Durante las últimas semanas hemos escuchado reiteradamente la cantinela de que el Tribunal de Cuentas ha constatado en su informe anual de 2011 que la gestión pública de ciertos servicios municipales resulta más barata que su concesión a una empresa privada. El argumento que suele aducirse es que con la gestión pública nos ahorramos el sobreprecio que hay que abonarle a la empresa privada para que amase beneficios: dado que en el sector público no hace falta obtener ganancias, el coste resulta mucho más asequible. Visto desde este ángulo, pues, el único motivo para externalizar la prestación de los servicios municipales sería el de engrosar las cuentas de resultados de ciertos lobbistas desalmados a costa de los contribuyentes: la conspiración neoliberal quedaría así descubierta. Bonita historia pero, como de costumbre, falsa.

¿Qué dice realmente el Tribunal de Cuentas?

Comencemos relatando fidedignamente los hechos. En efecto, si uno acude a las tablas del Informe de Fiscalización del sector público local, ejercicio 2011, comprobará que el coste por habitante en tres de los cinco servicios municipales analizados es sustancialmente superior en el caso de los ayuntamientos que los externalizan a una concesionaria que en aquellos otros que los gestionan directamente: 53,6 euros por habitante frente a 44,1 en el caso del abastecimiento de agua potable; 27,8 euros frente a 16,2 en el caso del servicio de limpieza, y 53,9 euros frente a 42,5 euros en la recogida de residuos sólidos urbanos. En cambio, la gestión privada fue más barata que la pública en el alumbrado público (24,6 euros por habitante frente a 33,6) y en el servicio de cementerio (4,59 euros por habitante frente a 4,66).

Aparentemente, por tanto, la gestión privada es inferior a la pública en tres de las cinco rúbricas tratadas. Mas esta conclusión resulta harto engañosa: el Tribunal de Cuentas reitera que, en los cinco servicios municipales estudiados, los ayuntamientos que gestionan por sí mismos esos servicios sólo le han proporcionado datos de sus costes directos (gastos de personal y corrientes), pero no de los indirectos o de la amortización, de ahí que la comparativa que efectúa sea sólo parcial, esto es, costes directos para la gestión pública frente a costes totales (directos, indirectos y amortización) para la gestión privada. Citemos a modo de ejemplo el párrafo referido a los servicios de limpieza:

Se ha obtenido información relativa a los costes de prestación del servicio de limpieza viaria en los ayuntamientos analizados. En los casos de gestión directa, en los que el ayuntamiento debía aportar información completa sobre los costes de personal, en bienes corrientes y servicios y costes financieros, así como de las amortizaciones y costes indirectos en caso de conocerse, se han obtenido datos del 83% de las entidades que eligieron esta forma de gestión, si bien sólo el 15% de ellas aportaron datos referidos a las amortizaciones y costes indirectos, por lo que los estudios se realizan sólo respecto a los costes directos aportados. Por su parte, el 73% de las entidades que eligieron cualquiera de las restantes formas posibles de gestión ha aportado datos respecto del coste que supuso para la entidad la prestación del servicio.

En suma, el Tribunal de Cuentas compara sólo una parte de los costes de la gestión pública con la totalidad de los costes de la gestión privada y los medios de comunicación rápidamente concluyen que la gestión pública es más barata que la privada. Disparatado, sobre todo porque, en dos de los cinco servicios municipales analizados, incluso con esa comparación parcial y sesgada, resultan más asequibles los privados.

El mal argumento de los beneficios

La explicación más extendida sobre por qué la gestión pública tiende a ser más asequible que la privada es que la empresa aspira a ganar dinero y, para ello, ha de incrementar los precios. En cambio, el sector público carece de ánimo de lucro, de modo que puede ofrecer tarifas más competitivas.

