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El plan original de Varufakis para impagar la deuda de Grecia

El ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varufakis, tenía muy claro cómo impagar la deuda pública helena antes de llegar al Gobierno, y esta particular hoja de ruta es la que ha intentado defender ante la troika.

El polémico economista lleva tiempo planteando una serie de medidas que, según él, podrían aplicarse sin modificar tratados ni leyes europeas, ni implantar la unión fiscal ni transferencias de dinero público entre Estados. De ahí su humilde título, Una propuesta modesta, que, por cierto, también fue usado por el célebre escritor Jonathan Swift –Los viajes de Gulliver– para titular un relato satírico de 1729 en el que ofrecía como solución para acabar con la situación de los pobres irlandeses que vendieran sus hijos como alimento.

El plan se basa en recurrir, precisamente, a gran parte de las ideas que contribuyeron a agravar y alargar la crisis de Grecia: la mutualización de la deuda, usando un esquema que recuerda a la ingeniera financiera del boom y sus titulizaciones (es decir, más y más deuda), la aplicación de un New Deal a escala europea, y el rescate banco a banco por parte del Fondo europeo de rescate (MEDE).

De acuerdo con el ministro griego, para reducir el endeudamiento, los Estados miembros transferirían al BCE su deuda por valor del 60% del PIB, el límite fijado por el Tratado de Maastricht. El BCE no compraría la deuda transferida, ya que no puede legalmente monetizarla. Sería como un apunte contable. El BCE, para hacer frente a los intereses de esa deuda asumida se endeudaría, a su vez, emitiendo bonos a un tipo de interés libre de riesgo.

Los Estados miembros pagarían los intereses de esos bonos emitidos por el BCE. De ahí que a dicho plan se le denomine Programa de Conversión de la Deuda Limitado (el BCE pagaría los intereses de la deuda, y los Estados -el Estado griego en este caso- los intereses de los bonos emitidos por el BCE).

El beneficio para Atenas sería reducir el coste de la deuda y quitarse de encima la presión ejercida por los inversores para que aplique las reformas que garanticen que devolverá lo prestado. No obstante, el famoso economista no menciona los incentivos perversos que crearía al estimular el endeudamiento de los bancos con el BCE para adquirir sus propios bonos, o la degradación del balance de la institución monetaria con la consiguiente depreciación del euro (un impuesto a todos los europeos).

Una vez el problema de la deuda estuviera bajo control (no a base de reestructurar el atrofiado Estado del Bienestar griego sino sobre la base de endosar y difuminar su deuda tóxica al resto de Europa), Varufakis propone llevar a cabo un gran plan europeo de gasto público, obviamente, no con su dinero (que no tienen) sino con el que, teóricamente, sería capaz de levantar instituciones como el Fondo Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Inversiones, respaldados, en última instancia, por dinero de los contribuyentes europeos.

La estrategia del ministro griego sería utilizar a estos organismos para gastar más, pero usando el dinero de otros. Como si la causa de gran parte de los males no estribara, precisamente, en el enorme gasto público y control gubernamental que todo lo acapara en el país heleno, y en el gran protagonismo de las políticas keynesianas.

Ciertamente, el ministro acierta al apuntar al descalabro de la inversión como uno de los hechos destacados de la crisis griega (así como la española, por cierto), pero para resolver el problema aboga por la sempiterna política socialista basada en vestir de poder a los políticos y funcionarios para que sean ellos (y no los inversores, empresarios y consumidores) los iluminados desde sus despachos para determinar qué empresas, sectores e industrias deberían existir y ser receptoras de la ingente cantidad de gasto.

Finalmente, otra de las grandes patas del plan inicial de Varufakis consiste en rescatar a los bancos caso por caso. La propuesta, en este sentido, pasa por usar de nuevo el MEDE para que adquiera un paquete accionarial del banco en dificultades y pase a nombrar, junto con el BCE, un Consejo de Administración para gestionar la entidad, priorizando la protección de los depósitos, pero sin excluir la posibilidad de liquidar la entidad.

Tras dicha gestión, el MEDE podría vender sus acciones y tratar de recuperar el desembolso. Y todo ello, sin que los Estados tuvieran que asumir ningún tipo de deuda adicional por los rescates financieros. Es decir, que el coste del rescate financiero no recaiga exclusivamente sobre los contribuyentes griegos, sino sobre el conjunto de los contribuyentes europeos.

La propuesta original de Varufakis para solventar los problemas de Grecia consiste, por tanto, en que el resto de Europa se haga cargo de una parte de la deuda pública helena, exigir un gran plan de gasto e inversión pública financiado por el resto de europeos, así como compartir la factura de los rescates bancarios de Grecia con el resto de europeos. En resumen, dinero, dinero y más dinero…

Las empresas no se han forrado bajando salarios

Manuel Lago despotricó en La Voz de Galicia contra la inaceptable deserción fiscal de los ricos. Todos sus ejemplos se referían a acuerdos legales de empresas con gobiernos: en Luxemburgo, en España, en Estados Unidos, más las Islas Caimán y otros de los llamados "paraísos fiscales", donde también hay gobiernos y leyes.

Por lo tanto, de entrada este dramático diagnóstico del señor Lago es falso:

Las grandes compañías multinacionales y los grandes patrimonios de sus propietarios han tomado la decisión de no pagar impuestos. Aprovechándose de la globalización, de la desregulación, de su enorme poder, de su capacidad para chantajear a los Estados.

No estamos ante decisiones unilaterales de no pagar o de pagar menos impuestos, sino de acuerdos con gobiernos y de normas legales, que aplican todos los gobiernos, incluso el hipócrita del señor Obama, que clamó contra las Islas Caimán pero no dijo nada de Delaware, que, como el propio autor admite, es un paraíso fiscal dentro de EEUU.

El señor Lago derrocha tono moralizante pero no se pregunta por qué pasan esas cosas, por qué es que tantas empresas y tantas personas prefieren pagar menos impuestos que lo que podrían hacer simplemente acudiendo a los países y legislaciones cuya presión fiscal es máxima. La respuesta es evidente: todo el mundo procura pagar los menores impuestos posibles, a veces fuera de la ley, y otra veces, como en este caso que tanto le irrita, dentro. Pero esa conducta de empresas y personas debería hacerle pensar sobre la más incorrecta verdad de la Hacienda Pública: los que pagamos impuestos somos los que no tenemos otro remedio. Los que pueden pagar menos, pagan menos. Más aún: los que pueden no pagar nada, no pagan nada.

Esta conducta es generalizada en España y en el mundo. Por lo tanto, ponerse estupendo y tratar a esas personas como criminales es absurdo: ninguna sociedad podría funcionar con millones de criminales. Es igualmente absurdo seguir poniéndose estupendo y pensar que la política es como una comunidad de vecinos, que es lo que hace el señor Lago con esas bestias negras que abomina:

Han roto el consenso social sobre el que se construyó el modelo económico después de la Segunda Guerra Mundial: ya no quieren cumplir con su parte y eso provoca la crisis fiscal del Estado de Bienestar.

Pero no hubo ningún "consenso social" para pagar más impuestos, al contrario, el consenso de la población siempre ha ido en la dirección contraria: quiere pagar menos. Si ha terminado pagando más en todo el mundo es precisamente porque el consenso no era social, sino político, lo que es muy diferente, salvo que uno identifique sociedad con política, es decir, salvo que uno sea un totalitario.

Al no haber consenso ni contrato, no se puede acusar al que no paga de no querer cumplir su parte, como si el Estado fuera una cooperativa de propietarios voluntarios, igual que no se puede hablar de la crisis del Welfare State sin hablar del enorme incremento en su gasto, orquestado por políticos y grupos de presión.

Y si la sociedad no es un club, tampoco es un ejército: no se puede hablar de deserción fiscal de los ricos: los ciudadanos no somos soldados, y si toda la sociedad fuera un ejército sería, otra vez, una sociedad víctima del totalitarismo, que impondría un solo mando, un solo objetivo y, naturalmente, perseguiría a los desertores.

