¿Cuál es la pieza clave en la construcción de la jaula totalitaria? Sencillo: la eliminación real de la separación de poderes, aunque se mantenga la fantasía formal de que continúa existiendo.
Lo explico.
Max Weber describió el fenómeno y acuñó la frase "monopolio de la violencia". Lo hizo en La política como vocación. Era la facultad que tenían los Estados para castigar. Sólo a ellos les correspondía la responsabilidad de multar, encarcelar, maltratar y hasta matar a quienes violaban las reglas.
Podían, eso sí, delegar esa facultad, pero sin renunciar a ella. Permitir mafias y bandas paramilitares que actúan al margen de la ley descalificaba totalmente al Estado. Era una disfuncionalidad que lo convertía en una entidad totalmente fallida, en la medida en que abdicaba de una de sus responsabilidades esenciales.
No obstante, el Estado, si se acomodaba al diseño republicano, incluso si se trataba de una monarquía constitucional, no podía recurrir a los castigos sin que lo decidiera una corte independiente. Este tribunal, a su vez, debía interpretar una ley previa, y sancionar de acuerdo con un Código Penal igualmente aprobado por un Parlamento independiente.
El Barón de Montesquieu, lector de John Locke, lo había propuesto en 1748 en el Espíritu de las leyes: el Estado debía fragmentar la autoridad en tres poderes independientes y de rango similar para evitar la tiranía. Las monarquías absolutistas reunían en el soberano esas tres facultades y eso, precisamente, las hacía repugnantemente autoritarias.
Si quien castigaba se arrogaba las facultades de hacer las reglas y de aplicarlas, la sociedad, carente de protección, se convertía en rehén de sus caprichos. Los gobernantes podían hacer de ella y con ella lo que les daba la gana.
Ese elemento –la separación de poderes– era la médula de las repúblicas creadas los siglos XVIII y XIX tras las revoluciones norteamericana, francesa y, por supuesto, latinoamericanas. De alguna manera, era la garantía de la libertad.
Este preámbulo viene a cuento del bochornoso espectáculo de la Venezuela de Nicolás Maduro, donde los paramilitares en sus motos, amparados por la complicidad del Gobierno, asesinan impunemente a los manifestantes que ejercen su derecho constitucional a manifestarse pacíficamente.
Viene a cuento de un Parlamento convertido en un coso taurino en el que se lidia a la oposición, se le clavan banderillas, se golpea a los diputados que protestan, o los expulsan arbitrariamente, como hicieron con María Corina Machado, y se dictan medidas ajustadas a las necesidades represivas de la oligarquía socialista que gobierna.
Si Maduro necesita eliminar las manifestaciones de los estudiantes o encerrar a los alcaldes que protestan, o a los líderes a los que teme, como a Leopoldo López, solicita las normas, hechas a la medida por tribunales o por parlamentarios obsecuentes, y da la orden a los cuerpos represivos para que actúen.
Viene a cuento de unos tribunales que sentencian con arreglo a la voluntad del Poder Ejecutivo, porque la ley ha dejado de ser una norma neutral para convertirse en un instrumento al servicio de la camarilla gobernante, empeñada en arrastrar por la fuerza a los venezolanos hacia "el mar de la felicidad" cubano.
Un país, Cuba, donde, como en cualquier dictadura totalitaria, sencillamente no creen en las virtudes de la separación de poderes y repiten, con Marx y con Lenin, que ésa es una zarandaja de las sociedades capitalistas para mantener los privilegios de la clase dominante.
Esta falsificación de las ideas republicanas –las de Bolívar y Martí, las de Juárez– van gestando una nueva facultad propia de este tipo de Estado: desarrollan el monopolio de la intimidación. Gobiernan mediante el miedo. Ese es el elemento que uniforma a la sociedad y la convierte en un coro amaestrado.
Como quienes mandan hacen las leyes y juzgan e imponen los castigos, acaban por generar un terror insuperable entre los ciudadanos e inducen en ellos una actitud de sumisa obediencia que suelen transmitirles a los hijos para que no se metan en problemas.
La víctima termina por colaborar con su verdugo. Ése exactamente es el objetivo. Una vez que las tuercas han sido convenientemente apretadas y la jaula perfeccionada, el común de la gente, con la excepción de un puñado de rebeldes, aplaude y baja la cabeza.
En ese punto ya no existen vestigios de la separación de poderes.
Michel Barnier, comisario europeo de Mercado Interior, conservador, declaró:
Se había desregulado todo desde hacía 30 años, en una especie de ola ultraliberal, una caricatura del liberalismo, apoyada tanto por la izquierda como por la derecha. Ahora regresamos a una economía social de mercado, a una regulación inteligente.
Y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, también de la derecha peronista, celebró la designación de su secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, como candidato a la presidencia del PP en Andalucía y a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas con estas palabras:
Es un compañero comprometido, valiente y con gran sensibilidad social.
La economía social de mercado tiene una larga tradición en Europa, y en particular en Alemania, donde la noción fue inventada en los años 1940, tuvo un considerable auge político gracias a la figura de Ludwig Erhard y se ha mantenido allí en pie hasta hoy. En su origen estuvo la primera aparición de la expresión neo-liberalismo, porque la economía social de mercado buscó distinguirse del liberalismo decimonónico manchesteriano y apoyó a la vez la competencia y la intervención política, empezando, precisamente, por la defensa de la competencia, porque ya entonces se había impuesto la ficción de que el mercado tiende a autodestruirse generando monopolios.
Por eso algunos denominaron a la economía social de mercado la tercera vía entre mercado y Estado, entre capitalismo y socialismo, y ha tenido el respaldo de pensadores vinculados al cristianismo en general y al catolicismo en particular, cuya Doctrina Social también alberga elementos partidarios y hostiles al liberalismo (cf. "Tensión económica en la Centesimus Annus"). Incluso podemos sospechar que tiene que ver con la llamada síntesis neoclásica, que, como es sabido, simpatizó algo, o a veces bastante, con el mercado en la microeconomía a la hora de asignar recursos pero reclamó la imprescindibilidad del intervencionismo en la macroeconomía no sólo por fallos del mercado, descubiertos astutamente en la micro, sino por un abanico de razones macro que iban desde la estabilidad financiera hasta la justicia social.
