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Grecia: un desastre del gasto público, no de la usura

Pocos cuestionan que la necesidad de cumplir con la palabra dada: si uno se endeuda, la buena fe obliga a devolver el dinero prestado. El gobierno griego tampoco debería constituir una excepción al respecto (a menos que uno abogue por la libertaria alternativa de abolir el Estado y repudiar todos sus compromisos adquiridos) y, de nuevo, parece que la buena fe para con sus acreedores obliga a que el Estado griego amortice sus obligaciones financieras.

Sucede que, al entender de muchos, el Estado griego ha sido víctima de unas condiciones de financiación usurarias que justificarían por sí solas un repudio legítimo de la deuda. Una cosa es defender que se honre la palabra dada y otra muy distinta que se honre bajo inaceptables condiciones de usura: tipos de interés del 10%, del 20% o del 40% resultan absolutamente injustificables y, por tanto, Grecia haría bien en impagarlos.

¿Usura contra Grecia?

Dejando de lado lo problemático que resulta trazar una frontera entre intereses usuarios y no usurarios incluso para quienes defienden semejante distinción (ser un deudor de alto riesgo es lo que tiene: que nadie se fía de ti y apenas tienes prestamistas que quieran financiarte), el argumento anterior presenta una dificultad que suele soslayarse con frecuencia: los tipos de interés que se han estado pagando entre 2010 y 2014 por la deuda pública griega en el mercado secundario han sido del todo irrelevantes para configurar su actual situación presupuestaria. Básicamente porque Grecia lleva desde 2010 fuera de los mercados (salvo por un par de emisiones menores en 2014): los altos tipos de interés (del 10%, 20% o 40%) que se han llegado a pagar en el mercado secundario por la deuda griega sólo reflejaban el precio de altísimo riesgo al que se intercambiaban la deuda griega quienes ya tenían deuda griega, no el precio al que se financiaba el gobierno griego.

Para conocer el tipo de interés medio que ha soportado el Estado griego durante los últimos años hemos de poner en relación los pagos anuales de intereses del Estado griego con el stock total de su deuda pública. Si lo hacemos, descubriremos que desde 2006 no ha habido ningún año en el que Grecia haya pagado por su deuda más de un 4,5% de intereses, lo que difícilmente podremos calificar como usura (sobre todo teniendo en cuenta que la inflación media desde 2006 ha sido en Grecia del 2%, de modo que el Estado griego no ha pagado nunca desde ese año tipos de interés reales superiores al 2,5%). De hecho, en el año 2013, Grecia pagó sobre su deuda pública unos tipos de interés nominales inferiores a los de Alemania: en concreto, el 2,28% frente al 2,62% de sus vecinos del norte.

Fuente: Eurostat

No sólo eso: en 2013 Grecia fue el cuarto país de la Eurozona que abonó menores intereses sobre su deuda pública:

Fuente: Eurostat

En realidad, y pese al bombardeo propagandístico sobre la deudocracia usuraria contra Grecia, a nadie deberían sorprenderle tales resultados: en 2012, la Troika aprobó un segundo plan de rescate para Grecia, por el cual el Estado griego obtuvo unas condiciones de financiación extremadamente beneficiosas.

Así, de los 355.000 millones de euros en deuda que mantenía Grecia a finales de 2011, 205.000 millones estaban en manos privadas y 150.000 en manos públicas (55.000 millones en posesión del BCE y unos 100.000 millones en manos de la Troika, fruto del primer rescate). Los 150.000 millones en manos públicas fueron refinanciados a Euribor+1,5%, mientras que los 205.000 millones en manos privadas fueron reestructurados del siguiente modo: primero se aplicó una quita del 53,5% a los acreedores privados, reduciéndola a poco más de 95.000 millones de euros; de esa suma, 30.000 millones fueron recomprados por la Troika (a través del EFSF) y al resto se les rebajaron los intereses al 3,65%. Además, la Troika le extendió una línea de crédito adicional de 100.000 millones de euros para que no tuviera necesidad de financiar sus déficits emitiendo deuda en el mercado (línea de crédito también a Euribor+1,5%): así, desde comienzos de 2012 Grecia ha emitido cerca de 70.000 millones de euros adicionales (en buena medida para recapitalizar a la banca griega, a la que quebró, como a la chipriota, la quita del 53,5% sobre la deuda pública griega), elevando su deuda pública total desde los 250.000 millones en que la dejó este segundo plan de rescate hasta 320.000 millones a finales de 2013. De esos 320.000 millones, el 80% se halla en manos de la Troika, esto es, del Banco Central Europeo, del FMI y de la Comisión Europea.

Difícilmente podrán tildarse estas condiciones de usurarias: más bien, como hemos visto, han logrado para Grecia un tipo de interés medio por debajo del de casi cualquier otro país de la Eurozona y, por supuesto, de cualquier otro deudor privado europeo. Pero, entonces, ¿a qué se debe que la situación financiera del Estado griego sea tan horrorosa? Pues no a los inexistentes altos tipos de interés, sino a la muy existente y muy gigantesca deuda pública griega.

El principal culpable: el desbocado gasto público

El volumen total de deuda pública griega se situaba, ya antes de la crisis, por encima del 250% de los ingresos públicos, frente al 150% que representaba en Alemania. Pero después de la crisis rebasó el 350% y llegó a superar el 400% en el año 2011 (nótese que el rescate y las medidas de “austeridad” se comienzan a imponer a Grecia en el año 2010, y en 2009 ya tenía un volumen de deuda pública completamente desbocado).

 

Fuente: Eurostat 

Como consecuencia de este enorme volumen de deuda pública (y no como consecuencia del alto interés medio pagado), su factura anual de intereses superó, hasta el segundo rescate a Grecia, el 12% de los ingresos públicos (en 2011, antes del rescate alcanzó, el 17%). Compárenlo con Alemania, cuya factura de intereses se ha mantenido estable en el 6% de todos los ingresos públicos.

Fuente: Eurostat

Por tanto, insisto, el problema no es el tipo de interés medio que abona Grecia por su deuda pública, sino el altísimo volumen de esta deuda pública. Matemáticas básicas: el 50% de 10 euros son 5 euros y el 1% de mil millones de euros son 10 millones; que el tipo de interés sea bajo no garantiza que tu factura en intereses sea baja si debes muchísimo dinero.

En este sentido, la responsabilidad de la situación financiera griega les corresponde a quienes gestaron su elevadísimo volumen de deuda: es decir, a los políticos griegos y a todos aquellos que aplaudían con las orejas las políticas de endeudamiento público (antes y después de la crisis). El grueso de la deuda pública griega se emitió antes de que Grecia fuera rescatada por la Troika: en concreto, el 90% de la deuda pública griega del año 2010 había sido emitida antes de 2010. Ni siquiera es posible inculpar a las políticas de presunta austeridad del deterioro de la solvencia de Grecia por haber provocado un hundimiento de la actividad económica y de los ingresos públicos: aun cuando el Estado griego hubiese conseguido mantener el nivel de ingresos públicos del año 2007 (objetivo complicado en medio de una crisis económica como la actual), el peso de la deuda pública en 2011 habría sido equivalente al 391% de los ingresos (frente al 403% que realmente fue y frente al 180% de Alemania) y el peso de los intereses en estos ingresos habría sido del 15,8% (frente al 17,1% que realmente fue y al 5,8% de Alemania).

No: Grecia no quebró por la Troika y Grecia no está financieramente contra las cuerdas por la Troika. Grecia estaba financieramente contra las cuerdas por esto:

Fuente: Eurostat

Si bien Alemania estabilizó el gasto real por habitante (esto es, descontando la inflación) entre 1996 y 2007, Grecia lo disparó más de un 60%, sufragando gran parte de esa brutal expansión del gasto público en la emisión de deuda. Desde 2010, los recortes en los desembolsos públicos han logrado corregir semejante megalomanía estatal y regresarla a una senda sostenible (de hecho, Grecia alcanzará superávit primario en 2014 y, si no nos mienten más en sus estadísticas, el déficit no superará el 3%); pero por desgracia todo apunta que los próximos gobiernos griegos (ya sean de la oligarquía oficialista de Nueva Democracia o del aspirante a nueva oligarquía de Syriza) tratarán de incrementar nuevamente el gasto público regresándolo a la senda de insostenibilidad.

Por eso, el Estado griego jamás debió ser rescatado por los contribuyentes europeos: no sólo se ha trasladado ilícitamente una gran cantidad de riesgo a los hombros del ciudadano medio europeo, sino que además se ha terminado protegiendo a la oligarquía (y neo-oligarquía) griega de las consecuencias de su propia irresponsabilidad proestatista y liberticida. Lejos de aprender la lección, han conseguido endosar las culpas del desastre que ellos engendraron a la Troika: la solución a sus problemas, nos dicen ahora, no es la austeridad de la Troika, sino volver a incrementar masivamente el gasto público. Es obvio, pues, que no han entendido nada y que están deseosos por volver a las andadas: sólo por eso, repito, jamás debieron ser rescatados con el dinero de todos los contribuyentes europeos.

