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Teuchitlán: el Auschwitz mexicano

Escrito por Víctor H. Becerra en . Publicado en Análisis diario.

El hallazgo el pasado 5 de marzo del “campo de la muerte” en un predio llamado Rancho Izaguirre, localizado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, propiedad supuestamente del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha significado un duro cuestionamiento al aún reciente gobierno mexicano, que se erige como una nueva amenaza a su credibilidad y legitimidad, además de las que ya viene padeciendo: en primer término, la de un veleidoso Donald Trump, y en segundo, la dificilísima situación económica por la que atraviesa el país, con una recesión de larga duración que apenas va iniciando, según todos los datos disponibles.

El horror ya se conocía: diversas autoridades en México y EEUU habían venido advirtiendo durante buena parte del gobierno anterior de la existencia de “campos de entrenamiento del crimen organizado”. Adicionalmente, desde 2009 se ha documentado el hallazgo de 5.600 fosas clandestinas y campos de exterminio en todo el país, donde “La Gallera” en Tijuana (2012) ocupa un lugar destacado: un predio donde se localizaron dos fosas que se calculó contenían alrededor de 17,500 litros de al menos 300 cuerpos humanos disueltos en sosa cáustica, ultimados por el llamado Cartel de Tijuana. Pero Teuchitlán lo ha hecho dramáticamente de primera plana y ocho columnas.

Otro hito del horror fue en 2017, en el predio conocido como El Arbolillo, en Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz, donde se localizaron cientos de cráneos y cientos de kilos de restos humanos, pertenecientes en apariencia a jóvenes, de ambos sexos, entre los 14 y los 24 años de edad, con una antigüedad de unos dos años. Este descubrimiento fue similar al de Teuchitlán, es decir, por grupos de familiares, buscado a sus desaparecidos, frente a la inacción y la despreocupación oficiales. 

El propio campo de Teuchitlán ya había sido detectado y asegurado por autoridades mexicanas en septiembre de 2024. Hoy sabemos que se aseguró pero que las autoridades locales no realizaron el trabajo de peritaje e investigación (a decir de la Fiscalía federal mexicana) y que la propia Fiscalía federal prefirió tampoco investigar, como era su obligación por mandato de ley, y que se mantuvo despreocupadamente al margen (sólo hasta hace unos días tomó posesión del predio y se hizo cargo de las investigaciones), aunque en su conferencia de prensa, un decrépito y agobiado fiscal federal tomó el camino de la no autoinculpación y mejor lavarse las manos y descargar todos los errores en las autoridades locales. 

El impacto del hallazgo ha sido mayúsculo, similar a Ayotzinapa en 2014 y quizá hasta mayor, en su repercusión y tal vez en sus consecuencias políticas. A dos meses de lo ocurrido en Ayotzinapa, ya había “unos 60 millones de personas vinculadas con mensajes sobre Ayotzinapa” a través de redes sociales. Una rápida búsqueda en Google arroja hoy sobre Teuchitlán o Rancho Izaguirre entre 8 y 12 millones de resultados. El analista Javier Tejado, señala que del 6 al 14 de marzo, hubo 479 mil menciones digitales con un alcance potencial de casi 600 millones de personas. Por su parte el reconocido periodista Raymundo Riva Palacio cuantifica así su impacto: “De acuerdo con los expertos, la conversación digital entre el 6 y el 17 de marzo ha tenido un millón 100 mil menciones procedentes de más de 170 mil fuentes, con un alcance potencial de mil 280 millones de personas, alrededor de una octava parte de la población mundial”. De tal tamaño es el horror del Auschwitz mexicano. 

Teuchitlán es un antiguo asentamiento prehispánico, a unos pasos de una importante zona arqueológica, cuyo nombre proviene de la voz náhuatl Teotzitlán o Teutzitlán, que significa “lugar dedicado a la divinidad”, “lugar del dios Tenoch” o “lugar dedicado al dios reverenciado”. Hoy es una población de unos 10 mil habitantes, a 50 minutos del centro de Guadalajara, en el trayecto de Guadalajara a Puerto Vallarta, un muy importante centro turístico, y es parte de la tercera zona metropolitana del país, que está entre las 100 principales zonas metropolitanas en el mundo, con más de 5 millones de habitantes. A pesar de esto y del intenso movimiento que supondría reclutar, aglomerar, mantener, vigilar y tal vez ajusticiar a cientos de personas, nadie, prácticamente nadie se dio cuenta de nada o si alguien advirtió algo extraño, prefirió no notificarlo, tal vez por desconfianza de las autoridades mexicanas.

Como ejemplo de la desidia del gobierno mexicano, el hallazgo del lugar se dio gracias a una llamada anónima, supuestamente por parte de alguien que había logrado escapar del campo, a grupos de buscadores que buscan a algunos de los 120 mil desaparecidos en los últimos años; en filtraciones oficiosas en medios periodísticos se maneja la posibilidad de que tal llamada hubiera sido hecha por un cartel rival para exponer y delatar al CJNG. El colectivo de familiares buscadores localizaron y entraron al sitio, a pesar de ser un predio “asegurado” por las autoridades. Allí localizaron 1,300 objetos personales: playeras, pantalones, vestidos, ropa interior, cuadernos y cartas, además de restos humanos y tal vez restos calcinados y hornos muy rudimentarios; los familiares documentaron lo encontrado (lo que no había hecho la autoridad) y tomaron fotografías que dieron la vuelta al mundo. 

Es un tecnicismo entrar a la discusión que abrió la presidenta Claudia Shenbaum, sobre que es en realidad un “campo de entrenamiento” para sicarios reclutados por la fuerza por el crimen organizado, no un “campo de exterminio”, es decir, un espacio que el crimen organizado habría utilizado para asesinar y ocultar a decenas de víctimas; de éstos hay muchos otros documentados en el país, la mayoría descubiertos por los grupos de buscadores, no por el gobierno mexicano, a pesar de la enorme diferencia de recursos entre esos grupos y el gobierno. En realidad, la distinción de Sheinbaum parece más bien un intento oportunista de limar las duras aristas del acontecimiento, no una útil precisión o una real distinción “académica” si se quiere, además de que eso no modifica la enormidad del acontecimiento ni la complicidad de autoridades de todo nivel y pobladores vecinos para que algo así funcionara sin ser importunado. Adicionalmente, la presidenta entró a la discusión tratando de orientar las investigaciones y asentar una narrativa, cuando nada de eso le corresponde, ya que la autoridad responsable, la Fiscalía General, es constitucionalmente autónoma.

Lo importante sigue siendo, más allá de si fue un campo de entrenamiento o un campo de exterminio (lo que las investigaciones de las autoridades federales, ya bajo sospecha, quizá ayudarán a determinar), es que el problema de las desapariciones es un asunto que el gobierno mexicano ha dejado crecer exponencialmente sin justificaciones y de forma negligente y hasta criminal, y que la identificación de las víctimas y el castigo a los responsables, no es un asunto que realmente preocupe al gobierno de Sheinbaum, porque desde su perspectiva, avanzar en la investigación sólo acrecentará el problema y su notoriedad, dañando políticamente el “prestigio” y la “investidura” de la presidenta. Por eso una de las decisiones más condenables de su gobierno: un día después de su conferencia, el Fiscal general invitó a medios de comunicación y a grupos de buscadores a visitar el predio de Rancho Izaguirre, sólo para que éstos descubrieran que las evidencia que habían descubierto días antes, fueron decomisadas por la autoridad, el predio limpiado y enfrentaran una andanada del aparato oficialista para descalificarles e incluso llamarles mentirosos. 

En continuación a esto, sorprende que un régimen que ha abusado de los cambios constitucionales y legales para asentar y hacer inamovible su agenda partidista, incluyendo por ejemplo, inscribir constitucionalmente la prohibición del vapeo, ni siquiera haya tipificado como delito el reclutamiento forzado. Muestra del “Gran interés” que tiene en el tema de las desapariciones… 

Las más de 100 mil desaparecidos en México, un fenómeno sobre todo de los últimos siete años, cuestiona fuertemente la estrategia de seguridad de los dos últimos gobiernos mexicanos, cuya acción en la materia ha sido prácticamente nula. A la política de “abrazos no balazos” del ex presidente López Obrador con el crimen organizado, supuestamente para mantener bajo control la violencia en México y no se generalizara, siguió un “hacer y dejar pasar” sus crímenes y desapariciones (López Obrador incluso en algún momento jugó con la posibilidad de conceder una amnistía a narcotraficantes), tal vez con el propósito de no llamar demasiado la atención, y prevenir un escenario como el actual: de involucramiento y enorme presión por parte de EEUU.

¿Cuánto de esto fue por un deseo legítimo pero pésimamente concebido de traer la paz al país, o una transacción del gobierno con los criminales, a cambio de que éstos siguieran apoyando económica y logísticamente a López Obrador y a la izquierda mexicana? Yo no tengo duda de que algún día lo sabremos, gracias por desgracia y precisamente a la notoriedad de estos casos, que no amainarán sino que seguirán descubriéndose y creciendo.

Hasta ahora, sólo la presión del gobierno y los medios de EEUU ha funcionado para hacer consciente al gobierno de Sheinbaum de que es observado, juzgado y puede enfrentar alguna sanción (en forma de aranceles comerciales, al menos), porque realmente la opinión pública y la oposición mexicanas no le representan un incentivo para actuar o contener al crimen, pese a que un gobierno como el suyo que no garantiza la protección de la libertad de todos mediante la ley, pierde su razón de ser e incluso pierde su derecho a gobernar. Pero eso no le preocupa realmente: en México los criminales y sus aliados gobiernan gobiernan un territorio minado de fosas clandestinas y ocupan todos los espacios de poder sustantivo, sin riesgo por ahora ni en un futuro cercano de ver castigado electoralmente por su mal proceder. 

El renacimiento español y Juan Luis Vives

Escrito por Pedro López Arriba en . Publicado en Análisis diario.

Recuerda el Profesor Abellán, en su Historia del Pensamiento Español, que Ortega y Gasset (1883-1955) sostuvo que en Espala no hubo Renacimiento, propiamente dicho. Y es que, aunque sorprenda, durante el siglo XIX y comienzos del XX hubo en Alemania toda una escuela inspirada en las Lecciones de Filosofía de la Historia de Hegel (1770-1831), que negó la existencia del Renacimiento en España. Hegel sostuvo que el Renacimiento, salvo en Italia, consistió en la Reforma Protestante, y los adversarios de la reforma religiosa, como España, representaron el espíritu anti-renacentista.

