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La sanidad estadounidense no es un ejemplo de libre mercado

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuando nos planteamos cómo funcionaría una sanidad privada dentro del marco de un mercado libre, rápidamente se nos viene a la cabeza el caso de EEUU. En efecto, EEUU carece de un sistema de sanidad pública al estilo europeo (ya sea el modelo Beveridge de Inglaterra o España, donde es el Estado el que se encarga de proveer los servicios sanitarios a cambio del pago de impuestos, ya sea el modelo Bismarck de Alemania o Austria, donde el Estado obliga a los ciudadanos a contratar un seguro obligatorio altamente intervenido y regulado), de modo que, en principio, podría emplearse como campo de prueba de los efectos de la privatización y liberalización de la sanidad.

Mas, en este sentido, los resultados son bastante deplorables: EEUU gasta alrededor de 17 puntos del PIB en su sistema sanitario –casi el doble que la mayoría de países europeos–, sin que sus resultados sean espectacularmente superiores (la sanidad estadounidense está a la cabeza en la implantación de nuevas tecnologías, así como en el uso de medicina preventiva, pero esos elementos diferenciales no parecen justificar el gigantesco sobrecoste). Así las cosas, el debate sobre la superioridad de la sanidad pública quedaría definitivamente zanjado: calidad análoga a la mitad de precio.

El asunto, empero, no es ni mucho menos tan sencillo. Tal como explico extensamente en Una revolución liberal para España, el sistema sanitario estadounidense no puede considerarse representativo de un mercado libre. Por el lado de la oferta, la competencia dentro de, por ejemplo, la profesión médica se halla artificial e injustificadamente perturbada por las licencias y los colegios profesionales. Y, sobre todo, por el lado de la demanda, el 90% del gasto sanitario estadounidense se canaliza a través de dos agentes distintos del propio paciente: las aseguradoras y el Estado (para que se hagan una idea del despropósito: en España el gasto público en sanidad asciende al 6,9% del PIB… y al 8,2% en EEUU). Ni siquiera en España la socialización de la demanda alcanza un grado tan elevado como en EEUU.

En particular, de cada 100 dólares que se gastan en la sanidad estadounidense, 45 los desembolsan las aseguradoras, 45 los programas estatales Medicaid y Medicare y sólo 10 el paciente de su propio bolsillo. Dicho de otro modo, los estadounidenses pueden gastar 100 dólares asumiendo únicamente un coste de 10. ¿Quién paga los 90 restantes? El resto de sus compatriotas (ya sea a través el Fisco o a través de sus pólizas de seguros). En EEUU, pues, no hay una correspondencia entre costes y beneficios sanitarios: cada ciudadano gasta 100 para recibir 20 porque, en última instancia, él sólo soporta un coste de 10. El incentivo para disparar el gasto es el mismo que si un millón de personas acudieran juntas a un restaurante, pidieran individualmente aquellos platos que quisieran y dividieran entre todos la factura final.

Y, en efecto, el estudio más exhaustivo que se ha realizado hasta la fecha acerca de los sobrecostes sanitarios en EEUU no deja espacio para demasiadas dudas: los sobrecostes se deben esencialmente a un crecimiento descontrolado de la demanda (canalizada sobre todo a la medicina de tipo preventivo), que es capaz de soportar precios crecientes debido a que nadie tiene el incentivo a dejar de gastar. Por mucho que aumente la oferta, la demanda crece más rápido, multiplicando los precios. De hecho, en otros tramos de la sanidad estadounidense donde no se produce esta socialización del gasto (porque los programas estatales o los seguros no los cubren) no se observa ningún crecimiento anormal de los costes: es el caso, por ejemplo, de los servicios de odontología.

En Europa, donde la sanidad pública es gratuita para el usuario (que no para el contribuyente), podrían ciertamente darse unas consecuencias similares a las de EEUU de no ser porque nuestros políticos racionan y contingentan los servicios sanitarios que reciben sus ciudadanos (los famosos recortes sanitarios son una práctica estructural del sistema, aunque se hayan hecho más visibles con la crisis): en el Viejo Continente, los dueños de nuestra salud no somos nosotros, sino los políticos y burócratas que organizan el sistema según sus gustos, necesidades e intereses (listas de espera, adopción tardía de nuevas tecnologías, tratamientos y medicamentos no cubiertos, aglomeración de pacientes…). Dicho de otra forma: los incentivos perversos sobre la demanda que conducen a hipertrofiar el gasto sanitario son los mismos en EEUU que en Europa, pero en Europa los políticos controlan severamente la oferta e impiden que el gasto se sobredimensione; es como si, una vez llegáramos al restaurante, el dueño del mismo nos limitara la cantidad y la calidad de lo que cada comensal puede solicitar: por mucho que nos incentivaran a solicitar muchos y muy caros platos, no podríamos.

Pero ¿cuál es el motivo de que la demanda sanitaria estadounidense se haya socializado hasta ese nivel? No, no crean que la causa deriva del libre y normal funcionamiento de los mercados: el problema viene tanto del establecimiento de Medicaid y Medicare (1966) como, sobre todo, del poderoso incentivo que supone, desde 1954, la exención en el impuesto sobre la renta y en las contribuciones empresariales a la Seguridad Social de los gastos asociados a la contratación de un seguro sanitario en favor del trabajador. Para gastar 100 dólares en sanidad en EEUU es necesario que el trabajador ingrese 200 dólares antes de impuestos… salvo que ese gasto de 100 se canalice a través de un seguro sanitario contratado por el empresario (en cuyo caso, basta con ganar 100 antes de impuestos: un descuento del 50%). Los acicates a canalizar todo gasto sanitario a través de un seguro contratado por el empresario son, pues, enormes, incluso con respecto a gastos que no deberían estar cubiertos por los seguros (como la mayor parte de la medicina preventiva).

Esta socialización del 90% del gasto sanitario estadounidense –inducida por el intervencionismo estatal– es el principal responsable de la hipertrofia de precios. EEUU no es un buen ejemplo de mercado libre sanitario, donde la mayoría de gastos sanitarios se deberían sufragar a partir del ahorro propio y sólo aquellos de naturaleza extraordinaria y catastrófica serían cubiertos por seguros: Singapur, o incluso Suiza, guardan mayores semejanzas y su gasto sanitario está absolutamente bajo control, al tiempo que su calidad es extraordinaria. Si algo ilustra el caso estadounidense son los efectos potencialmente devastadores del estatismo, incluso en sus dosis en apariencia más inocuas.

Nada de lo cual, por cierto, debería llevarnos a caer en la complaciente aceptación de la sanidad pública europea. El envejecimiento demográfico provocará en las próximas décadas o una hipertrofia del gasto sanitario o una creciente degradación de la calidad de los servicios (ya observable vía recortes), que sólo podrá contrarrestarse con innovaciones disruptivas dentro de la sanidad. La privatización y liberalización de este sector resultará fundamental para encontrar competitivamente nuevos modelos de organización que logren mantener a raya los costes y que se adapten a las cada vez más variadas y personalizadas necesidades de los pacientes (y no de los burócratas, como en Europa). Pero para todo ello debemos arrebatar la gestión de la sanidad a los políticos y a los burócratas y devolvérsela a los ciudadanos: no emulando a EEUU, sino liberalizando de verdad.

Lo que no les cuentan de la deflación

Escrito por Antonio España en . Publicado en Artículos en prensa.

Probablemente han visto la película de 1993 Una proposición indecente, en la que un acaudalado Robert Redford ofrece un millón de dólares a una joven pareja recién arruinada en Las Vegas –Demi Moore y Woody Harrelson– por pasar la noche con la chica. En cierto modo, se trata de una versión cinematográfica de la historia en la que un caballero –atribuido apócrifamente a W. Churchill, Groucho Marx, B. Shaw o M. Twain, entre otros– pregunta a una chica si se acostaría con él por una cifra desorbitada de dinero. Tras responder que sí, vuelve a preguntarle si lo haría por una cantidad irrisoria. Cuando la señorita, ofendida, replica que qué se ha creído que ella es, el caballero le responde que lo que es ya le ha quedado claro, que ahora está negociando el precio.