La revolución Uber

El taxi es un servicio que tradicionalmente se ha pensado que no podía ser provisto por un mercado libre y desregulado. Los argumentos que a este respecto se han ofrecido han sido muy variados, pero se resumen en: asimetría de información (el usuario no puede saber de ninguna manera si un conductor es fiable y le va a prestar un servicio de adecuada calidad), excesivo poder de negociación por parte del conductor (si en cada viaje se renegocian los precios, el conductor tendrá una elevada capacidad para imponerle una alta tarifa al cliente, sobre todo durante los picos de demanda de taxis), aglomeración en algunos tramos del mercado (por ejemplo, en los aeropuertos no hay espacio físico para que los taxis se ubiquen libremente como deseen, sino que han de ser ordenados en colas específicas para optimizar el espacio y la utilización del servicio) y tendencia al colapso del mercado (si todo el mundo puede ser taxista, los ingresos per cápita serán tan reducidos que nadie podrá dedicarse profesionalmente a ello, de modo que todos los taxistas serán amateurs).

Estos “fallos del mercado” han servido hasta ahora para justificar la intervención estatal en el mercado de taxis a través de la expedición de un limitado número de licencias que, además, iban asociadas a una estricta regulación pública de los precios y de las condiciones de transporte y de competencia entre taxistas. El Estado, pues, ha terminado erradicando cualquier rasgo de mercado libre y competitivo en el sector del taxi con la aquiescencia generalizada del público, quien verdaderamente se ha creído la narrativa de que no existían alternativas a semejante regulación cartelizadora.

Por fortuna, si alguna vez hubo algún motivo para regular el sector del taxi, ese tiempo ya pasó: la aparición de Uber —una sencilla App que permite conectar al conductor con el pasajero en tiempo real— supone una auténtica revolución que hace del todo innecesaria cualquier tipo de normativa estatal al respecto. Todos los presuntos fallos del mercado que asolaban al sector del taxi son perfectamente solventados gracias a esta innovación tecnológica y empresarial.

Fallo 1: asimetría de información

¿Cómo saber si un conductor es confiable y no un potencial delincuente? ¿O cómo saber que el taxista no estafará al cliente maximizando el trayecto y el tiempo del viaje? Son problemas típicos que afectan a cualquier usuario, pero especialmente a los turistas que desconocen por entero una ciudad y sus costumbres. En muchos otros mercados, la calidad del servicio se regula a través de amenazas de represalia: si un vendedor nos presta un mal servicio, no volvemos a comprar en él, por lo que necesita mantenernos permanentemente satisfechos. En el taxi, sin embargo, ni siquiera disponemos de esta opción, ya que se trata de un servicio de trato no recurrente: lo habitual es que jamás repitamos viaje con un mismo taxista, por lo que como consumidores no podemos sancionar al mal conductor, quien por tanto posee fuertes incentivos a estafarnos.

Ciertamente, las compañías de taxis tienden a solventar parcialmente este problema: con tal de proteger su imagen de marca y su reputación, implementan procesos de selección de personal y aprueban regulaciones internas para garantizar la calidad del servicio. Pero suele argüirse que la solución es insuficiente: algunas compañías podrían imitar la marca o el nombre comercial de sus rivales para “parasitar” su prestigio, ofreciendo un mal servicio; asimismo, los turistas normalmente desconocerán por entero las compañías locales, por lo que no podrán seleccionar las más prestigiosas.

Uber, sin embargo, solventa totalmente el problema de asimetría de información. Por un lado, cada conductor es evaluado por cada usuario al terminar el trayecto mediante un sencillo sistema de cinco estrellas. De este modo, cada cliente puede conocer antes de contratar un servicio de taxi la calidad media de todos los conductores disponibles en la zona. A los conductores con ratings bajos (y, atención, se considera una nota “baja” toda aquella que no llegue a 4,7 sobre 5) se les notifica que pasan a estar bajo vigilancia y si, pasadas unas pocas semanas, no logra mejorar su rating, son desactivados de la aplicación (es decir, ya no pueden prestar sus servicios a través del sistema de Uber). Por tanto, los incentivos de los conductores para ofrecer un servicio de calidad son extremadamente altos.

Por otro lado, antes de contactar con un conductor los usuarios han de introducir la ruta que desean efectuar (punto de recogida y de destino), gracias a lo cual la App de Uber le proporciona al usuario el trayecto óptimo que el taxista deberá seguir (trayecto que además puede ser monitorizado por el usuario durante el viaje), así como un fiable horquilla del coste final del trayecto. Por tanto, el pasajero puede controlar en todo momento qué ruta está siguiendo el conductor: algo que hasta muy recientemente no podía hacer, por cierto, con los taxis convencionales.

En suma, la asimetría de información deja de ser un problema con Uber: incluso el turista que desconozca absolutamente una ciudad —incluso el idioma de esa ciudad— puede contratar un servicio de transporte de viajeros a través de Uber con las garantías de que no será estafado.

A este respecto, sólo un comentario adicional: con Uber, la asimetría de información no sólo se reduce para el viajero, sino también para el conductor. Conocidos son los casos de taxistas que han sido agredidos por pasajeros violentos, lo que convierte el oficio de taxi en uno relativamente peligroso. Uber, empero, también permite que los conductores evalúen a los usuarios, de manera que los taxistas saben cuán confiable es el pasajero antes de aceptar recogerlo (es decir, Uber contribuye a reducir la “prima de riesgo” de ser taxista).

Fallo 2: poder de mercado del conductor

Imagine que se ha terminado de comer las uvas con la familia en Nochevieja y desea coger un taxi para irse a una sala de fiestas. La demanda de taxis en ese momento es tan superior a la oferta que si los precios no estuvieran regulados y fijados de antemano —esto es, tuvieran que negociarse cada vez y en cada caso entre conductor y usuario— el taxista podría exigir tarifas absolutamente desproporcionadas que muchos pasajeros, ante el riesgo de no encontrar otro taxi disponible en toda la noche, aceptarían pagar. Tal vez este caso pueda parecerle altamente atípico, pero lo cierto es que en ciertos contextos un taxi puede convertirse en una especie de monopolio local: si no hay demasiados taxis alrededor, cuando encontramos uno que necesitamos coger, el conductor pasa a poseer un elevado poder de mercado para imponernos sus condiciones. De nuevo, las compañías tradicionales de taxis suponen una solución imperfecta, ya que no tienen por qué copar todos los tramos del mercado (dejando espacio para desaprensivos conductores autónomos a la caza de usuarios en dificultades).

Pero Uber solventa de nuevo el problema. Primero porque desde la App de Uber el usuario puede consultar cuántos vehículos disponibles hay alrededor de su zona, con lo que la incertidumbre de hallarse en medio de la calle sin saber si existen otros taxis disponibles desaparece en gran medida. Segundo porque quien fija los precios no es el conductor, sino la propia Uber, por tanto el taxista carece de cualquier poder de negociación (de hecho, el conductor cobra electrónicamente a través de Uber, quien efectúa un cargo en la tarjeta de crédito del usuario). Y tercero, porque el sistema de precios de Uber es dinámico: un aspecto que acaso convenga desarrollar por cuanto es una de las mayores innovaciones de Uber y uno de los motivos por los que es más frecuentemente atacado.

Aunque Uber tiene unas tarifas base que operan en el 90% de los viajes, cuando se producen picos de demanda Uber incrementa temporalmente los precios lo suficiente como para que oferta y demanda casen: unos precios más elevados estimulan que los potenciales conductores que están descansando en sus casas salgan a ofrecer sus servicios y desincentiva a los usuarios que no necesitan intensamente un taxi a que lo soliciten. Uber, por tanto, es una App que internamente crea un mercado extremadamente competitivo: si hay conductores alrededor, el usuario siempre encuentra un taxi en tanto esté dispuesto a pagar el correspondiente múltiplo de tarifas base.