Todo esto es estupendo y tranquiliza muchas conciencias, que para eso están las doctrinas al fin y al cabo. Lo malo que tiene es que parte de una falacia y termina ofuscando la comprensión de la realidad. Es una falacia sostener que el mercado y el Estado sean males análogos de los que convenga equidistar. Partiendo de esto es fácil resbalar hacia el disparate del señor Barnier, que seriamente cree o pretende hacernos creer que en las últimas tres décadas (justo después de la caída del Muro, lo que no es casual) hemos vivido sin impuestos, sin gasto público y sin Estado, en una "ola ultraliberal" donde se desreguló… ¡todo! Esto no es verdad, y es imposible que don Michel no sepa que no es verdad.
Pero en política, y en lo relativo a los asuntos humanos, importa tanto la verdad como lo que prefiramos pensar que es la verdad. Y en eso llega Fátima Báñez y se pone a describir a una persona que es como ella, es decir, que no tiene oficio conocido más que el de la política, ni pensamiento conocido más que la corrección política antiliberal. ¿Cómo describir a una persona así? Pues, lógicamente, asegurando que tiene "gran sensibilidad social". Eso es, social. Vamos, como la Madre Teresa de Calcuta.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lleva una semana prometiéndonos que entre 2015 y 2016 el Partido Popular honrará sus malogrados compromisos electorales y, finalmente, bajará impuestos. En concreto, Montoro ha cifrado la rebaja fiscal en 7.600 millones de euros: un guarismo apreciable que previsiblemente hará las delicias de aquellos simpatizantes desengañados con un Ejecutivo más socialista que el de Zapatero. Un rayo de esperanza ante tanto oscurantismo fiscal: ¿acaso no terminará siendo cierto que, tal como prometió el ministro de Hacienda tras el primer rejonazo en el IRPF, "al final de la legislatura todos los contribuyentes pagarán menos impuestos que al comenzarla"?
Por supuesto, y dado el historial embustero de Montoro, la devaluada palabra del ministro no constituye un asidero de credibilidad demasiado robusto. Lo ideal sería encontrar otras referencias algo más confiables para poder contrastar obras con razones. Y, por fortuna, el propio Gobierno de Montoro ha remitido recientemente a Bruselas la Actualización del Programa de Estabilidad: 2014-2017, donde especifica con cierto detalle los movimientos tributarios que realmenteplanea efectuar el PP a lo largo de los próximos años.
Así, el cuadro de la página 42 del mentado documento contiene el desglose recaudatorio de las principales modificaciones tributarias practicadas desde 2012 y previstas hasta 2016. En él, efectivamente, se contempla una merma de recaudación por IRPF y Sociedades de 0,68 puntos del PIB entre 2015 y 2016: aproximadamente, los 7.600 millones de euros prometidos por Montoro.
Parecería que, por una vez, el ministro de Hacienda sí ha dicho la verdad. Mas echándole una segunda ojeada al cuadro, las dudas deberían comenzar a asaltarnos muy seriamente. Por ejemplo, es verdad que en 2015 se modificará la legislación tributaria para que el IRPF se reduzca en 0,23 puntos del PIB y el Impuesto de Sociedades en 0,06, pero es que, simultáneamente, también se reformará el IVA, los impuestos autonómicos y municipales o las cotizaciones sociales para recaudar 0,44 puntos adicionales, de manera que la prometida rebaja de impuestos en el año 2015 se quedará, en realidad, en una subida de 0,15 puntos del PIB (unos 1.600 millones de euros más).
Todavía peor: el cuadro anterior sólo refleja los efectos recaudatorios de las reformas fiscales sobre el año en el que son aprobadas. Eso no significa que sus efectos queden circunscritos a ese año, sino simplemente que el cuadro no los presenta de manera acumulativa. Por ejemplo, en el año 2012 el Gobierno modificó el IRPF con unos efectos recaudatorios estimados de 0,35 puntos del PIB; a su vez, en el año 2013 el Gobierno volvió a modificar el IPRF para recaudar, esta vez, 0,22 puntos del PIB adicionales: pero esos 0,22 puntos no eran sustitutivos de los 0,35 de 2012, sino aditivos, es decir, a finales de 2013 el IRPF recaudaba 0,57 puntos sobre el PIB más que a comienzos del 2012 como consecuencia de los rejonazos tributarios practicados por Montoro.
Con tal de arrojar algo de claridad a las cifras presentadas por el Gobierno a Bruselas, vamos a convertir el cuadro anterior en uno nuevo donde se presente el efecto acumulado con respecto a 2011 de las reformas tributarias de Montoro y de sus sosias autonómicos y municipales (para no herir sensibilidades, no incluimos como aumento de impuestos las rúbricas relativas a la lucha contra el fraude fiscal). Así, por ejemplo, la celda de IRPF del año 2015 contendrá la recaudación adicional del IRPF en el año 2015 como consecuencia de todas las reformas practicadas sobre esta figura tributaria (tanto al alza como a la baja) con respecto al año 2012.
Pues bien, una vez traducido el cuadro a unas cifras más inteligibles, el escenario que arroja es simplemente deplorable: en el año 2016, Montoro decretará una rebaja neta de impuestos de 800 millones de euros tras haberlos aumentado, entre 2012 y 2015, en 43.000 millones de euros.
Así pues, y según las propias previsiones del Partido Popular, en el año 2016 los españoles pagaremos 42.000 millones de euros más que antes de su llegada al poder. En contra de lo que ha prometido Montoro, los impuestos ni siquiera bajarán en el período de 2015-2016 con respecto a 2014: es verdad que la recaudación por IRPF y Sociedades menguará en unos 7.500 millones de euros, pero a cambio el IVA y el resto de figuras tributarias aumentarán su voracidad en 8.200 millones de euros.