Pues bien, algo similar ocurre con el debate sobre la evolución del índice de precios al consumo (IPC) y la necesidad o no de intervenir para acercarse al objetivo arbitrario del 2% establecido por los bancos centrales y aceptado por las corrientes mayoritarias de economistas. Que la inflación es un robo oculto al ciudadano está claro y la discusión sobre su nivel deseable no es sino una mera negociación sobre hasta cuánto debemos soportar los ciudadanos para enjugar los excesos de endeudamiento propiciado por políticos y banqueros durante la burbuja previa y la crisis posterior, con los rescates al sector financiero y las vanas medidas de estímulo keynesiano.

Hemos debatido largo y tendido en este espacio sobre la naturaleza de la deflación, en qué consiste, los diferentes tipos y sus causas, así como sobre la bondad o iniquidad de los procesos deflacionarios (Monetae Mutatione,"¿Quién teme a la deflación?", 27/02/2014). También sobre si existe riesgo real o no de deflación, el temor irracional a la misma por parte de gobernantes, periodistas, economistas y banqueros, y la conveniencia o no de intervenir para tratar de detenerla con medidas inflacionarias (Monetae Mutatione,"Apoplitorismofobia", 14/11/2013). Asimismo, tuvimos ocasión de discutir las limitaciones del IPC para medir de forma coherente un fenómeno eminentemente monetario como es la inflación (Monetae Mutatione, "¿Dónde se esconde la inflación?", 17/07/2013).

Aun así, hay al menos tres aspectos sobre los que apenas se pueden encontrar análisis cuando se abordan las bajas cifras de inflación actuales, que tanto parecen preocupar a la mayoría de los economistas. Una carencia de análisis motivada, seguramente, por la miopía característica de la macroeconomía y la sobresimplificación excesiva con sus agregados y estadísticas que muchos, con sus modelos mecanicistas, asimilan a variables matemáticas como con las que se trabaja en el campo de la física en vez de considerarlas como representaciones imperfectas de la realidad de la acción humana.

El FMI define la deflación como un descenso sostenido en un indicador promedio de los precios, como es el IPC. Sin embargo, al utilizar este índice se está descartando información que puede ser esencial para entender la naturaleza de los cambios económicos: (1) al ser agregado, oculta cómo se ha formado el valor que toma el indicador en cada medición y (2) al restringirse a bienes de consumo, obvia en el análisis la evolución de los precios del resto de bienes que se intercambian en una economía y que son mayoría: materias primas, bienes intermedios y bienes de capital; (3) además de omitir de forma absoluta el comportamiento de los precios de los activos financieros.

¿Puede llamarse a esto descenso generalizado de los precios?

Pues bien, tras el último informe estadístico del INE, hemos podido comprobar como muchos se han rasgado las vestiduras con el dato del 0,2% de caída del nivel general de precios. Cabría preguntarse si una variación porcentual de dos décimas puede considerarse como un desplome de los precios, que es lo que se desprende de las manifestaciones de alarma que pueden leerse en los circuitos mainstream habituales. Permítanme contextualizar el dato ahora que llega la época de terrazas. Es como si una caña de cerveza pasara a costar de 1,5 € a 1,497 €. No parece que esos 0,3 céntimos de euro de diferencia vayan a hacer que nadie deje de tomar cañas ante la expectativa de que el precio siga cayendo. Ni tampoco que el barista vaya a ir a la quiebra, ¿no creen?

Tampoco parece que la baja inflación que tanto atemoriza a muchos haya causado estragos en el consumo esta Semana Santa, con niveles de ocupación hotelera que no se veían desde el inicio de la crisis. Gran culpa la tiene el buen tiempo que hemos disfrutado, sin duda, pero no puede decirse que los turistas hayan decidido postergar su consumo ante una expectativa de precios decrecientes, tal y como auguran los que sufren de apoplitorismofobia.

Pero el IPC es un agregado estadístico y carecería de sentido aplicar el resultado a todos y cada uno de los productos que consumimos –mención aparte merece el hecho de que sean fiables los datos de porcentajes con decimales obtenidos a través de encuestas a una muestra de comercios–. La cuestión es que si echamos una ojeada a las diferentes rúbricas que constituyen el IPC nos daremos cuenta de que el desplome terrible de los precios es, como mínimo, una exageración. No en vano, del último informe el 56% de los productos recogidos en el IPC subieron de precio, mientras que sólo el 44% reflejó un descenso, situándose la mediana en algún punto entre el 0% y el 0,1% y con variaciones entre el -6,9% y el 6,5%. ¿Es esto un desplome generalizado de los precios?

El comportamiento relativo de los precios señaliza el fin del ciclo depresivo…

Por otro lado, llama poderosamente la atención que los mismos que se escandalizan con una evolución negativa de los precios al consumo de dos décimas omitan de forma tan ostentosa en su análisis la caída de los precios de los bienes intermedios y de capital en el mes de febrero un 2,8% y un 0,3% respectivamente, cuando el IPC del mismo periodo fue del 0%.Son datos, claro está, que hacen difícil sostener la tesis dominante de la espiral deflacionaria, por la que la caída de los precios de venta arruina a los empresarios y deprime más aún la economía. Olvidan los defensores de la inflación que en estos procesos también baja, y más intensamente, una parte relevante de los costes.

Un comportamiento relativo que la corriente mayoritaria de economistas obvian en su averiado análisis, pero que resulta muy relevante para entender las fases del ciclo económico. Porque lo que señalan estas cifras es que estamos asistiendo a la fase final del ciclo de depresión. Son datos, pues, que tienen toda la lógica si se examinan con una teoría adecuada del ciclo económico, aquella que considere que la estructura de producción se organiza por etapas y que, en las economías más desarrolladas, estas tienen más peso en la actividad que el consumo final, que tanto obsesiona al pensamiento económico mayoritario.

… que puede verse cortocircuitado por la burbuja de activos financieros

No obstante, no es posible refrendar de forma empírica la evolución del ciclo económico con los datos mostrados ya que, como saben, y pese al comportamiento marginalmente más responsable de las autoridades monetarias europeas, aún estamos sentados sobre una enorme bola de liquidez creada en el pasado y alimentada por los programas de impresión de dinero de los bancos centrales del resto del mundo, fundamentalmente la Reserva Federal (Fed) y el Banco de Japón (BoJ). De este modo, a la sana recuperación emprendida por los países europeos, se superponen los efectos de la expansión monetaria, haciendo poco previsible la evolución futura (ver Monetae Mutatione, "QE-n: la madre de todas las burbujas", 25/9/2013).

Una liquidez extraordinaria que, como ya comentamos, no se ha trasladado a los precios al consumo, pero que se deja sentir en los otros grandes olvidados del análisis dominante, los precios de los activos financieros. Vean si no la evolución de la renta variable en los últimos meses, así como de la renta fija, especialmente la pública. Datos que tampoco parecen refrendar la tesis de los tintadictos de que la deflación agrava la situación de la deuda por la pérdida de valor del colateral. Es cierto que parte de ese colateral, la que fue hinchada artificialmente de precio en la burbuja (p. ej., activos inmobiliarios), jamás recuperará su casi inexistente valor, pero el principal colateral que utilizan nuestros bancos (deuda pública), no parece que esté desplomándose.

Y tampoco parece que los datos de la morosidad bancaria se estén resintiendo por las temidas cifras bajas de inflación de los últimos meses, como temen los defensores de mayores cifras de inflación. Pues aun teniendo en cuenta el cambio de metodología en el mes de enero, las últimas cifras publicadas por el Banco de España muestran un descenso de la mora tanto en términos relativos del 13,53% al 13,42%, como en términos absolutos –los créditos de dudoso cobro han descendido cerca de 2.100 millones de euros de enero a febrero–.

Pregúntense, pues, ¿a quién favorecen realmente las medidas que con tanto énfasis reclaman muchos para aumentar el nivel de inflación? Permítanme ser demagogo por un instante, pero cuando oigan a alguien decir que los precios estables ponen en riesgo la recuperación, les están diciendo que apoyen que les suban el precio del pan, la carne de cerdo o la fruta fresca, para que así el Ibex se infle artificialmente un poco más o al Estado le cueste un poco menos seguir endeudándose. No obstante, ese no sea quizás el daño peor que pueda hacerse a la economía. Mucho más perjudicial es el efecto distorsionador que la inflación monetaria tiene sobre la estructura productiva en general y sobre el actual proceso de recuperación en particular.

