Quítate tú para ponerme yo
En otros tiempos más recios Pablo Iglesias podría haberse disfrazado de Lenin como Largo Caballero en el 36, pero en esta época de pequeñoburgueses no hay que apelar a la revolución sino a la paga segura
Hasta nunca Mariano
Rajoy y su prole de gañanes relamidos, paridos todos durante el congreso búlgaro de Valencia en 2008, no supieron asimilar la victoria de 2011. Rajoy siempre ha despreciado a sus votantes.
De segundas y últimas oportunidades
La semana pasada el Gobierno aprobó la ley de segunda oportunidad, mediante la cual se pretende exonerar de sus pasivos a los deudores de buena fe que, a lo largo del procedimiento concursal, hayan sufrido la liquidación de todo su patrimonio sin ser capaces de resarcir el conjunto de sus obligaciones.
Se trata de un mecanismo de resolución razonable y necesario para los deudores que lo han perdido todo y que, de hecho, se ha hallado tradicionalmente disponible para las personas jurídicas: una sociedad de responsabilidad limitada únicamente responde de sus deudas con el activo empresarial (y no con el activo personal de sus socios); una cláusula perfectamente legítima por cuanto ha sido aceptada por todos sus acreedores antes de establecer relaciones con ella. Bienvenida sea, pues, una reforma legislativa que habilite este mismo régimen para las personas físicas.
Sucede, sin embargo, que resulta altamente improbable que este Gobierno haga una sola cosa a derechas, motivo por el cual su ley de segunda oportunidad no se encuentra libre de importantes taras que podrían terminar emponzoñando sus consecuencias. A este respecto, voy a dejar de lado en mi crítica, por obscenamente sintomático, el que la normativa excluya de la exoneración los llamados créditos preferentes, esto es, las deudas que la persona física mantiene con Hacienda y con la Seguridad Social. Para el Gobierno, todo es susceptible de ser impagado menos las mordidas de Montoro y de Báñez: éstas por necesidad se conservarán hasta la misma sepultura (y acaso más allá).
Pero el verdadero error de fondo de la ley no es tanto lo anterior –que únicamente expresa la asimetría autoritaria con la que siempre se inmiscuye el Estado en las relaciones sociales– cuanto su naturaleza imperativa, es decir, que no quepa pacto en contra. El liberalismo siempre ha propugnado el libre pacto en materia de contratos: máxima autonomía de la voluntad para elaborar la ley privada bajo la que regirían sus tratos ambas partes. El fundamento ético de esta máxima autonomía de la voluntad es bastante fácil de comprender: por un lado, es cada parte –como sujeto moral y de derecho– la que está legitimada para obligarse como prefiera por la vía de otorgar su consentimiento; por otro, es cada parte la que mejor conoce sus circunstancias particulares para poder ajustar el contenido contractual a ellas.
La ley de segunda oportunidad del PP omite por entero este principio liberal de la autonomía de la voluntad y, con el teórico objetivo de beneficiar a los sectores más débiles de la sociedad, termina perjudicándolos. A la postre, a partir de la entrada en vigor de la normativa, todos los acreedores serán conscientes de que, en última instancia, su capacidad de recobro vendrá limitada por el patrimonio del deudor: si éste es inexistente y no hay expectativas de que vaya a ampliarse en el futuro cercano, entonces no lo financiarán o lo harán en condiciones mucho más onerosas. Ante semejante brete, lo razonable sería que el prestatario pudiese pactar con su prestamista garantías adicionales para así reducir el riesgo de la operación: por ejemplo, debería poder renunciar al régimen de exoneración de pasivos previsto en la ley de segunda oportunidad del PP y acogerse al artículo 1911 del Código Civil, por el que quedan subordinados al repago de sus obligaciones todos sus bienes presentes y futuros. Pero no. Esto no es posible.
Una ley de segunda oportunidad sobre la que no quepa pacto en contra es equivalente a una normativa que obligue a todo empresario a desarrollar sus actividades a través de una sociedad de responsabilidad limitada, olvidando que muchos de ellos optan hoy en día por acogerse a las sociedades personalistas (donde la responsabilidad es ilimitada) precisamente para contar con más opciones de acceder a la financiación ajena. El riesgo de obligar a los deudores a disfrutar de la potestad de exonerar sus deudas en caso de insolvencia sobrevenida es justamente el de que las personas sin patrimonio se vean excluidas del mercado de crédito: que no se les conceda una segunda oportunidad sino que se les imponga la última. Necesitamos contratos libres, no contratos planificados e impuestos desde La Moncloa.
Poderoso Ibex
Gracias a Antonio Salazar he podido leer estas declaraciones de Federico Aguilera Klink, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Dice que si hubiera justicia los gobernantes que llevamos soportando desde hace varias décadas estarían en la cárcel. Desde luego, por lo que han subido los impuestos, usurpando bienes ajenos, les correspondería. Hace suyo el profesor Aguilera Klink un comentario de la catedrática de Ética Victoria Camps: “Todos los que participan en los gobiernos son culpables de la situación que vivimos”. También lo comparto: cuando Rajoy ganó las elecciones prometiendo bajar los impuestos y después los subió, todo su equipo debió renunciar, para no secundar a un mentiroso y un enemigo de la libertad.
Pero inmediatamente el profesor Aguilera se declara entusiasmado con Evo Morales, Rafael Correa, Nicolás Maduro y el difunto Hugo Chávez. Dadas las flagrantes violaciones de los derechos de los ciudadanos perpetradas por esos gobernantes, aquí hay algo que no encaja. Y entonces descubrimos la clave del asunto: resulta que don Federico cree que esos sátrapas latinoamericanos gobiernan para todo el pueblo, mientras que nuestros sátrapas locales no gobiernan para el pueblo sino… para el Ibex.
Acabáramos. Ya estamos otra vez con la visión ingenua de la política, heredera de Marx, según la cual el Estado capitalista es un mero “títere de la burguesía”, los que mandan de verdad, el famoso “poder económico”.
Esto es falso, puesto que manda el poder político, asociado con otros, que pueden ser empresarios, sindicatos, burócratas nacionales e internacionales y grupos de presión de muy diversa índole. Pero nunca se produce la fantasía izquierdista y populista de que hay una minoría de capitalistas que mandan sobre los Estados. Esto nunca ha sido así, pero siempre ha sido agitado como bandera para justificar la opresión de los políticos sobre el conjunto de la población.
Convendría que Aguilera Klink y tantos otros economistas dejaran atrás la edad de la inocencia pre Buchanan y empezaran a analizar la lógica del poder político, una lógica propia, con un apreciable grado de autonomía, y no un mero reflejo de un poder económico en la sombra. Entre otras cosas, podrían pensar en que es raro eso de que el Estado sea un títere de la burguesía. Curioso títere, en efecto, es el que obliga a pagar al titiritero.
Índice y decálogo de los países desdichados
Bloomberg Business reveló recientemente que Venezuela es el país más “miserable” del mundo. La traducción es demasiado literal. En español sería más apropiado decir que es el más “desdichado”.
La aseveración de Bloomberg surge de la aplicación de una simple fórmula acuñada hace más de medio siglo por el economista norteamericano Arthur Okun: se suman el nivel de desempleo y el índice de precios. Con esos elementos se compila el Misery Index.
Venezuela, en efecto, tiene la inflación más alta del planeta, lo que se refleja en el índice de precios, pero su nivel de desempleo es bajo, menos de un 7%, aunque la mayor parte de los puestos de trabajo han surgido en el sector público, dado que miles de empresas han debido cerrar sus puertas por las desquiciadas medidas antieconómicas del gobierno chavista.
