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Colesterol: ¿la mayor mentira jamás contada?

Cada año, los ciudadanos son preguntados por aquéllas cosas que más les preocupan. Típicamente, el paro, la situación económica o la corrupción suelen liderar la lista. Sin embargo, creo que en estas encuestan olvidan un gran temor de los ciudadanos: el colesterol. Vilipendiado y denostado como pocas cosas, podemos afirmar sin equivocarnos que el final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo otra guerra: la del colesterol. De hecho, hoy es difícil exagerar la cantidad de alimentos en los supermercados o presuntos remedios dirigidos a reducir el colesterol.

La historia de esta guerra es larga pero, como todas, tiene un comienzo. Un comienzo que podemos fechar en 1954. Aquel año un investigador llamado David Kritchevsky publicó un estudio sobre los efectos de alimentar con colesterol puro a conejos. Lo que sucedió es que se les acabó induciendo arteriosclerosis. Hasta aquí todo normal. El pequeño gran error fue pensar que ese resultado en conejos, que son seres herbívoros, podía ser trasladable a humanos. Lo que en realidad se gestó a partir de entonces, debido a la poderosa influencia de ese estudio sobre Ancel Keys, fue la construcción de un mito. En los años 1961, Mathur y sus colaboradores fueron incapaces de hallar un vínculo entre colesterol y placas arteriales tras analizar 20 autopsias y más de 200 casos científicos. En 1962, el Dr Marek publicaba un artículo en el American Heart Journal con la misma conclusión: no hay correlación entre colesterol y placa arterial. En 1964, el cirujano Michael DeBakey tras analizar un millar de pacientes durante operaciones ofreció el mismo mensaje: la arteriosclerosis no tiene nada que ver con la concentración de colesterol en la sangre.

Algo menos del 1% de los humanos tiene mucho más colesterol que el resto de nosotros. Se debe a una variante genética llamada hipercolesterolemia familiar o hereditaria, y supone un interesante grupo de estudio. En el año 2001, un grupo de investigadores holandeses halló que en el siglo XIX las personas con esta variante genética vivían algo más tiempo que el promedio y dado que en aquella época la causa más común de muerte era de tipo infeccioso, concluyeron que el colesterol protegía de algún modo frente a virus y bacterias. En efecto, poco después apareció otro estudio que establecía que el colesterol bajo era un factor de riesgo para cualquier tipo de enfermedad infecciosa. De hecho, se sabe que las personas con bajo colesterol tienen más riesgo de mortalidad por problemas intestinales y pulmonares, y una parte importante de éstos son de origen infeccioso.

Pero centrémonos en la creencia de que el colesterol es el gran culpable de la enfermedad cardiovascular. Los primeros en airear esta idea fueron posiblemente los directores del estudio Framingham, un proyecto de duración indefinida iniciado en 1948 en la población de Massachusetts que lleva el mismo nombre (Framingham). Curioso, por decir algo, es que este estudio se vendiera como una prueba de la hipótesis del colesterol. En realidad, pasados los 47 años de edad, el colesterol no parecía ser un factor de riesgo cardiovascular. Es más, pasadas tres décadas de estudio aquéllos que habían reducido más su colesterol habían aumentado más su riesgo cardiovascular que aquéllos que habían incrementado su colesterol. Sin embargo, los autores y la prensa eludieron esta comparativa.

En los 90, científicos canadienses publicaron sus resultados con casi 5000 pacientes de mediana edad que siguieron durante doce años con los mismos resultados. Son constantes los estudios que podemos encontrar con la misma conclusión (en los 607080902000…)

Los estudios poblacionales

Es lo que se denominan estudios epidemiológicos: ¿podemos establecer asociaciones al estudiar poblaciones? Uno de los estudios de este tipo más famosos para iniciar la guerra contra el colesterol fue el Seven Countries Study publicado en 1972, en el que Ancel Keys estudió a dieciséis poblaciones en un total de siete países (originalmente eran seis). Este estudio se ha usado hasta la saciedad para demostrar que el consumo de grasas saturadas eleva el colesterol y esto está asociado con problemas cardiovasculares. Sin embargo, el estudio está lleno de sesgos y errores. Por ejemplo, el consumo de grasa saturada era igual en Creta y Corfú, pero esta última isla tenía dieciséis veces más enfermedad cardiovascular. Algo similar sucedía entre North Karelia y Turku, ambas en Finlandia. Si tomamos como prueba los electrocardiogramas que estadísticamente están recogidos en el estudio, las personas con más problemas cardíacos tendían a comer menos grasa saturada. Países como Francia o Suiza se eludieron convenientemente del estudio porque ambos casos refutan la hipótesis del colesterol y la grasa saturada (Francia y Suiza consumen mucha grasa saturada y tienen baja enfermedad cardiovascular). En realidad, con los datos de los 22 países disponibles entonces se podía justificar cualquier cosa sobre el consumo de grasa saturada y colesterol eligiendo selectivamente unos países u otros. El fraude debería ser evidente.

El hecho de que los hombres japoneses que vivían en Japón tenían bajo colesterol y bajo índice de ataques cardíacos mientras los hombres japoneses que vivían en California tenían elevado colesterol y elevada incidencia cardiovascular era tomado como una confirmación de tal hipótesis. Que los japoneses de California con bajo colesterol tenían más problemas cardíacos que los japoneses californianos con alto colesterol era, sin embargo, considerado irrelevante. Keys, Stamler y todos los seguidores de la hipótesis del colesterol y las grasas no tuvieron problema ninguno en rechazar de plano como algo sin valor, irrelevante o malinterpretado todo dato que contradecía sus creencias. Los estudios de los indios navajos, de los inmigrantes irlandeses a Boston, los nómadas africanos, los granjeros de la Suiza alpina o de los monjes trapistas y benedictinos sugerían claramente que el colesterol no tenía relación con la enfermedad cardiovascular. Keys, por supuesto, negaba valor a esos estudios y repetidamente remarcaba que no se podían extraer conclusiones con poblaciones tan pequeñas. En 1964, el Journal American of Medical Association publicaba que la comunidad italiana de Roseto, en Pensilvania, consumía elevadas cantidades de grasa animal, por ejemplo cocinaban básicamente con manteca de cerdo, y tenían un "sorprendentemente bajo" nivel de problemas cardiovasculares. Por supuesto, Keys siguió aplicando su rechazo debido a lo pequeño de aquella población.

Los ensayos clínicos

Si las pistas que dan los estudios poblacionales son o no son fiables se acaba verificando con los estudios clínicos. En aras de resumir, citemos los ensayos clínicos que más se han empleado para justificar y divulgar la hipótesis del colesterol. Y repito bien: los que se han usado para justificar dicha teoría.