Como digo, esta fijación dinámica de los precios según el desequilibrio existente entre oferta y demanda suele constituir un recurrente blanco de críticas contra la compañía (especialmente cuando los picos de demanda son verdaderamente dramáticos). Sin embargo, fijémonos en que la alternativa a pagar precios mayores es el racionamiento de la oferta, esto es, hacer cola: si, para un precio dado, hay más demanda que oferta y los precios no pueden subir, no habrá oferta para todos. Tal vez a usted le desagraden instintivamente las subidas temporales de precios (da la impresión de que el oferente se “aprovecha” del demandante), pero pensándolo fríamente las ventajas de las alzas de precios frente a las colas son obvias en dos sentidos: primero, quien verdaderamente necesita un taxi, lo termina obteniendo (pagando precios más altos que le compensan esa urgente necesidad); segundo, la oferta de taxis aumenta con los mayores precios (no lo hace cuando se opta por racionar mediante las colas). Gracias al sistema dinámico de precios, la insuficiencia de taxis con respecto a la demanda suele desaparecer rápido (regresando automáticamente las tarifas a la normalidad) a diferencia de lo que sucede en muchas ciudades donde la administración ha contingentado artificialmente el número de licencias y, por tanto, esa insuficiencia se convierte en un mal endémico.

Fantástico: Uber se comporta internamente como un mercado cuasi-perfectamente competitivo, pero ¿y externamente? ¿Acaso Uber no podría aprovechar su posición de mercado para ir subiendo las tarifas base que cobra a sus clientes? Muy improbable: el modelo de negocio de Uber es fácilmente reproducible en un mercado de taxis liberalizado (sólo es necesaria una App que coordine en tiempo real a conductores y usuarios). La única barrera de entrada verdaderamente existente es la imagen de marca y la reputación de Uber: ¿sería sensato que Uber dilapidara esa imagen de marca encareciendo la prestación de sus servicios? No lo espere.

Fallo 3: aglomeraciones en algunos tramos

Existen ciertas zonas neurálgicas dentro de una ciudad —aeropuertos o estaciones de tren, por ejemplo— donde el taxista solo tiene que aparcar y esperar a que vayan llegando clientes en masa: justamente por ello, esos espacios son muy cotizados por casi todos los conductores y tienen a ser un foco caótico. ¿Cómo asignar los escasos huecos disponibles alrededor de esos centros neurálgicos? Una opción sería que el que llega primero, se lo queda: es decir, aquellos taxistas que ocupen antes una plaza delante del aeropuerto se quedan con la misma hasta que sean contratados por el usuario. La solución, empero, no es ideal: parece claro que el espacio ante un aeropuerto puede optimizarse mediante una planificación central (por ejemplo, una fila de taxis), evitando así el desorden propio de toda aglomeración y garantizando un mejor servicio para el usuario. Por tanto, parece haber un cierto margen para la regulación de esos espacios.

Es cierto que Uber no proporciona una solución definitiva al problema de la falta de espacio en ciertos tramos del mercado (de momento, no ha sido capaz de vencer a las leyes físicas), pero fijémonos en que la solución a ese problema no ha de venir de Uber, sino de la autoridad encargada de gestionar el aeropuerto o la estación de ferrocarril: es esa autoridad (que no necesariamente tiene por qué ser el ayuntamiento o el Ministerio de Fomento: podría ser una entidad pública independiente o, también, una entidad privada propietaria de la infraestructura) la que tiene que regular internamente cómo ordenar el uso de su espacio. Sostener que esto constituye un fallo del mercado de taxi que hace indispensable la expedición de licencias sería tanto como decir que para evitar que el parking de un centro comercial privado se convierta en un circuito de autos de choque se hace necesario regular el número de vehículos que pueden venderse o que tienen derecho a acudir a los centros comerciales (es cada centro comercial quien proporciona tales normativas necesarias sobre el uso de sus parkings). Es decir, el problema de las aglomeraciones espaciales no es un problema del mercado de taxis, sino de la regulación (pública o privada) de ciertos espacios con alta densidad de vehículos.

Aun así, Uber sí proporciona buena parte de la solución a este problema, dado que el usuario y el conductor pueden pactar el punto de recogida desde la propia App. De este modo, incluso cuando Uber carezca de licencia para circular por dentro de un aeropuerto (aunque, evidentemente, sí puede recoger y dejar pasajeros en aquellas zonas habilitadas para particulares), el cliente dispuesto a caminar unos metros puede pactar su recogida en cualquier punto alejado de la zona congestionada. Uber no puede vencer las leyes físicas, pero sí las económicas al multiplicar el espacio útil para recogidas alrededor de un punto neurálgico.

Fallo 4: saturación y colapso del mercado

El último tradicional fallo del mercado atribuido al sector del taxi es que se hace necesario controlar cuánta gente se dedica a ofrecer servicios: dado que en el sector del taxi apenas existen barreras de entrada (casi todo el mundo posee coche propio), dedicarse ocasionalmente al oficio de taxista es muy sencillo, lo que implica que el mercado podría terminar fragmentándose en exceso, cayendo en manos de chóferes amateurs y no comprometidos con su profesión. Sólo garantizando unas rentas mínimas a los taxistas (cerrándoles el libre acceso a este mercado a los potenciales competidores), conseguiríamos un servicio no intermitente y de calidad.

Afortunadamente, existe una alternativa que es justo la que Uber proporciona: contar con un ejército de conductores profesionales a tiempo parcial que, además, sean muy sensibles a las variaciones de precios ante picos de demanda. No hay ninguna necesidad de que todos los taxistas se dediquen a ello en exclusiva y a tiempo completo: la oferta de taxis puede estar igualmente garantizada con un mayor número de conductores trabajando a tiempo parcial que flexiblemente acceden al mercado cuando hay carestía de taxis y que además están muy incentivados (y disciplinados) a prestar un buen servicio.

Pero no se preocupe: si cree que sólo los taxistas especializados y a tiempo completo son capaces de proporcionar a largo plazo un buen servicio, Uber también ofrece un remedio para ello. En la medida en que cada conductor puede diferenciarse de sus rivales a través de la valoración de los usuarios, si usted predice que sólo los taxistas a tiempo completo son capaces de ofrecer un servicio óptimo, el propio mercado terminará barriendo a los conductores amateurs a tiempo parcial merced al rating de Uber.

Conclusión

Tras la revolucionaria aparición de Uber, las licencias de taxis se han convertido en un injustificado privilegio oligopolístico dirigido, sí, a garantizarles unas rentas mínimas a los propietarios de las licencias (en muchas ocasiones ni siquiera al propio conductor del taxi) sin que exista ningún buen motivo para ello.

La revolución de Uber está aquí para quedarse. Los distintos gobiernos y tribunales podrán tratar de reprimirla para proteger los intereses gremiales del lobby del taxi —intereses que actualmente no coinciden en absoluto con los intereses de los consumidores—, pero a medio plazo no podrán continuar justificando lo injustificable. En este sentido, más les valdría a los actuales taxistas, protegidos tras el frágil espejismo de las licencias, ir adaptándose a los inexorables cambios en lugar de seguir cabildeando en defensa de un sistema de castas obsoleto e insostenible. A diferencia de en muchos otros campos, en éste no tengo ninguna duda de que la libertad prevalecerá. 

El rescate autonómico es un robo

El lenguaje que se usa, habitualmente, en el ámbito de la información económica está lleno de conceptos equívocos y maniqueos que sirven para adornar, manipular o tergiversar la realidad de los hechos con el fin de vender a la opinión pública una acción que, en el fondo, es injusta e ilegítima. Uno de esos términos es "rescate". A lo largo de la crisis, los estados de medio mundo han salido al "rescate" de bancos, empresas, particulares e instituciones de toda índole y condición, evitando o, al menos, posponiendo su quiebra durante algún tiempo. En España, el Gobierno de turno, primero en manos del PSOE y ahora del PP, también salió al "rescate", inyectando una gran cantidad de dinero público en las cajas de ahorros y en la Administración territorial para impedir su caída. Pero, aunque esta palabra tiene, sin duda, una acepción positiva, se trata, en realidad, de un gran robo y una profunda inmoralidad.

El Estado no rescata a nadie, sino que roba a todos (familias y empresas) para favorecer a algunos. Al escuchar ese dichoso concepto, se viene a la cabeza la imagen de un barco tirando un salvavidas a un náufrago en el medio del mar, cuando, en el fondo, debería asociarse a una comunidad de vecinos en la que los morosos contratan a un grupo de matones para que, arma en mano, extorsionen al resto de propietarios con el objetivo de sufragar los gastos del edificio, sus facturas de agua, luz y calefacción e incluso el pago del alquiler. Es evidente que si usted fuera uno de los damnificados, el "rescate" de esos vecinos morosos no sería, precisamente, plato de buen gusto, sino un puro y simple delito que habría que denunciar de inmediato ante los juzgados. Pues lo mismo sucede con las cajas, las comunidades autónomas y los ayuntamientos rescatados, solo que, en este caso, al tratarse de un robo institucionalizado a través de los impuestos, las víctimas del atropello (contribuyentes) perciben la agresión de forma más atenuada y difusa, lo cual no significa que no se produzca. Ya saben: mal de muchos, consuelo de tontos.

