The Tradition of Spontaneous Order. Literature of Liberty, 2(2).

Gordon, D. (1989). The Origins of Language: A Review. Review of Austrian Economics, 2, 245–251.

Hayek, F. A. (1948). Individualism and Economic Order. The University of Chicago Press.

Hayek, F. A. (1952). The Sensory Order: An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology. The University of Chicago Press.

Hayek, F. A. (1973). Law, Legislation and Liberty. Vol. I: Rules and Order. Routledge.

Rothbard, M. N. (2011). The Present State of Austrian Economics. In Economic Controversies (pp. 161–224). Ludwig von Mises Institute.

Salerno, J. T. (1990). Ludwig von Mises as social rationalist. The Review of Austrian Economics. https://doi.org/10.1007/BF02426363

¿Quién imprime los euros?

Escrito por Jon Aldekoa en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en ¿Quién imprime los euros?

Como ya sabrán, gran parte del dinero emitido por los bancos centrales y bancos comerciales son apuntes contables, esto es, no tienen una representación física en billetes de euro. En esta ocasión, sin embargo, no voy a tratar temas abstractos de política monetaria sino otro tema a mi parecer también interesante y más tangible como es la fabricación de billetes de euro.

Logística

Los diferentes Bancos Centrales Nacionales (BCN) comparten las tareas de impresión que el Banco Central Europeo (BCE) les asigna. Estos, a continuación, suministran una determinada proporción de la producción anual total de una o más denominaciones (no todos los bancos centrales nacionales se encargan de la fabricación de todas las denominaciones) y se hacen cargo de sus costes de producción. La producción se distribuye entre varias fábricas de alta seguridad repartidas por Europa. Los billetes son distribuidos a continuación entre los distintos bancos centrales nacionales.

Existen dos tipos de reservas de billetes en el Eurosistema: la reserva logística y la reserva estratégica. La reserva logística suministra el efectivo de la demanda de billetes en condiciones normales: sustituyen los billetes no aptos para la circulación por su deterioro, atiende los aumentos de circulación, hace frente a las fluctuaciones de la demanda y optimiza el transporte de los billetes entre las diferentes sucursales de los bancos centrales nacionales. La reserva estratégica, en cambio, está destinada a ser utilizada en circunstancias excepcionales, es decir, cuando las reservas logísticas sean insuficientes para atender a un aumento imprevisto de la demanda de billetes o en caso de una interrupción repentina del suministro. Ambas reservas garantizan que los bancos centrales nacionales sean capaces de atender en todo momento la demanda de billetes.

Emisión

En las monedas de euro se puede identificar claramente al emisor dado que tienen una cara nacional que lo indica. Sin embargo, los billetes son todos homogéneos, no hay diferencias estéticas faciales que lo determine. Además, el país que los emitió no es necesariamente el mismo que los imprimió. La información sobre el país emisor se codifica en los caracteres del número de serie de cada billete. El número de serie es ese conjunto de once caracteres azules que se encuentran en el lado derecho del reverso del billete.

El primer carácter del número de serie es una letra que identifica de forma exclusiva al país que emite el billete: B: Lituania, C: Letonia, D: Estonia, E: Eslovaquia, F: Malta, G: Chipre, H: Eslovenia, L: Finlandia, M: Portugal, N: Austria, P: Países Bajos, S: Italia, T: Irlanda, U: Francia, V: España, X: Alemania, Y: Grecia, Z: Bélgica; A, I, O, Q: sin asignar.

Como curiosidad, cabe mencionar que algunos economistas creen que en una posible quiebra de las deudas nacionales de los países de la zona euro, los billetes de euro serán valorados en función de su país emisor, es decir, los billetes de euro que hayan sido emitidos por España (V) circularán con un descuento respecto a los emitidos por Alemania (X) en caso de un impago de la deuda pública española.

Impresión

Los billetes de euro deben imprimirse dentro del territorio de la UE. Esto quiere decir que, un país perteneciente a la UE, pero no a la zona euro (que no tengan el euro como moneda), puede fabricar billetes de euro.

Los bancos centrales nacionales tienen tres maneras distintas de producir los billetes de euro que el BCE les asigna. Algunos utilizan sus propias imprentas para producir billetes de euros (principalmente Austria, Italia, Irlanda, Francia, España, Grecia, Bélgica y Portugal). Otros, subcontratan el proceso de fabricación a imprentas comerciales (como De La Rue en el Reino Unido), y ocasionalmente pueden también fabricarlos en alguna de las imprentas oficiales.