Desde luego, se trata de un argumento muy extendido entre políticos, periodistas y pensadores socialistas que, empero, debería horrorizar a aquellos que tengan alguna conexión ideológica con el marxismo. A la postre, Marx sostenía que la plusvalía (y, en última instancia, el beneficio capitalista) procedía de horas trabajadas por los obreros y no remuneradas por los capitalistas. De ahí que el obrero estuviera explotado: trabajaba un tiempo que no cobraba y parte de su subproducto le era arrebatado por el capitalista. Adaptando esta explicación a la gestión pública de los servicios municipales, sólo caben dos posibilidades: que los beneficios se los apropien enteramente los empleados públicos (en cuyo caso, el servicio público no sería más barato que el privado: únicamente los beneficios redundarían en los trabajadores en lugar de en el capitalista) o que, en efecto, esos beneficios no existan (en cuyo caso, los empleados públicos estarían siendo explotados por la Administración, ya que trabajarían un tiempo durante el que no serían remunerados, gracias a lo cual el servicio público resultaría más barato). ¿Hemos de concluir que la baratura del servicio público se debe a la explotación estatal de los empleados públicos?

Chascarrillo marxistoide al margen, ya hemos explicado en otras ocasiones que el beneficio es un fenómeno indisociable de los intercambios sociales y que tiene dos componentes. Uno, lo que podríamos llamar “beneficio extraordinario” que deriva de producir más barato o con mayor calidad que la competencia. Otro, que podríamos llamar “beneficio ordinario” que se explica porque toda inversión requiere un muy considerable adelanto de capital y la remuneración por tiempo y por riesgo de ese capital constituye el beneficio ordinario (o, dicho de otra forma, el tipo de interés). Que haya beneficios extraordinarios no es algo negativo: una empresa lo hace mejor que el resto y, por eso, transitoriamente obtiene más ganancias. Que haya beneficios ordinarios tampoco es negativo: alguien ha de soportar el coste de adelantar el capital necesario para invertir y ese coste de capital debe ser remunerado. Cuando el sector público provee un servicio, son los ciudadanos, a partir de sus impuestos, quienes adelantan todo el capital necesario para adquirir los bienes de capital fijos que usarán los empleados públicos (y cuyo importe queda reflejado en las partidas de costes indirectos y de amortización que el Tribunal de Cuentas ha obviado en sus cálculos); otra opción, claro, sería que las administraciones públicas le pidieran prestado a un tercero ese capital en lugar de arrebatárselo a los ciudadanos, pero en ese caso le pagarían intereses a su acreedor, y esos intereses jugarían exactamente el mismo papel que los beneficios de una empresa concesionaria.

Por tanto, la gestión pública sólo se ahorra el “coste” de los beneficios ordinarios en el sentido en que se los expropia al ciudadano (el ciudadano está forzado a adelantar todo el capital necesario para prestar esos servicios y, en cambio, no se le remunera el alquiler de ese capital). ¿Lo vuelve eso más barato que una concesionaria? Sólo en el mismo sentido en que podríamos decir que los servicios públicos desempeñados con trabajos forzosos y no remunerados son más baratos que los servicios por concesionaria: lo son porque el coste laboral no se remunera y no se explicita, aunque sí existe (lo internaliza por entero el trabajador). En el fondo, decir que la gestión directa sale más cara que la concesión por ahorrarnos los beneficios empresariales es como decir que el alquiler de un inmueble privado por parte de una Administración Pública sale más caro que su compra. Justamente, el alquiler es un pago que se efectúa para evitar comprarlo, es decir, para evitarnos realizar una fuerte inversión inicial quitándole un dinero a la gente que preferiría evitar en otras funciones.

Las concesiones no son libre mercado

Pese a este aparente alegato a favor de las concesiones de servicios municipales a empresas privadas, conviene remarcar que el modelo ideal del liberalismo frente a la gestión pública no es el de las concesiones, sino la libertad de mercado. Libertad de mercado no es que el político nos siga arrebatando nuestro dinero para entregárselo a una empresa privada en lugar de a una pública, sino que los ciudadanos decidan qué hacer y cómo gestonar sus vidas y sus propiedades… también en los servicios municipales.