1. LRC: Estas breves siglas designan el llamado Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial. Tras analizar a más de trescientos mil varones, se reclutaron a 4000 con los valores más altos de colesterol. A la mitad de ellos se les enseñaron hábitos dietéticos y consumieron un fármaco para reducir el colesterol. Tras 8 años de seguimiento, había la misma mortalidad cardiovascular entre quienes con fármaco y dieta redujeron su colesterol y los que no cambiaron dieta ni tomaron el fármaco. Publicado en los años 80, se usa para justificar la teoría del colesterol. Y si te preguntas cómo puede ser así, no eres el único.

2. MRFIT: Aún más famoso que el anterior, el Multiple Risk Factors Trial es en realidad uno de los estudios más citados sobre la prevención cardiovascular. Se reclutaron de entre cientos de miles, un total de 12000 varones proclives a problemas cardiovasculares. La mitad de ellos tuvieron que hacer ejercicio, dejar de fumar y seguir una dieta para reducir su colesterol. Tras 8 años, fallecieron 260 personas en el grupo que siguió los consejos y 265 personas ¡entre quienes los habían seguido!

3. Helsinki Heart Study: El estudio cardiovascular de Helsinki, de finales de los 80, es otro clásico que vendría a confirmar que debemos reducir el colesterol. Sin embargo, el estudio difícilmente dice lo que algunos quieren que diga. Tras cinco años de estudio, los pacientes que consumieron un fármaco para reducir el colesterol habían sufrido mayor mortalidad cardiovascular que quienes no habían consumido nada. 17 fallecidos con el fármaco frente a sólo 8 sin el fármaco reductor de colesterol, lo acabaron considerando en las conclusiones del estudio como una diferencia poco significativa. ¿Qué hace falta para que sea significativa si más del doble resulta no serlo?

Al final, todo lo que la ciencia no podía hacer, acabo haciéndolo la política. Así pues, sin miedo a equivocarnos, la politización de la dieta y la propagación de un miedo irracional al colesterol y la grasa saturada acabaron convirtiéndose en unos de los grandes daños a la ciencia del último siglo. Y con ello de nuestra salud.

La caída del petróleo inyecta 1,3 billones de dólares a los consumidores

La caída que viene experimentando el precio del petróleo desde el verano de 2013 es histórica. Si en junio del año pasado el precio del barril brent cotizaba a $115, esta semana hemos visto el precio del barril caer por debajo de los $60. La semana pasada el precio ha seguido en caída libre y se ha dejado un 12%.

Si tomamos como referencia los precios registrados en 2008, en mitad de la crisis subprime, el desplome es superior al 50%. Este brutal descenso se explica por distintos motivos, tanto económicos como geopolíticos, y sus consecuencias son buenas y malas, según a quién preguntemos.

Tras cinco años de estabilidad en el precio del petróleo, resulta sorprendente la volatilidad que ha experimentado el crudo en los mercados internacionales. Más chocante aún si tenemos en cuenta que la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), que controla cerca del 40% de la producción mundial, tiene como misión principal garantizar la "estabilidad en el precio del petróleo".

Motivos de la caída

Se pueden señalar, al menos, cuatro factores que están alterando la formación del precio del petróleo al modificar tanto la oferta como la demanda del conocido como "oro líquido".

En primer lugar, la demanda de petróleo se encuentra parcialmente deprimida por la baja actividad económica a nivel mundial, inferior a la que los mercados habían estimado y por un gradual cambio a otras fuentes energéticas alternativas.

En segundo lugar, la inestabilidad en Irak y Libia -cuya producción conjunta es de cuatro millones de barriles diarios- no ha afectado su producción. Los mercados tampoco habían anticipado semejante escenario tan favorable.

En tercer lugar, Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor de petróleo del mundo gracias a la revolución del fracking. Aunque no exporta crudo, ha pasado a importar mucho menos petróleo que antes, lo que hace que mucha oferta haya dejado de tener demanda.

Por último, Arabia Saudí y sus aliados del Golfo Pérsico están llevando a cabo una estrategia de presión vía precios para defenderse de la amenaza que supone el fracking. Pese a que podrían cortar la producción de petróleo de manera inmediata para subir el precio, eso haría que sus principales rivales -Irán y Rusia- saliesen beneficiados, junto con la industria del fracking en Estados Unidos.

Arabia Saudí: el Rey del petróleo

Arabia Saudí, que supone cerca de un tercio de toda la producción de petróleo de la OPEP, puede soportar durante varios años un precio bajo, si con ello logra expulsar del mercado a sus principales rivales.

Con el menor coste de extracción del planeta (en torno a $6 por barril) y cerca de $900.000 millones en reservas, Arabia Saudí está utilizando su posición dominante para realizar lo que bien podría llamarse dumping geopolítico. Al forzar el precio tan a la baja, logra tensar las cuentas públicas de países como Rusia o Irán, además de atacar a su mayor amenaza: el fracking de EEUU.

Los beneficiados del desplome

Los mayores beneficiados del nuevo escenario son, sin duda, China, India, Corea del Sur y Japón. Estos países, como bien señala Marc Garrigasait, son los mayores importadores de petróleo del mundo después de Estados Unidos. En menor medida, países como España, Italia, Grecia o Portugal también se benefician de un petróleo barato, ya que somos grandes dependientes del oro líquido.

Esa caída de $40 supone una transferencia de cerca de $1,3 billones de los productores a los consumidores. Eso significa más dinero en el bolsillo de los consumidores, algo muy positivo dado el débil crecimiento económico a nivel mundial.

Y los damnificados

En primer lugar, los países más perjudicados por el desplome del precio son Rusia y, en menor medida, otros como Venezuela, Ecuador, Nigeria, Angola, Irán, Canadá o Noruega. Estos son los mayores países productores, pero, sobre todo, los más dependientes, como son el caso de Venezuela o Noruega.

Rusia ha visto cómo esta crisis del precio del petróleo ha golpeado con fuerza su economía. El rublo se ha depreciado vertiginosamente frente a las principales monedas y su Bolsa ha caído también con fuerza. Su Banco Central ha anunciado medidas, como la intervención en el mercado de divisas o una reciente subida en los tipos de interés, pero ambas han resultado inútiles por el momento, ya que el rublo ha seguido en caída libre.

Pero una de las situaciones más delicadas es la de Venezuela. Los seguros contra el impago de la deuda venezolana, conocidos como CDS, implican una probabilidad de impago del 93% durante los próximos 5 años. Cada caída de $1 en el precio del petróleo les genera unas pérdidas de $700 millones. Recientemente, Barclays ha realizado una estimación de la inflación que Venezuela tendrá en 2015 y la cifra es escalofriante: un 120%.