El segundo país en ese Índice de Desdicha es Argentina. A una escala menor, el gran país sudamericano también es víctima de una altísima inflación. Nada nuevo bajo el sol. Lleva décadas de intermitentes malos gobiernos. Como el bandoneón que tanto gusta en aquellos parajes, se expande o contrae frecuentemente. Ahora está en una fase aguda de contracción.
La inflación y el desempleo son dos flagelos que explican la desgracia de una sociedad, pero no son suficientes. Yo agregaría otros ocho factores para construir el decálogo de las desdichas capitales.
El desabastecimiento sería el tercero. Pasarse la vida en una fila esperando para poder comprar algo es una maldición que suele materializarse en los países socialistas de economía centralizada y controles de precios. Los venezolanos ya han descubierto el horror de pelearse a puñetazos por comprar unos pollos o tres rollos de papel higiénico.
El cuarto sería el porcentaje de delitos. Es espantoso vivir con la guardia en alto, encerrado en la propia casa, sometido a un virtual toque de queda porque tan pronto se pone el sol los ladrones, asesinos y violadores salen a cometer sus fechorías. Según el International Crime Index, que computa una docena de graves violaciones de la ley, Venezuela es el segundo país del planeta en número de delitos (84,07). El peor es Sudán del Sur (85,32), un país recién estrenado en medio de una guerra civil. Más de 50 se considera una sociedad peligrosa. Singapur, la menos peligrosa, luce un 17,59.
El quinto es el nivel de corrupción de la administración pública. Como se trata de delitos ocultos, hay que confiar en la opinión general de la gente. La institución dedicada a medir estas percepciones es Transparencia Internacional. De acuerdo con ella, Venezuela es una pocilga. Es el 160º de 175 países escrutados. El peor, con mucho, de Hispanoamérica.
El sexto es la protección y la calidad de la justicia. Si cuando usted tiembla llama a la policía para que lo proteja, es una buena señal. Si cuando la policía se acerca usted tiembla, la situación es muy grave. A la labor de los agentes del orden se agrega la existencia de leyes razonables, jueces justos, procesos rápidos y cero impunidad.
El séptimo es la movilidad social. La posibilidad real de mejorar la calidad de vida por medio del esfuerzo propio. No hay situación más triste que saber que, hagas lo que hagas, tu vida seguirá siendo pobre, y lo más probable es que mañana será peor que hoy.
El octavo es el PIB per cápita. Es decir, la suma del valor de los bienes y servicios producidos por una sociedad durante un año. Se podrá alegar que la repartición es desigual, pero hay una evidente correlación entre el PIB per cápita y la calidad de vida. Como regla general, los 20 países con mayor PIB per cápita del mundo son los que encabezan el Índice de Desarrollo Humano que publica la ONU.
El noveno elemento es la libertad. Aunque no se menciona, los países menos libres, aquellos en los que la camarilla del poder toma todas las decisiones, aporta todas las ideas e impone sus dogmas por la fuerza, son los más pobres y los menos dichosos.
El décimo, por último, es la cantidad de emigrantes. No hay síntoma más elocuente del fracaso de una sociedad que el porcentaje de gente que tiene que escapar de ella para sobrevivir. Cuanto más educada es la emigración –como sucede con la venezolana–, más evidente es el desastre. Cuando emigran los emprendedores, los ingenieros, los médicos, las personas que teóricamente pudieran labrarse un buen porvenir en la patria en que nacieron, es señal de que estamos ante sociedades fallidas.
Hay que compilar ese índice. Cruzar esas variables sería muy útil.
Podemos propone organizar por decreto la vida de las familias
El pasado lunes, Podemos presentó su última propuesta. El documento es una mezcla entre medidas económicas y sociales y ha pasado relativamente desapercibido. Quizás, el título ("Reorganizar el sistema de cuidados") ha hecho pensar a muchos que hablamos de una especie denueva Ley de Dependencia, con mucho gasto público, subvenciones crecientes y algún apunte en temas de igualdad.
En realidad va mucho más allá. La formación quiere organizar a todas las familias españolas según sus criterios. A los que estén de acuerdo con sus gustos y a los que no. Si gana las elecciones, todos tendrán que amoldarse al esquema mental de los chicos de Pablo Iglesias.
La propuesta habla a menudo de la socialdemocracia europea, con sus promesas de que el Estado cuide del ciudadano de la cuna a la tumba. Pero Podemos adelanta por la izquierda cualquier programa político que se haya conocido en España hasta el momento, al menos entre los partidos con opciones a llegar al Parlamento. En realidad, lo que piden es que los burócratas sustituyan a las familias y que los hogares se organicen de acuerdo a lo establecido por la ley.
De hecho, el programa reniega ahora algunas de las propuestas clásicas del feminismo. Los permisos de maternidad, las ayudas por hijo, las subvenciones para dependencia: todas estas medidas fueron durante años el caballo de batalla de la izquierda. Muchas de ellas se han aplicado, pero no han dado los resultados que sus defensores aseguraban que tendrían.
¿Y qué plantea ahora Podemos? Aceptar las críticas y reconocer que se equivocaron los que durante años tacharon de retrógrados a los que disentían. No. Culpa a las "políticas neoliberales" de las consecuencias y anuncia una nueva vuelta de tuerca. Como la sociedad no ha cambiado como se preveía, habrá que dar un paso más. Ahora se conseguirá por la fuerza.
¿Socialdemocracia nórdica?
Como decimos, lo largo de todo el documento hay constantes referencias a los países nórdicos. No es la primera vez que Podemos usa a Suecia, Dinamarca, Islandia o Finlandia como reclamo. Es lógico. Todos ellos son países con una alta calidad de vida, elevados ingresos y una economía competitiva.
El problema es que prácticamente ninguna de las medidas que presenta el partido de Pablo Iglesias se aplican en ninguno de estos países. De hecho, algunas se aplicaron en su momento y fueron descartadas por sus pésimos resultados. No hay más que recordar que Suecia, que fue una de las economías que más creció entre los años 50 y 60, entró en una profunda decadencia en las dos décadas siguientes. El país estuvo al borde de la bancarrota a comienzos de los noventa. Sólo con las medidas liberalizadoras que se aplicaron a partir de 1990 se logró la recuperación.
Pero no es sólo una cuestión temporal. También hay diferencias cualitativas. En los países socialdemócratas del norte de Europa la idea era otorgar más posibilidades a través de la redistribución, pero dejando la organización de su vida a cada ciudadano (o cada familia), incluyendo un amplio margen para la provisión privada de servicios públicos. Es discutible si han logrado su objetivo y si es ésta la única forma de conseguirlo; pero en cualquier caso, no es esto lo que pide Podemos. El programa de esta formación no quiere que cada hogar se organice, al menos si lo hace en dirección contraria a sus deseos. En muchos casos, lo que pretende es diseñar cómo tienen que ser las familias españolas.
Las medidas
– "Jornada laboral máxima de 35 horas semanales con cómputo semanal": ningún país tiene este modelo. Francia, el único que se acercó, tuvo que dar marcha atrás porque supuso un desastre en términos de pérdida de puestos de trabajo, competitividad y menores salarios para los nuevos contratos. Universalizar la jornada de 35 horas sólo puede hacerse de dos formas: o se reducen los salarios en la misma proporción (algo a lo que los trabajadores no parecen muy dispuestos) o se pierde competitividad. Si le ley obliga a mantener los sueldos, eso implicará un aumento de los costes del 15% para las empresas españolas. En estas condiciones, será muy complicado que mantengan su producción (y el empleo) frente a sus competidores exteriores.
Ni siquiera se preguntan en el documento si no habrá miles de trabajadores (especialmente en los sectores mejor pagados y de más productividad) que quieran dedicar más tiempo a sus empleos a cambio de un mayor salario. En contra de lo que se insinúa en ocasiones, en la actualidad son las ocupaciones mejor pagadas las que también exigen una mayor dedicación horaria.
