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Lo que se ve (y lo que no se ve) de las políticas de identidad

En la actualidad se ha impuesto un concepto de la identidad vinculado con las ideas de pluralidad, flexibilidad, cambio, restitución y reconocimiento. Hablamos de identidad cuando tratamos cuestiones vinculadas con la cultura, el género, la orientación sexual, la religión, etc.

Es en el contexto de Mayo del 68 en el que esta forma de entender la identidad se populariza. Los llamados filósofos de la diferencia (Derrida, Deleuze o Foucault, entre otros), criticaban que el concepto de identidad que había predominado hasta entonces era un concepto estático, que delimitaba lo que podía ser a partir de un modelo hegemónico que empujaba las diferencias en la marginalidad.

La identidad, como propone Manuel Castells (sí, el ministro) en La era de la información, es un producto de construcción de sentido que realiza una persona “atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido “[1]. Al fin y al cabo, la identidad sirve como punto de arraigo, y da sentido personal a la posición como se ocupa en el mundo. Esta no sólo es útil para los individuos, también lo es por los grupos, pues genera personas “ordenadas” que se alinean con los intereses del grupo y contribuyen a su mantenimiento.

Los seres humanos somos seres complejos y nos definimos en base a multitud de etiquetas diferentes. Es por este motivo que en el seno de una misma persona pueden coexistir una pluralidad de identidades. Además, el proceso de construcción y revisión de estas está en constante cambio.

Existen varias reivindicaciones a la política contemporánea que giran en torno a la demanda de reconocimiento de grupos que han sido tradicionalmente despreciados: las personas LGBTI o las minorías étnicas o culturales son ejemplos. Esta demanda de reconocimiento está ligada sobre todo a la dimensión externa de la identidad, es decir, a cómo nos conciben los otros y en qué medida nos reconocen tal como nos definimos. Nuestra identidad, como defiende Charles Taylor, está modelada, en parte, por el reconocimiento (o su ausencia) de los otros [2]. Tanto es así que el otro día un diputado de VOX en la asamblea de Madrid se dirigía en masculino a una diputada trans del PSOE, provocando un manifiesto un malestar y una protesta en esta dirigida al presidente de la cámara.

Mientras que en las sociedades liberales las diferencias habían acomodado mediante la neutralidad política, es decir, la inacción ante reclamos de reconocimiento o compensación; es precisamente como insatisfacción con esta forma de hacer, que surgen las llamadas “políticas de identidad”. Estas políticas, que exigen algún tipo de acción positiva por parte del Estado, parten de la premisa de que la identidad no es un aspecto únicamente privado. Como la sociedad, a través de las instituciones formales del Estado y las informales generadas bottom-up, ha tenido mucho que ver en el proceso de construcción individual y colectiva de la identidad, tendría el deber de revertir situaciones en las que esta construcción ha sido el resultado de la coacción, la presión o la negación de los recursos necesarios.

Si bien algunas de estas demandas pueden ser justas y legítimas, puede que aquellas personas que apoyan no hayan evaluado debidamente los posibles efectos no deseados que pueden generar. A continuación voy a explicar aquellos que más me preocupan.

En primer lugar, aunque la definición que realizan los grupos sobre cómo son o serán sus miembros y la lealtad que muchas veces les exigen, da seguridad, certeza y homogeneidad identitaria, también es una fuente de posible discriminación y exclusión. Los grupos más “exitosos” (que tienen más probabilidades de sobrevivir como grupo) suelen ser aquellos más cerrados y excluyentes y que exigen mayores “contribuciones” a sus miembros. Estas contribuciones actúan como señales honestas costosas [3], que son difíciles de “falsificar”, para minimizar así la posibilidad de que entren free-riders que se aprovechen los beneficios de la pertenencia al grupo sin contribuir en su generación. Sin embargo, estas cuestiones pueden suponer la anulación de la individualidad de sus miembros y acabar disminuyendo su autonomía. Una prueba de ello es que mientras grupos como los los judíos ultraortodoxos o algunas comunidades indígenas piden autonomía para regular las conductas de sus miembros de forma paralela a la legislación ordinaria mantener, ambos son grupos en los que la opción de salida tiene unos costes muy elevados por sus miembros.

En segundo lugar, este tipo de políticas, que benefician a algunos grupos en detrimento de otros, pueden generar un agravio comparativo entre estos, a través de la institucionalización de privilegios que pueden ser considerados como injustos por una parte de la sociedad Esto, lejos permitir acomodar de forma pacífica las diferencias, puede ser un foco de conflicto. Un ejemplo muy claro es la llamada “discriminación positiva” [4].

Finalmente, en estas políticas suele haber un análisis implícito, a mi juicio erróneo. Por un lado, la asunción de que todas las personas que comparten un atributo determinado (ser mujer, por ejemplo) tienen los mismos intereses y, por otra parte, que los colectivos que de un representar sus intereses son los interlocutores legítimos. Esto no sólo es reduccionista, pues supone reducir la identidad de una persona a una característica concreta y hacer de ella una característica definitoria, sino también muy peligroso. Como comentaba en un inicio, las personas podemos sentirnos identificadas con varias etiquetas, además, tenemos que ser nosotros mismos, y no los otros, los que decidimos a qué damos más importancia. Sin embargo, estos grupos que se atribuyen el derecho a representar intereses ajenos, no tienen forma de demostrar que efectivamente representan una mayoría de las personas que comparten este tributo. Así, la identidad colectiva termina por apoderarse de la identidad individual y la sustituye.

Notas

[1] Castells, M. (2001) La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Volumen II: el poder de la identidad. Siglo veintiuno editores, pp. 28.

[2] Taylor, C .; Appiah, A .; Habermas, J .; Rockefeller, S. C .; Walzer, M. & Wolf, S. (1994). Multiculturalism. Examining the politics of recognition. Princeton University Press.

[3] Dawkins, R. & Krebs, J. R. (1978). Animal signals: information or manipulation? (282-309). En Behavioural Ecology: an evolutionary approach. Blackwell y Zahavi, A. & Zahavi, A. (1997). The Handicap Principle. Oxford University Press.

[4] España. Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115.

Libertad y pasaporte COVID

El pasaporte COVID es un certificado europeo de vacunación que podría utilizarse para permitir o limitar la movilidad de los ciudadanos según hayan sido o no vacunados. Ha recibido algunas críticas, también desde filas liberales, a menudo exageradas o mal fundamentadas.

Los problemas y conflictos de interacción social se evitan, minimizan o resuelven con información, incentivos y reglas adecuadas. El estado de vacunación individual en una pandemia es información relevante sobre riesgo propio (vulnerabilidad, inmunidad) y riesgo para otros (ser o no contagioso). Parece razonable e inteligente obtener y utilizar estos datos para exigir confinamientos y permitir movilidad de forma selectiva y limitada en lugar de confinar de forma generalizada o prohibir totalmente la movilidad (o no confinar a nadie y permitir movilidad sin ninguna restricción).

La información acerca de las vacunas y las posibilidades de inmunidad y contagio propio o a otros (efectividad, duración) puede ser imperfecta, pero esta puede mejorarse, utilizarse con cuidado y conocimiento de sus limitaciones, y para tomar decisiones suele ser mejor algo de información que nada de información. Las decisiones pueden modificarse según avance el conocimiento. La información del pasaporte puede complementarse con otros datos relevantes además de la vacunación, como el hecho de haber pasado o no la enfermedad, el disponer o no de anticuerpos o inmunidad, el ser contagioso o no.

El pasaporte incluye información individual de carácter médico: algunos pueden argumentar que esta debería ser estrictamente privada, pero los contagios en una epidemia son externalidades negativas, y la información al respecto un bien público. Los diversos agentes (individuos y asociaciones privadas y públicas) pueden estar legitimados para utilizar esta información en sus decisiones de interacción con otros, por ejemplo al permitir o no ciertos desplazamientos o accesos.

Este pasaporte no es un ejemplo de actuación dictatorial del Estado ni un paso más en una pendiente resbaladiza hacia la dictadura o el totalitarismo. Los Estados ya exigen certificados de vacunación para ciertos movimientos internacionales a zonas problemáticas. Otros certificados restringen las libertades individuales, como por ejemplo el carnet de conducir o ciertas titulaciones para ejercer diversas profesiones.

Este pasaporte no supone la creación de dos castas, vacunados y no vacunados. Las castas son bastante inmutables: en este caso basta con vacunarse para obtener el certificado. Algunas castas clasifican por nacimiento de otro miembro de la casta: no es el caso. Las castas son grupos de interés organizados, suelen estar relacionadas con estatus social por dominación, y conllevan privilegios estamentales de por vida: aquí se trata simplemente de utilizar información sobre posibles riesgos de contagio.

Criticar la escasez de vacunas, la vacunación lenta e ineficiente, o que no hay libertad porque los individuos no pueden decidir vacunarse sino que deben esperar a que el Estado les asigne una vacuna, no es lo mismo que criticar el uso de la información sobre la vacunación. Algunos liberales parecen igualitaristas en el sentido de que quieren que todo el mundo resulte igualmente perjudicado por estos problemas en lugar de minimizar en lo posible los daños sobre la salud y la economía causados por la pandemia. La justicia entendida como tratar igual a todos no es muy acertada cuando existen diferencias relevantes, aunque estas diferencias resulten de otra posible injusticia en el acceso a las vacunas.

