Artículos en prensa - Instituto Juan de Mariana

Insulto, bendito insulto

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en enero 23, 2015. Publicado en Artículos en prensa.

La libertad de expresión incluye la libertad de ofensa. Ofenderse es algo muy subjetivo. El emperador Calígula, por ejemplo, estaba tan azorado con su prematura alopecia que dictaminó que todo aquel que se atreviese a mirar su pelada coronilla fuese condenado a muerte. A Julio César, en cambio, que le mentasen la calvicie no le molestaba en absoluto. A la vuelta de las Galias sus legionarios cantaban desfilando por Roma una coplilla que decía algo así como "¡romanos, alejad a vuestras mujeres que ha llegado el adúltero calvo!". César disfrutaba con las apelaciones continuas a su varonil calva. Casi cualquier insulto que sus detractores le dirigían iba seguido de calvo. Los antiguos romanos eran grandes insultadores, su inagotable repertorio de palabrotas así lo atestigua. Eso es símbolo de civilización. Los pueblos civilizados se insultan, se ofenden, se cabrean, se vuelven a insultar, se mentan a la madre y se devanan los sesos para encontrar la palabra con la que herir al otro. Insultarse, de hecho, es sinónimo de inteligencia. Los faltones suelen ser individuos listos, los que no saben insultar son por lo general memos dados al lloriqueo. Los pueblos bárbaros se matan, generalmente sin mediar palabra. Si me dan a elegir siempre me quedaré con una sociedad en la que se insulte a calzón quitado.

Digo todo esto para enmendar la plana al Papa Francisco, que el otro día dijo algo así como que la libertad de expresión tiene su límite en las ofensas, que no se puede ofender nunca y menos aún burlarse de la religión de los demás. Obviamente el Papa patina. Expresarse libremente es ofender libremente y, por descontado, burlarse de las creencias religiosas que uno crea oportuno. Entiendo que como líder religioso que es tenía una papeleta complicada. Por un lado no puede más que condenar lo sucedido en París. Pero el crimen fue cometido en nombre de una religión concreta y de todos es sabido que entre bomberos no se pisan la manguera. La confesión católica es objeto de agravios en Occidente desde hace siglo y pico. A estas alturas los asendereados católicos ya han aprendido a vivir con ello. Muchos, la mayoría, aceptan las increpaciones como el mal menor de vivir en una sociedad abierta que les permite a ellos ofender a quien crean conveniente, incluso a su propia Iglesia cuando hace o dice algo con lo que no están de acuerdo. Pocas religiones son tan vigorosas en la autocrítica como el catolicismo con sus interminables disputas entre teólogos y sus bizantinas discusiones de sacristía. Esto es así mal que le pese a los que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, han insistido estos días en equiparar al islam wahabita con el catolicismo romano de nuestros días.

Ahora bien, si el insulto es saludable la calumnia no. La calumnia consiste en imputar a alguien la comisión de un delito a sabiendas de que no lo ha cometido. Calumniar no entra dentro de la categoría de los insultos. La calumnia es traicionera y vil, propia, por cierto, de los que no saben injuriar como Dios manda, de los políticos y de los cobardes, lo que viene a ser todo uno. Y aquí entramos en terreno pantanoso porque, ¿se puede calumniar a algo tan vaporoso e impersonal como una religión? Personalmente creo que no. Las religiones son como las ideologías políticas, no delinquen, delinquen las personas, así que se me antoja difícil imputar un delito al islam o al cristianismo tomados como algo único y con voluntad propia. Y en el caso de que se lo imputásemos, ¿quién pagaría por ello?, ¿quién resarciría a la hipotética víctima? Como puede ver, la cosa no es tan sencilla, de modo que ante la duda siempre a favor de la libertad de expresión. Las caricaturas de Charlie Hebdo pueden ser ofensivas hasta el extremo de la calumnia hacia ciertas figuras santificadas, pero nadie está obligado a verlas. Si se siente ofendido escoja: el desdén con el desdén o el insulto con el insulto y entretanto felicítese por vivir en un país libre y civilizado en el que las diferencias se despachan con la lengua y solo con la lengua.

La última huida hacia delante de Mario Draghi

Escrito por Juan Ramón Rallo en enero 23, 2015. Publicado en Artículos en prensa.

Cuando se rechaza lo correcto, sólo queda intentar lo incorrecto. Tal parece ser el lema del Banco Central Europeo, quien se ha lanzado a premiar con una “flexibilización cuantitativa” de más de un billón de euros a los distintos gobiernos de la Eurozona por cuanto éstos se niegan a atajar los verdaderos problemas estructurales que sí padece el Viejo Conteniente: no la deficiencia de endeudamiento público y privado, sino la ausencia de libertad económica y de ahorro privado que permita una sana acumulación de capital interna. Con el QE, el BCE pretende sustituir las oportunidades y los capitales propios por la imprudente asunción de riesgos y el endeudamiento. No queremos crecimiento sano, pero abrazamos entusiasmados la hinchazón insana.

Claro que una cosa son las intenciones declaradas del QE (inducir al sistema financiero a que asuma mayores riesgos e incremente su crédito privado) y otro los resultados verosímiles. La lógica de los llamados “mecanismos de transmisión” peca de ingenua: que hasta finales de 2016 el BCE vaya a reemplazar 1,1 billones de euros en activos en manos de la banca por 1,1 billones de euros en efectivo no significa que los bancos, tras beneficiarse de ese generoso manguerazo de liquidez a costa del ciudadano europeo, procedan por necesidad a aumentar su provisión de crédito a la economía.

No parece demasiado probable que una banca europea todavía infracapitalizada y celosa de su solvencia vaya a incrementar masivamente su financiación a un sector privado maniatado por el infierno fiscal y regulatorio europeo; como tampoco parece que familias y empresas, cercadas por los excesos de un endeudamiento pasado ya alimentado por el BCE, vayan a aumentar significativamente sus demandas de nueva deuda. Previsiblemente, pues, la amortización de la deuda antigua seguirá superando la concesión de nuevos créditos, de modo que el volumen total de deuda continuará reduciéndose, consolidando así las actuales tendencias deflacionistas.