Insiste el señor Lago: "Si el nivel de riqueza es mayor, que nos digan que no se puede mantener el nivel de los servicios y las prestaciones públicas solo se explica por la deserción fiscal de los que más tienen". Esto es falso, porque el Estado no es la sociedad y porque, como sabe cualquiera, los que no pagan impuestos no son los ricos, ni los pobres: son, repitámoslo, los que pueden.

Otro error de su argumentación es el tópico de que como unos no pagan, otros pagamos más, y podríamos pagar menos si ellos pagaran, lo que va en contra de la evidencia. Y, naturalmente, que el grave problema es la "desigualdad de rentas", que por supuesto se podría resolver persiguiendo a los desertores. Dice, faltaría más, que sólo a los ricos. Conviene no creerlo.

Desertores

Desde hace años, partidos de todos los colores y todas las ideologías han subrayado la necesidad de reformar las Administraciones Públicas para hacerlas más eficientes. Un ejemplo del ahorro potencial derivado de este tipo de medidas lo tenemos en el gasto corriente y las remuneraciones de los empleados públicos: según explicó en 2010 la Fundación Progreso y Democracia, emular las mejores prácticas autonómicas en este campo podría reducir los presupuestos públicos en 26.000 millones de euros.

Pues bien, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(CNMC) acaba de publicar otro estudio en el que pone de relieve otras costosas fuentes de ineficiencia en los presupuestos del Estado. El documento en cuestión analiza los mecanismos de contratación pública, con ánimo de desentrañar cuál sería el coste de estas adjudicaciones si el erario no tuviese que cargar con los costes de la ineficiencia y la corrupción.

El resultado es desolador: según la CNMC, acabar con las malas prácticas podría ahorrar a los contribuyentes uno de cada cuatro euros comprometidos a la licitación de servicios públicos. Teniendo en cuenta que cada ejercicio se comprometen casi 200.000 millones de euros en este ámbito, hablamos de un sobrecoste de casi 50.000 millones anuales.

Esta cifra supera el umbral del 4,2% del PIB, fijado por el gobierno como el nivel máximo al que podrá llegar el déficit público en 2015. Por tanto, acabar con los sobrecostes y la corrupción permitiría pasar de los números rojos al superávit presupuestario sin necesidad de ajustes adicionales.

De hecho, los casi 50.000 millones de euros que señala el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia son prácticamente equivalentes a la factura de todas las subidas de impuestos aprobadas por los sucesivos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, estimada en 51.000 millones.

Entre los aspectos que habría que corregir para conseguir estos importantes niveles de ahorro, la CNMC destaca los siguientes:

  • Acabar con los pactos de reparto de mercado o no competencia, que constituyen cárteles económicos y minan la competencia en las licitaciones públicas.
  • Terminar con las empresas públicas que basan su existencia en contratos adjudicados "a dedo" por nuestros gobernantes.
  • Acotar la extensión temporal de las concesiones, introduciendo un ritmo de competencia mucho mayor en los procesos de adjudicación.

La corrupción y la ineficiencia en las licitaciones cuestan 50.000 millones al año

Pistas de esquí, cámaras acorazadas, chocolate, queso, relojes, ciudades impecables, montañas, Heidi, trenes puntuales… La lista de tópicos sobre Suiza es casi interminable. Esta notoriedad es llamativa. Hablamos de un país bastante pequeño, sin salida al mar, con poco más de ocho millones de habitantes y que permanece al margen de las organizaciones internacionales en las que militan todos sus vecinos, como la OTAN o la UE (de hecho, no ingresó en la ONU hasta el año 2002). De hecho, parece uno de esos sitios en el que nunca pasa nada.

Sin embargo, esta semana, la Confederación Helvética ha sido noticia por otro de esos clichés con los que se la asocia: dinero negro, fraude fiscal, blanqueo de fondos,… La Lista Falciani ha revitalizado algunos de los sambenitos con los que carga el país.

Poco importa que el famoso documento en realidad no sea más que una relación de los clientes de una sucursal. Ni que muchos de los nombres que aparecen en el mismo no tengan ninguna relación con actividad delictiva alguna. Para buena parte de la opinión pública, Suiza es un paraíso fiscal, refugio de defraudadores y su riqueza su debe, fundamentalmente, a su papel como protector de estos indeseables.

El refugio

Sin embargo, estaría bien preguntarse por qué tantos millonarios eligen Suiza como su lugar de residencia. Decenas de cantantes, deportistas o empresarios se mudan al país alpino cada año. Son las caras más conocidas, pero junto a ellos hay cientos de fortunas anónimas que también escogen Zurich, Ginebra o Lausana como morada.

A bote pronto, la respuesta de buena parte del público sería que es por los bajos impuestos o el secreto bancario. El problema es que hay países con tributos más reducidos y también conocemos otros territorios que garantizan la privacidad en la gestión del patrimonio. Pero ninguno de ellos tiene el éxito de Suiza entre los más ricos. ¿Qué hace tan atractivas las montañas helvéticas? ¿Cuál es el rasgo distintivo de su sistema financiero?

Desde luego, no en el precio. Los bancos suizos no viven del aire y sus empleados no trabajan por amor al aire. En realidad, sus servicios son tirando a caros. Además, gran parte de su cartera consiste en productos por los que se cobran unas elevadas comisiones y que no ofrecen rentabilidades especialmente elevadas.

David Gonzalvo, asesor financiero CFA y experto en inversiones en Suiza, explica que lo que buscan fundamentalmente los clientes de los bancos helvéticos es la "estabilidad". En estas entidades, "la estructura de la gestión está muy enfocada a proteger el patrimonio".

Por eso, Gonzalvo recuerda que en la mayoría de las ocasiones, "los productos raros o novedosos se evitan". A primera vista, puede parecer un panorama poco atractivo para los grandes inversores. Pero es que la palabra clave en la banca suiza es "preservar", antes que crecer, lo que se busca es "proteger".

En este sentido, sí que hay que reconocer que la banca suiza se ha labrado su reputación a lo largo de muchas décadas. El último siglo ha sido muy convulso en toda Europa. Pero en cualquier coyuntura, el sistema financiero suizo ha cuidado de los ahorros de sus clientes. No es extraño que grandes fortunas confíen los ahorros familiares a sus entidades. Para muchos de ellos, éste es el refugio para esos fondos que no quieren tocar, el colchón de seguridad para cuando vengan mal dadas.

En esta foto, el secreto bancario también juega un papel importante. Es cierto que hay indeseables que se han aprovechado de esta figura para ocultar el dinero que han obtenido de formas poco lícitas. Desde dictadores a criminales, hay cientos de casos de clientes no demasiado recomendables. Pero ni éste fue el motivo con el que se creó esta institución ni es la situación de la mayoría de los afectados. Gonzalvo explica que para muchos patrimonios es "importante la privacidad". Por ejemplo, "en España, las inversiones de las Sicav son públicas, se puede saber qué compran los ricos y si han aumentado o no una participación. En Suiza, lo que busca una persona es que todas estas cosas no salgan. Considera que es privado y no tiene por qué saberlo nadie".

De hecho, esta protección de la privacidad no se queda sólo en las cámaras acorazadas. Los famosos que residen en Suiza coinciden en que en el país helvético pueden pasear por las calles de su ciudad sin miedo a que los fans les acosen. Puede parecer una cuestión anecdótica, pero para muchas caras conocidas, la tranquilidad de la que disfrutan en su vida diaria también es un punto a favor a la hora de decidir su residencia.

Las claves de la prosperidad

La segunda pregunta tiene que ver con las razones que han hecho de Suiza una de las sociedades más ricas del planeta. De entre los países de la OCDE, hablamos del cuarto en renta per cápita, con 42.526 dólares en 2013, sólo por detrás de Luxemburgo, Noruega y Estados Unidos. Mientras tanto, España se queda en 26.454 euros. ¿Cuáles son las claves de esta prosperidad?

