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El Cid, ¿un héroe liberal?

En nuestra tradición cultural, pocos héroes logran mantenerse en el recuerdo y en el aprecio del gran público a través de las generaciones. El Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, es uno de ellos. Como lo son el británico rey Arturo o el francés Lancelot. Aunque, a diferencia de estos, el Cid no es un personaje de ficción, sino real. Diferencia notable, porque el Cid, además de ser un caballero castellano del siglo XI, en el periodo de formación del reino de Castilla, es también un personaje literario de primer orden en la literatura universal, inspirador de obras literarias, pictóricas y hasta cinematográficas.

¿Personaje histórico o personaje literario?

El Cid fue un héroe muy popular en vida y más aún después de morir. Hombre recto y justo, diestro con la espada y hábil jefe de tropas, pero también hombre culto, formado en el latín y en el derecho, por su padre, Diego Laínez, descendiente del Juez de Castilla, Laín Calvo. Un hombre representativo del tipo humano propio de la aparición histórica de la potencia castellana en el siglo XI. Fue el tiempo de surgimiento y desarrollo de los fueros, en el que el debate político se centraba en la legitimidad del poder, en la seguridad jurídica y en el sometimiento de todos a los jueces y al derecho del reino, es decir, a la autoridad del Rey.

En lo literario, el Cid protagonizó una de las primeras obras escritas en romance castellano, el Cantar del Mío Cid. Obra muy importante en la literatura europea, por su temática y calidad literaria. Datado hacia el año 1140 -según Menéndez Pidal-, inauguró una línea de creación literaria, pictórica, e incluso cinematográfica en el siglo XX, centrada en la vida y hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar. Existe, además, un importante ciclo de romances ligados a la figura del Cid. A veces, extraídos del propio cantar de gesta, y a veces sobre episodios no tratados en el mismo, como el Romance de la Jura de Santa Gadea.

Famoso en los todos los siglos, el XIX destaca por su predilección hacia el Cid. Autores románticos nacionales y extranjeros encontraron en su figura un motivo especial para su inspiración. Como ya se ha indicado, a diferencia de otros héroes de existencia puramente literaria, el Cid no es un personaje de ficción. Fue un personaje real, que vivió entre los años 1043 y 1099. Y sus hazañas y fama revelaban un héroe de hondura, cuyos perfiles desbordan la mera conceptuación de valiente, hábil y afortunado guerrero que vive aventuras más o menos fabulosas. El siglo XIX conoció en España un gran despertar del recuerdo de este héroe.

El Cantar del Mio Cid

El Cantar se compuso en el siglo XII, momento en que se reavivaba la añoranza medieval de la antigua Roma, en los siglos XI y XII, tiempo al que se ha denominado “Primer Renacimiento”. Para entender ese ideal de recuperación de Roma que alienta toda la Edad Media y eclosiona en el Renacimiento, es imprescindible advertir de una peculiaridad del pensamiento de la época, que exige variar nuestra forma corriente de pensar. Usualmente, en nuestro tiempo, las ideas de progreso y futuro están íntimamente ligadas. Nuestro tiempo basa sus esperanzas en lograr un futuro mejor y, así, el progreso remite directamente al futuro.

Pero eso no era igual en la Edad Media. Los hombres de ese tiempo pensaban de modo inverso y, cuando querían imaginar un mundo mejor, miraban al pasado, al añorado Orden Romano, pues el futuro aparecía siempre oscurecido por múltiples amenazas imprevisibles. El pasado era el mundo desaparecido de la Pax Romana y de la ley igual para todos. Mientras que, el presente y el futuro inmediatos, eran el resultado de las invasiones que destruyeron a Roma, y formaron un mundo de privilegios, violencia e ignorancia. Un mundo sombrío en el que el elemento greco-latino, negándose a morir, sobrevive toda la Edad Media para retornar con el Renacimiento, en el siglo XV. Pero en el siglo XI el Renacimiento queda aún lejos y el mundo medieval, de momento, sólo puede soñar con recuperar ese pasado mejor.

Fue en ese mundo en el que Rodrigo Díaz de Vivar recorrió el camino del héroe, en tanto que representó el ideal del “caballero cristiano”. Un arquetipo de la preservación del orden y el racionalismo cristianos que son, como lo era la misma Iglesia, el legado civilizador de Roma que sobrevivía en una época difícil y conflictiva. Rodrigo es héroe en tanto que consigue afirmarse como un hombre cuerdo y justo que afirma la razón y el derecho frente a la magia y al abuso en un mundo desquiciado. Héroe que combate a los musulmanes y conserva el más profundo sentido de la justicia y la idea de sumisión a la ley.

La Jura de Santa Gadea

La Jura es uno de los episodios más emotivamente épicos del Cid. Él, descendiente del mítico Juez de Castilla, Laín Calvo, y paladín del Rey, exigirá a Alfonso VI, para que pueda reinar en Castilla, que jure no haber participado en el asesinato de su hermano y anterior rey, Sancho II, en Zamora. Alfonso se someterá a la ley y hará la Jura, pero guardará rencor al Cid. La Jura despejaba las dudas de su implicación en la muerte de su predecesor, y era importante, por la gravedad de participar en un asesinato, que le ilegitimaba para suceder al rey asesinado. La razón que llevó al Cid a exigir el juramento fue, sobre todo, despejar la duda sobre la dignidad de Alfonso para ser rey de Castilla. No necesitan más los castellanos para obedecer al nuevo rey y, tras la jura, será el mismo Cid el primero en prestar juramento de fidelidad a Alfonso.

Con independencia de la realidad histórica del episodio de la Jura, ésta forma parte esencial de la caracterización del Cid como héroe. El héroe medieval no lo es sólo por su valentía, audacia o habilidad mostradas en sus aventuras, como Ulises, el gran héroe griego. El héroe cristiano medieval lo es, fundamentalmente, por la vinculación de sus hazañas a una causa santa o a una causa justa. El héroe medieval posee una dimensión moral, de inspiración cristiana, obviamente imposible de hallar en los héroes clásicos.

La imagen de Rodrigo Díaz exigiendo al Rey el juramento en Santa Gadea, integra una rotunda simbología política de limitación del poder, que ha de ser legítimo y someterse a control legal. Mas, la Jura de Santa Gadea, pese a ser trascendental en la tradición cidiana, no constituye un asunto del Cantar del Mío Cid, aunque si lo enmarca, pues está referenciado en el poema, justamente al principio, como la causa del destierro. Es importante para el conjunto de la obra, pero no su tema, aunque sea fundamental para entender la excelente acogida del personaje durante el siglo XIX entre los liberales.

El Cid en los siglos XIX y XX

El Cid ha sido objeto de abundante tratamiento literario. El romancero antiguo, del siglo XIV, recoge muchos romances cidianos, como la Jura de Santa Gadea. Y abundan referencias y temas cidianos en poetas, novelistas y dramaturgos del Siglo de Oro, de Lope de Vega a Cervantes. Y Guillén de Castro, con Las Mocedades del Cid (1605), sobre la base del romancero, recrearía los hechos del Cid anteriores a la Jura de Santa Gadea. Obra que inspiró Le Cid de Corneille, en Francia (1636). En siglo XVIII se publicó por primera vez el Cantar en edición impresa (1779), lo que contribuyó a difundir su fama. Goya inició su Tauromaquia (1815) con un grabado del Cid, primer caballero de España, alanceando un toro. Y un cuadro de la Jura, obra pintada en 1864 por Marcos Hiráldez, adorna el Palacio del Senado.  

El recuerdo del Cid como defensor de la legalidad y la justicia rebrotó con fuerza en el siglo XIX. Una preferencia fundada en la Jura de Santa Gadea, por el ambiente propio del siglo XIX, en que los liberales españoles desearon -sin éxito- que los reyes Fernando VII e Isabel II, fuesen monarcas sinceramente constitucionales. Los liberales españoles del siglo XIX reivindicaron por ello al Cid, figura reciamente hispana y héroe de las libertades castellanas. Y el Romanticismo, en España y en Europa, lo apreció mucho. Pero la recuperación romántica del personaje no se limitaría al reconocimiento de sus virtudes cívicas o políticas, pues las virtudes cívico-políticas del Cid no son las únicas y se complementan con sus otras muchas virtudes: El Cid es piadoso, generoso, clemente, caritativo, sabio, valiente, leal y justo.

Llegó el siglo XX, y éste, sin dejar de recrear la rica y abundantísima tradición cidiana, fue poniendo en segundo plano su imagen de héroe liberal, más propia del siglo XIX, sin que por ello su figura haya sufrido menoscabo alguno. Antes bien, se popularizó más aún, tras llevarse al cine, en 1961, por Anthony Mann, con Charlton Heston y Sofía Loren en los principales papeles. Pero las obras cidianas del siglo XX subrayaron más otras virtudes. Rubén Darío tomó la caridad en su poema Cosas del Cid, Manuel Machado destacó la generosidad en el infortunio en su Castilla, y Antonio Gala se centró en los sentimientos humanos, en su Anillos para una Dama. Sólo Eduardo Marquina retomó en su recreación del Cid sus virtudes más políticas.

Pese al enorme lapso temporal transcurrido desde que Rodrigo Díaz de Vivar realizase sus hazañas -en 1999 se celebró el 900 aniversario de la muerte del héroe, y en este siglo XXI se celebrará su milenario-, el Campeador continúa siendo un personaje de referencia, ampliamente conocido en España y en el mundo. Como dejó escrito Manuel Machado en los versos de su poema Castilla, “El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro, con doce de los suyos, -polvo, sudor y hierro-, ¡el Cid cabalga!” Y es tan deseable, como previsible, que El Cid siga cabalgando aún por mucho tiempo en los siglos venideros.

Españoles eminentes

Dolarización en Panamá: lo que pocos conocen (II): la adopción del dólar como moneda

Poco después de que Panamá se separara de Colombia, Estados Unidos «adquirió» los derechos sobre una porción del territorio panameño para construir un canal transoceánico. Los detalles de esta transacción son sorprendentes y a la vez inquietantes; prometo escribir pronto sobre ello. Por ahora, bastará con decir esto: ocurrió en 1903.

Una zona de estabilidad monetaria

La Zona del Canal de Panamá era un «territorio soberano» de Estados Unidos. Las personas nacidas en la Zona (a quienes los panameños llamaban peyorativamente zonianos o zoneítas) tenían un acceso directo a la ciudadanía estadounidense. De hecho, el conocido exsenador estadounidense John McCain nació en la Zona del Canal de Panamá.

El proyecto de construcción del canal y la administración de la Zona estuvieron supervisados por la Comisión del Canal Ístmico (Isthmian Canal Commission), creada por el gobierno de EE. UU. y dependiente de la Secretaría de Guerra, cuyo titular en aquella época era William Taft (sí, el mismo Taft que luego sería presidente). Taft había sido gobernador de Filipinas (también territorio estadounidense en aquel entonces) desde 1901, hasta que renunció en 1904 para asumir el cargo de Secretario de Guerra.

Normalmente se asume que fue el gobierno de Estados Unidos quien obligó a la República de Panamá a adoptar el dólar estadounidense como moneda de curso legal. Esta idea también prevalece entre académicos, intelectuales y la población general en Panamá. Sin embargo, no fue así. De hecho, la petición inicial para que el dólar se convirtiera en moneda de curso legal provino originalmente de los propios panameños.

El punto habitual de partida para entender cómo se produjo la dolarización es un documento conocido como «El Convenio Monetario», mencionado en un decreto emitido por el presidente de Panamá en 1904 (Decreto 74 de 1904). Este documento suele presentarse como la base legal definitiva que supuestamente demuestra la imposición monetaria de Estados Unidos sobre Panamá.

Sin embargo, más que un acuerdo legal detallado, se trata realmente de una breve nota de apenas dos páginas, firmada por el secretario Taft en 1904, que no impone absolutamente nada. En realidad, el verdadero punto de partida ocurrió meses antes. Veamos esto con detenimiento.

Una comisión fiscal se encamina hacia el norte

En junio de 1904, el secretario Taft recibió una notificación informándole que una Comisión Fiscal panameña se encontraba en Nueva York en misión oficial del gobierno, y que además deseaba reunirse con él. Esta Comisión Fiscal estaba integrada (principalmente) por dos panameños, Ricardo Arias y Eusebio Morales, además de un abogado estadounidense, William Nelson Cromwell, quien actuaba como asesor legal. Cuando EE. UU. «adquirió» los derechos territoriales sobre la Zona del Canal, pagó aproximadamente $10 millones de dólares (de 1903) al nuevo Estado panameño. El gobierno de Panamá decidió invertir alrededor de $6 millones en bancos estadounidenses, y la Comisión Fiscal se encontraba en Nueva York precisamente para identificar las instituciones financieras más adecuadas para invertir estos fondos en títulos valores.

Además de esta misión financiera, la Comisión había sido autorizada por el presidente de Panamá para reunirse con el funcionario estadounidense a cargo de la Zona del Canal de Panamá, con el objetivo de discutir arreglos monetarios. Así, concretaron una reunión con el secretario Taft.