Por tanto, no se dejen llevar por la tentación del dinero fácil, como hacía la pareja formada por Demi Moore y Woody Harrelson en la película que les recordaba al inicio. Ni tampoco se dejen seducir por los cantos de sirena de los millonarios, como el interpretado por Robert Redford para que se dejen corromper. Pues, al final, las consecuencias suelen ser peores que si uno se empeña en recuperarse dignamente de los reveses económicos.

Capitalismo inhumano

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

Nicolás Guerra Aguiar, colaborador de «Canarias 7», afirmaba en un artículo publicado el pasado jueves que nuestra crisis económica «fue inteligentemente programada e impuesta desde el más inhumano capitalismo que domina hoy». Ese mismo día, Pablo Iglesias, candidato a las elecciones europeas del nuevo partido de extrema izquierda Podemos, defendía las mismas ideas en las Islas.

El capitalismo nace cuando dejas a los seres humanos en libertad. Es decir, se organizan libremente cooperando a través del mercado intercambiando bienes y servicios mediante acuerdos voluntarios. Además, para que esto ocurra, tiene que existir la propiedad privada y unas normas claras que protejan los derechos y garanticen el cumplimiento de los contratos.

Este comportamiento humano y capitalista de cooperación social es el que ha contribuido a la creación y acumulación de riqueza y que la pobreza haya ido desapareciendo en nuestras sociedades. Sin embargo, lo que sí es inhumano son los millones de personas que viven bajo el yugo del socialismo compartiendo la miseria y sin ningún tipo de libertad. Por esta razón, nunca he comprendido por qué muchos intelectuales, artistas y personajes de la cultura hablan de capitalismo inhumano pero nunca de socialismo inhumano.

Tampoco es comprensible afirmar que la crisis fue «inteligentemente programada» por el capitalismo, pues este no es nadie en concreto sino que son las distintas personas de nuestra gran sociedad cooperando entre sí y satisfaciendo las necesidades de los demás. Por ello, es difícil, o mejor dicho imposible, que todas ellas programen una crisis económica y, de hacerlo, no podría ser tildado de inteligente.

De la misma forma, no es lógico sostener que el capitalismo ha impuesto la crisis, pues aquel no impone nada, es decir, cuando uno entra en un supermercado lo hace libremente y nadie le obliga a comprar nada. Estoy convencido de que el señor Guerra habrá entrado alguna vez en uno de ellos y nunca le han obligado a entregar su dinero.

Pero lo más sorprendente es decir que en el mundo domina el capitalismo y que es el causante de la crisis, pues, además de que son muchos los mercados intervenidos, el origen de la misma estuvo en uno de los mercados más regulados del mundo, el financiero. Frente a lo que algunos creen, el sistema financiero actual nada tiene que ver con las sociedades libres o capitalistas, sino que está totalmente planificado a través de los bancos centrales y los gobiernos.

Bien podría probar don Nicolás a dejar de pagar los impuestos y entonces verá quién es el que realmente domina en la actualidad. La respuesta le ayudará a conocer quién ha sido el causante de nuestra crisis.

Sor Lucía vs. Risto

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

Sor Lucía Caram, la religiosa argentina, nacida en Tucumán, que vive desde hace años en el monasterio de las monjas de clausura de Manresa, ha ganado fama en los medios, que buscan siempre subrayar sus declaraciones más antiliberales, como si esto fuera original en la Iglesia, o como si el papa Francisco fuera el primero en recelar de la economía de mercado.

Pero la Iglesia, sus representantes y su doctrina social albergan muchos más elementos que el antiliberalismo. De hecho, incluyen elementos liberales, y sobre todo hay algo que la progresía a menudo no entiende. Borja Montoro, el viñetista de Libertad Digital, lo captó maravillosamente hace un año cuando, a propósito de la llegada del nuevo Papa, y del entusiasmo que suscitó entre la corrección política, lo dibujó de espaldas saludando a la multitud y pensando:

Qué chasco se van a llevar muchos cuando se enteren de que soy católico.

Esto es lo que les suele pasar a los papas, las monjas y los curas: suelen ser católicos, y eso significa que pueden tener reacciones liberales ante el pensamiento convencional, como lo demostró la entrevista que a Sor Lucía le hizo el conocido creativo publicitario, escritor y colaborador de la televisión Risto Mejide.

De entrada, cuando le propusieron a Sor Lucía robar en los supermercados para cuidar a los pobres, estrategia que algunos izquierdistas practican y que muchos más disculpa o comprenden, ella se negó en redondo: de robar nada, dijo, robar es pecado, y lo que hicieron ella y sus compañeros fue, como hizo San Francisco, pedir, pedir "a todo Dios", pero no robar.

Preguntada por un culpable de los males, elude los clásicos chivos expiatorios y responde: "Todos somos culpables… todos tenemos que responsabilizarnos". Esta idea de la responsabilidad es profundamente liberal, como lo es también su recomendación de que la gente debería poder ganarse la vida, lo que se opone al dogma políticamente correcto de que el poder tiene que garantizárselo quitándole bienes a unos para dárselos a otros. A la hora de analizar la crisis, Sor Lucía condena a los políticos y banqueros hipócritas, es decir subraya el sector más intervenido por la política y más alejado del mercado libre.

Mejide intenta varias veces meterse con la Iglesia, pero Sor Lucía le pide a él que se comprometa y le habla de religión. Él le tiende trampas pero ella las sortea bien, y siempre asume responsabilidades: "hemos falseado el producto". Y vuelve a la carga: "¿En qué cree Risto Mejide?". En términos de creencias, el popular Mejide parece poco convincente, y abunda en tópicos, como cuando dice que con obras de arte del Vaticano se podría rescatar a un país africano, como si el problema de África y de todos los territorios donde abunda la pobreza fuera realmente obtener dinero del exterior, y no libertad, justicia y paz en el interior.

Desigualdad, pobreza e ideología

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“El Estado del bienestar hace confortable la pobreza, y penaliza cualquier intento de salir de la misma”. Thomas Sowell

Mucho se ha discutido esta semana sobre los datos de pobreza y desigualdad. Parece a veces que el gobierno actual llegó a España en un vergel de igualdad y riqueza y lo ha destruido todo. Pero de esas terribles cifras todos tenemos la culpa.

Para los amnésicos pre-electorales de la desigualdad y la pobreza, merece la pena recordar que:

  • La desigualdad en España (coeficiente de Gini) se situaba en el 30,7 en 2004 comparado con el 30,6 de los 27 países de la Unión Europea. Entre 2004 y 2011, la desigualdad aumentó un 11% mientras gastábamos en planes sociales, de estímulo, cheques y todo tipo de gastos protectores. En la UE 27 se mantuvo a niveles de 2004. El que parte, reparte y se lleva la mejor parte.
  • La pobreza crónica en la infancia creció un 53% en España desde 2004 a 2011, según Ayuda en Acción. La tasa de pobreza infantil en España pasó del 26,2% en 2007 a casi el 30% en 2011, subiendo cuatro puntos en cinco años.
  • El porcentaje de niños en hogares con un nivel de pobreza alta fue del 13,7% en 2010, la tasa más alta de todos los países de la Europa de los 27, sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria. El número de hogares con niños que tenían a todos sus miembros adultos sin trabajo creció un 120% entre 2005 y 2011.

Por lo tanto, no es “este gobierno” o “los recortes”. Ni el anterior y su “política social” hicieron nada estrujando la chequera hasta secarla. Es un problema mayor. Un enorme gasto en protección social (26% del Producto Interior Bruto) que demuestra el fracaso absoluto del asistencialismo y de su administración.

Gastar en protección social unos cuatro puntos menos sobre el PIB que la media de la UE y tener un 11% más de desigualdad, dos veces más paro y siete regiones entre las 10 con más desempleo no es consecuencia “de la crisis”, como si la crisis fuera un ovni que hubiera caído por sorpresa. Es consecuencia de un modelo económico equivocado y un estado asistencialista, empobrecedor y excluyente.