¿Está el fracking en peligro?

A nivel sectorial, los grandes perjudicados (al menos en el corto plazo) son la industria del fracking, las arenas bituminosas y las energías renovables. Los frackers americanos se han endeudado bastante desde que esta tecnología disruptiva se dio a conocer y la caída del precio del petróleo puede hacer entrar en pérdidas a la industria.

La buena noticia, sin embargo, es que, según la tecnología de extracción se va perfeccionando, los costes bajan. Según la empresa IHS, si hace unos meses el coste de extracción vía fracking se situaba en $70, ahora se puede producir por cerca de $57. Así pues, todo apunta a que tendremos petróleo y fracking para rato.

La madre de todas las quiebras

En la semana que se presenta el libro sobre energía de Daniel Lacalle La madre de todas las Batallas (Deusto, 2014), se cierne sobre nuestras cabezas la representación de la “madre de todas las quiebras”: la de la confianza en el regulador. Si la crisis financiera fue dura, si las quiebras empresariales son dolorosas y dejan penosos rastros de desempleo y dramas familiares, si la quiebra del presupuesto equilibrado, proclamada por Keynes como solución (por algo le llamaron el enterrador del presupuesto equilibrado), es un lastre para el crecimiento de las economías, nada de eso es comparable con los efectos perversos a corto, medio y largo plazo que tiene sobre la economía y sobre toda la sociedad la quiebra de la confianza.

¿Confianza en qué?

No se trata de confiar en que Dios te ama. Allá cada cual con su sentido de la trascendencia. Se trata de no minar la confianza en las instituciones que aseguran que nuestro sistema, supuestamente el menos malo de los sistemas conocidos, es efectivamente eso: el menos malo. Y para ello existen órganos de control como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Superior del Poder  Judicial, el Tribunal Supremo, y desde hace un tiempo, las instituciones encargadas de “regular” los mercados estratégicos: el financiero, el energético o el de telecomunicaciones, por ejemplo.

Ese verbo, “regular”, se nos ha explicado como diferente a “controlar” o “monopolizar” a quienes creemos en el orden espontaneo que emerge del juego del mercado, y en la mayor capacidad para distribuir justamente del mercado, en tanto que conjunción de neuronas de las mentes de todos los participantes en el mismo (lo que se llama el orden extenso) frente a la estrechez de miras de un grupito de planificadores, sean estos bienintencionados o malignos. Ya no estamos en un régimen dictatorial con un INI que maneja la nave nodriza de la industria, ese INI tan buenista que eliminó la competitividad de nuestro horizonte. Ese INI que solamente Pablo Iglesias podría defender. (Lo que debe estar riendo el General en su tumba con el programa de Podemos).

La regulación no era, como algunos sospechábamos, el control del mercado, la manipulación de los precios con el riesgo de sesgo político que eso implica, sino simplemente vigilancia con el objetivo de que se cumplieran las normas y evitaran los abusos. Algunos no nos tragamos esas buenas palabras. Muchos otros sí. Y ahora pasa lo que pasa.

La credibilidad de la justicia ya está cuestionada. La credibilidad de los políticos, mucho más que eso. El Tribunal Constitucional, tocado. Faltaba lesionar la confianza en los “reguladores”. Y el caso Bankia ha logrado que el papel del Banco de España se vea herido profundamente. Porque las declaraciones de Luis María Linde, Luis de Guindos, los técnicos, el juez… están generando tal cantidad de ruido ambiental en los medios de comunicación que el pagador de impuestos, el incauto financiador de todos ellos, se siente exactamente igual que en medio de una bronca entre Belén Esteban, Kiko Matamoros y Raquel Bollo. Y, lo que es peor. No solamente no se entera de qué ha pasado realmente, sino que la conclusión general que saca es la misma que en el programa presentado por Jorge Javier: “Esto es un montaje donde todos cobran y yo pago la barra libre”.

Y ya es lo que nos faltaba.

La alternativa a la regulación

La diferencia entre el espectador de Telecinco y el paganini de turno es que mientras que el primero no tiene más que apretar un botón para que ese espectáculo dantesco desaparezca de su vista, el pagador de impuestos no.

¿Y qué hacemos ahora que ha fallado el “soft-control”? Pues hay dos alternativas. Eliminar la regulación o restaurar la confianza en la regulación. La segunda opción es bien difícil. Recuperar la credibilidad es un proceso lento que requiere de muchas cosas de las que carecemos, como por ejemplo, sociedad civil, conciencia, valores cívicos… nuestra sociedad está preparada para mentir, para asumir que nos mienten y para espiar tras las esquinas. ¿Lo está para entonar un mea culpa, reclamar la rendición de cuentas de cada uno de nosotros y de los políticos, exigir que los políticos no mientan? Porque me da la sensación de que a los españoles nos encanta que nos halaguen los oídos y vivir en la mentira.

Así que, tal vez se trata de eliminar la regulación. ¿Y entonces? Entonces se abre una nueva encrucijada: el mercado o el hipercontrol. El mercado (mi opción) es lo peor de lo peor, nido de víboras, azote de subvencionados, compuesto por gente sin corazón que se nutre de la libación de sangre de niños inocentes por las noches. Y luego está el hipercontrol. ¡Bienvenido Pablo, generalísimo del pueblo!

AEDE, parásitos frustrados

Debió ser un mandamiento. El artículo 5º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, suscrita por todos los Estados miembros de la ONU, lo afirma tajantemente: "Nadie será sometido a tortura o a tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes". Punto.

Todo esto, claro, lo escribo a propósito de las acusaciones contra la CIA por el uso de torturas para lograr información capaz de desvelar las conspiraciones y planes de los terroristas.

Estados Unidos había sido sorprendido por las terribles acciones de los islamistas radicales de Al Qaeda que habían dejado cerca de tres mil cadáveres en las calles de New York y Washington. George W. Bush y los servicios de inteligencia norteamericanos querían averiguar quiénes era sus enemigos, qué planes tenían y cuándo pensaban golpear nuevamente. En Washington estaban, a un tiempo, asustados y deseosos de venganza. De alguna manera, ésa también era la ansiosa actitud del conjunto de la sociedad.

La tarea resultaba dificilísima. Esta vez los enemigos eran árabes de una docena de orígenes diferentes –con predomino saudí, egipcio y yemenita–, afganos, iraníes, chechenos y otros adversarios aún más exóticos desde la perspectiva norteamericana. Todos estaban unidos por el islam y por el odio a USA y a Israel, pero se trata de un monstruo con mil cabezas.