De nuevo, el primer impulso lleva a citar el sistema financiero. La respuesta fácil es que Suiza es rica por sus bancos, por su papel, no siempre aclarado, como refugio para todo tipo de fortunas, en ocasiones de origen oscuro. Pero también parece una respuesta demasiado simple.

Por una parte, es cierto que el sector financiero es una parte importante del PIB suizo, aproximadamente un 10,5%. Entre los grandes países europeos, ninguno alcanza esa cifra. Por eso, no es extraño que el 5,7% de la fuerza laboral suiza se emplee en este campo. Entre los países ricos, sólo en Singapur este porcentaje es superior. Si nos ceñimos sólo a los bancos (y dejamos fuera el resto del sector financiero) hablamos de más de 105.000 personas empleadas en 2012.

Además, en términos de activos, los bancos suizos gestionan más de 3 billones de dólares, lo que supone 381.000 dólares por habitante (también en este ránking es el primero de la clasificación entre los grandes países europeos). Como porcentaje del PIB, suponen el 483%, muy elevado pero por debajo de los bancos irlandeses o ingleses.

Y eso que las entidades suizas no están entre las más grandes del mundo, ni en términos de capitalización bursátil ni por activos gestionados. Así, UBS es el primero y está en el puesto 21º por capitalización, seguido por Credit Suisse en el puesto 35º.

Donde si son líderes es el banca privada, la dirigida a las grandes fortunas. Las entidades suizas guardan un patrimonio acumulado de más de 6 billones de dólares, de los que más de 2,2 billones provienen del extranjero. En este sentido sí destaca este sistema financiero: el 26% de los activos de la banca privada offshore a nivel mundial está en los bancos helvéticos.

Más allá de los bancos

Pero, como apuntamos anteriormente, aunque el sector financiero es un factor relevante, ni mucho menos es el único elemento que explica la prosperidad de Suiza y su capacidad de atracción del talento. Aunque ese 10% del PIB sea un porcentaje elevado, queda un 90% que no se puede entender sólo mirando a las sucursales bancarias. De hecho, el país está en los puestos de cabeza de prácticamente todos los índices de competitividad, productividad o riqueza que se publican. Más allá de las cámaras acorazadas, la economía helvética tiene muchos elementos en los que fijarse.

Dos temas que siempre salen a la luz cuando se habla de Suiza son su seguridad jurídica y estabilidad institucional. De hecho, hay una leyenda que apunta a que buena parte de la población del país ni siquiera sabe quién es su primer ministro (porque no les afecta, saben que no cambiará demasiado su vida).

En la cuestión legislativa, cuando se tocan las cuestiones fiscales, hay que hacer un apunte importante: Suiza es también muy valorada porque tiene un sistema tributario fiable y predecible. Y sí, sus impuestos son bajos, pero su presión fiscal está alrededor del 27-28% del PIB (según el ejercicio que se tome) muy lejos de lo que se podría considerar como un paraíso fiscal. Con esta cifra, está en la parte baja de la OCDE, eso es cierto (a una gran distancia del 48% de Dinamarca), pero cuidado, ni mucho menos es un nivel excepcional. EEUU o Israel tienen una menor presión fiscal.

Otro factor envidiable puede buscarse en su tasa de desempleo, que está en el entorno del 5%. Y no es una cuestión de los últimos meses. Durante toda la crisis, mientras el resto de países veían dispararse el paro, Suiza mantenía una situación de casi pleno empleo técnico. Por cierto, en esta cuestión no hay que olvidar el funcionamiento de su sistema de FP Dual (que escogen más de la mitad de los adolescentes del país) y que permite combinar trabajo y estudios desde el instituto.

Por otro lado, hablamos de uno de los países más industrializados de Europa, especialmente entre los más ricos. En las sociedades más avanzadas es cada vez más corriente que el sector servicio lo acabe ocupando todo. Es complicado competir en el sector industrial con países con la mano de obra mucho más barata, algo que sólo puede conseguirse aportando mucho valor añadido. Alemania es el ejemplo más citado, pero Suiza no le va a la zaga. El 21% del PIB helvético llega de su rama industrial. El país dedica el 3% de su PIB al I+D+i, uno de los niveles más altos de Europa, con el añadido de que es el sector privado el principal actor en este capítulo.

En cabeza

Los índices de libertad económica o competitividad tienen sus propios problemas. No son perfectos ni pueden servir al 100% como guía para explicarlo todo. Pero cuando un país aparece siempre en los primeros puestos y eso se traduce además, en un nivel elevado de riqueza (ya hemos dicho que Suiza tiene una renta per cápita superior a los 42.500 euros) sí pueden darnos una idea de que se están haciendo las cosas bien. En este caso, algunas de estas clasificaciones pueden ayudarnos a responder a esa pregunta que nos hacíamos al principio de por qué tantos ricos eligen Suiza como destino:

– Índice de Competitividad Globalelaborado por el Foro Económico Mundial, mide la capacidad de cada país para aportar valor añadido al mercado global y hacer que sus bienes y servicios sean competitivos, en precio y calidad. Suiza ocupa el primer puesto de la lista (por sexto año consecutivo), por delante de Singapur, Estados Unidos o Finlandia. Los autores destacan la "innovación, sofistificación de sus negocios, calidad de su educación superior y eficiencia del mercado laboral".

– Índice de competitividad del talento globalelaborado por el Insead, una de las escuelas de negocio más prestigiosas del planeta, mide la capacidad de atracción del talento de una economía. Suiza también es el primero de la lista, seguido por Singapur y Luxemburgo. El informe destaca su "apertura" en términos de inversión y comercio. Además, hablan de su integración en un mundo globalizado y su capacidad para formar a su capital humano.

– Expat explorer reportelaborado por el HSBC, mide la calidad de vida de aquellas personas que residen en un país extranjero. Tiene en cuenta multitud de factores, desde las condiciones económicas a las que pueden acceder, la acogida en el país de destino o la educación que se ofrece a sus hijos. También las opiniones de los que ya están viviendo en cada país es muy relevante. Pues bien, de nuevo, Suiza es el primero de la lista, por delante de Singapur, China o Alemania. En el informe se habla de la calidad de vida en el país, muy valorada por los extranjeros que residen allí, el equilibrio entre la vida profesional y laboral, el entorno económico y la estabilidad institucional.

¿Por qué a los ricos les gusta tanto Suiza?

Las preguntas son muy incómodas. ¿Por qué las sociedades eligen gobernantes antisistema que las conducen al despeñadero? ¿Por qué los venezolanos votaron a Hugo Chávez a fines de 1998, los griegos acaban de hacerlo con Alexis Tsipras y es posible que los españoles repitan esa forma de suicidio cívico dentro de unos meses dándole la mayoría de sus votos a Pablo Iglesias, un neocomunista simpatizante del chavismo, como lo calificó, muy orgulloso, Diosdado Cabello, presidente del Congreso en Venezuela y el poder tras el delirante trono de Nicolás Maduro, ese ornitólogo y médium, experto en la comunicación con los pájaros y los muertos?

La clave está en la fragilidad de las democracias liberales, un débil diseño institucional surgido a fines del siglo XVIII para poner fin al antiguo régimen. Una forma de gobierno basada en la combinación de libertades políticas y económicas, que exige el inexorable cumplimiento de los principios en los que se sustenta y proclama para poder prevalecer. El consenso general define estos diez principios:

1. Todas las personas, y muy especialmente quienes participan del poder, tienen que colocarse bajo la autoridad de la ley y no puede existir impunidad para los violadores de las normas.

2. Es indispensable la transparencia total en los actos de gobierno y la rendición de cuentas periódicas y obligatorias.

3. La Constitución existe para proteger los derechos de los individuos, incluso y especialmente de la voluntad de las mayorías.

4. El Estado posee el monopolio de la violencia por libre delegación de la sociedad, que regulará y vigilará el uso de esta delicada facultad por medio de quienes administran la justicia.

5. La justicia (y la solución de los conflictos) tiene que ser absolutamente independiente, razonablemente eficiente, rápida y ajustada a derecho.