Oh sorpresa, el ministro de Hacienda ha vuelto a mentir y lo ha hecho por partida doble. Primero, porque el conjunto de los impuestos no bajarán en el período 2015-2016 con respecto a 2014 sino que, por el contrario, seguirán aumentando en 700 millones de euros. Segundo, y principal, porque es rematadamente falso que los contribuyentes españoles vayamos a pagar a finales de 2015 menos impuestos que a finales de 2011: el Partido Popular (al frente del gobierno central y de prácticamente todos los estamentos autonómicos y municipales) hará que paguemos en 2015 43.000 millones de euros más que en 2011. O si prefieren conocer el saldo acumulado: entre 2012 y 2015, las reformas fiscales capiteneadas por el PP habrán saqueado a los españoles 132.000 millones de euros. Todo por negarse a pinchar la burbuja estatal. He ahí el saldo tributario del partido que ondeaba la bandera de las rebajas de impuestos.
"The key to good decision making is evaluating the available information -the data- and combining it with your own estimates of pluses and minuses” Emily Oyster
El pasado miércoles el gobierno de España presentó el Plan de Estabilidad 2014-2017, revisando al alza las estimaciones de crecimiento de la economía al +1,2% para 2014 y +1,8% para 2015, con una creación de empleo de 600.000 puestos de trabajo, como explicaba Carlos Sánchez en El Confidencial.
Las reacciones inmediatas han sido de todo tipo, incluyendo acusaciones de electoralismo ante los comicios europeos. Por ello me voy a centrar en explicar qué es lo que está moviendo al alza las estimaciones, que parece sorprender a muchos.
El consumo y la riqueza de las familias.
Este dato explica más del 65% de las revisiones del PIB y justifica por qué hayan sido son tan amplias en tan poco tiempo. No en absoluto, sino la variación interanual. Y es el consumo la razón por la que la recuperación es extremadamente frágil y debe vigilarse con extrema cautela.
Mi amigo David Cano de AFI comentaba en Twitter la importancia de la siguiente diapositiva como elemento que demuestra cómo se generan los déficits excesivos y cómo se sale de una crisis de deuda. Reducir el gasto y reactivar la actividad económica. Si se cumple, claro.
En lo que llevamos de año, el consenso de analistas macroeconómicos -23 bancos en nuestra base de datos- ha tenido que revisar al alza un 60% sus previsiones sobre España. El propio Fondo Monetario Internacional ha tenido mejorar sus expectativas un 30% en solo cuatro meses. A pesar de ello, el FMI (+0,9%) se sitúa muy lejos de las previsiones del gobierno (+1,2%) y del consenso internacional (+1,1%) porque venía de expectativas muy bajas, cercanas a cero hace unos meses. Por supuesto, todos se pueden equivocar. El consenso para mí es irrelevante. Lo importante es si el escenario es creíble.
Nadie niega los enormes problemas estructurales de la economía española ni la fragilidad del proceso de recuperación tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y de obra civil. Entre 2007 y 2013, el peso en el PIB del sector constructor y vivienda ha caído desde el 22% hasta casi la mitad. La obra civil ha pasado de un 4% del PIB a un 1,5%. El agujero creado por el ladrillo en la economía y en el empleo no se soluciona en dos años.
¿Por qué difieren tanto las estimaciones de crecimiento de una entidad y otra?
Porque son estimaciones basadas en diferentes correlaciones de indicadores. Y, desde hace tiempo, la evolución del consumo de hogares y afiliaciones a la seguridad social ha cambiado con respecto al pasado, porque ya no depende tanto de endeudamiento y gasto público.
Vayamos a las estimaciones para 2014 y 2015.
Empezando por las bases del cuadro macroeconómico, cabe resaltar que no son sospechosamente optimistas. Son razonables, tanto en el tipo de cambio Euro/dólar, como de crecimiento global y precios del petróleo, que son tres elementos esenciales en una economía cíclica, importadora de materias primas y orientada a servicios. Siendo razonables, son bases distintas a las que usan el FMI o algunos bancos. Y ello explica hasta un 30% de las diferencias entre unos y otros analistas (especialmente el precio del petróleo).
Pero, ¿por qué se han mejorado las previsiones cuando “todo va mal” según algunos?
Aquí hay que diferenciar entre indicadores adelantados -que pueden predecir el crecimiento futuro- y atrasados. Estos últimos son los que suelen poblar los agresivos debates mediáticos. Y además se acentúan según las preferencias ideológicas del analista de turno. Ustedes son los que deben juzgar.
Centrémonos en lo que ha llevado a subir las previsiones. Discutiendo con un buen amigo y gran analista sobre los motores del crecimiento en previsiones, comentábamos que son fundamentalmente tres indicadores:
– Las afiliaciones a la Seguridad Social, no el dato de paro. Uno de los errores típicos es la famosa frase “si no crecemos al 3% no creamos empleo neto”. Los datos muestran que antes de la Reforma Laboral el empleo se creaba a partir de un crecimiento del PIB de 1,3%, habiendo descendido ese umbral a finales de 2012 hasta el 0,6% en la actualidad. El empleo ahora crecería con mayor intensidad con menor crecimiento del PIB porque no viene de sectores ultra-endeudados (Estado, construcción). Para un crecimiento del 1-2%, se crearían anualmente en la actualidad más de 150.000 empleos comparado con el periodo previo a la reforma, lo que explica las estimaciones de empleo del plan 2014-2017. El crecimiento interanual de las afiliaciones a la Seguridad Social tiene una correlación con el crecimiento interanual del PIB que es casi del 99%. Vigilémoslo.