¿Y a cuánto asciende aquí la cantidad sustraída? Por el momento, unos 155.000 millones de euros entre 2012 y 2014, divididos de la siguiente forma: 62.800 millones a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 42.000 millones mediante el mecanismo de pago a proveedores y otros 50.000 millones inyectados a las cajas. La cifra total equivale a casi 9.000 euros por hogar. Fíjense que el coste del "rescate" autonómico (FLA) y municipal (proveedores) duplica al de las cajas de ahorros, y que, en ambos casos, además, se trata de instituciones públicas, no privadas.

Siendo esto grave, lo peor es que los políticos españoles pretenden, incluso, acentuar aún más este brutal latrocinio, ya que, por un lado, el pérfido ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, condonará el pago de intereses a las autonomías acogidas al FLA y mutualizará a partir de 2015 la deuda regional a través del Tesoro Público, de modo que todos los españoles pagarán de su bolsillo los despilfarros y excesos de las comunidades más díscolas e irresponsables, mientras que, por otro lado, la izquierda, en general, y Podemos, en particular, pretenden recuperar las ruinosas cajas de ahorros, impidiendo su privatización y creando una nueva estructura de banca pública cuyo coste sufragaríamos todos, previa extorsión estatal (impuestos). Es decir, de mal en peor.

Este tipo de estafas y tropelías nada tiene que ver con el capitalismo, sino con el socialismo de toda la vida. En el capitalismo se privatizan tanto las pérdidas como las ganancias, mientras que el socialismo socializa ambas mediante impuestos, transferencias y "rescates" públicos. La solución, por tanto, no radica en que el Estado inyecte ingentes cantidades de dinero en entidades o administraciones insolventes para evitar su quiebra, sino hacer uso de los mecanismos de mercado para corregir cuanto antes los errores cometidos de forma justa y legítima. En el caso de las cajas, posibilitando el denominado bail-in, que consiste en convertir deuda en acciones para que los acreedores sean los nuevos propietarios, asumiendo así su responsabilidad, sin necesidad de que el contribuyente aporte un solo euro; y en el caso de las comunidades autónomas y ayuntamientos, procediendo al habitual concurso de acreedores, en donde bancos y proveedores renegociarían con los políticos las deudas pendientes y, en última instancia, las administraciones tendrían que liquidar sus numerosos organismos inútiles, vender parte de sus activos y reducir su excesivo gasto para equilibrar sus cuentas y poder hacer frente a los servicios públicos esenciales.

Por desgracia, ninguna de estas dos opciones ha sido tenida en cuenta. Muy al contrario, el PP ha optado por socializar las pérdidas de las cajas y los dispendios de los políticos locales y autonómicos entre todos los españoles, diluyendo la responsabilidad de unos pocos sobre el conjunto de los contribuyentes. En definitiva, un robo y una inmoralidad.

El ‘boost’ del petróleo: un sano estímulo para la economía estadounidense

Decía The Economist que si hacemos caso al objetivo oficial de la OPEP, “la estabilización de los precios en los mercados internacionales de petróleo”, podemos decir que no están haciendo muy buen trabajo. Si en Junio el barril cotizaba a $115, en cuestión de pocos meses se ha desplomado hasta el entorno de los $60. Una recorte de casi el 50%.

La caída del precio del crudo es resultado de dos causas principales. En primer lugar, un frenazo de la demanda internacional de petróleo respecto a lo que el mercado esperaba. En segundo lugar, un incremento aún más relevante en la oferta, sobre todo por la combinación de la revolución del shale oil en Estados Unidos y el aumento en la producción de algunos miembros de la propia OPEP, principalmente Arabia Saudí.

La OPEP se enfrenta permanentemente a los dos grandes problemas con los que se encuentra cualquier cártel que, en ausencia de privilegios legales, pretende subir precios mediante recortes concertados de la producción. Y más cuando su cuota de mercado apenas supera el 40% de la producción mundial.

 

Por un lado la presión de la competencia de empresas externas, capaces de aumentar su producción y hacerse con crecientes cuotas de mercado a costa de los miembros del cártel. Es el caso, por ejemplo, del terreno avanzado por Estados Unidos y su producción por fracking. A día de hoy Estados Unidos es el mayor productor de crudo del mundo.

Por otro lado, siempre existe la tentación de miembros del cártel de incumplir con las cuotas pactadas, incrementar unilateralmente la producción y aumentar beneficios en perjuicio de los demás miembros del cártel. La decisión de Arabia Saudí de aumentar la producción incluso pese a la actual caída del precio del barril es una buena muestra de ello.

Este nuevo escenario, por supuesto, se está cobrando sus víctimas. Rusia, Irán o Venezuela, países con una enorme dependencia de las exportaciones de petróleo, ya están sufriendo serios problemas económicos, que podrían agravarse si el precio del petróleo permanece mucho tiempo a estos niveles.

Además, muchas empresas estadounidenses de shale oil, las auténticas protagonistas del sector durante los últimos años, a los precios actuales dejan de ser rentables. Algunas entrarán en pérdidas e incluso tendrán que declarar la bancarrota. Otras aún podrán obtener beneficios, pero verán una seria caída de su rentabilidad. Lo que desde luego se va a producir, de estabilizarse el mercado en estos niveles, es una importante caída de la inversión nueva en este sector en Estados Unidos.

Esta realidad ha llevado a muchos analistas a alertar de que la recuperación económica en el país norteamericano podría sufrir un frenazo, por dos motivos. Primero, por el parón en la inversión y la caída de la rentabilidad en el sector petrolero. Y segundo, por el pánico a la deflación. 

Mi opinión es, sin embargo, que dichos miedos son infundados y la caída del precio del petróleo puede suponer, de mantenerse en el tiempo, un importante y sano estímulo para la economía estadounidense. Estados Unidos es, con diferencia, el mayor consumidor de petróleo del mundo. El petróleo es uno de los más importantes factores productivos en una economía como la americana, crucial para la competitividad de la industria, esencial para el transporte de personas y mercancías, e incluso también relevante para la generación eléctrica. 

Una caída tan abrupta del precio del barril supone un enorme recorte de costes a lo largo de toda la economía estadounidense, capaz de disparar la competitividad de la industria. Además, supone una inyección directa de dinero en el bolsillo del americano de a pie. 

Calculaba The Economist que esto supone para el americano promedio una nada desdeñable inyección de unos $800 anuales. Pablo Martínez Bernal informaba recientemente de que a nivel global la inyección para los consumidores sería de en torno a los 1,3 billones de dólares

Se produce lo que se denomina ‘efecto renta’: las caídas de precios de este tipo provocan aumentos en la renta real de los ciudadanos. Esta nueva renta se podrá utilizar bien para consumo adicional o para inversión, en ambos casos dinamizando la actividad económica.

The Wall Street Journal informaba de que si el precio del petróleo se mantiene en 2015 en torno a los $60 por barril, el PIB podría crecer un 2,7% y el desempleo caer hasta el 5,5% con una inflación de sólo el 0,2%. Pero las estimaciones serían aún mejores en un hipotético escenario con precios a $40 por barril, con un crecimiento del PIB del 3,1%, un desempleo del 5,2% y todo ello con caídas de precios de hasta el 0,7%.

Un estímulo económico de esta naturaleza es enormemente saludable. Las caídas de precios por un aumento de la oferta, por una mayor y más eficiente producción de bienes y servicios, no tienen nada que ver con las temibles deflaciones “malas” debidas a liquidaciones bancarias masivas o a problemas de endeudamiento insostenible. Esto no es nada raro: por ejemplo, una de las épocas de mayor crecimiento y desarrollo de Estados Unidos, entre la Guerra Civil y principios del siglo XX, se produjo con “sanas” caídas seculares de precios, debidas a la creciente productividad de la economía. 

En resumen, el desplome del precio del petróleo, aunque pueda causar problemas a ciertas empresas en el sector del shale oil, supondrá para Estados Unidos un muy saludable estímulo económico. Implicará tanto una mejora en la competitividad de las empresas como en la renta disponible de las familias. Bienvenida sea.

@ignaciomoncada para Estrategias de inversión

Ignacio Moncada es analista financiero de inversiones en Nueva York. Es miembro del Instituto Juan de Mariana y del Ludwig von Mises Institute.

¿Qué hacer si me toca el Gordo?

Todos los años, millones de españoles siguen con atención el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que se celebra cada 22 de diciembre. La probabilidad de que nos toque algún premio es de apenas el 5,3%, incluyendo las pedreas.

En el caso del Gordo, premiado en la actualidad con 400.000 euros, la probabilidad es de 1 entre 100.000, es decir, un 0,00001%. Por muy escasas que sean las probabilidades, lo cierto es que aquellas personas que sí resultan agraciadas tienen un importante reto ante sí: administrar el premio.