Cada billete de euro tiene un código de impresión que identifica dónde se imprimió un billete. Este es un código muy pequeño de seis caracteres que se encuentra en el anverso del billete (no confundir con el número de serie), a la izquierda de la banda holográfica u holograma de este. El primer carácter, que siempre es una letra, indica la imprenta que lo fabricó: D: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, E: Oberthur Fiduciaire, H: De La Rue Currency (Loughton), J: De La Rue Currency (Gateshead), M: Valora, N: Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH, P: Joh. Enschede Security Printing BV, R: Bundesdruckerei GmbH, S: Banca d’Italia, T: Central Bank of Ireland, U: Banque de France, V: IMBISA, W: Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig), X: Giesecke & Devrient GmbH (Munich), Y: Bank of Greece, Z: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique; A, B, C, F, G, K, I: sin asignar.

¿Y en España?

Como se ha dicho con anterioridad, los bancos centrales nacionales tienen varias maneras distintas de producir los billetes de euro. En el caso de España, una parte es fabricada por Imprenta de Billetes S.A. (IMBISA) y el resto se recibe de los otros bancos centrales nacionales de acuerdo con el sistema de producción descentralizada establecida por el BCE. El Banco de España es el responsable de poner en circulación los billetes de euro.

El 2 de noviembre de 2015 se constituyó la Imprenta de Billetes, S.A. (IMBISA), cuyo objeto social es la producción de billetes en euros. Estaba participada en un 80% por el Banco de España y en un 20% por la FNMT-RCM (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda), que pudo mantener esta participación hasta el 31 de diciembre de 2017.

La empresa se creó como respuesta a la necesidad de adaptarse al marco legal de la producción de billetes en euros debido a la aprobación por el Banco Central Europeo, el 13 de noviembre de 2014, de una nueva directriz para producir el cupo nacional de billetes en euros. España optó por la opción de crear la sociedad IMBISA para la fabricación de sus billetes.

La Ley 36/2014, de 26 de diciembre de 2014, de Presupuestos Generales del Estado para 2015, modificó la Ley de Autonomía del Banco de España para que el Banco Central pudiera confiar su cuota de producción de billetes en euros a una sociedad mercantil en el que tuviera una participación mayoritaria.

Maradona y la lotería de Babilonia

Escrito por Alejandro de León en . Publicado en Análisis diario.

Vivimos días en los que el trabajo y la especialización, esa excelencia en el oficio tan socrática, ha pasado a estar en entredicho constante. Nadie confía en el éxito o la realización, ya solo hablamos de si somos desiguales o de si existen ganadores y perdedores en una fábrica descorazonada y alienada. Todo mentira estadísticamente, por cierto, nadie parece querer premiar al que dedica su vida a intentar ser el mejor, sin antes juzgarle y casi obligarle a que devuelva casi todo lo ganado para completar su obra. Y, lo que es peor, algunas de las mentes más maravillosas del mundo parecen comprar el discurso, porque se ha conseguido que no solo no entren los ricos en el Reino de los Cielos sino vetarles otros reinos en la tierra.

Hemos elegido exigir antes que intentar no necesitar, el profesor Berlin ha fracasado.

Cristiano Ronaldo dijo una vez que había gente que le envidiaba por ser rico, guapo y buen jugador. La gente se le echó encima por arrogante. En ese momento matamos al ídolo por decir la verdad que quizá no estamos preparados para oír.

Sin embargo, la semana que muere Maradona parece que murió un padre para muchos. En realidad, lo que nos queda es su figura de mal padre, mal amigo, detestable amante (fundamentalmente por maltratador), pésimo profesional aunque, eso sí, excelente jugador. Vistos los homenajes, no hay duda, estamos ante una sociedad que admira el talento antes que el trabajo. La gente no admira la autoestima de Ronaldo porque eso conlleva levantarse a las 7 a.m. y acostarse a la 1 a.m. queriendo ser mejor que el día anterior, sin importar el resto. La gente no admira a Ronaldo porque para admirar a Ronaldo lo primero que tenemos que ser es valientes, hacen falta muchos cojones, con perdón.