Además, el cómputo se hará de forma "semanal". Es decir, también se prohíben los picos de actividad. Las industrias que tengan períodos especialmente intensivos no podrán pedir a sus trabajadores un esfuerzo extra en esos momentos a cambio de más vacaciones o jornadas más cortas en la temporada valle. Del mismo modo, aquellos trabajadores que ahora agrupan su actividad durante unos meses (algo habitual en España en el sector turístico) tampoco podrán hacerlo. Son 35 horas, para todos y en todo momento.
– "Acabar con la dualidad entre jornadas interminables y empleo a tiempo parcial", un tipo de ocupación que "no es un trabajo digno porque no proporciona los mínimos derechos económicos, sociales y laborales": habrá quien piense que reducir la jornada laboral es una buena idea. Sobre todo si le convencen de que no llevará aparejada una reducción equivalente en el sueldo (es difícil imaginar cómo se conseguiría, pero eso es lo que dicen desde Podemos).
Pero el partido de Pablo Iglesias no sólo quiere poner un límite máximo. También le molestan las jornadas laborales cortas. Por eso, en su propuesta ataca al empleo a tiempo parcial, del que asegura que no es "trabajo digno".
En el norte de Europa la extensión de este tipo de trabajos viene de la mano de la prosperidad. Esto Podemos lo oculta, pero son precisamente los modelos en los que dice fijarse los que presentan una mayor incidencia del empleo a tiempo parcial. De esta forma, los países de la UE en los que el empleo a tiempo parcial es más habitual son: Holanda (cerca del 50% del total de puestos de trabajo), Suecia, Austria, Alemania, Dinamarca o Reino Unido (todos estos con porcentajes alrededor del 25%). Además, en todos estos países, la gran mayoría del empleo a tiempo parcial es voluntario y no está asociado a trabajos poco cualificados o mal pagados. En algunos casos, incluso, la remuneración por hora es igual o superior a la de los trabajadores a jornada completa.
Es un fenómeno que se ha intensificado en las últimas décadas y que no tiene nada de malo. Simplemente, llegados a un determinado nivel de ingresos, las familias suecas, holandesas o austriacas deciden que uno de los dos progenitores limite sus horas de trabajo. Es cierto que en la mayoría de las ocasiones es la mujer la que toma esta decisión, pero también es verdad que cada vez existe más igualdad en esta cuestión. Lo que podría entenderse como una conquista de las familias (su capacidad para decidir cómo organizar su tiempo y si dedicar más espacio a su trabajo o a su hogar) no tiene cabida para los ideólogos de Pablo Iglesias que quieren que todos los hogares sean iguales.
– "Permiso de paternidad igual para cada persona progenitora, intransferible y pagado al 100% del salario": es una de las medidas estrella. Entre otras cosas porque a primera vista puede sonar bien a buena parte del electorado y porque parece una ampliación de los "derechos" de los que tanto hablan los políticos.
Sin embargo, hay que hacer varias puntualizaciones. Para empezar, aunque se cite a los países nórdicos, hay que recordar en ninguno de ellos existe un esquema similar. Quizás lo más parecido sea Suecia, en el que los padres tienen hasta dos meses de permiso no obligatorio que no pueden ceder a sus parejas. En la mayoría de los países (incluido España), la tendencia es la de ampliar opciones para que las familias escojan. Normalmente, se garantizan unas semanas de permiso para la madre justo después del parto y unas semanas (menos) para el padre; luego se permite que sea cada familia la que decida cuál de los dos padres se acogerá al resto de beneficios permitidos por la ley (en la UE hay de todo, desde permisos hasta que el niño cumpla uno o dos años hasta la posibilidad de pedir una reducción de jornada durante unos años). La idea es que no sean siempre las madres las que se acogen a estas alternativas, pero no suele haber imposiciones legales, sino que se admite que cada hogar decida según sus preferencias y circunstancias.
Por eso, incluso sin tener en cuenta los temas económicos (cuánto cuestan estas medidas y quién las paga), habría que preguntarse cuál sería el impacto en la sociedad de las propuestas de Podemos, que no permiten la elección, sino que obligan. Su razonamiento es el siguiente: ahora mismo las mujeres "se ven etiquetadas por las empresas como ‘menos disponibles para el empleo"; por lo tanto, equiparando permisos de paternidad y maternidad, eliminamos este problema. Pero cuidado, si seguimos la lógica de Podemos, la conclusión no tiene por qué ser ésta. Según los autores del documento, ahora las empresas discriminan al colectivo que se coge permisos de maternidad. Es muy discutible que exista esa supuesta discriminación, pero asumiendo que la hay, ¿qué les hace pensar en que no ocurriría lo mismo si se amplían por decreto los beneficiarios de ese permiso? Es decir, las empresas podrían "etiquetar como menos disponibles para el empleo" a todas las personas de entre 25 y 40 años que tengan una pareja estable, sean hombres o mujeres.
Visto desde el punto de vista del trabajador también hay consecuencias. Si hombres y mujeres saben que si tienen hijos tendrán que cogerse el permiso de maternidad o paternidad quieran o no quieran, ¿incentivará esto la natalidad y el matrimonio o tendrá exactamente el efecto contrario? Por un lado, Podemos dice que con el actual el permiso de maternidad se reducen las cifras de natalidad, porque las mujeres dejan de tener hijos para no ser penalizadas en el trabajo. Pero no se llega a la misma conclusión cuando hablan de obligar a los dos padres a hacer lo mismo. Cuanto menos es algo contradictorio.
– "Eliminar el artículo 18 de la Ley de Dependencia que prevé la prestación por cuidados en el entorno familiar": ésta es la propuesta más curiosa de todas. En una primera lectura, podría parecer contradictoria con el resto del documento que está trufado de promesas de incrementar el gasto público en "cuidados". De hecho, los autores reconocen que una de sus pretensiones es completar el trabajo que inició José Luis Rodríguez Zapatero con la Ley de Dependencia. No hay ninguna explicación de cómo se pagaría, pero si la intención clara de ampliar el intervencionismo del Estado.
Por eso, llama la atención que se pida "eliminar el artículo 18" de aquella norma. Este precepto prevé que los familiares de los dependientes puedan hacerse cargo de sus cuidados, recibiendo una paga del Estado a cambio de esos servicios. Pues bien, tampoco esto le vale a Podemos. Si hay un dependiente y el Estado paga por sus cuidados, que sea un funcionario el que se ocupe. Nada de una hija cuidando a su padre o un padre dedicando tiempo a su hijo.
– En lo que hace referencia a las empleadas de hogar, aseguran que"este tipo de trabajo se presta a relaciones serviles y a todo tipo de abusos" y abogan por su supresión o su reducción al mímimo.Podemos también pone a las empleadas del hogar en su punto de mira y afirma que su modelo son los países nórdicos, donde asegura que lascifras en este sector son "ínfimas".
También aquí se insinúa una cierta contradicción. Por un lado, admite que "un hogar no es un lugar de trabajo normal: la prueba es que la Inspección de Trabajo no entra en los hogares". Por otro, pide la "equiparación" de los derechos laborales para las personas que se dedican a estos menesteres, que en estos momentos tienen un régimen más parecido al de los autónomos.
Evidentemente, si esto saliera adelante, implicaría un incremento brutal de costes. Hay que recordar que los trabajadores por cuenta ajena le cuestan a sus empresas mucho más de lo que recoge su salario bruto. Los costes en cotizaciones, seguros o formación casi duplican lo que el empleado recibe en su cuenta bancaria. Si a eso le sumamos las complejidades administrativas de emplear por cuenta ajena (y viendo el programa económico de Podemos no parece que vaya a simplificar esta cuestión), parece lógico pensar que cientos de miles de familias tendrían que prescindir de sus empleadas. ¿Cómo afectaría a estas trabajadoras, las de menor cualificación y con menos posibilidad de recolocación? ¿Qué consecuencias tendría en el incremento del empleo sumergido? ¿En qué posición quedarían las familias que ahora optan por contratar estos servicios? Pues tendrían que dedicar parte de su tiempo libre a hacer algo por lo que ahora están dispuestos a pagar, simplemente porque a Podemos no le gusta cómo organizan su vida.