Aparentemente, el modo más directo de comenzar a desenredar la madeja era obtener información de los prisioneros, y por eso los torturaron. Pero, primero, ¿existía total certeza de la culpabilidad de todos los prisioneros? Y, segundo, si no los sometían a un tercer grado, ¿cómo se lograba esa colaboración? Ni siquiera resultaba útil amenazarlos con la ejecución ordenada por los tribunales, porque el martirologio era un objetivo personal de todos ellos. Era la puerta de entrada al paraíso. Es muy difícil enfrentarse a un enemigo deseoso de morir.

La investigación era muy confusa. Todo conducía a la perplejidad: las lenguas en las que hablaban, los factores culturales, las motivaciones religiosas, la geografía. Cuando estudiaron la biografía de Mohamed Atta, el cabecilla suicida que dirigió los aviones contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, encontraron a un joven egipcio educado en Hamburgo –era arquitecto urbanista–, profundamente piadoso, que actuaba por convicciones ideológicas. Muchos de los terroristas respondían a un perfil parecido.

Hasta ahí las justificaciones que se escuchan ante las denuncias de torturas, pero éstas, francamente, no sirven excesivamente. Hay tres factores mucho más importantes que las circunstancias en las que se encontraba Estados Unidos, en ese momento bajo el shock del ataque terrorista.

En primer lugar, está la ley. Estados Unidos es un país de leyes. Si la Quinta Enmienda y los tratados internacionales suscritos por Estados Unidos son contrarios a la utilización de la tortura, nadie tiene el derecho a recurrir a ella y el presidente no puede ordenar esa práctica.

El presidente o el Congreso pueden tratar de cambiar las reglas, pero no están autorizados a violarlas. Esto no es un prurito leguleyo sino una medida esencial de protección. Si uno o varios de los poderes públicos pueden saltarse a su antojo la legislación, los fundamentos republicanos quedan demolidos.

En segundo lugar, están los valores. Una sociedad es o debe ser una comunidad vinculada por los principios, además de por las reglas. En Estados Unidos, supuestamente, prevalecen los valores que consagran la compasión y el respeto a la integridad de los individuos. Uno espera del fascismo, del nazismo o del comunismo, que todo lo justifican en función de sus sangrientas utopías, que recurran a la tortura, pero no de una democracia liberal.

Y, por último, queda la melancólica convicción de que las confesiones obtenidas mediante torturas y malos tratos no suelen reflejar la verdad. Las actas inquisitoriales, levantadas al calor de las hogueras, dan cuenta de las historias más absurdas relacionadas con la hechicería: comercio carnal con el diablo, visiones de animales mitológicos, vuelos a bordo de escobas.

En los siglos XVI y XVII, sólo en Europa, más de cien mil personas, casi todas mujeres, fueron cruelmente torturadas para arrancarles las más peregrinas declaraciones. Confesaban cualquier cosa con tal de que terminara el tormento.

La democracia liberal no puede comportarse como los enemigos de la libertad. ¿Que aumentan los riesgos y los sacrificios? Probablemente, pero ése es el precio de vivir en sociedades libres y siempre hay que estar dispuestos a pagarlo.

elblogdemontaner.com

No torturarás

La redistribución de la renta no se efectúa de ricos a pobres, sino de grupos desorganizados a grupos organizados (lobbies). El Estado no auxilia a quienes más lo necesitan, sino a quienes disfrutan de una mayor capacidad para presionar e influir sobre políticos y burócratas. Ese es, al menos, el calculo que efectuó la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) con Google News: dado que Google es un negocio boyante que gana miles de millones de dólares anuales, basta con que el Estado español le arrebate unos pocos milloncejos y reparta semejante botín entre todos los editores para que así la prensa española pueda superar la crisis sin necesidad de reformular su caduco, esclerotizado y anticompetitivo modelo de negocio.

Pero, desesperados por encontrar una presa a la que parasitar, los editores y el servil y liberticida Gobierno del PP calcularon mal hasta dónde podían tensar la cuerda: tras lloriquear durante años que era Google quien parasitaba a la prensa española por enlazarla en su agregador de noticias sin que ésta recibiera compensación alguna, parece que ahora los rotativos están comenzando a intuir que no, que la empresa estadounidense no vivía de ellos más de lo que ellos vivían de Google. La relación, en suma, no era una de parasitismo, sino de simbiosis: sí, Google enlazaba a los periódicos españoles sin pagarles peaje alguno, pero los periódicos españoles también se beneficiaban de un torrente de tráfico procedente de Google sin pagar tarifa alguna a la multinacional estadounidense.

Precisamente por ello, cuando los editores reclamaban imponer a Google una "compensación justa" por indexarles en Google News estaban, en realidad, reclamando una mordida del todo punto injusta. A la postre, uno de los rasgos constitutivos de la justicia es la reciprocidad, a saber, devolver bien en proporción al bien que has recibido de otros. Pero Google ya estaba devolviendo con creces a los editores el bien que recibía por enlazar gratis sus noticias: y se lo devolvía en forma de una enorme cantidad de visitas. De hecho, una forma bastante sencilla de averiguar si el principio de reciprocidad se cumple o no entre las partes de una relación es a través de un simple experimento mental: si la situación de una de las partes mejorara en ausencia de la otra, tenemos fuertes motivos para suponer que estamos ante una relación parasitaria donde no se respeta el principio de reciprocidad.

Por desgracia para la AEDE, Google no se ha limitado a realizar este hipótetico test mental, sino que ha decidido llevarlo a la práctica: a partir de este martes, Google News dejará de prestar su servicio en España. ¿Fin del parasitismo? No lo parece: la AEDE no tardó ni 24 horas en salir a la palestra para lamentar la decisión de Google e incluso a reclamar al Gobierno que intervenga para proteger los intereses de las empresas implicadas. Extraña relación parasitaria ésa en la que el presunto parasitado implora al parásito que le siga sangrando.

Más bien, todo apunta a que, como decíamos, el parásito no era Google sino que quería serlo la AEDE: ésta no sólo pretendía que Google continuara indexando gratis sus noticias, sino que además pagara por ello. Google ha juzgado que tales términos dejaban de ser verdaderamente recíprocos y ha actuado en consecuencia largándose de España. Google News prefiere irse del país si ello implica no ya no poder cobrar sino tener que pagar por proporcionar a la prensa el servicio de indexación de noticias. ¿Puede decir lo mismo la prensa española, esto es, que prefiere que Google News se vaya de España a menos que acepte abonar la mordida que reclama? No lo parece, a juicio de las exclamaciones de la AEDE pidiendo el regreso de Google: señal inequívoca de quién buscaba realmente parasitar a quién.