Ciertamente, las concesiones competitivas tienen ventajas frente a la gestión pública directa: básicamente, el ayuntamiento dispone de múltiples ofertas (en términos de calidad y de precio) a la hora de prestar un servicio municipal. En la medida en que muchas opciones suele ser preferible a una sola opción, las concesiones parecen preferibles a la gestión directa. Ahora bien, las concesiones también son un terreno totalmente abonado a la corrupción estatal por parte de los grupos de presión. No es un problema exclusivo de las concesiones —los empleados públicos también son un lobby gigantesco que presiona a los políticos para obtener prebendas a costa de los contribuyentes—, pero acaso pueda en ocasiones verse magnificado por las características propias del proceso de concesión.

De ahí que la solución liberal no consista en combinar una oferta de servicios municipales liberalizada con un demanda administrada políticamente, sino en liberalizar oferta y demanda. Eso es justamente lo que propongo en mi libro Una revolución liberal para España: privatizar la provisión de servicios municipales devolviéndoles su gestión y administración no a los políticos, sino a los propietarios de los inmuebles que componen una ciudad y que deberían ser, a su vez, ser los copropietarios de sus espacios comunes.

En Estados Unidos (…) el coste de la medicina preventiva se ha socializado a través de los seguros, de manera que su demanda (y su coste) se ha disparado. Para que nos hagamos una idea, en 2009 se realizaron 91 resonancias magnéticas por cada 1.000 estadounidenses y 228 tomografías computarizadas: un 50 % más que en Francia y más del doble que en España, Canadá o Reino Unido. Asimismo, se sometieron a un test de cáncer cervical y a una mamografía el 86 % y el 81 % de la población femenina de riesgo, dos de las tasas más elevadas del mundo (en España, por ejemplo, rondaron el 73 %).

En suma, la socialización de los costes sanitarios a través de los seguros públicos y privados ha cebado un tipo de demanda sanitaria especialmente cara: la demanda por servicios premium y preventivos. Una demanda que, para más inri, es bastante insensible a las alzas de precios: aunque los proveedores incrementen el precio demandado por sus servicios (con el propósito no sólo de aumentar sus beneficios, sino también de abonar salarios crecientes al personal sanitario y de adquirir las últimas tecnologías sanitarias a cualquier coste), la demanda no decae sustancialmente. Difícil en este contexto que la competencia opere: aunque el aumento de precios dé lugar a un incremento de la oferta de servicios sanitarios, la demanda de los mismos crece todavía más rápido con independencia de su precio.

De hecho, el estudio más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre los sobrecostes de la sanidad estadounidense, a cargo de la consultora Mckinsey (…), concluye que la porción más significativa de esos sobrecostes se concentró en 2005 en los servicios ambulatorios. De no ser por esa porción de los sobrecostes, Estados Unidos habría gastado ese año en sanidad un porcentaje de su PIB (11,5 %) muy similar al de Suiza y Alemania (10,8 %). Pero ¿a qué se debe el sobrecoste ambulatorio? (…) La descentralización de parte de las funciones médicas a los ambulatorios debería contribuir a minorar significativamente el coste sanitario: los ambulatorios tienden a estandarizar el tratamiento, reducen la duración de las estancias y requieren de menor personal cualificado. El propio informe de Mckinsey reconoce que, efectivamente, el mero uso de los ambulatorios debería haber contribuido a una minoración de los costes totales del sistema de entre 100.000 y 120.000 millones de dólares, pero fueron otras prácticas perversas superpuestas al desarrollo del servicio ambulatorio las que realmente dispararon los costes en esta rúbrica por un monto de 436.000 millones: en concreto, el empleo abusivo de caros mecanismos de diagnóstico como consecuencia de una creciente demanda sanitaria absolutamente insensible a las alzas de los precios. Dado que los usuarios pueden demandar una gigantesca cantidad de servicios sanitarios sin soportar directamente su coste, éste tiende a dispararse sin que por ello contribuya a moderar la intensidad de la demanda.  