– La riqueza de las familias en Activos Financieros Netos como motor de consumo. Se percibe erróneamente que las familias españolas son pobres e insolventes en media y es incorrecto. La riqueza en activos financieros netos ha alcanzado el billón de euros en 2014, y no es maquillaje estadístico, es ahorro en efectivo y depósitos. Las familias empezaron a ahorrar y reducir su endeudamiento ya en 2007. La diferencia entre depósitos y deuda de hogares ha bajado de -20% a -5% del PIB. El aumento de los activos financieros netos no es el mal llamado “efecto riqueza” de subidas bursátiles. El 47% de dichos activos financieros netos son depósitos y efectivo, y solo un 23% fondos de inversión y bonos. Un euro fuerte, tipos bajos y unos hogares que han ahorrado han hecho más por la recuperación que la bolsa. No hay país que se haya hundido por tener una moneda realmente convertible “fuerte”. Nadie niega que existan enormes desequilibrios ni el sufrimiento de las clases bajas y medias, pero el efecto agregado de esta riqueza es el que se espera que mueva el consumo. La correlación entre el aumento interanual de consumo minorista y los activos financieros netos sobre PIB es del 80%.
– El crecimiento de las exportaciones estimado es positivo (+5% en 2014, hasta +6,5% en 2017), pero puede variar con el comercio global, como es normal, aunque lo harían de igual manera las importaciones siempre que no las hipertrofie algún Plan E o similar. Aumentar artificialmente la demanda interna “sostiene el PIB”, pero debilita toda la economía. Lo que importa, a efectos de estimaciones positivas y de fortaleza, es la contribución al crecimiento del sector exterior (saldo exterior +0,6% hasta +0,3% en 2017, según el Gobierno). Es decir, mientras el balance sea positivo, mejora la calidad de la recuperación. Otro signo de normalidad “post burbuja” es una balanza de pagos equilibrada. Olvidar las importaciones al analizar las exportaciones de la década pasada es engañarse. Las exportaciones tanto de bienes como de servicios suben, y el superávit comercial aumenta entre 2013 y 2014. La correlación del aumento interanual del saldo exterior con el aumento interanual del PIB es del 65%.
España tiene una posición internacional negativa de casi el 100% del PIB. Si asumimos un rendimiento anual, incluyendo deuda pública, similar al actual, la balanza de rentas debería dar un déficit del 2,5% del PIB anual. No es para tirar cohetes, pero es reducir dicho déficit a menos de la mitad y otro signo de normalización esencial en las previsiones.
¿Qué nos dice todo esto? Que el agregado español, aunque siga en un entorno frágil, muestra mejoras en empleo, ahorro y consumo. Sí, lento, insuficiente y duro, pero las mejoras relativas a 2010-2012 son muy relevantes.
Lo que tendemos a olvidar es que en la ecuación de estimaciones importa la diferencia entre variables fortalecedoras (consumo hogares, inversión y exportaciones) y debilitadoras (gasto publico corriente, importaciones, demanda interna innecesaria) y su impacto en un crecimiento sostenible.
En el crecimiento del PIB los principales factores son el gasto de los hogares, con un peso del 59%, el gasto de las administraciones públicas (20%) construcción residencial y civil (10%), comercio exterior (5%) y resto de inversiones (6%). Si hundimos el consumo a impuestos y estimulamos el gasto público “para sostener el PIB” –la política favorita de Europa 2004-2011- se debilita la economía y se agranda el agujero de deuda.
Por lo tanto, el mayor impacto sobre las estimaciones de crecimiento –y la razón por la que difieren unas y otras estimaciones- es esencialmente la expectativa de gasto de los hogares. Por eso es urgente mejorar la renta disponible de los ciudadanos, porque es el indicador más importante en las estimaciones, con mucha diferencia.
Los principales analistas y un servidor consideramos que este plan 2014-2017 es realista (Barclays, Citi, UBS, JP Morgan…). Pero son previsiones hechas desde confortables despachos. Hace falta realidad, y mucha más.
El Gobierno, sabiendo que depende del consumo como motor, debe centrar urgentemente toda su política económica y fiscal en un solo sentido: aumentar ya la renta disponible de las personas.
El argumento de que “reducir impuestos no mejora la economía porque las familias pueden decidir ahorrar en vez de consumir” y por lo tanto “es mejor gastárselo” es, además de inmoral, falso. El efecto multiplicador del consumo y la inversión privada es muy superior al gasto público. Se ha comprobado entre 2005 y 2013. De hecho, los estímulos públicos fueron depresores.
Las familias y empresas han ahorrado y se han ajustado a la crisis. El Estado aún no lo ha hecho. Hasta mediados del 2011, el empleo público crecía el 4% anual, según la EPA. Ojalá el gasto publico llegue al 40% del PIB en 2017, como asume el plan de estabilidad, pero va a ser el consumo privado el que reactive la economía y cree las condiciones para contratar más.
Mientras en los medios seguimos equiparando equivocadamente economía y exportaciones con gobierno y partido A o B, como si los gobiernos fueran los Reyes Magos, los hogares y las PyMEs, que son los héroes de esta crisis, van a ser los que demuestren si estas estimaciones son correctas o no.
El papel del Estado en la recuperación es fácil. No entorpecerla.
Que el salario mínimo destruye empleo es evidente para cualquiera que quiera entenderlo. El salario se fija, en el mercado, en función del valor de la aportación del trabajador. Cuando se impone un salario mínimo, todos los trabajadores cuya contribución quede por debajo quedarán fuera. Haití cayó bajo la ocupación de los Estados Unidos en julio de 1915. Cuando se aplicó la primera ley de salario mínimo allí, en 1931, se ilegalizó al 98 por ciento de los trabajadores del país. Las leyes de salario mínimo ilegalizan los posibles acuerdos laborales por debajo del suelo que fijen, con lo que no se ponen en marcha ciertos proyectos empresariales: pierden entonces las dos partes y perdemos todos.
También está claro que hay muchas personas (ciertamente, no en el caso de Haití) a las que no les afectan estas regulaciones, y que los grupos o sectores perjudicados no están diseminados por igual en toda la sociedad. Grosso modo, afectan sobre todo a los jóvenes que no cuentan aún con la formación adecuada, a los inmigrantes y a los grupos que, por las circunstancias que sean, tienen un menor capital humano.