Algunos críticos han señalado que la información sobre la inmunidad podría utilizarse en otros asuntos como contrataciones laborales, y que esto sería peligroso porque algunos individuos podrían contagiarse intencionalmente para pasar la enfermedad, resultar inmunes y tener mejores oportunidades laborales. Sin embargo un individuo libre decide por sí mismo qué riesgos quiere asumir a cambio de algún beneficio, sin tutelas o intervenciones paternalistas. La responsabilidad o irresponsabilidad en una pandemia no está tanto en evitar ser contagiado, sino sobre todo en evitar contagiar a otros o suponer costes para otros (tratamientos en sanidad pública).

Algunas cuestiones disputadas sobre el anarcocapitalismo (LV): Golpe de Estado del 23F

El reciente aniversario del golpe de estado del 23F ha vuelto a poner en la agenda política muchos de los viejos fantasmas de la democracia española. Se ha debatido el papel del rey, de las fuerzas armadas y de los partidos y fuerzas políticas de la época. Historiadores y expertos reconocen que no disponen aún de toda la información relevante como para cerrar el caso, al menos en lo que se refiere a poder relatar una historia completa de lo que sucedió. A mi en cambio me interesa más analizar el caso desde el punto de vista de la lógica de funcionamiento de un estado avanzado  como  ya lo era el español de aquella época.

En primer lugar cabría analizar las circunstancias precisas del caso. El golpe se da en medio de una sesión de investidura para sustituir al dimitido presidente Adolfo Suárez. Este había dimitido en circunstancias aún sin aclarar del todo a comienzos de enero del año 1981. Se dice que porque no era capaz de controlar a los elementos díscolos de su gobierno, algunos de ellos en abierta rebeldía. También había descontento en otras partes del aparato estatal debido a derivas políticas como el auge de los nacionalismos o a la sucesión de atentados  terroristas de la organización ETA militar, muy activa en aquellos años. 

En primer lugar podemos observar la anarquía imperante en el seno de la propia política. El líder de un partido no puede mantener el dominio sobre sus propia fuerza política, a pesar de estar ungido de todo tipo de legitimidades democráticas y haber resultado claro vencedor en un congreso democrático (algo, por cierto, que se puede ver a día de hoy en el caso del liderazgo del Partido Popular español). Como puede ser eso?  Pues simplemente porque el líder de un partido carece de poder efectivo sobre sus integrantes. Sólo puede “comprarlos” esto es dándoles algún tipo de incentivo monetario o de otro tipo para que le sean leales o bien convenciéndoles de la bondad de su causa.  Además de esto tiene que convencerlos de que su persona es la adecuada para poder seguir disfrutando de estos bienes (económicos o morales) en el futuro.

De fallar esa percepción o de entender estos que sus intereses van ser salvaguardados mejor por otro líder o por otra organización política buena parte de estas personas abjurarán de sus compromisos y pasarán a apoyar a otro líder o cambiarán de partido. El viejo líder no puede hacer nada más que apartarse con dignidad de darse esta circunstancia pues no tiene medios de fuerza para imponerse sobre su propia camarilla política.  El viejo teórico de la política Guglielmo Ferrero en su libro sobre el poder afirmaba que este es una suerte de misterioso espíritu que se posa sobre una persona y cuando este “espíritu” le abandona, sus seguidores no se sabe como se dan cuenta y lo abandonan también a él. Por un cúmulo de razones, muchas de ellas aún por explicar, el presidente Suárez perdió esa “gracia” y sus leales dejaron de serlo y su partido la UCD comenzó a descomponerse primero lentamente y luego a marchas forzadas.

Algo semejante le aconteció en sus relaciones con otros grupos relevantes en el aparato del estado español. Ya se había escuchado el ruido de los sables en un par de tentativas de golpe desbaratadas, como la operación Galaxia en la que se encontraba involucrado el teniente-coronel Tejero entre otros conspiradores,  lo que demostraba poco control sobre las fuerzas militares y los aparatos de seguridad, en especial los servicios secretos españoles, CESID, que ya habían comenzado a distanciarse de él.

Pero, ¿no dominaba el presidente del gobierno a estas organizaciones, formalmente subordinadas suyas? ¿Cómo es que estas pudieron no sólo desobedecerle sino incluso rebelarse en ocasiones abiertamente? Pues por las mismas razones que antes apuntamos. El líder de una parte del estado no puede imponerse por la fuerza a otras partes del estado, y más si estas son las que controlan los medios de hacer valer esa misma fuerza. Necesita convencerlos ideológicamente, mantenerlos leales por alguna suerte de principio de honor o tenerlos satisfecho económicamente para que estos entiendan que les conviene mantenerse leales. De no darse el caso, por los motivos que sean estos se convertirán en desafectos e incluso podrán intentar cambiar los componentes de la otra parte colonizándola incluso con sus propios miembros.

Las tensiones entre partes del estado son continuas y viven en una suerte de equilibrio continuo en el que cada una de las partes intenta controlar a las otras o en el mejor de los casos defender su parcela de poder. A día de hoy, por ejemplo, están muy presentes en los medios de comunicación las disputas entre políticos y jueces por controlar los órganos de gobierno de estos últimos.  Los políticos intentan evitar la intromisión de los jueces en sus asuntos y que se configuren  en un poder autónomo que incluso pueda amenazarlos (el papel de los jueces en el derribo de Dilma Rousseff en Brasil les sirve de recordatorio) o a la inversa los jueces buscan que los políticos no determinen su carrera profesional ni recorten su ya escaso grado de autonomía.

Por último las otras dos partes del estado también jugaron su papel. Por un lado los sectores económicos del estado quebraron su confianza en el gobierno Suárez y le retiraron su apoyo, dados los muy mejorables resultados económicos de su gestión. Recordemos que el gobierno Suárez operó en  marco de la segunda crisis del petróleo de 1979 que combinó altas tasas de desempleo para la época (hoy serían bajas) pues se venía de una situación de pleno empleo con una inflación desbocada como consecuencias de querer ocultar la crisis económica detrás de un muro de dinero.

Otra parte del aparato estatal que desertó del gobierno Suárez es el aparato de hegemonía del estado. Por un lado los medios de comunicación escritos y algunas radios comenzaron a descontar la pérdida de poder de Suárez, y por otro la Iglesia Católica, que había sido un puntal ideológico del estado durante el franquismo, también le retiró su apoyo explícito al aprobar aquél leyes que esta consideraba lesivas para la cultura católica española. Es el caso de la Ley del Divorcio. Privado entonces de la mayor parte de los apoyos dentro del aparato estatal (incluido el del Rey Juan Carlos), no le quedaba a Suárez otra opción que dimitir y dejar paso a otro presidente.

Fue en la investidura de su sucesor donde se programó el golpe de estado. Como antes se apuntó falta mucho por saber aún sobre tal golpe y sobre el papel exacto de cada uno de los actores involucrados. No podemos saber, por tanto, si tal golpe se debió en exclusiva a la iniciativa de sus ejecutores o si fue un autogolpe inspirado desde el poder. Tampoco podemos saber si se aprovechó desde el poder un golpe ya en curso para dejarlo hacer y contragolpear.

Recordemos que hace unos pocos años, en Turquía se dió un fenómeno similar. Según se relata (como buen golpe no se sabe mucho a ciencia cierta) la inteligencia rusa advirtió al presidente de Turquía de la posibilidad de un golpe de militares descontentos con apoyo logístico norteamericano. Este los dejó hacer y cuando lo comenzaron a ejecutar los atrapó. La prueba es que esa misma noche los militares afectos al poder ya   estaban redactadas las listas de aquellos que había que detener o destituir.

Algo semejante se ha rumoreado sobre el golpe de Mola y Franco de julio de 1936. Esos rumores (sin confirmar como es obvio) apuntan a que se dejó hacer o se forzó a un golpe considerando inmadura su preparación para poder destituir a la cúpula militar y facilitar el descabezamiento de la oposición de derechas. Puede que no sea así en el caso del 23F pero son perfectamente posibles, pues este tipo de maniobras, si bien difíciles técnicamente hablando, no son extrañas al juego de la política. Sino véase el caso de la ocupación del Congreso de los USA y quienes fueros los beneficiados o perjudicados al final.

En el caso que analizamos podemos observar la lógica anárquica que impera dentro de organizaciones estatales que no pertenecen a la parte político-electoral del estado español. En concreto podemos ver cómo operan entre ellas y dentro de ellas. Del relato publicado de los hechos se puede observar como en el golpe participan diversas organizaciones militares y la policía española militarizada, la Guardia Civil. Teóricamente estaban coordinadas por los golpistas, unos llevando a cabo la ocupación del Congreso de los Diputados y otros haciéndose con el control de las regiones militares. Pero también vemos como el general del ejército Alfonso Armada acude al Congreso y allí discute con el teniente-coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, encargado de la toma del congreso. Según testigos discuten por la composición del nuevo gobierno y no llegan a un acuerdo, lo que contribuye a desbaratar el golpe.