Pasos a seguir

Antes de cobrar el premio, es importante tener en cuenta los impuestos. Si vamos a compartir el premio con más personas -familiares o amigos-, lo más conveniente es dejar constancia de ello antes de cobrarlo.

La razón es, simplemente, evitar hacer una donación y tener que tributar por ello en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Para evitar posibles malentendidos, lo mejor es que las personas que compartan un décimo hagan una fotocopia del mismo. Es conveniente que cada cual firme e incluya su DNI, además de señalar el porcentaje que le corresponde.

Pese a nuestra astucia para evitar pagar una donación, de lo que no nos libraremos es de pagar en la siguiente declaración de la renta. El premio tributa por un 20%, estando los 2.500 primeros euros exentos. Así, si tenemos la suerte de ganar los 400.000 euros del Gordo, deberemos abonar en nuestra liquidación del IRPF 79.500 euros -Montoro siempre gana, muy a nuestro pesar-.

Cobrar el premio

Una vez hecho esto, lo siguiente es cobrar cuanto antes el premio. Los billetes premiados de Lotería se pueden cobrar durante tres meses después del sorteo, pero por razones de seguridad (robo o deterioro del billete) los expertos recomiendan cobrarlo cuanto antes.

Hasta premios por valor de 5.000 euros podemos acudir a cualquier administración de Lotería. La novedad de este año es que se podrán cobrar los premios desde las 18:00 horas del mismo día y no tendrán que esperar al día siguiente.

Para premios por un importe superior tendremos que cobrarlo o bien en cualquier delegación comercial de Loterías y Apuestas del Estado dentro de nuestra Comunidad Autónoma (se pueden informar en la web de LAE o en el 902112313 al respecto) o bien en cualquiera de las entidades bancarias concertadas con Loterías y Apuestas del Estado: BBVA, Banco Santander, La Caixa y CECA.

Buscar asesoramiento

Lo mejor que pueden hacer los agraciados con su premio para que dure su abundancia financiera es buscar asesoramiento profesional e independiente. En España, lo mejor es acudir a una EAFI o Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente. Un buen asesoramiento nos ayudará a realizar una adecuada planificación financiera y nos guiará por todo el proceso de inversión del mismo.

Inversión en Bolsa

Como un premio de 400.000 no nos da para dejar de trabajar, es importante que gestionemos e invirtamos con acierto. La Bolsa, en contra de lo que la mayoría de la población cree, es el activo más seguro y rentable a muy largo plazo.

Por ello, es recomendable que invirtamos en Bolsa todo aquel dinero que no vayamos a necesitar a 5-7 años vista, como mínimo. Dada su volatilidad a corto plazo, invertir durante periodos más cortos en Bolsa sí puede suponer minusvalías.

Y lo mejor para los poco avezados en esta materia es invertir en Bolsa a través de los fondos de inversión-existen numerosas opciones nacionales e internacionales-. Existen numerosos fondos que son excelentes opciones para invertir una parte del premio y estar tranquilos de que a largo plazo (10 años vista) tengamos un capital significativamente superior.

Renta Fija

La renta fija es el producto estrella del inversor español medio. No obstante, debemos tener en cuenta que, en la actualidad, este tipo de activo sufre una importante burbuja en lo que a su valoración se refiere y es muy probable que en los próximos años no ofrezca buenas rentabilidades.

Que España se esté financiando a diez años en los mercados financieros de deuda a unos tipos de interés prácticamente idénticos otros países del norte de Europa con máximo rating crediticio es una anomalía histórica que más pronto que tarde será corregida. No obstante, todo nuestro patrimonio que necesitemos a menos de cinco años vista puede ser invertido en este tipo de activo financiero y el abanico es muy amplio.

Los fondos de inversión con el ranking de cinco estrellas de Morningstar son una garantía de tranquilidad. El M&G Optimal Income es uno de los fondos más populares en España. El Renta 4 Pegasus y el Templeton Global también tienen buena fama entre la comunidad inversora.

Vivienda

El ciclo inmobiliario parece que remonta por primera vez desde el inicio de la crisis. Las buenas perspectivas del euribor a corto plazo y los precios razonables de la vivienda en España, tras una caída media del 40%, apuntan que es un buen momento para invertir. Además, la banca está volviendo a abrir el grifo de las hipotecas, así que comprar una nueva vivienda puede ser interesante, además de posible.

Formarnos e informarnos

Cuanto más rico es un individuo más importante es que sepa administrar de manera eficaz su patrimonio. Convertirnos en millonarios de la noche a la mañana es un cambio radical y una manera de enfrentarnos a esa nueva situación es aumentar nuestros conocimientos sobre finanzas personales e inversión.

La lectura de libros como Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki oAlicia en Wall Street de Luis Allué es un excelente comienzo. Hay webs que pueden resultar de interés, como el comprador financiero iAhorro, que permite hacer un barrido de un vistazo de distintos productos financieros como cuentas, tarjetas o hipotecas.

También hay apps como Toshl Finanzas, que nos permiten llevar un seguimiento de nuestros gastos en el día a día. Fintonic nos permite hacer eso mismo, pero de manera automática, ya que nuestros gastos quedan anotados sin necesitar de que nosotros los introduzcamos. Los expertos en finanzas personales insisten en que una de las claves para ahorrar y gestionar nuestro dinero de manera eficaz es llevar un seguimiento de nuestros gastos.

Lo que no hay que hacer

El socio de Warren Buffett, Charlie Munger, adora invertir los problemas para resolverlos. En vez de preguntarnos qué hacer si nos toca la lotería, puede ser mucho más interesante invertir la pregunta y evitar todo aquello que salga en esa lista.

Y es que las estadísticas son bastante deprimentes en lo que a la suerte financiera de los premiados de Lotería se refiere. Cerca del 80% de los premiados en sorteos de lotería se ha gastado íntegramente el premio en menos de ocho años desde el sorteo. Son muchos los agraciados que acaban con problemas de deudas, drogas e incluso aquellos que acaban muertos bajo extrañas circunstancias o que cometen suicidio.

No hay nada más didáctico que observar qué hacen este tipo de "afortunados" y evitar por encima de todo seguir sus pasos. Lo que caracteriza a estos dilapidadores natos son los siguientes puntos:

  • Hacer pública nuestra recién estrenada fortuna.
  • Realizar compras impulsivas.
  • Nula planificación financiera.
  • Rodearse de personas interesadas.
  • Dejar el trabajo sin plantearse siquiera si se lo pueden permitir.
  • Abuso de drogas.
  • Emprender en negocios sin experiencia previa.
  • Dejarse asesorar por personas de dudosa reputación.

Pablo Iglesias, en el top 1%

El top 1% de una sociedad, es decir el 1% con mayor renta o mayor riqueza, se ha terminado convirtiendo en sinónimo de casta. En EEUU, por ejemplo, el movimiento Somos el 99% se dedicaba a reivindicar los intereses de la mayoría de la población frente a los del 1% supuestamente opresor de las mayorías. En España, según Eurostat, uno pasa a formar parte del top 1% a partir de una renta de 52.846 euros anuales: es decir, Pablo Iglesias, cuando ingresó casi 70.000 euros en 2013, integró ese top 1% (si únicamente contáramos a los asalariados, y no al conjunto de españoles mayores de edad, se hallaría aproximadamente en el top 2%, según el INE).

Mi propósito al constatar tales datos no es hacer demagogia con la situación financiera del líder de Podemos (al contrario, me alegro de cómo le va), sino más bien evitar que otros hagan demagogia con la situación financiera del top 1%. Al cabo, tras varios años de demonización del top 1%, parecería que semejante estamento privilegiado sólo podía estar formado por plutócratas que han medrado a costa de empobrecer al pueblo: y, sin embargo, vemos que en ese nutrido grupo de casi 400.000 españoles también aparecen héroes del pueblo por actividades tan inocentes como haber impartido clases o participado en tertulias televisivas.

Acaso sea que no existe una conexión estructural entre el top 1% y la maldad humana; acaso sea que la campaña de acoso y derribo contra el 1% únicamente exude populismo y revanchismo social. Claro que quienes simultanean la defensa de Pablo Iglesias con la crítica al top 1% suelen guardarse varios contraargumentos debajo de la manga para diferenciar al líder de Podemos de sus colegas del top 1%.

Así, una primera línea de defensa pasa por afirmar que Pablo Iglesias ha obtenido tales ingresos merced a su trabajo y no merced a rentas del capital injustamente arrebatadas a los obreros. El argumento, sin embargo, es tramposo: no ya porque la gestión del capital dirigida a maximizar su valor y evitar malas inversiones también constituya una esencial ocupación generadora de bienestar para todos, sino porque, de acuerdo con el propio Thomas Piketty, la principal fuente de ingresos del top 1% en la actualidad son básicamente las rentas del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia (las rentas del capital únicamente devienen dominantes para el top 0,01%). Por tanto, no es nada excepcional que el top 1% obtenga sus ingresos del trabajo: si eso vale para eximir a Pablo Iglesias, también debería valer para eximir al 99% de los que se encuentran en él.