Cuando la Comisión se reunió con el Secretario Taft, también estuvieron presentes el almirante Walker (Presidente de la Comisión Ístmica, encargada de supervisar la construcción del canal) y el señor Conant (un experto financiero que ya había trabajado con Taft en Filipinas). Todos participaron en una conversación sobre los asuntos monetarios en Panamá.

Conozco estos detalles porque un taquígrafo registró la reunión, y posteriormente la transcripción fue incorporada oficialmente a los registros durante una audiencia en el Senado estadounidense en 1906.

La conversación fue reveladora. Los panameños ya habían comenzado a elaborar nuevas leyes monetarias como parte del proceso de construcción del nuevo Estado. Recordemos que Panamá acababa de separarse de Colombia y tenía que crear casi desde cero todos los elementos esenciales para consolidar un Estado independiente.

La conversación registrada de forma taquigráfica afirma explícitamente que los panameños ya habían tomado esta decisión y simplemente buscaban una confirmación. El abogado de la Comisión Fiscal, William Cromwell, fue muy claro en este punto:

Sr. Cromwell (dirigiéndose al Secretario Taft):

«Este tema ha sido profundamente estudiado por estos señores; no solamente por los aquí presentes, sino también por personas distinguidas en el Istmo. Fue considerado por su Convención [Constitucional]; y se ha preparado un proyecto de ley por parte del Gobierno, ya sometido y actualmente en consideración. Dicho proyecto es muy inteligente. Sugiero que el Sr. Arias lo lea y le explique la medida propuesta. La Convención está lista para actuar; el proyecto está aquí. Si esta forma es aceptable, se enviará por cable y probablemente será aprobado. En otras palabras, tenemos ya la medida sobre la mesa, y esta conferencia puede darle una forma final para que sea adoptada».

La discusión en estos registros resulta interesante por varias razones. Podemos ver claramente que el secretario Taft tenía una preocupación genuina por la estabilidad monetaria tanto en la Zona del Canal como en Panamá en general.

El gobierno transitorio post-separación en Panamá buscaba evitar una situación en la que la intensa actividad económica de la Zona del Canal generara una fuerte presión sobre la capacidad monetaria de la nueva república. Recordemos que en aquella época la moneda predominante era metálica y, por tanto, finita (no dígitos infinitos en una pantalla). El fuerte incremento en la demanda de monedas metálicas para pagar a la gran cantidad de trabajadores importados pondría bajo una enorme presión la capacidad monetaria del joven Estado panameño.

Este punto fue, de hecho, resaltado en las reuniones con Taft, cuando el propio Taft preguntó al almirante Walker cuánto dinero estimaba que necesitaría para pagar los salarios a los trabajadores del canal:

Secretario Taft: Almirante Walker, ¿cuánto cree usted que su entrada allí aumentaría la demanda del peso?

Almirante Walker: Bueno, aumentaría considerablemente. Nosotros lo utilizaríamos; les pagaríamos a nuestros trabajadores con él.

La Comisión Ístmica no contemplaba crear una nueva moneda en Panamá, pues consideraba que eso sería totalmente impracticable. Era esencial que la moneda panameña permaneciera estable respecto al dólar estadounidense, basado en oro, moneda que necesariamente utilizarían simultáneamente.

Secretario Taft: ¿Pagarían ustedes a todos sus trabajadores en pesos [monedas panameñas de plata]?

Almirante Walker: Sí, probablemente pagaríamos así a toda la gente que empleemos allá abajo. A las personas enviadas desde aquí les pagaríamos una vez al mes en oro o en moneda estadounidense, pero los trabajadores y la gente del Istmo estarían en la nómina de plata y se les pagaría cada dos semanas.

Para reforzar aún más la idea del origen panameño de la dolarización, el abogado de la Comisión Fiscal destacó claramente en la transcripción oficial que una versión similar del mismo proyecto de ley había sido votada en Panamá unas semanas antes, pero no prosperó porque hubo un empate exacto entre los 32 votantes: 16 estuvieron a favor y 16 en contra. Esperaban que este acuerdo con los Estados Unidos fuera el impulso decisivo que generara confianza y permitiera finalmente aprobar el proyecto en Panamá.

Otro aspecto clave del acuerdo monetario realizado por Taft con Panamá ha sido, lamentablemente, poco estudiado. La Comisión Ístmica (y, por ende, el gobierno estadounidense) aceptó ayudar a estabilizar la moneda panameña de plata mediante un mecanismo por el cual prestaría su propio dinero a Panamá, con el objetivo de respaldar la moneda local en caso de una depreciación del tipo de cambio entre el peso de plata panameño y la moneda estadounidense basada en oro. Este acuerdo alcanzado por Taft fue excepcional desde varios puntos de vista. Recordemos que en aquel momento aún no existía la Reserva Federal de Estados Unidos.

Más aún, es importante destacar que este acuerdo no pudo haber sido una imposición del gobierno estadounidense sobre Panamá, puesto que el gobierno de EE. UU., como tal, no participó directamente en su formulación. El secretario Taft actuó de forma unilateral.

De hecho, Taft no buscó permiso del Congreso de EE. UU. antes de aceptar estas condiciones. Posteriormente, el Senado estadounidense llamó la atención a Taft por haber otorgado garantías tan fuertes sin haber solicitado previamente autorización al Congreso.

Esto derivó en una audiencia especial en el Congreso, en la que se reveló gran parte de esta información. ¡Gracias al servicio de digitalización de la Biblioteca del Congreso! El título completo del documento es: «Hearings before the Finance Committee of the United States Senate on the Monetary Agreement between the Secretary of War and the Government of Panama, 1904».

El Senado cuestionó y puso en duda las acciones de Taft porque no estaba claro si él tenía realmente la autoridad para comprometer a Estados Unidos con los términos que acordó con Panamá. De nuevo, ¿cómo podría sostenerse entonces que el gobierno estadounidense impuso el dólar a Panamá, si el propio gobierno estadounidense puso en duda que Taft tuviera autoridad suficiente para tomar tal decisión?

Durante las audiencias, Taft basó su defensa en el siguiente argumento:

Consideré este asunto como si la Comisión [Ístmica] estuviese realizando un arreglo financiero destinado a garantizar un medio apropiado para pagar a sus trabajadores.

Se trata de una formulación bastante astuta. Quiero recordar a los lectores que, tras su presidencia, Taft también fue nombrado presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, siendo la única persona en la historia estadounidense en ocupar ambas posiciones. Pero esto deja abierta una pregunta clave: ¿por qué Taft actuó de este modo en primer lugar?

El riesgo de una crisis monetaria en Panamá estaba claramente fresco en la memoria de los panameños. Pero también, y quizá de manera más sorprendente, estaba presente en la mente del propio secretario Taft. En las audiencias, Taft explicó que la estabilidad monetaria era crucial en la Zona del Canal, pues había visto directamente los daños económicos y administrativos que provoca la inestabilidad monetaria cuando fue gobernador de Filipinas:

Secretario Taft:

Debo añadir, sobre la cuestión de mi motivación, que lo que me llevó a tomar esta acción respecto a la moneda y aconsejar al presidente confirmarla fue nuestra experiencia en Filipinas con este mismo problema. Durante mi estancia allí, la plata fluctuó desde menos de 2:1 hasta 165:1, y nos enfrentamos a graves dificultades para pagar a nuestros empleados, así como a quejas justificadas cuando, en determinado momento, teníamos cuentas en tres monedas diferentes.

Taft tenía razón. Creo firmemente que este episodio histórico podría haber transcurrido de manera muy distinta si Taft no hubiera sido el secretario de Guerra encargado de la construcción del Canal de Panamá y, especialmente, si no hubiera sido gobernador de Filipinas justo antes de este nombramiento. Taft representa un punto crítico, una coyuntura frágil pero decisiva en la historia de la dolarización de Panamá.

En consecuencia, el acuerdo monetario fue finalmente aprobado por el Congreso y el presidente de Estados Unidos, y posteriormente el presidente de Panamá confirmó formalmente su contenido mediante el Decreto 74 de 1904, en el cual declaró oficialmente:

«Apruébase en todas sus partes la Convención acordada en Washington…»

(Curiosamente, tuve que acudir personalmente a la Biblioteca Nacional de Panamá para localizar copias legibles de los documentos completos publicados en la Gaceta Oficial a principios del siglo XX).

Reflexión final

Panamá no adoptó el dólar debido a una crisis macroeconómica. La dolarización formó parte esencial del proceso inicial de construcción del Estado panameño. La ideología monetaria de los líderes del nuevo país se basaba directamente en su experiencia reciente con una espiral inflacionaria causada por la emisión descontrolada de papel moneda en Colombia. Para evitar por completo esta situación en su nueva nación, eligieron conscientemente el camino de la dolarización.

Por casualidad, el Secretario de Guerra estadounidense en ese momento era William Taft, quien ya había experimentado personalmente los efectos negativos de una mala gestión monetaria en Filipinas. Taft reconoció rápidamente que la mejor decisión era aceptar la propuesta panameña de adoptar el dólar estadounidense como moneda de curso legal en Panamá. Lo hizo, incluso sin tener claro si contaba con la autoridad formal del Congreso para tomar esa decisión. Sin embargo, funcionó perfectamente.

Hoy en día, Panamá posee el sistema monetario más estable de América Latina.

Ver también

Dolarización en Panamá: lo que pocos conocen (I): la prohibición del papel moneda

¿Podrá instaurarse en Venezuela un sistema económico liberal?

Este artículo está inspirado en la exposición original que, como conferencista, tuve la oportunidad y el honor de impartir gracias a la invitación del Independent Institute y de The Association of Private Enterprise Education (APEE), ambas instituciones estadounidenses, en el marco del 49º aniversario de esta última asociación, celebrado en la ciudad de Guatemala los días 7 y 8 de abril del presente año.

El título original de la conferencia fue: “Freedom Will Finally Come to Venezuela?”, lo que traducido al español sería: “¿La libertad finalmente llegará a Venezuela?”

La interrogante que planteaba el título de la conferencia nos condujo, más que a una respuesta concreta, a una serie de cuestionamientos que estábamos obligados a desarrollar frente a la audiencia. El objetivo era explicar el actual escenario político-económico venezolano no solo desde una narración de los hechos históricos que condujeron al país a su situación actual, sino también desde la continuidad de ciertas políticas económicas y comportamientos culturales que han prevalecido en la cultura sociopolítica venezolana desde principios del siglo XX, con reminiscencias incluso del siglo XIX.

A partir de esa experiencia, decidimos replantear la ponencia bajo el título: ¿Podrá instaurarse en Venezuela un sistema económico liberal? El propósito fue analizar si, en un hipotético escenario de cambio político, el país volvería a instaurar un sistema similar al que predominó entre 1958 y 1998 —el cual coadyuvó en gran medida a crear las condiciones para el ascenso del régimen de Hugo Chávez Frías— o si sería posible refundar un nuevo sistema económico sustentado en los principios del libre mercado, con menos regulaciones e intervenciones estatales distorsionadoras de la eficiencia económica, y enmarcado en un verdadero Estado de derecho.

Interrogantes planteadas

Durante la conferencia, abordamos las siguientes preguntas clave:

  1. ¿Tuvo Venezuela realmente un sistema democrático ejemplar y estable entre 1958 y 1999, que sirvió de referencia en América Latina?
  2. ¿Por qué se produjo el deterioro del sistema político venezolano y el ascenso de Hugo Chávez al poder?
  3. ¿Cuál ha sido la naturaleza del régimen chavista en sus aspectos políticos, económicos y culturales?
  4. ¿Existe una relación de continuidad entre los antecedentes históricos venezolanos —en lo político y económico— y la situación actual del país?

Respuestas a las interrogantes

1. La democracia venezolana (1958–1998)

Sobre la primera pregunta, resulta pertinente citar al historiador venezolano Germán Carrera Damas, quien en su obra “Venezuelan Democracy in Historical Perspective” sostiene:

Hasta 1958, Venezuela fue un ejemplo extremo de inestabilidad política o de gobiernos dictatoriales. Desde el inicio de su historia republicana en 1811, el país apenas había disfrutado de tres agitados años de gobierno democrático entre 1945 y 1948. Sin embargo, a partir de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, se logró establecer en el país un ordenamiento que, con sus limitaciones y deficiencias, es el que más se ha acercado al ideal republicano y democrático buscado desde la independencia.

El sistema al que hace referencia Carrera Damas fue el de conciliación de élites políticas, conocido como el Pacto de Punto Fijo. Firmado el 31 de octubre de 1958 por los partidos Acción Democrática (AD), COPEI y URD, el acuerdo tuvo como objetivo estabilizar el incipiente sistema democrático tras la caída de la dictadura de Pérez Jiménez.

Este pacto estableció compromisos clave como:

  • Respeto al orden constitucional y a los resultados electorales.
  • Formación de gobiernos de unidad nacional.
  • Elaboración de un programa de gobierno mínimo común.