Esto es, las organizaciones militares no se coordinan jerárquicamente sino a través de negociaciones y acuerdos no teniendo una parte la capacidad de imponerse a la otra ni por jerarquía (el general no consigue la obediencia ni del teniente-coronel ni de la Guardia Civil). Este fenómeno de anarquía organizativa es frecuente en los golpes. Por ejemplo en la guerra civil llegó a combatir la guardia de asalto contra la guardia civil, y ambas contra el ejército regular  e incluso según el sitio a veces hubo enfrentamiento incluso dentro de la propia organización. La coordinación entre las distintas unidades militares dependerá de la coordinación entre sus respectivas cúpulas dirigentes y de no estar estas de acuerdo no la habrá sino que incluso pueden no solo estar descoordinadas sino también enfrentadas entre sí.

A esto hay que sumarle la propia anarquía dentro de cada una de las organizaciones.  El golpe de estado es una situación muy peculiar en la política en la que cada oficial o actor político sobre todo si no está implicado en la conspiración tiene que tomar decisiones imperativas, a veces incluso sobre la vida o la muerte. Tiene que decidir impelido la mayoría de las ocasiones por subordinados suyos que se saltan la cadena de manda o en el mejor de los casos por iguales que no tienen autoridad sobre él.

De ahí que en buena parte de los golpes triunfantes se constituya una junta militar en la que al principio operan como pares hasta que alguno de ellos pueda imponerse al resto (fue el caso en Argentina o en el golpe de Franco). Y muchas ocasiones no se impone el de mayor graduación o prestigio sino el que es capaz de construir una coalición con sus pares para hacerse con el control de la junta. En el caso del golpe del 23 de febrero fue muy llamativo el hecho de que Tejero fuese quien no sólo de desobedecer abiertamente a su superior jerárquico el general Gutiérrez Mellado, ministro  entonces de defensa, sino incluso de maltratarlo físicamente empujándolo.

Cuando alguien  se decide desobedecer conscientemente y asumiendo las consecuencias es fácil constatar cómo el desobedecido no es quien de hacer cumplir sus órdenes por mucha autoridad formal que tenga salvo que cuente a su vez con capacidad de ejercer una fuerza coercitiva de la misma naturaleza. Quien detentaba el poder deja de hacerlo y se configura un nuevo orden político. Lo que salva a los gobernantes de los golpes no es por tanto su poder sino la incapacidad de coordinarse de los golpistas que acostumbra a ser mayor que las de los que detentan el poder . De ahí que los gobernantes destinen tantos recursos a servicios de inteligencia, que tienen entre sus funciones la de detectar y desbaratar intentonas de este tipo. El problema en el 23 F es que estos servicios o parte de ellos estaban también implicados.

Coda: En el momento de escribir estas páginas están acaeciendo a gran velocidad mociones de censura y cambios políticos inusitados. Creo que un buen observador podría observar perfectamente la anarquía interna de la política (por ejemplo viendo como muchos diputados de Ciudadanos ya no obedecen a su dirección y entran en desbandanda buscando sitio en otras formaciones). Hablaremos de esto más adelante.

Subvenciones y malversaciones

Los ejemplos de que la pandemia del Covid-19 está sirviendo al gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón para fulminar las barreras legales que no había derribado antes de la primera declaración del estado de alarma, se acumulan inexorablemente. En diversos análisis he señalado la flagrante inconstitucionalidad de las prórrogas del decreto originario, con el colofón del aprobado en noviembre que prolongaba el estado de alarma hasta el 9 de mayo de este año. Paralelamente, continúa el método de legislar a través del decreto ley para regular todo tipo de materias de forma rutinaria. Se ha llegado a eliminar temporalmente la libertad de inversiones mediante dos decretos leyes aprobados en un intervalo de ocho meses, para ampliar a inversiones procedentes de países de la UE la autorización del gobierno, poniendo de manifiesto que el ejecutivo se mofa de la urgente y extraordinaria necesidad requerida para su promulgación (art. 86 CE) y de los tratados constitutivos de la Unión Europea.

Otro aspecto en el que el gobierno ha actuado inicuamente se refiere a las compensaciones que tendría que haber previsto para aquellos que sufren de forma directa en su persona, o en sus bienes y derechos, daños o perjuicios por los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. Así está previsto expresamente en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, norma específica que el gobierno viene invocando como legitimadora de su actuación. Esas previsiones son el trasunto de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, por su funcionamiento o actos legislativos no expropiatorios, recogida actualmente en la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público (art 32 y sgs) y se colige de instituciones básicas del Derecho, como la responsabilidad civil por daños causados a otro (art. 1902 del Código Civil).

Acaso esta falta de previsión estuvo justificada en los primeros momentos de la pandemia. Sin embargo, a medida que se prorrogaron los estados de alarma y se observaron los daños evidentes que causaban las restricciones forzosas al funcionamiento de todo tipo de actividades, la omisión se hizo clamorosa. Mucho se ha hablado de la necesidad de que el gobierno destinara ayudas a las empresas afectadas. Sin embargo, se ha olvidado la regla de justicia básica de resarcir los daños provocados por la promulgación de los sucesivos estados de alarma, contenida en la propia Ley de los estados de alarma, con independencia de que el gobierno emprenda otras actuaciones de apoyo. Para pagar esas indemnizaciones por parte de las administraciones públicas, podría habilitarse un procedimiento rápido de entregas a cuenta (incluso con compensaciones de tributos) previo a un reconocimiento singularizado. La dejación de funciones gubernamentales ha desencadenado ya una carrera de presentación de reclamaciones administrativas previas al recurso contencioso administrativo ante los tribunales. Tal inoperancia, pues, añadirá un aluvión de pleitos a los saturados órganos jurisdiccionales españoles.

Por el contrario, la actuación del gobierno se dirigió en un primer momento a avalar préstamos que concediesen los bancos a las empresas a través de una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) capitalizar el mecanismo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) de la legislación laboral preexistente y aprobar un ingreso mínimo vital. En segundo lugar, junto a otros gobiernos despertó las expectativas de un reparto de fondos de reconstrucción de la Unión Europea – los cuales se aprobaron en una cumbre de jefes de estado y gobierno en julio del año pasado – que se destinarían a promover inversiones públicas y privadas en cada país miembro. El ejecutivo lanzaba la especie de que llegaría una especie de maná que pagarían otros y, lo más importante para sus intereses, que los decisores del reparto se hallaban en el Palacio de La Moncloa. Tiempo más tarde los señuelos se convirtieron en normas de aparente validez para “agilizar” la concesión de subvenciones a los proyectos de inversión, mediante la aprobación (cómo no) de otro decreto ley que fue convalidado por el Congreso de los Diputados ocultando un dictamen del Consejo de Estado que formulaba serios reparos a la eliminación de controles administrativos. Un tercer pilar en su programa de favorecer a sus acólitos, se materializó con el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

El artículo 2 creó un fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dotado con 10.000 millones de euros, de apoyo a la solvencia de “empresas estratégicas no financieras” que lo solicitaran, por la crisis de la pandemia del Covid-19.  Dicho fondo se puso en marcha por un acuerdo del Consejo de ministros publicado días después en el BOE, mediante una oscura orden ministerial. Muy poco tiempo después, desde la perspectiva tangencial de la defensa del mercado interior y la competencia, la Comisión Europea aprobó estas medidas excepcionales al amparo de lo dispuesto en el artículo 107.3 b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y las condiciones establecidas en el marco temporal. Retengamos que, según esas condiciones, solo las ayudas superiores a los 250 millones de euros requieren que el gobierno español notifique individualmente la operación a la comisaría de competencia de la Unión Europea.

Pues bien, confirmando lo que cabía augurar, desde la primera ayuda para la compañía aérea Air Europa, aprobada en última instancia por el consejo de ministros, los escándalos no han cesado. De este modo, recientemente se han aprobado sendas ayudas de 120 millones de euros para Duro Felguera y 53 millones para la compañía aérea hispano venezolana Plus Ultra. Como denunció el eurodiputado Luís Garicano Gabilondo para que la comisaria europea de la competencia investigue esas concesiones, en ambos casos se incumplen descaradamente las condiciones establecidas, tanto por el propio gobierno en el decreto ley regulador, como la Comisión europea. Ni se trata de empresas estratégicas, según la definición normativa, ni eran rentables antes de la pandemia. Otras características de la línea aérea Plus Ultra, como que ha presentado pérdidas desde su fundación en 2011, que tiene una dimensión ridícula y apenas mantiene vuelos operativos entre España y Venezuela, así como el importe proporcionalmente recibido (150.000 euros por empleado) y la participación accionarial de satélites de la dictadura venezolana han dejado un reguero de indicios racionales de prevaricación administrativa, que puede ser la antesala de otros delitos más graves, como la malversación de fondos públicos y otros.