A la postre, la banca europea no se halla actualmente constreñida por su liquidez a la hora de prestar. Los bancos europeos disponen de un exceso de reservas de 100.000 millones que, hace poco más de medio año, el fueron multiplicadas por el propio BCE al anunciar un paquete de medidas conducente a proporcionar alrededor de 400.000 millones de euros a aquellos bancos que estuvieran interesados en prestar al sector privado. En aquel momento ya expresé mis dudas de que llevando al caballo al río, éste optara por beber sin tener sed; hoy sigo manteniendo esas mismas dudas ante la huida hacia delante que ayer protagonizó Draghi: proporcionar todavía más liquidez a la banca no solventa los problemas de base que impiden que “fluya el crédito”… y sin solventar tales problemas, el crédito simplemente no fluirá.

Dicho de otra manera, las flexibilizaciones cuantitativas no son ni condición necesaria ni condición suficiente para que se expanda de nuevo el crédito al sector privado. No son condición necesaria porque los bancos privados son autónomamente capaces de expandir el crédito cuando las condiciones fundamentales de la economía (solvencia del banco y solvencia del demandante del crédito) así lo permitan: jamás los bancos privados han necesitado de una inyección previa del banco central para prestar a familias, empresas o gobiernos. No son condición suficiente porque, en ausencia de cambios en las condiciones fundamentales, no consiguen que los bancos presten más, sino únicamente que atesoren la liquidez que han recibido.

Ciertamente, el QE pretende que esa condición insuficiente se torne en suficiente mediante una manipulación de las condiciones del mercado: si emborrachamos con liquidez a la banca y si, además, las compras de deuda pública y privada hunden por los suelos la rentabilidad de los activos adquiridos, entonces a la banca no le quedará otro remedio que expandir el crédito al resto de sectores de la economía. Y, desde luego, una combinación de sobredosis de liquidez y de tipos de interés nulos o incluso negativos terminaría empujando a la banca a escalar en riesgos para buscar rentabilidades algo más atractivas y, por tanto, a prestar a familias y empresas. Pero fijémonos en que lo que habrá conseguido en tal caso el QE no es que haya más buenas oportunidades de inversión en la economía, sino que el crédito aumente dentro de un contexto empresarial hostil a costa de que el conjunto del sistema financiero asuma riesgos que ese mismo sistema financiero juzgaba desproporcionados. Como dijimos al comienzo, el BCE busca sustituir oportunidades de inversión y ahorro propio por mayor riesgo y endeudamiento. Una fórmula que primero multiplica la fragilidad del sistema y luego termina socavándolo.

Acaso por ello, Draghi reiteró ayer que la verdadera solución a los problemas de Europa en ningún caso provendrá de una política monetaria expansiva, sino de las reformas estructurales y de los ajustes presupuestarios de sus gobiernos. Mas justamente el chute monetario del presidente del BCE contribuye a aplazar de manera indefinida cualquier reforma profunda en el esclerotizado modelo europeo: como ya hizo su ventanilla de rescate a gobiernos díscolos abierta durante la segunda mitad de 2012 (la OMT), en ausencia de mercados financieros que pongan de manifiesto las debilidades e insostenibilidades del crecimiento europeo a través de la prima de riesgo, sus gobiernos optan por dormirse en los laureles del artificialmente abaratado endeudamiento público y de unas hinchadas burbujas de activos que, efecto riqueza mediante, actúan como broteverdistas espejismos entre la población.

El QE europeo es un error, uno más en la gestión monetaria del BCE durante los últimos años. Lo que necesitamos no es más riesgo estéril y más deuda, sino más mercados y más ahorro interno: es decir, liberalizaciones, imperio de la ley y reducciones del gasto público y de los impuestos. En su presencia, el QE sería innecesario; en su ausencia, inútil o contraproducente. Los mayores —acaso únicos— beneficiarios de esta orgía monetaria serán gobiernos y bancos, esto es, los dos agente que han configurado la estructura actual del sistema financiero en su propio privilegiado provecho. Curioso que aquellos acostumbrados a clamar contra la socialización de pérdidas y el rescate a la banca estén aplaudiendo una medida que, en última instancia, tiene los mismos contraproducentes efectos.

La dictadura democrática de Podemos

Escrito por Manuel Llamas en enero 18, 2015. Publicado en Artículos en prensa.

Muchos, sin duda, se habrán llevado las manos a la cabeza al descubrir que Podemos plantea la posibilidad de prohibir la Semana Santa en Sevilla, y sin embargo dicha propuesta constituye tan sólo una simple muestra de la naturaleza dictatorial que esconde el partido de Pablo Iglesias bajo el falso ropaje democrático que tanto airean.

La aplicación del ideario podemita no sólo se traduciría en una intensa restricción de la libertad económica, sino que, además, implicaría un retroceso brutal en el ejercicio del resto de derechos fundamentales del individuo, más allá del uso y disfrute de la propiedad privada, tales como la libertad religiosa, la libertad de expresión y, en última instancia, también la libertad política. Las ideologías totalitarias conducen a sistemas totalitarios, siempre y en todo lugar, y Podemos no es una excepción.

Basta observar con atención las palabras que han suscitado esta particular polémica para percatarse de la verdadera catadura de dicha formación. En una entrevista publicada por El Mundo, la secretaria de Podemos en Sevilla, Begoña Gutiérrez, afirmaba lo siguiente:

Si gobernamos y se plantea quitar la Semana Santa, los ciudadanos decidirán (…) En Podemos todo los decidimos los ciudadanos y las ciudadanas. Si se llegara a plantear esa cuestión serían ellos quienes lo decidirían.

Abría, así, la puerta a una votación sobre la prohibición de la Semana Santa.

Sus declaraciones levantaron al instante tal oleada de críticas e indignación, especialmente en Sevilla y el resto de Andalucía, que su autora no tardó mucho en intentar rectificar su colosal metedura de pata a través del siguiente tuit: "La Semana Santa es una tradición arraigada en Sevilla y formará siempre parte de nuestra cultura mientras la ciudadanía así lo quiera."

Y pocas horas después enlazaba unas declaraciones del secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual –costalero, curiosamente–, en las que criticaba la "lectura torticera y demencial" que se había hecho de sus palabras, ya que "los sevillanos nos sentimos orgullosos de nuestra Semana Santa". Pero la clave es que, a continuación, añadía esta reveladora aclaración:

Quizás aún no se ha entendido muy bien que nosotros nos creemos nuestro estatuto y nuestro ideario, y lo que decimos siempre es que las grandes decisiones que vayamos a tomar donde gobernemos las va tomar la gente.