Por eso, el debate se centra en el elemento equivocado. El gobierno de mi equipo o del otro y quién es capaz de rascar otros cuantos miles de millones del bolsillo del contribuyente para “gestionar” la supuesta generosidad del estado para –ejem– combatir la pobreza. Crear pobres es crear clientes, y con ello votantes. La pobreza y la desigualdad son sólo una excusa para disponer de más fondos y crear unos cuantos observatorios donde colocar amigos.

El debate es como salir de la espiral de pobreza. Y eso sólo se consigue fortaleciendo a la clase media y aumentando la renta disponible.

LA AMNESIA

Echarle la culpa a uno u otro inquilino de la Moncloa es extremadamente cómodo por dos razones:

  • Refuerza en la psicología popular que los políticos y los presidentes son los Reyes Magos y solucionan los problemas con su varita mágica.
  • Evita reducir un estado burocrático, confiscatorio y dinosáurico que entorpece la creación de empresas, ralentiza el crecimiento económico muy por debajo de su potencial e impide que los sectores pujantes florezcan y sustituyan a nuestro bienamado ladrillo, que es lo que todos los que van “contando baches en mi ciudad” quieren reavivar. Otro plan E.

En definitiva, crea clientes. El que se conforma con una ayuda asistencial de 400 euros, si se le aprieta un poco, siempre puede aceptar 300.

Fernando Sánchez-Dragó comentaba que “el Estado del bienestar convierte al hombre en súbdito, en oficinista, en funcionario, en niño pitongo de beca permanente, en clase pasiva”. El asistencialismo se ha convertido en una excusa para el bienestar del Estado. Y, como comentamos en mi post “Gasto político” , se disfraza como coste social mucho gasto inútil, administraciones duplicadas, etc.

IGUALDAD O PROSPERIDAD

Las políticas redistributivas donde se niega el exceso de gasto público para sostener administraciones injustificables no están creando ni prosperidad ni riqueza, ni combaten la desigualdad. Solo la perpetúan. Porque son una zancadilla a las oportunidades para que la población salga adelante.

Fíjense en el paradigma que nos quieren vender: Obama.

La política implementada en 2007 de imprimir moneda, subir impuestos y gastar más ha beneficiado fundamentalmente al 0,1% de la población –ni siquiera al 1%-, mientras  el número de norteamericanos bajo el umbral de la pobreza se disparaba a 46,5 millones (30 millones, una brutalidad, con George W. Bush, 17 millones con Clinton). Luego les dicen que el paro ha bajado al 6,7%, pero han sacado a 11,6 millones de personas de las listas, el nivel más bajo de participación laboral desde 1978. ¿Dónde está el 0,1% que se beneficia? En Wall Street y Washington. En Inglaterra, Gordon Brown yTony Blair hicieron lo mismo. El que parte reparte y se lleva la mejor parte.

Los que piden inflación y políticas monetarias deberían revisar el inexistente impacto positivo sobre las clases bajas. Su renta media ha caído entre un 2,6% y un 5% desde la llegada de Obama.

La pobreza sólo se combate con crecimiento, libertad económica y poniendo la alfombra roja a los emprendedores, a los autónomos. Aumentando la renta disponible de las personas, no cercenándola a impuestos para luego repartir algo en ayudas.

Sostener un estado hipertrofiado y ahogar a los sectores económicos a impuestos y burocracia nos lleva a tener los mismos problemas que teníamos hace diez años. Y en unos años, el equipo contrario al que gobierne se llevará las manos a la cabeza diciendo “la pobreza y la desigualdad se disparan con este gobierno”.

Ya va siendo hora de dejar de autoengañarnos. Los presidentes no crean empleo ni los gobiernos arreglan el mundo, ni la economía va mejor por meter un billón más en el bolsillo de Wall Street. Ningún consejo de ministros y ningún comité van a cambiar el modelo productivo. Lo hacen ustedes.

Otro plan de estímulo, otro chute de liquidez brutal, no les va a hacer a ustedes menos pobres, y sólo agranda el enorme peso del sector financiero y la deuda pública. Luego, cuando explota, le echan la culpa a los mercados y vuelve a empezar. Represión financiera.

En un país en el que el 70% del valor añadido lo crean las pymes y la mayor parte del empleo, los héroes son esas empresas, los autónomos y los ciudadanos que sobreviven. Y ellos son la solución a la pobreza. No otra chequera en blanco. Porque, desde luego, regar el sistema asistencialista de dinero no ha servido para nada.

La solución no es gastar más. Hundir a la clase media para sostener un estado hipertrofiado y repartir migajas no beneficia a nadie a la larga. Si fuera así, ¿por qué los sistemas intervencionistas y redistribuidores no tienen pleno empleo y riqueza para todos?

Solo se agranda el agujero. Lo haga Obama, Hollande, Bush, Blair o los nuestros. Y, sobre todo, las soluciones mágicas de imprimir, endeudar y crear inflación no han evitado en ninguno de los casos enormes recortes y empobrecimiento.

La solución es abrir puertas, libertad económica, crear oportunidades para todos y permitir el ahorro que lleva a la prosperidad. No desincentivarlo.

Lo comento en “Viaje a la libertad Económica”: los sistemas intervencionistas se preocupan mucho por los pobres. Por eso crean millones de ellos cada año.

La solución no es gastar más. Hundir a la clase media para sostener un estado hipertrofiado y repartir migajas no beneficia a nadie a la larga. Si fuera así, ¿por qué los sistemas intervencionistas y redistribuidores no tienen pleno empleo y riqueza para todos?

En un estudio de James Gwartney y Robert Lawson (Economic Freedom of the World) se muestra que el 10% más pobre de la población de los países con más libertad económica tienen una renta per cápita de más de 7.000 dólares  frente a los 728 dólares de las naciones peor clasificadas. Las clases bajas y medias se benefician mucho más de la libertad económica que de los sistemas intervencionistas. La población vive hasta 20 años más y la calidad medioambiental y de vida es muy superior en los países con los mayores índices de libertad económica.

Aumentar la renta disponible, reduciendo impuestos, y recortar gastos. Dejar que esas pymes y autónomos crezcan, no ahogarlos para recuperar ingresos de burbuja inmobiliaria.

Lo sabían Margaret Thatcher y Ronald Reagan, por eso durante sus mandatos, la política de mejorar la renta disponible reduciendo impuestos aumentó en Reino Unido un 34% la renta per cápita real para las clases más pobres y un 39% en Estados Unidos. No buscaban la igualdad, buscaban la prosperidad.  Entre 1979 y 2007, la renta en Estados Unidos para las clases bajas subió un 18% y para las clases medias, un 40% (Congressional Budget Office). Desde 2008, esas cifras no han aumentado, y para los pobres, ha caído. 

Si ustedes realmente se creen que en el mundo hoy se llevan a cabo las “mismas políticas” que en la época de Reagan y Thatcher, les han colado el mayor gol de la historia. Pocas veces hemos visto mayor control estatal sobre la actividad económica y financiera que en los últimos 14 años.  

La libertad económica ha hecho más por reducir la pobreza que ninguna otra política. Si seguimos pidiendo políticas de igualdad, sólo conseguiremos más de lo que tenemos. Mediocridad.

No llamen a esto capitalismo

Escrito por Antonio España en . Publicado en Artículos en prensa.

Probablemente han visto ustedes la película El show de Truman, que narra los avatares de un hombre de treinta años que ha nacido, crecido y vivido los 10.909 días de su existencia dentro de un reality show. Su protagonista, Truman Burbank –interpretado por Jim Carrey–, ha pasado todo ese tiempo creyendo que era libre y dueño de su propio destino cuando, en realidad, todo lo que le rodeaba era pura ficción. Es decir, toda esa percepción de libertad y control de su propia vida era una farsa, estando su existencia sujeta a los designios del creador del show, Christof –Ed Harris– y las audiencias. Pues bien, algo similar ocurre en Occidente, que creemos que disfrutamos de un régimen de libre mercado cuando, en realidad, se trata de capitalismo de amiguetes –crony capitalism.