6. La actitud y el comportamiento de los funcionarios, tanto de los elegidos como de los contratados, deben estar teñidos por el espíritu de servicio público. Los funcionarios forman parte de la Administración del Estado para servir a la sociedad dentro de las reglas. No están ahí para mandar, sino para obedecer a quienes les pagan sus salarios por medio de los impuestos.

7. El método de cooptación y reclutamiento en la esfera pública es la meritocracia y no la arbitrariedad partidista ni el clientelismo.

8. Las personas deben percibir que tienen una posibilidad razonable de "buscar la felicidad", siempre y cuando actúen dentro de las reglas. No se define esa fórmula vaga porque la felicidad o el sentido del éxito personal varían notablemente.

9. Es vital que los individuos perciban que, si estudian, trabajan, se esfuerzan y cumplen las reglas, sus formas de vida mejorarán paulatinamente. Nada concede más estabilidad a una sociedad que la esperanza en un futuro mejor.

10. Una democracia liberal no puede dar la espalda a los ciudadanos que padecen serias desventajas. La cohesión social aumenta cuando está presente la solidaridad.

Cuando uno o más de estos principios comienzan a ser ignorados y esa hipócrita transgresión coincide con una crisis económica severa, ante los ojos de muchas personas, poco a poco, se devalúa la forma de relación entre sociedad y Estado conocida como democracia liberal. Es en ese punto cuando proliferan los indignados y los antisistema.

Es el momento en que los electores, muchas veces desesperados, comienzan a corear insensateces ("¡Que se vayan todos!"), o entregan a los nuevos mandamases la facultad de decidir por ellos, como hicieron innumerables cubanos en los primeros años de la revolución gritando la consigna "Si Fidel es comunista, que me pongan en la lista".

La otra pregunta inevitable es por qué no enterrar las democracias liberales si no han dado los frutos que de ellas se esperaban. Muy sencillo: porque sabemos que, cuando se cumplen los principios, esas sociedades se desarrollan y funcionan envidiablemente. Es lo que sucede en los veinte países más prósperos y felices del planeta, adonde quieren emigrar los desgraciados de todas partes. Lo que se impone es la corrección del sistema, no su demolición.

También sabemos que los antisistema –comunistas, fascistas, neopopulistas, dictaduras militares de derecha– suelen agravar todos los problemas que supuestamente pretenden solucionar. Venezuela es un clarísimo ejemplo de lo que sucede cuando se le abre la puerta a esta fauna destructiva. España será otro brutal fracaso si el señor Iglesias llega a la casa de gobierno. Será la hora de los monstruos.

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La hora de los monstruos

Un argumento muy recurrente entre Podemos e Izquierda Unida es que la devaluación interna no está sirviendo para ganar competitividad entre las empresas españolas, sino únicamente para cebar las cuentas debeneficios de las grandes compañías. Por ejemplo, ayer mismo, Eduardo Gutiérrez, representante económico de Podemos, sostuvo en La Sexta Noche:

El modelo de ser competitivos es simplemente que seamos más miserables, puesto que si somos más miserables vamos a cobrar menos como salarios y supuestamente las empresas van a bajar los precios. Lo que estamos viendo con las cuentas empresariales, con la contabilidad de balances del Banco de España, es que las empresas cuando bajan los salarios lo único que hacen es aumentar sus márgenes.

El relato ha calado hondo en la población, que, en efecto, piensa que la rebaja de salarios sólo está sirviendo para que "los ricos sean más ricos" a costa del impenitente sufrimiento del ciudadano medio. Acaso convenga, pues, echar un vistazo a los datos a los que nos remite el representante de Podemos, es decir, a la Central de Balances del Banco de España.

¿Es verdad que, según esta estadística oficial, las empresas están recortando masivamente en gasto de personal al tiempo que mantienen incólumes sus ingresos? No, no lo es. En el siguiente gráfico podemos encontrar la evolución de los ingresos empresariales, del valor añadido bruto (ingresos menos gastos por productos semiterminados adquiridos a proveedores) y de los gastos de personal entre 2003 y 2013 (cuadro 2.1.3).

 

Fuente: Central de Balances del Banco de España

Es fácil observar que el valor añadido bruto generado por las empresas españolas se halla en 2013 al nivel de 2003: en esta década únicamente ha subido el 1,5%. En cambio, los ingresos empresariales han crecido un 10% y los gastos en personal un 19%. Es decir, y como también puede apreciarse en el gráfico, la magnitud que con diferencia menos cae desde el estallido de la crisis son los gastos en personal. De ahí que la evolución de los beneficios empresariales en España, lejos de poner de manifiesto un generalizado latrocinio capitalista, exprese a la perfección el colapso económico que ha vivido España desde 2007: si desde su máximo el gasto en personal ha caído un 10%, los beneficios empresariales lo han hecho un 59%, hallándose sustancialmente por debajo del nivel alcanzado en 2003.

Fuente: Central de Balances del Banco de España

A la luz de los datos a los que nos remitía el economista de Podemos, difícil concluir que los recortes salariales se están empleando para inflar desproporcionadamente los beneficios de las empresas. Claro que, tal vez, el desinformado razonamiento populista-podemista pase a ser el tan manido: "Eso es así para las pymes, pero las grandes empresas en realidad sí están bajando salarios para forrarse".

Uno debería ser moderadamente escéptico con esa reformulación desesperada del argumento, ya que en la muestra de empresas utilizada por la Central de Balances del Banco de España están sobrerrepresentadas las empresas medianas y grandes. Mas, en cualquier caso, sí resulta necesario contrastar esta nueva hipótesis a través de la Encuesta de Población Activa. ¿Han aprovechado las grandes empresas para recortar masivamente salarios frente al numantino esfuerzo de mantenimiento salarial de las pymes? Más bien al contrario: no sólo el salario medio de las grandes empresas duplica el de las microempresas de hasta 10 trabajadores, sino que, desde 2006, las primeras lo han aumentado un 23% frente al 11% de las segundas. Es más, desde 2010 las microempresas han recortado sus salarios medios un 2,2%, mientras que las grandes empresas los han aumentado en un 5,3%.

Fuente: Encuesta de Población Activa

Por si fuera poco, y como también tuvimos ocasión de explicar, han sido las pymes, y no las grandes empresas, las que han efectuado un uso más intensivo de la reforma laboral para despedir trabajadores.

En definitiva, el argumentario de lucha de clases de Podemos no hay por dónde cogerlo. O desinformación o manipulación. Lo que ha sucedido en España es relativamente sencillo de comprender: tras años de hiperendeudamiento y de malas inversiones por doquier, la crisis económica experimentada por el conjunto de nuestra economía ha sido devastadora y ha recaído especialmente sobre el sector más débil del tejido empresarial, a saber, las pymes. Han sido, por consiguiente, las pymes las que han tenido que recurrir con mayor intensidad a rebajas salariales y despidos para tratar de sobrevivir. Sí: para tratar de sobrevivir. Desde 2007 han desaparecido más de 180.000 empresas con menos de 200 trabajadores: no porque se hayan lucrado a costa del proletariado, sino porque les ha sido imposible seguir obteniendo las más mínimas ganancias para continuar operando.

Pese a que la tentación populista es muy atrayente, deberíamos tener bien clara una idea muy sencilla: cuando el conjunto de las empresas españolas verdaderamente se estén forrando, el empleo se disparará, los salarios aumentarán y, en suma, la crisis habrá terminado. Todo lo demás es pura demagogia dirigida a capturar el poder a costa de incendiar el odio dentro de la sociedad.

Merecemos esta recompensa

Decía Marx que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. En esas está el PSOE y, más concretamente, su federación madrileña, que es el epítome del desastre pesoístico que no tiene paliativo desde que hace ya tres años y pico Zeta y sus cuatachas tuvieron que salir de la Moncloa por la puerta de servicio. El poder desgasta sí, pero solo cuando se está lejos de él. Para un partido adicto al presupuesto como el PSOE el síndrome de abstinencia es tan brutal que puede terminar fundiéndolo por dentro.