La asombrosa desfachatez de los portavoces del gobierno justificando las ayudas concedidas revela una temeridad poco común. Sin perjuicio de las acciones judiciales que deben emprenderse en el orden interno español, la temprana reacción de algunos medios de comunicación y las denuncias ante la Comisión europea del eurodiputado Garicano deberían servir, por lo menos, deberían servir para detener la rapiña de los fondos públicos destinados a paliar las consecuencias económicas de la pandemia.

La universidad sin libertad no es universidad

En una época en la que la Libertad, codiciado tesoro y anhelada meta, divino sueño y vulgar pasión, se encuentra más amenazada que nunca, pues su ancestral significado se ha visto transformado de virtud a pecado, debemos plantearnos esta pregunta: ¿Qué es realmente la Libertad? “Una libertad que no crece está condenada a menguar. Porque en la naturaleza del Poder y en la historia de las civilizaciones humanas, acaso de la especie misma, está escrito, para el que quiera y sepa leer, que el apetito de libertad no es moneda corriente. Por el contrario, sólo la tensión moral, la convicción del espíritu acerca del significado profundo de la libertad en la vida del ser humano nos permite avanzar y consolidar su posibilidad política”.

Estas palabras nacidas de la pluma de don Federico Jiménez Losantos veinte años atrás, en el primer número de la revista La Ilustración Liberal, son más que contemporáneas. Me atrevería a decir que la libertad, en nuestro país, jamás había estado tan amenazada como ahora desde el nacimiento de nuestra Constitución en mil novecientos setenta y ocho. Pues en estos últimos cuarenta años la libertad, lejos de crecer, ha sobrevivido, casi de milagro, a las nefastas políticas de los sucesivos gobiernos.

Una libertad que no crece está condenada a menguar, poco a poco, sin que nadie lo note, hasta que ya es demasiado tarde y la sociedad civil no tiene capacidad ni moral ni intelectual para defenderse. Pues cuando menos te lo esperas, el totalitarismo se cierne sobre el niño y el anciano, la mujer y el hombre, el ciudadano, al fin y al cabo. Para arrasar así con el individuo y los valores que hacen próspera una sociedad, como se ha demostrado incontables veces a lo largo de la Historia.

Dicen que la libertad es el único valor que nunca desaparecerá. Pues con el paso del tiempo las ideologías, ancladas a su época, terminarán pereciendo por sí mismas. Pero siempre que nazca un ser humano en su conciencia hallará el deseo por ser libre. Y luchará por ello. Porque esa es parte de su naturaleza, de nuestra naturaleza.

Yo soy liberal porque creo en el Individuo frente al colectivo: no quiero que otras personas decidan sobre cómo tengo que actuar o cómo tengo que pensar; porque creo en la libertad de poder llevar a cabo tu proyecto vital siempre que respetes la libertad de otras personas; y porque creo en la responsabilidad del individuo sobre su libertad, tanto para responder por los males que cause como para recibir compensación por el valor que produzca, tanto para recibir beneficios como para soportar pérdidas. Y mucha gente, aún sin saberlo, es liberal. Comparten esos ideales universales sin haber oído hablar del liberalismo. El problema sucede cuando esas personas llegan a la universidad. 

“Cuando llegué a la universidad me sentí decepcionado”. Esa es la idea general que comparten miles de estudiantes en nuestro país. Pues en sus mentes la Universidad era la casa del conocimiento, del debate y la razón. Aquel lugar mágico (o científico) donde se formarían como profesionales a través de sus méritos intelectuales. Pero lo único que encontraron fue totalitarismo y un pensamiento único que apresaba la palabra y el corazón de los jóvenes. no tardaron en darse cuenta de que los estudiantes que no comulgaban con la ideología hegemónica tenían miedo. Miedo a ser rechazados por sus compañeros. Miedo a los profesores y a las instituciones académicas cuyos miembros predican esas ideologías. Miedo a su integridad física por las bandas de criminales que ocupan y destrozan los campus con sus protestas, asaltando e increpando, insultando y agrediendo, como le pasa a todo aquel que ose nadar a contracorriente.

La universidad no era la casa del conocimiento, del debate y la razón. La Universidad era la casa del dogmatismo, de la dictadura del silencio y del sentimentalismo por encima de la argumentación lógica. Los valores del Liberalismo no deberían defenderse. O más bien, ojalá no tuvieran que defenderse. Ojalá no tuvieran que divulgarse. Porque deberían estar ya inculcados en la comunidad universitaria. Los valores del Liberalismo son valores esenciales. Pero su rechazo es mayúsculo.

La libertad académica es la garantía del futuro. Pues el futuro son las nuevas generaciones que deberán ser educadas en libertad para la garantizar la prosperidad de nuestro mundo. Pero el totalitarismo ha penetrado y destruido, año tras año, uno de los lugares más importantes de creación y transmisión de ideas. Los docentes, como los estudiantes, deberían poder en la práctica comprobar la veracidad de sus argumentos en debates libres y abiertos. Debates que han quedado censurados para siempre. Decía el artículo La libertad Intelectual que “sin el horror y la compasión que provocan los efectos de la dictadura es difícil anhelar la libertad”. Esa dictadura silenciosa se ha instalado, cuando el pensamiento liberal yacía adormilado, en la nueva casa del dogmatismo más rancio, que recuerda a pasados muy lejanos. Y ahora es cuando se comienza a anhelar esa libertad. Pues las dictaduras tienen muchas formas, y no todas son sangrientas, sobre todo en sus comienzos.

Ante una Universidad que nos desea a los estudiantes un frío invierno como vida intelectual y una voz caliente para repetir los eslóganes de campaña. Ante una institución politizada que nos anhela sumidos en la eterna minoría de edad, mansos y a la vez rebeldes. Mansos ante la peligrosidad del pensamiento crítico, rebeldes contra aquellos que osen opinar diferente… ¡Si es que los Liberales son los verdaderos revolucionarios! La Universidad debe volver a ser la casa de la Libertad. Pues sé de buena fe que, de los espacios de debate cimentados en respeto y tolerancia, lugares donde la gente no tenga miedo a compartir una opinión y sea creativa en abundancia, nacen las mejores ideas para solucionar los mayores problemas que padecen nuestras sociedades en este recién comenzado siglo XXI.

¿Qué es realmente la Libertad? Esa es la pregunta que debemos hacernos en esta oscura época donde el significado de la palabra se ha transformado de virtud a pecado. La libertad, sea política, filosófica, moral o económica, es en esencia el camino hacia la paz. Pues todo aquello contrario a la libertad, es el camino hacia la guerra y la muerte. Sean guerras de clases o de sexos, de naciones contra naciones o fratricidas guerras civiles. De pobres contra ricos, y cuando no queden ricos, de pobres contra pobres. Y en cuanto a la muerte, simplemente es eso, la muerte. La muerte de personas, la muerte de ideas, la muerte de la esperanza en un futuro mejor. Eso es lo que no es la libertad, pues esta es el camino hacia la vida, vivida en plenitud por ciudadanos iguales ante la ley, que pacíficamente y en respeto mutuo son los arquitectos de sus proyectos vitales.

¿Y qué podemos hacer? ¿Componer un réquiem por la libertad perdida? ¿Resignarnos a perder nuestro derecho a la vida? ¿Aceptar nuestra mordaza en el mundo universitario, y corromper el significado mismo de lo que representa la universidad, alejándola de su valor fundamental? ¡No! Debemos tomar el testigo de las generaciones pasadas que dieron su vida por defender la libertad. Debemos heredar su voluntad para lograr defender la libertad. Debemos luchar para que nuestra libertad crezca. La libertad es aquello que hace al ciudadano, ciudadano. La libertad es aquello que garantiza nuestros derechos frente al poder político. La libertad es nuestro pasado, presente y futuro. La libertad es algo por lo que merece la pena combatir. Combatir no con violencia, sino con la palabra. No con destrucción, sino construyendo argumentos e ideas comunes. No imponiendo nuestros ideales, sino creando espacios de debate, que enriquecen y contribuyen a crear una sociedad más libre.

En conclusión, nuestra libertad no va a parar de menguar a no ser que la defendamos y la hagamos crecer, fuerte y sana, para así lentamente ir desterrando de nuestras instituciones académicas al fanatismo y a la espiral de violencia hacia la que se encaminan nuestras sociedades en su conjunto y en todos los ámbitos. No podría resumirlo mejor que con estas contemporáneas palabras de don Federico Jiménez Losantos, en aquel artículo suyo del primer número de La Ilustración Liberal, que pese a ser de hace más de veinte años, son tan inmortales como el propio valor de la Libertad: “Nos falta volver al principio de nuestra vocación intelectual, la libertad, para tratar de entender mejor este mundo que nos ha tocado vivir y al que no debemos simplemente sobrevivir. Debemos atrevernos a saber. Y que la siempre peligrosa libertad nos acompañe”.