Y es que es habitual leer en columnas de opinión y escuchar en tertulias radiofónicas o debates televisivos ataques al capitalismo, tildándolo de salvaje, inhumano, egoísta, ruin o cualquier otro epíteto negativo que se les ocurra. Parece, cuando se les presta atención, que viviéramos en el paraíso liberal, en la Arcadia del libre mercado. Sin embargo, lo que describen políticos, tertulianos y otros profesionales de la opinión cuando critican al capitalismo no son sino acciones y sus consecuencias, que poco tienen que ver con el sistema genuino de libre mercado, que tanto progreso y bienestar ha aportado a la sociedad en las pocas ocasiones que se le ha dado la oportunidad.

Díganme, ¿creen que puede catalogarse de capitalismo un sistema en el que las Administraciones Públicas concedieron en 2012, según recoge el anuario de la firma de rating española Axesor, más de 3.000 millones de euros en subvenciones a sociedades mercantiles? Tan sólo 50 de las 35.000 empresas subvencionadas con el dinero de sus bolsillos, un 0,14%, acapararon el 20% de todas esas ayudas. ¿Creen que esa cantidad se empleó en apoyar a pymes? No, ese ranking lo encabezan fabricantes de automoción (133 millones de euros), empresas mineras del carbón (100 millones de euros), empresas de telecomunicaciones (80 millones euros) o energéticas (70 millones de euros). Buena parte de ellas, empresas del Ibex o multinacionales.

Todo ello sin contar el rescate a la banca, que según las normas de contabilización de las autoridades comunitarias de defensa –sic– de la competencia ascendieron –según el informe de la antigua CNC– a 84.630 millones de euros y que, en total, podrían alcanzar fácilmente los 100.000 millones de euros. Y todo ello sin contar, naturalmente, las privilegiadas condiciones de liquidez facilitadas por el Banco Central Europeo (BCE), que actúa a modo de red de seguridad de la que ningún otro ser mortal dispone para el desarrollo de su actividad, aparte, claro está, de proporcionarles pingües beneficios en forma de carry trade.

Sin embargo, los rescates estatales de empresas privadas no se circunscriben únicamente al sector financiero. Todos tenemos en mente empresas que se han visto auxiliadas con dinero de los contribuyentes cuando se han visto en dificultades. Todas comparten la característica esencial de ser grandes y tener conexiones políticas. Si ustedes tienen una pyme a punto de quebrar, una hipoteca que no pueden pagar o una deuda con Hacienda, esperen sentados, y preferiblemente a la sombra, a que vengan los políticos a rescatarles. Pero si tienen un exministro o similar sentado en un consejo de administración o de asesor, estén tranquilos. ¿De verdad puede alguien pensar que el liberalismo que defendieron Locke, Smith, Bastiat, Mises, Hayek, Hazlitt, etc. es esto?

El capitalismo se define por ser un sistema de beneficios pero también, pese a que esto se olvida con frecuencia, de pérdidas. No obstante, cuando el sistema se corrompe y las ganancias se continúan privatizando, pero las pérdidas de unos pocos escogidos se socializan, deja de ser un mercado libre y se convierte en capitalismo de amiguetes. Como Truman en la película, podemos sentir la apariencia de libertad, pero la realidad es otra. Y eso inflige un daño mayor en la sociedad, pues este sistema ha usurpado el nombre al capitalismo de libre mercado y ha puesto en bandeja la excusa a los enemigos de la libertad. Como el capitalismo es el mal, aumenta la regulación, y se crean más oportunidades para que los amiguetes puedan sacar tajada.

Y es que existen empresarios genuinos que hacen su dinero compitiendo limpiamente en el mercado y se juegan su capital tratando de acertar los deseos de sus clientes y seleccionar los proyectos que son rentables. Y existen otros, empresarios también, que medran en sus negocios gracias al favor del Gobierno, bien sea erigiendo barreras de entrada, adjudicando subvenciones y créditos blandos u otorgándoles contratos y otros privilegios.

Es esencial distinguir entre ambos tipos de empresarios, dado que los primeros, aun buscando el propio interés, contribuyen al crecimiento económico y a la creación de empleo, mientras que los segundos se limitan a redistribuir la riqueza para beneficio suyo y de sus contactos en la Administración. Beneficio que, por definición, obtienen siempre a costa de otros. Estos capitalistas simplemente no podrían sobrevivir en un mercado libre, ya que necesitan para vivir de sus amiguetes.

Al principio de El Show de Truman, si lo recuerdan, aparecen una serie de entrevistas a los actores del programa, entre ellas al supuesto mejor amigo de Truman, Marlon –Louis Coltrane–, que dice: “Es auténtico, todo es real, aquí nada es falso, nada de lo que ven en este programa es falso… sólo está controlado”. Piensen ahora en todas las regulaciones, trámites y restricciones que nos imponen todos y cada uno de los niveles de la Administración Pública. ¿Creen que viven en la selva del libre mercado? Intenten montar una simple cafetería y adéntrense en la jungla burocrática para dar de alta su negocio, algo que, según el informe Doing Business 2014 del Banco Mundial, lleva en España 23 días en promedio, con unos 10 trámites y un coste medio de 1.000 euros.

Y, si aún no han visto el foco caer, como le ocurre al principio de la película al protagonista y que hace que empiece a albergar sospechas, valoren si es un mercado libre aquel en el que el 60% de la tarifa eléctrica se va en cargas fiscales y subvenciones que fija el Gobierno, aquel en el que el 50% del precio de la gasolina corresponde a impuestos, aquel en el que el Estado atosiga al ciudadano con más de cien figuras impositivas distintas y en el que este debe trabajar 130 días sólo para pagar sus tributos. Aquel, en definitiva, en el que el sector público pesa en la economía más del 40% del producto interior bruto (PIB). ¿Es esto capitalismo salvaje o estatismo desbocado?

Una de las principales críticas que se realizan a las sociedades capitalistas es la desigualdad. No se tolera que en una sociedad haya ricos y pobres, que algunos acumulen riqueza y otros deuda y que permitan la existencia de diferencias salariales de varios órdenes de magnitud entre los directivos de las empresas y sus trabajadores menos cualificados. Sin embargo, la realidad es que todas las sociedades son desiguales, incluso las supuestamente comunistas. Miren si no dónde viven y a qué lujos tienen acceso los Raúl Castro, Nicolás Maduro o Kim Jong-un de este planeta y compárenlo con el nivel de vida de sus oprimidos súbditos.

La cuestión no es tanto la existencia o no de desigualdades, que a nadie en su sano juicio le pueden parecer deseables, sino su origen. ¿Son ricos los ricos gracias al botín obtenido en el ejercicio de la fuerza, como ocurre en las sociedades feudales, o gracias a los monopolios concedidos por el Estado, como ocurre en los sistemas mercantilistas? ¿O han alcanzado su posición económica porque han sabido anticipar y satisfacer las necesidades de otras personas y han obtenido su recompensa?

¿Ofrece el entorno institucional oportunidades e incentivos para mejorar la propia condición o, por el contrario, fomenta la existencia de grupos reducidos que concentran el poder político y económico y que bloquean sistemáticamente la movilidad social, creando techos artificiales de cristal? Por ejemplo, les invito a reflexionar sobre lo siguiente: ¿a quién beneficia realmente la progresividad fiscal? Piénsenlo por un momento y díganme si aplicando un impuesto confiscatorio del 56% a las nóminas más altas no impide la acumulación de ahorro de aquellos profesionales de mayor cualificación y que han empezado desde cero, a fuerza de esfuerzo y sacrificio.

Díganme si esta progresividad agresiva no dificulta que puedan invertir en proyectos empresariales y competir con quienes ya están instalados en la aristocracia político-económica, con mayor facilidad para eludir el pago de impuestos y con un acceso infinitamente mayor a los circuitos de poder político. ¿Aún piensan que la progresividad fiscal beneficia a los pobres? Recuerden la isla en la que vivía el Truman de la película y las dificultades que le ponían cada vez que intentaba abandonarla.