Hubo un tiempo en el que el PSOE de Madrid era hegemónico, chuleaba los principales ayuntamientos y hasta la propia autonomía que, en cierto modo, fue una hechura de sus líderes allá en los albores de los felices ochenta. Felices para ellos, se entiende. “Los ochenta son nuestros” se titulaba un drama generacional de Ana Diosdado que hizo furor entonces. Y tanto que lo fueron. Un partidillo marginal durante el franquismo sin más militantes que cuatro sindicalistas vizcaínos se apoderó del país entero. Y todo en un lapso de tiempo extraordinariamente corto. Una vez arriba le dieron al Estado la forma de su propio partido que es, en definitiva, la forma que España tiene ahora. Capturaron el zeitgeist como nadie lo había hecho desde que, en los primeros cuarenta, la Falange unificada vistió de azul a todo quisqui y puso cara al sol con el brazo derecho en alto a nuestros abuelos. Nos guste o no, el nuestro es un país hecho a imagen y semejanza del PSOE. No es casualidad que a los que nacimos en los años setenta los sociólogos nos llamasen “hijos de Felipe” de la misma manera que a los nacidos en los noventa ahora se les denomina “hijos de Zapatero”.

Claro, que de esto los más jóvenes ni se acuerdan, los socialistas madrileños llevan tanto tiempo alejados de la poltrona que el respetable ya les ve como los eternos segundones, un papel que las sucesivas ejecutivas del PSM se habían acostumbrado a interpretar con gusto e indescriptible entrega. Porque, digan lo que digan, en la oposición se puede llegar a vivir estupendamente. Los diputados regionales están bien pagados –demasiado bien pagados a mi juicio–, hay mucho botín para repartir, el sistema, nuestro sistema, es generoso con el que se clasifica en segundo lugar. Así que con un puñado de ayuntamientos para colocar afines más las comisiones de la asamblea, la difuntaCajamadrid, las empresas públicas y unos pellizcos aquí y allá la pena de no mandar es menos pena.

Y en estas andaban cuando aparecieron los jóvenes bolivarianos de Podemos y lo fastidiaron todo. Los jerarcas de Ferraz asumían sin grandes dramas eso de pasarse la vida en la oposición con la promesa de alguna vez llegar al Gobierno previo pacto y cambalache con IU. Lo que ya no les parece tan gracioso es verse relegados a la tercera plaza o incluso a la cuarta si los de la tercera vía tipo UPyD Ciudadanos siguen en ascenso. La política está para vivir de ella. Lo digo por si usted aún no se había enterado y es de los que piensa que alguna vez hubo políticos que creyesen que lo suyo servía para algo más que depredar legalmente rentas ajenas vía los presupuestos. Si los políticos se preocupasen por la gente lo primero que harían es disolverse pacíficamente y regresar a la vida civil. Siento decírselo con tanta crudeza pero los políticos no son necesarios. Las personas normales, los que vivimos de nuestro trabajo sirviendo a los demás y no a costa de estafar a los demás, nos bastamos y nos sobramos para vivir en paz sin su concurso. 

Pedro Sánchez no es muy listo, pero tampoco es tonto del todo. Quiere seguir viviendo de esto el resto de su vida. Por la edad que tiene y lo alto que ha llegado a volar o lo hace con la marca PSOE o se tendrá que dedicar a algún empleo honrado. No es funcionario como Rajoy y sus sorayos, no dispone de fortuna familiar ni se le conoce más habilidad que la del politiqueo. O mantiene el tipo o se acabó lo que se daba, y es mucho lo que se daba, mucho más de lo que cualquier español de su generación –que es la mía– ha tenido y tendrá jamás. Cepillarse a Tomás Gómez era una cuestión de pura supervivencia. Lo ha hecho, además, al más puro estilo de la Cosa Nostra: rápido y sin avisar. En estos detalles es donde se ve a las claras que la política y la mafia son la misma cosa, que en lo único que difieren es en la formas, y a veces ni eso. Lo lamento. No hay nobleza, no hay sublimes ideas, no hay nada de nada, solo interés en vivir del cuento.

Así que no se me alarme, esto ha sido un simple ajuste de cuentas entre malhechores, golfantes de lo público que no quieren soltar la teta. No oculto que lo he gozado al máximo, especialmente con lo del cambio de cerradura en la sede y la psicotrópica manifa que la banda derrotada montó en el cuartel general de la ganadora horas después del tiroteo. Cuando ellos sufren nuestro deber de individuos libres es alegrarnos. Mañana seguiremos deslomándonos a pagar impuestos y a trabajar para ellos. De vez en cuando, aunque siempre sea menos de lo que nos gustaría, merecemos esta recompensa. El espacio que han dejado lo ocuparán otros que, a su debido tiempo, se acuchillarán inmisericordemente. Mientras eso llega deleitémonos contemplando el espectáculo. Es lo único gratis que nos van a dar.  

Grecia sí es sistémica para el euro

El sistema bancario europeo está hoy plenamente inmunizado frente a un posible impago de la deuda pública griega: desde 2010, los bancos europeos han ido liquidando con pérdidas parte de sus tenencias de deuda pública a largo plazo, los vencimientos de su deuda pública a corto plazo han sido amortizados por la refinanciación que le proporcionaron a Grecia el FMI y los gobiernos europeos y, por último, en 2012 Grecia declaró un default del 75% sobre su deuda en manos inversores privados, lo que terminó de laminar casi por entero su cartera de bonos griegos. Actualmente, menos del 15% de la deuda pública helena se halla en manos del sistema financiero extranjero.

No existe, por tanto, ningún riesgo sistémico por una eventual bancarrota griega. Quienes más sufrirían la quita serían, de hecho, los gobiernos europeos por sus préstamos directos otorgados bajo el paraguas del primer plan de rescate y por su exposición al protagonista del segundo rescate: el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF).

Ahora bien, lo anterior no significa que no existan otros y más graves riesgos sistémicos derivados de una posible quiebra unilateral de Grecia. A la postre, si Syriza repudiara la deuda griega sin un acuerdo con sus acreedores, su sistema bancario rápidamente perdería cualquier acceso a la financiación del Eurosistema, por lo que también se vería abocado a la suspensión de pagos. En medio de ese corralito generalizado, el escenario más probable es que Syriza optara por salir del euro regresando a la dracma. Y salir del euro sí tendría consecuencias sistemáticas sobre la Eurozona.

La moneda fiat es una moneda política

Todo papel moneda inconvertible es una moneda política: la moneda fiat es el pasivo de un Estado y como tal es evaluado por el mercado. El dólar es la divisa del entramado estatal estadounidense, la libra es la divisa del entramado estatal británico y el yen es la divisa del entramado estatal japonés. Todos los gobiernos de estos países son propietarios de sus bancos centrales y reconocen la moneda que éstos imprimen como un ticket eficaz para saldar las deudas tributarias que esos gobiernos les imponen a sus ciudadanos. No se produce ninguna inquietud, por tanto, acerca de la desintegración del dólar, de la libra o del yen: en ausencia de un repudio deliberado de la moneda por parte de sus gobiernos, el dólar, la libra o el yen sólo desaparecerán si caen los respectivos Estados que los emiten y reconocen como propios.

El caso de la Eurozona, sin embargo, es distinto a los anteriores: ni existe un entramado estatal de la Eurozona —si bien, por desgracia, se halla “en fase de construcción”— ni el Banco Central Europeo es propiedad de un inexistente gobierno de la Eurozona: el euro es más bien la divisa de una cooperativa de entramados estatales variopintos. Y tratándose de una cooperativa dedicada a emitir pasivos monetarios que cualquier gobierno miembro de la Eurozona reconoce como propios (son aceptados para saldar las obligaciones tributarias), devendrá necesario coordinar las condiciones de emisión de ese pasivo para que ningún gobierno nacional se financie emitiendo moneda a costa de los demás (incluyendo la emisión indirecta: es decir, presionando a los bancos privados de su país a que compren deuda pública y utilizando esta como vía de financiación bancaria ante el BCE). De ahí, por ejemplo, las relativamente estrictas restricciones contra la monetización de deuda pública por parte del BCE y de ahí, sobre todo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que limita el riesgo moral de cada gobierno a la hora de sobreendeudarse ante la expectativa de que sus pares lo rescatarán monetizando su deuda en el banco central.