Sobre el olvido y menosprecio hacia la cultura hispánica, recordaba Juan Valera (1824-1905) que, en los siglos XIX y XX, surgió en el alma española una súbita admiración hacia lo extranjero que nos hizo imitadores exagerados y hasta grotescos, a veces, de lo foráneo. Se llegó al desprecio e incluso a la negación de lo propio, exagerando nuestros defectos y carencias y olvidando o no reconociendo nuestros aciertos y nuestras obras. Dos siglos en los que la intelectualidad en su mayor parte y la opinión ilustrada española aceptaron de modo acrítico la Leyenda Negra. Se llegó a negar la ciencia española, la filosofía española y, muchas veces, hasta la literatura y el arte españoles. Igual que se olvidó y hasta se maldijo la obra civilizadora de España en el mundo, especialmente en América.

Algo se ha aliviado en los tiempos más recientes esa dolencia gracias a los esfuerzos de muchos, como Menéndez Pelayo, Juan Valera, Menéndez Pidal y también el citado José Luis Abellán. Pero, en este siglo XXI, no estamos aún sanos y no nos hemos liberado de esos furores anti-españoles tan propios y habituales entre los hispanos de ambos hemisferios.

En el apogeo del Renacimiento

Juan Luis Vives (1492-1540), fue una de las dos cimas del pensamiento renacentista en su gran momento de esplendor, el primer cuarto del siglo XVI. Y fue también el filósofo del círculo de Erasmo de Rotterdam (1466-1536), los “erasmistas”. Erasmo de Rotterdam fue la otra cumbre de ese momento cenital del Renacimiento. Lo que Erasmo significó en el ámbito de la teología y del espíritu religioso, lo representó Vives en la filosofía y en las ciencias. Ambos mantuvieron una intensa relación, inicialmente de maestro y discípulo, que derivó en amistad entre ellos y con el inglés Santo Tomás Moro (1478-1535). Erasmo, Vives y Moro, conformaron una unidad espiritual en ese momento de apogeo renacentista que fue el “erasmismo” y también el grupo más esclarecido en el esfuerzo de renovación intelectual del siglo XVI.     

Erasmo encontró en España siempre lectores y seguidores, y una comprensión y protección que no tuvo ni en su Holanda natal. Tuvo el apoyo del Emperador Carlos V, que lo admiraba, y la amistad y protección de tres de los principales Inquisidores Generales de entonces, como Cisneros (1436-1517), Adriano de Utrecht (1459-1523) o Alonso Manrique (1471-1538). Adriano de Utrecht, además, fue Regente de Castilla (sustituyendo a Cisneros en 1517) y luego Papa, Adriano VI (1522). Una protección que también tuvo Vives que, pese a que no hay dudas de la sinceridad de su catolicismo, pertenecía a una familia de judíos conversos que padeció una persecución de la Inquisición que llegó a extremos que causan asombro y pavor.

Vives perteneció a la generación siguiente a la de Cisneros y Erasmo de Rotterdam. En su generación también figuraron otros grandes pensadores del Renacimiento Español, como Francisco de Vitoria (1483-1546) o Ginés Sepúlveda (1490-1573), además del propio Vives. Una generación que ejerció su magisterio universal y que, en España, educaría a la siguiente y última generación renacentista española, la de los grandes pensadores jesuitas de la Escuela de Salamanca, como Suárez, Mariana, etc., que tomaron el relevo a finales del siglo XVI.

Reformulación de la filosofía

La filosofía de Vives no está sistematizada en uno o unos pocos textos, sino distribuida en el conjunto de su obra. No perteneció a ninguna escuela, sino que más bien fue el creador de la Escuela Española de Filosofía, que continuarían los maestros de la Escuela de Salamanca que le siguieron. Una escuela que no daría preferencia a Platón, ni a Aristóteles, sino que se interesaría solamente por lo perenne que hay en la filosofía. Vives fue un espíritu universalista y libre, que avanzó ideas innovadoras en múltiples materias científicas, filosóficas, teológicas, lingüísticas, pedagógicas y políticas.

En su obra, Vives propuso acciones en favor de la paz internacional, la unidad de los europeos y la educación, y hasta a la atención de los pobres. Entre sus obras destacan los Tratados Sobre el alma y la vida (1538), De Prima Philosophia, De Disciplinis (1531) y Sobre la verdadera Fe Cristiana (1543, póstuma), obra esta última en la que reiteró su adversa posición a la Reforma Luterana. El mayor mérito de Vives como filósofo fue su contribución a la restauración de la filosofía, tras la crisis de la escolástica tradicional del medievo, patente a finales del siglo XV.

Su obra fue un esfuerzo para rescatar el platonismo y el aristotelismo medieval, depurado éste de las interpretaciones rigoristas de la escolástica y de los excesos logicistas y deductivistas, que anticipó las objeciones de Kant (1724-1804) , al “dogmatismo” (idealismo), en su Crítica de la Razón Pura. Con esa revisión crítica, Vives preparó el terreno intelectual para la renovación escolástica que abordaría la Escuela de Salamanca en la segunda mitad del siglo XVI y que culminaría Suárez (1548-1617) en sus Disputationes Metaphysicae. Siguiendo la senda abierta por Vives, Europa abandonaría definitivamente el universo mental del mundo teocrático de la Edad Media, abriendo las puertas al mundo antropocéntrico del humanismo renacentista y a la modernidad.

Replanteamiento de ciencias y saberes

Juan Luis Vives, más que formular grandes teorías o sistemas, tuvo un propósito de integración y continuidad. Vives fue consciente de que las líneas de continuidad del nuevo espíritu renacentista, respecto al medievo, eran mucho más importantes que las líneas de ruptura, pese a que fueran estas últimas las distintivas del nuevo espíritu. Vives fue el iniciador de la síntesis superadora de las diferentes tendencias de la escolástica medieval (nominalistas, realistas y pre-empiristas), que necesitaba el pensamiento europeo a comienzos del siglo XVI. Su filosofía fue sustancialmente la de Santo Tomás de Aquino, aunque incorporó algunas peculiaridades, como la ética platónica, que le separan de la escolástica tomista.

Durante los siglos XVI y XVII, la influencia de Vives se proyectó sobre la siguiente generación de la denominada Escuela Española o Escuela de Salamanca, especialmente sobre Francisco Suárez (1548-1617) y su renovación escolástica, y sobre la filosofía de la historia de Juan de Mariana (1536-1624). En el siglo XVIII, Vives sería ampliamente citado y estudiado por las dos grandes figuras de la Primera Ilustración Española, el también valenciano Gregorio Mayans (1699-1781) y el Padre Feijoo (1676-1764). Y todavía, en el siglo XIX, tendría Vives nuevos momentos de esplendor, con Jaime Balmes (1819-1848) y con Menéndez Pelayo (1856-1912).

Jaime Balmes, gran conocedor y estudioso de la obra de Vives, se inspiró en él en la composición de su obra El Protestantismo comparado con el catolicismo, en sus relaciones con la Civilización Europea, publicada en 1842, texto fundamental de Balmes, en el que recreó con más detalle la crítica de Vives al protestantismo, en su polémica con el francés Guizot (1787-1874).  Y fue recuperado por otro gran estudioso de su obra, Menéndez Pelayo, que reivindicó en La Ciencia Española el papel de Vives en la creación y en la definición del método científico moderno. También reivindicaría su importancia en la filosofía, especialmente en la filosofía española. Para Menéndez Pelayo, es en los saberes científicos donde mejor se aprecian las innovaciones de Vives. Nuevos saberes que, a comienzos del siglo XVI, ya despuntaban con sus perfiles actuales.

No fue Bacon (1561-1626), Lord Verulam, el hombre que ideó el método científico, el que fundó en la observación y en la experimentación la base del conocimiento científico, y quien estableció los fundamentos del método inductivo. Previamente, había sido Vives, especialmente en De Disciplinis, quien había destacado los aspectos fundamentales sistema de conocimiento científico, que derivaba de la observación, de la experimentación, de la medición para, mediante el método inductivo, establecer leyes generales de la naturaleza.

Vives y la Reforma Protestante

Vives no permaneció ajeno al más grande acontecimiento político-religioso de su época, la Reforma Luterana (1517) y la ruptura de la Cristiandad tras la aparición del protestantismo. Con las excepciones de España y Portugal que, con consentimiento pontificio, habían reformado sus iglesias nacionales durante los años finales del siglo XV, todos los países europeos se vieron sacudidos por la oleada protestante, incluso los que quedarían definitivamente en el lado católico, como Francia, Polonia, Italia del norte, Irlanda, Bélgica, Hungría y el sur de Alemania.

El protestantismo alcanzó mucho éxito en sus momentos iniciales. Un éxito transversal, que diríamos hoy, pues Reyes y nobles vieron la ocasión de hacerse con los grandes patrimonios territoriales eclesiásticos de monasterios y abadías, y la población pobre aspiró a satisfacer su necesidad mediante el saqueo de esos mismos monasterios. Toda Europa se vio sacudida por violentas convulsiones político-sociales, como la Revuelta de los Caballeros (1523) o la Guerra Campesina de Alemania (1524-1525), entre otras muchas. Durante el siglo XVI, se extendió el protestantismo por casi toda Europa.

Predestinación y libertad

El protestantismo abrió el debate de la predestinación, que es una formulación religiosa del determinismo. La predestinación consiste en considerar que, una vez que el hombre ha nacido, ya es demasiado tarde para salvarlo o condenarlo, pues el plan de Dios otorga a cada uno su destino final desde el principio, haga lo que haga. La predestinación, más allá de sus implicaciones teológicas y religiosas, abrió el camino a todos los determinismos modernos, tanto religiosos, como raciales, sociales o políticos, como el socialismo.  

La oposición radical entre el espíritu renacentista y las tesis protestantes quedó patente en la obra de Lutero De Servo Arbitrio (la voluntad esclava), escrita en 1525, como réplica a la de Erasmo De Libero Arbitrio Diatribe sive Collatio (1524). Esta polémica continuaría algún tiempo con intercambio de nuevos argumentos entre ambos, en 1526. En ella intervino también Juan Ginés Sepúlveda (1490-1573), con su obra De Fato et Libero Arbitrio, publicada en 1527, en la que refutó el determinismo luterano, pero en la que también criticó a Erasmo, por su escasa contundencia frente al protestantismo.