Acaso lo más gracioso y ejemplarizante de esta situación sea que los editores de prensa españoles probablemente terminen descubriendo que el servicio que les proporcionaba gratuitamente Google tenía un coste que ahora muchos de ellos deberán empezar a soportar: si desean seguir usando al líder de los buscadores para promocionar sus portales de noticias, no les quedará más remedio que contratar el servicio de Google Ads. En el pecado llevarán la penitencia. Mas no olvidemos lo esencial: si la AEDE pensó que sería capaz de rapiñar a Google fue porque contó con la entusiasta complicidad de un Gobierno que jamás ha dudado en aplastar las libertades de los ciudadanos para beneficiar a los lobbies que se congregan a su alrededor. En este caso, afortunadamente, el ambicionado expolio les salió mal: Atlas se encogió de hombros.

Todos somos Errejón

Una corriente de solidaridad sin precedentes arropa al secretario de Política de Pablemos, a cuenta de la persecución a la que está siendo sometido por la Universidad de Málaga, en manos de los socialistas, como todo lo que propicia algún trinque en Andalucía. No sólo el ayatolá de Podemos le ha mostrado públicamente su apoyo sino que, lo que es más importante, también las bases del partido se han unido a la causa, sobre todo en las redes sociales, en una muestra de adhesión inquebrantable de las que ponen la piel de gallina.

A Errejón lo persiguen, dicen los suyos, porque la casta tiene miedo de perder el poder; no porque haya estado trincando casi dos mil euros mensuales de manera dudosa, compatibilizando irregularmente su labor de investigación sobre el lacerante problema social de la mercantilización de la vivienda con la tarea de regenerar la democracia de este-país-de-países, a la que vive entregado. Si no ha cumplido con el horario laboral establecido en el contrato que le ofreció en su día el director del proyecto, un amiguete de Podemos, es algo que carece de interés. En última instancia, como Errejón y Pablemos no se cansan de repetir, todo es cuestión de haber presentado o no "un papelito", que ya ves qué tontería. Un "papelito" que autorizara al dirigente podemita a dedicarse a la política y seguir trincando la pasta, se entiende, pero como los grandes líderes del género humano no prestan atención a la cosa burocrática, al final la jauría mediática, azuzada por la casta (faltaría más), ha hecho presa en este muchacho encantador, que es que lo ves y te dan ganas de abrazarlo.

Pero Errejón no va a dimitir. No tiene por qué, en realidad, pues, como es bien sabido, la calificación moral de una acción para alguien de izquierdas sólo depende de quién es el que la realiza. Además, en un contexto generalizado de corrupción, los doce mil euros trincados por Errejón es una cuestión menor que la epidermis de estos superdemócratas puede perfectamente soportar. Para el votante medio de Pablemos, los desmanes de Blesa sirven para justificar los trinques de Errejón, pero la casta son siempre los otros. No hay más que dar un paseo por la orilla izquierda de las redes sociales para comprobar que dentro del rebaño hay unanimidad. Deberían cambiar el lema de su reciente campaña de blindaje ante las críticas por este otro, más ajustado a la actualidad errejoniana de la cosa podemita: #nuestrostrinkesvuestrasonrisa; por no recurrir al clásico "Errejón somos todos". Lo que sea con tal de preservar los trinques del líder y seguir despotricando de la casta como hasta ahora.

Rajoy o la persistencia del burócrata

De “todo el poder para los Soviets” que clamaba Lenin hace un siglo hemos pasado al más prosaico “todo el poder para los burócratas” de nuestros rajoyanos días. Hace tres años, cuando el barbas y la metro y medio se presentaban en los mítines, hablaban de regeneración y de devolver a España a la primera división. Decían de bajar los impuestos, quitar trabas a los empresarios, liberar a la justicia del yugo al que los políticos la tienen sometida y promover las reformas necesarias e inaplazables que nuestro país necesita para salir del marasmo actual. Hubo quienes lo creyeron, votaron en consecuencia y gracias ello Rajoy tiene más poder en sus manitas de opositor que cualquier otro gobernante desde que Felipe González perdiese la mayoría absoluta allá por los años ochenta. El estado de excitación del votante pepero era digno de encomio. Como habían idolatrado a Aznar –sin que éste mereciese ni de lejos tan súbito ascenso a los altares– pensaban que el rajoyato iba a ser una segunda edición corregida y aumentada de aquellos años de vino y rosas, de recaudaciones históricas y despilfarro en los que todo trinque fue posible.

Al final la regeneración se ha quedado en un centón de leyes redactadas al milímetro por el equipo soráyico habitual. Leyes cuyo único objetivo era blindar el desastre y, especialmente, a los causantes del desastre. Para muestra dos botones que el Gobierno acaba de coserse en la guerrera del despropósito. Primero vino el ya famoso impuesto de salida o “exit tax”, una aberración fiscal parida en las zahúrdas del draculín de Hacienda. Con ese impuesto en la mano va a ser materialmente imposible montar pequeñas empresas tecnológicas en España… bueno, tecnológicas y de cualquier otra cosa. El invento es de una maldad casi absoluta, implica que alguien que posee un porcentaje de una empresa recién fundada pero que tiene gran potencial de crecimiento deba pagar por adelantado ese potencial sin siquiera haberlo ganado. Es lo más parecido a liquidar a la gallina de los huevos de oro años antes de que haya puesto su primer huevo

Algo como el impuesto de salida solo cabe en la mente enferma de un legislador compulsivo cruzado con un salteador de caminos. Puedo llegar a entender que los burócratas quieran apropiarse por las bravas de lo que los demás producen, pero no que estos mismo burócratas impidan la producción misma. ¿Pero saben lo peor de todo? Nadie ha dicho ni mu de este disparate a excepción de los liberales, esos aguafiestas a los que el Gobierno mira de reojo y trata de mantener calladitos a cualquier coste. Con esa ley debidamente amejorada Podemos y sus socios harán virguerías, y si no al tiempo.

La otra idea que ha salido del recalentado caletre sorayino es la del canon AEDE, gracias al cual los españoles seremos los primeros en privarnos de un servicio tan útil como Google News. La historia pertenece más al género de la picaresca que al de la política. Los dueños de los periódicos de papel pensaron que el mejor modo de aliviar las fatigas de sus ruinosas cuentas de resultados era propinar un zapatillazo a Google. Acudieron a Moncloa con sus cuitas y allí, a metro y medio del suelo, les dieron la solución. Google aflojaría la mosca sí o sí. Una ley obraría el milagro. A cambio de ellos, de los periódicos, se esperaba cierto sentido de Estado, es decir, que no se metiesen con el jefe y, mucho menos, con la jefa en estos meses tan movidos que se avecinan. Sobre el papel funcionaba la idea. Google, esa perversa multinacional que tiene el “monopolio” de las búsquedas en Internet, pagaría sin rechistar. La realidad ha sido muy otra. Los chicos de Mountain View no saben quien es Soraya ni quieren saberlo, por no saber no saben ni donde está Valladolid ni qué diablos es un abogado del Estado. Más allá de la finca de estos señoritos de oposición y tente tieso el mundo funciona de otra manera. Pero ellos no lo saben. Su mundo es el de alargar la mano a fin de mes y esperar a que les pongan dinero encima, dinero arrebatado a la fuerza de otros que sí saben como funciona el mundo, mayormente porque tienen que enfrentarse a él cada mañana. Eso Rajoy y sus rajoyes no lo entienden, no lo entenderán jamás.