La segunda posible línea de defensa es que Pablo Iglesias no formó parte del top 1% con anterioridad a 2013, por lo que resulta injusto meterlo en un persistente estamento aristocrático como es el top 1%. Sin embargo, la acusación de que el top 1% es una casta inmóvil de aristócratas no está fundamentada en datos: por ejemplo, en EEUU sólo el 61% de las personas que integraban el top 1% sigue formando parte de este grupo al cabo de un año, y sólo un 25% permanece en él durante cinco años consecutivos. Tampoco parece que el movimiento Somos el 99% y sus sosias españoles de Podemos fueran especialmente comprensivos con el top 1% por este motivo.

Un tercer argumento podría ser que Pablo Iglesias dona buena parte de sus rentas a su partido político y a sus programas de televisión (al menos eso se ha comprometido a hacer en 2014; desconozco si lo mismo sucedió en 2013). Pero tal razonamiento es defectuoso por dos motivos: el primero es que el líder de Podemos tuvo la libertad de escoger qué disposición hacer de su dinero, cuando eso –que dispongan libremente de su dinero– es justamente lo que suele reprochársele al top 1%; y, segundo, el top 1% de contribuyentes estadounidenses dedicó en 2008 alrededor de 50.000 dólares per cápita a la filantropía, detalle que suele obviarse en las habituales críticas contra el top 1%.

Y cuarto, acaso podría argüirse que el problema no es tanto el top 1% cuanto aquellas personas que poseen una extraordinaria influencia sobre el proceso legislativo: es decir, el problema no es el top 1% sino "la casta". Pero, en tal caso, sería bueno que dejara de equipararse demagógicamente casta con top 1%: ni todo el top 1% forma parte de la casta ni toda la casta forma parte del top 1%. El problema, en suma, no son "los ricos" per se sino aquellas personas capaces de instrumentar el monopolio de la coacción de las administraciones públicas en su privativo beneficio, sean ricos o no lo sean. Mas si avanzamos por esa dirección tal vez terminemos descubriendo algo elementalmente liberal, a saber: que la casta es el Estado y que deberíamos dedicarnos a reducir el intervencionismo estatal.

Adiós, elefantes

Leí en La Razón este alarmante titular: "Los elefantes desaparecerán en un siglo por la caza furtiva". Aparte del asombro que provoca que alguien pueda realmente saber lo que va a pasar dentro de cien años con los elefantes, o con cualquier cosa, lo interesante es la combinación de análisis y moral.

El problema analítico queda resumido en una palabra: furtiva. En efecto, los datos sobre la disminución del número de elefantes se presentan junto a la caza furtiva, y no se establece relación alguna entre ambos hechos. Parece probable, sin embargo, que los elefantes desaparecen porque su caza es furtiva. Como es sabido, los cazadores furtivos no tienen interés en proteger la especie que cazan, porque, al estar prohibida su caza, no se obtiene ventaja alguna en hacerlo.

La corrección política jamás contempla la posibilidad de proteger las especies en peligro de extinción alineando los intereses de los cazadores con la preservación de lo que cazan. Eso es lo que ha permitido desde hace siglos que las especies cazadas no desaparezcan: porque si la caza está permitida, los propios cazadores estarán interesados en que no se liquide por completo aquello que cazan, y los criadores estarán interesados en mantener y acrecentar un negocio legal y rentable. Pero el ecologismo supuestamente bondadoso nunca se pregunta por qué se acaban los elefantes mientras que no lo hacen los ciervos ni las perdices.

La moral es también ingrediente relevante en toda esta confusión. Así, en el reportaje de Alfredo Reinoso Kuklinski se puede leer: "Cerca de 35.000 elefantes se asesinan al año por su marfil". La palabra clave, por supuesto, es "asesinan". Es decir, identificar al animal con el ser humano, para predisponer, lógicamente, en contra de su caza. En esta misma línea dice Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal (por cierto, nombre notable que equipara animales y personas):

La caza es un crimen legalizado. El interés de los cazadores en cazar no puede estar por encima del interés en vivir de los animales.

La solución del buenismo animalista siempre pasa por la coacción:

Una legislación que priorice el bienestar y la vida de los animales sobre los intereses de los cazadores (…) perseguir el mercado negro del marfil (…) avanzar hacia la prohibición la caza (…) que no se compre marfil.

Pero la prohibición de cazar elefantes, a pesar de que la consideren un avance, no extinguirá la demanda de caza ni la demanda de marfil; en cambio, puede extinguir precisamente lo que los prohibicionistas dicen proteger: los propios elefantes.

Castro gana… otra vez

A principios de los años noventa un Fidel Castro aun a pleno rendimiento criminal envió a Estados Unidos a un grupo de agentes de inteligencia para que se infiltrasen en varias organizaciones de exiliados y saboteasen sus operaciones. Entre ellas se encontraba “Hermanos al rescate”, una asociación con unas avionetas que patrullaba el canal de la Florida en busca de balseros. Eran otros tiempos. Castro, privado del subsidio soviético y temeroso de correr la misma suerte que el infame Erich Honecker, endureció su política hasta un extremo desconocido incluso en la isla. A aquellos años de hambre y espanto el régimen los bautizó como “periodo especial”.  El Gobierno quería frenar estos vuelos que, además de proporcionarle una pésima imagen internacional, en ocasiones penetraban en el espacio aéreo cubano y arrojaban propaganda anticastrista.

La red de espías desplegada en Florida atendía al nombre de “red avispa” y estaba compuesta por doce agentes jóvenes y bien entrenados. Haciéndose pasar por exiliados consiguieron infiltrarse en “Hermanos al rescate”, la Fundación cubano-americana y otras de menor tamaño. Aunque el exilio cubano en Miami es numeroso, sus miembros están desde hace décadas bien conectados entre ellos. Esa ventaja supieron aprovecharla los espías de Castro y pronto comenzaron a remitir valiosas informaciones a La Habana. Gracias a ellas la fuerza aérea cubana consiguió abatir en 1996 con un MiG dos avionetas desarmadas cuando volaban sobre aguas internacionales. En el ataque murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.

Dos años más tarde el FBI desmanteló la red y detuvo al operativo completo. Curiosamente, la detención se produjo gracias a la indecible torpeza de la Seguridad del Estado cubana, esa versión castrista de la Stasi a la que los cubanos de dentro temen más que al mismísimo diablo. La Seguridad del Estado había cursado a Washington un minucioso dossier para que los norteamericanos deportasen a Luis Posada Carriles, un cubano-americano acusado de atentar contra un vuelo de Cubana de Aviación en 1976. Posada Carriles no fue deportado, pero los agentes de la CIA obtuvieron de aquella documentación las pistas necesarias para desarticular la célula cubana en la Florida

De los doce acusados cinco confesaron, dos se dieron a la fuga y los cinco restantes se mantuvieron en sus trece y fueron juzgados. Tres de ellos –los que Obama acaba de liberar– fueron condenados a cadena perpetua ya que se les acusaba de haber participado en la operación de derribo de las dos avionetas de “Hermanos al rescate”. Los otros dos recibieron condenas menores que redimieron totalmente en Estados Unidos para posteriormente ser deportados a Cuba. 

De la propaganda al chantaje

Castro vio muy pronto que aquella operación de espionaje semifallida podía convertirse en una gran campaña de propaganda victimista de alcance internacional. Durante años los procastristas de todo el mundo han machacado mañana, tarde y noche al personal con la letanía de los “cinco de Miami”. En España se llegó incluso a organizar una campaña de ámbito nacional que recorrió todo el país con conferencias, mítines, conciertos y el verbeneo caribeño que es habitual entre los castrófilos de la madre patria. La disparatada versión del régimen cubano era que se trataba de antiterroristas, una categoría de la que Castro lleva echando mano de manera intensiva desde el atentado contra las Torres Gemelas que, casualmente, coincidió en el tiempo con el juicio y condena a sus espías.