La libertad personal como referencia principal

Además, Vives se opuso al protestantismo también por su diferente apreciación sobre el origen del poder y la confusión protestante entre los poderes temporales y espirituales. En este punto, Vives planteó la tesis de la soberanía popular que luego desarrollaría la Escuela de Salamanca. Fue él quien mantuvo el planteamiento de Santo Tomás de que el poder del príncipe, procede de Dios, sí, pero a través del pueblo, que es a quien el Creador entrega el poder. Y también se opuso a la ida protestante del absolutismo y tiranía del príncipe, hasta el tiranicidio, que luego desarrollarían Juan de Mariana y Suárez, más ampliamente.

El asunto en que más intensamente se manifestaron los protestantes como enemigos de la idea de libertad renacentista fue precisamente en la predestinación, en relación con la libertad de los individuos para salvarse o condenarse por sus obras. Lutero y Calvino pusieron de moda en Europa el debate de la predestinación. Un debate que angustió a casi todos los europeos en los siglos XVI y XVII. La predestinación fue tratada por numerosos autores hasta bien entrado el siglo XVII, renaciendo en la Novela Gótica de los siglos XVIII y XIX. Un debate que llegó a la más amplia opinión pública, apareciendo numerosas obras literarias al respecto, entre las que cabe destacar el drama de Tirso de Molina (1579-1648), El Condenado por Desconfiado.

Y fue Vives, antes que Erasmo, quien apreció que el protestantismo, luterano, anabaptista o calvinista, era demasiado estrecho para la nueva época y para la nueva mentalidad renacentista. Pese a la caracterización de la Reforma por Hegel, en sus Lecciones de Filosofía de la Historia, que atribuyó al luteranismo la categoría de “culminación del Renacimiento”, Lutero y Calvino fueron, sobre todo, la reacción contra el espíritu renacentista. En carta de 1522, dirigida a su amigo y entonces Papa, Adriano VI (Adriano de Utrecht), Vives formuló sus objeciones a los reformadores, especialmente en lo relativo a la doctrina de la predestinación, en la que veía la negación de la libertad del hombre.

Vives fue el iniciador de la Escuela de Salamanca, aunque casi nunca se le recuerde.

Españoles eminentes

La engañosa legislación laboral de la Segunda República

Escrito por Marc Fernández Cardellach en . Publicado en Análisis diario.

Hablar de la Segunda República española sigue siendo un tema controvertido casi un siglo después, y es que no existe un solo país en el que una guerra civil no haya dejado profundas cicatrices culturales. Sin embargo, si hay algo en lo que parece que todo el mundo puede estar de acuerdo es en que este segundo intento republicano se caracterizó por dos rasgos principales: su rechazo al catolicismo y al antiguo régimen, y su ferviente inclinación socialista.

No hay que olvidar que fue la Unión Soviética, y no las potencias occidentales, la que brindó apoyo a los republicanos, un claro indicio de que tenían más en común con los rusos que con las democracias francesa o británica. Este hecho, aunque revelador por sí mismo, me llevó a formularme la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron las reformas laborales que impulsó un gobierno a priori tan pro-operario?

Entre los años 1931 y 1939 se introdujeron importantes reformas sociales, incluyendo una serie de leyes laborales que mejoraron significativamente las condiciones de trabajo para los trabajadores españoles. Especialmente ocupados estuvieron en 1931 y 1932, años que vieron la introducción de la Ley de Contrato de Trabajo, que estableció la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, las vacaciones pagadas y la protección contra el despido injustificado; la Ley de Accidentes de Trabajo, que creó un sistema de seguro obligatorio; y la Ley de Colocación, que instituyó un servicio público de empleo para ayudar a los trabajadores a encontrar trabajo.

A grandes rasgos, ninguna de estas leyes parece un gran disparate; de hecho, tienen reminiscencias de las leyes laborales actuales. Aun así, también podrían ser susceptibles a la crítica que se le puede hacer al derecho laboral de hoy, pudiendo alegarse que los empleadores deberían ser libres de establecer sus propias condiciones de trabajo y que los trabajadores deberían ser libres de aceptarlas o rechazarlas. Si uno tiene en cuenta lo arraigado que estaba el anarquismo por entonces en España (y cómo esto afectó al bando republicano en la posterior guerra civil), muchas de estas reformas, por positivas que fueran, se hicieron en detrimento de las negociaciones colectivas y saltándose a los sindicatos.

Sin embargo, la ley más crucial, y a menudo la más injustamente pasada por alto, fue la de Jurados Mixtos, aprobada en 1931, que provocó un sinfín de inesperados dolores de cabeza. Sobre el papel, esta ley se limitó a crear tribunales especiales para resolver conflictos laborales entre trabajadores y empleadores, aunque, como todos sabemos, el derecho es algo muy vivo en el que la ambigüedad no tarda en llenarse. Estos tribunales paritarios estaban compuestos por representantes de los trabajadores y de los empleadores, bajo la presidencia de un magistrado del Estado. Su objetivo principal era resolver los conflictos laborales de manera negociada y evitar la judicialización, actuando como una instancia de conciliación y, en caso de no llegar a un acuerdo, como tribunal de arbitraje y fallo en disputas sobre contratos de trabajo, salarios, despidos y otras condiciones laborales. En ese sentido, no actuaban de forma muy distinta a como lo hacen los actuales Centros de Mediación y Arbitraje, que buscan equilibrar el poder en la resolución de conflictos.

¿Hasta aquí todo bien, no?

La interpretación y aplicación de la mencionada Ley de Contrato de Trabajo por los tribunales laborales (los Jurados Mixtos) tendió a ser favorable a los trabajadores, dificultando que los empleadores pudieran alegar causas vagas o insuficientes para despedir. En el contexto económico complejo y a menudo inestable previo a la guerra civil, a las empresas les resultaba difícil demostrar ante los tribunales que existían causas económicas objetivas y justificadas para realizar despidos. La percepción era que las empresas debían asumir los riesgos económicos y no trasladarlos automáticamente a los trabajadores. Existía, además, una visión crítica hacia el empresariado, a menudo percibido como privilegiado y explotador de la clase trabajadora. Esta narrativa, aunque simplista y no siempre ajustada a la realidad, influyó en la opinión pública y en la aplicación de la legislación laboral.

A esta inflexibilidad legislativa se sumaban tres factores que terminaron por masacrar el mercado laboral español: la Gran Depresión, la inestabilidad política y social, y la falta de modernización y competitividad. Una vez más, nos encontramos con que dificultar y encarecer el despido distorsiona las señales del mercado, impidiendo la eficiente asignación de recursos y generando rigideces que perjudicaban la capacidad de las empresas para adaptarse a los cambios económicos.

A grandes rasgos, nos hallamos ante una situación en la que el control estatal y la manipulación de la información pueden distorsionar la realidad y tener graves consecuencias. La supremacía de la ideología del Estado se antepuso a la realidad sobre la que debía legislar, lo que en última instancia perjudicó a los trabajadores que debían lidiar con dicha realidad. Esto no se distingue del actual modus operandi del gobierno venezolano, que, aunque sobre el papel dice proteger y luchar por los trabajadores, en la realidad prohíbe señalar a los médicos que los pacientes mueren de inanición, tratando una vez más de cambiar y combatir la realidad a golpe de decreto.

USAID, J.D. Vance y la segunda ley de Robert Conquest

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Desde que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, intervino en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se desató una controversia que fue rápidamente eclipsada por las negociaciones en Ucrania, primero, y por los aranceles de Trump después.

No deja de ser frustrante que tal cantidad de información comprometedora sea sepultada en cuestión de semanas, y su destino sea ser analizada por un puñado de expertos que escribirán libros que leeremos unos pocos miles. Pero así funcionan las cosas desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Y va a ser difícil de cambiar.

La semana pasada el primer ministro de Singapur hizo una declaración pública con motivo de los aranceles anunciados por Trump. Es un buen discurso de principio a fin, pero hay una parte que me gustaría remarcar:

For decades, the US was the bedrock for the free market economies of the world and led efforts to build a multilateral trading system. To be clear, the system is not perfect. Singapur and others have long called for reform. But what the US is doing now is not reform. It is abandoning the entire system it had created.

Al escuchar esto, uno no puede dejar de recordar el Brexit. Reino Unido también abandonó una organización que necesitaba ser reformada, simplemente porque parecía el camino más sencillo para resolver algo que, de otra forma, requeriría de demasiado tiempo. Un tiempo que parece que la derecha nunca tiene.

Nassim Nicholas Taleb también hizo alusión al tiempo en su crítica a la política de Trump:

The argument that increasing tarrifs will cause adaptation by local industry assumes all parties consider the tariffs PERMANENT (even if we ignore the immediate impoverishment from decline in trade, the clumsiness in the abruptness).

The problem is that everyone w/ a functioning brain (including people on the traditional “right”) by now realizes that Trump is a bit deranged, erratic, & these moves are likely to be transitory. He could be booted out; the 4 year mortality of an unfit 78 y.o. is >20%. A huge discount ratr.

Heavy investments take > 5 years, more than the political cycle & initially require more imports. Huge capital commitments require a bit of certainty. Some products s.a. wine may take >10 years, olive oil >12 years.

Estoy bastante de acuerdo. Nadie puede saber si la política de Trump va a sobrevivir a Trump. Pero curiosamente esto no se aplicó a las políticas ESG (environmental, social, and governance) en las que las empresas occidentales han dilapidado cantidades ingentes de dinero. Una vez más, parece que la izquierda cuenta con todo el tiempo del mundo para desarrollar sus programas, y la derecha solo puede aspirar a romper la baraja de vez en cuando, con la esperanza de que eso retrase los planes del enemigo durante unos años.

Esto nos lleva a la segunda ley de Robert Conquest:

Toda organización que no es explícitamente de derechas antes o después acabará siendo de izquierdas

Mencionar esta ley siempre es incómodo. La izquierda piensa que eres un conspiranoico, y parte de la derecha que eres un sectario. Pero lo cierto es que describe bastante bien la realidad. Y no hay nada de conspiración en ello.