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Aquellos entornos cuyo uso sea indivisible y genere numerosas externalidades sobre terceros serán difícilmente gobernables en régimen de propiedad privada individual: por ejemplo, un río es difícil que pueda trocearse en numerosas propiedades privadas individuales, por cuanto el uso que se efectúe en su curso alto afecta inevitablemente a los usuarios ubicados en los cursos medios y bajos. En general, los ecosistemas no pueden administrarse mediante la suma de propiedades privadas individuales: son sistemas tan complejos e interdependientes que las externalidades suelen ser de una complejidad mayor a la que puede acotarse y cuantificarse de un modo muy específico; o dicho de otro modo, las relaciones de causalidad lejos de ser inequívocas son bastante ambiguas (no queda claro quién es responsable de qué consecuencias negativas y, por tanto, es muy complicado establecer los términos de una negociación y de un reparto de costes).

En tales casos, la solución que históricamente se ha tendido a desarrollar ha sido la propiedad privada comunal sobre los ecosistemas (tierras de labranza, caladeros de pesca, acuíferos, bosques o cuencas hidrográficas). La propiedad privada comunal mantiene, por un lado, varias de las ventajas de la propiedad privada individual (la protección del medio ambiente coincide con el interés de los comuneros) y, por otro, evita algunos de sus defectos (la dificultad de internalizar las externalidades): y es que el poder de actuación de los comuneros dentro del ecosistema no es ilimitado, sino que queda sometido a las instituciones comunales, entendidas éstas como el conjunto de normas y de órganos gestores que se han desarrollado a través de la negociación entre los comuneros, de su conocimiento, de su experiencia y de su adaptación ante los cambios del entorno. El propósito de esas instituciones comunales es el de repartir los frutos del ecosistema entre los comuneros pero evitando degradar el ecosistema que proporciona tales frutos.

Ejemplos exitosos de propiedades privadas comunales los hay muy abundantes en todas las regiones del planeta: las tierras de labranza en el 80 % del territorio suizo, en tres millones de hectáreas japonesas y en muchos puntos del norte de España son propiedad comunal desde el siglo xvi; los sistemas de riego en Nepal, en Nuevo México (acequias), en el Valle de Aosta (consorzi), en Filipinas (zanjera), en Indonesia (subak), Tailandia (muang-fai) o en el levante valenciano (Tribunal de las Aguas de Valencia) y murciano administran eficientemente la escasa agua de estos territorios mediante regímenes de propiedad comunal; los bosques alrededor del río Chapere por parte de los yucararé en Bolivia o en Raniswara y Churiyamai, en Nepal, son otros ejemplos exitosos de conservación y reforestación por parte de comunidades privadas; y también los acuíferos en Finlandia, dos tercios de todas las carreteras suecas o los caladeros de pesca de Maine y Japón son bienes comunales. Llamativo es el caso de los elefantes en Botsuana, Malaui, Namibia o Zimbabue, los cuales son propiedad de las comunidades locales que, al encargarse de explotarlos comercialmente y protegerlos de los cazadores furtivos, han logrado en apenas un cuarto de siglo cuadruplicar su población mientras ésta seguía declinando en el resto de África (…).

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Es un fenómeno tristemente habitual el pensar que, antes del advenimiento del Estado de Bienestar, la inmensa mayoría de la sociedad estaba del todo desamparada ante adversidades tan frecuentes como la enfermedad, los gastos funerarios, las enfermedades no aseguradas, la jubilación o la incapacidad. Y, ciertamente, la magnitud de la asistencia social hace 150 años era mucho menor que con los actuales Estados de Bienestar, pero no porque no hubiese instituciones sociales que permitieran contrarrestar las anteriores adversidades sino, simplemente, porque Occidente hace 150 años era mucho más pobre que ahora. O dicho de otro modo, aun cuando hace 150 años se hubiesen instalado Estados de Bienestar, éstos habrían proporcionado una asistencia social mucho más escasa que la actual. Ahora bien, con el nivel de riqueza disponible en la época, la extensión y variedad de la red de asistencia social voluntaria que emergió espontáneamente por todo Occidente resulta asombrosa y digna del mayor de los encomios.