– "Es necesario asegurar que todas las criaturas tienen plaza en una escuela de educación infantil pública de calidad desde el día siguiente a la finalización de los permisos de sus progenitores/as. Es importante que esta escuela sea gratuita y ofrezca horarios suficientes. La educación infantil no es solamente una necesidad de madres y padres sino también, y sobre todo, un derecho fundamental de las criaturas".
De nuevo, no sólo hablamos de ofrecer más opciones a las familias o de ayudar a pagar una guardería. Podemos quiere ir más allá. Aunque todavía no habla de hacer obligatoria la asistencia a la guardería, el documento habla claramente de "universalizar" la educación desde los cero años y asegura que éste es un "derecho" de todas las "criaturas" (por cierto, ésta es la denominación que utiliza a lo largo de todo el documento: ni hijos, ni niños ni siquiera menores… para Podemos son "criaturas").
Varias cuestiones llaman la atención. Lo primero es que cuando uno habla de "derechos" de la "criatura" lo que se intuye es que no es una potestad de los padres decidir si quieren o no llevar a sus hijos a la guardería, sino una obligación para con el niño. Sorprende especialmente cuando se combina con la exigencia de "permisos de paternidad y maternidad no transferibles". Es decir, como hemos visto anteriormente, para Podemos es inaceptable que durante los cuatro primeros meses de la vida de un niño (la duración actual del permiso de maternidad) cualquiera de sus padres trabaje y descalifica a aquellos que piensen lo contrario.
Pero al mismo tiempo, cree que es igualmente inaceptable que a los cuatro meses y una semana de la vida del mismo niño cualquiera de sus dos padres siga en casa y dedique su tiempo a cuidar a su retoño. Tienen que ser exactamente dieciséis semanas de permiso de paternidad para los dos padres y para todas las familias. Ni más ni menos.
Además, hay que apuntar que la idea de que las guarderías sean beneficiosas para el niño "desde los cero años" está muy lejos de estar ampliamente aceptada. Entre los expertos no hay ni mucho menos unanimidad, ni en un sentido ni en otro. Es una cuestión abierta a la discusión. Por eso, lo normal sería que cada familia eligiera en función de sus necesidades y sus criterios. En todos los países avanzados de Europa se hace así. Sin ir más lejos, en Finlandia el 71% de los niños menores de tres años es atendido por sus familiares. Es el porcentaje más elevado de la UE-15, muy por encima del 49% en España. Y hablamos del país con el sistema educativo más exitoso y uno de los estados del bienestar más completos del mundo.
– "Prestaciones universales por criatura, independientemente del nivel de renta y del tipo de familia. Prestaciones por familia monoparental. Especial atención en los servicios públicos e integración en el empleo de calidad de las familias monoparentales": en dos frases consecutivas Podemos se contradice. Primero habla de "prestaciones por criatura", sin tener en cuenta el tipo de familia. A continuación, se desdice y afirma que si la familia es monoparental entonces sí habrá un extra por cada hijo.
Resulta cuanto menos curioso que las únicas familias que vayan a recibir una ayuda extra sean éstas. En EEUU hace años que se preguntan por las consecuencias sociales del incremento de este tipo de familias y el sentido de unas ayudas que se instituyeron para resolver una situación de necesidad pero han terminado convirtiéndose en un incentivo perverso. Por ejemplo, este artículo en The Atlantic, una publicación más bien progresista, alerta de "El misterioso y alarmante crecimiento de los hogares con un sólo progenitor en EEUU". Este otro, en Forbes, asegura que "los hijos de padres solteros tienen muchas más posibilidades de experimentar pobreza infantil, convertirse en padres solteros o dejar la escuela".
*** Actualización (08-03): se ha añadido un párrafo en el epígrafe sobre los permisos de maternidad, para aclarar la diferencia entre lo actualmente vigente en la mayoría de los países europeos y la propuesta de Podemos.
Tsipras o el infierno de lo real
En política los grandes planes suelen salir mal. En ese gremio la suerte no ayuda a los audaces, ayuda a los prudentes, a los que tratan de mantenerse dentro de la foto sin significarse demasiado y sin que se acierte a ver como el colmillo afilado sobresale por encima del labio superior. No lo digo por la farsa tragicómica de traiciones, puñaladas y confidencias desde el talego que nos está regalando el PP de Madrid en los últimos días. Eso es caza menor. Lo digo por el ridículo que ha hecho Alexis Tsipras solo un mes después de haber ganado las elecciones. Si hubiese medido más sus palabras en la campaña hoy no se vería en estas. Tsipras, a diferencia de Pablo Iglesias, es un político profesional. Lleva muchos años viviendo de esto, politiqueando desde que andaba por el instituto. Solo de jefe de la oposición ha pasado más de un lustro. Así que a lo peor se lo cree y todo. Podría ser, los comunistas –y Tsipras lo es desde la adolescencia– siempre han sido muy dados a tragarse sus propias patrañas.
La batalla de Tsipras era contra la realidad, empeño encomiable pero quimérico. El programa de Syriza partía de dos presupuestos básicos de los que emanaba el resto: que la deuda se podía dejar de pagar sin consecuencias, y que, una vez consumado el impago, alguien entregaría una cantidad ingente de dinero a su Gobierno para que financiase un colosal paquete de gasto que, por sí mismo, acabaría con la crisis de un plumazo. De lo primero se encargaría el superministro Varoufakis –un juguete roto del que ya nadie se acuerda–, de lo segundo él mismo en carne mortal y espíritu justiciero. Pintaba bien, pero era improbable encadenar ambos eventos más allá de la imaginación de los propios líderes de Syriza, que de tanto repetir los mantras los tomaron por una suerte de verdad revelada. Nótese que, a pesar de lo apetecible de las promesas, solo el 36% de los votantes se decantó por el partido de Tsipras, lo que demuestra que una mayoría de griegos desconfiaba de soluciones mágicas.
Abajo, en el infierno de lo real, Tsipras no ha tardado en comprobar que en la Unión Europea están muy hartos del Gobierno griego. No ya de este, sino de todos los anteriores, un hato de farsantes que fueron empalmando una mentira tras otra, un incumplimiento tras otro sin el más mínimo pudor. La capacidad de negociación de Tsipras estaba por tanto muy mermada. Con una economía insignificante y en estado terminal llegar fanfarroneando como un chulo de feria a Bruselas no era la mejor idea, pero sí era el único cartucho que el Gobierno de izquierda radical tenía para contentar a sus votantes, a quienes llevan años prometiéndoles el oro, el moro y el fin de los sacrificios.
Por sacrificio hay que entender algo tan elemental como que el Estado griego viva de lo que recauda, y no de una perpetua línea de crédito exterior con la que sostener y acrecentar un sector público inmenso e hipertrofiado. Los padecimientos de los griegos, que han sido múltiples en los últimos años, no se deben a la severidad de Angela Merkel, sino a la estructura misma de un país que todo lo espera del Gobierno. El encantamiento ha durado exactamente un mes. No podía durar mucho más. Ahora Tsipras tiene que decir la verdad a su gente. Tiene que decirles, por ejemplo, que el gasto público no crecerá, que será imposible contratar nuevos funcionarios o que el plan de privatizaciones del Gobierno de Samaras seguirá su curso como si nada hubiese pasado. La realidad es así de ingrata. “El poder es la impotencia”, cuentan que le dijo Calvo-Sotelo a Felipe González el día que le entregó las llaves de la Moncloa. El gobernante de un país en quiebra no debe prometer cosas que va a ser incapaz de cumplir. Eso es exactamente lo que hizo Tsipras antes de las elecciones. Podría rebelarse y dar carpetazo final al asunto sacando a Grecia del euro para, a continuación, llevar a cabo su programa con dracmas devaluadas. Podría sí, pero es poco probable que lo haga. De meterse en un plan semejante la quiebra sería prácticamente inmediata porque nadie va a dar tanto al Gobierno griego a cambio de tan poco como le ha dado la denostada troika. Ni Rusia, ni China ni el sursuncorda.