Pese a sus defectos, este modelo permitió elecciones periódicas y evitó la llegada de un nuevo dictador durante 40 años. Sin embargo, los partidos protagonistas —AD y COPEI— desarrollaron estructuras internas autoritarias y caudillistas. Aun así, la dinámica bipartidista se mantuvo dentro del marco democrático, con respeto general a las libertades civiles y a la oposición.

Durante los años 80 se implementaron reformas importantes, como la elección directa de gobernadores, alcaldes y concejales, lo que mejoró la representatividad y permitió la irrupción de nuevos partidos. En el ámbito educativo, se expandió el acceso a la educación pública y programas como las becas de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho permitieron a miles de jóvenes estudiar en universidades del exterior. Asimismo, se ejecutaron obras públicas de relevancia nacional como el sistema hidroeléctrico de Guayana y se consolidó PDVSA, que funcionó con eficiencia relativa pese a ser estatal.

2. El ascenso de Chávez y el colapso del sistema

No obstante, los logros anteriores no fueron suficientes para evitar el colapso del modelo. El sistema rentista y paternalista, sustentado en ingresos petroleros volátiles, gasto público ineficiente, deuda creciente e inflación, contenía en sí mismo las semillas de su autodestrucción.

La ausencia de un sector privado competitivo, la corrupción generalizada, el deterioro de los servicios públicos y el desprestigio de los partidos tradicionales generaron un creciente descontento en todos los sectores: pobres, gremios, empresarios y medios de comunicación.

La negativa de los partidos del “estatus” a reformar el modelo —por miopía, autocomplacencia o complicidad— impidió acciones drásticas, salvo por intentos parciales como las reformas del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, bloqueadas incluso desde su propio partido.

Todo esto abrió el camino al ascenso de Hugo Chávez Frías, quien capitalizó el descontento social y evocó el imaginario del caudillo salvador, instalando un nuevo régimen.

3. Naturaleza del régimen chavista

Hugo Chávez instauró un modelo autoritario sustentado en tres ejes discursivos:

  1. Deslegitimación del Pacto de Punto Fijo, señalado como causante de los males del pueblo.
  2. Invocación de un nacionalismo socialista bolivariano, con fuerte sesgo antiimperialista.
  3. Legitimación del poder mediante elecciones controladas, uso abusivo de recursos públicos y propaganda.

El chavismo reivindicó figuras como Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez, y se nutrió de ideologías de izquierda como el marxismo y el guevarismo. Se construyó así un régimen autoritario que utilizó mecanismos democráticos solo en apariencia.

4. ¿Ruptura o continuidad histórica?

¿Representó el chavismo una ruptura o una continuidad del pasado? La expresión “vino viejo en botellas nuevas” resume bien la respuesta. Muchos de los vicios del pasado persisten, aunque agravados:

  • Populismo y estatismo exacerbado.
  • Dependencia extrema del petróleo.
  • Corrupción sistémica y control absoluto de las instituciones.
  • Clientelismo político-empresarial.
  • Pérdida total de soberanía nacional, con alianzas con regímenes autoritarios y organizaciones cuestionadas internacionalmente.

¿Podrá instaurarse en Venezuela un sistema económico liberal?

La gran pregunta es: ¿podrá refundarse Venezuela bajo un modelo liberal y moderno o se repetirá el ciclo histórico de errores?

Hay dos indicadores contrastantes:

  1. Negativo: la mayoría de los actores políticos que se presentan como oposición provienen de estructuras fracasadas, incluyendo partidos como AD, COPEI, PJ, Voluntad Popular, entre otros. Muchos de sus dirigentes han servido más al régimen que a la libertad, proponiendo volver al viejo modelo que fracasó.
  2. Positivo: el liderazgo de María Corina Machado (MCM), que ha defendido postulados liberales y ha logrado conectar con una población agotada por el chavismo. Su visión representa una oportunidad única para construir una Venezuela distinta.

Conclusión

La única posibilidad real de transformación económica en Venezuela pasa por líderes con un compromiso serio con el liberalismo, como el que ha esbozado María Corina Machado. Solo mediante la reconstrucción institucional basada en la propiedad privada, la libre empresa, el Estado de derecho y una educación centrada en la responsabilidad individual, podrá Venezuela evitar repetir su historia.

La reflexión final es clara: ¿ha sido el socialismo, en cualquiera de sus variantes, generador de riqueza y estabilidad? La experiencia venezolana muestra con crudeza que no. Es el ejemplo de lo que ninguna nación debe aspirar a imitar.

Rousseau y la pose de ser tú mismo

Por Will Ogilvie. El artículo Rousseau y la pose de ser tú mismo fue publicado originalmente en FEE.

He comenzado una actuación sin ejemplo, cuya realización no tendrá imitador. Me propongo presentar a mis compañeros mortales un hombre en toda la integridad de la naturaleza; y este hombre seré yo mismo.

Rousseau, Confesiones

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) no se limitó a predicar la sinceridad, sino que trató de vivirla, incluso cuando ello significaba mostrarse bajo una luz poco favorecedora. En Confesiones, admitió infamemente haber dejado a sus cinco hijos al cuidado del orfanato estatal, donde probablemente murieron. Es trágico, erróneo e inquietante. Pero lo sorprendente es que nos lo cuenta sin justificarse ni dar vueltas. Afirma que no escribe para impresionar, sino para ser sincero. No busca la admiración, sino el frío consuelo de saber que ha dicho la verdad, aunque le haga quedar muy mal.

A diferencia de la autobiografía moderna -o de los videoblogs de YouTube en los que alguien llora y luego promociona sus productos-, Rousseau no está representando las virtudes. Intenta, por una vez, no representar nada en absoluto. Se trata de ser real.

«Ser uno mismo» es lo que se lleva ahora. Instagramers, TikTokers, revistas de psicología pop, guías de autoayuda, e incluso tu caja de cereales te dicen que lo hagas. Está en todas partes. El deseo no solo de parecer natural, sino de serlo, está siempre presente. Pero detrás de nuestra obsesión moderna por la autenticidad está nuestro filósofo del siglo XVIII, que ya luchaba con esta idea mucho antes de que existiera el filtro cara de cachorro.

Es posible que Rousseau viera las biografías de LinkedIn del mismo modo que los postizos: falsas, rígidas y aburridas. Rousseau creía que la verdadera libertad no consistía en hacer lo que te diera la gana, sino en vivir de acuerdo con tu yo natural, el que está aplastado por las normas sociales, las etiquetas y, sobre todo, por nuestra sed infinita de validación.

No queremos tener sinceros y auténticos asesinos en serie

Para Rousseau, la sinceridad sólo era posible en la vida privada, porque las relaciones sociales estaban llenas de normas, expectativas y señales de virtud. La sociedad moderna ha convertido a los humanos en monos evolucionados que ascienden por una escalera social hecha de apariencias. Algunos se esconden tras filtros y feeds curados; otros exhiben títulos académicos o ascensos laborales. Las plataformas varían, pero el objetivo es el mismo: ser visto, admirado, validado.

Y para Rousseau, había algo profundamente falso -y profundamente perjudicial- en todo esto. Por eso desencadenó lo que podríamos llamar el «culto a la autenticidad», una rebelión contracultural contra la vida basada en el rendimiento de la sociedad.

Pero seamos sinceros: la sociedad necesita esa moral pública para funcionar. «Gracias», dijo él, aunque tenía ganas de gritar. «Qué buen tiempo hace hoy», murmuró ella, en medio de una crisis existencial. «¡Almorcemos algún día!». (Ambos esperaban que nunca ocurriera).

Estas educadas mentiras hacen posible que tengamos vidas pacíficas y prósperas. Así que hay razones para mantener las apariencias. Rousseau podría ir demasiado lejos al afirmar que la sinceridad debería ser el valor más alto de la sociedad. Ese camino podría conducir fácilmente a un mundo en el que la crueldad se excusara como honestidad. Debemos andarnos con cuidado. Después de todo, no queremos asesinos en serie o narcisistas sin filtro campando a sus anchas a base de «ser ellos mismos».

Naturalidad impostada

Aun así, Rousseau plantea una verdad incómoda: nuestra obsesión por «ser uno mismo» en Internet rara vez tiene que ver con ser realmente uno mismo. Lo que queremos es aparentar naturalidad, pero de forma que consigamos likes, seguidores y acuerdos con las marcas. No nos quitamos la máscara, sino que nos ponemos una nueva con la etiqueta «auténtico». Es la misma actuación de siempre, solo que con mejor iluminación y un hashtag de autocuidado. Es como presentarse en una fiesta de disfraces vestido como «alguien que no lleva disfraz», solo que has tardado tres horas en ponerte ese traje.

Entonces, ¿la autenticidad real -y con ella la libertad real- sólo es posible fuera de la red? Según Rousseau, sí. Por eso, en Émile, su libro sobre la educación, el niño debe ser educado sin comparaciones sociales. La idea de Rousseau era radical: educar a un niño protegiéndolo de la influencia social para que su yo natural pudiera desarrollarse sin vanidad.

El único libro que Rousseau permite leer a Émile es Robinson Crusoe, y no por casualidad. La historia de Crusoe representa el ideal de la autosuficiencia: un hombre que aprende a sobrevivir utilizando la razón y la experiencia directa, no opiniones de segunda mano. Crusoe está solo, pero es libre. Sin juegos sociales, sin concursos de prestigio, sin likes. Ése es el tipo de ser humano que Rousseau quería cultivar: alguien que forma su identidad desde dentro, no a partir de validaciones externas.

Más tarde, por supuesto, Émile debe volver a la sociedad y aprender a bailar a su ritmo. La civilización tiene sus ventajas: Rousseau no nos decía a todos que nos convirtiéramos en nobles salvajes. Pero sí creía que la gente debía reconocer la hipocresía social que les rodeaba, aunque tuvieran que seguirle el juego.

Al fin y al cabo, hay que tener modales en la mesa. Ser auténtico no significa ser abrasivo. Los modales siguen siendo importantes: ni siquiera Rousseau, por muy radical que fuera, querría que escupieras en la mesa en nombre de la sinceridad.

Liberarnos creando nuevas cadenas

Como se atribuye a menudo al escritor ruso Antón Chéjov -aunque nunca he encontrado la cita exacta en sus obras- «Los buenos modales no consisten en no derramar nunca la salsa, sino en fingir no darse cuenta cuando otro lo hace». Una pequeña actuación social puede ser una gentileza, no una mentira, sino una forma de gracia. De hecho, es este tipo de empatía -esta capacidad de ver a la persona detrás del papel- lo que nos permite elevarnos por encima de las normas cuando éstas pierden su razón de ser.

El verdadero civismo no es obediencia rígida, sino saber cuándo inclinarse a favor de la compasión. Eso también forma parte de ser plenamente humano. Y aunque en las democracias liberales defendamos la libertad -libertad frente a la coacción o el permiso, como podrían definirla pensadores como Friedrich Hayek o Deirdre McCloskey-, Rousseau nos recuerda que también existe un tipo más sutil: la libertad de pensar de forma diferente, de ser nosotros mismos, incluso cuando es impopular.

Después de todo, ¿y si, en nombre de la libertad y la autenticidad, sólo estamos construyendo nuevas cadenas? Una cosa es liberarse de los juicios de los demás; otra, cambiar un molde por otro, esta vez con una brillante etiqueta de «autenticidad» de Silicon Valley. Quizá Platón lo dijo mejor: «No es que merezca la pena tomarse muy en serio los asuntos humanos, pero tomárselos en serio es justo lo que nos vemos obligados a hacer, por desgracia».

Porque al final, quizá Rousseau vio algo con lo que todavía luchamos: que todos estamos atrapados en algún lugar entre la actuación y la sinceridad, entre las reglas y la rebelión, tratando de averiguar cómo ser libres y decentes al mismo tiempo.

Francisco, ¿el papa del progreso?

Por Richard M. Reinsch II. El artículo Francisco, ¿el papa del progreso? fue publicado originalmente por Law & Liberty.

Al comenzar su papado, el argentino Jorge Bergoglio SJ, conocido en el mundo como el Papa Francisco, indicó que lideraría una rehabilitación humanitaria-democrática de la Iglesia católica mientras seguía pastoreando a su rebaño hacia el futuro. Aunque su compromiso expresaba muchas políticas y políticas progresistas de izquierdas, también informaba de su responsabilidad principal, y sesgaba la forma en que entendía su papel como guardián de los juicios de la Iglesia sobre la fe y la moral.

A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco siguió haciendo gala de un sentimentalismo autoelevador arraigado en normas cósmicas de justicia y lo aplicó a distintos problemas mundiales que consideraba cruciales, como la inmigración ilegal, el cambio climático o la desigualdad económica. Se veía a sí mismo como un Papa del futuro, mostrando a la Iglesia cómo estar a la altura de los tiempos. En cambio, su legado ya parece pasado de moda.