Pero precisamente por la necesidad de coordinar la creación de una moneda política entre cooperativistas politizados con intereses divergentes, el euro  puede desaparecer si las cautelas anteriores son desdeñadas por algún Ejecutivo díscolo. Es decir, un país puede abandonar la cooperativa política de la Eurozona si desea recuperar la “soberanía monetaria” (a saber, la capacidad para crear papel moneda inconvertible como herramienta de financiación del Estado). Ese es el brete en el que se encuentra ahora mismo Grecia: el resto de sus socios comunitarios —con razón— no quieren prestarle más sin condiciones y la hiperendeudada Grecia aspira a que se le preste, bien directamente (préstamos intergubernamentales) o indirectamente (monetización de deuda pública griega en el BCE). Y si la hiperendeudada Grecia no consigue que se le preste —ya sea porque ella cede a las condiciones de sus acreedores o porque éstos ceden a sus peticiones—, Grecia podría salir del euro.

El euro es irreversible

Como decíamos, nadie se preocupa de que el dólar o el yen desaparezcan: o al menos nadie se preocupa más de ello de lo que se preocupa por que desaparezca el Estado estadounidense o japonés. No así con el euro: un Estado miembro de la Eurozona sí puede abandonar el euro en caso de que el resto no quieran proporcionarle toda la financiación que él exige para mantenerse dentro.

Hasta la actual crisis no había temores fundados de que se pudiera llegar a esa situación extrema: el crédito barato de la banca privada llegaba fácilmente a cualquier lugar de la Eurozona ante la nula perspectiva de pérdidas futuras. Con la actual crisis, sin embargo, el escenario mutó: conforme las deudas privadas y públicas fueron impagándose, la norma dejó de ser la concesión imprudente y alocada de crédito y pasó a serlo su restricción. No todos los gobiernos, por tanto, podían obtener toda la financiación deseada, por lo que se abría la posibilidad de que alguno abandonara la Eurozona. Los inversores lo sabían y en consecuencia actuaron: hasta 2012, sacaron sus ahorros de aquellos países con mayores probabilidades de abandonar el euro debido a su débil posición financiera y a sus fuertes necesidades de financiación, lo que contribuía a estrangularles todavía más.

Fue entonces cuando Mario Draghi salió a la palestra para templar los ánimos de los inversores y evitar la destrucción endógena de la Eurozona: “haré todo lo necesario para salvar al euro”, dijo; léase, “proporcionaré la financiación que necesitan todos los gobiernos nacionales para evitar que salgan del euro”. La idea que pretendió —y consiguió— transmitir Draghi con tal declaración de intenciones es que el euro era irreversible a cualquier coste: despejados los temores de fragmentación monetaria, los flujos de capital volvieron a esparcirse por toda la Eurozona rebajando los costes de financiación en aquellas zonas que los habían visto incrementar por la fuga de capitales.

El euro no es irreversible

En este contexto, la salida del euro de Grecia tendría un efecto sistémico en tanto en cuanto quebraría el consenso post-draghiniano de que el euro es irreversible. Pondría de manifiesto que el presidente del BCE había ido en gran medida de farol y que, en determinados contextos, no estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para salvar el euro. Y, a partir de ahí, la pregunta obvia pasaría a ser: si Grecia ha terminado saliendo del euro, ¿qué otros miembros de la Eurozona podrían terminar abandonándola? Por ejemplo: si Podemos ganara las elecciones en España y siguiera una política análoga a la de Syriza, ¿acaso no podría ser España la siguiente?

Mas si la victoria de una de las principales fuerzas políticas en algunos países de la Eurozona implica la ruptura de la moneda única europea, es obvio que sus expectativas de supervivencia caerán por los suelos. En estas condiciones, difícilmente un ahorrador alemán u holandés se planteará invertir a largo plazo en una economía periférica susceptible de abandonar el euro por motivos tan triviales como la victoria electoral del principal partido de la oposición. La magia de la irreversibilidad monetaria se esfumará para siempre, cargando los sobrecostes de semejante ruptura sobre los eslabones más débiles y menos creíbles de la Eurozona.

La quiebra de Grecia y su consiguiente salida del euro sí es, pues, un riego sistémico: el sistema de moneda fiat en la Eurozona, tal como lo conocemos, se vendría abajo, restableciéndose muchas de las tendencias de fragmentación de financiera que se produjeron dentro de la misma hasta que Draghi pronunció sus mágicas palabras a mediados de 2012.

Conclusión

El euro, como toda moneda fiat, es una moneda política. Pero, a diferencia de otras monedas fiat, no es la moneda de un único Estado soberano, sino de una cooperativa de ellos. Es esta circunstancia la que convierte al euro en un marco monetario potencialmente inestable: algunos Estados miembros tendrán la tentación de parasitar a sus socios monetarios y éstos tratarán legítimamente de evitarlo. Mas, claro está, el último recurso para evitar el parasitismo es la ruptura del euro.

Acaso por ello, por las enormes repercusiones negativas a medio plazo sobre los distintos socios de la unidad monetaria, la sangre no termine llegando al río griego. Sin embargo, y más allá de cómo se resuelva la controversia particular planteada por Syriza, lo cierto es que a largo plazo la moneda única sólo podrá sobrevivir sin un Estado europeo único si todos los miembros de la Eurozona se comportan con la suficiente responsabilidad y lealtad fiscal como para no requerir de transferencias de renta permanentes del resto de sus socios: es decir, el euro sólo sobrevivirá si sus miembros renuncian a usar la política monetaria como subrogado de la política fiscal y si, por tanto, avanzamos hacia un escenario de endeudamiento público moderado y de déficits públicos equilibrados.

En ausencia de tales condiciones, las alternativas a la descomposición del euro serán justo las que hemos experimentado hasta la fecha: o parasitismo o servidumbre. O transferencia de rentas permanentes del Norte al Sur o centralización política creciente que someta al Sur ante el Norte. Tal vez sea hora de darnos cuenta de que la unidad monetaria es maravillosa, pero que una unidad estable no puede construirse sobre una moneda politizada y que, en consecuencia, necesitamos regresar a un dinero neutral, imparcial y apolítico como el oro.

¿Qué es y qué efectos tiene un Quantitative Easing?

El Banco Central Europeo acaba de anunciar una "flexibilización cuantitativa" (Quantitative Easing) por importe de 1,1 billones de euros: algo más que todo el Producto Interior Bruto de España. Al entender de muchos, esta "inyección de dinero" en la economía es la clave de nuestra recuperación, pero para evaluar realmente sus efectos conviene conocer tanto su naturaleza como sus atribuidas consecuencias.

¿En qué consiste exactamente?

El Quantitative Easing no es más que la compra de ciertos activos bancarios por parte del banco central. Imagine que el BBVA adquirió hace unos meses un bono del Tesoro español por un importe de diez millones de euros y con un plazo de vencimiento a diez años; imagine, además, que el BBVA se arrepiente de haberlo comprado o simplemente está necesitado de mejorar su liquidez. En tal caso, y dado que todavía falta una década para que el Estado español le devuelva el dinero que previamente le ha prestado, el BBVA tenía hasta ahora dos opciones: la primera, pedir un crédito al BCE aportando como garantía ese título de deuda pública (como quien pide una hipoteca garantizándola con su casa); la segunda, vender la deuda pública a otros inversores privados.