Los números, por más que Varoufakis los haya retorcido hasta dejarlos irreconocibles, son tozudos. Grecia produce poco, gasta mucho y, para colmo, está pésimamente administrada, la corrupción campa a sus anchas y el imperio de la ley languidece. Crear dinero de la nada no es crear riqueza, es destruirla. Si el recurso de la imprenta funcionase de verdad no habría que preocuparse por nada, no habría siquiera economía, todos viviríamos en Jauja y el activo internacional de reserva serían los cartuchos de tinta de HP. Bastaría con una impresora a color sencillita, un sello del banco central y una buena provisión de tinta y papel para esquivar por siempre la pobreza. Insisto en este punto porque por estos pagos los hay que repiten a diario la letanía de la redención a través de la así llamada “soberanía monetaria”. No hay ninguna soberanía en la inflación y su cohorte de miserias. Pero nadie aprende en cabeza ajena. Su infierno al final bien podría ser el nuestro.
En defensa del cártel de la leche
La palabra cártel lleva asociada carga evidentemente peyorativa. Sin embargo, la RAE simplemente lo define como un “convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial”. Eso de “evitar la mutua competencia” no suena del todo bien, aunque tampoco hay motivo para que sea así: si dos agentes no compiten entre sí, simplemente están cooperando. La propia RAE define cooperar como “obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin”: es decir, el cártel es una cooperación empresarial para minimizar la competencia salvaje entre los partícipes en el cártel.
¿Es negativa la cooperación empresarial para no perjudicarse mutuamente? Muchos anticapitalistas consideran que no, que de hecho el Estado debería imponer la sustiución de la competencia por la cooperación entre empresas. Por ejemplo, Christian Felber, en su libro La economía del bien común, propone instaurar un régimen de “cooperación estructural” entre empresas que sustituya a la competencia: “Tal vez el ejercicio de reflexión más difícil de la economía del bien común es la visualización de que las empresas no deben actuar unas contra otras, sino una con otras, y al hacerlo serán recompensadas por ello”. Es decir, Felber defiende que las empresas deben cartelizarse.
Mas que los anticapitalistas rechacen la competencia es algo desde antaño conocido: acaso sorprenderá, en cambio, que un liberal afirme que la competencia directa y enconada entre agentes económicos no siempre tenga por qué ser positiva. Semejante sorpresa probablemente se deba a confundir el liberalismo (y los beneficios económicos que comporta) con el modelo de competencia perfecta. Este modelo supone que la eficiencia económica se alcanza, entre otras condiciones, dentro de un contexto de agentes atomizados, asociales, independientes y sin capacidad alguna de negociación. Pero es obvio que este modelo peca de reduccionista en muchos supuestos fácilmente imaginables: en el mercado también existen las economías de escala (reducción de costes por incremento del número de unidades producidas y vendidas) y las sinergias (complementariedades positivas derivadas de la cooperación del capital humano, físico o financiero de dos o más unidades productivas). Por eso, las adquisiciones y fusiones entre empresas, las joint ventures, las franquicias o los acuerdos de distribución son modalidades de cooperación entre compañías que no encajan dentro del modelo de competencia perfecta pero que pueden ser perfectamente funcionales y eficientes.
De hecho, y llevando el propio modelo de irreal atomización propio de la competencia perfecta hasta el extremo, uno debería concluir que la propia existencia de empresas (sobre todo, cuando son empresas desigualmente organizadas y estructuradas) viola los supuestos del modelo. Una empresa no es más que un acuerdo por el que varios agentes productivos (empresarios y trabajadores de muy distintas categorías) deciden cooperar para producir conjuntamente. ¿Y por qué existen las empresas? Entre otros motivos, porque así minimizamos tanto los costes de transacción asociados con la captación de información en el mercado (Coase) cuanto los costes del oportunismo engendrado por los incentivos perversos propios de contexto con ultraespecificidad de activos (Williamson). Anatema: personas cooperando dentro del capitalismo en lugar de compitiendo hasta aniquilarse mutuamente.
O dicho de otra manera: una de las principales ventajas competitivas es descubrir el tipo de organización empresarial óptima para generar en cada contexto económico el máximo valor posible para los consumidores. ¿Y cuál es esa organización empresarial óptima en cada contexto económico? Simplemente no lo sabemos: para eso existe el mercado… para probar, equivocarse, rectificar y terminar descubriéndolo. La competencia, decía Hayek, es un proceso de descubrimiento: y, por tanto, no sólo hemos de permitir la competencia en el precio o en las cualidades del producto final, sino también en la propia organización empresarial encargada de fabricarlo. ¿Podría ser el cártel una de esas formas de organización empresarial óptima en algunos contextos? Sí, podría.
¿Para qué sirven los cárteles?
Los cárteles son una fusión parcial y reversible entre dos o más empresas dirigidos esencialmente a coordinar los precios y las cantidades que ofertarán a sus clientes así como los precios y las cantidades que demandarán a sus proveedores. Indudablemente, una de las principales razones para establecer un cártel puede ser el de aumentar su poder de negociación frente a sus clientes o proveedores: cobrarles un mayor precio a los primeros y pagarles un menor precio a los segundos.
Ésta es la finalidad que muchos consideran más innoble y censurable de los cárteles: la colusión para parasitar a clientes o a proveedores desequilibrando la posición negociadora de las partes. Pero el cártel bien podría servir para lo contrario: es decir, no para desequilibrar la posición negociadora de las partes, sino para equilibrarla. Si los consumidores o los productores se hallan muy dispersos frente a un gran suministrador o frente a un gran cliente, pueden cartelizarse para ponerse a su altura. En determinados ámbitos, de hecho, estos cárteles por el lado de la demanda y por el lado de la oferta no sólo los consideramos moral y económicamente aceptables, sino incluso del todo imprescindibles.
Por ejemplo, no es inhabitual que los consumidores se agrupen frente a las grandes eléctricas para efectuar compras colectivas de electricidad con las que lograr un precio medio inferior a si cada uno de ellos negociara individualmente (una solución propuesta por el economista Harold Demsetz ya en 1968). ¿Y qué es una agrupación de consumidores para lograr mancomunadamente un menor precio? Pues un muy legítimo cártel de demanda. Lo mismo cabe decir con respecto al más célebre de los cárteles de oferta: los sindicatos. En un sindicato, los trabajadores se unen (se cartelizan) para reivindicar un mayor salario (un mayor precio) frente al empresario; no en vano, la primera de las leyes antitrust de la historia (la Sherman Act estadounidense de 1891) no sólo prohibía los acuerdos entre empresas para fijar precios, sino también los acuerdos sindicales entre trabajadores para fijar salarios (restricción que no se levantó hasta 1914 con la Clayton Act).
Pero los beneficios del cártel no se limitan a otorgar un mayor poder de negociación a alguna de las partes. Los cárteles también sirven para racionalizar la situación de sectores en los que existe sobreproducción (las distintas empresas acuerdan reducir proporcionalmente su producción en lugar de aguantar hasta que alguna de ellas quiebre) o para coordinar la desinversión en industrias maduras minimizando el quebranto asociado.