Progreso, raza y salario mínimo
Pioneros en la implantación del salario mínimo son los Estados Unidos. Su impulsora fue la izquierda de entonces, el movimiento progresista, que inspiró a algunos de los presidentes más significativos de comienzos del siglo XX, como Teddy Roosevelt, Woodrow Wilson o Franklin D. Roosevelt. El progresismo define la ideología y la actitud vital de quienes se maravillaron ante la notable mejora de la sociedad en las décadas finales del XIX y las primeras del XX, tan capitalista, e intentaron sujetarla para conseguir nuevos objetivos. Creyeron que la técnica y las ciencias, aplicadas convenientemente, les permitirían ser agentes del progreso. Una fe que les convertiría en semidioses. Sólo había que desechar lo antiguo o tradicional y otorgarles poderes de demiurgo.
Encajen el progresismo con la constatación, o la fe, en que hay razas distintas, y el resultado es la eugenesia. Si podemos mejorar la sociedad por medio de la ciencia, si ya la naturaleza selecciona naturalmente a los mejores, ¿cómo vamos a dejar de lado la genética para mejorar la raza? Que los progresistas eran racistas y partidarios de la eugenesia no es ningún misterio. Ya he citado a Woodrow Wilson. John Maynard Keynes y los fabianos (H. G. Wells, George Bernard Shaw…) están entre los más conocidos.
El salario mínimo era un instrumento ideal para la eugenesia. Y los economistas progresistas se dieron cuenta muy pronto. Lo explicaThomas C. Leonard en Journal of Economic Perspectives. Estos progresistas consideraban que había una parte de la sociedad (los "parásitos", las "razas de bajos salarios", los "residuos industriales", los "inempleables") a la que había que expulsar del mercado de trabajo. Esa era la función social del salario mínimo. No sólo con las razas. El matrimonio Webb, creador del movimiento fabiano en Gran Bretaña, mostró su preocupación por depurar la sociedad de “los criminales y los incorregiblemente vagos (…) los moralmente deficientes (…) y los que son incapaces de producir su mantenimiento por ningún medio”.
Entre los economistas estadounidenses progresistas partidarios de la eugenesia se cuentan nombres como los de Irving Fisher, Frank Fetter o Frank Taussing. También los de Edward A. Ross, que acuñó el concepto suicidio racial para hablar de la inmigración, Simon Patten o Arnold White.
Según explica Leonard, "los economistas progresistas, como sus críticos neoclásicos, creían que imponer salarios mínimos incrementaría la pérdida de empleos". "No obstante", añade, "los economistas progresistas creían asimismo que esa pérdida de empleo inducida por el salario mínimo era un bien social, pues rendía un servicio eugenésico sobre la fuerza laboral". Los Webb veían en ese paro "no una marca de mal social, sino de hecho de salud social". No puede haber "nada más ruinoso para la comunidad que permitirles competir, sin restricciones, como empleados”, sostenían. Una ley de salario mínimo disuadiría a los inmigrantes y expulsaría a los “inempleables”.
Royal Meeker, que trabajó como comisario de Empleo con Wilson, defendía un salario mínimo que privase a "los desafortunados" de un "empleo" en lugar de favorecerles, pues en este caso se correría el riesgo de que se reprodujesen, de que criasen "más de su tipo", seres a los que A. B. Wolfe llamaba "una carga para la sociedad" y contra quienes también pedía un salario mínimo. John R. Commons reconocía: "La competencia no tiene respeto por las razas superiores". Así es el mercado.
También lo reconocían otros enemigos del libre mercado, no necesariamente economistas. Samuel Gompers, el histórico líder de la Federación Americana del Trabajo, advirtió de que "los caucasianos", los blancos, no iban a permitir que su nivel de vida fuera "destruido por los negros, los chinos, los japoneses o por cualesquiera otros"; por eso había que impedir cualquier acuerdo laboral por debajo de determinado límite.
Leonard explica en otro artículo cómo la regulación laboral buscaba igualmente restringir el acceso al trabajo de las mujeres, "madres de la raza" en el mundo de la eugenesia. Los ejemplos se pueden multiplicar, que es lo que Harry G. Hutchinson ha hecho más recientemente.
‘Apartheid’ y más acá
Los orígenes del apartheid están en la regulación laboral impulsada por los trabajadores blancos pobres, en su mayoría afrikáners. Sus primeros éxitos fueron la Ley del Statu Quo (1911), que imponía cuotas de negros por sectores y empresas, y en las leyes que imponían licencias de trabajo, que limitaban la libertad de contratación. Ninguna regulación laboral parecía suficiente, hasta que dieron con un instrumento muy a propósito. Los sindicatos blancos señalaron:
En ausencia de un salario mínimo regulado, los empleadores encontraban beneficioso suplantar a los europeos con alta cualificación, y generalmente más caros, por los no blancos menos eficientes, pero más baratos.
La Comisión de Economía y Salarios de Suráfrica (1925) se planteaba el ya viejo problema de expulsar a los negros del mercado de trabajo para reservar las oportunidades de progreso a los blancos. "El método", señaló, "sería fijar una tasa [salarial] mínima por ocupación u oficio tan alta que sea improbable que se contrate a ningún nativo". Lo recuerda el economista Walter E. Williams en Race and Economics, donde también trae a colación una información del diario The New York Times de 1972:
Los sindicatos blancos derechistas de la construcción se han quejado ante el Gobierno de Suráfrica de que las leyes que reservan empleos cualificados para los blancos se han roto, y deberían abandonarse en favor de leyes de igual salario por igual trabajo. (…) Los sindicatos conservadores de la construcción dejaron claro que su motivación no era la preocupación por los trabajadores negros, sino su inquietud por que la reserva legal de empleo se ha deteriorado tanto por las excepciones gubernamentales que han dejado de ser una protección para los trabajadores blancos.