Inmigración

Uno de los primeros episodios llama la atención por cómo el Papa Francisco malinterpretó la responsabilidad del Estado, la legitimidad democrática, el Estado de derecho y la necesidad de límites en la toma de decisiones políticas. Lo hizo identificando la justicia con el humanitarismo moralista, como ilustra su primer viaje fuera de Roma tras convertirse en Papa a la comunidad insular italiana de Lampedusa en 2013. Lampedusa se había convertido en el punto de desembarco de muchos inmigrantes procedentes de África y partes de Oriente Medio que buscaban llegar a Italia y otros destinos europeos. La pequeña isla, de unos 6.000 habitantes, había recibido casi 8.000 migrantes solo ese año.

Las travesías fueron peligrosas, y miles de migrantes se ahogaron en el mar Mediterráneo, lo que debería haber sido desalentado por las autoridades públicas europeas, incluida la Unión Europea.

El Papa Francisco prestó su voz a esta tragedia. Anunció sumariamente a los habitantes de Lampedusa que la muerte de los migrantes se debía principalmente a la indiferencia de Europa: «¿Quién es responsable de la sangre de estos hermanos y hermanas?». preguntó. «¡Nadie!», respondió, y luego continuó: «Cada uno de nosotros responde: no he sido yo, yo no estaba aquí, ha sido otro». También arremetió contra los ciudadanos de Lampedusa, muchos de ellos católicos, que ni siquiera merecían su sensibilidad pastoral, a pesar de que eran los que estaban soportando directamente los costes de la invasión de migrantes, que más que duplicaba su población. Francisco también culpó a las fuerzas globales del capitalismo, que, según afirmó, hicieron necesario que estos inmigrantes abandonaran sus hogares y pueblos para venir a Europa. Francisco lanzó estas consignas ideológicas con temerario abandono.

Con sus acciones, el Papa Francisco ayudó a crear la falsa noción de que las democracias europeas deberían acoger a millones de inmigrantes de Oriente Medio y África. Afirmó en términos inequívocos el derecho de los migrantes a trasladarse a Europa, a ser alojados y cuidados por lo que él creía que eran los recursos interminables de un continente insensible y rico. El coro de la apertura de fronteras tenía por fin un líder espiritual. Ni la prudencia ni la auténtica caridad pueden prevalecer sobre el derecho absoluto del inmigrante. En el planteamiento del Papa, el bien común de una Europa antaño cristiana debe dar paso a preocupaciones exclusivamente humanitarias, a una compasión generalizada que es tan secular como religiosa.

Lo que el Papa Francisco no dice es lo que la Iglesia católica enseña realmente sobre las naciones y los inmigrantes, una enseñanza que se basa en principios de justicia y prudencia.

Las naciones tienen la responsabilidad ante sus ciudadanos de garantizar la protección y la administración de los recursos para el bien común de quienes han sido confiados a las autoridades públicas. Los seres humanos que llevan la imagen de Dios también deben tener la oportunidad de prosperar y vivir en una sociedad decente, permitiéndoles, como cuestión de justicia, cuando esto les ha sido negado, trasladarse y buscar prosperar en otro lugar. Cuando sea posible, las autoridades nacionales deben acoger a las personas y familias en estas situaciones extremas, pero también deben tener en cuenta sus propias limitaciones y necesidades a la hora de tomar estas decisiones.

Un pensamiento tan lúcido escapó a la comprensión de Francisco sobre esta cuestión a lo largo de su pontificado. Repetía su línea de pensamiento en la situación de los migrantes en Estados Unidos, sin dedicarse nunca a la sobria labor de aplicar con prudencia las normas de justicia y misericordia, prudencia y decencia a las circunstancias concretas a las que se enfrentan los ciudadanos y los estadistas. Habló despreocupadamente, en lugar de hablar como un líder que tiene la tremenda responsabilidad de guiar los pensamientos, si no los corazones, de casi mil quinientos millones de católicos. Ni una sola vez dio voz a lo que pensaban los ciudadanos de las naciones europeas y de los Estados Unidos sobre las compensaciones y las cargas de las migraciones de millones de personas a sus países, muchas de ellas de civilizaciones diferentes con costumbres culturales, creencias, amores, odios, tan diferentes de las suyas y algunas decididamente hostiles a la propia religión cristiana. Al final, negó implícitamente la legitimidad de la nación democrática, las fronteras que la hacen posible y el consentimiento de los gobernados que debe informarla. Con demasiada frecuencia, actuó como si fuera el Sumo Sacerdote de la religión de la humanidad de Auguste Comte en lugar del Santo Pontífice Romano.

Las consecuencias políticas y culturales de los numerosos ejemplos «Lampedusa» que marcarían Europa durante la última década fueron enormes. Ninguna más que el fatídico verano de 2015, cuando la alemana Angela Merkel abrió las puertas de Europa a un millón y medio de inmigrantes, un gesto que presagiaba la política populista que surgió en muchos países europeos y en Estados Unidos. El Papa Francisco pensó que estaba dando paso a un tipo de Iglesia Universal Humanitaria que trabajaría junto a una Europa que acogiera al mundo en su seno igualitario. Sin embargo, la mayoría de los fieles católicos de Europa y Norteamérica, aunque sienten compasión por los migrantes, siguen siendo conscientes de lo que se puede y no se puede dar en estas circunstancias. En lugar de estar a la vanguardia en este tema, era un sacerdote progresista que luchaba en la retaguardia, pareciendo a veces enfadado con un Occidente que no se tomaba sus palabras en serio o al pie de la letra.

El cambio climático

Otro rasgo distintivo del mandato de Francisco fue su devoción por el cambio climático, una cuestión inevitablemente interconectada con el libre mercado, la legítima autoridad política, la pobreza, la desigualdad, la población y la familia. Las ideas de Francisco sobre estas cuestiones se hicieron eco de la ideología progresista dominante, y fueron más evidentes en la encíclica papal de 2015 Laudato Si’ (Alabado seas). Como subrayó el politólogo Daniel Mahoney, el documento demuestra una comprensión de la creación y del lugar del hombre como su principal administrador. Es rico y está bien enunciado. El Papa recuerda a su rebaño que el progreso moral no es sinónimo de progreso tecnológico. Como también señala Mahoney, la sólida base teológica del documento podría haberse utilizado para desarrollar un enfoque sensato del cuidado de los recursos de la Tierra. Sin embargo, en lugar de un debate racional, el documento está marcado por una retórica apocalíptica que describe un planeta afligido y en decadencia, todo por culpa de las actividades egoístas y consumistas del hombre.

En la encíclica, el Papa Francisco afirma que el aire acondicionado, por ejemplo, es un gran problema causado por las masas de todo el mundo que buscan su comodidad, ajenas a los daños causados por el deseo de estar cómodos en el interior. ¿Ha considerado alguna vez que el aire acondicionado ha ayudado a salvar innumerables vidas de personas en hospitales de África, Asia y Oriente Medio? Culpa a un capitalismo rapaz que antepone los deseos humanos al bienestar del planeta y de las generaciones futuras.

Abundan más ejemplos de destrucción: Francisco nos advierte de que las predicciones catastrofistas ya no pueden acogerse con ironía o desdén. Vamos camino de dejar un legado de escombros, desolación y suciedad a las generaciones venideras. El ritmo del consumo, del despilfarro y de los cambios medioambientales ha desbordado de tal modo la capacidad del planeta que nuestro estilo de vida contemporáneo, por insostenible que sea, no puede sino precipitar futuras catástrofes, como las que periódicamente se producen en distintas zonas del mundo.

El documento ofrece innumerables ilustraciones como éstas. Sin embargo, lo que se echa totalmente en falta es la mínima conciencia empírica de que los avances tecnológicos, el afán de lucro, la mayor especialización de la economía, los derechos de propiedad y el Estado de derecho han sido la forma en que las sociedades occidentales se han enriquecido al tiempo que contaminaban gradualmente menos. Las economías se han vuelto más eficientes en la producción y más refinadas en el uso de la energía. En cambio, los católicos reflexivos han recurrido a voces más equilibradas y humildes como la de Bjørn Lomborg, antiguo director del Instituto de Evaluación Medioambiental del gobierno danés, que nunca ha rehuido la realidad del cambio climático, al tiempo que ha explicado de manera crucial que la adaptación y el ingenio que proporcionan las economías de mercado permiten a las personas hacer frente a los cambios provocados por el cambio climático. El fin no está cerca.

Quienes han estudiado el constitucionalismo occidental, y la creencia de que el poder de un gobierno está determinado por un conjunto de leyes, observan que las apelaciones a la «emergencia» y la «necesidad» (como se ve en esta encíclica papal) son emblemáticas de los intentos de romper las barreras de la prudencia, el Estado de derecho y la conciencia de los límites del poder. Lo que Francisco realmente quería era la aplicación de la política de guerra en las políticas de cambio climático. Acogió con satisfacción la gobernanza de grandes organismos transnacionales que no responden ante nadie mientras imponen atronadoramente diversas exigencias sobre el cambio climático, como la de que todos dejemos de conducir vehículos de gas. La retórica apocalíptica del Papa, que en un momento dado en Laudate Deum (Alabado sea Dios) -un documento escrito intencionadamente para influir en la 28ª Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (conocida como COP 28) que se celebrará en Dubai en 2023- informó al mundo «de que podríamos estar acercándonos al punto de ruptura» de nuestra existencia actual.

Irónicamente, como profeta de la fatalidad, el Papa Francisco siempre parecía estar a gusto con los actores de Hollywood y las élites europeas cuyas políticas de cambio climático e ideas corporativistas han devastado muchas economías de la eurozona, incluida la alemana, han perjudicado el sustento de los agricultores europeos y han convertido la energía en un bien de lujo en toda Europa. Todas políticas que conducirán a apagones intermitentes durante algún tiempo, si los recientes acontecimientos en España y Portugal son un anticipo. A menos, claro está, que las naciones europeas recuperen el sentido común y eviten las fantasías apocalípticas.

A lo largo de su papado, Francisco ha afirmado preocuparse de forma generalizada y enfática por los pobres. Pero, como señala un editorial crítico del Wall Street Journal, su sensatez nunca estuvo a la altura de su preocupación cuando defendió las ideas que los mantendrían en la pobreza.

Rara vez mencionó que las empresas ofrecen oportunidades tanto a los empleados como a los consumidores de sus bienes o servicios. Su retórica y sus enseñanzas sobre los mercados estaban marcadas por la hostilidad. ¿Observó alguna vez la abundancia de las economías occidentales y se preguntó si esta situación de abundancia podría explicarse por algo más que la explotación y el abuso? Si es así, nunca lo comunicó. No entendía que el beneficio es la prueba de que una empresa ha reunido capital, trabajo y otros recursos de forma beneficiosa para los consumidores, enriqueciendo la vida de todos. En su opinión, el beneficio era igual a la codicia y fue condenado sin juicio. Debía más que un poco a la corriente ideológica peronista populista de izquierdas de su Argentina natal, una corriente que informó la corrosión política y económica de ese país antaño próspero.

Desigualdad

Mientras muchos pensábamos que la raíz de los males era el pecado, en su discurso de noviembre de 2014 ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Francisco afirmó que debemos «resolver la raíz de los males, que es la desigualdad.» Para acabar con la desigualdad, o lo que es realmente el aspecto inherente a cualquier sociedad libre, debemos «renunciar a la autonomía absoluta del mercado y de la especulación financiera, y actuar principalmente sobre las estructuras de desigualdad.» ¿Dónde existe algo reconociblemente llamado libre mercado aparte de la ley, la legalidad y la dignidad de las personas? No se nos dijo. Con demasiada frecuencia, el Papa redujo la doctrina social católica a ese igualitarismo dogmático y a los clichés ideológicos que lo acompañan.

Francisco nunca pareció preguntarse si muchos de los pobres no asumían la responsabilidad de sus vidas en parte porque creían a élites como el Papa, que en todas partes los proclamaban víctimas de mercados globales e impersonales. La Biblia habla en múltiples tonos de los pobres, para referirse a mucho más que la privación material, una condición que ha marcado la suerte del hombre en esta tierra durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Los «pobres de espíritu» resuenan en las Escrituras, el movimiento del alma de quienes buscan la misericordia de Dios, el poder sanador de Dios en unas vidas marcadas por el pecado, el sufrimiento y la traición. Los pobres bíblicos no son el proletariado amado por los ideólogos que los invocan para socavar la responsabilidad personal y política y justificar nuevas formas de opresión.

Las enseñanzas de la Iglesia

El compromiso de Francisco con la visión política progresista a menudo lo pone en una relación incómoda con las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Los pilares de la misión de la Iglesia católica, que proclama el acto salvífico de la muerte y resurrección de Cristo, son la confesión y el arrepentimiento, es decir, el reconocimiento del pecado y el alejamiento de él. Francisco nunca se ha pronunciado en contra de este mensaje, pero tampoco lo ha gritado a los cuatro vientos. Contrasta la escasez de sus declaraciones sobre el arrepentimiento con sus casi incesantes comentarios sobre las estructuras de desigualdad, el planeta traicionado, la injusticia de la pena de muerte y la cuestión de los inmigrantes.