En suma, los cárteles cumplen una función económica que puede ser valiosa. Remarco elpuede porque, como es obvio, el cártel —como cualquier forma de organización empresarial— también puede ser inadecuado para un determinado contexto económico, infligiendo mayores perjuicios que los beneficios que genera. Para eso sirve, justamente, la verdadera competencia: a saber, la posibilidad de que nuevos empresarios entren a competir en una industria cartelizada ofreciendo precios más bajos para los consumidores o precios más altos para lo proveedores. Si el cártel es verdaderamente artificial e innecesario, romperlo será muy sencillo para cualquier nuevo entrante (e incluso para alguno de los empresarios cartelizados que se salga del acuerdo para lucrarse a costa de quienes siguen suscribiendo el acuerdo colusorio). Mientras el Estado no prohíba la competencia y no conceda privilegios al cártel, éste será por fuerza inestable si carece de toda lógica económica más allá que el mero lucro de los empresarios asociados.
El cártel de la leche
Esta misma semana inundó las páginas de los medios de comunicación la sanción de 88 millonesde euros impuesta por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia al llamado “cártel de la leche”: una asociación de empresas transformadoras de leche que manipulaban los precios de mercado. Acaso convenga aclarar, ya desde el comienzo, que se trataba de un cártel de demanda, no de oferta: es decir, las empresas transformadoras se asociaban para ganar poder de negociación frente a sus proveedores ganaderos no frente a los consumidores. La CNMC atestigua pactos para controlar los precios a los que compran la leche cruda, no los precio a los que venden la leche procesada. No obstante, no parece que esto sea suficiente disculpa. ¿Acaso los ganaderos no están siendo explotados por las empresas cartelizadas para pagarles barata la leche cruda?
Ciertamente, uno debe reconocer que los ganaderos están explotados, pero lo están sobre todo por la muy elevada regulación sectorial. La CNMC, por ejemplo, reconoce que “el sector está fuertemente regulado”, lo que “distorsiona el funcionamiento normal del mercado”. Así, a cada ganadero se le asigna una cuota nacional de producción que debe cumplir en un 85% si no quiere perderla para el ejercicio siguiente, y se le obliga a vender esa leche a un “comprador autorizado” por la autoridad competente. La consecuencia es que la legislación otorga un enorme poder a las empresas transformadoras: éstas pueden amenazar al ganadero con no recogerle la leche, lo que le impediría llegar a la utilización mínima del 85% de su cuota láctea y lo expulsarían del mercado al año siguiente. Éste es el verdadero problema de los ganaderos que hay que denunciar enérgicamente y por el que la CNMC pasa absolutamente de puntillas.
En cambio, el cártel de la leche, qua cártel, no debería resultar en sí mismo criticable. Y es que, en ausencia de cuotas y de compradores administrativamente autorizados, serían las empresas transformadoras las que, por sorprendente que pueda parecer, se hallarían en una situación de precariedad negociadora frente a los ganaderos. A la postre, según reconoce la propia CNMC, la competencia descoordinada entre las transformadoras ante un mercado muy volátil y estacional provocaría subidas intensas de precios en época de escasez y, en cambio, resistencia a la baja de precios en época de abundancia: “en estos mercados tan oscilantes y de carácter estacional, [el cártel] estaría permitiendo que las empresas evitaran, por ejemplo, competir entre sí por los ganaderos ofreciendo un precio mayor en épocas de escasez de leche, o perder el aprovisionamiento procedente de algunos ganaderos si las empresas decidían ofrecer un precio demasiado bajo en épocas de excedentes de producción”. ¿Acaso no es razonable que un agente económico tome medidas (cartelizarse) para evitar la fluctuación de precios sistemáticamente en su contra?
De hecho, pese al presuntamente enorme poder de negociación con el que cuentan las empresas transformadoras, no parece que estén logrando un desmesurado lucro en su operativa. Si bien es complicado hallar información financiera específica de las actividades de las empresas sancionadas en este sector, sí contamos con las cuentas anuales de CAPSA (Corporación Alimentaria Peñasanta), la segunda empresa que ha recibido una mayor sanción (21,8 millones de euros: el equivalente a seis años de beneficios de la empresa). ¿Y qué exagerado margen de beneficios tiene CAPSA? El 0,7% en 2013 y el-0,03% en 2012 (generador de una rentabilidad sobre el activo de apenas 1% en 2013 y del –0,06% en 2012). Se trata, pues, de un retorno exiguo que no parece acreditar un enorme poder de negociación por parte de la empresa transformadora (salvo para sobrevivir y no ser devorada por las pérdidas: esa es justo la lógica del cártel… estabilizar donde existe sobrecapacidad).
En definitiva, los problemas de los ganaderos proceden de la regulación estatal que los maniata, no de un cártel de compañías transformadoras que, como todos los cárteles (incluyendo el de los sindicatos o el de las compras colectivas de electricidad), puede tener sentido económico según el contexto concreto. Precisamente, la forma de averiguar si la tiene no es penalizando al cártel mientras se mantiene la intrusiva regulación agropecuaria, sino liberalizando la industria para que pueda darse una efectiva competencia intrasectorial aun cuando algunos de sus actores lleguen a acuerdos colusorios. Por ejemplo, la regulación no debería obstaculizar que fueran los propios ganaderos quienes se cooperativizaran (¿cartelizaran?) en caso de que los compradores de la leche cruda les ofrecieran precios que juzgaran inaceptablemente bajos: en tal caso, la competencia sería endógena a los propios agentes implicados. Necesitamos libertad de mercado, no más engañosa competencia impostada por el Estado que en absoluto solventa los verdaderos problemas de fondo.
¿Cobran menos las mujeres por hacer “el mismo trabajo” que los hombres?
Este fin de semana nos visitó en el Instituto Juan de Mariana el abogado e investigador rosarino Garret Edwards. En su charla acerca de los problemas de Argentina desde una perspectiva institucional y de la disciplina denominada Law&Economics, hubo una palabra que se repitió varias veces: el relato.
El relato se refiere a ese discurso acerca de la realidad que los políticos en el poder se empeñan en repetir hasta el punto que la gente acaba por defenderlo aunque lo que vive sea otra cosa. En el caso que explicaba Garret se trata de un relato peronista, contrario al respeto por las bases de la democracia, tomada ésta como algo más que un sistema de elección.
El análisis de este concepto de “relato político” es extrapolaba sin problema a otros países, como el nuestro.
La realidad y los relatos
En España no hay un único relato sino que cada facción política defiende uno distinto. La culpa del sufrimiento del pobre pueblo griego es de Luis de Guindos y Merkel, y simultáneamente, la culpa de que el resto de los europeos miremos con reticencia los planes populistas de los políticos griegos es la chulería y las amenazas de incumplir lo pactado de esos mismos políticos.
La recuperación está llegando y a la vez no está llegando. Los dos partidos que se han turnado en el poder y a quienes se les han descubierto escándalos de corrupción sea en el ámbito nacional o regional, lideran estudios sobre transparencia y se les llena la boca defendiendo la regeneración política. Los salvadores del pueblo del horror de la casta política se inspiran y reciben financiación de los caciques que sangran a sus pueblos en Venezuela y Cuba.
Los trabajadores españoles, empobrecidos más de un 30% desde el comienzo de la crisis, azotados por el desempleo, se lanzan a la calle para protestar por las mínimas restricciones y consecuencias de los trabajadores privilegiados de nuestro tiempo: los funcionarios. Cada vez que se pospone el cobro de una paga extraordinaria de los funcionarios o que se ven afectadas las condiciones de su empleo, incluso si tienen el enorme privilegio de que su continuidad laboral es intocable, las protestas son continuas, multitudinarias, y atraen a los políticos más populistas que tratan de sumarse a toda costa a sus actos y estigmatizan a quien ose defender a los otros trabajadores. Eso sí, los millones de parados no protestan cuando se anuncian medidas que perjudican a los autónomos o a los empresarios, que son los que tienen la clave del empleo.