La pata fundamental de ese sistema de asistencia social eran las sociedades de ayuda mutua. Su participación por parte de la población era muy amplia, especialmente para los estándares de riqueza de la época: a comienzos del s. XX, se estima que uno de cada tres hombres en EEUU pertenecían a una sociedad de ayuda mutua (…) y que tres cuartas partes de la población inglesa que en 1911 pasó a estar cubierta por la recién creada Seguridad Social ya lo estaban por las más de 9.000 friendly societies existentes en el país (…). El fenómeno no se restringía al mundo anglosajón, sino que en mayor o menor medida se extendía por todo el continente europeo (…).

Los servicios que ofrecían estas sociedades de ayuda mutua eran muy variados: la asistencia más común era la compensación por los sueldos perdidos en caso de enfermedad y el pago de los gastos por funeral, pero a lo largo del s. XIX fue haciéndose cada vez más frecuente que también cubrieran los desembolsos sanitarios, los seguros de vida, las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad o incluso los gastos de viaje por cambio de trabajo (…). Los medios con los que contaban para tales fines no eran simplemente testimoniales, pues fueron capaces de crear orfanatos (71 sólo en EEUU, por ejemplo), asilos u hospitales punteros para su época.

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En conjunto, por consiguiente, el peso del Estado se reduce desde casi 480.000 millones (equivalente al 45% del PIB) hasta 50.000 millones (menos del 5% del PIB), permitiendo una análoga reducción de la carga tributaria que soportan unos fiscalmente esclavizados ciudadanos. De hecho, por los motivos ya expuestos, el Estado mínimo podría ser mucho menor: si la asistencia social estatal deviniera innecesaria y una mayor parte de los servicios de justicia y de seguridad fueran externalizados enteramente al sector privado, el peso final del Estado se acercaría al 1,5% del PIB.

Tal como hemos explicado, esta considerable limitación del tamaño y de la coacción del Estado no sólo no deterioraría la calidad y disponibilidad de los servicios que reciben los ciudadanos, sino que los mejoraría y abarataría para su inmensa mayoría. Tentativamente, podemos elaborar el presupuesto familiar de dos tipos de familias bastante extendidos.

El primero sería el de un soltero sin hijos que actualmente percibe el salario modal de España (15.500 euros) y que, en el modelo de Estado mínimo planteado, vería cómo sus impuestos abonados se reducirían en 8.300 euros. Con esta cantidad debería poder hacer frente a los servicios municipales y a las infraestructuras utilizadas (cuyo coste dependería de multitud de factores, como el número de veces que usa las carreteras interurbanas o los servicios contratados en la comunidad donde habita, pero que no tendría por qué superar como media los 1.000 euros anuales, en línea con los cálculos anteriores), a la sanidad (que ya hemos estimado antes en unos 1.500 euros anuales), a la contratación de seguros variados para hacer frente al riesgo de paro o a la discapacidad, y finalmente a su ahorro para las pensiones (le restarían unos 5.300 euros anuales que permitirían abonarle, tras 40 años de jubilación, una pensión un 50% superior a la actual, así como amasar un patrimonio de 760.000 euros).