En definitiva, ¿prefieren ustedes (1) un sistema capitalista corrompido como el actual, que permite que unos cuantos amiguetes se lucren a costa del resto, o (2) un mercado auténticamente libre, que promueva la sana competencia, elimine barreras de entrada, multiplique las opciones de los consumidores, suprima las subvenciones y créditos blandos y que asegure que la única forma de hacerse rico sea sirviendo a los demás, creando productos que hagan la vida más fácil, utilizando los recursos de forma eficiente e innovando continuamente a favor de la sociedad? No les quepa la menor duda de que quienes defendemos el capitalismo abogamos por un mercado genuinamente libre y rechazamos el capitalismo de amiguetes, incompatible con el primero.

Deoleo y el falso interés nacional

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Apela populistamente el Gobierno al "interés de España" para justificar la injustificable entrada de la SEPI en el capital de Deoleo. A la postre, se nos dice, estamos ante la principal comercializadora de aceite del mundo y el sector olivarero constituye uno de los puntales de la economía española. ¿Cómo oponerse, pues, a la adquisición estatal de un paquete accionarial en Deoleo so pretexto de mantener su "españolidad" y así defender nuestros intereses "nacionales" dentro de unos mercados cada vez más globalizados? Como suele suceder, semejante argumentario está plagado de trampas retóricas cuyo único propósito es manipular a la ciudadanía para que acepte anestesiada los tejemanejes intervencionistas del Estado.

Lo esencial es repetir una vez más lo que ya debería ser evidente para todos: los intereses del sector olivarero español no son los intereses de todos los españoles, simplemente son los intereses del sector olivarero español y, en todo caso, de aquellos que sientan algún tipo de vinculación económica o emocional con él. Podrán tratarse de intereses muy legítimos y respetables, pero no por ello se convierten en intereses del conjunto de ciudadanos. Muchos españoles no tienen por qué compartir interés alguno con Deoleo o con el sector olivarero patrio, al igual que no tienen por qué compartirlo con el ganadero, el financiero, el textil o el petrolero. En algunos casos, incluso, los intereses de algunos españoles pueden llegar a ser contrapuestos a los del sector olivarero (será el caso de, por ejemplo, los productores españoles de mantequilla o margarina, incluyendo el sector ganadero español).

Pero entonces, ¿por qué se nos insiste una y otra vez en que los intereses de la parte (el sector olivarero) coinciden con los intereses del conjunto (la totalidad de españoles)? Pues para que aceptemos sumisamente que el Gobierno nos meta la mano en el bolsillo a todos y transfiera nuestro dinero a aquellos a quienes califica de depositarios de los intereses del conjunto de los españoles: es decir, se trata de una simple treta propagandística concebida para extraer rentas del conjunto de la sociedad en beneficio privativo de una facción organizada. Y no, tampoco muerdan el anzuelo gubernamental de que el objetivo de esta operación es comenzar a articular una política agraria o industrial dirigida a potenciar el funcionamiento de nuestra economía; justamente, en Una revolución liberal para España explico que tanto la ciencia económica como la evidencia empírica apuntan a la misma dirección: la política industrial suele ser un ruinoso experimento político para transferir rentas desde grupos desorganizados a grupos organizados 

Al cabo, si algunos españoles (muchos o pocos) sienten algún tipo de vinculación (económica o emocional) con el sector olivarero y juzgan esencial que Deoleo siga siendo una compañía española, ¿qué les impedía a todos ellos efectuar una colecta de fondos para adquirir mancomunadamente una participación significativa en Deoleo? ¿Por qué debe ser la SEPI la que, arrebatando el dinero a todos los españoles –tanto a aquellos que sí desean costear la españolidad de Deoleo, por encuadrarla dentro de sus intereses, como a aquellos que no desean costearla, por serles irrelevante la nacionalidad del accionista de control—, proceda a entrar en el capital de esta empresa? ¿Por qué el Gobierno socializa entre todos los costes de una operación dirigida a beneficiar únicamente a una parte? No hay ninguna razón para ello salvo, como decimos, la imposición coactiva de los intereses particulares de unos ciudadanos sobre los igualmente legítimos intereses particulares del resto de ciudadanos.

Por desgracia, todo apunta a que el PP seguirá haciendo un uso sectario de este sentimiento grupal con tal de acaparar poder y recursos. Sin ir más lejos, el cartel electoral del PP, Miguel Arias Cañete –a la sazón, ariete ideológico de la operación Deoleo–, ya se está comenzado a vender como el mejor defensor de nuestros intereses colectivos: en pocas horas, ya se nos ha prometido desde diversos frentes que Cañete defenderá en Europa los intereses de los castellano-manchegos, de los extremeños, de los cántabros y, por supuesto, de los españoles. Muchos y contrapuestos intereses me temo que deberá defender Cañete en Bruselas, cuando, como es sabido, se limitará a defender los suyos, los de su partido y los de los lobbies que los alimentan. Como con Deoleo, el PP recurre a la propaganda colectivista para comprar arteramente sumisión social. La alternativa es mucho más sencilla: permitir la libre y pacífica confluencia de los intereses personales y sociales sin que ningún grupo instrumente la coacción estatal para imponerse sobre el resto. Es decir, la alternativa liberal: ésa que tan denodadamente socava el PP.

Obama vuelve a las andadas: quiere aumentar impuestos por un billón de dólares

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Después de dos años de creciente gasto público por parte del gobierno federal estadounidense, la llegada al Congreso de numerosos legisladores vinculados al Tea Party supuso un cambio de rumbo en la política fiscal del país norteamericano. Así, en 2011, 2012 y 2013, la Administración Obama se ha visto obligada a reducir el déficit y recortar el gasto público.

Sin embargo, la proximidad de las elecciones legislativas que renovarán numerosos curules del Congreso y del Senado ha motivado un cambio de actitud por parte del Ejecutivo. Con ánimo de fortalecer el discurso del Partido Demócrata, la Presidencia ha publicado una propuesta fiscal que incluye una subida de impuestos valorada en un billón de dólares.

Concretamente, Barack Obama espera que esta presión fiscal adicional quede articulada a lo largo de los próximos diez años. A cambio, plantea un escenario de gasto realmente polémico, pues contempla un aumento de los desembolsos en los dos últimos años de su gobierno (2015 y 2016) y programa después un recorte de gasto que asumiría su sucesor a partir de 2017.

El plan fiscal de Obama también pretende anular algunas de las medidas de austeridad presupuestaria pactadas entre republicanos y demócratas a lo largo de las últimas disputas fiscales. Concretamente, Obama quiere aumentar el presupuesto de sus Ministerios en 56.000 millones de dólares y apenas promete compensar esta medida con un ajuste de 28.000 millones que, además, se compondría en gran parte de subidas impositivas y no recortes de gasto.

Las proyecciones no son realistas

Las críticas a la propuesta de Obama no han tardado en llegar. Analizando los diez años de aplicación del nuevo plan fiscal de la Casa Blanca, la Oficina Presupuestaria del Congreso apunta que la deuda pública crecería hasta el 80% del PIB. Sin embargo, el Ejecutivo plantea un escenario muy diferente, anticipando una caída de las obligaciones del gobierno federal hasta niveles inferiores al 70% del PIB.

Según la propuesta fiscal de Obama, los ingresos federales subirán del 17% al 19% del PIB durante sus últimos años de gobierno. A continuación, el sucesor asumiría un esquema tributario que acabaría llevando estos niveles hasta el 20%. Sin embargo, la Oficina Presupuestaria estima que el fisco no podrá aumentar sus ingresos más allá del 18% del PIB.

La discrepancia también llega cuando analizamos el gasto. Según los estudios de la Oficina Presupuestaria del Congreso, el gasto crecerá durante el resto de la Presidencia de Obama y seguirá aumentando también en los años que siguen. Así, los desembolsos crecerán de menos del 21% a más del 22% del PIB.

Problemas estructurales

Las disputas fiscales que libran republicanos y demócratas parecen obviar de forma sistemática algunos problemas estructurales de la estructura de ingresos y gastos del Gobierno federal estadounidense. Por ejemplo, el número de estadounidenses que no paga el Impuesto sobre la Renta se ha multiplicado por cinco desde 1970; además, los programas de gasto social consumen hoy el 70% del presupuesto frente al 50% de hace veinticinco años.