Bibliografía
Jímenez Losantos, F. (1999) La libertad intelectual. La Ilustación Liberal. Volumen (1)

¿Metodología? Hablemos de Menger

Dentro de la Escuela Austriaca hay un gran número de corrientes, interpretaciones e incluso disputas. En el plano metodológico, por supuesto, también encontramos varias diferencias, llegando al punto de poder considerar que cada austriaco tiene una posición metodológica o epistemológica propia, que puede ser parecida aunque no idéntica a la del resto de autores (ver White (1977) para una recopilación de las principales posiciones metodológicas dentro de la Escuela).

Todos los autores de la Escuela Austriaca han atribuido gran importancia a la cuestión metodológica, puesto que esta Escuela, desde sus orígenes, se ha considerado a sí misma una corriente esencialmente filosófica (Rothbard 1971). En ese sentido, y en línea con lo que comentamos en el primer párrafo, cada autor ha desarrollado prácticamente una metodología propia. Empezando por Menger, pasando por todas las generaciones de economistas austriacos hasta pensadores más recientes como Huerta de Soto o Hans Hermann Hoppe, casi todos los austriacos han matizado en algo su posición metodológica o epistemológica.

La principal disputa, o al menos, la más interesante desde mi punto de vista, es la que se puede dar entre los aprioristas como Mises o extremo aprioristas como Rothbard y empiristas Popperianos como Hayek.  Para los primeros, toda teoría económica es deducible del axioma de la acción y es a priori, solo necesitando determinados axiomas auxiliares de contenido empírico para que aplique la teoría a determinados contextos reales (Mises 2011; Rothbard 1976). Los segundos, por el contrario, no rechazan la lógica de la acción pero consideran que en el momento en el que introducimos la cuestión del conocimiento y la coordinación, al pasar de un individuo a dos individuos en la economía, la ciencia económica se vuelve una ciencia empírica, repleta de conocimiento a posteriori (Hayek 1937). Estos últimos se enfocan más en la idea de la existencia de fenómenos complejos como el orden espontáneo, que albergan una cantidad de conocimiento que solo puede estudiarse a posteriori. El conflicto entre ambas corrientes se da en el momento en el que los primeros tachan de positivistas a los segundos, y los segundos de extremo racionalistas a los primeros. Desde estas discrepancias, austriacos de ambos lados han intentado desarrollar sus posiciones excluyendo a la otra parte y reafirmando que solo su enfoque es el correcto.

Por su parte, la metodología de Menger, que es previa y original a cualquier otra metodología austriaca, combina ambos enfoques. Por un lado, parte de la base de que existe conocimiento que es universal y necesario, o que es necesariamente absoluto. Esta sería la parte a priori, podríamos decir. Pero también considera que se puede crear teoría tomando como fuente la propia observación empírica, entendida en un sentido amplio, no de laboratorio, para establecer regularidades entre fenómenos complejos. ¿Consigue Menger unir ambos enfoques?

En su planteamiento metodológico, Menger (1985) hace una división de ciencias. Tendríamos, por un lado, las ciencias teóricas, que se encargan de estudiar la esencia y regularidades entre fenómenos tanto simples como complejos que se dan en la realidad, más allá de la experiencia inmediata. Por otro lado, las ciencias históricas, que tratan la investigación y explicación de la naturaleza individual y la evolución de fenómenos económicos. Por último, las ciencias prácticas presentan los principios por los que los agentes económicos pueden conseguir sus fines de manera óptima. Aquí, podemos observar una primera diferenciación que luego será fundamental en la epistemología de Mises. Esta es, la separación entre teoría e historia. Al diferenciar entre teoría e historia, entre regularidades y hechos concretos, Menger parece hacer ya una distinción epistemológica fundamental que será refinada y enfatizada por Mises años más tarde y que constituirá uno de sus argumentos fundamentales contra el empirismo (Sanz Bas, Morillo Bentué, and Solé Moro 2020).

Dentro de las ciencias teóricas, Menger distingue entre una orientación exacta y otra empírico-realista. Ambas orientaciones son teóricas, es decir, tratan regularidades que se dan de manera universal entre fenómenos. La orientación exacta trata tipos estrictos y regularidades exactas, es decir, regularidades entre fenómenos que se dan de manera universal y necesaria. Este es el terreno de los fenómenos simples, entendidos de manera atomística. La orientación empírico-realista comprende tipos reales y regularidades empíricas, esto es, regularidades que no se cumplen de manera universal y necesaria, pero que sí son tal y como se dan en la realidad. Aquí estarían los fenómenos complejos. El método analítico-compositivo es aquel que une ambas orientaciones para abordar los problemas económicos, teniendo, por tanto, una explicación de los fenómenos complejos en términos atomísticos, simples o de regularidades estrictas que no son directamente observables en la realidad.

La diferencia entre la teoría exacta y la teoría empírico-realista es que los fenómenos de la primera no se dan tal cual en la realidad de manera simple y, por ello, no pueden observarse directamente, aunque el mundo siempre opere bajo esas normas; mientras que la segunda sí puede observarse en la realidad en toda su complejidad, pero, por ello, no puede afirmarse que se cumpla siempre, de manera absoluta. Es importante que ambas orientaciones no se mezclen. Tratan fenómenos distintos y cada una es fundamental para alcanzar una visión más completa de los fenómenos. Idealmente, dice Menger, lo óptimo sería poder explicar los fenómenos complejos de forma estricta. Pero eso no es posible debido a las limitaciones cognitivas humanas. Podemos establecer leyes universales y necesarias, estrictas, pero estas no pueden abarcar todo aquello que conocemos u observamos. Además, la teoría exacta, afirma Menger, no está sujeta a validación por la experiencia. Es absurdo intentar validarla o rechazarla, pues por naturaleza se asume universal y necesaria. En este sentido, podríamos decir que la orientación exacta de Menger es similar a la teoría a priori de Mises, que tampoco puede ser falsada o verificada. Aquí, Menger se adelanta a Mises (White 1985).

Menger entiende el mundo dividido en fenómenos simples y complejos, y plantea dos orientaciones que se encargan, cada una, de lo más simple a lo más complejo. Podríamos integrar sin problema las perspectivas de Mises, Rothbard y Hayek dentro de esta metodología. La orientación exacta corresponde directamente al apriorismo. La praxeología es una teoría exacta. Trata fenómenos simples que no se dan tal cuál en la realidad, sino que dependen de la interpretación o la reflexión, como el axioma de la acción. Además, todas las leyes praxeológicas se cumplen de manera universal y necesaria, no pueden falsarse y se diferencian de los hechos concretos que ocurren históricamente. El resto de teorías económicas que tienen un componente empírico, que depende de la observación, como la ley de asociación de Ricardo, la desutilidad del trabajo, o leyes como la TACE, corresponden a la orientación empírico-realista. Estas son teorías contingentes, que dependen de la observación para poder ser aplicadas a la realidad y que deben construirse sobre los principios de la orientación exacta, la praxeología. En este caso, podríamos entender, como Hayek (1937) hace, que en tanto que hablamos de coordinación e introducimos el problema del conocimiento dentro de la teoría, abandonamos el terreno de la lógica de la acción pura y entramos en el terreno de lo empírico-realista. Las explicaciones simples, exactas o atomistas son insuficientes para poder explicar esos fenómenos complejos. Es por lo que necesitamos leyes empíricas. Esto último no sería incompatible ni con extremo aprioristas como Rothbard, que son los primeros en afirmar que el propio axioma de la acción depende una observación más amplia, no como a la que habitualmente se refiere el positivismo.

Es más, aquellos economistas más misesianos como Salerno, que habitualmente rechazan el planteamiento teórico y metodológico de Hayek (Salerno 1993), sostienen que la auténtica economía austriaca siempre ha sido mengeriana (Salerno 1999), que el enfoque realista-causal para la economía moderna introducido por Menger ha sido extendido por austriacos como Mises y Rothbard (Salerno 2010). Otros como Klein (2008) han tildado esta influencia mengeriana de economía mundana, como elemento diferenciador de la Escuela Austriaca. Ante ellos, podríamos decir que, precisamente, al volver a Menger, volvemos a una metodología que comprende el apriorismo misesiano y el estudio más realista o empírico de los fenómenos complejos, que fue el que posteriormente profundizó Hayek. Porque es justamente Menger quien habla de orden espontáneo, concepto que luego desarrolla Hayek y por el que es duramente criticado por Rothbard (2011). No parece que se hayan percatado de que, con esa crítica a Hayek, están atacando paralelamente a Menger, en quien dicen fundamentar su economía.

En mi visión, si tuviéramos que quedarnos con una teoría u obra en concreto, diría que sobran todos los desarrollos metodológicos posteriores a la propia obra de Menger. En él ya aparece todo el sistema metodológico construido, incluso con matices y detalles que parecería que solo podrían hacerse desde una epistemología posterior a esta obra y que, por el contrario, aparecen ya en la teoría de Menger. Si buscamos una metodología única austriaca, solo tenemos que ir a Menger. En él nacen las diferentes posiciones metodológicas, en las que cada austriaco luego hace énfasis, y en él se encuentran todas reunidas. Evidentemente, la metodología de Menger necesita una fundamentación epistemológica más sólida y, también, matices que los desarrollos metodológicos posteriores pueden incorporar en la metodología mengeriana para hacerla más sólida a nivel epistemológico. Aun así, creo que debe ser considerada punto de referencia indispensable para cualquier planteamiento metodológico que se haga llamar austriaco.