Si se fijan, la pretendida rectificación no existe. Tanto Gutiérrez como su camarada Pascual coinciden en lo esencial. A saber, que la Semana Santa existirá mientras la mayoría de la ciudadanía/gente así lo decida, sin importar un ápice que su prohibición por vías democráticas constituya una violación flagrante de un derecho fundamental, como el relativo a la libertad religiosa y de culto, amparado por el artículo 16 de la Constitución. Dicho de otro modo, si Podemos gobernase en Sevilla y una parte de la población quisiera acabar con la Semana Santa por ser laica o porque, simplemente, no le gusta, Gutiérrez y sus acólitos defienden la opción de decidir su prohibición mediante una votación.

De hecho, llevado al extremo, ni siquiera haría falta celebrar un engorroso e incierto referéndum sobre esta delicada cuestión, bastaría con que Podemos defendiese dicha propuesta. Tras ganar las elecciones, sus dirigentes bien podrían alegar que las urnas ya les han otorgado la legitimidad democrática necesaria para impedir ese tipo de procesiones.

No sería la primera vez que ocurriera. El Gobierno de la II República proscribió las manifestaciones religiosas, expropió las propiedades de la Iglesia y prohibió el ejercicio de la enseñanza católica al amparo de una Constitución en la que el Estado imponía a la sociedad su laicismo. Bastaron unas elecciones generales y el consiguiente cambio de régimen para que unos derechos antes considerados inalienables pasaran a ser pisoteados por ley.

Si la garantía de los derechos y libertades más básicos depende del resultado de una votación, el individuo queda sometido a la voluntad de las mayorías y, por tanto, al Estado, erigido en máximo representante del pueblo, así como al reducido grupo de personas que, en última instancia, controla realmente el poder.

La democracia se convierte, de este modo, en dictadura. No en vano, si una mayoría social o el ayuntamiento de turno se arroga la potestad de prohibir una procesión, ¿qué impide a esa misma mayoría o al Gobierno que lo representa restringir la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad ideológica, la libertad política, la libertad de movimientos, la libertad de reunión, el derecho de asociación, el derecho a la vida…? Nada.

El problema es que ésta y no otra es la concepción de democracia que defiende Podemos. Su "democracia real" consiste en que el Estado decida sobre todo tipo de asuntos, incluyendo el alcance o supresión de derechos y libertades fundamentales, exacerbando con ello la capacidad de intervención, coacción y represión de la clase política sobre el conjunto de la población.

La "democracia real" que blande Podemos no es más que la versión actualizada de la democracia popular que imperó en numerosos países comunistas durante buena parte del siglo XX, una variante del socialismo real, de la manida democracia socialista del siglo XXI que tantos estragos ha producido en Venezuela y sus países satélite. Es decir, control total del Estado.

De lo que no cabe duda es de que son consecuentes con su ideología. Lo trágico es que su implantación se traducirá en menos libertad, tanto económica como política, en España. De hecho, la eliminación o restricción de la primera conlleva siempre la reducción o vulneración de la segunda.

En este sentido, no es casual que las economías menos libres del planeta sufran gobiernos dictatoriales o regímenes híbridos (mínima libertad política): Chad (puesto 165 del índice de democracia en 2012), República Centroafricana (157), República del Congo (155), Eritrea (153), Guinea (160), República Democrática del Congo (159), Venezuela (95), Guinea-Bissau (166), Benín (79), Haití (116), Níger (111), Angola (133), Zimbabwe (148), Yibuti (147), Burundi (125)…; mientras que, por el contrario, las economías más libres son también las más democráticas, salvo contadas excepciones: Singapur (puesto 81 del índice de democracia en 2012), Hong Kong (63), Nueva Zelanda (5), Estados Unidos (21), Dinamarca (4), Noruega (1), Reino Unido (16), Corea del Sur (20), Islandia (3), Irlanda (13), Finlandia (9), Arabia Saudita (163), Canadá (8), Suecia (2), Australia (6)…

Dicho de otro modo, la libertad económica garantiza, con una probabilidad superior al 90%, la existencia de plena libertad política, mientras que el control estatal de la economía que tanto defiende Podemos conduce siempre a la instauración de regímenes dictatoriales o autoritarios.

Alberto Garzón, abrumado e ilustrado

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en enero 18, 2015. Publicado en Artículos en prensa.

He leído varios comentarios de Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida. Habló, por ejemplo, del "Estado de Bienestar, conquistado por la presión de los trabajadores de la lucha antifranquista", una tesis asombrosa, porque fue el franquismo el que extendió el Estado de Bienestar, como hicieron todos los gobiernos del mundo, democráticos o no. Otra joya es: "La democracia sólo es posible si no estamos en el capitalismo", como si no hubiera suficientes testimonios de lo que pasa con la democracia cuando el capitalismo es aniquilado, que es, de hecho, lo que este totalitario recomienda:

Si hubiera una democracia real, económica, nuestra capacidad de acción iría mucho más allá que un voto cada cuatro años. Decidiríamos qué hacemos con los recursos económicos, a qué los destinamos.

No se le ocurre ni por un minuto que eso de "qué hacemos" con las cosas de los demás plantea algunos pequeños problemas en términos de la libertad de los ciudadanos.

Pero el Sr. Garzón no está abrumado por la cuestión de la libertad sino por lo siguiente:

Que lo que producimos, distribuimos y consumimos obedece a la lógica de la ganancia.

Esta jeremiada es muy popular y la repiten muchos, desde comunistas hasta clérigos, sin tomarse la molestia de pensar, primero, en por qué es mala la ganancia, cuando es algo que todo el mundo quiere y puede conseguir sin fastidiar al prójimo; y, segundo, en qué sucede cuando la producción, la distribución y el consumo no obedecen a la lógica del beneficio: en ese caso se pliegan a la lógica de la política, con las desastrosas consecuencias que el intervencionismo comunista y no comunista ha provocado en el último siglo.

Una última nota histórica. Lógicamente, después de tantas víctimas, ahora ya los comunistas no reivindican el comunismo real abiertamente. Pero don Alberto Garzón aseguró que, aunque lo bueno de los comunistas fue que, efectivamente, abolieron la lógica de la ganancia, también "olvidaron los principios de la Ilustración". La realidad fue exactamente la contraria: la abolición de esa lógica, que en los países comunistas condenó a millones a morir de hambre, encaja perfectamente con la letal arrogancia intervencionista de la Ilustración continental, y la francesa en particular, de la que los comunistas se sintieron legítimos herederos, y lo eran. Durante muchos años, incluso después de compuesta La Internacional, los comunistas terminaban sus mítines con una misma canción: La Marsellesa.