Entre los ajustes que reducirían significativa y permanentemente el gasto del gobierno federal, encontramos ejemplos como los tres siguientes:

  • Las subvenciones al sector agrícola suponen 22.000 millones de dólares cada año.
  • Las duplicidades administrativas, detectadas en 162 diferentes capítulos presupuestarios, tienen un coste de 25.000 millones de dólares por ejercicio.
  • El gasto del Ministerio de Defensa que no se dedica a programas y acciones de seguridad incluye año tras año casi 10.000 millones de dólares para supermercados dependientes del Pentágono y cerca de 11.000 millones de dólares en subsidios educativos para hijos de familias militares.

La receta ‘mágica’ de la sanidad pública

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

La siguiente es la historia real de una familia española: "Todo comenzó el pasado mes de septiembre. Esta familia tiene tres miembros: padre, madre y un hijo de un año y medio. Todos ellos tienen contratado un seguro médico privado. Al poco de cumplir un año, los padres detectaron que el niño dormía peor, tenía diarreas y ciertos problemas para hacer la digestión. No parecía nada grave, pero acudieron a su médico de cabecera. Les pidió unos análisis y los resultados apuntaron a una posible alergia/intolerancia al huevo y la leche.

Al parecer, su caso no era preocupante, les dijeron que lo normal es que poco a poco el cuerpo del niño fuera tolerando mejor estos alimentos. Mientras tanto, les recetaron una leche especial, pero bastante cara: según sus cuentas, les saldría a unos 100-150 euros al mes, incluso aunque el niño ya comía sólido y sólo tomaba uno o dos biberones al día. Eso sí, la sanidad pública cubre este tipo de alimentos hasta los dos años, con lo que teóricamente podrían ahorrarse esa cantidad.

Hasta ese momento, habían realizado a través de su seguro médico todo el proceso, que duró en total unas dos semanas. Entonces, pidieron cita con el pediatra de la sanidad pública. Su intención inicial era, simplemente, que les recetasen la famosa leche. Ya sabían que el niño era alérgico. Tenían el diagnóstico. Y conocían la solución. De hecho, en su primera visita, el pediatra de la sanidad pública confirmó todas estas circunstancias. Miró los análisis, comprobó los valores y certificó que, efectivamente, el niño tenía un problema con estos alimentos. Pero había un inconveniente: "La receta la tiene que sellar el inspector. Y para que os la selle, las pruebas se las tiene que hacer en la Seguridad Social". El padre se sorprendió: "¿Es que no es fiable el laboratorio que utiliza mi seguro médico?". "No, en absoluto, seguro que los datos están bien", le respondió la pediatra (por cierto, extraordinariamente amable y profesional), pero es que el procedimiento "es así".

  • En esta tesitura, pidieron hora con el especialista-alergólogo de la pública. Se la dieron… para dos meses después. Mientras tanto, la leche se la pagarían ellos.
  • La cita no era para hacer las pruebas. Simplemente serviría para que el especialista dictaminara qué análisis había que hacer. Y el alergólogo pidió los mismos análisis que ya había hecho el seguro meses antes.
  • Por lo tanto, había que pedir cita para estas pruebas. En su hospital de cabecera no había sitio hasta varios meses más tarde. Así que siguieron buscando hasta que encontraron un hueco en otro centro para sólo unas semanas más tarde.
  • Así, más de tres meses después de saber que su hijo era alérgico, estos padres se pasaron una mañana en un hospital para que le hicieran unas pruebas cuyos resultados ya conocían. Les dieron los nuevos datos. No hubo sorpresas. La sanidad pública certificó que el niño no toleraba bien la leche y el huevo.

  • Pidieron cita de nuevo con la pediatra, que les recetó la misma leche que llevaba tomando desde casi cuatro meses antes. Unos días después, el inspector selló el volante y, por fin, pudieron acudir a la farmacia con su receta".

Hasta aquí los hechos. Habrá quien diga que tampoco es tan grave. Hablamos de tres-cuatro meses de espera y para una dolencia menor. Además, estos padres pudieron hacer frente a los 100-150 euros mensuales de la leche sin demasiados problemas. Cada día vemos en los periódicos historias mucho más terribles, sobre personas con dolencias que les impiden hacer una vida normal y a las que les han dado cita para dentro de 15 ó 16 meses o ciudadanos que han desarrollado una enfermedad grave por un diagnóstico tardío. Lo relevante de la peripecia de esta familia es que es un ejemplo muy bueno de muchos de los males que aquejan a nuestro sistema público.

– Quizás sea lógico que la sanidad pública quiera realizar una comprobación de unas pruebas que no ha hecho pero, ¿de verdad hacen falta todos estos procesos para certificarlo? ¿durante casi cuatro meses? ¿cuánto le costó al sistema público repetir las pruebas? ¿cómo influye esta burocracia en las listas de espera?

– Por otro lado, este matrimonio tenía recursos y un seguro privado. Ahora, imaginemos a una familia con un poder adquisitivo más limitado. Ellos no saben que su hijo es alérgico, porque no tienen una sociedad privada que le haya hecho las pruebas. Sólo ven que el niño tiene pequeños problemas estomacales (hay que recordar que los síntomas eran leves). Irán al pediatra, que con suerte les mandará al alergólogo, que pedirá las pruebas, para volver con ellas al pediatra y que le receten la leche. Este proceso, que debería hacerse en unos días, se demorará ¡cuatro meses! Y eso si se preocupan de buscar un hueco, porque en su hospital de cabecera el tiempo de espera era mayor. Durante ese tiempo, le habrán estado dando a su hijo un alimento que es malo para su salud. Y hablamos de una cuestión menor. Pero, ¿qué pasa con los pacientes con enfermedades graves (quizás no diagnosticadas) encerrados en este laberinto burocrático?

– Habrá quien piense que quizás el problema fue de la pediatra, el inspector o el alergólogo. Nada más lejos de la realidad. Todos aquellos con los que esta familia se cruzó en su periplo por la sanidad pública les trataron con una enorme profesionalidad. Algunos, como la pediatra, fueron además muy amables y cariñosos. Pero ninguno podía hacer otra cosa. El procedimiento es el que es.

– Quizás alguien crea que el paso a eliminar es el del inspector. ¿Por qué esa exigencia burocrática? El caso es que también en los seguros privados hay numerosas pruebas que necesitan de una autorización. Además, parece lógico, en un momento de costes crecientes e ingresos menguantes, que la sanidad pública controle sus gastos.

Hay una pregunta clave que todos nos deberíamos hacer: ¿por qué tantos españoles tienen un seguro médico privado, si en teoría podrían disfrutar de los mismos servicios gratis? La respuesta reside en los incentivos de todos los que participan en el proceso.

En un hospital privado, los incentivos son claros: ofrecer el mejor servicio posible (para que el cliente siga asegurado) al menor coste (para obtener beneficios). Todos, desde el médico de medicina general, al inspector, a cada uno de los especialistas, están alineados dentro de este sistema. Claro, habrá fallos, como en cualquier organización humana, pero los incentivos los empujan en la buena dirección. Esta familia nos cuenta cómo las confirmaciones a las pruebas se dan por teléfono o internet y apenas unos minutos después de solicitarlas. Las citas se distribuyen para que sean más cómodas para el cliente y eficientes para el hospital: por ejemplo, si tienen unas pruebas y es posible, les citan a las 10.00 para hacérselas, a las 10.30 para darles los resultados y a las 11.00 para que vean al doctor que les dará la receta. El paciente está satisfecho (pierde una mañana, no tres) y la aseguradora, encantada (es mucho más barato hacerlo así).

Mientras, el sistema público es presa de sí mismo. El pediatra, el alergólogo, el inspector… Todos los protagonistas de esta historia hicieron lo que debían, seguir el procedimiento. Y éste está diseñado para controlarles. El objetivo no es tener contento al paciente (aunque la mayoría de los profesionales se esfuerzan porque así sea), sino cumplir con un modelo diseñado desde arriba. Nadie tiene tampoco ningún incentivo en cambiar un proceso que se demuestre ineficiente, ¿qué gana un médico enfrentándose a su superior por una receta? ¿Qué le importa a un gerente de un centro de salud si un usuario está descontento? La sensación es que las personas son buenas en su trabajo; el sistema, nefasto.