Habló a menudo de la misericordia de Dios, casi como si fuera a caer sobre cualquiera, pero sólo con gran reticencia mencionó el arrepentimiento, que la Iglesia cree que es el requisito para su plena recepción. ¿Por qué? El arrepentimiento exige un interrogatorio del alma y plantea las cuestiones fundamentales del bien y del mal, del bien y del mal. Hace hincapié en el único progreso que realmente podemos hacer en esta vida, en lo cerca que podemos estar de la vida de Dios. El progreso es un imperativo moral y espiritual del alma, nada más.

Muchos comentaristas han señalado que nada cambió bajo el papado del Papa Francisco en lo que respecta a cuestiones que los progresistas dentro de la Iglesia han tratado de alterar durante mucho tiempo: cuestiones de sexo y matrimonio, y la perspectiva de mujeres sacerdotes. Y es cierto. Pero esto pasa por alto sus indicaciones significativas en los Sínodos de los Obispos sobre la Familia de 2014-15 de que quería cambiar la enseñanza de la Iglesia para los divorciados y vueltos a casar para permitirles recibir la comunión sin una declaración formal de que el primer matrimonio no era de hecho un matrimonio válido. En aquel momento fue rechazado por los obispos de África y de otras partes del mundo en vías de desarrollo.

Sin embargo, la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, publicada por el Papa Francisco, aumentó la confusión por su ambigüedad a la hora de defender la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. Dio lugar a que obispos de diferentes países sacaran conclusiones distintas sobre lo que la Iglesia enseñaba ahora. Cuatro cardenales enviaron una «dubia» a Francisco, que se traduce como «dudas», o un conjunto de preguntas pidiendo aclaraciones sobre la doctrina enviada a la Santa Sede. Buscaban claridad, si no la reafirmación de lo que la Iglesia había proclamado durante mucho tiempo como una sentencia sobre el matrimonio que emanaba del propio Cristo. El Papa les ignoró.

Francisco cambió la doctrina de la Iglesia sobre la pena de muerte, declarando que el castigo nunca puede justificarse (si tiene el poder unilateral para cambiarlo es otra cuestión totalmente distinta). Sin embargo, durante toda su historia, la Iglesia siempre ha enseñado lo contrario. Aunque muchos creyeron erróneamente que el Papa Juan Pablo II había excluido el uso de la pena de muerte como una cuestión de justicia, en realidad había declarado que ya no creía que el castigo fuera necesario para proteger el bien común, dada la capacidad de alojar a los reclusos de forma segura, pero nunca lo condenó categóricamente. Entendía que el gobierno, como fideicomisario del bien común, a diferencia de los particulares, siempre tendrá derecho a quitar vidas humanas para cumplir con esta responsabilidad primordial.

Lógicamente, muchos se preguntaron qué sigue después del cambio radical de Francisco en la enseñanza sobre la pena de muerte. El lenguaje utilizado para justificar este cambio se basa en un razonamiento puramente secular y progresista en «una conciencia global emergente» sobre la injusticia de la pena de muerte. Después de todo, ¿qué no podría justificarse si el fundamento de la moralidad ya no es la ley natural y la conciencia del bien y del mal arraigada en categorías primordiales, sino que se encuentra en el arco del progreso que separa lo correcto de lo incorrecto en nada más profundo que «los tiempos están cambiando»? Sólo más tarde el Papa Francisco respondió a esta pregunta afirmando que incluso la cadena perpetua era injusta. Desde los salones de la facultad, por fin se escuchó una palabra nunca pronunciada en esos confines: Amén.

Una nota final sobre el papado de Francisco debe considerar su manifiesto desdén por los católicos «conservadores» u «ortodoxos». El ensayo de monseñor Robert Barron «Francisco al completo» relata algunos de los insultos que lanzó, muchos dirigidos a sacerdotes jóvenes, «el esclavo cerrado y legalista de su propia rigidez»; «¡doctores de la letra!»; «la rigidez esconde el llevar una doble vida, algo patológico»; “¡profesionales de lo sagrado! Reaccionarios”. Se refirió a los jóvenes sacerdotes conservadores como «pequeños monstruos».

Estos mismos clérigos y los laicos que sintonizan con ellos representan lo que sin duda es la parte más vibrante de la Iglesia. Pruebas recientes demuestran que los bautismos de adultos están aumentando incluso en las iglesias de Europa, moribundas desde hace mucho tiempo. Los jóvenes, sobre todo, acuden a la Iglesia. Las encuestas ponen de manifiesto que los sacerdotes que se están ordenando últimamente son mucho más tradicionales y están más arraigados en el pensamiento profundo de la Iglesia. Francisco siempre ha parecido desconectado, cuando no desaprobador, de estos «brotes verdes» emergentes en la Iglesia.

Todo tiene sentido. Como muchos de nuestros intelectuales y clérigos mayores, el Papa Francisco creía que la línea entre el bien y el mal se encontraba en la actitud de cada uno hacia el progreso. Entonó que la Iglesia católica debía afirmar ahora la verdad ideológica progresista. Sin embargo, al pretender ser el Papa del Progreso, se convirtió en el Papa de la Retaguardia, el líder de una Iglesia liberal moribunda que había surgido en ocasiones a finales de los años sesenta y setenta, pero que está dejando de importar rápidamente, al igual que la delgada huella de su pontificado en la Iglesia.

“Cómo se apagó España”: Gabriel Calzada, presidente del Instituto Juan de Mariana, en The Wall Street Journal

El pasado 30 de abril, el prestigioso diario estadounidense The Wall Street Journal publicó el artículo titulado Cómo se apagó España, firmado por Gabriel Calzada, presidente del Instituto Juan de Mariana, junto con Manuel Fernández Ordóñez, físico nuclear y profesor universitario, y Daniel Fernández, doctor en Economía y divulgador. 

El texto, que ha generado un importante impacto internacional, analiza las causas técnicas y políticas del colapso energético que dejó a oscuras a España, Portugal y parte de Francia el 28 de abril.

“La vida cambió para los españoles al mediodía del lunes, 28 de abril. Con el sol en su punto más alto, la red eléctrica del país, alimentada en gran parte por energía solar, se apagó”, escriben los autores. Apenas unos días antes, el gobierno español había celebrado que la red funcionaba al 100% con energía renovable, de modo que la desconexión de la red eléctrica fue un mazazo para esa narrativa.

En palabras de Calzada y sus coautores, “el porcentaje casi récord de producción de energía solar en España iba acompañado de una cantidad menor de energía eólica—ninguna de las cuales es capaz de estabilizar el sistema en caso de que sea necesario hacerlo”. La red contaba además con una proporción reducida de generación con turbinas síncronas —apenas un 30%— lo que conllevaba una bajísima inercia del sistema: “equivalía a jugar con fuego (o más exactamente, con el sol)”, denuncian.

El artículo subraya que “la estabilidad de una red eléctrica depende de un equilibrio mantenido mediante generación síncrona usando turbinas que almacenan energía en sus generadores rotatorios”, algo que se ha perdido por el avance político, no técnico, de la transición energética. En este contexto, “una combinación de precios de mercado bajos y una punitiva alta carga impositiva —que representa el 75% del costo variable de la producción de energía— también dejó fuera de juego a la mitad de la capacidad nuclear del país”.

Gabriel Calzada denuncia junto a Manuel Fernández Ordóñez y Daniel Fernández que “las voces que advirtieron sobre el considerable riesgo de forzar en exceso la energía renovable fueron marginadas por el operador del sistema”, empresa controlada por el Estado, que negó la posibilidad de apagones, negaciones que fueron amplificadas por medios de comunicación afines al Gobierno. El resultado fue un sistema frágil, sin margen de maniobra, basado en postulados ideológicos más que en la física o la ingeniería.

“El colapso de la red fue el resultado de una serie de errores descarados por parte de los legisladores, que ignoraron advertencias basadas en leyes físicas. Podría decirse que España voló demasiado cerca del sol, dejando su red eléctrica expuesta a desequilibrios que se volvieron imposibles de estabilizar”, concluyen.

Desde el Instituto Juan de Mariana se insiste en que una sociedad moderna no puede funcionar sin una red eléctrica estable y resiliente. Para Gabriel Calzada, Fernández Ordóñez y Daniel Fernández, “un sistema racional debe estar diseñado para lidiar con eventos inevitables; el sistema de España fue diseñado políticamente, no racionalmente”. Como cierre, el artículo lanza una pregunta clave: “¿Aprenderá alguien de esta lección?”.

El artículo al completo se puede leer en inglés en la página web de The Wall Street Journalhaciendo clic aquí. Para leer el artículo en castellano, puede hacer clic en este enlace.

Además del artículo publicado en The Wall Street Journal, los tres autores han desarrollado un análisis más extenso en el documento titulado El gran apagón: Por qué colapsó el sistema eléctrico. El informe, publicado por la Universidad de las Hespérides, se puede descargar en este link.

El lenguaje económico (LI): sobre la guerra comercial

El incremento de los aranceles decretado por el presidente Trump y las represalias fiscales de otros estados y bloques económicos (UE) trae a la actualidad la bien conocida retórica bélica en los asuntos económicos.

¿Qué es el arancel?

Es un impuesto estatal que grava la entrada de mercancías a un territorio.[1] Frente a un incremento del arancel, el importador tiene dos opciones: a) No repercutirlo a su cliente y asumir una reducción del beneficio. b) Trasladar toda o parte de la subida al precio final del producto, lo que supone inexorablemente una reducción en el número de unidades vendidas.

Cada importador buscará la mejor forma de encajar el rejón arancelario. En última instancia, cualquier impuesto —IVA, arancel, IRPF, sociedades— de forma inmediata o diferida, reduce (violentamente) el consumo del individuo y, por tanto, su nivel de vida. El gobierno, en cambio, aumenta el ingreso fiscal para su propio interés: consumo y reparto del botín fiscal.

No nos dejemos engañar con eslóganes patrióticos y proteccionistas. El arancel no mejora la economía de la nación, sino la del propio gobierno y la de específicas empresas menos eficientes que sus competidoras extranjeras. La guerra comercial no se produce entre naciones, tal y como muestra la retórica política. La única finalidad del arancel es la confiscación, es decir, el robo, pero los gobiernos emplean diferentes subterfugios para engañar a la población. Según Rothbard (2009: 1102): «Los argumentos a favor de los aranceles tienen una cosa en común: todos intentan demostrar que los consumidores del área protegida no son explotados por el arancel».

También existen aranceles locales, por ejemplo, en Canarias, tenemos el Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías (AIEM), popularmente conocido como «impuesto revolucionario». Otro engaño es llamar «tasa» a lo que es simple y llanamente otro impuesto más, por ejemplo, la tasa turística (Cataluña y Baleares) grava las pernoctaciones y tiene las mismas consecuencias económicas que un arancel: reduce el consumo de los turistas a la vez que los desvía a otros destinos.

America First

Primero, es falso afirmar que el arancel defienda la (en singular) industria nacional. El arancel solo beneficia a específicas empresas que son protegidas de la competencia de productos foráneos, mejores y/o más baratos. Estos últimos no nos «atacan», al revés, nos benefician. Segundo, combatir la salida (o entrada) de empresas de un país es otro error porque la «deslocalización» de industrias no es otra cosa que la «mejor localización» del capital, algo que produce un doble beneficio: abarata la producción a la vez que aumenta los salarios en los lugares de destino. El retorno de las fábricas a EE.UU., tal y como pretende el presidente Trump, reducirá los beneficios de la división internacional del trabajo, perjudicando principalmente a los consumidores estadounidenses, pero también los de terceros países.

El tercer error es interferir la movilidad laboral internacional. Los flujos migratorios se producen en sentido contrario al del capital: los trabajadores se desplazan hacia países más capitalizados, donde obtienen mejores salarios; por su parte, los países receptores aumentan la disponibilidad del recurso más escaso: la mano de obra.

Balanza comercial «desfavorable»

El mercantilismo (S. XVI al XVIII) fue una doctrina económica que afirmaba que la riqueza de una nación consistía en la acumulación de metales preciosos (oro y plata). Si un país quería enriquecerse, era preciso que las exportaciones superaran a las importaciones, algo que los gobiernos fomentaban gravando las importaciones (aranceles) y subsidiando las industrias locales. Este es el origen teorético e histórico de la mítica balanza comercial «favorable o desfavorable», error mercantilista que, por desgracia, todavía goza de gran popularidad. Como dice Rothbard (2009: 1102):

«’Desfavorable’ es un término engañoso porque cualquier compra es la acción más favorable para el individuo en ese momento». En otras palabras, cualquier situación de la balanza comercial siempre es favorable para quienes intercambian y carece de lógica económica pretender equilibrar cualquier balanza: bilateral, regional o global. Veamos su futilidad: ¿A alguien le importa la balanza comercial entre África y Oceanía, entre Galicia y Aragón o entre Getafe y Leganés? Y si analizamos la balanza comercial de un empleado, será «favorable» con su empleador y «desfavorable» con todos sus proveedores de bienes. ¿Acaso no sería absurdo intentar equilibrarlas?