Patrón oro y geopolítica

Escrito por Juan Ramón Rallo en enero 18, 2015. Publicado en Artículos en prensa.

A raíz de mi último artículo sobre el giro de política monetaria perpetrado por el Banco Nacional de Suiza, me gustaría ampliar el tema que tocaba de pasada en los últimos párrafos: a saber, ¿por qué el patrón oro es el sistema monetario más justo desde un punto de vista político?

Comencemos por la situación en la que se halla cualquier país pequeño. Este país soberano tiene de entrada dos opciones para con su moneda: o dejarla flotar libremente o ligarla a alguna moneda extranjera. Aunque en principio podría parecernos razonable que deje flotar la moneda, tengamos presente que las economías pequeñas suelen estar enormemente internacionalizadas (no les queda otra: dentro no pueden producir todos los bienes variados que necesitan), de modo que fluctuaciones bruscas en los tipos de cambio de su divisa con respecto a la de sus principales socios comerciales pueden ser devastadoras para sus economías.

Por ejemplo, supongamos que dentro de esa economía pequeña se desarrolla un producto revolucionario para el resto del mundo (un medicamento contra el cáncer, verbigracia). En tal caso, las exportaciones de ese producto se dispararían, pero junto con las exportaciones específicas de ese producto también se dispararía el tipo de cambio de ese país (los extranjeros comprarían su divisa para poder adquirir el medicamento contra el cáncer). La súbita e intensa apreciación de la moneda del país pequeño supondría así un auténtico mazazo para toda su restante industria exportadora, que vería caer sus ventas al extranjero debido al encarecimiento de su moneda. No es un escenario de ciencia ficción; incluso se ha acuñado una expresión económica para describirlo, el mal holandés, que es plenamente aplicable a la misma naturaleza de los tipos flotantes. De hecho, tal como ilustra el reciente caso de Suiza, las únicas causas que generan una súbita apreciación de la divisa no se limitan a un mayor auge exportador: si la moneda de un país pequeño se convierte en refugio internacional, entonces también se termina machacando a su muy inocente industria exportadora.

Tres cuartos de lo mismo cabría afirmar con respecto a la depreciación de la divisa: imaginemos que la industria exportadora de un país se hunde y que, como consecuencia de ello, su divisa se deprecia enormemente. Muchos ciudadanos verán mermada su capacidad adquisitiva para comprar al exterior incluso productos básicos por el simple hecho de que una parte de su economía (no relacionada necesariamente con su actividad) se ha hundido. Algo similar sucede cuando los ahorradores huyen de una moneda porque el gobierno está destruyendo su valor: la divisa se deprecia tanto que impide financiar la más mínima importación (como le ocurre ahora a Venezuela).

Los problemas anteriores, que se magnifican conforme más pequeña sea una economía, suelen hacer aconsejable que los países diminutos adopten tipos de cambio fijos con sus principales socios comerciales (aquellos otros países a quienes compran y venden mayoritariamente). Y aquí nos topamos con tres posibilidades: el país pequeño puede establecer una convertibilidad fija de su moneda con la moneda extranjera; el país pequeño puede renunciar a su propia moneda y adoptar la de su principal socio comercial; el país pequeño y sus socios comerciales pueden adoptar una moneda común independiente a todos ellos.

El primer caso, la convertibilidad entre monedas nacionales, es problemático. Imaginemos que el país A establece que una unidad de su divisa se intercambiará por una unidad de la divisa del país B (1:1). En tal caso, el banco central del país A tendrá la potencial obligación de comprar ilimitadamente la divisa que emita el banco central del país B, de modo que si éste es tremendamente irresponsable, a aquél no le quedará otro remedio que serlo. Al final, si un país quiere mantener una convertibilidad permanente con su vecino no le queda otra opción que someterse a la política monetaria de ese vecino.

Lo mismo sucede en el segundo caso: si el país pequeño adopta la moneda de un país extranjero, claramente se está subordinando a las decisiones de política monetaria que tome ese país extranjero. Éste, de hecho, estará tentado a adoptar decisiones irresponsable con el objetivo de transferirle parte del coste de las mismas al país pequeño. Por ejemplo, la Reserva Federal de EEUU tiene mucho más margen que otros bancos centrales para comportarse irresponsablemente porque los dólares son empleados como reserva internacional; por consiguiente, las tensiones inflacionistas se trasladan (y se diluyen) por todo el planeta.

Por consiguiente, si un país no quiere ser el satélite monetario de otro, la única forma razonable de implantar tipos de cambio fijos es creando una moneda común e independiente a todos ellos. Y, nuevamente, aquí contamos con dos posibilidades: que esa moneda global sea fiat (un simple pasivo del banco central no convertible en nada) o que sea un activo con cualidades monetarias como el oro (o la plata o asimilados).

La primera de estas dos opciones fue la que defendió Keynes en las negociaciones de Bretton Woods, cuando propuso implantar una divisa mundial conocida como bancor. El problema (político) de este tipo de esquemas es que tienden a volverse ingobernables: dado que la moneda fiat es una moneda manejada, controlada y dirigida por el poder político, inmediatamente tras su implantación la pregunta pasa a ser la de quién controla la moneda fiat global (o, mejor, en beneficio de quién se maneja la moneda fiat global). A este respecto, el caso del euro es muy ilustrativo: la moneda única europea es una pugna continua entre los diversos gobiernos nacionales para orientar la política monetaria del Banco Central Europeo en su propio provecho. Imaginen esos mismos conflictos pero a una escala mundial: es evidente que las tensiones internas serían muchísimo más graves que las vividas hoy en día dentro de Europa (imaginen que el gobierno chino o el gobierno de Irán pudieran decidir sobre la política monetaria aplicable también en España).