Esas ideas se resisten a morir. La vieja eficacia eugenésica del salario mínimo calienta los corazones de los progresistas de hoy. En el año 2006 el New York Times publicó un artículo escrito por Michael Dukakis y Daniel J. B. Mitchell. Dukakis protagonizó una de las derrotas más sonadas de las elecciones presidenciales norteamericanas. Fue en 1988, frente a George H. W. Bush. Dukakis es uno de los miembros más izquierdistas del Partido Demócrata, Mitchell es profesor emérito de UCLA, y en su artículo inciden en que "millones de inmigrantes ilegales trabajan por salarios mínimos e incluso submínimos en puestos de trabajo que no están cerca de cumplir los estándares de salud y seguridad". Hay que expulsarlos, y el instrumento ideal es el salario mínimo. Los lectores, los naturales del país,
trabajarán en empleos que sean arriesgados, sucios o penosos en la medida en que se paguen con salarios y condiciones de trabajo decentes.
Más recientemente, en 2013, un empresario de California de nombre Ron Unz propuso una iniciativa legislativa popular que elevaría el salario mínimo de los 8 dólares la hora hasta los 12 en 2016. El objetivo de esta medida es frenar la inmigración. Y la lógica, expuesta dos años antes en un artículo de The American Conservative, es implacable:
La réplica habitual contra las subidas de los salarios mínimos es que "se perderán empleos". Pero en la América de hoy una parte enorme de los empleos que están en los salarios mínimos, o cerca de ellos, los tienen los inmigrantes, en gran parte ilegales. Eliminar esos empleos es un objetivo central del plan; una característica, no un error.
Lo que sí es un error es deslindar el salario mínimo de sus orígenes racistas.
Como teatralizando una lucha de clases verbal en este 1 de mayo, el líder de UGT, Cándido Méndez, ha reaccionado a la acusación de que varios cientos de miles de parados españoles ni estudian ni trabajan (ni-ni), tildando a los empresarios españoles de in-in, es decir, de incompetentes e impotentes. Y ciertamente, lo de “impotentes” no lo pongo en duda: los empresarios (y también los trabajadores) son absolutamente impotentes frente al saqueo fiscal y la asfixia regulatoria que les impone el Estado merced al calor populista y liberticida de grupos de presión organizados como el que encabeza Méndez. Lo de “incompetentes”, en cambio, sí me genera mayores recelos.
Es obvio que muchos empresarios son incompetentes; muchos de ellos, de hecho, comienzan siendo tremendamente competentes y con el tiempo se vuelven incompetentes. Por fortuna, los mercados libres cuentan con un mecanismo muy sencillo para discriminar a los empresarios competentes de los incompetentes: la libre competencia. Los mercados no manoseados por el Estado se caracterizan por la libertad de entrada: cualquiera que sepa satisfacer las necesidades de los consumidores de un mejor modo que el resto de empresarios ya asentados, sólo tiene que lanzar su propuesta de valor al mercado… y competir. De este modo, justo, se logrará separar el grano de la paja: a los relativamente más competentes de los relativamente menos competentes.
Así pues, en un mercado libre, la incompetencia ajena se demuestra compitiendo y desplazando a los rivales, ya que, en caso contrario, uno corre el riesgo de que se le vaya toda la bravucona fuerza por la boca. Por supuesto, España dista de ser un mercado verdaderamente libre: en muchísimos casos no nos encontramos con libertad, sino con un sistema regulatoriamente oligopolizado y privilegiado; lo cual, claro, sólo constituye un muy fundado motivo para defender una amplia liberalización de nuestra economía, en contra de lo que, por cierto, vienen reclamando desde hace tiempo las centrales sindicales.
De ahí que si Méndez cree que el empresariado nacional es incompetente, lo tiene bastante sencillo: primero, reclamar una supresión de todas las barreras regulatorias a la competencia y, acto seguido, demostrar la incompetencia del empresariado nacional compitiendo con él. Si es capaz de hacerlo, si es capaz de pasar de gratuitas descalificaciones y de castigar a sus odiados empresarios patrios comiéndoles la tostada en su terreno, los consumidores y los parados se lo agradecerán: estará generando riqueza por mecanismos voluntarios y pacíficos, creando empleo y prosperidad.
Sucede, empero, que hasta la fecha Méndez no acumula demasiados galones como para acreditar una superior competencia empresarial frente a autónomos, pequeños o grandes empresarios de nuestro país. No ya porque su vida la haya pasado abrevando de la política y del sindicato, sino porque incluso la burocrática corporación sindical que lidera ha tenido que recurrir a la fuerza del Estado —en lugar de a la persuasión de los trabajadores— para medrar. Pese a las gigantescas barreras de entrada y de ejercicio que bloquean la libre competencia sindical en España (tan perjudiciales para el crecimiento de otros sindicatos menores como USO), la UGT necesita recurrir a los impuestos de todos los españoles para operar. Es decir, ni siquiera después de que el Estado la haya prebendado con un cortijo oligopolístico, la empresa sindical de Cándido Méndez ha sido capaz de captar suficientes clientes (afiliados) como para prosperar sin el maná presupuestario del Gobierno. ¿Es verosímil que, habiendo fracasado en su sector, pueda dar un salto exitoso a otros y desplazar a los “incompetentes” empresarios allí asentados?
En el fondo, Cándido Méndez no es más que el modelo de empresario-político que no compite en el mercado para generar valor a los consumidores, sino en la arena estatal para arrebatárselo a los consumidores; el modelo de empresario-político blindado de la competencia que, como en otros sectores regulados como el eléctrico o el financiero, construye su negocio sobre la base de los favores estatales y no del bienestar de sus clientes; el modelo de empresario-político que busca proteger su hacienda cortándoles legislativamente las alas a sus más competentes rivales; el modelo de empresario-político al que más le valdría callar en lugar de criticar sin base a los empresarios honestos que bregan diariamente por mantener a flote sus compañías a pesar del muy hostil clima institucional que empresarios-políticos como Méndez promueven desde sus lobbies.