Guerra comercial

La expresión «guerra comercial» es un oxímoron: la guerra es violenta, el comercio es pacífico. Según Mises (2011: 969): «La economía de mercado presupone la cooperación pacífica». Las empresas no combaten ni luchan a muerte entre sí, sino que compiten satisfaciendo cumplidamente las necesidades y deseos de los consumidores. La mal llamada «guerra comercial» no es un fenómeno mercantil, sino político. Son los gobiernos, no los comerciantes, quienes restringen el comercio internacional mediante impuestos y regulaciones. Al oír «guerra comercial», el hablante común cree que su gobierno se defiende (siempre es otro el que ataca) con represalias fiscales.

Por ejemplo, EE.UU. afirma que se defiende del proteccionismo sui generis que practica la Unión Europea: tasa “Google” y multas millonarias a grandes corporaciones como Meta, Amazon o Intel. Los beneficiarios directos de la escalada arancelaria son los respectivos fiscos, que aumentan su ingreso a expensas de los consumidores. Bajo la apariencia de un conflicto de intereses entre estados, la guerra comercial es un excelente negocio para ambos gobiernos. Y si la propaganda gubernamental es efectiva, el político obtiene respaldo (votos) de los mismos ciudadanos a quienes esquilma con el arancel.

Pegarse un tiro en el pie

Los efectos perversos del intervencionismo están claramente identificados por la teoría económica. La subida de aranceles no afecta solamente a productos de consumo final, sino también a las materias primas, componentes y productos semielaborados foráneos que deben ser importados por los fabricantes locales a precios más elevados. En 2018, la «protección» arancelaria causó a Ford pérdidas por $1.000 millones y hoy Tesla se enfrenta a un aumento de costes debido al arancel sobre las baterías chinas. «Pegarse un tiro en el pie» significa hacerse daño a sí mismo, pero Trump y el resto de gobiernos no apuntan a su propio pie, sino a los pies de los consumidores.

Bibliografía
  • Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.
  • Rothbard, M. (2009). Man, Economy, and State with Power and Market. Alabama: Ludwig von Mises Institute.
Serie ‘El lenguaje económico’

[1] Solo el 1.5% de los aranceles globales son a las exportaciones (Banco Mundial, 2023).

Centralización y monopolio, o cómo la intervención estatal ha provocado el apagón en toda España

El apagón energético del 28 de abril en España ha puesto de manifiesto la fragilidad de un sistema eléctrico excesivamente centralizado y regulado. Lejos de ser un incidente aislado, esta falla es una consecuencia directa de la intervención estatal en el mercado energético, que ha generado rigideces e ineficiencias.

La electricidad en España opera bajo un modelo de concentración, donde el Estado y unas pocas empresas reguladas monopolizan la generación, distribución y comercialización de la energía. Esta estructura impide una competencia real y dificulta la capacidad del sistema para adaptarse a imprevistos, dejando a millones de ciudadanos vulnerables ante fallos masivos.

Todo sistema es falible. Pero un fallo en un sistema descentralizado no provoca un problema generalizado. De vez en cuando, hay fallos en redes sociales y servicios digitales. Plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram han sufrido caídas globales en el pasado, pero, debido a la descentralización de servidores, algunos usuarios pudieron seguir accediendo mientras otros experimentaban interrupciones. Y, aunque Instagram deje de funcionar unos minutos, otros servicios, como YouTube, no fallan.

El sistema eléctrico español antes de la centralización

España no siempre operó bajo este modelo rígido. Antes de la creación de Red Eléctrica Española, el país contaba con un sistema descentralizado que permitía una mayor flexibilidad y adaptación ante imprevistos. ¿Cómo funcionaba ese sistema? Veamos su estructura antes de la centralización.

Esta estructura permitía una mayor competencia, evitando los problemas derivados de un monopolio estatal. Y, sobre todo, una mayor adaptación a las necesidades y características locales: donde había un salto de agua, se instalaba una hidroeléctrica; pero donde no había salto de agua y sí carbón, se creaba una central térmica. Un fallo en un punto de la red sólo afectaba a esa zona y no dejaba a España sin luz.

Diversidad de empresas y competencia en el mercado

Durante los años 60 y 70, el sector eléctrico español estaba compuesto por una variedad de empresas privadas y públicas que operaban de manera independiente. Este modelo descentralizado permitía que cada empresa optimizara sus recursos y respondiera a las necesidades específicas de su región, sin depender de una planificación centralizada.

La descentralización del sistema eléctrico tenía ventajas clave:

  • Menor riesgo de apagones generalizados, ya que un fallo en una zona no afectaba al resto del país.
  • Mayor innovación, con empresas compitiendo por mejorar la eficiencia y reducir costos.
  • Adaptación a las necesidades locales, permitiendo el desarrollo de infraestructuras específicas para cada región.

El modelo descentralizado que predominó en España durante los años 60 y 70 demostraba una capacidad de resistencia a errores superior, ya que los fallos eran localizados y no afectaban a toda la red nacional. Sin embargo, con la llegada del gobierno de Felipe González (1982-1996), se inició un proceso de centralización y monopolización que alteraría por completo el mercado energético. En este contexto, surgieron dos actores clave: la creación de Red Eléctrica Española y la transformación de ENDESA en Grupo ENDESA.

El origen y evolución de Red Eléctrica Española y ENDESA bajo el gobierno de Felipe González

ENDESA fue fundada en 1944 como una empresa estatal dedicada a la generación y distribución de electricidad. Aunque era pública, permitía operar a otras compañías, tenía una producción descentralizada y generaba servicios añadidos. Por ejemplo, en Teruel, explotaba la central térmica de Andorra y creó la línea ferroviaria Escatrón-Andorra, uniendo estos dos pueblos de las provincias de Zaragoza y Teruel, respectivamente.

Incluso otras empresas públicas operaban en el mercado energético español, como la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER) o la Empresa Nacional Carbonífera del Sur.

En 1983, sólo un año después de la llegada de Felipe González a la presidencia del Gobierno, ENDESA pasó a ser Grupo ENDESA, adquiriendo gran parte de su competencia, tanto pública como privada. Ese año, la empresa pública absorbió empresas como Unión Eléctrica de Canarias, que operaba de forma privada desde 1930; Eléctricas Reunidas de Zaragoza, que operaba con capital privado desde 1911, aunque su germen, Electra Peral Zaragozana, fue fundada por Isaac Peral en 1893; y empresas públicas como ENHER y la Empresa Nacional Carbonífera del Sur.

Posteriormente, y siendo todavía pública (ya que ENDESA no se privatizó totalmente hasta 1998), fue adquiriendo otras empresas como Viesgo, que operaba desde 1906; FECSA, desde 1951, aunque su origen, la Sociedad Española de Electricidad, operaba desde 1881; o la Compañía Sevillana de Electricidad, desde 1894.

Ver los nombres de esas empresas y sus fechas de fundación nos da una idea de la descentralización, longevidad y estabilidad del mercado energético español. Empresas que han sobrevivido a diferentes formas de gobierno, a la Guerra Civil, incluso, algunas, al desmembramiento estatal con la independencia de Cuba, pero que no han podido sobrevivir a la intervención estatal.

Lo que sí se disgregó de ENDESA bajo el PSOE fue Red Eléctrica Española, separando producción y comercialización por un lado, y transporte energético por otro.

Red Eléctrica Española: la centralización y estatalización de la red de transporte

Red Eléctrica Española fue creada en 1985 con el objetivo de gestionar y operar la red de transporte de electricidad en España. Antes de su fundación, el sistema eléctrico estaba descentralizado, con múltiples empresas gestionando la transmisión de energía, organizadas de forma espontánea en compañías como las ya mencionadas.

El gobierno de González impulsó la creación de REE como una empresa pública con el propósito de garantizar la estabilidad del suministro eléctrico y mejorar la planificación del sistema energético. Poco después, REE se convirtió en el operador único de la red de transporte, monopolizando la interconexión entre las distintas regiones del país.

Una sociedad estatal que, como siempre ocurre en estos casos, sólo sirve para que ostente su presidencia alguien del partido del gobierno. En este caso, Beatriz Corredor, exministra de Vivienda con Zapatero y actualmente con un sueldo de medio millón de euros anuales, y con seis de los doce miembros de su consejo pertenecientes al partido del Gobierno.

Pero esto no es el problema; sólo es la consecuencia natural de una empresa pública. Lo problemático es creer que un sistema de planificación central pueda funcionar, y cómo este pensamiento afecta al libre ejercicio de la función empresarial.

Monopolios y falta de incentivos para la eficiencia

El monopolio estatal o cuasiestatal en la gestión de la red eléctrica ha llevado a una falta de incentivos para mejorar la infraestructura y garantizar un suministro estable. La ausencia de competencia significa que las empresas no tienen presión para optimizar costos ni para invertir en tecnologías que prevengan fallos masivos.

Los monopolios creados o protegidos por el Estado tienden a ser ineficientes, ya que no enfrentan la disciplina del mercado. Ni tienen el sistema de incentivos que ofrece el mercado ni pueden calcular de forma eficiente los precios.

Cuando el sistema era descentralizado, múltiples actores competían por ofrecer el mejor servicio, reduciendo la probabilidad de fallos sistémicos. Un fallo en una zona no afectaba a otras.

Regulación excesiva y obstáculos a la descentralización

Las políticas energéticas en España han favorecido la intervención estatal e impuesto regulaciones que dificultan la entrada de nuevos competidores. La burocracia y las restricciones a la generación descentralizada han impedido el desarrollo de alternativas como redes locales, generación distribuida y sistemas de almacenamiento independientes.

El apagón del 28 de abril es un recordatorio de los peligros de la centralización y el monopolio en sectores estratégicos. La solución no pasa por más intervención estatal, sino por una liberalización del mercado energético, permitiendo la competencia y la innovación. Un sistema descentralizado, basado en la libre empresa y la propiedad privada, garantizaría un suministro más estable y eficiente, evitando que millones de personas queden a oscuras por fallos en una estructura rígida y controlada por el Estado. La historia nos demuestra que los mercados libres, cuando se les permite operar sin trabas, generan soluciones más robustas y adaptables. Es hora de aplicar estos principios al sector energético y evitar que la intervención estatal siga poniendo en riesgo el bienestar de los ciudadanos.

Un problema mental… o no

Otro de los efectos perversos de los mercados regulados es que los agentes económicos no destinan recursos donde serían más útiles, sino donde hay menos trabas burocráticas o mayores subvenciones, desincentivando la innovación y la eficiencia.

En el sector energético, esto se traduce en distorsiones evidentes, como la sobreinversión en tecnologías subvencionadas con alta intermitencia, como la energía solar, mientras se bloquea la entrada de soluciones más robustas y autosostenibles. Pero el problema va más allá. Hay obstáculos burocráticos que generan servicios incompletos y que, lejos de mejorar el mercado, lo hacen más ineficiente:

  • Empresas que venden sistemas energéticos “integrados” pero que obligan al usuario a gestionar múltiples aplicaciones desconectadas.
  • Instaladores que ofrecen autoconsumo pero sin la opción de compartir excedentes, limitando el potencial del ahorro colectivo.
  • Comercializadoras que imponen precios abusivos en la compra de excedentes, aprovechando la falta de competencia real en el mercado.

Sin embargo, dentro de este entorno hostil surgen oportunidades para quienes deciden actuar. El próximo 7 de mayo, la Asociación Liberal de Estudiantes publicará el informe “Luz a cero”, que analiza estrategias para reducir drásticamente la factura energética, e incluso eliminarla por completo. En él se presentan modelos de negocio como:

  • Spock: una plataforma de compras colectivas de gas y luz que consigue precios realmente ventajosos al sindicar un gran volumen de consumidores.
  • Cooperativas Energéticas: una consultora especializada en la puesta en marcha de cooperativas energéticas, que está teniendo un gran éxito en Aragón.
  • Green Data Chain: minado de bitcoin con energía producida con purines de cerdos. Una forma de solucionar el problema de la evacuación de esos residuos y convertirlos en un activo.
  • Wott: que ofrece participaciones en cooperativas energéticas, permitiendo que los clientes reduzcan su factura a cero y, al mismo tiempo, apoyen a familias en situación vulnerable con bonos de energía gestionados de forma descentralizada.

Con el objetivo de inspirar a más emprendedores y fomentar la competencia en el mercado energético, mis siguientes artículos en el Instituto Juan de Mariana analizarán modelos de negocio que desafían la planificación centralizada.

El apagón del 28 de abril ha sido una tragedia, pero también una advertencia. Es el momento de cuestionar la planificación central y de reclamar un mercado verdaderamente libre y descentralizado.

Los ciudadanos tienen dos opciones: dejar la producción energética en manos de burócratas o tomar el control de su propia energía, convirtiéndose en propietarios de los medios de producción y distribución para construir un sistema más sólido, resistente y descentralizado.

Es la hora de despertar leones.