El Gobierno estadounidense se mantuvo impertérrito con este asunto durante años. En el otro lado Castro insistía una y otra vez en la liberación sabedor de que la mejor estrategia de defensa siempre es atacar. Porque, y esto es importante tenerlo en cuenta, Fidel Castro no transige. Jamás lo hizo y jamás lo hará. Todo en su confuso y enfermizo universo íntimo va de dominación y de imponerse a los demás. No entiende otra manera de relacionarse con el mundo y con quienes lo pueblan

Como mediante la acometida propagandística no conseguía nada –ya era difícil que lo consiguiese teniendo en cuenta que los espías eran asesinos de canonización improbable más allá de los ya muy convencidos–, pasó a emplear otra de las especialidades de la casa: el chantaje. En diciembre de 2009 la policía cubana arrestó en La Habana a Alan Gross, un contratista norteamericano de 60 años de edad, que había introducido en el país un equipo de comunicación por satélite para que una comunidad de judíos cubanos pudiese conectarse a Internet. Acceder a la red en Cuba es ilegal siempre que no se disponga de un permiso especial que el Gobierno solo concede a los más cercanos. De ahí que los disidentes se las ingenien para burlar una ley tan dictatorial que a cualquier español le parecería intolerable. El célebre tuitero Yusnaby, por ejemplo, se conecta desde un teléfono móvil con la SIM de una operadora española en itinerancia. ¿O pensaba que lo hacía desde un móvil cubano? 

Alan Gross ha pasado cinco años en prisión acusado de “actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado” (sic). Entretanto, el régimen se las ha apañado para emplearle como herramienta de presión contra el Gobierno de Estados Unidos para que éste procediese a liberar a los espías de Miami. Las intentonas de canje han sido múltiples y en todas las ocasiones la respuesta de Washington ha sido la misma… hasta esta semana, en la que Barack Obama decidió bajarse los pantalones sin necesidad alguna de hacerlo porque a los Castro y su odioso régimen les queda entre poco y menos. Los causantes del derribo de aquellas dos avionetas solidarias están hoy de vuelta en Cuba, donde han sido recibidos como héroes. Gross, por su parte, inocente absoluto desde el día de su detención en el aeropuerto de La Habana, también ha regresado a casa, aunque con la salud muy deteriorada y una experiencia que no olvidará en lo que le queda de vida.

La pregunta que cabría hacerse es por qué Castro –esta vez Raúl– no ha conseguido salirse con la suya antes. Simple. Pensaba que iba a recuperar a los espías de la red avispa sin necesidad de nada más. Con entregar a Gross a cambio bastaría. Pero la salud del cautivo empeoraba por meses y hasta había amenazado con suicidarse. Muerto no valía de nada, así que Castro ha rebajado ligeramente sus pretensiones aceptando, por ejemplo, que los Estados Unidos reabran su embajada en La Habana. No sabemos si delante de la legación organizarán lamentables carnavales revolucionarios como los que el régimen patrocina enfrente de la Oficina de Intereses norteamericanos. Lo que sí sabemos es que un castrismo acabado, que se enfrenta a los últimos momentos de un poder omnímodo, se ha hecho con una nueva e inesperada victoria.

Dos embargos que deben ser levantados

Cuba sufre desde hace más de 50 años dos embargos: el menos grave, pero aun así significativo, es el exterior, implementado por el Gobierno de EEUU; el más grave y decisivo para explicar su medio siglo de penurias es el interior, ejecutado por la tiranía castrista. Extrañamente, muchos de los que reclaman la abolición del primer embargo como un principio básico de justicia callan ante la mucho más perentoria necesidad de abolir el segundo (o, todavía peor, se entusiasman promoviendo su mantenimiento y expansión internacional). Pero ambos embargos son negativos por lo mismo —porque impiden la pacífica, voluntaria y mutuamente beneficiosa cooperación humana— y ambos deberían ser eliminados.

Así, los liberales siempre han defendido el levantamiento de ambos embargos: conscientes de que la libertad de movimientos de personas, mercancías y capitales no lesiona ni embrutece sino que enriquece y ennoblece a las personas, el liberalismo ha abogado tradicionalmente por derrocar tanto las barreras exteriores, como sobre todo las interiores, a la libre interacción humana. La autocracia comunista convierte a los cubanos en ganado que los Castro trasquilan a su conveniencia y la incomunicación comercial entre EEUU y Cuba restringe todavía más la accesibilidad de ese muy explotado ganado a ciertos productos estadounidenses. De ahí que los liberales coincidan en reivindicar la dignificante libertad de los cubanos: libertad para que pasen a ser personas autónomas frente a la tiránica bota del castrismo y para que, usando tal libertad, puedan interrelacionarse voluntariamente con sus vecinos estadounidenses.

En lo que no coinciden todos los liberales es en el orden en el que ambos embargos, el interno y el externo, deben ser levantados. Un nutrido grupo de liberales defiende que carece de sentido levantar el segundo (el estadounidense) mientras subsista el primero (el castrista), tanto porque es injusto que los ciudadanos de EEUU comercien con propiedades que la tiranía cubana confiscó hace décadas a otros ciudadanos estadounidenses, como porque todo comercio entre los dos países sólo redundará en un mayor lucro del régimen cubano y no de su población. Otro grupo de liberales, entre los que me encuentro, considera que, aun cuando lo ideal sería un levantamiento simultáneo de ambos embargos (libertad interna y externa), resulta poco realista pretenderlo habida cuenta del control absoluto que ejerce la casta castrista sobre las estructuras de poder estatal que aprisionan a los cubanos, por lo que sería una buena noticia que al menos el embargo exterior se levantara: no porque los principales beneficiarios de ese levantamiento vayan a ser los ciudadanos de a pie —que en un régimen ultraextractivo jamás lo son— sino porque, aun cuando solo les alcancen algunas migajas del levantamiento del embargo exterior, buenas serían tales migajas en medio de tanto sufrimiento y pauperización generada por el embargo interior.

A mi entender, el caso cubano es asimilable al de un campo de concentración controlado por una burocracia criminal. ¿Deberíamos negarnos desde el exterior a remitirles a los presos de ese campo de concentración cualquier tipo de alimento o medicamento por el hecho de que la mayor parte de estos bienes de primera necesidad terminen en manos de los oficiales que los reprimen? No digo que la respuesta sea sencilla, ya que, por un lado, estaríamos financiando y sustentando indirectamente a los captores acaso prolongando su dominación sobre sus víctimas, pero, por otro, tampoco parece proporcional y humanitario agravar las penurias de los presos a través de represalias mal diseñadas contra sus carceleros, por mucho que las merezcan.

A la postre, justamente porque la dictadura cubana dispone de suficiente poder como para apoderarse de la mayor parte de las ganancias derivadas del levantamiento del embargo, también dispone de idéntico poder como para descargar sobre la población la mayor parte de las pérdidas vinculadas a su mantenimiento. Sometidos los cubanos a un absoluto embargo interior, acaso sea excesivo y cruelmente innecesario someterlos a un adicional embargo exterior.

Otra doble vara de medir

El embargo estadounidense sobre Cuba no sólo sirve para ilustrar la incoherencia de todos aquellos que guardan silencio ante el mucho más grave embargo interior perpetrado por el castrismo, sino también para poner de manifiesto la injustificable doble vara de medir que emplean muchos bienpensantes ciudadanos españoles a la hora de criticar las inversiones de multinacionales occidentales en el Tercer Mundo. En concreto, es habitual escuchar que las grandes empresas del Primer Mundo se lucran explotando las míseras condiciones laborales del Tercer Mundo, lo cual resultaría del todo punto inaceptable: a entender de muchos, las multinacionales deberían o bien abonar salarios muy superiores a los actuales o bien, en caso contrario, abstenerse de invertir en el extranjero.

Dejando de lado que la acumulación interna de capital merced a la inversión directa extranjera suele constituir una de las vías más eficaces para que estos países vayan progresivamente abandonando la pobreza y accediendo a salarios mayores, y dejando también de lado que en muchos casos los ciudadanos de estos países no son rehenes de un sistema político parasitario y ultraextractivo que ahoga prácticamente todas las expresiones de su libertad, lo cierto es que el razonamiento revela una flagrante contradicción moral: lo que muchos bienpensantes españoles están proponiendo es, precisamente, aplicar un embargo de inversión y de comercio contra el Tercer Mundo. Es decir, al mismo tiempo que se critica el embargo estadounidense sobre Cuba por cuanto empobrece a su población, se valida éticamente el embargo sobre el Tercer Mundo a pesar de que empobrezca a su población.

Pero, evidentemente, los mismos motivos que deberían llevarnos a levantar el embargo sobre Cuba deberían llevarnos a abrazar como provechosa la inversión occidental en el Tercer Mundo (en realidad, la inversión occidental en el Tercer Mundo resulta mucho más legítima y beneficiosa que cualquier inversión occidental en Cuba, ya que en este segundo caso las rentas generadas por tal inversión son rapiñadas cuasi íntegramente por la autocracia castrista, mientras que en el primer caso terminan afluyendo en su mayor parte sobre la población local). Si el embargo es malo y pauperizador en un caso, no puede ser justo y proporcionado en el segundo: al menos, no debería serlo para personas mínimamente coherentes.