¿Qué preferimos entonces? Preferimos la sociedad que reparte a la hora de nacer unos dones con cada vez más posibilidades, por un tema de probabilidad pura y prosperidad reinante. Esperamos que nosotros o nuestros hijos sean esos elegidos, sin importar para lo que se preparen. Preferimos decirle a nuestro hijo “tranquilo, que lo que tú sabes es útil y llegará el trabajo de tus sueños”, antes que decirle “¿por qué no te reciclas? Con internet puedes hacerlo por un módico precio”. Ronaldo era extremo y ahora es delantero porque tuvo la humildad, no la arrogancia, de admitir que había extremos mejores que él.

El momento, sin embargo, es diferente a los tiempos del burgués Carlos Marx. Ahora no es un problema de falta de burguesía, ni de control de los medios de producción, ahora lo que ocurre es que es tiempo de jugar a la lotería porque este mundo en el que el 90% es burguesía (y no el 10% como en tiempos marxianos) nos ofrece la posibilidad de “tener suerte” más veces que antes. Como en La lotería de Babilonia de Borges, hemos fiado nuestro bienestar a los Estados, cada día más grandes, y a que le toque el boleto a tu hijo de ser buen cantante, buen futbolista o buen torero. Con la paradoja añadida de que son los Ronaldos del mundo los que hacen que cada día se ofrezcan más posibilidades de ser rico arriesgando menos.

Hemos dejado de confiar en la movilidad social, en que no estar entre los 10.000 niños más agraciados para el tenis no te evita ser Rafael Nadal; preferimos cruzar los dedos admirando a Federer. La realidad es que nuestro peor escenario es pedirle al Estado que te ayude a sobrevivir imprimiendo dinero, es decir, a costa del ahorro de los demás. Hemos dejado de confiar en el trabajo como vía para la consecución de nuestros ideales y exigimos al que se precie que nos resuelva los problemas que nos encontramos: al Estado, a nuestros padres o a Dios. Al que sea, con tal de no levantarnos a las 7 a.m. o de dejar nuestro sueño de ser “extremos”. Aún recuerdo cómo había gente que exigía a Rajoy que le diera un trabajo.

De esta inopia hay un receta y la tiene, como siempre, don Antonio Escohotado: “Vive y deja vivir, afánate en aprender a prestar servicios útiles”. El que diga otra cosa, te estará engañando.

P.D. En Twitter le preguntaron a mi amigo Pedro Oriol, golfista profesional, que si no pensaba que estaba gafado. Respondió algo así como “¿Gafado? Lo que tengo que hacer es trabajar más”. Sócrates no lo hubiera respondido mejor. Hay esperanza. Seguimos.

Mala munición de Mariona Gúmpert contra la eutanasia

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en Mala munición de Mariona Gúmpert contra la eutanasia

Mariona Gúmpert, filósofa conservadora, ofrece Munición contra la eutanasia para “dar la batalla cultural”: cree que son “refutaciones a los principales argumentos que utilizan aquellos que se muestran a favor de aprobar la ley de eutanasia”. En realidad se trata de pólvora mojada o de munición defectuosa que les estalla en las manos al utilizarla. Son razonamientos motivados que parten de una conclusión predeterminada que hay que apoyar a toda costa, y son tan flojos que es normal que pierdan la batalla cultural, a no ser que esta consista simplemente en predicar para los ya convencidos.

«Cada quien tiene derecho a decidir sobre su propia vida, y sobre su cuerpo»

Gúmpert dice que esto es falso porque la ley prohíbe cosas contra “la soberanía absoluta sobre el propio yo”: venderse como esclavo, vender órganos, el proxenetismo.

Confunde la mera descripción de los contenidos de una ley positiva, que efectivamente suelen violar el axioma de autopropiedad, con un principio de la ética de la libertad, que es lo que intenta guiar los cambios legales en el asunto de la eutanasia.

Ignora que hay países en los cuales es legal vender órganos, o el proxenetismo.

El venderse como esclavo no es legal en ningún lado, y algunos liberales discuten sobre el asunto, ya que consiste en utilizar la libertad para limitar o destruir la libertad (o autonomía), que es lo que se hace en cualquier tipo de contrato.

Gúmpert trata de argumentar estas prohibiciones:

estas acciones son intrínsecamente malas para el sujeto que decidiere tomarlas; se considera que quien opta por alguna de estas cosas es, o bien por ignorancia, o bien por desesperación. En todo caso, se presupone que son acciones que vulneran la dignidad y/o la integridad física y moral de la persona.

Los conservadores suelen asegurar que hay cosas intrínsecamente malas, ignorando el carácter subjetivo (depende de la persona) y relativo (se valoran unas cosas en comparación con otras) de las valoraciones. Ellos conocen el bien y el mal mejor que los propios interesados en sus circunstancias particulares, y lo imponen de forma paternalista a los demás, que son ignorantes o están desesperados. Si solicitas la eutanasia tu voluntad no cuenta porque eres ignorante o estás desesperado.