España a oscuras: crónica de un apagón anunciado

¿Ocurrió el apagón por la centralización?

Este 28 de abril de 2025, la población española sufrió un evento sin parangón. El suministro eléctrico del país se vio coartado, por lo que un apagón apareció como consecuencia. Pero para ver que es lo que realmente ocurrió, tenemos que recurrir a analizar los pocos datos que se nos están facilitando las administraciones y corporaciones envueltas en esta polémica. Si recurrimos al gráfico del mercado de la red eléctrica peninsular que nos facilita en su web Red Eléctrica de España vemos lo siguiente:

Podemos ver representadas varias series de datos. Debemos prestar atención especial a dos de las líneas: a la serie roja y la amarilla. Por un lado, la serie roja representa la demanda programada de energía en el mercado español peninsular, podemos tratarlo como la demanda peninsular por suministro eléctrico para facilitar el entendimiento. Por otro lado, la serie amarilla representa la capacidad de demanda satisfecha en cada momento. Esta serie debe de ser entendida como la oferta de suministro o la capacidad de generación energética suministrable a la red eléctrica.

Como podemos apreciar en el gráfico, y como nos comunica el presidente de la nación Pedro Sánchez, a las 12:33, la cantidad de energía ofertada sufrió un desplome inmenso. Siguiendo la comparecencia realizada por el presidente del gobierno cerca de la media noche, «15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema en apenas 5 segundos. (…) Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento.» Tras estas palabras el presidente nos informa de que las causas aún están siendo investigadas.

En lenguaje común, lo que ha ocurrido en España es un “corto”. Es lo equivalente a que en una casa salten los plomos, pero a nivel nacional. En esta situación siempre cabe la posibilidad de pensar en conspiraciones gubernamentales y corporativas para forzar cierto pensamiento en la población. Cabría pensar a su vez en ciberataques externos hacia nuestra red, pues esta estructura recibe numerosos ataques a diario que siempre son neutralizados pudiendo haber ocurrido que uno fuese exitoso. Sin embargo, esto último es extremadamente poco creíble, y según Red Eléctrica de España ya ha sido descartado, debido a las medidas de seguridad vigentes. Por lo que, si fuese un ataque consistiría en una organización igual o más potente que un Estado extranjero o quizás un sabotaje por parte de la inteligencia de otros estados. Entre los principales sospechosos podrían estar Israel y EE. UU debido a la capacidad técnica de inteligencia mostrada en el pasado. También podemos dejar de lado a países que no ganarían nada con este movimiento como Rusia. Sin embargo, el ataque es solo una posibilidad más.

Si algo caracterizó al día de ayer es el sol. Las placas fotovoltaicas y los aerogeneradores, al contrario de la energía hidroeléctrica, la nuclear o el ciclo combinado (gas), no son capaces de surtir adecuadamente cambios en las características dinámicas del mercado en frecuencia e inercia. Esto se debe a su funcionamiento por inversores electrónicos mientras que la hidroeléctrica y compañía usan turbinas, mucho más estabilizadoras. La excesiva dependencia de la energía fotovoltaica introdujo fragilidad al sistema facilitando que por un evento aislado el sistema cayese. Otras naciones como Francia no sufrieron este riesgo debido a su potencia nuclear instalada, lo que hace replantearse el sistema energético español.

La última posibilidad que debemos tener en cuenta es un fallo humano o interjección de la naturaleza. En Italia en 2003, un apagón general similar al español ocurrió y el culpable señalado fue un árbol caído que dañó una de las líneas en Suiza de donde se conseguía gran parte del suministro. Esto hizo que otras líneas de importación se sobrecargasen y fallasen por ello provocando una caída del sistema. Algo similar podría haber pasado en España con relación al suministro de alguna de las grandes centrales generadoras, produciendo el cortocircuito señalado.

La causa deberá ser esclarecida por los grupos de investigación movilizados en las próximas horas o días para solucionar el problema y evitar que vuelva a producirse el apagón. Pero, hay una cuestión que debemos de analizar en esta situación. ¿Por qué un hecho localizado en una región ha producido un problema nivel nacional peninsular al completo?

Las zonas afectadas han sido la España peninsular, Portugal por su gran conexión eléctrica con España, Andorra y el sur de Francia por razones similares a Portugal. La razón de por qué el problema no ha migrado aún más lejos que al sur de Francia es porque hay una distinción entre la estructura peninsular y la estructura francesa, esto evita que haya dependencia en París de lo que pueda ocurrir en Lepe. Si una línea en Lepe fallase por cualquier cuestión, París no va a apagarse. Esto es la descentralización del sistema eléctrico. Seamos más concisos. ¿Debería depender Palos de la Frontera de lo que ocurra en Girona?

En la actualidad, la respuesta del sistema eléctrico es que sí, pues esto es lo que ha pasado en el lunes negro por el apagón. Pero la intuición rápidamente nos dirá que, si una línea de cables entre Girona y Lleida falla, los que deberían de ser afectados son los habitantes de esas dos regiones como mucho, no los onubenses de Palos de la Frontera ni los asturianos de Avilés de igual forma. Esta es la descentralización eléctrica como un método de defensa más, esta vez estructural. ¿Es verdaderamente necesario que toda la red de la península ibérica dependa de toda la península ibérica a la vez? Quizás deberíamos empezar a poner defensas que eviten que ocurra un caos tan grande a nivel nacional. Si cada localidad (o conjunto de ellas) tuviese una red independiente de los problemas de otras, lo que ocurrió ayer no habría ocurrido porque sería imposible tumbar decenas, cientos o miles de redes a la vez. Recordemos que esto ya pasa, Baleares y Canarias van por libre.

Y esto no implica que las redes no estén conectadas entre sí pues España y Francia están conectadas eléctricamente y nos suministramos energía mutuamente cuando es necesario. Es la descentralización eléctrica la que debería de regir como método de defensa y de mejor organización. No hay razón aparente de que España actúe como una gran residencia donde, cuando saltan los plomos, se va la luz en todos lados. Debemos actuar como una gran villa, donde, si por desgracia un vecino sufre un apagón en su casa, estén los vecinos, amigos y familiares cerca para ayudar. Y esto es lo que se ha visto el 28/04/2025 por toda España, ciudadanos reuniéndose en casas de otros ciudadanos amables que ofrecen sus cocinas de gas o radios a pilas para acabar con el sufrimiento del apagón.

Y es que el pueblo español es naturalmente amable y empático. Si esto que hemos visto a escala local, o incluso personal, lo vemos adecuado, es razonable e incluso lógico que se aplique en una escala provincial, autonómica y nacional. Porque, el hecho de que nuestros pueblos rurales organicen su electricidad y no dependan de lo que en las ciudades decidimos, no nos hace menos hermanos. No nos hace menos españoles el estar dirigidos por distintas personas. De hecho, podría ser hasta más eficiente pues los locales saben solucionar mejor los problemas locales que los gobiernos nacionales. Los gobiernos no tienen tanta información sobre Salamanca como los salmantinos por lo que, si quisiesen organizar ellos todo, lo harían sin información y con costes de organización nacionales excesivos.

Por ahora, el gobierno tendrá que buscar el árbol caído, la estación defectuosa o el lugar donde se produjo el ataque por un total de casi 500.000 km2 de territorio peninsular con unos costes de organización muy altos. Si esto solo hubiese ocurrido en Baleares tendrían que buscar la fuente del apagón en tan solo 5.000 km2 con unos costes de organización menores.

En conclusión, centralizar la organización eléctrica probablemente sea un error. Nos hace vulnerables en conjunto a un fallo o ataque e ineficientes. Debemos organizarnos de forma más dispersa y actuar como los españoles ya nos han mostrado que saben actuar, de forma amable y cariñosa hacia el prójimo, esos son nuestros valores. Pero en la situación actual, esos valores nos los hemos saltado para hacer que una persona con poder nos organice como él quiere. Pero esa persona es un gigante con pies de barro, pues detrás de una estructura política inentendible, actúa contra lo que consideramos correcto.

Dolarización en Panamá: lo que pocos conocen (I): la prohibición del papel moneda

Panamá vive bajo un régimen de dolarización desde 1904. Su constitución prohíbe explícitamente la emisión de papel moneda no convertible. En cualquier discusión sobre la dolarización, Panamá es un elemento imprescindible. Sin embargo, su sistema monetario es poco comprendido, especialmente desde una perspectiva histórica. Me ha resultado difícil encontrar una explicación concreta sobre cómo Panamá desarrolló su curiosa jurisprudencia monetaria o incluso sobre cómo exactamente llegó a dolarizarse hace tanto tiempo. En esta entrada, procuraré arrojar luz sobre ambos interrogantes.

Generalmente se asume que Estados Unidos impuso la dolarización en Panamá debido a la Zona del Canal de Panamá. Pero esto no es cierto. La verdadera historia es mucho más interesante. La publicación está dividida en dos grandes secciones:

  1. Por qué Panamá prohíbe constitucionalmente la emisión de papel moneda
  2. Por qué y cómo Panamá adoptó el dólar estadounidense como moneda de curso legal

Primera parte – Por qué se prohibió el papel moneda

Panamá se separó de Colombia en noviembre de 1903. Pocos meses después, en febrero de 1904, se promulgó la nueva constitución panameña, que aún conservaba vestigios de la jurisprudencia económica colombiana. Como es de esperar, comprender por qué Panamá es hoy como es, exige adentrarse un poco en la historia monetaria colombiana de finales del siglo XIX.

Utopía en un banco

A mediados del siglo XIX, el panorama político colombiano estaba marcado (a grandes rasgos) por dos facciones ideológicas. Por un lado, estaban los federalistas, quienes impulsaban una mayor descentralización, siendo algo así como los libertarios pro-autonomía estatal de la época. Tras sucesivas revueltas, lograron hacerse con el poder y crearon los Estados Unidos de Colombia en 1863. Esta versión de Colombia estaba compuesta por varios estados autónomos, siendo Panamá uno de ellos. Sin embargo, las revueltas civiles entre facciones continuaron, y hacia 1880, Rafael Núñez, líder del bando centralista, alcanzó la presidencia. Núñez se oponía férreamente al federalismo y encabezó un movimiento conocido como La Regeneración, que portaba el lema «Una Nación, un Pueblo, un Dios». Se trataba de una ideología centrada en la unificación, la centralización y el control.

Núñez actuó rápidamente para centralizar el Estado colombiano, transformando todos los estados previamente autónomos en departamentos administrados desde Bogotá (la capital). Núñez, junto con Miguel Antonio Caro, su vicepresidente que lideraba buena parte de las operaciones gubernamentales, buscaba implementar diversos proyectos de desarrollo impulsados desde el Estado. Pero en ese entonces, la economía colombiana estaba principalmente organizada en torno a principios bancarios libres, y los bancos privados no consideraban prudente prestar grandes sumas al gobierno de Núñez. Por lo tanto, se convocó al Congreso para crear un nuevo banco estatal (el Banco Nacional) y establecer una moneda nacional de papel.

Muchos colombianos eran escépticos frente a los nuevos pesos en papel. Para disipar estas dudas, Núñez realizó lo que equivalía a una gira nacional intentando convencer a la población de que aceptara esta moneda emitida por el Estado. Sin embargo, los círculos empresariales continuaron oponiéndose activamente al papel moneda del Banco Nacional.

En 1886, el gobierno de Núñez instituyó una regla monetaria conocida en la literatura histórica como el «Dogma de los 12 Millones», diseñada para dar confianza a la moneda de papel. Este principio pretendía impedir la emisión excesiva de dinero, limitándola a un máximo equivalente a tres veces los ingresos nacionales. En aquel entonces, la renta del país era de aproximadamente cuatro millones de pesos, así que esta nueva política monetaria establecía que la emisión de moneda en papel por parte del Banco Nacional no podía superar los doce millones de pesos.

Como era de esperarse, esta regla monetaria no se respetó. Los conflictos políticos entre facciones continuaron intensificándose, llegando finalmente a la Guerra de los Mil Días (1899–1902). 

Tal como suele suceder en estos casos, el gobierno terminó financiando la guerra mediante la emisión descontrolada de papel moneda.

El historiador económico colombiano Enrique Caballero Escovar, en su obra Historia económica de Colombia, estimó que entre 1899 y 1903 se emitieron más de 831 millones de pesos en papel moneda, una cifra astronómica, muy superior al límite original de 12 millones. La inflación se disparó al 15,2 % en 1899, alcanzó el 66 % en 1900 y llegó al exorbitante nivel del 389 % en 1901, promediando aproximadamente 120 % hasta 1903.

Al finalizar la guerra civil, el nuevo gobierno colombiano promulgó el Decreto 217, que expresaba la intención explícita de eliminar la emisión de papel moneda (“por el cual se suprimen las emisiones del papel moneda”). Finalmente, se logró estabilizar la situación monetaria cuando el Congreso aprobó, en julio de 1903, una ley basada en dicho decreto, prohibiendo oficialmente la emisión de papel moneda por parte del gobierno central.