A la derecha tradicional se le dan mal los juegos de suma cero. No hay más misterio. Como dice Naval Ravikant:

Wealth creation is an evolutionarily recent positive-sum game. Status is an old zero-sum game. Those attacking wealth creation are often just seeking status

En un mundo donde se crea más riqueza que nunca gracias al capitalismo, los buscadores de estatus anticapitalistas tienen una ventaja clara.

Creo que buena parte de la visión del vicepresidente de Estados Unidos nace de ser consciente de esto. Vance basa cada discurso en varios puntos que articulan una forma coherente de competir en estatus con la izquierda:

  • Definir de forma clara al principal enemigo: el globalismo. En su forma nacional (izquierda woke) y en la internacional (países y organizaciones que han parasitado a Estados Unidos, con especial énfasis en la Unión Europea).
  • Abandonar la tradicional táctica republicana de querer llegar a compromisos, adoptando otra que se basa en ganar sin hacer concesiones. Esto lo definió muy bien Thomas Sowell cuando dijo:

Sometimes it looks as if the Democrats are out to win at all costs, while the Republicans are out to compromise at all costs.

  • Sustituir la visión liberal de la economía (que se basa en el libre mercado) y la conservadora (que se basa en comprar la visión socialdemócrata en su versión descafeinada) por un nuevo enfoque con dos patas:
  • Recuperar a una (romantizada) clase media basada en el trabajo industrial, energía barata e inteligencia artificial.
  • Crear una sensación de urgencia a causa del auge de China como antagonista, que facilite romper ciertos consensos que surgieron en la segunda mitad del siglo XX.

Como táctica, no es la peor que hemos visto en la derecha. Pero van a tener que afinar mucho su política económica para compaginar el proteccionismo con el crecimiento. Porque es difícil ganar a la izquierda en un juego de suma cero, pero lo que Vance no va a conseguir nunca es que su filosofía cuaje si no va acompañada de prosperidad económica. Algo así solo está al alcance de la izquierda.

Ver también

Por qué acabar con USAID es enorme, aunque sea una pequeña parte del presupuesto. (Peter Jackson).

España y el bumerán de la corrupción

Escrito por Foundation for Economic Education en . Publicado en Análisis diario.

Por Mark Nayler. El artículo España y el bumerán de la corrupción fue publicado originalmente en FEE.

Hasta finales del año pasado, el partido de derechas español Vox podía presumir de una rara distinción: ser el único partido importante del país sin una acusación de corrupción a su nombre. Eso cambió en diciembre, cuando los socialistas, liderados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaron una denuncia acusando a Vox de financiación ilegal.

Los socialistas alegan que Vox ha recaudado hasta 5 millones de euros a través de cajas de donativos y venta de artículos en puestos callejeros, dos prácticas que vulnerarían la normativa sobre financiación política. El partido de Sánchez también ha señalado un préstamo de 6,5 millones de euros supuestamente concedido a Vox por un banco húngaro vinculado al primer ministro derechista del país, Viktor Orbán. El 10 de marzo, el fiscal anticorrupción de España (seguramente la institución más ocupada del país) abrió una investigación sobre Vox basándose en la denuncia de los socialistas.

Cabe preguntarse cuánto tiempo y dinero han dedicado los socialistas a investigar las finanzas de Vox. Este tipo de investigaciones suelen estar en manos de la policía o la judicatura, y no de los políticos, pero no en España, donde las acusaciones de corrupción son una valiosa moneda política. Los tres principales partidos del país -los socialistas, el conservador Partido Popular (PP) y Vox- dedican más tiempo a acusarse mutuamente de corrupción que a debatir políticas. Al final, es un juego en el que todos pierden.

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, afirma que los socialistas están «rodeados de corrupción» e intentan desviar la atención de sus propios presuntos delitos. Se refiere al caso Koldo, llamado así por Koldo García Izaguirre, ex asesor del exministro de Transportes del Gobierno, José Luis Ábalos. Durante la pandemia, Izaguirre cobró presuntamente comisiones ilegales por contratos adjudicados a empresas públicas para la fabricación de mascarillas. (Ábalos mantiene su inocencia, pero fue expulsado del Partido Socialista).

Las palabras de Millán se hacen eco de las del exlíder conservador Mariano Rajoy, que en junio de 2018 fue el primer presidente del Gobierno español destituido por una moción de censura. La moción fue presentada y ganada por Sánchez después de que el PP fuera declarado culpable en la mayor investigación de corrupción de la historia de España. En el llamado caso Gürtel, 29 acusados, muchos de ellos altos cargos del PP, fueron condenados por delitos como tráfico de influencias, malversación, cohecho y blanqueo de capitales. El ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, fue condenado a 33 años de cárcel. Un indignado Sánchez acusó a Rajoy de introducir la «enfermedad crónica» de la corrupción en la sociedad española, un comentario que le salió por la culata. «¿Es usted la [Madre] Teresa de Calcuta?». replicó Rajoy: «Hay corrupción en todas partes, como usted bien sabe porque está cerca de ella».

Fue un ejemplo clásico de cómo, en España, las acusaciones de corrupción suelen volverse en contra del acusador. Rajoy aludía al escándalo de los ERE, en el que están implicados políticos socialistas de la región meridional de Andalucía. Los fiscales del caso de los ERE sostuvieron que, entre 2001 y 2010, dos administraciones socialistas sucesivas canalizaron 680 millones de euros destinados a prestaciones de desempleo y a empresas en dificultades hacia personas físicas y jurídicas próximas al partido. Diecinueve antiguos cargos socialistas fueron declarados culpables de mala conducta, malversación de fondos públicos o ambas cosas. Entre ellos había dos presidentes andaluces, incluido José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel. Aunque el escándalo de los ERE fue anterior al liderazgo de Sánchez al frente del Partido Socialista, que comenzó en 2014, no dejó de dañar la credibilidad de su postura anticorrupción.

Cuando se dictaron las sentencias de los ERE en noviembre de 2019, el diario de centroizquierda El País publicó un artículo en el que comparaba el caso con Gürtel. Concluía que el de los ERE era el menor de los dos escándalos, porque ninguno de los principales implicados se había enriquecido personalmente y solo se habían dilapidado 680 millones de euros de dinero público, no los «miles de millones» que afirmaba la derecha española. Pero otra conclusión del artículo era clara: que el único debate real se refiere al grado de corrupción de los principales partidos españoles. La corrupción en sí es un hecho.

Las familias de los políticos también son vulnerables a los ataques. Isabel Díaz Ayuso, presidenta conservadora de Madrid, afirmó el pasado mes de marzo que su pareja sentimental, Alberto González Amador, había sido «asediado» por el Gobierno cuando se supo que estaba siendo investigado por fraude fiscal. Ayuso alegó que las acusaciones eran un intento de forzar su salida, lo cual no era inverosímil. La vida de Sánchez sería mucho más fácil si no controlara la capital. Desde que asumió el cargo en 2019, Ayuso se ha convertido en la crítica más feroz del presidente del Gobierno. Ha sido reelegida dos veces con una plataforma libertaria y de libre mercado y fue la única política que desafió las políticas de bloqueo de Sánchez durante la pandemia.

Sánchez pidió al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que destituyera a Ayuso «para empezar a ser un poco más creíbles en vuestra lucha contra la corrupción». (Feijóo se negó, recordando a Sánchez que su propio Gobierno también estaba siendo investigado). Ayuso afirmó, como hace ahora Vox, que las acusaciones eran una distracción de Koldo. «Lo más sospechoso, lo más turbio», dijo, «es ver a todos los poderes del Estado filtrando datos sobre un individuo… para intentar destruir a un político». Como descripción de la táctica favorita de los políticos españoles, sería difícil de mejorar.

El hermano de Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, también fue acusado de fraude fiscal en 2022. Esta vez, en lugar de culpar a Sánchez, Ayuso acusó a la dirección nacional de su propio partido de intentar «destruirla» «personal y políticamente». Cuando Sánchez se refirió a las acusaciones contra el hermano de Ayuso en el Congreso al año siguiente, las cámaras captaron su reacción en la tribuna del público: pareció pronunciar las palabras hijo de puta.

Sánchez también se ha hecho la víctima. El pasado mes de abril, la organización cívica Manos Limpias, cuyo líder está vinculado a la derecha española, denunció a su esposa, Begoña Gómez, por corrupción. Feijóo, deseoso de venganza, exigió rápidamente la dimisión de Sánchez (aunque las acusaciones contra Gómez estaban poco fundamentadas). De forma un tanto extraña, el presidente del Gobierno se tomó cinco días libres para «considerar» sus opciones y finalmente decidió quedarse, declarando: “Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos. Hemos dejado que el fango ensucie nuestra vida pública durante demasiado tiempo”, una condena de las tácticas de fango que él mismo había utilizado contra Ayuso.

Si las acusaciones contra Vox se demuestran ciertas, los tres partidos más grandes de España tendrán corrupción en su historial. La clasificación actual, de más a menos corruptos, sería la siguiente: PP en primer lugar con Gürtel; los socialistas en segundo con los ERE (y posiblemente Koldo); y Vox en tercero, con sus chapas y huchas ilícitas. Ninguno de estos partidos podría acusar a los demás de corrupción sin hipocresía. Pero quizá eso no importe; podrían seguir discutiendo sobre quién es el más corrupto.

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Donald Trump ha roto con el capitalismo democrático

Escrito por CapX en . Publicado en Análisis diario.

Por Dalibor Rohac. El artículo Donald Trump ha roto con el capitalismo democrático fue publicado originalmente en CapX.

Poco después de convertirse en presidente, Vladimir Putin celebró una reunión ya histórica en el Kremlin con los oligarcas rusos. El acuerdo que puso sobre la mesa en el verano de 2000 era sencillo: la élite económica del país podía conservar y seguir acumulando su enorme riqueza, adquirida en la mayoría de los casos por medios legal y éticamente dudosos, pero debía permanecer leal al líder.

En los años siguientes, Putin fue implacable a la hora de hacer cumplir el nuevo contrato social. Mijaíl Jodorkovski, en aquel momento el hombre más rico de Rusia, fue expropiado rápidamente y encarcelado durante una década cuando se atrevió a criticar la corrupción del régimen en una reunión televisada con Putin en 2003. Antes, Vladimir Gusinsky, entonces propietario de una cadena de televisión independiente, cumplió una pena de cárcel y emigró, al igual que Boris Berezovsky, que se había enfrentado a Putin en las primeras semanas de su presidencia.