En una entrevista en El País, el veterano socialista portugués Mario Soares es definido como "conciencia de la izquierda", porque "aprovecha cualquier oportunidad para apalear a los mercados". Considerando que los mercados son el ámbito de las transacciones libres de los ciudadanos, como sabe cualquier que haya visitado desde El Corte Inglés hasta el mercadillo del pueblo, no se entiende bien por qué hay que saludar a quien está presto a moler a palos a la gente que pacíficamente compra y vende.
Para llegar a esa extraña conclusión uno tiene que inventarse unos mercados que no tienen nada que ver con lo que la gente conoce y frecuenta como tales. Es lo que hace Soares, que despotrica contra los mercados alegando que "son ellos los que cuentan, las personas no". Como si en los mercados hubiese cucarachas y no personas. O repite el tópico: "Los mercados tienen que estar al servicio de la gente, y no al revés". Que se dé un paseo por cualquier mercado y verá que, si no son intervenidos por el poder, sólo pueden estar al servicio de la gente: en otro caso, desaparecen.
Es tal la negación de la realidad, que don Mario afirma seriamente que el Estado "se ha echado a perder porque lo están vendiendo". Primero, si eso fuera así, habría desaparecido la coacción, y la gente no estaría obligada a pagarle al Estado, igual que no está obligada a pagar en una tienda, salvo que voluntariamente escoja comprar algo que allí se vende. Y segundo, ese proceso en ningún caso significa que nadie ni nada "se ha echado a perder". Al contrario, si esa compraventa voluntaria tiene lugar, todas las partes ganan.
Al final, se ve lo que es la conciencia de la izquierda. Recomienda el prócer progresista no pagar la deuda: "Es lo que hizo Argentina y no le pasó nada". Lo que le pasó a la Argentina después de repudiar el pago de su deuda es que el PIB cayó más del 10% en el año 2002, posiblemente el mayor empobrecimiento de su historia. Y a eso llama Soares "no le pasó nada".
Con esa delirante visión de las cosas, se comprende que este modelo de la "conciencia de la izquierda" recomiende para Europa precisamente lo que han perpetrado los gobernantes argentinos durante décadas, hasta lograr arruinar un país que era muy rico: "Bastaría con darle a la manivela de fabricar euros".
El oro es el dinero por excelencia, ya que, durante miles de años, ha sido empleado de forma natural y voluntaria por los individuos para intercambiar bienes y servicios y como reserva de valor. Fue en el año 650 a. C. cuando los lidios, habitantes de un reino que ocuparía hoy parte del territorio turco, comenzaron a acuñar el metal amarillo como moneda. El patrón oro fue adoptado posteriormente por griegos, romanos, chinos y otras civilizaciones, y perduró hasta bien entrado el siglo XX. Hoy, sin embargo, ha sido relegado al estatus de reliquia, como si se tratase de un mero vestigio del pasado carente de relevancia tras la implantación del sistema fiduciario, en 1971, cuando EEUU abandonó definitivamente el patrón oro establecido en los acuerdos de Bretton Woods (1944). Curiosamente, muy al contrario de lo que se pregona, lo extraño, lo excepcional, es el actual sistema monetario, carente de respaldo real, y no el oro. El patrón de cambio vigente es una anomalía histórica que tarde o temprano acabará por colapsar, tal y como ya sucedió en el pasado con experimentos similares.
El pensamiento dominante, por tanto, ha convertido en algo normal lo que, sin duda, supone una perversión moral y económica de nefastas consecuencias: la emisión monopolística de papel moneda por parte del estado y su banco central sin más respaldo que la nula credibilidad de nuestros gobernantes. Muchas de las dificultades y turbulencias de las últimas décadas, junto a la constante depreciación que sufre el dinero, derivan de la derogación del patrón oro. De ahí, precisamente, la importancia de conocer los fundamentos y claves de dicho sistema. Éste es el objetivo que persigue el economista Juan Manuel López Zafra enRetorno al patrón oro. El libro hace un recorrido no lineal por la larga historia del metal amarillo como moneda, parándose en algunos de los episodios más significativos e importantes para entender tanto su funcionamiento como su particular evolución, sobre todo en los dos últimos siglos, hasta su total sustitución por el dinero fiduciario.
Zafra aborda las intrínsecas y exclusivas cualidades que otorgan al oro su función monetaria y recorre, brevemente, los tres modelos que se desarrollaron bajo su vigencia: el patrón oro clásico, el oro en lingotescomo respaldo del papel moneda y el oro como patrón de cambio. Una de las partes más interesantes del libro es, sin duda, la dedicada a los desastrosos precedentes fiduciarios, en donde distintos gobiernos, en distintas épocas, abandonaron la sana ortodoxia que impone el metal para embarcarse en la emisión masiva de papel moneda, con idénticos resultados: hiperinflación y caos económico y social. Así, por ejemplo, recoge el episodio de John Law bajo el absolutismo francés del siglo XVIII, cuando, siendo ministro de Finanzas del reino, abandonó la convertibilidad para imprimir billetes con total libertad, instaurando uno de los primeros fraudes piramidales de la historia moderna. También incluye un apartado dedicado a la Revolución Francesa y el experimento de los assignats, la moneda del pueblo, cuyo valor, en teoría, descansaba en la expropiación masiva de tierras por parte del Estado. La hiperinflación posibilitó el ascenso al poder del general Napoléon Bonaparte en 1799. Algo parecido sucedería casi un siglo después en Alemania, con la hiperinflación de los años 20 en la República de Weimar y el posterior auge del nazismo. Todo ello evidencia los gravísimos problemas que conlleva la manipulación arbitraria de la moneda por parte del poder político.
Asimismo, Zafra demuestra con numerosos datos que los períodos de mayor prosperidad económica y estabilidad de precios son aquellos en los que se han dado dos circunstancias simultáneamente, la existencia de paz y la vigencia del patrón oro, como bien muestra la exitosa experiencia de EEUU y Reino Unido durante buena parte del siglo XIX. Por desgracia, el keynesianismo imperante, gran amante de la inflación, la deuda y el gasto público, comenzó a imponer sus criterios en la primera mitad del pasado siglo, dejando así manga ancha al estado para emitir a voluntad, con el consiguiente quebranto para el conjunto de la sociedad, especialmente para los ahorradores. En este sentido, la obra aborda con especial brillantez la Gran Depresión de los años 30 en EEUU, desmontando la manida y no menos falsa afirmación de que uno de los principales culpables fue el patrón oro. Zafra concluye todo lo contrario:
Fue la ausencia de un patrón definido de oro lo que provocó el estallido del desempleo y la extensión de la crisis.