Y no es sólo cuestión de hospitales o médicos. Pensemos en los pacientes y en sus propios incentivos. Esta familia tiene ciertos copagos en su seguro para servicios especiales. Plantear esto en la sanidad pública sería motivo de excomunión para cualquier político español.

Por otro lado, ¿tiene sentido que a este matrimonio (que afortunadamente tiene recursos económicos) le salga totalmente gratis esta leche especial? ¿Por qué todos los jubilados, ya sean millonarios o cobren la pensión mínima, tienen el mismo descuento en los medicamentos? ¿Podemos mantener este sistema?

La sostenibilidad financiera de la sanidad pública es uno de los grandes retos que tenemos por delante como sociedad. Los costes serán crecientes por el envejecimiento de la población: los estudios apuntan a que en el año 2025, tratar a un paciente de menos de 65 años costará unos 2.200 euros (a precios constantes de 2010). Para los que tengan entre 65 y 79, esta cantidad se multiplica por cuatro, hasta los 8.570 euros. Para los que tengan entre 80 y 94 años, el coste será de 15.000 euros (siete veces más que al paciente convencional). Y para los mayores de 95 el coste será de 28.500 euros (catorce veces más).

No existe una solución fácil. Pero sí hay muchas opciones para que los incentivos de los involucrados en el sistema público estén mejor alineados: permitir a los pacientes escoger doctor y retribuir a estos en función de la valoración de aquellos; dar libertad a hospitales y centros de salud públicos para organizarse y controlar sus procesos, y premiarles según sus resultados sanitarios y económicos; mejorar la colaboración con las aseguradoras privadas, para beneficiarse de los recursos que éstas emplean (creerse sus pruebas, por ejemplo); incentivar al usuario a que no malgaste los recursos,… Eso sí, hay que dejarle claro al ciudadano que no hay una receta mágica. De hecho, sería un milagro que la consiguiésemos en menos de los cuatro meses que tardó esta familia en tener la suya.

Vuelve el crédito

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“Our national debate about business funding has been impoverished by an insistence on looking to banks to provide the single answer” Andrew Freeman

Una noticia alentadora en el frágil proceso de recuperación económica de España es que el crédito se dinamiza y está creciendo antes de lo que muchos, incluido yo, pensábamos. En términos interanuales, el crédito al consumo, según el Banco de España, aumenta en febrero un 32,4% y el crecimiento de nuevas operaciones de hasta un millón de euros (las pymes) fue de un 5,98%. Por supuesto, no hay que echar las campanas al vuelo, pero se pueden extraer varias conclusiones.

Los bancos han llevado a cabo un proceso de recapitalización muy relevante y han dejado de ser un problema de desconfianza generalizada. Eso no quita que aún queden grandes temas por resolver. Una tasa de mora del 13-14% que proviene de muchos años de clasificar los préstamos de difícil cobro de manera cuanto menos generosa y una exposición a deuda soberana que aún supera los 270.000 millones de euros. Pero también una mejora muy sustancial de la solvencia y capital. Es esencial empezar a romper el efecto crowding out (cuando el Estado acapara el crédito disponible y hunde el acceso al crédito de familias y empresas). Las Administraciones Públicas han visto multiplicar su acceso al crédito mientras el resto de sectores (otros sectores residenciales) perdían financiación. 

Muchas veces me dicen que no existe tal efecto, sino que “no hay crédito solvente privado” y “se prefiere prestar a las Administraciones Publicas”. ¿No es curioso? Si miramos la regulación bancaria proveniente de la Unión Europea veremos que no es así.

Esta semana he tenido el placer de participar en un evento organizado por el fondo de inversión Axiom, especializado en el sector financiero, bajo el sugerente título de “Perdidos en la Regulación”, en el que pudimos discutir en detalle sobre el exceso de reglamentación del sector bancario.

Uno de los errores más graves de la regulación bancaria europea ha sido que penalizaba, inconscientemente –espero-, la financiación a pequeñas y medianas empresas. Al estallar la crisis, y ante la falta de concreción y claridad en el cálculo de préstamos de difícil cobro, se impusieron unas exigencias de capital mínimo (la cantidad que el banco debe usar de capital propio para prestar) que hacían extremadamente difícil prestar a pymes, ya que el coste para la entidad financiera era demasiado alto. A su vez, se daba un tratamiento extremadamente generoso a la deuda soberana, considerándola prácticamente “sin riesgo” si se mantenía hasta vencimiento.

En la conferencia de Axiom, uno de sus socios, David Benamou, experto en regulación bancaria, comentaba que ese incentivo perverso (penalizar el crédito empresarial e incentivar el público) se ha intentado solventar en la última tanda de reglamentos europeos. "Punto 44, Articulo 501” (para que no falten folios de burocracia), donde se especifica que “los requisitos de capital por exposición a crédito de pymes se multiplicarán por un factor de 0,7169”(“Capital charges for exposures to SMEs should be reduced through the appli­cation of a supporting factor equal to 0,7619 to allow credit institutions to increase lending to SMEs”).

¿Qué significa esto? Que Bruselas, por fin, en vez de penalizar el préstamo a pymes, lo incentiva. Por ello creo que en los próximos meses veremos una mejora del crédito a empresas, a medida que acompañan las expectativas económicas y la calidad de los proyectos. Todo ello, con unos bancos más sólidos.

Lo han escuchado infinidad de veces. “Malvados bancos, se han llevado cientos de miles de millones y no prestan a familias y empresas”. “Que fluya el crédito”.

Existen varios errores en esas afirmaciones

  • Entre 1996 y 2010, el exceso crediticio llevó a que España aumentara su endeudamiento un 200%, la mayor expansión crediticia vista en las economías más agresivas, por encima de China o Tailandia. Los préstamos al sector inmobiliario llegaron a alcanzar el 43,4% del Producto Interior Bruto (PIB). Pretender que “vuelva el crédito” a esos niveles es simplemente imposible, y además no deseable.
  • El crédito como panacea para el crecimiento y no su calidad. España ha salido de la recesión y va a crecer más del 1% en 2014 en un entorno de contracción del crédito a empresas en términos absolutos, porque partíamos de un exceso. La desaparición del sector inmobiliario promotor explica el 80% de la caída del crédito a empresas. En Reino Unido van a crecer a un 2,9% en 2014 después de años de reducción de crédito a empresas, 2014 incluido. Es muy importante recuperar la calidad de los proyectos financiados. Hablar del crédito a grandes rasgos nos puede llevar a los mismos errores de la época de la burbuja.
  • Inyectar dinero en las cajas –públicas todas- o conceder avales no garantiza aumentar el crédito. Recapitalizar es cubrir un agujero, no es una garantía de que se pueda aumentar la cartera de préstamos. Lo mismo con los avales. Cuando a usted le avala un familiar para contratar una hipoteca eso no hace que usted pueda comprarse muchos pisos.
  • En Europa y España, la financiación a empresas es bancaria en más de un 80%; en Estados Unidos no llega al 30%. Tenemos que potenciar la financiación privada, como comentaba en mi post hace unos meses. Más financiación privada llevará a que se reduzca el riesgo de acumulación y se equiparen los intereses de prestamista y prestatario.

Los datos de 2013 muestran que el proceso de desapalancamiento privado en España ha sido más rápido de lo estimado, con la deuda privada en niveles de 2006, y eso es positivo. Y por favor, no me digan eso de que “se ha transferido deuda privada a la pública”. Hemos acumulado un déficit público de más de 450.000 millones de euros desde 2008 y menos de 67.000 millones suponen ayudas y rescates computados dentro de dicho déficit.

El crédito como lo conocíamos no va a volver. Porque era una locura. Bajar a la sucursal bancaria de la esquina y que te dieran dos préstamos en un par de días es cosa de un pasado que deberíamos evitar como una plaga.Y todo ello es bueno para una economía más sostenible y menos orientada a mantener burbujas. La actividad de préstamo industrial en sectores de alta productividad continuará mejorando, estoy convencido. Tenemos más de 120.000 empresas exportadoras que son capaces de crecer sin endeudarse en siete veces sus resultados operativos. Eso, señores, no era invertir, era jugar a la ruleta. Ante un escenario de perspectivas económicas razonablemente positivas, veremos que el crédito seguirá mejorando. Pero no el exceso de crédito.