En defensa de Marc Márquez

El piloto de MotoGP Marc Márquez anuncia que se marchará a Andorra para escapar de las garras de Montoro y el clamor ciudadano contra su decisión se vuelve casi unánime: se critica a Márquez por falta de patriotismo, por evadir impuestos, por insolidario o por codicioso. Incluso desde el PSOE se ha pedido a los ciudadanos que boicoteen a aquellas empresas que patrocinan al apestado Márquez. Pero, más allá de la mera constatación de lo sucedido, resulta pertinente plantearse por qué se ha desatado semejante ola de indignación popular y si ésta posee alguna justificación racional o, en cambio, carece totalmente de base. 

¿Por qué la gente se indigna?

Una posible fuente de indignación popular podría venir de considerar que Márquez está evitando pagar por aquellos servicios estatales que consume o ha consumido: las carreteras que usa, la seguridad ciudadana de que disfruta, la educación pública en la que pudo haber estudiado, etc. Si éste fuera el verdadero motivo de las críticas, hasta cierto punto resultarían razonables: la justicia requiere de reciprocidad y si Márquez hace uso de servicios del Estado, es lógico que pague por ellos.

Mas el motivo principal de la indignación no parece ser ése: se estima que Márquez pagará en Andorra 30.000 euros de impuestos anuales. A buen seguro, Márquez no se habría marchado de España en caso de haber pagado aquí 50.000 o 60.000 euros anuales: cantidad más que suficiente para sufragar la totalidad de los servicios estatales que pueda consumir (y parte, también, de los que consuman otros). Y, a buen seguro, los mismos que se indignan hoy con su exilio fiscal se habrían indignado de haber negociado con Montoro una rebaja de su factura tributaria hasta semejantes niveles.

Mi hipótesis es que el enfado ciudadano tiene otras dos causas: la primera es suponer que Marc Márquez no se merece su riqueza, de modo que el piloto de MotoGP tiene la obligación de redistribuirla hacia el resto de ciudadanos; la segunda causa es suponer que Marc Márquez sólo puede ser un buen ciudadano si paga impuestos. En ambos casos, pues, Márquez se escaquea de cumplir sus deberes naturales o civiles para con el resto de personas.

¿Merece Márquez su riqueza?

Uno de los razonamientos más conocidos del filósofo estadounidense Robert Nozick es su defensa del derecho de propiedad del jugador de la NBA Wilt Chamberlain: según Nozick, si millones de personas le pagaban voluntariamente a Chamberlain una pequeña suma de dinero partido tras partido y, merced a ello, éste se volvía multimillonario, ¿cómo considerar que su propiedad, justamente adquirida, no era legítima? El argumento es plenamente aplicable a Marc Márquez. Sin embargo, se suele disputar desde dos posiciones: la primera es que Chamberlain o Márquez no merecen los talentos naturales que les convierten en buenos deportistas y por tanto tampoco merecen el dinero que han ganado haciendo uso de tales talentos; la segunda es que Chamberlain o Márquez sólo han podido enriquecerse por ejercer su profesión dentro de una sociedad opulenta, de manera que parte de su riqueza ha sido, en realidad, generada por esa sociedad y debe regresar a ella. Los dos argumentos son, sin embargo, defectuosos.

En cuanto al primer argumento: que algo no sea justo no equivale a que sea injusto. Es verdad que ni Márquez ni nadie nos merecemos nuestras “habilidades naturales” pero ello tampoco significa que otros las merezcan y que, por tanto, puedan lucrarse con ellas: a la postre, Márquez no obtuvo sus talentos naturales arrebatándoselos a nadie ni causando daño a terceros, por tanto tampoco pueden reputarse como radicalmente injustos. Es más, el razonamiento de “como Márquez no merece sus talentos naturales, la riqueza que ha generado haciendo uso de tales talentos tampoco es merecida” esconde otra importante falacia: nadie dice que Márquez merezca la riqueza por sus talentos, sino que la merece por cómo ha usado esos talentos. Si Márquez, con las mismas habilidades innatas, se hubiese quedado de brazos cruzados en casa, no poseería riqueza alguna: por usar acertadamente sus talentos en satisfacer las necesidades ajenas sí la merece en tanto en cuanto las otras personas han querido entregarle voluntariamente parte de sus propiedades.

En cuanto al segundo argumento: es verdad que fuera de la sociedad Marc Márquez no habría obtenido sus niveles de riqueza actuales, pero eso no significa que existan obligaciones pendientes de saldar entre Márquez y la sociedad. Al cabo, Márquez es rico no porque la sociedad le haya entregado su riqueza a cambio de nada, sino porque se la ha entregado a cambio de unos servicios que el propio Márquez le ha proporcionado a una parte de esa sociedad (espectáculo, divertimento, emoción, etc.). Entre Márquez y la sociedad no hay deudas pendientes de pago: el intercambio ha sido recíproco y mutuamente beneficioso, de modo que ni Márquez le debe nada a la sociedad ni la sociedad le debe nada a Márquez. Es verdad que Márquez se “aprovecha” de una infraestructura y de un acervo social (lenguaje compartido, sentimiento nacional compartido, cultura aficionada a los deportes, uso generalizado del televisor, etc.) que le han supuesto externalidades positivas hacia su persona: pero sucede no sólo que cualquier otro individuo podría haber usado ese mismo acervo social para generar riqueza (está ahí disponible para todos) sino que el propio Márquez ha contribuido a conformar y enriquecer ese acervo social. Por ejemplo, si dentro de diez años surge un nuevo piloto de MotoGP que también se convierte en millonario gracias a la afición que sigue habiendo en España (y en el mundo hacia el motociclismo), en parte podríamos decir que ese piloto se “aprovecha” del acervo social que contribuyó a forjar Márquez. ¿Tendría ese piloto alguna deuda con Márquez? No, porque a su vez Márquez se aprovechó de ese acervo social. En suma, el pago de Márquez por usar ese acervo social es su ulterior contribución a engrosarlo: toma del acervo para luego reponer con creces lo que ha tomado previamente.

¿Debería Márquez pagar impuestos para ser un buen ciudadano?