El segundo modelo de familia sería el de dos padres con un hijo. En tal caso, los gastos serán muy similares a los anteriores, pero existirán ciertas economías de escala: por ejemplo, la cuota de comunidad en la urbanización no será mucho mayor en tanto se pagaría por propiedad y los gastos sanitarios del hijo serían algo menores a los de los adultos (…). A cambio, esta familia debería soportar los gastos educativos de su hijo, que asumiendo un coste medio de 3.500 euros anuales durante 17 años de educación obligatoria y superior llegaríamos a un coste medio prorrateado durante toda la vida laboral de 1.500 euros. En tal caso, esta familia podría ahorrar para su jubilación unos 8.600 euros anuales, lo que al cabo de toda una vida laboral arrojaría un patrimonio conjunto de más de 1,2 millones de euros y una pensión un 20% superior a la que tendría derecho con el sistema actual.

NOTA: Este texto está compuesto de varios pasajes de Una revolución liberal para España, el más reciente libro de Juan Ramón Rallo, publicado por Deusto y que se presentará este martes en Madrid, a las 19:00, en la Fundación del Pino.

Resulta casi de Perogrullo señalar que el PP, como el resto de formaciones políticas, es una máquina de poder sin demasiados escrúpulos. Apenas atendiendo a sus decisiones y actuaciones políticas, uno puede constatar de inmediato su absoluta ausencia de cortapisas morales a la hora de mentir compulsivamente con el propósito de saquear al ciudadano y de acaparar todavía más poder para los suyos. No son pocos quienes creen que la política debería ser otra cosa, algo más noble y dignificante; pero si uno ha interiorizado las lecciones básicas de Buchanan y Tullock, ya debería ser consciente de que, en los Estados modernos, la política es lo que es y no lo que románticamente querríamos que fuese: a saber, el arte de parasitar al ciudadano en beneficio de los grupos de presión organizados, llámense partidos políticos, sindicatos, patronales o grandes empresas afines al poder.

Precisamente por ello, resulta tan crucial que los súbditos de ese mastodóntico poder político sean conscientes de la necesidad de limitarlo y de mantenerlo a raya: una vez se acepta que no es ético utilizar la violencia contra terceros en beneficio propio y que, a la larga, los recortes de las libertades ajenas terminan repercutiendo negativamente sobre uno mismo, el poder político deja de ser observado como un oscuro objeto de deseo y pasa a ser considerado un peligroso monstruo que debe ser reducido a su mínima expresión posible. Como decía acertadamente Washington, el Estado “es un sirviente peligroso y un amo temible”.

Por desgracia, en la actualidad muchos ciudadanos han terminado aceptando la legitimidad de la violencia siempre que sea refrendada por una amplia mayoría social o siempre que tenga propósitos aparentemente nobles. La imperiosa necesidad de limitar el poder político ha pasado a un segundo plano y ha sido reemplazada por la ambición oportunista de formar coaliciones electorales mayoritarias para instrumentar ese poder político en beneficio propio. La sociedad deja de ser un ámbito de relaciones humanas pacíficas, voluntarias y mutuamente beneficiosas para convertirse en un campo de batalla donde los distintos grupos organizados perpetran una guerra civil fría con tal de acaparar porciones del poder político.

Es aquí donde el mensaje regenerador del liberalismo resulta tan apremiante: es urgente dejar de endiosar la coacción estatal como el deus ex machina capaz de resolver todos los problemas sociales para volver a considerarla el origen de muchos de esos problemas; dicho de otra forma, es urgente retirarle el cheque en blanco que muchos ciudadanos le han otorgado al Estado y a los políticos para recuperar la sociedad civil en toda su esencia. Eso es justamente lo que defiendo y promuevo en mi nuevo libro, Una revolución liberal para España: el Estado no es en absoluto necesario para la inmensa mayoría de funciones que tendemos a atribuirle (servicios municipales, protección del medio ambiente, construcción de infraestructuras, monopolio de la moneda, apoyo a la I+D, provisión de la educación, la sanidad, las pensiones o la asistencia social…) y, por tanto, no deberíamos aceptar ser sus siervos.