Dadas las divergencias de intereses geopolíticos de los distintos gobiernos en liza, la implantación de una moneda fiat única suele ir aparejada a una unificación política: a la institución de un gobierno común que represente los intereses de todos (hacia eso quieren llevarnos muchos en Europa para volver al euro "gobernable" y viable a largo plazo). Pero, nuevamente, esto no constituye solución alguna: obviando las dificultades prácticas para constituir un gobierno mundial, parece claro que los incentivos regionales a secesionarse de un gobierno mundial serían enormes en aquellas regiones que se sintieran agraviadas por su actuación (el caso de Reino Unido con la Unión Europea, por ejemplo). Por tanto, la deficiencia de fondo sigue ahí: como la moneda fiat es un dinero politizado y la política es un juego de suma cero (o incluso negativa), los perjudicados por la acción político-monetaria buscarán romper unilateralmente la baraja.

¿Qué nos queda entonces? Nos queda acudir a un árbitro exterior e imparcial: es decir, al patrón oro. Un dinero no politizado –por cuanto nadie puede determinar ni su producción ni su distribución primaria– y común a todas las sociedades: unas reglas del juego superimpuestas a todos que, como las leyes generales e impersonales, no están concebidas para beneficiar a nadie en particular. A la postre, dado que todos los países comparten el mismo dinero, no hay fuertes apreciaciones o depreciaciones monetarias que distorsionen arbitrariamente la especialización regional: el patrón oro es, pues, la infraestructura adecuada para una división global del trabajo.

Por desgracia, en la actualidad existen pocos incentivos para reimplantar el patrón oro. EEUU, el único país que por su tamaño y ascendencia podría impulsar la reforma, carece de toda razón para hacerlo: el mundo vive hoy en un patrón-dólar de facto, lo que le proporciona enormes regalías. A su vez, el resto de países bajo su área de influencia entienden estas regalías, en parte, como un impuesto por la protección militar que les proporciona la superpotencia estadounidense; además, la fluctuación parcial de sus divisas con respecto al dólar proporciona a sus gobiernos un cierto margen de maniobra para utilizar la política monetaria en su privativo beneficio (si bien de manera limitada: si los países satélites deprecian mucho sus divisas frente al dólar, rápidamente hay una llamada al orden). Por último, los países fuera de su área de influencia (Rusia, China y algunos países musulmanes), si bien podrían tener incentivos para abandonar el patrón-dólar (y algunos intentos ya ha habido), han de ser cautos al respecto: un completo abandono del dólar los expondría a los riesgos exteriores que hemos analizado al comienzo del artículo para el caso de países pequeños (fuerte apreciación y depreciación de la divisa frente a sus socios comerciales que sí usan dólares); eso sí, conforme más se amplíe el tamaño interno del mercado de estas economías fuera del área de influencia de EEUU, mayores serán sus incentivos (y menor será el coste) de escapar del dólar ya sea creando una moneda fiat común a todas ellas o implantando un patrón oro regional.

En cualquier caso, que nuestros políticos ventajistas carezcan de incentivos para regresar al patrón oro no debería cegarnos a los ciudadanos para reclamar un orden social internacional más justo, imparcial, eficiente, cosmopolita y cooperativo para todas las partes: es decir, para reclamar el retorno al patrón oro.

No es la inmigración, estúpido

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en enero 16, 2015. Publicado en Artículos en prensa.

Aunque ha pasado ya más de una semana, toda Europa sigue conmocionada por el atentado en la redacción de Charlie Hebdo. Los crímenes de los islamistas siempre concitan gran trompetería mediática y un sinnúmero de golpes en el pecho, condenas grandilocuentes y apelaciones compungidas a las libertades que aquí, en Occidente, disfrutamos pero que podríamos dejar de disfrutar en breve si estos bárbaros terminan prevaleciendo. En el caso del semanario francés no iba a ser diferente, y más habida cuenta del brutal desenlace dos días después en el supermercado judío y en aquella imprenta de las afueras de París.

Esta vez han cambiado los actores pero la cantinela ha sido la misma que en ocasiones anteriores. Los unos con el cuento de que la inmigración –la musulmana y, ya metidos en harina, toda la demás– es la culpable de que sucedan estas cosas. Para acabar con el problema piden poco menos que cerrar las fronteras y llenar las garitas aduaneras con efectivos de las fuerzas especiales. Los otros posan su dedo acusador sobre los sospechosos habituales, a saber: el capitalismo y Estados Unidos (por este orden), causantes en primera y última instancia del desastre general en el que habita el mundo árabe y que, según ellos, es la madre nutricia de todos los radicalismos. La solución que ofrecen estos oscila entre el buenismo al uso zapaterino y la revolución bolchevique. La gran ventaja de los marxistas es que utilizan la mismo cubierto para todo: para la sopa, para el bistec y para pelar la fruta. En su mundo simplón y maniqueo los buenos son buenísimos y los malos malísimos. Por eso cualquier ganapán es capaz de hacer sesudos análisis salteados por una verborrea inconfundiblemente espesa al estilo de la que Íñigo Errejón emplea en los debates televisivos para pasmo de una audiencia que no está habituada a tantas subordinadas juntas.

La despreocupada y envejecida Europa necesita respuestas rápidas y soluciones mágicas que hagan desaparecer el mal de un golpe. La gente las compra precisamente por esa razón. El problema es que son recursos tan manidos que hasta refutarlos cansa. La inmigración, por muy flamencos que se pongan los de Pegida y afines, no es la causante del atentado de París. Esto es un hecho. Los autores de la matanza de Charlie Hebdo, los hermanos Kouachi, no habían emigrado de ningún sitio, ya eran franceses, nacidos ambos en el mismo París, criados en un banlieu del extrarradio y educados en el sistema escolar estatal. Lo mismo puede decirse de Amedy Coulibaly, el terrorista que se atrincheró en el supermercado y que acabó con la vida de cuatro rehenes. Al parecer Coulibaly y los Kouachi se habían conocido en prisión años antes, cuando los tres cumplían condena por atraco a mano armada. En aquel entonces ni los unos ni el otro tenían la más mínima veleidad islamista. Eran quinquis sin más apellidos que los consignados en la ficha policial.

El hecho es que los delincuentes ya estaban ahí y ejercían de tales. También estaba ahí el que les metió esas ideas en la cabeza, que probablemente fue un imán echado al monte de los que tanto proliferan por las comunidades musulmanas de toda Europa occidental. Quizá lo único que vino de fuera fueron los fondos que financian esos centros de adoctrinamiento intensivo para jóvenes marginales que tienen como proyecto de fin de carrera un viaje iniciático a Irak, a Siria o a Libia en el que los doctorandos se ejercitan en vivo con las armas y los explosivos. Visto así, Europa más que importar terroristas islámicos los exporta, y en cantidades crecientes. De un tiempo a esta parte es muy habitual leer entre las noticias del día que tal o cual español está en las milicias del ISIS pegando tiros en nombre de Alá. Y quien dice español dice francés, alemán, británico o belga.