Ya hemos visto que Márquez no tiene deuda alguna con la sociedad que se derive de haber violentado dos rasgos esenciales de la justicia como son el mérito y la reciprocidad: Márquez merece su fortuna precisamente por las relaciones recíprocamente beneficiosas que ha entablado con el resto de la sociedad. Aun así, bien podría reprochársele a Márquez no ser un buen ciudadano: aunque Márquez no tenga la obligación de reparar ningún mal (porque no ha causado ninguno), sí podría esperarse de él que promoviera el bien y que, en ese sentido, pague impuestos en España a pesar de que no tenga ninguna obligación de hacerlo.

Aceptando a efectos dialécticos la hipótesis de fondo —a saber, que el buen ciudadano se caracteriza por promover el bien común como algo distinto a su bien personal—, lo que desde luego no puede aceptarse es que la única forma de ser un buen ciudadano sea pagándole impuestos al Estado. Dejando de lado que incluso podría argumentarse que pagar dócilmente impuestos sea una forma de engordar a una ilegítima maquinaria de dominación social como es el Estado, lo cierto es que una persona puede promover el bien común de formas muy diferentes a pagando impuestos: el Estado no tiene, ni debería tener, el monopolio del ejercicio del bien común. Existen muchas otras formas de ser buen ciudadano distintas a ingresar una suma de dinero en una cuenta corriente del Estado: las más obvias son las donaciones privadas o las labores de voluntariado; pero existen otras que no por menos obvias son menos relevantes en el caso de un deportista como Márquez: por ejemplo, tratar de ser un ejemplo moral, en lo personal y en lo profesional, para los demás y especialmente para los menores de edad; esforzarse por ser cada día un mejor deportista no por el dinero que pueda obtenerse con esa mejora marginal, sino para ofrecer un mayor espectáculo a millones de personas; o intentar promover internacionalmente un buen nombre y una buena imagen de tu país.

Las formas de lograr que una sociedad sea una mejor sociedad —una sociedad donde sea más apetecible vivir para el conjunto de las personas— son muy variadas y desde luego ni se limitan ni consisten preferentemente en pagarle impuestos a Montoro. ¿Intenta ser Marc Márquez un buen ciudadano, esto es, promover una sociedad mejor más allá de su interés personal estrictamente entendido? Sí: Márquez es embajador de la Fundación Laureus dirigida a promover el deporte como herramienta de desarrollo social; colabora con la Fundación Repsol y la Fundación Isidre Esteve a la hora de fomentar el deporte entre personas con lesiones medulares; ha apadrinado la campaña Que no falte de nada orientada a repartir 20.000 juguetes en hospitales y centros de atención al menor; ha contribuido a divulgar el buen nombre de España y de Cataluña por todos los lugares del planeta; y, sobre todo, se ha convertido en un ejemplo para millares de adolescentes, muchos de los cuales han descubierto su pasión por el motociclismo y han reorientado su vida hacia esa dirección.

¿Que podría hacer más? Sin duda. Todos podemos hacer más: de hecho, aunque Márquez pagara en impuestos el 60% de su renta… todavía podría hacer y pagar más. Pero que potencialmente pueda hacer más no convierte a Marc Márquez en un mal ciudadano habida cuenta de que ya está haciendo mucho en beneficio de la sociedad. Es más, haré dos comentarios adicionales: primero, las contribuciones sociales que realiza ahora mismo Márquez son infinitamente más valiosas que los millones de euros que podría haberle entregado al Fisco español; segundo, el hecho de que Márquez se marche de España deberíamos tomárnoslo no como una ofensa sino como una alerta de cómo el Estado, y su muy onerosa fiscalidad, está destruyendo la economía y ahuyentando el talentode nuestro país: del mismo modo que aplaudimos a Google News por marcharse de España ante el intolerable canon impuesto por el Gobierno, deberíamos celebrar el canario en la mina que suponen personas como Márquez.

Conclusión

En suma, Márquez ni tiene obligación de pagar impuestos en España ni su estatus de buen ciudadano se ve alterado por el hecho de que decida no pagarlos. Entonces, ¿a qué se debe tamaña inquina contra el piloto de MotoGP? La inquina de los políticos es comprensible: se les escapa una presa a la que parasitar. La inquina del resto de ciudadanos es menos comprensible salvo en una sociedad que haya interiorizado el derecho a rapiñar las propiedades y las libertades ajenas a través de los procedimientos reglados por el Estado. Lejos de agradecerle a Márquez su obra en aras del bien común, berreamos indignados por no poderle quitar aquello que jamás nos perteneció y que no tenemos ningún derecho (ni legal, ni ético, ni moral) a que nos pertenezca.

El caso de Marc Márquez debería servirnos a todos para reflexionar no sólo sobre cómo las sociedades se empobrecen y pierden sus libertades, sino también sobre cómo se pervierten y corrompen moralmente. 

Uber beneficia a todos

Competencia deslealintrusismo o legalidad son excusas que utilizan políticos y empresarios para defender los intereses de algunos en detrimento del resto. Cuando un determinado sector ve amenazado su modelo de negocio suele reclamar la protección del Estado para tratar de garantizar su posición de primacía mediante la aprobación de trabas, barreras o prohibiciones a la competencia. El taxi es tan solo un ejemplo más. Su actividad está estrictamente regulada mediante un sistema de licencias y tarifas administrativas ideado para restringir la oferta de forma artificial con el único fin de elevar los precios. No por casualidad el número de licencias de taxi lleva décadas estancado: en Madrid han pasado de 15.500 en 1994 a 15.700 en 2012, mientras que en el conjunto de España permanecen en el entorno de las 70.000. El objetivo de esta parálisis no es otro que el de encarecer las licencias -en algunas ciudades el precio supera ampliamente los 100.000 euros- e incrementar el uso lucrativo de las mismas a costa del consumidor y otros potenciales taxistas.

Sin embargo, este sistema ha quedado completamente obsoleto tras la llegada al mercado de aplicaciones que ponen en contacto directo a conductor y usuario a través del móvil. Plataformas como Blablacar, Cabify o Uber están revolucionando el sector del transporte privado y, por mucho que pataleen los taxistas, han venido para quedarse. Esta particular guerra la tienen perdida de antemano, como la perdieron en su día las todopoderosos discográficas tras el nacimiento de Napster y las posteriores redes P2P, los grandes medios impresos frente al periodismo digital y tantas otras compañías o negocios que han sido superados por sus rivales a lo largo de la historia a base de satisfacer mejor las necesidades del cliente.