No es exagerado afirmar que los aranceles draconianos de Donald Trump contra el resto del mundo, anunciados el 2 de abril, pretenden recrear en Estados Unidos una economía política al estilo ruso. Su objetivo no es recuperar puestos de trabajo en el sector manufacturero ni aumentar los ingresos, ni tampoco extraer concesiones comerciales o de otro tipo de los socios comerciales de Estados Unidos. En cambio, su objetivo es afirmar el control político sobre la economía de mercado más grande y dinámica del mundo, asegurando que la riqueza económica independiente no plantee un desafío al control del poder político de Trump durante los próximos cuatro años, y potencialmente más allá.

¿Suena descabellado? Claro, la economía estadounidense no está controlada por 21 oligarcas, como los que se unieron a Putin en aquella trascendental reunión del verano de 2000, ni está organizada en torno a industrias extractivas altamente concentradas, que producen rentas económicas, en lugar de beneficios bien ganados para los innovadores y los que asumen riesgos. Por «renta», los economistas entienden un flujo de ingresos relacionado con la propiedad de un activo por encima de su uso productivo. El control de la riqueza mineral de Rusia es una de esas fuentes de rentas, sin relación con las habilidades o la perspicacia empresarial de los oligarcas del país. Los aranceles -especialmente en la escala gargantuesca desplegada por la administración Trump- son otra.

En las próximas semanas y meses, espere que algunas empresas estadounidenses clamen por exenciones para los insumos importados que utilizan en la producción con sede en Estados Unidos. Espere que otras luchen para que el Gobierno mantenga -e incluso aumente- la protección arancelaria para su producción comercializada en Estados Unidos. Otros aún pueden acudir a Trump para pedirle que haga concesiones a los gobiernos extranjeros que habrán tomado represalias contra el proteccionismo estadounidense, perjudicando a las empresas estadounidenses.

En resumen, los aranceles han desatado una guerra de ofertas por favores concedidos por un gobierno federal cada vez más personalista. Los economistas, empezando por Gordon Tullock y Anne Krueger, han llamado a este fenómeno «búsqueda de rentas», y lo han utilizado para explicar por qué los costes económicos visibles de los aranceles, los monopolios artificiales y el clientelismo gubernamental son sustancialmente mayores de lo que predeciría la teoría económica estándar. La búsqueda de rentas implica el uso de recursos económicos por parte de intereses especiales para cambiar la política o mantener las estructuras existentes, a menudo concediendo favores a miembros de la clase política.

Aunque la búsqueda de rentas siempre ha existido en todos los sistemas políticos, incluido el de Estados Unidos, esta versión es diferente. Una preocupación común, especialmente en la izquierda, ha sido siempre la influencia indebida de intereses bien organizados -grandes empresas tecnológicas, oligarcas, «dinero negro»- en la política del país. La innovación de Trump consiste en darle la vuelta a esa lógica del mismo modo que lo hizo Putin. Como líder personalista que reivindica una discrecionalidad sobre la política arancelaria que ningún presidente anterior creía posible, está convirtiendo al sector privado en un suplicante, cuyas actividades de búsqueda de rentas implicarán inevitablemente doblar la rodilla ante el propio Donald Trump, al igual que en la Rusia de Putin.

Hay otra novedad. Aunque es bien sabido que la presencia de recursos naturales y las rentas asociadas a ellos (pensemos en Rusia o el Congo) generan disfunciones políticas y autoritarismo, hasta ahora pocos habían imaginado a un presidente estadounidense creando nuevas rentas económicas de la nada por decreto ejecutivo, especialmente en una gran economía de mercado. A menor escala y tras años de paciente esfuerzo, Viktor Orbán hizo algo parecido, al utilizar indebidamente los fondos de la UE como herramienta de clientelismo y convertir a sus compinches en multimillonarios. De un plumazo, Trump condicionó el éxito continuado de las empresas, inversores y emprendedores estadounidenses a que se mantuvieran en buena sintonía con su Administración.

No se equivoquen. Las rentas que acaban de crear los aranceles de Trump y la búsqueda de rentas que están poniendo en marcha se producirán a costa de la economía estadounidense, hasta ahora la envidia del mundo. Con un arancel medio aplicado que ronda el 30%, la rentabilidad de cualquier empresa estadounidense depende ahora esencialmente de navegar por el sistema y llegar a «acuerdos» con Trump y su Administración, más que de la perspicacia empresarial, las buenas prácticas de gestión o el acceso a la financiación. Y esa es una receta para el amiguismo y el declive económico generalizado.

No se trata de un problema a corto plazo, aunque los estadounidenses tengan suerte y Trump no consiga atrincherarse en el poder como Putin. A medida que el nuevo sistema se consolide, las empresas se adaptarán y se asegurarán de estar, en neto, en el extremo receptor de las rentas recién creadas. Una vez que lo estén, lucharán con vehemencia contra cualquier cambio, incluso si un régimen de libre comercio es una opción mejor para todos e incluso si los recursos gastados en la búsqueda de rentas anulan cualquier ganancia que dichas empresas acaben obteniendo de la protección arancelaria y las políticas asociadas. Tullock denominó a esta paradoja la «trampa de las ganancias transitorias», y la utilizó para explicar por qué las políticas altamente disfuncionales tienden a ser rígidas.

Los taxistas con licencia lucharían, por ejemplo, para mantener el sistema de medallones de la ciudad de Nueva York, incluso cuando el precio de un medallón superara las ganancias que esa barrera de entrada creaba para los titulares. Recordemos que los aranceles de Trump al acero y al aluminio de la primera legislatura, triviales en comparación con las medidas proteccionistas puestas en marcha por este Gobierno, sobrevivieron mucho tiempo en el Gobierno de Biden, precisamente porque su supresión creó pérdidas a corto plazo para intereses especiales bien organizados.

A menos que se reviertan rápidamente y en su totalidad, los aranceles introducidos la semana pasada representan un cambio drástico, y no sólo para los aliados y socios comerciales de Estados Unidos, que ya no pueden confiar en el liderazgo estadounidense sino que tienen que trabajar en torno a Estados Unidos. También suponen una ruptura aún más profunda con la tradición estadounidense de capitalismo democrático, imperfecta como ha sido a menudo, que sitúa a Estados Unidos en una senda firmemente alejada de los cimientos de su prosperidad y su gobierno constitucional.

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Los aranceles de Trump. (Fernando Herrera).

¿Por qué queremos cerrar el Banco Central?

Escrito por Adrián Ravier en . Publicado en Análisis diario.

Lawrence H. White se graduó de economista en la Universidad de Harvard y obtuvo un PhD in economics en UCLA. Hoy enseña Teoría y Política Monetaria en la George Mason University, y es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Anteriormente, enseñó en la Universidad de Nueva York, la Universidad de Georgia y la Universidad de Missouri – St. Louis.

Se especializa en la teoría e historia de la banca y el dinero. Representa junto a George Selgin y Kevin Dowd una corriente moderna de la Free Banking School, o Escuela de la Banca Libre.

En un artículo ya clásico que lleva el título de “La Banca Central: una recapitulación”, el autor sistematiza las debilidades principales de una autoridad monetaria central. No se trata, en particular, del Banco Central de la República Argentina (BCRA), sino que son cuestionamientos abstractos a la naturaleza del monopolio de emisión que constituye cualquier autoridad central.

El artículo no es nuevo, pero puede permitir comprender, en forma técnica, los cuestionamientos que la Escuela Austriaca, y en particular Javier Milei, hacen a la autoridad central. La síntesis que presentamos mantiene los subtítulos del documento original, pero lo resumimos para este medio.

I. Los riesgos prácticos de la banca central

La banca central es una institución riesgosa debido a sus dos principales funciones: regular los depósitos bancarios y ejecutar la política monetaria. Ambas actividades generan distorsiones que afectan la estabilidad financiera.

1. Regulación inadecuada de los bancos comerciales

Los bancos centrales son organismos burocráticos con incentivos erróneos, pues no están sujetos a la disciplina del mercado. Esto les permite ignorar las ineficiencias de sus regulaciones y solo reaccionar ante crisis evidentes.

Además, los bancos comerciales presionan al banco central para obtener privilegios legales que les garanticen mayores rentas. Estas rentas provienen de restricciones como:

  • Límites a las tasas de interés que pueden ofrecer.
  • Restricciones a la creación de nuevos bancos.
  • Limitación de la apertura de sucursales.
  • Prohibición a empresas no bancarias de prestar servicios financieros.
  • Préstamos a tasas preferenciales a los bancos comerciales.

Este proceso genera ineficiencia, reduce la competencia y debilita la industria bancaria, impidiendo que surjan innovaciones que podrían beneficiar a los consumidores.

2. Expansión monetaria y ganancias gubernamentales

El banco central genera ingresos mediante la emisión de dinero, un fenómeno conocido como señoreaje. Como la emisión de dinero tiene un costo de producción casi nulo, la diferencia entre su valor de cambio y su costo de impresión representa un ingreso para el gobierno.

El problema es que la tentación de aumentar la oferta monetaria sin límites provoca inflación. Esta inflación actúa como un impuesto oculto que reduce el poder adquisitivo del dinero en manos del público. Los gobiernos prefieren este tipo de impuesto porque no es coercitivo ni fácilmente detectable.

Para mantener la demanda de su dinero, los bancos centrales suelen imponer medidas que limitan la competencia, como:

  • Exigir reservas obligatorias a los bancos comerciales.
  • Restringir las tasas de interés sobre depósitos.
  • Prohibir el uso de monedas extranjeras o metales preciosos.

3. Manipulación macroeconómica con fines políticos

Los gobiernos pueden usar la política monetaria para mejorar su imagen y aumentar sus probabilidades de reelección. Esto ocurre cuando:

  1. Los votantes reaccionan a los niveles de inflación y desempleo al elegir a sus líderes.
  2. El banco central puede reducir el desempleo temporalmente mediante una inflación inesperada.
  3. Los gobernantes presionan al banco central para estimular la economía antes de las elecciones.

A largo plazo, esta práctica genera ciclos de inflación y desestabilización económica. Si el público anticipa esta estrategia, la inflación se convierte en una profecía autocumplida: la gente espera inflación, y el banco central termina creándola.