Es interesante el uso de la voz pasiva impersonal del “se considera” y “se presupone”: ¿quién considera y presupone? ¿Son acciones malas, o alguien considera que son malas, y ahí se cuela la subjetividad que se quiere ocultar? ¿Todo el mundo lo considera y presupone así? También es relevante el uso de términos grandilocuentes pero de significado ambiguo o problemático, como la dignidad.

«Mientras no se dañe a otros, la libertad individual es sagrada»

Al parecer “este argumento es completamente falaz”, ya que al legalizar la eutanasia hay varias formas de dañar a otros.

se acaba con el juramento hipocrático, según el cual todos los médicos prometen no infligir nunca un mal a sus pacientes.

El juramento hipocrático, del cual hay varias versiones con contenidos diferentes y de interpretación problemática, ni es una norma ética de aplicación universal, ni es parte de la legislación positiva. La legalización de la eutanasia no obliga a ningún médico a participar y considera la posible objeción de conciencia por cuestiones morales.

Estando abierta la opción de la eutanasia se despierta la desconfianza por parte del paciente. De normal nos cuesta confiar en el juicio de los galenos –porque estamos asustados, y porque desconocemos casi por completo la disciplina-, imagínense existiendo una ley sobre la eutanasia «exprés y a domicilio».

Estas afirmaciones de suspicacia y desconfianza en los médicos son arbitrarias y desprovistas de evidencia: es el paciente el que decide (en tiempo real o con un testamento vital), no el médico unilateralmente; el médico no puede activar por su cuenta el proceso, pero sí puede pararlo si no certifica las circunstancias previstas en la ley; si uno no confía en un médico o en su capacitación, puede escoger otro.

La presunta “eutanasia exprés” tiene plazos y condiciones garantistas, no es cuestión de un par de días; ampliarlos puede reforzar las garantías, pero también prolongar el sufrimiento de forma innecesaria. La eutanasia a domicilio se ofrece a quien prefiera estar ahí en lugar de un hospital.

Gúmpert afirma que la eutanasia “no es otra cosa” que un homicidio, incumpliendo así con los principios cooperativos de la comunicación (máximas de Grice): obvia cuidadosamente mencionar que se mata o se ayuda a morir a una persona porque esta así lo solicita de forma libre y voluntaria, algo muy diferente a lo que normalmente se entiende como un homicidio.

La suspicacia se extiende hacia enfermos crónicos y personas mayores que son, y se sienten, una carga para sus familiares o cuidadores, y la ley no ayuda con estos sentimientos: mejor prohibir ciertas opciones no vaya a ser que haya gente que escoja mal bajo la coacción sutil de egoístas no identificados.

Al parecer la eutanasia se solicita, no para evitar graves sufrimientos propios, sino para no ser una carga para otros. Es curioso que los conservadores suelen pedir y valorar ciertos sacrificios por la patria, como los de los soldados, o de los padres por sus hijos, pero otros posibles sacrificios voluntarios les parecen mal. También se ignora cómo los familiares y cuidadores pueden sufrir con el dolor de un ser querido cuya voluntad de morir no se respeta: se puede sufrir por la muerte del amado, pero también aun más por su dolor desesperado.

Afirma que hay daños a terceros porque los seres queridos sufren por una muerte no deseada, como en un suicidio, pero en este caso todavía peor porque están informados. De nuevo estas afirmaciones psicológicas se realizan gratuitamente sin ninguna evidencia, no son ni siquiera anécdotas reales. No se ofrecen datos de sufrimiento en parientes por suicidio o por eutanasia. El suicidio suele ser devastador para los allegados por la falta de comunicación, de conocimiento y de oportunidad de actuar para ayudar, y porque suele pensarse que la situación de depresión o desesperación podía ser pasajera y remediable. La eutanasia es muy diferente.

Gúmpert lleva a comparar la eutanasia con matar a los parados desesperados que han perdido su empleo y su casa en lugar de solucionar el desempleo. Plantea la situación no desde el punto de vista de quien pide la eutanasia, sino de toda la sociedad que “con todos los medios al alcance, hemos decidido rendirnos y hemos abierto la puerta a una solución como esta.” Colectivismo para aderezar los malos argumentos: no es el individuo el que decide, hay que apelar a la sociedad.