Referencias

Hayek, Friedrich August. 1937. “Economics and Knowledge.” Economica 4 (13): 33–54. https://doi.org/10.2307/2548786.

Klein, Peter G. 2008. “The Mundane Economics of the Austrian School.” Quarterly Journal of Austrian Economics 11 (3–4): 165–87. https://doi.org/10.1007/s12113-008-9045-3.

Menger, Carl. 1985. Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics. New York: New York University Press.

Mises, Ludwig von. 2011. La Acción Humana: Tratado de Economía. 4a. Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, Murray N. 1971. “Ludwig von Mises and the Paradigm of Our Age.” Modern Age, 370–79.

———. 1976. “Praxeology: The Methodology of Austrian Economics.” In The Foundations of Modern Austrian Economics, edited by Edwin G. Dolan, 19–39. Kansas City: Sheed & Ward.

———. 2011. “The Present State of Austrian Economics.” In Economic Controversies, 161–224. Auburn: Ludwig von Mises Institute.

Salerno, Joseph T. 1993. “Mises and Hayek Dehomogenized.” The Review of Austrian Economics 6 (2): 113–46.

———. 1999. “Carl Menger: The Founding of the Austrian School.” In 15 Great Austrian Economists, edited by Randall G Holcombe, 71–100. Auburn: Ludwig von Mises Institute.

———. 2010. “Menger’s Causal-Realist Analysis in Modern Economics.” Review of Austrian Economics 23 (1): 1–16. https://doi.org/10.1007/s11138-009-0096-2.

Sanz Bas, David, Juan Morillo Bentué, and Ma Luisa Solé Moro. 2020. “Carl Menger and the Birth of Subjective Methodology in the Economic Science.” Anuario Jurídico y Económico Escurialense 53: 397–424.

White, Lawrence H. 1977. The Methodology of the Austrian School Economists. New York: Center for Libertarian Studies.

———. 1985. “Introduction to the New York University Press Edition.” In Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics, vii–xviii. London and New York: New York University Press.

El liberalismo de centro centrado

Si a una madre con varios hijos le preguntamos cuál es su favorito nos mirará mal. ¿Un hijo favorito? Todas las madres quieren por igual a sus hijos. Lo contrario ni es racional ni moralmente aceptable.

Pero lo cierto es que todas las madres tienen un hijo favorito. Es posible que ni ellas mismas lo sepan, pero los hijos, y cualquiera que se fije, lo podrán adivinar simplemente atendiendo al comportamiento de la madre en el día a día y haciendo sencillas comparaciones.

Como decía Félix Rodriguez de la Fuente: la atención de un ser humano es una capacidad prodigiosa de nuestra mente, que puede permanecer más o menos alerta, en una alerta baja, de baja intensidad, como se dice en el argot militar, o, de pronto, en una gran y concentrada alerta.

Y precisamente, ese resorte que nos hace pasar del piloto automático de nuestras reacciones al estado de máxima alerta es el mejor indicador de qué o quién nos interesa de verdad. Y ante esa prueba, la mil excusas que nuestra mente consciente es capaz de generar importan más bien poco.

En la izquierda y derecha política esto no aporta mucho. La doble vara de medir de las dos tendencias políticas se da por sentada. Lo que llama la atención de una, pasa desapercibida para la otra y viceversa. El ser humano es así y hay que vivir con ello.

El problema viene con el centro. ¿Qué es el centro político? En teoría deberían ser personas que comparten gustos morales en un punto medio entre la izquierda y la derecha, y, por tanto, gracias a esta capacidad podría ser ecuánimes entre ambas posturas, siendo capaces de reaccionar igual ante los estímulos vengan del lado que vengan.

Dicho de otro modo, el centro debería ser una madre que quiere por igual a sus hijos. Pero sabemos que eso no existe. La izquierda, la derecha y centro son etiquetas que usamos para simplificar el mundo. Al final existen millones de individuos con unos sesgos propios a los que agrupamos por características comunes, y estas varían mucho de las generalizaciones y categorías teóricas.

O dicho en cristiano: un centrista visto individualmente siempre va a estar ligeramente situado a la derecha o a la izquierda. Al igual que con las madres, solo hay que ver cómo reacciona a los eventos diarios y hacer sencillas comparaciones.

¿Eso tiene algo de malo? En absoluto, de hecho, es perfectamente compresible y no le quita ningún valor. El follón lo tenemos cuando se decide ignorar algo tan básico para empezar a creer en la ficción absurda del centro centrado, que nace de la superioridad moral, visión no restringida o ungida que cierta izquierda se ha llevado consigo en su viaje al centro.

Un ejemplo de ello es el tweet de Luis Garicano quejándose de los mensajes guerracivilistas de la precampaña de la Comunidad de Madrid. Dejando a un lado la hipocresía de que un cargo de Ciudadanos se posicione como actor neutral en el lío madrileño, un pequeño análisis de qué implicaciones tiene lo que dice es muy revelador.

El lema de Ayuso es socialismo o libertad. Un centrista que no tenga un sesgo izquierdista importante se percataría que llamar al PSOE socialistas o a Podemos (IU y PCE) comunistas es simplemente usar el nombre oficial de sus partidos.

Voy a ir despacio aquí porque sé que España esto es muy difícil de entender. Algo en la mente de la mayor parte de la población se niega prestarle la menor atención. Es lo que se ha venido a llamar, genialmente, la PSOE state of mind.

El PSOE es el partido socialista. Socialista. A veces hasta levantan el puño y cantan la Internacional. Es verdad que son un partido capaz de ir a una corrida de toros en Toledo y a una manifestación animalista en Vallecas. Pero se llaman así, no quieren cambiarse el nombre y nunca han renegado de su historia. Es más, no tienen la mínima necesidad de cambiarse el nombre precisamente porque es capaz de hacer bilocaciones ideológicas tan prodigiosas como esa.

Hay muchas razones para que esto ocurra. Dan para un libro completo. Pero una parte importante de la culpa la tiene el centro centrado. Y la tiene porque existe una ley de hierro a la que casi nadie presta atención en la derecha: toda organización que no es explícitamente de derechas antes o después acabará siendo de izquierdas.

Sí, lo sé. A nadie le gusta esta ley. Te obliga a posicionarte en la derecha antes de abrir la boca, lo que hace tus argumentos incompresibles a media población desde el primer momento. Pero que algo no nos guste no quiere decir que vaya a dejar de existir.

¿Y qué es esencialmente un centrista? Alguien al que no le gusta ser explícitamente de derechas. ¿Y qué le pasa a un conjunto de personas que no son explícitamente de derechas? No hay mucho más que decir.

¿Qué puede aprender el liberalismo de todo esto? Pues mucho, pero no tengo claro que nos guste la lección. El liberalismo no es centrista. No estamos en medio entre los progresistas y los conservadores, estamos en el otro vértice del triángulo. Pero sí compartimos una característica de los centristas, y es que muy poca gente se sitúa justo en el vértice. Unos tienden al progresismo y otros al conservadurismo.

Al igual que antes, esto no tiene nada de malo. El problema es cuando se decide ignorar lo básico y se tira de superioridad moral para imponer tu visión al resto.

¿Y quién tiende a la superioridad moral hasta tal punto que consigue que cualquier organización no explícitamente de derechas acabe siendo de izquierdas?

El momento idóneo para dar la batalla cultural

La política española ha dado un giro inesperado en apenas unos días. La convocatoria electoral en la Comunidad de Madrid trae consigo un efecto ineludible: la posibilidad de ampliar el campo de la razón desde la ‘derecha ausente’ e impulsar, del lado de la coherencia, la batalla cultural. Todo esto a partir de la comprensión lógica del debate y la política bien entendida. Aquella política como instrumento que alcanza un determinado fin, como la herramienta capaz de cambiar o mejorar las cosas. Porque, precisamente, éstas no se modifican desde la arena social, que es desde donde la radicalidad demostrada encuentra su cómodo asidero.

Más allá de las torpezas y las traiciones explotadas como espectáculo desmañando, impera el resultado: una convocatoria que obliga a marcar posiciones, sobre todo, para aquellos que quieren o pretenden sobrevivir a la vorágine de los acontecimientos y, por su puesto, a sus propios actos. Uno de ellos es Pablo Iglesias, el líder de masas insatisfechas que busca reactivar a sus votantes y salvar su partido de la debacle que parece previsible.

Pero esa es la escena superficial y, probablemente, el verdadero impulso de su decisión cuyo efecto, por supuesto, no es menor. Pero Pablo Iglesias entiende los hechos, calcula, discierne y actúa en consecuencia, por él y su aliento político. Esto es, su ideología, aunque nefasta sea. Es lo que le diferencia de Pedro Sánchez, que tiene por ideología él mismo y su espejo. Nadie puede restar importancia al aparente papel de caudillo que interpreta Iglesias en cada situación, especialmente cuando se trata de dar la batalla desde las trincheras. Ahí es donde le gusta estar porque es, sin duda ni reparo, lo que mejor sabe hacer. Cuestiones como cuadrar los presupuestos, cumplir las reglas que impone Europa o ampliar los consensos con otros actores sociales y políticos no son parte de su acerbo dogmático y, por lo tanto, de su forma de ver la realidad y entender la política como aquel, reitero, instrumento noble.