La ficción y los relatos
Lo más sorprendente del relato es que aunque haya medios de comunicación que saquen a la luz datos o hechos que desmientan la historia oficial, no importa, la voz de los políticos se mantiene imperturbable y potente defendiendo que por el mar corren las liebres y por el monte, las sardinas. Y si en Argentina se trata del asesinato del fiscal que iba a imputar a la Presidenta, en España se trata de la situación económica, de las intenciones futuras, de subir los impuestos o tocar las pensiones, por fortuna para nosotros. Pero todo se andará. Una vez que ya existe esa estructura, esa fractura que separa la realidad de cada cual de lo que se ve en la televisión, el relato aparece como un continente presto a ser rellenado con el contenido que en cada caso sea necesario.
Los ciudadanos se dejan llevar por la mentira y la impostura. Y, como me explicaba Garret en el turno de preguntas, han superado la barrera de la memoria política, que suele ser de tres meses. Cada semana surgen nuevos escándalos, reales o ficticios, para distraer a la gente y, de la misma forma que dicen que sucede en cuestiones de desamor, un clavo saca otro clavo, en política, un escándalo difumina otro escándalo y los ciudadanos ya no recuerdan porque no pueden, porque no quieren, o por la razón que sea, el vía crucis de barbaridades que los políticos que manejan nuestros impuestos, que diseñan la educación de nuestros hijos, que designan a quienes administran la justicia, perpetran un día sí y otro también.
En esta democracia occidental en decadencia, solamente la regeneración institucional, especialmente aquellas instituciones medulares de justicia que sirvan de contrapeso del poder, puede mostrarnos la luz al final del túnel. Pero está tan bien diseñado el sistema, se enrosca sobre sí mismo cerrando el circuito con tal perfección, que no se me ocurre qué partido político con intención de ganar se atrevería a llevar algo parecido en su programa electoral. Hasta entonces sólo queda el estudio y la difusión de las ideas. Pero no las elecciones, al menos para mí.
Marc Vidal: “La cultura del subsidio decapita la economía”
Marc Vidal es un emprendedor y un prestigioso consultor en el ámbito de la innovación. Considerado un inversor de referencia en el ámbito tecnológico, también ha explorado con éxito el camino de la docencia, ya que ha dirigido cursos de postgrado en la Universidad de Barcelona y actualmente forma parte del claustro de diferentes escuelas de negocio europeas y latinoamericanas.
Vidal fue miembro del grupo de Investigación en Nueva Economía de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde su reconocido blog alertó de los peligros de la crisis varios años antes de que se produjera. Residente en Dublin, ha publicado varios libros, entre los que destacan Contra la cultura del subsidio y Una hormiga en París.
– Pregunta: Los jóvenes españoles son los europeos que más se plantean ser funcionarios. Hablamos de un 32% frente al 17% italiano, el 13% griego, el 11% luso… ¿No es descorazonador que haya tantaquerencia por el empleo público?
Respuesta: Tiene que ver con un modelo económico, un aspecto cultural y una administración que poco o nada hace por cambiar esto. No solo es doloroso, es que es una oportunidad perdida. Los funcionarios son necesarios y no olvidemos que funcionarios hay de muchos tipos y en muchos de ellos es pura vocación. El problema viene cuando analizas los motivos de que, no habiendo tanta ‘vocación’, sí haya ‘devoción’.
En términos económicos la seguridad que garantiza el empleo público vende muy bien. No requiere jugarte tu patrimonio, no tienes que lidiar con la falta de perspectivas en tu jubilación como le pasa a un autónomo por ejemplo. En lo cultural el trasvase hacia lo que supone ser emprendedor es muy complicado.
Emprender es lo contrario a la seguridad pública. Un emprendedor siempre está en crisis y el fracaso es un elemento consustancial con la propia actividad emprendedora. Culturalmente, como te decía, es un estigma, un motivo para que las cosas se pongan muy jodidas a partir de ahí y para siempre…
– Quizá no hemos sabido explicar lo que significa convertirse en empresario.
El agente de cambio más importante que tiene una sociedad es su tejido emprendedor. En el año 2008, parte de la economía estadounidense se desmoronaba pero, al mismo tiempo, nacían 250.000 empresas de base tecnológica, muchas con apenas dos o tres fundadores.
Ante la caída, decidieron ponerse en marcha con un criterio: cambio. ¿Aquí que hemos cambiado? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿De que va todo esto? ¿Por qué los que dirigen este barco se alegran cada vez que aumenta la cifra bruta de nuevas hipotecas? ¿En que planeta viven?
– Muchas de esas nuevas empresas que nacen en el ámbito tecnológico se enmarcan en ese sector de la nueva economía que choca con las regulaciones vigentes, pensadas para esquemas que poco a poco se van agotando. ¿Está España reaccionado de forma inteligente o se equivocan nuestros reguladores?
Por desgracia hay gobiernos que no saben medir los tiempos o los tiempos los han medido a ellos. La mayoría de estos tipos que dicen ir a sus ministerios a mejorar la sociedad y a ayudar a "sacarnos de la crisis" no tienen la más mínima idea de a lo que se enfrentan, ni falta que les hace.
Siguen considerando que para medir el emprendimiento basta con medir el número bruto de empresas o personas que trabajan por cuenta propia. En esa definición falta el baremo más importante, el que realmente define el verdadero valor emprendedor, que es el de la innovación. He ahí el aspecto que una sociedad debe acelerar para poder ir de cabeza hacia la tecnificación y la tecnología.
La visión distorsionada que tenemos de "por donde hay que recuperar la economía" se debe a que mayoritariamente la sociedad ve el mundo por el prisma de la prensa tradicional que a su vez transcribe los mensajes oficiales e interesados que a su vez componen con una absoluta indiferencia hacia la realidad que les rodea de lejos.
Una visión que habla de "recuperación" de no sabemos qué, de volver al crecimiento y creación de empleo de manera táctica y no estratégica y de un mundo de colores pastel que no te puedes creer si has viajado un poco. Esto no va de inventarse un titular y esperar a ver que pasa.
Esto no va de esperar y que por ciencia infusa se "arregle" todo pues no hay nada que arreglar. Esto no va de generar empleo inmediato porque no se va a crear. Esto va de diseñar, estimular y generar un mundo nuevo vinculado a la tecnología, la economía digitalizada y digital, al conocimiento y al valor añadido de aquello que ya tenemos en marcha como el turismo y otros.
Por eso hay que decirle no a quienes quieren ponerle trabas a lo que ya influye, de un modo absoluto, la vida de muchas personas. Negar que una plataforma social es un vínculo entre usuarios y empresas y que de ello ya no puedes abstraerte es girar la cara a la realidad.
España está a punto de perder una oportunidad histórica. Un tren que pasa pocas veces, una opción de enrolarse en el cambio de época que vive la humanidad y de la que hablo en casi todas mis conferencias. Los retos históricos se pierden por desinterés, por ineficiencia o por voluntad. Se puede perder el tren por no ser capaz de correr hacia el andén si ves que se está escapando, porque no encuentras el andén o por que, viendo el andén y el tren parado, decides ir al bar.
¿Cuál es el caso que nos ocupa? Tengo la impresión que es una mezcla según el momento, tengo la idea, y la he perseguido todos los días, de que o por inútiles, vagos o mal intencionados mi futuro no puede estar en manos de nadie, solo puede estar bajo mi influencia. Les llamamos líderes vete tú a saber por qué, pues su lejanía de lo que sucede es de tal calibre que probablemente cuando todo esto se los lleve por delante pasarán años hasta que se den cuenta.