Trauma del alumbramiento

Los panameños se opusieron rotundamente a la centralización del Estado colombiano impulsada por la Regeneración de Núñez. Desde mediados del siglo XIX, Panamá había sido el estado más próspero de los Estados Unidos de Colombia, gracias en gran medida a la Panama Railway Company, que servía a numerosos viajeros que iban desde la costa este de Estados Unidos hasta California vía Panamá (una ruta más corta que atravesar el continente por tierra). Sin embargo, cuando Estados Unidos construyó su primer ferrocarril transcontinental, el número de pasajeros por la ruta panameña se redujo drásticamente. Además, la política de Núñez consistía en extraer más dinero del entonces Departamento del Istmo (Panamá) mediante impuestos más altos y controlando directamente sus excedentes fiscales, lo que inevitablemente generó profundo descontento.

Esta explotación económica, sumada a las consecuencias devastadoras de la Guerra de los Mil Días (con cierto «empujón» estadounidense), culminó con la separación de Panamá de Colombia en noviembre de 1903. Al momento del nacimiento de esta nueva nación, el trauma inflacionario estaba aún fresco en la memoria colectiva. Por ello, Panamá mantuvo la prohibición legal colombiana sobre la emisión estatal de papel moneda.

Curiosamente, la constitución colombiana también mantuvo esta prohibición hasta 1910, aunque después fue reformada (de forma poco acertada, por «money doctors» estadounidenses —un tema para otra publicación). Panamá, sin embargo, ha preservado este principio original colombiano hasta el día de hoy.

Interpretando con precisión los términos constitucionales

Ahora que conocemos el origen histórico de la cláusula que prohíbe emitir papel moneda en la constitución panameña, debemos comprender exactamente qué es lo que dice. Casi todo lo que se suele leer sobre este tema, incluso en textos de periodistas y políticos panameños, interpreta incorrectamente este punto. Se trata de uno de los aspectos más malentendidos y distorsionados en los fundamentos monetarios de Panamá.

Empecemos con la constitución original de 1904. En ella, el artículo 117 establece claramente que «no podrá haber en la República papel moneda de curso forzoso».

El término «curso forzoso» no es tan simple y debe explicarse cuidadosamente.

Primero, es común que tanto economistas como la población general malinterpreten el término «curso legal». En un breve pero esclarecedor artículo, Dror Goldberg (a quien entrevisté en mi podcast el año pasado) explica con precisión qué significa realmente «curso legal». Las leyes de curso legal existen para facilitar la resolución de contratos de deuda en aquellos casos en que las partes no han acordado previamente el medio de pago.

Para ilustrar esto con un ejemplo sencillo, supongamos que vives en México y contratas a una empresa de mantenimiento para reparar tu casa la próxima semana. En esta transacción, tú eres el comprador, y la empresa es el vendedor.

Una semana después, finalizado el trabajo, intentas pagar al vendedor 50 pesos mexicanos, pero el vendedor responde: «No, yo quería pesos filipinos». Ante tu negativa, el vendedor decide demandarte por incumplimiento del contrato al no haber cancelado la deuda según sus términos.

En este ejemplo, la corte fallaría a tu favor como comprador, dado que el contrato no especificaba un medio concreto de pago. Como toda la transacción tuvo lugar en México, se aplican las leyes locales de curso legal. Esto significa que la corte permitirá que pagues (ofrezcas o «tiendas») tus pesos mexicanos al vendedor, y dicho ofrecimiento constituirá una extinción legítima de tu deuda. Quedará en manos del vendedor aceptarlos o no, pero tú ya no tendrás obligación adicional alguna.

En cambio, si tanto el comprador como el vendedor hubieran especificado en el contrato que el pago se haría en pesos filipinos, las leyes de curso legal no aplicarían porque el medio de pago ya fue previamente acordado. En este caso, el comprador debería cancelar la deuda únicamente con el medio pactado, incluso si el contrato fue celebrado en México. Generalmente, los contratos pueden estipular cualquier medio de pago, siempre que dicho medio no esté expresamente prohibido por otra ley.

Volviendo ahora a los términos constitucionales de Panamá: cuando la expresión «curso forzoso» se interpreta correctamente, esta tiene dos aspectos fundamentales. Primero, implica que la moneda en cuestión posee poder liberatorio (como se denomina en la jurisprudencia local), es decir, el poder otorgado por ley para extinguir legalmente una deuda. Segundo, significa que dicha moneda no representa un derecho o reclamo sobre una reserva subyacente de oro o plata y no puede ser convertida a estos metales preciosos. Recordemos que, en 1904, el dinero «verdadero» aún se consideraba únicamente como oro o plata metálica. Así, el papel moneda de curso forzoso debería entenderse como papel moneda no convertible.

Que una moneda de papel sea convertible significa que está respaldada por activos subyacentes (en aquellos tiempos, habitualmente oro y/o plata), y que si uno quisiera, podría devolver la moneda al emisor y recibir a cambio el oro o la plata que la respalda.

Por lo tanto, para que quede absolutamente claro, la constitución panameña no prohíbe toda moneda de papel, sino exclusivamente aquellas que no sean convertibles.

Si Panamá quisiera emitir una moneda de papel propia, tendría que ser plenamente convertible en plata u oro. No podría estar respaldada únicamente por la buena fe del gobierno. A principios del siglo XX, la mayoría de las monedas de papel que gozaban de confianza pública tenían respaldo en oro —incluyendo el dólar estadounidense—. Esas monedas no se consideraban «papel moneda de curso forzoso», porque eran plenamente convertibles. En contraste, un claro ejemplo de moneda no convertible fueron los pesos de papel colombianos emitidos durante la administración de Núñez, que provocaron la fuerte inflación en la Guerra de los Mil Días, tal como vimos anteriormente.

Además, es importante enfatizar que la Constitución especifica claramente papel moneda. Esto significa que no prohíbe al gobierno emitir moneda metálica (monedas). De hecho, desde sus inicios hasta hoy, Panamá ha acuñado y circulado sus propias monedas de plata.

Cabe destacar que el Artículo 117 original de la Constitución de 1904 ha sido conservado en todas las constituciones posteriores, sobreviviendo incluso a diversos golpes militares y dictaduras. La Constitución vigente, promulgada en 1972 (con reformas posteriores), aún preserva íntegramente el principio y la prohibición originales, ahora bajo el Artículo 262:

ARTÍCULO 262. No habrá en la República papel moneda de curso forzoso.

(Constitución Política de Panamá, 1972)

Unidad de Cuenta

En Panamá existe una separación entre la unidad de cuenta y el medio de intercambio. La unidad denominada Balboaes otro punto que genera confusión cuando uno estudia el sistema monetario panameño.

Normalmente, el principio de «un país, una moneda» implica que todas las características de la interacción monetaria se expresan utilizando las mismas unidades.

Es decir, si el dólar estadounidense (USD) es la moneda de tu país (y de curso legal), entonces la unidad en que se mide el saldo de tu cuenta bancaria es el dólar, y lo que usas para intercambiar bienes también es denominado en dólares. Esto mismo aplica si estás en Francia y utilizas euros. Sin embargo, esta equivalencia no es obligatoria.

La «unidad de cuenta» es simplemente una medida estandarizada de valor, semejante a centímetros, kilómetros, etc. Dicho en términos sencillos, es la unidad en la que se mide el valor monetario registrado en tus cuentas.

Si alguien te pregunta por la longitud de una mesa y tú respondes simplemente «20», en realidad no has dado una respuesta clara. Necesitas incluir una unidad de medida concreta: «20 metros», «20 pulgadas», «20 centímetros», etc. Solo así proporcionas una respuesta precisa. Lo mismo ocurre con el dinero: decir que una cuenta tiene «20 gramos de oro fino» o «20 dólares estadounidenses» da una referencia clara y concreta sobre su valor.

En Panamá, la unidad legal para expresar el valor monetario de las cuentas se denomina Balboa (con el símbolo B/. o PAB). Esto ha sido así desde la fundación misma del país, establecido formalmente por la Ley 84 de 1904. Esto demuestra que no importa realmente qué nombre se le dé a una unidad de medida, siempre y cuando sus parámetros subyacentes estén definidos claramente.

Históricamente, un Balboa estaba doblemente definido: por una parte, como una cantidad específica de oro fino, y por otra, como equivalente a un dólar estadounidense (que en aquel entonces también estaba definido por un peso específico de oro). Si viajas hoy a Panamá, este punto puede generar confusión. Actualmente, en Panamá circulan monedas locales de plata (como siempre ha ocurrido), denominadas Balboas. Con el paso de los años se produjo un cambio lingüístico y las monedas locales comenzaron a ser llamadas «Balboas». Sin embargo, esto no debe confundir nuestra comprensión del desarrollo histórico original. De hecho, curiosamente, en zonas más rurales del país aún hoy es frecuente escuchar a panameños referirse a las monedas actuales como «pesos».

Otro dato relevante es que la constitución panameña no menciona explícitamente el estatus legal del dólar estadounidense. Solo el artículo 1171 del Código Fiscal panameño establece que los dólares estadounidenses (USD) son de curso legal en Panamá, no la constitución. Sobre esto volveremos más adelante.

Artículo 1171:

La unidad monetaria de la República de Panamá será el Balboa, o sea una moneda de oro con un valor de novecientos ochenta y siete y medio miligramos (0.9875) de peso ochocientos veintinueve milésimos (0.829) de fino, divisible en centésimos (100/100). El actual dólar de los Estados Unidos de América y sus múltiplos y divisiones serán de curso legal en la República, por su valor nominal en la moneda panameña respectiva.

— Código Fiscal de Panamá

Los billetes de siete días

La curiosa historia de los billetes de Arias es instructiva, especialmente porque subraya el concepto clave de la convertibilidad como la correcta interpretación jurídica. Durante un brevísimo período en 1941, Panamá tuvo su propia moneda de papel. Arnulfo Arias Madrid llegó al poder en 1940, encarnando al clásico caudillo latinoamericano, jingoísta y nacionalista (en términos modernos podríamos llamarlo populista).

Arias promovió una ideología política conocida como panameñismo, culpando de muchos males sociales del país a los «gringos» y «jamaicanos» (estadounidenses y afroantillanos procedentes del Caribe). Entre sus políticas más infames estuvo la de privar de la nacionalidad panameña a los hijos de inmigrantes chinos y afroantillanos cuyo idioma original no fuera el español. (Quizás recuerdes la decisión similar de República Dominicana en 2013, que retiró la ciudadanía a hijos de padres extranjeros hasta el año 1929, afectando principalmente a haitianos; la idea es similar.)

Como parte de sus políticas generales de panameñismo, Arias declaró que Panamá debía tener su propia moneda de papel. Esto se oficializó con el Decreto N.º 6 de 1941, publicado en septiembre de ese año. Poco después, el 2 de octubre, se emitieron los primeros billetes panameños.

Esta decisión marcó un hito en la historia monetaria panameña. La pregunta clave que surge aquí es si esta emisión fue constitucional. ¡Y lo fue! Porque los billetes emitidos bajo Arias eran plenamente convertibles.

El artículo 4 del Decreto decía expresamente:

«Por cada balboa emitido en papel moneda puesto en circulación por el Banco, éste deberá mantener una reserva efectiva de novecientos ochenta y siete y medio miligramos de oro…, o de un balboa en moneda nacional de plata, o su equivalente en moneda de los Estados Unidos de América…»

Estos billetes no constituían «papel moneda de curso forzoso», ya que estaban plenamente respaldados por reservas efectivas, esencialmente oro o moneda convertible en oro (el dólar estadounidense). Según la interpretación explicada en la sección anterior, podían ser emitidos constitucionalmente. Si, en cambio, no hubieran sido convertibles en oro o plata, o no fueran equivalentes directos del dólar estadounidense, entonces sí habrían representado un territorio constitucionalmente más dudoso.

Sin embargo, apenas siete días después, el 9 de octubre, el presidente Arias fue depuesto mediante un golpe de Estado, y el nuevo régimen transitorio inmediatamente suspendió la circulación de esta moneda de papel. Por esta razón, aquellos billetes panameños hoy se conocen popularmente como los «billetes de siete días».

En diciembre de ese mismo año, el nuevo presidente, Adolfo de la Guardia, ordenó que todos los billetes emitidos por Arias fueran quemados. (Algunos sobrevivieron y hoy se conservan como objetos de colección; incluso es posible comprarlos a través de ciertos coleccionistas y comerciantes de arte en Panamá). Este episodio ilustra con claridad el profundo rechazo cultural que existe en Panamá hacia la creación y circulación de una moneda local en papel.

Hasta aquí hemos visto por qué Panamá no posee actualmente su propia moneda de papel, así como los fundamentos jurídicos que sustentan la circulación del dólar estadounidense en el país. Pero surge una pregunta inmediata: ¿por qué específicamente el dólar estadounidense y no otra moneda extranjera igualmente sólida? Para comprender esto plenamente, debemos adentrarnos en la creación y la dimensión política de la Zona del Canal de Panamá.