4. Política económica errática y destructiva

El problema fundamental del banco central es que carece de la información necesaria para ajustar correctamente la oferta monetaria. A diferencia de un empresario que ajusta su producción según la demanda del mercado, el banco central no cuenta con señales claras sobre cuánta liquidez debe emitir.

En sistemas con dinero convertible (como el patrón oro), la escasez de reservas obliga a los bancos a corregir excesos en la oferta monetaria. Sin embargo, en sistemas de dinero fiat, el banco central puede expandir indefinidamente la base monetaria, sin consecuencias inmediatas, lo que aumenta el riesgo de inflación crónica.

5. Independencia del banco central y reglas monetarias

Algunos economistas proponen la independencia del banco central o la aplicación de reglas monetarias estrictas para limitar sus excesos. Sin embargo, la independencia no elimina las presiones políticas ni corrige la falta de incentivos adecuados.

Las reglas monetarias (como el crecimiento constante de la oferta de dinero) pueden ser útiles, pero no garantizan estabilidad a largo plazo. Los bancos centrales suelen encontrar formas de evadirlas o debilitarlas con el tiempo.

II. La injerencia gubernamental no es necesaria para asegurar un sistema monetario estable

La alternativa a la banca central es un sistema monetario basado en el mercado libre, donde la oferta de dinero y servicios bancarios se ajusta a la demanda sin intervención estatal. A continuación, se presentan las características de este sistema.

1. Una unidad monetaria común emergería sin intervención gubernamental

Carl Menger demostró que el dinero surge de manera espontánea en el mercado, cuando los comerciantes eligen el bien más líquido como medio de intercambio. Históricamente, el oro y la plata se convirtieron en las principales monedas sin necesidad de regulaciones gubernamentales.

2. Competencia entre emisores de dinero

Un sistema sin banco central permitiría la competencia entre bancos emisores de dinero, similar a la competencia entre empresas de otros sectores. Los consumidores elegirían los medios de pago más eficientes y confiables.

En un mercado libre, los bancos competirían para ofrecer:

  • Mayor seguridad contra falsificaciones.
  • Convertibilidad fácil entre distintos activos.
  • Depósitos con mejores rendimientos y servicios adicionales.

3. La reserva fraccionaria no es fraudulenta

La reserva fraccionaria, donde los bancos mantienen solo una fracción de sus depósitos como reserva, ha sido demonizada por algunos economistas. Sin embargo, esta práctica permite un uso más eficiente del capital y ha existido históricamente en sistemas bancarios estables.

Mientras los bancos puedan cumplir sus compromisos con los depositantes, la reserva fraccionaria no representa un problema. En un mercado libre, los bancos serían disciplinados por la competencia y la vigilancia de sus clientes.

4. Cámaras compensadoras como reguladoras del sistema

En sistemas bancarios libres, las cámaras compensadoras han desempeñado el papel de supervisores del sector. Estas instituciones privadas certifican la solvencia de los bancos y facilitan la compensación de pagos entre ellos, reduciendo el riesgo de crisis bancarias.

5. Eliminación del pánico financiero y las corridas bancarias

Uno de los principales argumentos a favor de la banca central es que previene las corridas bancarias. Sin embargo, la historia demuestra que los sistemas bancarios libres han funcionado sin episodios generalizados de pánico. La clave para evitar crisis bancarias es permitir que los bancos adopten mecanismos de autorregulación, como:

  • Fondos de reserva ante emergencias.
  • Suspensión temporal de pagos en situaciones excepcionales.
  • Convertibilidad flexible de los depósitos en activos financieros.

6. Prestador de última instancia no es necesario

Los defensores de la banca central sostienen que es necesario un prestamista de última instancia para evitar quiebras bancarias en tiempos de crisis. Sin embargo, en sistemas bancarios libres, las cámaras compensadoras han desempeñado este papel con éxito, proporcionando liquidez a bancos solventes con problemas temporales.

7. La cantidad de dinero se autorregula

En un sistema de banca libre, la cantidad de dinero se ajusta automáticamente a la demanda, similar a cómo ocurre en un patrón oro. Si un banco emite demasiado dinero, los clientes transferirán sus depósitos a bancos más sólidos, obligando al emisor a reducir su oferta.

8. Integración con los mercados de capital globales

Un sistema bancario libre facilitaría la integración con mercados internacionales sin necesidad de una autoridad central. En un mundo sin bancos centrales, podría establecerse una moneda global basada en estándares de mercado, eliminando las distorsiones del nacionalismo monetario.

Conclusión

La banca central genera distorsiones económicas al regular ineficientemente el sector financiero, expandir la oferta monetaria para financiar al gobierno y manipular la economía con fines políticos. La alternativa es un sistema de banca libre, donde la competencia disciplinaría a los bancos y la cantidad de dinero se ajustaría a la demanda sin intervención gubernamental.

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Los aranceles de Trump

Escrito por Fernando Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Esta semana hemos vivido uno de esos días que tienen pinta de ir a ser históricos. Su protagonista, como el de tantas cosas los últimos meses, ha sido el presidente de los Estados Unidos, el nunca bien ponderado Mr. Donald Trump. El tipo llevaba anunciando con toda pompa y boato la llegada del día de la Liberación, en que el país que él preside, y gracias a su iniciativa, pasaría a liberarse de los productos y servicios que le suministran desde el extranjero. La iniciativa no tiene nada de rompedora: consiste en poner aranceles a diestro y siniestro, a las empresas de todos los países que comercian con empresas de EE.UU., de forma que los precios de los bienes importados se encarezcan respecto a los de producción local, y así dar una ventaja a las empresas situadas en el país protegido. A su vez, esto beneficia a la economía nacional tanto por la creación de empresas como de puestos de trabajo.

Por supuesto, lo que acabo de contar no es más el mito mercantilista, y todos los economistas conocen a estas alturas bastante bien cuáles son los verdaderos efectos de las políticas arancelarias, nada buenos para los ciudadanos de los países “protegidos” por el arancel. Lo que tiende a ocurrir es que el precio de los bienes/servicios sube, puesto que se ha reducido la oferta, al encarecer artificialmente parte de ella. Con esta subida de precios, se reduce la demanda, como cabe esperar: menos usuarios pueden comprar el bien y lo hacen a un precio más caro. Difícilmente esto conduce a una mejora en el bienestar de los consumidores.

Las cosas son distintas en el lado empresarial, claro, por eso a las empresas domésticas les encantan los aranceles. La reducción de la oferta les permite subir los precios e incrementar sus beneficios. Si el mercado en cuestión no tiene barreras legales de entrada, competidores locales atraídos por el exceso de rentabilidad empezarán a servirlo y los beneficios volverán a la normal, por lo que esa ventaja se disipa con el tiempo.

Lo que también ocurre es que las empresas que entran al mercado son posiblemente más ineficientes que las extranjeras, pues solo han podido hacerlo cuando se ha dejado fuera a las últimas con el arancel. Dicho de otra forma, la rentabilidad vuelve a la normal, pero sobre unos costes superiores, un mayor consumo de recursos, que anteriormente. O sea, que se produce menos y peor, y se extrae renta de los consumidores para dársela a los empresarios.

¿Qué decir de la innovación? Como las empresas están más protegidas de la competencia que antes del arancel, su apetito por correr riesgos e innovar no es tan acusado como si tuvieran que hacer frente a competidores potentes. Eso nos lleva a la pérdida de competitividad de las empresas así protegidas.

Y supongo que se crearán más puestos de trabajo domésticos en esos sectores ceteris paribus, claro que sí. Pero estos empleados recibirán unos salarios con los que tendrán que comprar bienes más caros. Al que le caiga del cielo ese puesto de trabajo, le saldrá bien la jugada de arancel en neto, pero no está claro que lo mismo ocurra en su unidad familiar o en su comunidad, donde la gente tenía sus trabajos y sus salarios, con los que ahora podrá comprar menos cosas.

No se olvide que esos nuevos trabajos son en empresas menos competitivas, que previsiblemente no podrán pagar los mejores sueldos, y sufrirán inestabilidad estructural, dependiendo su viabilidad futura de la decisión política de mantener el arancel, y menos de su desempeño en el mercado.

Todo ello, rápidamente explicado, muestra que los aranceles no son nada buenos para el país que los impone, por mucho que políticos y lobbies empresariales traten de hacerlo así creer a la opinión pública. Solo hay que ver la respuesta con la que está amenazando la Unión Europea a la política arancelaria de Trump con, supongo, muchos empresarios frotándose las manos.

Pero no querría yo detenerme en el análisis clásico del arancel, porque lo realmente interesante y hasta divertido es entender de dónde se ha sacado Trump los niveles arancelarios con que pretende castigar a cada país, para ver si podemos deducir algo de sus intenciones reales.

Oficialmente, parecían haber calculado el arancel efectivo que sufren las empresas americanas en cada jurisdicción, añadiendo al real lo que llaman “Currency Manipulation and Trade Barriers”. O sea, habrían incorporado, sobre el tipo del arancel, una estimación de lo que suponen los difusos conceptos anteriores. Por ejemplo, si consideran que el Digital Market Act de la Unión Europea impone barreras de comercio a las empresas americanas, habrían estimado cuantitativamente un arancel equivalente a dichos obstáculos cualitativos.

Así, los asesores de Trump estiman que la UE les mete un arancel efectivo del 39%, mientras que el de China sería un 67%. De la misma forma, resulta que Vietnam tiene unos aranceles del 90% y Camboya, el líder absoluto, les mete un 96% a los productos de EE.UU.(¡!). Como lo oyen.

Sería fascinante saber cómo los economistas de cabecera de Trump han calculado un tipo arancelario equivalente a las imposiciones regulatorias del citada DMA en la UE. Por desgracia, para los friquis, no han hecho nada de esto. En realidad, esos números que lucen bajo el engolado título, no son más que la llamada “tasa arancelaria de reciprocidad”, esto es, el tipo arancelario que tendría que poner EE.UU. a las importaciones de un país determinado para que el déficit comercial con dicho país fuera cero. Es un típico constructo macroeconómico sin correspondencia alguna en la realidad, por lo que poco o nada tiene que ver con el arancel que dicho país pone a los productos de EE.UU.[1]

Con esto ya se pueden entender los enormes “aranceles” de Vietnam y Camboya, que tienen la desgracia (a estos efectos) de ser países que venden mucho más a EE.UU. de lo que los estadounidenses venden allí. Hombre, normal, el poder adquisitivo de camboyanos y vietnamitas se antoja muy inferior al de los americanos, por lo que les resultará difícil poder comprar bienes de este origen. Y al contrario, dado que el poder adquisitivo de los americanos es muy superior, los productos de ambos países les resultarán baratísimos. Es como cuando nos vamos de viaje a países con menor poder adquisitivo, que todo nos parece baratísimo y compramos más; y en cambio si nos vamos a Canadá o Noruega, todo nos parece carísimo.