Por desgracia, demasiados ciudadanos occidentales siguen modulando su discurso económico en función de sus estrechas preferencias ideológicas: ora promueven el levantamiento del embargo exterior sobre Cuba defendiendo el mantenimiento del muchísimo más empobrecedor embargo interior, ora denuncian la pobreza que genera el embargo sobre Cuba al tiempo que reclaman un embargo de la inversión occidental en el Tercer Mundo. Lo que cuenta en ambos casos no es adoptar el marco institucional que permita maximizar las libertades y el bienestar de los ciudadanos, sino impulsar una torticera agenda ideológica que ni siquiera respeta las más elementales leyes de la lógica. Por eso les es posible defender simultáneamente dos ideas opuestas sin la menor preocupación acerca de las consecuencias de esas ideas sobre la población que sí las terminará padeciendo en su carne y en sus huesos. La propaganda de unos cuantos son las penurias y el sufrimiento de otros muchos.

Cuba, el país en el que los cirujanos sueñan con ser camareros

Como en muchas otras dictaduras, el humor acaba siendo el último refugio para explicar la realidad cubana. Así, Jordi Pérez Colomer cuenta en su blog, a raíz de su visita a Cuba, como por las calles de La Habana circula el siguiente chiste: "José Luis es un gran cirujano y una tremenda persona, bueno, honesto, dedicado a su trabajo. Pero cuando bebe se vuelve insoportable y arrogante con sus sueños de grandeza: presume de ser maletero, taxista, camarero…"

Tras 56 años de comunismo, hay pocas cosas que funcionen en la economía cubana. Y casi todas tienen que ver con el exterior. Así, los pocos bienes de lujo que pueden verse en la isla caribeña proceden de remesas del exterior (enviadas por familiares que emigraron) de los extranjeros que viven en la isla (ejecutivos de multinacionales o diplomáticos, fundamentalmente) del gasto de los turistas. Por eso, los médicos como José Luis quieren ser taxistas. Y por eso también, la apertura anunciada este miércoles por Barack Obama y Raúl Castro puede tener unas consecuencias que no es fácil prever a estas horas.

A pesar de lo que pueda parecer, las relaciones económicas entre Cuba y EEUU nunca han desaparecido del todo. Ni siquiera en los años más duros del bloqueo. Además, en los últimos años se han incrementado. También es cierto que siguen a una enorme distancia de lo que sería normal entre dos países vecinos. Ahora la pregunta es, ¿cómo evolucionarán en la próxima década? No es fácil responderla. Fidel llegó al poder a finales de los años 50 acusando a Fulgencio Batista de haber convertido la isla en el burdel de los EEUU. Medio siglo después, son muchos los que creen que Cuba es el burdel del resto del mundo.

Todo indica que la apertura de relaciones comerciales impulsará fundamentalmente al turismo. Tras cincuenta años de comunismo, Cuba no tiene ni la infraestructura, ni los medios ni el capital humano necesario para desarrollar a corto plazo una industria moderna. Pero sí podría sacar partido de sus activos naturales, su clima, el coste de su mano de obra o su cercanía a la costa este del enemigo yankee.

Así, lo que se intuye en el futuro cercano es un país con un gobierno dictatorial, que controla con mano de hierro los sectores estratégicos de la economía pero abre la mano a la iniciativa privada y al capital extranjero en determinados sectores, especialmente en los servicios relacionados con el turismo.

Un Gobierno que se aprovecha de los millones de visitantes que le llegan cada año para acumular las divisas que necesita para sobrevivir, mientras las diferencias entre los que pueden involucrarse en esta nueva economía y los que están obligados a mantenerse en los canales oficiales se disparan. ¿Les suena? Habrá más de un cubano que piense que para este viaje no eran necesarias estas alforjas: esto ya lo tenían con Batista hace 50 años.

El futuro

Lo primero que hay que decir es que lo anunciado este miércoles no es el fin del embargo. Eso no le corresponde al Presidente, sino al Congreso de los EEUU. Hablamos de una apertura y de ampliar las relaciones económicas y comerciales. Según el documento de la Casa Blanca, el objetivo de Barack Obama es impulsar "el potencial de los 11 millones de cubanos".

Para lograrlo, entre otras medidas, apuesta por "establecer relaciones diplomáticas, cambiar las normas de los departamentos del Tesoro y del Comercio, ampliar las categorías de viajes autorizados, facilitar los envíos de remesas desde los EEUU y autorizar la expansión de las exportaciones de ciertos bienes y servicios".

No es fácil saber si se quedará aquí o irá más allá. De hecho, la traducción práctica de estas medidas está lejos de ser clara. Por ejemplo, la Casa Blanca ya ha anunciado que las restricciones turísticas no se levantan por completo, aunque sí será más sencillo viajar a la isla para un ciudadano norteamericano.

En este sentido, da la sensación de que el mejor escenario para la economía cubana a corto plazo sería parecerse a otra isla de pasado hispano. República Dominicana tiene una población y un clima similares a los cubanos. También en términos culturales se parecen y ambos tienen un alto número de nacionales viviendo en EEUU. Incluso en renta per cápita los dos países andan a la par. En lo que se diferencia, y mucho, es en sus relaciones con su vecino del norte.

Así, EEUU es el principal socio comercial, a mucha distancia del segundo, de la República Dominicana. A este país vende el 46% de los bienes que exporta (unos 3.000 millones de dólares) y del mismo recibe el 42% de sus importaciones (unos 6.000 millones de dólares). En el caso de Cuba las relaciones económicas son mucho menores. De hecho, apenas hay exportaciones de Cuba a EEUU, aunque sí hay cierto flujo en sentido contrario.

Según el Gobierno americano, "en 2011 el pueblo cubano recibió alrededor de 2.000 millones de dólares en remesas y empresas de EEUU exportaron productos agrícolas, artefactos médicos, medicamentos y artículos humanitarios a Cuba por valor de 352 millones de dólares. En este sentido, EEUU es uno de los principales socios comerciales de Cuba. Además, este país autorizó 1.200 millones de dólares en ayuda humanitaria privada".

En términos turísticos, las diferencias también son apreciables. Los dominicanos son los líderes caribeños en datos totales, con 4,3 millones de visitantes por los 2,8 millones que visitan Cuba. Y la diferencia se puede atribuir casi exclusivamente a los norteamericanos. Mientras que 2,2 millones de ciudadanos del Tío Sam visitaron República Dominicana en 2012, apenas 98.000 lo hicieron con Cuba(más 350.000 cubano-americanos).

Por eso, como apuntamos anteriormente, sólo con que Cuba se acercara a tener las relaciones comerciales con EEUU que disfruta la República Dominicana, el impulso que recibiría su economía sería enorme. Eso sí, hay que apuntar a que la razón de la situación de los cubanos no es el embargo, sino la incapacidad de creación de riqueza de su modelo económico. Así, para negociar con EEUU habrá que cambiar mucho más que una frontera.

Oportunidades y amenazas

Evidentemente, la apertura en las relaciones económicas entre Cuba y EEUU beneficiará especialmente a la isla. Y lo normal es que las ganancias sean cuantiosas. Hablamos de un país de once millones de habitantes y apenas 4.300 dólares per cápita. Abrirse a la primera economía del mundo debería impulsar la actividad de un día para otro.

Eso sí, no todo en el horizonte es de color de rosa. Cuba tiene una serie de activos muy importantes que explotar, pero también carencias fundamentales. En la parte positiva, el país de los hermanos Castro ofrece unos costes atractivos y una mano de obra relativamente formada, aunque con carencias en nuevas tecnologías y en el sector de las telecomunicaciones, fundamental para la economía de comienzos del siglo XXI.

Además, la posición geográfica le favorece, puesto que se encuentra a apenas 100 kilómetros de Florida, que se ha convertido en el punto de enlace entre EEUU, Europa y Sudamérica. Si a esto le sumamos una población culturalmente muy cercana a los EEUU y a los millones de cubanos que viven en este país y que están deseando invertir en su tierra de origen, las posibilidades se multiplican.

En el lado negativo, el Gobierno comunista es la antítesis de la seguridad jurídica que tanto anhelan las inversiones internacionales. Ya no es sólo la profunda intervención en la economía del país, es que hay numerosas dudas que pueden asaltar a cualquiera que esté pensando en llevarse su dinero a la isla: ¿qué pasará cuándo mueran los Castro? ¿reclamarán los expropiados en 1959? ¿puede cambiar el sentido de las reformas? ¿Cuba será la nueva China o desandará el camino en cuanto pueda?

En segundo lugar, habrá quien recuerde que la apertura de fronteras puede actuar en las dos direcciones. Y eso tendrá implicaciones para la mano de obra mejor preparada de Cuba. El factor insular no ayudará a una emigración masiva, pero en cualquier caso, no es imposible pensar en que la fuga de cerebros que sufre el régimen desde hace años pueda acelerarse.