Los Gobiernos europeos saben que esto es así. La policía sigue la pista a todos los que están metidos en el ajo, como en los años setenta sabía qué jóvenes del barrio militaban en aquellas bandas terroristas de extrema izquierda que la URSS financiaba generosamente con vistas a desestabilizar al enemigo. De ahí que sorprenda ver a todo el politiquerío tirándose de los pelos como si esto fuese una agresión externa. Algo inconcebible, inesperado, que se solucionará tan pronto como puedan husmear legalmente en nuestro Whatsapp y hacernos colonoscopias en los aeropuertos. Por su seguridad, ya sabe. El miedo es el arma más poderosa que existe. Los políticos saben emplearla mejor que nadie. De esto va la cosa, y no de la inmigración. Apúnteselo bien para que la próxima vez –que la habrá– no vuelvan a dárselas con queso.

La tolerancia: valor central del liberalismo

Escrito por Juan Ramón Rallo en enero 16, 2015. Publicado en Artículos en prensa.

Entre muchas otras cosas, el filósofo estadounidense John Rawls es famoso por haber distinguido entre concepciones integrales y concepciones políticas de la justicia. Las primeras pretenden fundamentar un determinado orden jurídico apelando a su particular concepción del bien en aspectos mucho más amplios que la estructura política básica de una sociedad: es decir, son concepciones de la justicia basadas en imponer mi visión del bien común a los demás. Las segundas, en cambio, son concepciones de la justicia que únicamente se refieren a la estructura política básica de la comunidad y que, además, aspiran a poder ser defendidas desde concepciones integrales de justicia muy distintas: es decir, son concepciones de justicia que buscan respetar el pluralismo filosófico de las sociedades modernas y que únicamente tratan de averiguar cuáles son los mimbres esenciales que garantizan una convivencia social mínima y que, a su vez, pueden defendidos desde visiones razonables del bien común muy divergentes.

El liberalismo, como marco filosófico que busca establecer o refrendar un orden jurídico, también posee un concepto de justicia integral y un concepto de justicia político. El liberalismo integral es aquel que aspira a que todas las personas (o una amplia mayoría) suscriban los valores morales propios del liberalismo: el valor de la autonomía personal, el valor de la diversidad, el valor de la pluralidad, el valor de la ayuda mutua, el valor de la racionalidad, el valor del progreso científico, el valor de la honestidad intelectual, el valor del escepticismo, el valor del coraje empresarial o el valor de la tolerancia. Son los valores morales sobre los que el liberalismo pretendía edificar el progreso social (lo que la economista Deirdre McCloskey ha denominado “virtudes burguesas”).

El objetivo del liberalismo político

Por otro lado, el liberalismo político es aquel que busca construir un marco jurídico mínimo dentro del que todos los ciudadanos puedan convivir: vive y dejar vivir. Poco más. Los valores básicos del liberalismo político apenas son el respeto a la libertad, a la propiedad y a los contratos, esto es, los pilares esenciales de la cooperación pacífica dentro de una sociedad. Dentro de ese marco jurídico mínimo, cualquier ciudadano puede desplegar su particular concepción del bien común sin tratar de imponérsela coactivamente a nadie. Robert Nozick calificó al liberalismo político como “el marco para las utopías”: un contexto institucional donde cualquier utopía resultaba realizable a través del acuerdo mutuo de las partes implicadas. Acaso por ello podamos decir que la tolerancia sea el metavalor verdaderamente central del liberalismo político: la tolerancia hacia la autonomía de las personas para poder desarrollar sus propios planes vitales (autonomía que se alcanza respetando la libertad, la propiedad y los contratos de cada persona por separado).

Una persona no puede calificarse a sí misma de liberal sin ser liberal en lo político, pues esto constituye el mínimo indispensable para poder reconocerse como tal. Sí puede, en cambio, reconocerse como liberal sin ser liberal integral. Por eso en España encontramos liberales conservadores, liberales progresistas, liberales católicos, liberales ateos, liberales altruistas, liberales egoístas, liberales anti-islam, liberales pro-islam, liberales pro-Israel, liberales anti-Israel, liberales unionistas, liberales secesionistas, etc. El liberalismo político solo busca, como digo, un consenso de mínimos en torno a la estructura básica de la sociedad, no alrededor de todas las demás características y valores que caracterizan la buena vida social. De hecho, según Rawls, la verdadera grandeza del liberalismo político consiste en que resulta razonable defenderlo, también, desde posiciones no liberales: la tolerancia hacia las ideas, hacia las distintas y heterogéneas visiones de bien común puede convertirse en la piedra angular de cualquier concepción de justicia que repute a la sociedad como un marco de cooperación y convivencia mutuamente beneficioso.

Es más, uno incluso podría imaginarse formas en las que el liberalismo integral se comportara de maneras peligrosamente antiliberales: no han sido pocos los liberales que históricamente han considerado los valores máximos del liberalismo —las virtudes burguesas— tan superiores a todos los demás que han caído en la paradójica tentación de querer imponérselos al resto de sus conciudadanos mediante el Estado. Conocido es el caso, por ejemplo, de la tolerancia: si la tolerancia es tan importante, no ya en lo relativo a la estructura política básica de una sociedad sino también en lo relativo a las plurales concepciones de buena vida, ¿por qué no perseguir a los intolerantes? ¿Por qué no obligar a todo el mundo a ser tolerantes? Pero la tolerancia del liberalismo político se extiende también hacia los intolerantes que no pretendan canalizar semejante intolerancia a través del uso de la violencia (o de llamamientos a la violencia). Un orden social liberal ha de dar cabida a todas aquellas manifestaciones de intolerancia que no atenten contra la libertad de los demás (contra la estructura política básica): ya sean blasfemias contra una religión, ya sean ofensas directas o indirectas hacia las víctimas del terrorismo, ya sean manifestaciones culturales de un grupo humano que consideremos arcaicas y contrarias a la modernidad.