Y la cuestión aquí es que, se mire por donde se mire, el servicio que ofrece Uber supera en mucho al del taxi por numerosas razones: precio -cuesta casi la mitad-, comodidad -vía móvil- y prestaciones -pago automático con tarjeta, conocimiento de ruta y tarifa por anticipado e incentivos para ofrecer un servicio de calidad-. Además, sus ventajas son extendibles, igualmente, a los conductores, ya que trabajan para sí mismos, gozando de una gran flexibilidad, sin necesidad de pagar una licencia desorbitada y con costes muy reducidos, lo cual se traduce en un salario mucho más alto y una mayor satisfacción laboral. Un conductor de Uber en Madrid puede ganar, actualmente, una media de 3.000 euros al mes trabajando unas 10 horas al día, en la capital de Colombia multiplican por cuatro el sueldo de un taxista, mientras que en ciudades como Nueva York o San Francisco las ganancias suelen alcanzar los 6.000 y 4.600 euros al mes, respectivamente.

El éxito que están cosechando este tipo de aplicaciones colaborativas, y no sólo en el sector de transporte, es, simplemente, arrollador. En concreto, Uber opera ya en 50 países y más de 250 ciudades, y en el último año ha multiplicado por seis su actividad, empleando a decenas de miles de conductores y atendiendo a millones de pasajeros alrededor del globo. La rapidez y rotundidad con la que ha conquistado el mercado es la mayor prueba de que Uber beneficia a todos, consumidores y conductores, salvo, eso sí, a los propietarios de las licencias de taxi, que, como es lógico, ahora ven peligrar su inversión y su particular modelo de negocio. Prohibir o dificultar este servicio para mantener intacto el tradicional blindaje del taxi resultaría tan absurdo como, en su día, tratar de impedir los CD para salvaguardar la industria del cassette, los mp3 para proteger los CD, el ordenador personal para mantener viva la antigua máquina de escribir y así sucesivamente… No tiene sentido y, además, resultaría muy perjudicial, salvo para unos pocos. Las sociedades que avanzan son aquellas que aceptan, impulsan y promueven los cambios para mejorar, no las que se quedan enquistadas en modelos obsoletos para mantener a toda costa el statu quo.

En el fondo, la polémica en torno a Uber y los taxis no es más que un nuevo capítulo de los sofismas económicos que tan magistralmente describió Frédéric Bastiat en la primera mitad del siglo XIX. Recuerden su "Petición de los fabricantes de velas", donde la industria solicitaba al Gobierno francés la adopción urgente de medidas proteccionistas para combatir a un poderoso competidor:

Sufrimos la intolerable competencia de un rival extranjero colocado, por lo que parece, en unas condiciones tan superiores a las nuestras en la producción de la luz que inunda nuestro mercado nacional a un precio fabulosamente reducido; porque, inmediatamente después de que él sale, nuestras ventas cesan, todos los consumidores se vuelven a él y una rama de la industria francesa, cuyas ramificaciones son innumerables, es colocada de golpe en el estancamiento más completo. Este rival, que no es otro que el Sol, nos hace una guerra tan encarnizada que sospechamos que nos ha sido suscitado por la pérfida Albión (…)

Demandamos que tengan el agrado de hacer una ley que ordene el cierre de todas las ventanas, tragaluces, pantallas, contraventanas, postigos, cortinas, cuarterones, claraboyas, persianas, en una palabra, de todas las aberturas, huecos, hendiduras y fisuras por las que la luz del Sol tiene la costumbre de penetrar en las casas, en perjuicio de las bellas industrias con las que nos jactamos de haber dotado al país, pues sería ingratitud abandonarnos hoy en una lucha así de desigual.

Desigualdad lacerante

Oxfam es un buen ejemplo de pensamiento único, porque combina un análisis superficial con una fuerte carga moralizante. Véase este párrafo de un reciente informe:

La fortuna de las 85 personas más ricas del mundo es equivalente a la de la mitad más pobre del planeta. La brecha entre ricos y pobres se ha disparado estos últimos años. Es una amenaza para reducir la pobreza pero también para construir sociedades más cohesionadas, democráticas y justas. Es hora de cambiar unas reglas del juego que ahora están diseñadas a favor de unos pocos. Es hora de que hablemos de desigualdad.

La principal deficiencia analítica es la sugerencia de que desigualdad y pobreza están relacionadas. No se trata sólo de que hay personas muy ricas sino que su riqueza es comparada con la de quienes no son acaudalados, como si ambos fenómenos estuviesen relacionados, cuando no tienen por qué guardar entre sí vinculación alguna, salvo que se demuestre realmente lo que este párrafo sugiere, es decir: que los ricos son tan ricos porque los pobres son tantos y tan pobres.

Dirá usted: qué disparate de planteamiento. Pero es lo que dice Oxfam para cualquiera que lea: se trata de una "brecha", que "amenaza" la reducción de la pobreza, y nada menos que la democracia y la justicia. Se trata de unas “reglas” pensadas para “unos pocos”. Nada de esto se sostiene, pero se repite sin cesar, igual que sin cesar las jeremiadas contra la desigualdad excluyen la enorme desigualdad que en el último siglo se ha abierto entre la riqueza del Estado y la de sus súbditos. 

No abundaré hoy en el informe de Oxfam, ya criticado por Juan Ramón Rallo en Voz Pópuli (puede verse también su análisis sobre el informe de Cáritas en Libertad Digital). Pero me interesa subrayar una de las fuerzas más importantes del pensamiento único: su impacto en el periodismo. La combinación de análisis insuficiente y ostentación moralizante puede tener efectos devastadores si los periodistas que lo recogen carecen de espíritu crítico y, como suele suceder con Oxfam, están dispuestos a aceptar como verdad revelada todas sus argumentaciones.

El modo en el que El Periódico se hizo eco de dicho informe es ilustrativo de esa actitud acrítica y ditirámbica. Con una llamada en portada que denuncia "España, fábrica de desigualdad", que ya nos invita a pensar en una siniestra conspiración de algunos que se dedican realmente a fabricar esa cosa tan mala, Agustí Sala llena dos páginas del diario con gran entusiasmo y ni un solo matiz ni cuestionamiento. Los ricos, así, no sólo tienen riqueza sino que la acaparan. El lector sólo puede concluir que es imprescindible una intervención pública mayor para redistribuir y luchar contra la desigualdad. Y todo para bien, sólo para bien en todos los sentidos:

El informe destaca que la desigualdad no es un mal necesario para el progreso, como se sostiene desde algunos ámbitos, sino una traba.

Ni un matiz sobre la lógica aparentemente impecable que fuerza la conclusión de que es imprescindible subir los impuestos. No puede haber objeción alguna, y menos cuando dicha conclusión viene avalada por el peso de la moral. Después de todo, queda claro, como señala un recuadro, que los datos de Oxfam no sólo son indiscutiblemente ciertos sino además "lacerantes".