El problema de la primera vía para mejorar la liquidez del BBVA es que se trata de una mejora temporal que conlleva, además, un coste financiero: el crédito que el Banco Central Europeo le concede al BBVA vencerá en un plazo breve de tiempo (un mes, un trimestre o, en el mejor de los casos, tres años) y, además, obliga al BBVA a pagarle un interés periódico al BCE. Es decir, en el fondo el BBVA no está mejorando estructuralmente su liquidez: su saldo de tesorería aumenta sólo de manera temporal y al coste de soportar un cierto coste financiero.

La segunda vía es, en principio, más interesante para el BBVA: vende el bono de deuda pública a otro banco (por ejemplo, Bankia), de modo que se deshace definitivamente de él y, por tanto, se mejora de forma estructural su liquidez sin necesidad de abonarle continuamente intereses a Bankia. Ahora bien, desde un punto de vista macroeconómico, esta transacción tiene un defecto: sí, el BBVA mejora su liquidez… pero lo hace a costa de que Bankia empeore la suya (Bankia tiene que reducir sus disponibilidades de efectivo para comprarle la deuda pública a BBVA). ¿Qué hacer, pues, si nuestro objetivo es que algunos agentes económicos puedan mejorar su liquidez sin que nadie empeore la suya? Aquí entran los Quantitative Easing.

Mediante las flexibilizaciones cuantitativas, es el banco central quien compra la deuda pública (u otra deuda privada) en manos de los bancos privados. ¿Y cómo la compra? Imprimiendo nuevos billetes de euro expresamente para ello (en realidad, incrementa el saldo de la cuenta corriente que los bancos tienen en el BCE, pero el efecto es exactamente el mismo que imprimir nuevos billetes). Por consiguiente, y siguiendo con nuestro ejemplo anterior, el BBVA puede mejorar estructuralmente su liquidez sin que nadie la empeore porque el banco central crea nueva liquidez con la que sanear su balance.

¿Qué efectos supuestamente tiene?

Según se nos dice, los Quantitative Easing poseen varios efectos que redundan en beneficio del conjunto de la economía y que permitirían reanimarla.

Para empezar, contribuyen a reducir los tipos de interés: si el banco central aumenta la demanda de determinados títulos de deuda, el tipo de interés de esos títulos de deuda cae (por simplificar: comprar un título de deuda es equivalente a prestar al deudor de ese título de deuda, y a mayor oferta de préstamos, menores tipos de interés). En sí mismo, esto ya constituye un estímulo para aquellas entidades cuyos títulos de deuda adquiere el banco central: los menores tipos de interés abaratan su coste de financiación (paradigmáticamente, el Tesoro público podrá endeudarse de manera más asequible, liberando recursos para otras partidas del gasto).

Segundo, la situación financiera de los bancos privados mejora: sus inversiones ya no están tan "atascadas" o "comprometidas" en créditos a largo plazo, sino que son reemplazadas por efectivo recién impreso por el banco central.

Tercero, la combinación de menores tipos de interés y del manguerazo de liquidez a los bancos debería incrementar la concesión de nuevos créditos a la economía productiva. Por un lado, el balance de los bancos es más sólido tras la flexibilización cuantitativa y, por tanto, disponen de mayor capacidad para extender nuevo crédito. Por otro, los bajos tipos de interés de cierta clase de deuda (por ejemplo, de la deuda pública) constituyen un incentivo para que la banca busque nuevos caladeros donde invertir su dinero: si la cómoda y segura compra de deuda pública ya no es un negocio (porque las flexibilizaciones cuantitativas del BCE han anulado su rentabilidad), a los bancos no les quedará otro remedio que asumir mayores riesgos y prestar a familias y empresas el nuevo dinero que han recibido del banco central. Además, dado que habrá un torrente de bancos deseosos de prestar a familias y empresas, los tipos de interés del crédito privado caerán, con lo que más gente querrá endeudarse.

Cuarto, el aumento del crédito al sector privado permitirá incrementar el consumo y la inversión con base a la deuda. Mayor gasto privado tenderá a reavivar la economía y, de este modo, no sólo a reanimar la "actividad" sino también a elevar los precios, ahuyentando así el terrible fantasma de la deflación.

Quinto, parte de ese gasto a crédito se filtrará hacia el exterior y, para ello, habrá que vender euros y comprar dólares, libras o yenes, con lo que estas últimas divisas se apreciarán frente al euro (es decir, el euro se depreciará). Y, además, como todo el mundo anticipará esta depreciación del euro, los especuladores tenderán a acelerarla, liquidando sus posiciones en euros o incluso adoptando posiciones cortas en la moneda europea.

Y sexto, la mayor disponibilidad de crédito barato, el mayor gasto interno, las subidas de precios, la depreciación de la moneda y la expectativa de que estas condiciones de laxitud y bonanza se mantendrán tanto tiempo como sea necesario para relanzar el crecimiento económico constituirán un marco macroeconómico en el que los agentes se sentirán cómodos para volver a endeudarse, a invertir, a consumir, a expertos y a contratar a más trabajadores. Todo un éxito.

¿Cuáles son sus contraindicaciones?

Como debería resultar evidente, si los Quantitative Easings fueran tan maravillosos, no habría gobierno alguno en el mundo (ni siquiera los más sádicos con su población) que dejaran de aprovecharse de ellos. Pero claramente éste no es el caso: los Quantitative Easings son la excepción, y no la norma, de la política monetaria de un país. En tiempos normales, el motivo es claro: cuando la economía está creciendo merced al impulso de unos bancos que prestan y de unas familias y empresas que se endeudan, echar más leña al fuego sólo contribuye a recalentar excesivamente la economía y a que suban los precios más de lo deseado.

Sucede que actualmente no estamos en ese escenario: los bancos no prestan, familias y empresas no piden prestado, los precios caen y nadie gasta. Por tanto, actualmente el Quantitative Easing parece constituir un necesario impulso a una economía estancada que no va acompañado de efectos adversos. Pero no tan rápido: aunque el Quantitative Easing no vaya a provocar a medio plazo nada parecido a una elevada inflación (no hablemos ya de hiperinflación), eso no significa que no pueda tener otras consecuencias perjudiciales.

El primer efecto es que el banco central pierde margen de maniobra a la hora de gestionar su moneda: el valor del euro se determina diariamente en los mercados en función de su demanda y de su oferta. Con los Quantitative Easings, el banco central no sólo incrementa la oferta de euros en un momento en el que muchos inversores prefieren tener euros en efectivo a deuda a largo plazo denominada en euros, sino que se esclerotiza a la hora de regular esa oferta en el futuro: si dentro de unos años el público rechazare mantener sus saldos en efectivo y comenzare a gastarlos en bienes de consumo o de inversión, sí podría desatarse una alta inflación en los bienes de consumo o en los activos que el banco central no podría frenar salvo disparando exageradamente los tipos de interés.

O dicho de otra manera, el Quantitative Easing esteriliza los instrumentos tradicionales con los que cuenta el banco central para administrar su provisión de financiación al sistema financiero. Como reconocen los propios ex jerarcas de la Fed, la estrategia de entrada en el Quantitative Easing está muy clara; la estrategia de salida está de momento en pañales. Como la pasta de dientes, sacarla del tubo es muy fácil; volverla a meter, puede ser muy complicado.

El segundo efecto es que los bajos tipos de interés no tienen por qué estimular un nuevo ciclo de endeudamiento que relance la economía, salvo acaso entre las Administraciones Públicas. Estas últimas sí siguen plenamente interesadas en mantener unos déficits públicos desbocados cuyo coste trasladan impunemente a las generaciones futuras: menores tipos de interés de la deuda pública a buen seguro facilitarán su indisciplina a costa del contribuyente. Distinto es el caso de familias y empresas: si éstas siguen altamente endeudadas con respecto a su capacidad futura de generar riqueza, facilitarles de forma artificial el endeudamiento no las llevará normalmente a redoblar sus pasivos, por lo que el efectivo inyectado por el banco central a la banca privada permanecerá en las cajas fuertes de esta última. Se puede llevar el caballo al río (facilitar el endeudamiento), pero no se le puede obligar a beber (a endeudarse).