Tal vez conviene aclarar que la limitación de la libertad en el daño a otros se refiere normalmente a agresiones físicas o sus amenazas, a violaciones de la propiedad ajena. No se refiere a no poder hacer algo porque a otro le disgustará mucho: si así fuera, cualquier presunto afectado podría interferir sistemáticamente en las vidas ajenas. Uno no podría romper nunca con su pareja enamorada, o causar cualquier tipo de dolor o decepción en una relación o interacción. La sensibilidad no genera automáticamente derechos.

el objetivo a perseguir -en el fondo- es acabar con el sufrimiento del paciente.

La opinión y la voluntad del paciente parece que no cuentan. Y a veces la única forma de acabar con el sufrimiento es la inconsciencia o la muerte.

«No queremos que nadie sufra»

Este principio parece encajar con lo que acaba de defender. Presenta a los prohibicionistas de la eutanasia como “provida”: claro, la vida suena mejor que la muerte y así parece que quien defiende legalizar la eutanasia es “promuerte”, muy malo. Asegura que no son monstruos que hacen apología del sufrimiento, pero algunos hablan de dar sentido al sufrimiento, de aprender a sufrir, de imitar a Jesús y cargar con su cruz.

Lo que nos distingue de quienes están a favor de la eutanasia es que nosotros deseamos acabar con el dolor, no con el paciente.

Gúmpert parece insinuar que ellos son buenos y nosotros somos malos porque, o queremos acabar con el paciente, o ignoramos que se puede acabar con su dolor sin matarlo (sedación terminal). Pero lo que defendemos es que se respete la voluntad y la libertad de cada individuo en el ámbito de su legítima propiedad.

Según Gúmpert la sedación terminal es “un procedimiento médico éticamente correcto” porque “la intención principal [es] eliminar dolores insoportables -no provocar la muerte-”. Es la intelectualmente penosa bioética en la que lo que cuenta es la intención, no los resultados, y no aparece por ningún lado la voluntad del individuo que la recibe.

Al menos se opone al encarnizamiento terapéutico. Algo es algo, aunque no sea mucho.

con una buena coordinación e inversión en medicina familiar y paliativa, podría conseguirse que muchas personas llegaran al final de su vida en su domicilio, rodeados de sus seres queridos y sin sufrir, que es al final lo que todos deseamos.

Nadie les prohíbe recaudar fondos para ayudar a quienes no puedan permitirse esto. Que muchas personas consigan esta muerte presuntamente deseada por todos no quiere decir que todos vayan a conseguirlo, y precisamente por eso conviene que la eutanasia sea legal.

«Hay formas de vida que no son dignas»

Dice Gúmpert que hay un “error de fondo: quien tiene dignidad es la persona”, pero no explica en qué consiste esa misteriosa “dignidad intrínseca que posemos los seres humanos”. Una dignidad que aparentemente no fundamenta el derecho a decidir cómo vivir y cómo morir, sino que por el contrario niega el derecho a morir mediante eutanasia.

Lo de que la vida no es digna no significa que ciertas personas pierdan derechos por sus circunstancias límites, sino que es una forma de expresar que a algún individuo no le merece la pena vivir así y prefiere que le ayuden a morir. Se trata de un nuevo incumplimiento de las normas de uso del lenguaje para ofuscar en lugar de aclarar.

Menciona Gúmpert también, como no podía faltar, la pendiente resbaladiza: las condiciones para pedir la eutanasia se han ido ampliando allá donde se ha legalizado, como es el caso de Holanda. Dice que se “ha disparado el número de personas que recurren cada año al mal llamado suicidio asistido.” No aclara por qué está mal llamarlo así, y no ofrece ningún dato, al tiempo que critica que “«padecer un sufrimiento insoportable» … [es] un término impreciso donde los haya”. Obviamente no se plantea la posibilidad de que sea bueno que más personas recurran a la eutanasia o al suicidio asistido: sus preferencias no importan. Tal vez conviene explicar que estar a favor de legalizar la eutanasia no es lo mismo que promover que la gente la pida o la practique, ni alegrarse de que lo hagan: es pedir que se respete su libertad.

Termina insistiendo en que nos preguntemos por el “tema de la dignidad humana” como fundamento de todo: al parecer “solo se [consideran] dignos los individuos «activos» en términos económicos”. Efectivamente, la confusión que tienen los conservadores con este término es considerable, y tal vez el día en que lo entiendan se harán liberales.