El objetivo del liberalismo integral

Ahora bien, que el liberalismo político deba tolerar la intolerancia no significa que el liberalismo integral deba abrazarla de manera relativista y acrítica. Una cosa es que el liberalismo integral deba evitar imponer sus valores a través del Estado; otra que deba renunciar a difundirlos dentro de la sociedad. Quienes nos consideramos liberales —no sólo en lo que se refiere a la estructura política básica sino también en nuestros valores personales— no podemos más que promover la tolerancia como una virtud ciudadana clave en la gestación un orden social cordial y estable en el tiempo: si puedes comprender al prójimo, compréndelo; si no puedes comprenderlo pero crees que puedes aceptar su comportamiento, acéptalo; si no puedes aceptar su comportamiento y necesitas criticarlo, intenta hacerlo generando la menor ofensa posible. Y si otra persona se salta todas estas reglas elementales, respeta su libertad para saltérselas pero intenta mostrarle pacíficamente por qué su actitud frentista no es buena.

Ser tolerante a la hora de no querer imponer coactivamente concepciones integrales sobre la moral no es lo mismo que ser indiferente con respecto a cualquier conjunto de valores que profesen tus conciudadanos; y no ser indiferente hacia cualesquiera valores ajenos, tampoco implica que estemos legitimados a limitar la expresión pacífica de tales valores disfuncionales o a adoctrinar a la gente con otro conjunto de valores. El liberalismo integral sí posee una visión de la buena sociedad, pero, en plena coherencia con el liberalismo político sobre el que inexorablemente descansa, no es una visión de la buena sociedad que deba imponerse de arriba abajo, sino que debe defenderse, promoverse y difundirse de abajo arriba. La batalla de las ideas y de los valores.

Si entendiéramos que “permitido” no es igual a “bueno” y que “malo” tampoco es igual a “no permitido”; si entendiéramos que uno debería ser tolerante en lo político con los intolerantes no violentos y, al mismo tiempo, crítico en lo moral con las posiciones intolerantes y crispantes dentro de la sociedad, entonces es muy probable que muchos de los tristes debates sobre los límites de la libertad de expresión o de la libertad migratoria que hemos presenciado en la última semana jamás se hubiesen producido. La tolerancia debe ser el metavalor de la estructura política básica de una sociedad (aceptar a cada persona como un agente autónomo con legitimidad para impulsar sus planes de acción), pero también deberíamos aspirar a que fuera el valor moral que impregnara las relaciones sociales voluntarias (la virtud deseable en los tratos personales de todo buen ciudadano, amigo o familiar).

Los ocho gráficos que emplea Moncloa para vender la recuperación

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en enero 6, 2015. Publicado en Artículos en prensa.

La Moncloa lo tiene claro: España ha recuperado el crecimiento y afronta 2015 con las mejores perspectivas económicas en años. Así lo explica el Ejecutivo con un nuevo documento estratégico que reúne diferentes indicadores con ánimo de reforzar la tesis de la mejoría económica.

El primer dato al que apunta el Gobierno de Mariano Rajoy es el crecimiento. Son ya cinco trimestres consecutivos en positivo tras veinte en negativo, y nuestro país ya se ha colocado a la cabeza de la Eurozona en lo tocante al aumento del PIB. Ese rebote viene reflejado en la gráfica siguiente.

El segundo factor tiene que ver con la financiación de la deuda pública. Tras años en los que la evolución de la prima de riesgo era un tema recurrente en cualquier conversación, los ejercicios 2013 y 2014 han venido marcados por un abaratamiento de los bonos del Tesoro.

En las emisiones de deuda a diez años, el pico se alcanzó en julio de 2012, cuando los intereses que pagaba el Estado llegaban al 7,63%; hoy, esos mismos bonos se están financiando a tipos que tienden al 1,5%.

Por otro lado, Moncloa también maneja datos del Banco de España que apuntan a un fuerte repunte del nuevo crédito concedido a las empresas.

Fijándonos únicamente en operaciones por menos de un millón de euros, vemos que las Pymes experimentan una subida del 14% entre 2013 y 2014. Este dato vendría desmintiendo el mantra de que "el crédito no fluye", algo que también ocurre en el crédito nuevo para la adquisición de vivienda, que subió un 19,4% entre enero y octubre de 2014 tras siete años en negativo.

Otro factor que anima al optimismo es la evolución del IPC. España suma catorce meses consecutivos de diferencial negativo frente a los datos de inflación de la Eurozona.

Entre 2004 y 2013, el IPC registrado en nuestro país estaba por encima de los países del euro en 0,7 puntos porcentuales; a lo largo del último año, este mismo indicador se coloca 0,6 puntos por debajo del promedio de la Eurozona.

Otro brote verde que convence a los economistas de la Administración Rajoy es el de las exportaciones. A lo largo de la legislatura, el número de empresas que vende al extranjero ha experimentado un aumento del 19,6%, después de un trienio de caídas entre 2009 y 2011. Hoy, ateniéndonos a los datos de los nueve primeros meses de 2014, el total de compañías españolas que exporta al extranjero ha subido a 44.564.

Este boom exportador ha llevado las ventas al extranjero al 34% del PIB.En comparación, Reino Unido e Italia se mueven en cotas del 31% y del 30%, respectivamente, con Francia ligeramente por detrás, en el 27% del PIB. Entre 2011 y 2013, la subida de las exportaciones rozó el 9%, mientras que entre 2013 y 2014 el aumento ha sido más moderado, pero ha seguido arrojando un crecimiento del 2,1%.

Esta reactivación del tejido empresarial se aprecia también en el índice PMI, que mide la evolución de la industria y de los servicios. Este indicador sintético de actividad se movió en 2014 en niveles superiores a los 50 puntos, mientras que a comienzos de la legislatura se situaba en la barrera de los 40 puntos.

La Oficina Económica de La Moncloa también se ha fijado en otros indicadores para reforzar la tesis de la recuperación:

La inversión extranjera directa ha subido un 32,3% entre 2012 y 2013, llevando al país al noveno país del ranking internacional. Para 2014 se esperan datos que consoliden esta subida.
El número de empresas constituidas ha subido en 2012, 2013 y 2014, reflejando un crecimiento del 9,9% hasta ubicarse en 71.500. En términos netos, la subida es del 10% respecto a 2011.
Según los datos de la EPA, en el segundo y tercer trimestre de 2014 se crearon 550.000 empleos. La afiliación a la Seguridad Social subió en casi 420.000 personas en 2014.
El paro registrado bajó en cerca de 254.000 personas el pasado año, frente a los fuertes aumentos que se dieron a comienzos de la legislatura o los picos superiores al 80% que se observaron entre 2008 y 2009.