Porque la izquierda que ahora gobierna España entiende bien acerca del problema: la limpieza de la historia a partir del blanqueamiento de sus propias culpas; la apropiación del lenguaje y la moral sobre lo que es bueno y bello; el modelado de la realidad desde el engaño y la radicalidad sincera; y la movilización entendida como el enfrentamiento directo en base a la lógica amigo/enemigo.

Por esa razón, el líder de Podemos aterriza en la arena cual de gladiador se tratase, amparándose de la falaz responsabilidad que le debe a su pueblo, para intentar disputarle la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso o, al menos, el liderazgo al aletargado Partido Socialista de la capital. Es ahí donde Iglesias se siente más cómodo aún, porque interioriza conscientemente la relación entre la violencia y la política. Porque su proyecto encarna la vieja idea de ruptura del orden constitucional que se ve en desventaja y en inminente riego frente al racionalismo que refleja la posición de la presidenta en funciones.

Y es a partir de ese contexto y con la claridad suficiente donde se debe enfrentar sin miedo ni complejos al proyecto de hegemonía y ruptura de la izquierda española en defensa de una idea que es lo suficientemente poderosa para arriesgar lo avanzado: la libertad. Con la firmeza suficiente para enfrentar la doble moral de la que se ha apropiado la izquierda y con mensajes claros y contundentes se puede poner en evidencia la realidad que no quieren asumir los más irresponsables ¿Por qué la izquierda decide qué es lo moderado y quien representa a los radicales? ¿Por qué se tiene que asumir que España es un país de izquierda donde la derecha solo gobierna cuando aquella se lo permite?

Y bajo dos importantes premisas para mantener el poder. Por un lado, ensanchar el campo de la derecha racional aludiendo a los resultados de la gestión de la presidente en la Comunidad de Madrid -la izquierda nunca lo reconocerá, pero los votantes de centroderecha, sí- y, por otro, procurar una unidad posible del centro y la derecha bajo un mensaje común, acreditado por ideas también comunes, por propuestas y sus resultados.

¡Adiós, que me voy, que no me conocéis…!

Una vez elegidos en las urnas -y hasta las siguientes elecciones-, los electores no podemos despedir a los políticos que nos defrauden o de los que nos cansemos. Ellos, sin embargo, pueden incumplir permanente su palabra y sus promesas -pre y poselectorales-, e incluso dejarnos tirados, sin causa que lo justifique, a las primeras de cambio; dejando en su lugar a otros -formalmente electos en muchos casos, cierto-, pero a quienes casi nadie conoce. Los ejemplos son innumerables: desde los sueños húmedos, de sudor y angustia, de Sánchez, a la estrafalaria forma que tiene la actual cúpula de Ciudadanos de traicionar los acuerdos de gobierno suscritos con el PP, pasando por los insultos parlamentarios de Casado a su otrora “hermano” Abascal y los chuscos sucesos de los últimos días.

Y es que esto de los cambios radicales de opinión de los políticos, en España, es un no parar: Pablo Iglesias nos desconcertaba este lunes, 15, abandonando Moncloa para saltar a la arena electoral madrileña, justificándolo, además, con un solemne “hoy es imprescindible hacer frente a esa derecha criminal” (… de la misma Ayuso con la que compartía cañas cuando la llevaban a La Tuerka) para dejar en su lugar, como Vicepresidenta de la cuota podemita, a Yolanda Díaz, conocida por todos no sólo por sus méritos políticos pre y poselectorales (de por sí inmarcesibles: “la mejor ministra de trabajo de la historia de España”, según Iglesias y los datos de paro que vamos conociendo), sino también por sus dotes didácticas, insuperables al explicar el abstruso arcano de los ERTE.

Sorprendentemente, y como si no se creyesen al exvicepresidente, los opinadores de toda laya se lanzaron, enseguida, a elucubrar sobre las razones reales de ese movimiento: ¿Acabar con Más Madrid? ¿Aprovechar la valía del candidato socialista presentado para darle un revolcón? ¿Desaparecer del foco nacional dado que su presencia en el Ejecutivo está desgastando, según las encuestas, a Podemos? ¿Respuesta a la amenaza que suponen los pactos Psoe-Ciudadanos? ¿Obediencia a un posible chantaje de Sánchez, utilizando información comprometida suministrada por el CNI, o por algún otro país  -sudamericano, quizás-, para quitarse a Iglesias de en medio?

Y es que, en cualquier caso, y aun siendo cierto que los vicepresidentes no son elegidos por el pueblo, ¿acaso se cansó Iglesias de repetir, en su día, que las políticas y derechos sociales y los objetivos de la Agenda 2030 eran lo más importante? De ser verdad, y creérselo ¿cómo es que el supuesto líder, tan seguro de sí mismo, y teóricamente el mayor activo político de “la gente de izquierdas de este país” abandone su cargo de vicepresidente social y ministro del ramo para irse a una Asamblea que rige el destino de mucha menos gente, dejando, además, a una persona de tan acreditada trayectoria? Parece evidente que la preocupación por el votante brilla por su ausencia, por mucho que nos digan.

Pero los censores políticos se planteaban otra cuestión también importante: ¿qué hará Iglesias si no es investido presidente de la Comunidad?  Pregunta oportuna dado que no está claro que pretenda renunciar también a su acta de diputado nacional, y, sobre todo, dada su trayectoria: ya abandonó, en 2015, el parlamento europeo para venir al congreso…  como Errejón o Carmena abandonaron la asamblea madrileña, o Arrimadas el parlamento catalán, sin estar enfermos ni aducir ningún motivo de fuerza mayor que lo justificase.

“Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento”, afirmaba Iglesias -sin explicar si se refiere a utilidad para la organización en la que milita, o para la de los ciudadanos que le pagan el sueldo-, en una postura muy distinta a la de Toni Cantó -también en su día parlamentario nacional reconvertido en autonómico-, quien anunció ayer que dejaba el parlamento al que concurrió como cabeza de lista de su partido, aunque estemos a mitad de legislatura, y aunque esta vez sea para irse a su casa; y todo por desavenencias con la cúpula ciudadana tras la situación abierta en Murcia y en Madrid. Intereses personales, o de partido, o de ambos, pero a los electores a los que convencieron en su día, de nuevo, morcilla.

Es verdad que la política es un arte de lo posible; que las circunstancias cambian, a veces radicalmente; que los ciudadanos, incluidos los políticos, son y deben ser libres de elegir o cambiar de opinión; que ninguna de las actuaciones mencionadas está prohibida por la ley y que, con las elecciones, el pueblo soberano parece convalidar -una y otra vez- los errores, la falta de palabra y las traiciones de unos y de otros.

Pero también es evidente que los electores nos hacemos respetar más bien poquito.

Hidrógeno, ¿volver a los viejos errores?

El 6 de mayo de 1937, a las 19.25 de la tarde, el dirigible LZ 129 Hindenburg, orgullo de la Alemania del Tercer Reich, tras su decimoséptima travesía atlántica desde Europa, largaba amarras en la Estación Aeronaval de Lakehurst, en Nueva Jersey, en una tarde bochornosa en la que el aire estaba muy cargado electrostáticamente por una tormenta eléctrica. Es posible que una de esas chispas iniciara la combustión del hidrógeno que se almacenaba en 14 de las 16 bolsas que sustentaban en el aire a una gigantesca estructura de 245 metros de largo y 41 de diámetro. En menos de un minuto, el dirigible se vino abajo en llamas, matando a 36 personas, 13 pasajeros y 22 tripulantes. Investigaciones recientes han indicado que el material del que estaba hecha la estructura aceleró el fuego. El accidente fue retransmitido por muchos medios de comunicación -incluyendo radios- y rodado por varias cámaras para el cine. Ante semejante ridículo, Adolf Hitler dio por terminado el aprovechamiento comercial de este tipo de aparatos que, por otra parte, estaban en franco retroceso, dada la versatilidad de sus competidores tecnológicos, los aviones.

84 años después, el hidrógeno se ha vuelto a poner de moda, pero esta vez no interesa que sustente ninguna estructura en el cielo, sino que se pretende quemar para aprovechar la energía de la combustión y, de esta manera, desplazar a los hidrocarburos, avanzando en el proceso de descarbonización. ¿Estamos preparados para usar este gas como combustible de manera eficiente y segura o por el contrario, estamos cayendo en los viejos vicios de la planificación político-energética que propone cosas que no puede cumplir o que lo hace a medias y con costes excesivos? Antes de contestar a esta pregunta, deberíamos entender el contexto en el que se plantea.