Y como hay países con los que EEUU tiene superávit comercial, el tipo arancelario de reciprocidad saldría negativo. ¿Qué hace con dichos países entonces el señor Trump? Pues nada, ha considerado que el arancel que sufre EEUU es el 10%. Porque hoy es hoy.

En suma, Trump ha tomado unos números calculados a la remanguillé como aranceles que sufre EEUU, y los utiliza como referencia para fijar los que cobrará EEUU. Quizá a algún ingenuo le extrañe esta forma de proceder. A quienes conocemos cómo se toman las decisiones de regulación de precios no nos extraña en absoluto. Son decisiones políticas, no técnicas, pero que requieren de un barniz “científico” para que no se transparente su arbitrariedad. Es claro que Trump necesitaba un número gordo para asustar a China y la Unión Europa (los dos primeros países de su tabla), y el cálculo de la tasa arancelaria de reciprocidad se lo daba.

La cuestión ahora es qué pretende conseguir con todo esto. Dado que ninguno de los países amenazados tiene realmente los aranceles que dicen estos cálculos, va a ser imposible que los quiten, por mucho que amenace Trump con ponerle uno. Si no existen, ¿cómo eliminarlos?

Y me cuesta creer que a Trump le importe lo más mínimo que la balanza comercial sea cero, diez o cien. Es más, dado el supuesto absurdo para el cálculo de que las importaciones no variarían con el arancel, obviamente su imposición, que sí haría variar las importaciones en realidad, no llevaría a cero a la balanza comercial, sin olvidar que el arancel que propone Trump tampoco es la tasa que le sirve de referencia.

Yo creo que todo esto es un ejercicio propagandístico para facilitar determinadas negociaciones. La retórica del “Día de Liberación”, las imágenes de Trump con su tabla de dos columnas, esa “tasa reducida” en plan “te lo dejo baratito”, lo ocurrido con México y Canadá, o el precalentamiento del ambiente durante estos meses son indicios de lo que digo.

Quizá lo que busca Trump haya que buscarlo en eso que en la cabecera de la tabla llaman “barreras al comercio”, las normas domésticas de cada país que Trump considera que perjudican a las empresas estadounidenses. Ya he hablado antes del Digital Markets Act en la Unión Europea, y seguro que unas cuantas similares se pueden encontrar en China. Su efecto es inconmensurable, pero podría constituir ese arancel equivalente que se queja de sufrir.

El problema principal es que mientras los políticos de los países afectados debaten cómo responder o no a los aranceles de Trump, la incertidumbre económica puede acabar con el tejido empresarial por parálisis. Lo que marca con claridad la ruta a los políticos, entre ellos a los europeos: eliminar a toda velocidad los aranceles convencionales y las regulaciones que Trump considere que perjudican a las empresas americanas, para que no se consume el arancel de Trump. Y si tras hacer eso, Trump se mantiene en sus trece, entonces el problema será realmente serio, pero sobre todo para los estadounidenses que le han votado mayoritariamente.

Las buenas, no, buenísimas, noticias es que esto también vendrá bien a los ciudadanos de las jurisdicciones extranjeras, pues al fin y al cabo supondría la eliminación de barreras al comercio, de las que somos los principales damnificados, según se ha expuesto al comienzo del artículo.

A ver si al final va a resultar que los aranceles de Trump son los más liberales de la historia!

[1] En el cálculo no se han complicado demasiado la vida y han asumido que no hay variación en las importaciones con las subidas de precio debidas al arancel. Aprovecho para agradecer a Paco Capella que me haya suministrado la información sobre cómo se había hecho el cálculo.

Neoliberalismo: la Sociedad Mont Pèlerin y su verdadero significado

Escrito por Santiago Dussan en . Publicado en Análisis diario.

Hace ya un buen tiempo siento que me he tomado más del prudente para intentar ofrecer una clarificación. Muchas veces, en nuestras casi mensuales salidas con amigos del colegio a comer hamburguesas, en particular uno de ellos se queja del “neoliberalismo” y de cómo las iniciativas políticas que surgen de allí terminan empobreciendo a muchos y enriqueciendo a pocos. En otras ocasiones, he escuchado un clamor por el regreso a políticas neoliberales, hartos ya de aquellas con una clara y explícita intención socialista —de planificación central en la asignación de recursos. Los primeros quieren alejarse cuanto antes del neoliberalismo; los segundos no ven la hora de volver a abrazarlo.

Cada vez que escucho estas opiniones, me hago una breve nota mental para, en un momento más apropiado —cuando no tenga la boca llena de comida, y recordando que con la boca llena no se habla—, ofrecer una explicación que ayude a unos y otros a salir de lo que considero una profunda confusión.

Esa nota mental se ha transformado en una modesta urgencia, sobre todo al escuchar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, referirse recientemente al término. El 10 de marzo, durante una extensa sesión del Consejo de Ministros —que Petro ha convertido en hábito transmitir en vivo por televisión, interrumpiendo partidos de fútbol de la selección Colombia o telenovelas—, interrumpió varias veces a Gustavo Bolívar, director del Departamento de Planeación Nacional de día y novelista del narcotráfico de noche, mientras este presentaba avances de su entidad. Petro criticó el enfoque de “focalización” de subsidios, tildándolo de neoliberal y divisivo, y abogó por un modelo basado en derechos universales, como en el caso de la salud.

Hoy quiero dedicarme a explicar, por un lado, qué significa realmente el término “neoliberalismo” y, por otro, mostrar a mis amigos de las hamburguesas —y al imberbe presidente Petro— que tanto el anhelo como el rechazo que expresan son, en el fondo, dos caras de la misma hipocresía.

¿De dónde viene el término? ¡Pues quién sabe!

A lo largo de los años he encontrado muchas versiones sobre el origen del término. Dos de ellas, más anecdóticas que sistemáticas, se me vienen a la mente. He leído que el término surgió en un entorno académico, especialmente en los debates del conocido Coloquio Walter Lippmann, una reunión de intelectuales celebrada en París para discutir los retos del liberalismo clásico frente a fenómenos como la Gran Depresión. Con el tiempo, al parecer, el término adquirió un uso marcadamente político. Desde los años 70 y 80, fue adoptado por críticos del modelo económico dominante —especialmente desde la izquierda— para denunciar políticas de liberalización, privatización y reducción del papel del Estado. Así, “neoliberalismo” dejó de ser una categoría teórica precisa para convertirse en una etiqueta peyorativa —una caricatura.

Sin embargo, prefiero explicar el término a partir de una anécdota particular que, además de ofrecer una referencia contextual útil, permite separar con claridad el neoliberalismo del liberalismo clásico y del libertarismo. Esta historia involucra a Ludwig von Mises, Friedrich A. von Hayek, un profesor invitado, y las intrigas, traiciones y tensiones internas en la Sociedad Mont Pèlerin.

Puñales en la espalda en la Mont Pèlerin

La Sociedad Mont Pèlerin fue fundada por Friedrich Hayek como una iniciativa para recuperar y revitalizar la tradición del liberalismo clásico, en un contexto marcado por la devastación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, el descrédito del pensamiento liberal y el auge de propuestas estatistas. En abril de 1947, un grupo de 39 intelectuales de 17 países —entre ellos Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman, Karl Popper y Wilhelm Röpke— se reunió en Suiza para establecer formalmente la sociedad.

Su propósito era fomentar el intercambio intelectual y defender la libertad individual frente al avance del poder estatal. En su declaración fundacional, advirtieron que en vastas regiones del mundo las condiciones esenciales para la dignidad y la libertad humanas ya habían desaparecido o estaban seriamente amenazadas por políticas que erosionaban la autonomía del individuo y de los grupos voluntarios frente al poder arbitrario.

Desde el inicio, la intención era mantener un espíritu ecuménico dentro de la Sociedad Mont Pèlerin, de modo que coexistieran distintas manifestaciones del pensamiento liberal. Sin embargo, Ludwig von Mises se mostró escéptico ante ese carácter integrador. Aun así, durante los primeros años, su escepticismo no generó mayores fricciones, ya que la corriente dominante provenía de intelectuales liberales radicados en Estados Unidos, como el propio von Mises y von Hayek, quienes contaban además con mayor respaldo financiero, lo que les permitía imponer -hasta cierta medida- los temas a discutir en las reuniones.

En ese entonces, las ideas predominantes en la Sociedad Mont Pèlerin giraban en torno a la crítica a la planificación central, la concepción de la economía como una ciencia de la acción humana, y los riesgos de la manipulación monetaria por parte de los bancos centrales. Sin embargo, el espíritu ecuménico inicial también permitió la entrada de otras posiciones, que no veían con malos ojos cierto grado de intervención estatal en el libre mercado. Uno de los primeros representantes de esta visión fue Albert Hunold, economista y empresario suizo, invitado por Hayek a la fundación de la sociedad. Hunold, que aportó valiosos contactos financieros, fue elegido secretario de la organización, pero con el tiempo aspiró a presidirla. Para lograrlo, intentó volverse indispensable, asumiendo tareas incluso menores y gestionando correspondencia a las espaldas de Hayek. Esto generó crecientes tensiones, que a partir de 1956 se intensificaron hasta casi provocar la disolución de la sociedad.

Un profesor luxemburgués se atora con un trago de café

Con la creciente influencia de Hunold, la Sociedad Mont Pèlerin empezó a incluir más miembros que se alejaban de la línea dura del liberalismo clásico. Esta diversidad ideológica se volvió evidente incluso para los recién llegados. Tal fue el caso de Jean-Pierre Hamilius, joven profesor de economía de Luxemburgo, invitado por von Mises a la reunión de 1953 en Seelisberg, Suiza. Hamilius notó de inmediato que la sociedad estaba dividida en clanes ideológicos e idiomáticos. Se sentía más cercano a von Mises, Hayek y Henry Hazlitt, pero durante las discusiones —formales o en los cafés— escuchó críticas hacia la llamada “vieja guardia”, acusada de conservadurismo. Entusiasmado, Hamilius participó activamente en las discusiones, donde algunos miembros defendían propuestas claramente intervencionistas: John van Sickle abogaba por gravar las grandes herencias, Wilhelm Röpke apoyaba subsidios a propietarios de vivienda y Otto Veit sostenía que altos impuestos no desincentivarían la actividad empresarial.