Las “utopías liberales”

Los partidos políticos, evidentemente, sienten una profunda y arraigada alergia hacia todo mensaje liberal que le recuerde a la ciudadanía cuál es el sano y recto propósito de su implicación en la vida pública: no el sometimiento a las élites partidistas, sino la eterna vigilancia para garantizar en todo momento la máxima limitación posible del poder político. En ocasiones, algunos políticos —especialmente dentro del PP— han intentado asimilar el mensaje liberal, portando propagandísticamente su estandarte para así desactivar cualquier incipiente movilización liberal dentro de la sociedad civil. Por fortuna, esa impostura popular parece que se halla en irreversible retirada: su reciente comportamiento gubernamental ha sido lo suficientemente elocuente como para que nadie que no se halle cegado por el sectarismo ideológico les siga identificando con el liberalismo. Superada, pues, la fase de intento de asimilación, anulación y desactivación desde dentro, parece que desde el PP han pasado a un segundo nivel: aceptando su antiliberalismo rampante, proceden a cargar contra el liberalismo. Sólo hay un problema: su vaciedad ideológica es tal que las críticas que hasta ahora han alcanzado a articular sólo sirven para reforzar las tesis liberales.

Así, este pasado miércoles, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cargó en el Círculo de Empresarios contra “las utopías liberales” porque, a su juicio, “no sirven para ganar elecciones”. Sintomático arribismo, el de Montoro, que sólo visualiza lo que muchos veníamos denunciando: el PP es un partido populista y sin convicciones, cuya finalidad no es la de defender las libertades de los ciudadanos, sino mantenerse en el poder a cualquier precio.

Cual maquiavélico príncipe del antiliberalismo, Montoro rechaza el liberalismo por utópico, azuzando además el miedo a que, si los ciudadanos no se contentan con una opción centrista y pragmática como la del PP, correrán el riesgo de caer en manos de otros partidos (supuestamente) más ultramontanos. Pero el liberalismo no tiene nada de utópico: como demuestro en Una revolución liberal para España, se trata de una alternativa absolutamente realista y pragmática en todos los ámbitos sociales. Lo que dificulta su despliegue no es su irrealidad, sino la mayoritaria mentalidad liberticida de unos ciudadanos capaces de encumbrar al poder a voraces arribistas como Montoro.

Por ello, cuando el ministro de Hacienda nos pide que nos olvidemos del liberalismo, lo que está haciendo es pidiéndonos que le consistamos seguir reprimiendo nuestras libertades. Lo que nos reclama es que aceptemos ser sus rehenes y que asumamos que él es nuestro mejor carcelero posible de entre las nefastas opciones existentes. Lo utópico, a su juicio, es salir de la jaula; lo distópico, a mi juicio, es quedarse en ella bajo la batuta de personas obsesionadas con conservar su poder y sus prebendas parasitando a los ciudadanos. A la postre, produce auténtico pavor pensar cómo deben ejercer tales políticos ese poder cuasi absoluto que hoy detentan cuando ya desde un comienzo reconocen, sin tabú moral alguno, que su mayor propósito es, simple y llanamente, llegar al poder. Poder por poder, en beneficio propio a costa de los demás.

Mensajes antiliberales como el de Montoro no deberían desalentar a los liberales. Al contrario, deben servir como estímulo y constatación de la importancia del liberalismo. Ser idealista no es malo, en tanto en cuanto el idealismo nos marca el horizonte último hacia el que debemos tratar de tender: un mundo sin crímenes es un objetivo idealista, pero no por ello debemos ser complacientes con el crimen y asumirlo como un pragmático e inexorable resultado. Asimismo, y aplicado al caso de Montoro, lo único verdaderamente distópico es creer que políticos amorales como él —y como todos los restantes que pueblan el arco parlamentario— son quienes mejor procurarán por nuestras libertades y por nuestro bienestar: no, justamente su existencia y su mensaje prueban que el liberalismo es más necesario que nunca para proteger nuestras libertades.