Un año después de que se iniciara la pandemia global del Covid-19, el mundo político español vive preocupado por cumplir una serie de objetivos que no coinciden necesariamente con las preocupaciones más acuciantes e inmediatas de los ciudadanos. Pese a que buena parte de nuestro sector turístico y hostelero, dos de las principales industrias del país, no sabe cómo va a salir de la quiebra y se plantea cierres generalizados y despidos inevitables, al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias le preocupa más la descarbonización y la digitalización de la economía española y plantea que sean estas dos líneas las que deban cumplir algunos de los proyectos que puedan recibir una parte jugosa de las ayudas que desde Europa se repartirán. Personalmente, me cuesta imaginar lo que debe de pensar un hostelero, un hotelero, un restaurador o el dueño de cualquier otro negocio dedicado a dar este tipo de servicios, cuando otras empresas que gozan, no pocas veces, del apoyo gubernamental, se posicionan para recibir miles de millones de euros en forma de ayudas de distintos tipos. Sin embargo, es lo que tenemos y las principales empresas energéticas del país, además de un creciente número de empresas dedicadas a las energías renovables, han presentado sus proyectos a la caza de fondos europeos. La planificación es una de las características coyunturales de las grandes organizaciones como la UE y el keynesianismo imperante ayuda a que sea así. Entre estos proyectos, se incluyen los ligados al hidrógeno verde.

El hidrógeno se ha venido usando desde hace décadas en la industria química, el refinado, la metalurgia, la industria alimentaria y otros procesos industriales, pero quizá sea su uso como combustible el más interesante desde la perspectiva actual. Como pudimos ver en el Hindenburg, el hidrógeno se combina muy bien con el oxígeno para formar agua y esa reacción es muy energética, además de poco contaminante, por lo que aprovecharla es algo razonable en una sociedad tan dependiente de la energía.

Durante años, se han ido desarrollando sistemas de almacenamiento que eviten el peligro de accidentes como el ocurrido en 1937. Ha sido a finales del siglo XX y principios del XXI cuando la tecnología ha empezado a producir pilas y contenedores lo suficientemente ligeros y seguros para que coches, camiones y otros vehículos puedan moverse con niveles de eficiencia similares a los vehículos que usan combustibles fósiles habituales. Hoy en día, hay automóviles que pueden recorrer distancias de 600 o más kilómetros con su tanque lleno y camiones que llegan a 1.000 kilómetros, permitiendo los viajes a larga distancia. Esta capacidad le da ventaja sobre los coches eléctricos, que tienen una menor autonomía y el tiempo de recarga es mucho más largo, no menos de 20 minutos si se usan sistemas recarga rápida. Sin embargo, parece ser que es este último tipo de vehículo, el eléctrico, el que más apoyo político tiene, pese a tener una desventaja evidente. Es también posible que se pueda usar en aeronaves, pero de momento, los contenedores son demasiado pesados y deberá avanzar la tecnología, como también es posible que los precios de todos estos automóviles sean aún un poco caros si los comparamos con los tradicionales. Algunos ponen el horizonte en década y media.

Un uso del hidrógeno, menos comentado en los medios de comunicación pero quizá más interesante desde un punto de vista energético, es su papel como sistema de almacenamiento de energía. La teoría es que, en los momentos en que la velocidad de aire es adecuada o la insolación es intensa, pero no se requiere la energía en el sistema, se use este exceso para producir hidrógeno, que podría almacenarse y que, en momentos de carencia, podría usarse como reserva de combustible y generar la energía que no se cubre con estas renovables, reforzando así de respaldo al sistema renovable, algo que ahora cumplen las nucleares y los ciclos combinados.

Si el hidrógeno tiene tantas ventajas y es un buen sustituto de los combustibles fósiles, ¿dónde está el problema? Como en el caso del coche eléctrico, se necesitaría una red de puntos donde poder abastecer al vehículo que no existe, pero quizá se puedan aprovechar las gasolineras. El principal problema está en conseguir el gas en condiciones de calidad y cantidad. El hidrógeno libre, dado su escaso peso, tiende a irse al espacio y no tiene sentido su captura, pero está presente combinado en la materia orgánica y, sobre todo, en el agua. La electrolisis del agua, la separación del hidrógeno y del oxígeno, es un proceso habitual, conocido desde hace tiempo, que requiere energía. También existen otras fuentes, como subproducto de algunas reacciones químicas y bioquímicas y del refinado del petróleo. La idea que han tenido las industrias energéticas ha sido ligar las fuentes renovables con los procesos industriales de electrolisis, de forma que el hidrógeno obtenido sea teórica y medioambientalmente limpio. Este es el denominado hidrógeno verde. El que llaman hidrógeno azul sería el que se obtiene usando gas natural como fuente de energía, que no es tan ‘sucio’ como los combustibles fósiles (carbón, diésel, gasolina, etc.), quedando el término hidrógeno gris para el que viene usando estas fuentes de energía o viene derivado de los procesos industriales antes mencionados. De esta forma, la revolución que se pretende está ligada a la viabilidad o no de las energías renovables, no a las características del propio hidrógeno como combustible y quizá, en menor medida, a la manera de almacenarlo (pilas y depósitos).

Varias empresas han anunciado que algunas de sus centrales térmicas, que han sido cerradas o están a punto de serlo y van a ser desmanteladas, serán sustituidas, si obtienen los fondos necesarios de la UE, por grandes plantas electrolíticas, rodeadas de centrales renovables, ya sean eólicas o fotovoltaicas, que las van a abastecer para dar lugar a una novedosa y -se pretende- próspera industria del hidrógeno. Hay que reconocer que, como utopía energética, no está mal y hasta tiene visos de que podrían cumplirse algunos de los objetivos parciales, pero me cuesta creer que vaya a ser tan exitosa la cruzada medioambiental.

Hoy por hoy, las energías renovables requieren dos condiciones: el primero sería un espacio adecuado. En el caso de la fotovoltaica, hectáreas y hectáreas de superficie donde colocar las placas. En el caso de la eólica, puntos adecuados donde sople el viento. ¿Hay de ambos en el entorno de las centrales? Pudiera ser, pero el segundo requerimiento sería las centrales de apoyo que permitan que, en caso de que no haya viento o luz, se pueda seguir alimentando la planta, lo que hace que no sea tan verde el hidrógeno, más bien un verde tirando a azul. Por otra parte, hay otras razones para pensar que, tarde o temprano, los grupos ecologistas sacarán los colores al verde. Las cubas de electrolisis usan catalizadores, que no son precisamente materiales medioambientalmente neutros. Estas centrales tomarán el agua y la transformarán en oxígeno e hidrógeno, es decir, no la devuelven al río o al pantano, cosa que sí que hacen las térmicas. Esto afectará al caudal y a las actividades que requieren agua, como la agricultura, es decir, no sería demasiado viable en zonas donde no haya una pluviometría adecuada. Además, no debemos olvidar que el agua debe tener unas características concretas, así que se deberá tratar. En el caso del agua marina, se debe desalar y las desaladoras han sido también una fuente de problemas para los grupos ecologistas. El verde de nuevo se torna azul. La proliferación de centrales renovables ha generado el rechazo de los vecinos y algunos grupos ecologistas. Un ejemplo de esta polémica es la oposición del municipio de la Espluga de Francolí a la planta de hidrógeno propuesta y las renovables asociadas, y el motivo es, precisamente, la escasez de agua en la zona.

No hace mucho, el CEO de Endesa, José Bogas, se preguntaba si no estábamos asistiendo a una burbuja de renovables. Y es una buena pregunta, pues si miramos al mercado bursátil español, veremos que gran cantidad de empresas renovables, que cuentan con un capital y un proyecto lo suficientemente interesante, tienen intención de salir al parqué. Empresas como la petrolera Repsol también quieren sacar al mercado su filial renovable, que hace “dos días” no tenían. Me preocupa semejante estallido de proyectos y empresas renovables, porque nace, no de las necesidades de los ciudadanos de tener una energía más limpia, no de las inquietudes de los ciudadanos por consumir una energía menos contaminante, incluso no de los caprichos de los ciudadanos que se apuntan a las políticas verdes de ciertos iluminados, sino de la planificación energética surgida desde la política, de la ingeniería social de ciertos líderes, públicos y privados, y de las pretensiones interesadas de ciertos lobbies que viven muy bien de los dineros públicos en forma de ayudas, subvenciones y otras prebendas que se financian con el dinero de los impuestos. No es una solución de mercado a una inquietud moral o ética, sino la respuesta a una decisión que supone una planificación política. Las empresas se adaptan a lo que hay, pero algunas veces olvidan que los que terminan dándoles el pan de cada día no son los políticos, sino los clientes, y no sé si tendrán suficientes clientes para este desarrollo verde (¿o es que ya nos hemos olvidado de la Abengoa de principios de los años diez de este siglo?). Tengo que reconocer que, de todas las posibilidades que han surgido desde el Estado o de las empresas que orbitan en torno a él, esta del hidrógeno puede ser la más razonable. Aun así, creo que estamos aún lejos de salir a la calle, tomar un automóvil con el tanque lleno de hidrógeno y hacer lo mismo que ahora con uno de gasolina. No adelantemos una tecnología que puede ser rentable en un futuro porque algún inspirado tenga un capricho adolescente.