Si hubiéramos estado ahí, al otro lado del salón durante una pausa para el café, seguramente habríamos notado la expresión de sorpresa de Hamilius tras un sorbo, exclamando para sí, y con los ojos bien abiertos: “¡Owe! ¡Que es que acá lo que hay son dos grupos!”. Se refería, por un lado, a los liberales clásicos, radicales en sus principios, y por otro, a un nuevo grupo de “otros” liberales. A estos últimos, por claridad, mejor llamarlos neoliberales. Y a sus ideas, pues, neoliberales.

Desde entonces, la influencia de los neoliberales dentro de la Sociedad Mont Pèlerin se hizo cada vez más visible. Gran parte de ello se explica por el éxito de las políticas promovidas por Ludwig Erhard, entonces ministro de Economía de Alemania Occidental y posteriormente canciller en 1963. Considerado precursor de la transición de una economía de planificación central a una economía de mercado, Erhard aplicó reformas como la reducción del control estatal y la liberalización de precios. Esto permitió eliminar el racionamiento, reactivar la producción y fomentar la inversión privada, lo que dio origen al llamado “milagro económico alemán”. Aunque figuras como von Mises no consideraban milagrosas tales medidas —pues ya conocían la superioridad del mercado como forma de organización social eficaz contra la pobreza—, Erhard representaba a esa corriente que, con su propuesta de “tercera vía”, hoy conocida como economía social de mercado, empezó a ganar legitimidad.

Así es como, a mi juicio, debe entenderse el concepto de neoliberalismo. Se trata, como lo percibió Hamilius, de una postura sobre cómo organizar la sociedad, nacida del distanciamiento de algunos intelectuales de la Sociedad Mont Pèlerin respecto al liberalismo más “radical”, por no decir verdadero. Estos pensadores rechazaban el escepticismo total frente al Estado y proponían lo que muchos consideraban -con toda la razón- imposible: una tercera vía, donde el mercado y el Estado coexisten, y este último actúa cuando el primero falla.

Ni nuevo, ni liberal aquel neoliberalismo

No obstante, esta propuesta —ni plenamente liberal ni realmente nueva— parte de una desconfianza en el mercado como mecanismo eficiente y éticamente defendible de asignación de recursos, y acepta sin reservas cierto grado de intervencionismo estatal. Pero tal idea es insostenible: el Estado, al no operar dentro de un sistema de precios, carece de la información necesaria para asignar eficientemente los recursos, por mínima que sea su intervención. Y cualquier intento del Estado por “proteger” a los individuos de sí mismos cae en una contradicción insalvable, pues requiere violar sistemáticamente su derecho de propiedad sobre sus propias vidas.

Ante esto, tanto al presidente Petro como a mis amigos de las escapadas mensuales les digo que anhelan y rechazan dos versiones de una misma hipocresía. La diferencia entre alguien como Petro y los neoliberales —así como entre mis amigos, los socialistas y los neoliberales— es solo de grado, lo que quiere decir que no hay ninguna diferencia real. Y, frente a esto, no me queda más que repetir, con la misma furia con la que lo hizo Ludwig von Mises ante la Sociedad Mont Pèlerin cuando varios apoyaban un impuesto progresivo sobre la renta: “You’re all a bunch of socialists!”

Los Menas y la maraña legislativa

Escrito por José Antonio Baonza Díaz en . Publicado en Análisis diario.

Después de meses de negociaciones clandestinas[1], que se remontan al verano pasado, cuando la acumulación de inmigrantes irregulares en centros de acogida de las islas Canarias indujo a sus autoridades a pedir al gobierno central un reparto de los denominados “menores extranjeros no acompañados (Menas)” hacia las demás comunidades autónomas; el gobierno dictó un decreto ley la pasada semana para reformar la Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros[2].

Esta enésima reforma legislativa nacía con la pretensión de crear un complejo mecanismo para decidir sobre sus deportaciones – descodificando el eufemismo “traslados” – que satisfaga a los separatistas catalanes y vascos, muy reacios a que sus administraciones regionales asuman responsabilidades que consideran ajenas, pero interesados en sostener a un ejecutivo que, por ejemplo, les delegue competencias estatales en materia de inmigración[3] en contra de la Constitución.

En todo caso, desde hace ya tiempo, con carácter general, corresponde a las autonomías la competencia de proteger a los niños en situaciones de riesgo o desamparo, asumiendo su tutela en defecto de sus progenitores o familiares directos.

A priori el transcurso de tanto tiempo desde la aparición de la “crisis” o ”situación de contingencia migratoria extraordinaria” habían convertido al decreto ley en un instrumento improcedente. Precisamente, la duración en el tiempo de esta situación impide equiparar la acción voluntaria y recurrente de individuos organizados para arribar a las costas españolas con un fenómeno meteorológico o un suceso imprevisible. A pesar de que confluye un transporte irregular de personas habitual, el legislador motorizado gubernamental distorsiona la realidad para invocar el supuesto de “extraordinaria y urgente necesidad” que justificaría (ex art. 86.1 CE) la oportunidad de dictar un Real decreto ley.

Por otro lado, dado que su objeto viene a ser la regulación de mecanismos administrativos que afectan a los derechos, deberes y libertades de los extranjeros, el gobierno infringe, asimismo, la reserva de ley orgánica prevista en la Constitución (art. 81 CE) e intenta eludir la prohibición de afectarlos mediante este tipo de legislación excepcional[4]. Cualquiera que hubiera sido su contenido, nada, excepto el gusto autocrático por el hecho consumado, habría impedido durante estos meses la tramitación ordinaria de un proyecto de Ley Orgánica para reformar la Ley de Extranjería.

El mecanismo aludido se atribuye a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia[5], con sede en el Ministerio de Juventud e Infancia, la cual adoptará la decisión del reparto de cuotas por unanimidad. Si este consenso no se produce, decidirá el “órgano competente de la Administración General del Estado” según un modelo que atenderá parámetros muy difíciles de objetivar. En resumen, una fachada de regulación para que, al final, prime el apaño, fruto de negociaciones ocultas entre el gobierno (ya identificado de facto con el PSOE) y los partidos nacionalistas con mayor potencial de sustentarlo en el poder, al tiempo que despliegan su chantaje separatista.

 Hasta ahora, por desgracia, a falta de una estrategia procesal adecuada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea[6], el gobierno sigue haciendo y deshaciendo todo tipo de normas y actos administrativos internos con desprecio por los límites constitucionales y legales, tomando las partes que le convienen en un momento dado de convenios internacionales multilaterales[7] o bilaterales[8] y del derecho comunitario europeo[9] y desechando las que le disgustan.

Porque esta es la gran falacia de la acogida de los menores extranjeros no acompañados. A pesar de la existencia de acuerdos internacionales bilaterales para la prevención de su entrada irregular y el retorno concertado[10], por una serie de intereses creados, el ejecutivo actual pretende imponer el dogma de la inevitabilidad de su llegada y acogida, como si fuera una obligación mantener a costa de los españoles a presuntos menores sin una indagación previa sobre su edad, identidad, sus antecedentes penales, o el paradero de sus padres. Desde cualquier perspectiva legal, estos últimos son realmente los responsables de la guardia y custodia de sus hijos y mantenerlos en su compañía.

Si a todo ello añadimos que la mayoría de estos menores extranjeros no acompañados proceden de países que no están asolados por la guerra, singularmente de Marruecos y Argelia, y de que el gobierno solamente repatrió a cinco de los 10.288 llegados por vía marítima en pateras entre 2021 y 2023[11], la necesidad de un replanteamiento de toda esta política se revela como urgente.

Notas

[1] A pesar de que la inclemente máquina adoctrinadora del gobierno presente la situación como normal, trapichear con un partido (Junts per Catalunya) cuyo dirigente máximo, Carles Puigdemont i Casamajó, se encuentra en rebeldía y fugado de la Justicia, tiene implicaciones muy graves. Debe insistirse en que solo se explica por la necesidad de un gobierno autocrático y corrupto de mantenerse a toda costa en el poder.

[2] Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

[3] Proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración, presentada el 11 de marzo por los Grupos Parlamentarios Socialista y Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados.

[4] Por mucho que la nueva disposición final cuarta de la Ley de Extranjería proclame que esta materia no queda reservada a una ley orgánica cuya aprobación, modificación o derogación (ésta es la clave) exigiría “la mayoría absoluta del Congreso, en una votación sobre el conjunto del proyecto”. (art. 86.2 CE)

[5] Un “conferencia sectorial” en el enrevesado sistema autonómico español es, según los artículos 147 a 152 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, un “órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado”, que reúne, como Presidente, al miembro del Gobierno central que resulte competente por razón de la materia, y a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

[6] Constatado el carácter ancilar respecto al ejecutivo de la mayoría de los magistrados del actual Tribunal Constitucional, con Cándido Conde-Pumpido Tourón a la cabeza, los jueces españoles, aprovechando el engarce a la jurisdicción europea comunitaria, deben desprenderse del temor reverencial al gobierno y a sus adláteres que están pavimentando la presente tiranía. Otro tanto cabe decir de los partidos de la oposición o los ciudadanos. En este sentido, véase la Sentencia del Tribunal de Justicia de la U.E, de fecha 5 de junio de 2023 en el Caso C‑204/21, mediante la cual, confirmando otras anteriores, el Tribunal responde a las trampas legislativas que intentó el gobierno polaco del PiS  para eludir su cumplimiento.

[7] Principalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en el seno de la ONU el 20 de noviembre de 1989.

[8] Un buen ejemplo es el Acuerdo, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007, entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado.

[9] La Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional y la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

[10] El mismo art. 35 de la L.O de Extranjería alienta y prevé actuaciones internacionales del gobierno para prevenir estas situaciones y repatriar a los menores de forma concertada, que pongo en duda que se cumplan.

[11] Rubén Pulido. El Gobierno sólo repatrió a cinco de los más de 10.000 menas llegados a España entre 2021 y 2023, la mayoría magrebíes.