– En España cala poco a poco la tesis de la recuperación pero ¿qué impresión tienen los inversores extranjeros con los que Vd. toca el tema?
Va por barrios. Vivo en Irlanda y me paso la mitad del año viajando por el mundo. En algunos países se sostiene la idea de que la recuperación de nuestro país es poco más que un eslogan, manido y repetitivo, suelen ser lugares donde, a pesar de crecer menos que lo necesario, lo hacen sustentados en un cambio de modelo de crecimiento vinculado a nuevos escenarios económicos de vanguardia.
Otros, los que nos incluyen en el tren de los "recuperados" ya van pensando en comprar pisos pues se espera la inflación del precio de la vivienda. ¿Te suena? ¿Tiene valor eso? Y es que la inversión foránea va dónde es factible ganar dinero lo antes posible. De momento eso parece factible, otra cosa será en base a que…
– Entonces, ¿en qué punto estamos?
No saldremos de la crisis simplemente afirmándolo. Nosotros mismos debemos ser capaces de trabajar para cambiar nuestro futuro. La historia de la humanidad es la historia de la evolución y de la modernidad, y esta modernidad conlleva momentos críticos como el actual donde quienes deben liderar los procesos, marcar con luces largas el futuro de todos, tienen la obligación de construir en base a la competitividad, eficiencia y construcción de una sociedad más equilibrada y justa. Pero eso no parece ser lo que está pasando.
¿Cómo piensan los que están, los que quieren estar y los que, parece, pueden estar, estructurar un país como España en un entorno económico robotizado, automático y con mucho menos empleo? ¿Cómo piensan balancear la pérdida del valor humano en cuestiones laborales, el incremento de máquinas al servicio de la eficiencia y la retirada genérica de intermediarios en todo lo que una plataforma digital puede sustituirlos? ¿Cómo han pensado mejorar mi vida, la de mi hijo, la del tuyo, la de todos cuando ese mundo, inminente, se despliegue?
Probablemente ellos no deban ser quienes deban liderar esto, porque son los responsables, en gran medida, de habernos llevado a un pozo mucho más profundo de lo que probablemente nos correspondía. Lo que debería de preocuparnos es que seguimos centrados en el corto plazo, en la táctica. Este planteamiento es muy pobre y que nos dejará al margen de muchas de las revoluciones (socioeconómicas y tecnológicas) que se están produciendo en el mundo.
– ¿Qué aspectos son fundamentales para tener éxito como empresario?
No debe haber una receta segura. Haciendo lo mismo me han salido cosas bien y otras mal. Con modificaciones casi imperceptibles un fracaso inminente se trastornó en éxito y viceversa. Creo que la clave está en la preparación, en las hostias que te da la vida y en administrar bien tu capacidad de liderazgo. Creo que tener espíritu de sacrificio, pasión por tu trabajo, predilección por lo imprevisto sobre lo previsible y vivir intensamente el valor de aprender, de innovar constantemente.
Según la OCDE, el 44% de los españoles entre 25 y 30 años que tienen ocupación, están trabajando en algo que requiere menos habilidades de las que tienen. Los jóvenes españoles no van al trabajo pendientes de vivir retos, sueños y expectativas de crecer emocional y profesionalmente. Muchos van pensando que allí no va a pasar nada excitante, que lo importante es que pase el tiempo.
– El modelo educativo no ayuda…
La educación es pura instrucción, no hay debate, pensamiento o crítica. Nadie enseña a nuestros hijos el valor del fracaso, a perseguir sueños a pesar de no ser "rentables", a emprender como valor de libertad y no como factor de enriquecimiento.
No les enseñan a entender que un negocio es mucho más que una oficina, una fábrica, un campo de cultivo, un comercio o un escenario de venta, nadie les indica que también son espacios de conclusión, de rescate espiritual y de relación humana, de cooperación, de suma intelectual, de talento y de prosperidad.
Cambiar todo eso, educacionalmente hablando, podría también influir en lo que se puede considerar, al final, un empresario de éxito, pues ‘éxito’ es mucho más que ganar dinero, es reconocerte ante tu obra, tu sueño. A veces repercute en mil millones y otras simplemente en subir la persiana de tu taller, pero siempre, con la sensación de que son tus mil millones o es tu taller.
– ¿Cuáles son las preguntas que debemos responder antes de dar ese paso?
¿Cómo vas de espíritu de sacrificio? ¿Sabes que no sabes nada? ¿Miedo a fracasar? ¿Demasiado mayor para esto? ¿Tu proyecto es tu sueño? Si no dudas en ninguna de ellas, si no hay grises, mejor.
– Los españoles tienen una imagen mucho más negativa de la economía de mercado que otros europeos. ¿Qué aspectos del capitalismo defendería Vd. ante quienes abogan por otras recetas?
Yo del capitalismo, así, sin anestesia, le reconozco el valor de la innovación necesaria. Que es incómodo. Más de lo que se piensa. Un capitalista conceptualmente desea la libertad por encima de todo. No le gustan las regulaciones.
Por ejemplo en el caso del término emprendedor es muy evidente lo que quiero decir. A la pregunta ¿qué es un emprendedor? sólo tendremos dos posibles respuestas o puntos de vista. El primero es el más popular y asegura que los empresarios son personas que dirigen sus propias empresas. La segunda opinión, la que defiende Joseph Schumpeter. asegura que los empresarios son los innovadores de la economía y de la sociedad. Asegura que las personas tienen ideas, que quienes las convierten en empresas aportan valor social que se traduce en bienestar tarde o temprano. Ha pasado antes y seguirá pasando.
Para mi el capitalismo se rige por el valor de la empresa privada y para mí, la empresa privada es el estímulo de los cambios, que desde la cultura, la investigación y la política se pueden ir concibiendo. Si un país no es capaz de generar el escenario idóneo para crear empresas no tan solo perderá masa laboral, ciudadana, cohesión y otros factores que desestabilizan a una sociedad, sino que se alejará del talento, de la innovación, del progreso tecnológico y, por derivación siniestra, del bienestar y modernidad socioeconómica requerida.
Tengo la sensación que los empresarios o emprendedores que alteramos y desorganizamos continuamente la manera de hacer las cosas jugamos nuestro papel. Somos incómodos para los que eso les supone un colapso mental.
– Ha escrito un libro contra la "cultura del subsidio", ¿qué efectos tiene en la economía de un país?
Lo decapita. El subsidio es necesario como elemento en una sociedad de vanguardia. La subvención también, estimula y tiene un objetivo, pero la cultura del subsidio es algo tóxico. Adormece y acomoda y sobre todo crea una masa social acrítica y dependiente. Así es. Se estimula una sociedad de valores en crisis donde, por lo tanto, el miedo al fracaso tiene su sentido, puesto que el nivel de tolerancia hacia este hecho es cero por ejemplo.
Si te digo que ‘papá estado’ se encarga de todo, que tras todos tus problemas te daré lo justo para que aguantes, sobrevivas, consideres que soy tu providencia, que poco harás contra mí. Se fabrican ciudadanos narcotizados cuyo miedo al fracaso es supino.
Por ejemplo, a los jóvenes, les ayudamos a conseguirlo todo y a evitar que se enfrenten al error. Muchos de esos chicos y chicas que analizan su futuro inmediato es normal que dejen de pensar en ‘emprender’ pues es más sencillo no confrontarse con ese miedo que te comento. Vivimos en la sociedad del "no lo intentes si no vas a lograrlo".
El subsidio lo estimula, por eso creo que la ‘cultura del subsidio’ narcotiza y es contraria a lo que necesita el punto exacto de la historia que hemos tenido la suerte de vivir.