Ahora bien, lo anterior no significa que la reducción de tipos de interés del Quantitative Easing carezca de efectos adicionales: los tipos de interés no sólo influyen a la hora de determinar el volumen de nueva deuda, sino también a la hora de determinar el precio de los activos y el ritmo al que se amortiza la deuda pasada. Instituir un clima de tipos de interés bajos puede que no relance el nuevo crédito, pero a buen seguro sí ralentizará la velocidad a la que familias y empresas reducen anticipadamente su deuda pasada (la deuda a tipo de interés fijo será mucho más cara de recomprar en el mercado; la deuda a tipos variables dejará de pagar intereses, por lo que no interesará amortizarla) y fomentará un incremento del precio de los activos financieros vía aumento del múltiplo sobre sus beneficios presentes (como en parte ya ha sucedido en la bolsa estadounidense).

Es decir, la reducción de tipos de interés de la flexibilización cuantitativa consolidará un contexto económico de alto endeudamiento y de activos sobrevalorados: lejos de facilitar el reajuste económico —consistente en minorar nuestra deuda y en asignar el capital hacia los proyectos verdaderamente más valiosos— lo dificultará.

En tercer lugar, si los menores tipos de interés de la flexibilización cuantitativa sí estimularen una mayor concesión de nuevo crédito (tal como desean sus impulsores), fijémonos en que lo harían empujando a los bancos a que asumieran mayores riesgos de los que ahora mismo creen prudente asumir. La idea, como ya hemos explicado, es que el Quantitative Easing mate la rentabilidad de los activos seguros para que así los inversores se lancen de cabeza hacia las relativamente más rentables pero inseguras inversiones. Más deuda y más riesgo. Por ende, mucha mayor fragilidad financiera: justo la receta que nos condujo al desastre de la crisis actual y por lo cual muchos de los que ahora defienden las flexibilizaciones cuantitativas se han cansado de exigir una mayor regulación del sistema financiero.

En cuarto término, y ligando los dos puntos anteriores, si el Quantitative Easing estimula una mayor concesión de créditos a tipos de interés más bajos, todos aquellos empresarios que se hayan financiado previamente a tipos de interés más altos verán su deuda como una desventaja competitiva. Si tus rivales se han financiado al 2% mientras tú has de seguir pagando durante años el 6%, es obvio quién tiene las de ganar (y no: justamente porque las flexibilizaciones cuantitativas elevan el valor de mercado de las deudas, quien se ha financiado al 6% no puede refinanciarse al 2% salvo trasladándole a su acreedor las pérdidas derivadas de esa quita de intereses). Por tanto, no sólo se financian proyectos empresariales más inseguros, sino que se concede una artificial ventaja competitiva a los proyectos más inseguros frente a los más seguros.

Y, por último, tampoco la depreciación del tipo de cambio, especialmente con la magnitud que está adoptando la del euro, tiene por qué ser positiva. Desde hace años el mundo está sumergido en una silenciosa guerra monetaria (China contra EEUU, EEUU contra Europa, Japón contra EEUU y China, Europa contra todos…) que en algún momento nos ha perjudicado a todos. Ahora parece que le toca el turno a Europa: hundir el euro para vender más allende los mares y para estimular el gasto interior a costa de las importaciones. El problema de este tipo de depreciaciones es que impiden la construcción de una división internacional del trabajo verdaderamente duradera: la especialización de cada región del planeta no se determina por su ventaja competitiva estructural frente al resto, sino por la transitoria manipulación monetaria que se imprima. Ciego hoy tú, ciego mañana yo.

En suma, las flexibilizaciones cuantitativas son un chute de liquidez que el banco central introduce dentro del sistema bancario. Los sujetos claramente beneficiados por ese chute de liquidez son los propios bancos, las Administraciones Públicas, los antiguos inversores en activos financieros, los exportadores nacionales y acaso los deudores marginalmente menos solventes; los perjudicados, en cambio, son los tenedores de moneda, los contribuyentes, los nuevos ahorradores, los importadores nacionales y acaso los deudores marginalmente más solventes. Se premia la deuda y el riesgo; se castiga el ahorro y la seguridad: la recuperación no busca asentar sobre nuevas y buenas oportunidades de negocio, sino sobre viejas y malas prácticas arriesgadas. Lejos de impulsar el reajuste sano de la economía basándolo en libertad de mercado y ahorro interno, se intenta exprimir todo el potencial de un sistema fallido huyendo hacia delante.

La economía brasileña pasa de la esperanza a la desesperación

¿Recuerdan las loas y aplausos al "modelo económico" brasileño? Durante años, el gigante sudamericano fue uno de los mercados de moda entre los inversores europeos y estadounidenses. Raro era el informe de perspectivas económicas que no incluía a Brasil entre los países más prometedores del globo.

Sin embargo, el paso del tiempo ha sacado a la superficie las importantes carencias de la economía brasileña. Hay tres datos que certifican el enfriamiento del desarrollo:

  • En primer lugar, el déficit por cuenta corriente ya supera el 11% del PIB. Para un país emergente que hasta hace poco basó su "modelo económico" en un fuerte aumento de las exportaciones, estos niveles son escandalosamente elevados.
  • En segundo lugar, la inflación para 2015 rondará el 7%. En una economía que está saliendo del subdesarrollo, este ritmo de aumento de los precios se comporta como un factor de empobrecimiento entre las clases más humildes, actuando también contra la acumulación de capital vía ahorro o inversión.
  • En tercer lugar, la deuda pública ya se acerca al 65% del PIB. Solamente entre 2013 y 2014 este indicador saltó del 57% al 63% del PIB, al hilo de un creciente déficit fiscal que ya llega al 6,7% del PIB.

El cuadro fiscal brasileño es aún peor si nos atenemos a las estimaciones que ha publicado Moody’s. La agencia de calificación ha estudiado el balance de las empresas públicas y los programas de pensiones del Estado, llegando a la conclusión de que la "deuda oculta" del país elevaría las obligaciones totales de las Administraciones brasileñas a niveles del 100% del PIB.

2014 y 2015: crecimiento cero

El ministro de Finanzas brasileño, Joaquim Levy, admitió en el Foro Económico Mundial 2015 que la economía brasileña "apenas crecerá en 2015". De hecho, el Ejecutivo de Dilma Rousseff ha señalado que este deterioro obligará a asumir nuevas medidas fiscales, basadas en aumentar la presión fiscal y reducir el gasto público.

De acuerdo con los estudios publicados por el Banco Central de Brasil, el PIB apenas aumentará un 0,5% a lo largo del presente ejercicio. Conviene recordar que en 2014 apenas se dio una expansión del 0,15%, por lo que Brasil encadena ya dos años sin apenas crecimiento justo ahora que la tasa de inflación se enquista en el 7%.

Rousseff, a la desesperada

El deterioro que está experimentando la economía del gigante sudamericano es tan pronunciado que el Ejecutivo de Dilma Rousseff ha aprobado medidas de urgencia en diferentes campos. Por ejemplo, ha revisado al alza los impuestos especiales aplicados a la gasolina o a los productos de cosmética. Los ajustes anunciados por el gobierno también llegan a las pensiones y el subsidio de desempleo. En ambos casos, las prestaciones van a ser rebajadas con la esperanza de que las cuentas públicas empiecen a corregir las desviaciones de los últimos años.

El agujero fiscal no es el único problema al que se va a enfrentar Rousseff. Brasil también está lidiando con una crisis energética, especialmente tras los apagones que sufrió buena parte del país en la jornada del lunes 2 de febrero. Levy ya explicó en Davos que el país está estudiado medidas de "racionalización del consumo eléctrico".

El petróleo, otro dolor de cabeza

Hay más. Brasil también está lidiando con la caída en los precios del petróleo, otra fuente de incertidumbre para la economía brasileña. Este complejo ajuste viene acompañado del escándalo que rodea a Petrobras, el gigantesco conglomerado petrolero estatal. Al hilo de esta crisis institucional, toda la cúpula directiva de la empresa dimitió el pasado miércoles 4 de febrero.