Por último, la evolución del consumo de las familias españolas ha experimentado una subida interanual del 2,7%, un dato que no se veía desde hace seis años.

Calidad y decencia

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en enero 5, 2015. Publicado en Artículos en prensa.

Gracias al distinguido periodista canario Antonio Salazar tuve conocimiento de unas declaraciones de la socióloga y politóloga venezolana Elizabeth Tinoco, directora regional de la OIT para América Latina y Caribe, que recogió ABC.

Abogó por "políticas activas del mercado de trabajo, las políticas salariales que incrementan la capacidad de consumo, y eso repercute en la recuperación y los incentivos para promover el emprendedurismo juvenil". Rechazó los minijobs y la precariedad laboral: "No vale generar cualquier trabajo", sino "crear empleo decente para todos (…) empleo de calidad (…) empleo que garantiza la protección social, que tiene un salario adecuado". Y apostó por la intervención pública también en los servicios de empleo "que sirvan de enlace a los jóvenes para conseguir un empleo que se ajuste a ellos”.

Dirá usted: ¿y qué? ¿Quién se opondrá a un empleo decente y de calidad? ¿No es eso lo que desea cualquiera? El problema, claro está, es que la señora Tinoco no está a favor de la libre contratación entre trabajadores y empresarios, en cuyo caso habría abogado por ella, sino por una contratación intervenida por el poder. De ahí que, en realidad, sus declaraciones susciten dudas.

Empezando por el principio, es más que dudoso que el consumo promueva la recuperación económica, porque si así fuera la economía no habría entrado en crisis nunca, puesto que el consumo era muy elevado antes de la crisis. Los emprendedores jóvenes, y de cualquier edad, asimismo, no son promovidos por la intervención pública sino por su ausencia, en la medida en que reduce los costes de su actividad.

Dicha intervención, del mismo modo, tiende a producir paro, lo que resulta contradictorio con el empleo protegido, decente y de calidad. Otro tanto sucede cuando el salario adecuado no es establecido voluntariamente entre las partes sino forzado por el poder y las burocracias políticas, empresariales y sindicales.

Por último, que la señora Elizabeth Tinoco confíe en la intervención para lograr más empleo para los jóvenes, cuando es esa misma intervención la que provoca un paro juvenil superior al 50%, representa, como diría Oscar Wilde sobre el matrimonio, el triunfo de la esperanza sobre la experiencia.

El futuro era exactamente esto

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en enero 2, 2015. Publicado en Artículos en prensa.

Hace casi quince años la dirección de la Inteligencia Central de Estados Unidos, dependiente de la Casa Blanca, publicó un informe sobre tendencias globales para el entonces lejano año 2015 (el informe puede leerse aquí). Los expertos estuvieron muy acertados en las predicciones. Preveían, por ejemplo, tensiones migratorias crecientes en la frontera con México, problemas demográficos en Oriente Medio que devendrían en descontento social y extremismo religioso, el surgimiento de China como gigante económico o continuos ciberataques que podrían al mundo entero en jaque. Para otras cosas no atinaron, pero, claro, ¿quién iba a imaginar algo tan inimaginable como el 11-S tan solo un día antes?

Quince años no es demasiado tiempo. Con buena información, sentido común y conocimientos de historia pueden hacerse pronósticos bastante fiables para 2030 e incluso para 2050. Muchos de los eventos actuales no son más que parte de tendencias globales que se desarrollan durante años. Simplemente hay que detectarlas y a partir de ahí seguirles el curso. Hay, de hecho, gente que se dedica a eso y cobra por ello. Bastante bien, por cierto.

Llegados a este punto cabría preguntarse lo siguiente: ¿hace tres lustros hubiésemos visto con claridad la España actual, que, aunque comenzó el siglo con una euforia desmedida, ahora se encuentra presa de la frustración y el desánimo?Probablemente no… o quizá sí, pero sólo si el augur se hubiese preocupado de mirar por debajo de la siempre finísima epidermis de las vacas gordas.

Ninguno de los males que afligen a la patria es nuevo. Ninguno. La crisis económica, sin irnos muy lejos, se larvó precisamente durante esos años de lujo y fantasía en los que el crédito fácil y las recaudaciones fiscales extraordinarias inflaron varias burbujas que son en primera y última instancia las causantes de nuestras calamidades de hoy. Fue en el año 2001 cuando al gobernador del BCE le dio por bajar los tipos de interés hasta niveles ridículamente bajos. De aquellos polvos, esas promociones en la costa y aquellas urbanizaciones en el extrarradio, esos créditos consumo sin garantías y aquellos préstamos ruinosos a empresas con ideas todavía más ruinosas.

El crecimiento desmesurado del Leviatán estatal en sus distintos escalones administrativos también procede de la misma época. El Gobierno central, los autonómicos y las corporaciones locales dispararon el gasto al calorcito de la expansión crediticia y la sensación de sempiterna bonanza. No nos engañemos, la España de aquel entonces era lo más parecido al país de nunca jamás, tal vez por eso la guerra de Irak o el calentamiento global dieron tanto que hablar. En estos momentos con la que está cayendo asuntillos tan banales seguramente los hubiésemos ignorado.

Los excesos crediticios e inmobiliarios se han ido digiriendo mediante un ajuste de caballo que ha puesto a seis millones de personas en la calle, al tiempo que ha consumido la carrera profesional de una generación de españoles y las esperanzas de encontrar un empleo de otra. En cambio, los excesos en los que hocicaba –y sigue hocicando– el politiquerío y su recrecida cohorte funcionarial se han dado por buenos e inevitables. El futuro era este, convendría un fino observador desde el pasado. El futuro era que una menguante minoría pagase los impuestos de Alemania del este para mantener a una mayoría que no hace sino acrecentarse. Desconozco hasta donde aguantará la cuerda sin romperse. Lo que sí sé es que todo apunta a que lo que tenemos nos parece poco. Queremos más, más políticos, más funcionarios, más Gobierno, más Estado, más miseria, más atraso. Que no se diga en 2030 que no lo hemos visto venir.