El oro es el último garante de la responsabilidad de los gobernantes, ya que limita su capacidad de endeudamiento público, garantiza la estabilidad de precios –evitando así el perverso y oculto impuesto de la inflación–, restringe la artificial expansión del crédito –origen las recurrentes burbujas económicas– y, como consecuencia, posibilita un marco idóneo para la acumulación de capital, la base que permite crear riqueza y empleo. Por ello, el autor dedica la última parte del libro a defender la necesidad de regresar al patrón oro, a la libre circulación de monedas con respaldo real, quitando así el dinero de las sucias manos de los políticos. Son muchos los que rechazan esta opción, pero Zafra explica que no sólo es posible, sino deseable.
Solo el retorno al oro, como extintor de la deuda pública, y un control del crédito garantizado por la salvaguarda de los depósitos con un respaldo del ciento por ciento permitirán recuperar la cordura que nuestra sociedad ha perdido en algún meandro de los ríos Keynes y Friedman.
Su diagnóstico no puede ser más certero. Como en su día afirmó el ilustre filósofo francés Voltaire,
una moneda de papel, basada sólo en la confianza del gobierno que la imprime, acaba siempre volviendo a su valor intrínseco, es decir, cero.
El lector que tenga una mínima curiosidad por saber cómo funciona el actual sistema monetario encontrará en Retorno al patrón orouna obra inspiradora y reflexiva en la que se apuntan las grandes claves para volver a disponer de un dinero sólido, fiable y, sobre todo, sano. Como bien señala Zafra, "de ello depende el bienestar de nuestro hijos".
Juan Manuel López Zafra, Retorno al patrón oro, Deusto, Barcelona, 2014, 192 páginas.
La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, ha levantado una gran polvareda con sus polémicas, aunque muy certeras, recomendaciones sobre la política laboral y fiscal que está desarrollando el Gobierno. España, que desde hace tiempo vive sumida en la demagogia de lo políticamente correcto, no está acostumbrada a afrontar la cruda realidad, tal y como es, sin ambages ni medias tintas.
De hecho, la izquierda, en una nueva muestra de represión y violencia, se ha apresurado a condenar sus declaraciones, llegando incluso a solicitar la "guillotina" y el "gulag" para la empresaria en las redes sociales. Así se las han gastado siempre los comunistas, a golpe de hoz y martillo para someter y esclavizar a sus súbditos. Por desgracia, a este país le sobran palabras huecas, cargadas de buenas intenciones pero vacías de contenido, y le faltan líderes políticos y empresariales capaces de describir la cruda realidad al conjunto de españoles, sin ningún tipo de complejos.
Juan Roig, presidente de Mercadona, es, junto a De Oriol, un buen ejemplo de ello. No en vano, sus escasas apariciones en público no suelen dejar indiferente a nadie: "Nos hemos pasado como país treinta pueblos", "si tomamos medidas nos sobrará dinero, si no, nos vamos al carajo", afirmaba en 2012; "los empresarios son los que nos pueden sacar de la crisis", añadía el pasado año.
En este sentido, el único pecado que ha cometido De Oriol consiste, simplemente, en hablar claro, ofreciendo, además, algunas de las recetas que necesita España de forma urgente para combatir eficazmente la vergonzosa lacra del paro, cuyo origen radica, precisamente, en el recetario estatista que tanto aplauden los amantes de lo políticamente correcto. Pero, ¿qué ha dicho De Oriol para causar tanta escandalera? Verdades como puños, ni más ni menos.
En primer lugar, pide eliminar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los trabajadores menos cualificados, especialmente los denominados ni-nis, jóvenes que ni estudian ni trabajan y cuyo nivel de formación es inexistente. Su cabida en el actual mercado laboral es casi nula. No por casualidad, España es, junto con Grecia, líder en desempleo juvenil de la OCDE, con casi un 54%, más que duplicando la media de la UE (22,7%) y multiplicando por siete la de Alemania (7,7%). Además, casi el 19% de la población entre 15 y 29 años son ni-nis.
Las causas de este problema radican en las graves rigideces que sigue presentando la regulación laboral y un mediocre nivel de formación(sólo el 26% de los jóvenes españoles tiene estudios medios, mientras que en Alemania y Austria, con un paro juvenil inferior al 10%, dicho nivel asciende al 63% y 70%, respectivamente), lo cual dificulta en exceso la contratación juvenil debido al elevado coste que impone el Estado. Y es que, efectivamente, por mucho que duela, el valor añadido que pueden aportan muchos de estos jóvenes sin estudios es muy inferior al sueldo que estarían obligados a pagar por ley los empresarios. ¿Resultado? Paro.
El salario mínimo en España está fijado en 753 euros al mes (en doce pagas), pero muchos olvidan que el coste real para la empresa ronda, en realidad, los 1.200 euros mensuales, casi el doble, una vez sumados los impuestos, las cotizaciones y el resto de cargas que fija arbitrariamente el Gobierno. Los trabajadores menos cualificados, cuya productividad es inferior a dicho umbral, quedan, automáticamente, excluidos del mercado de trabajo. Es decir, el intervencionismo público les condena al paro.
En este sentido, el salario mínimo es una muestra más de los nefastos efectos que causa la injerencia estatal en los precios. El sueldo no es más que un precio -en este caso, de la fuerza laboral-, y si éste es superior al valor de mercado (el precio que están dispuestos a pagar los empresarios en función de lo que demandan sus clientes y, por tanto, todos nosotros), lo que se genera, de forma inevitable, es desempleo. Es la ineludible ley de la oferta y la demanda. Así pues, la eliminación del SMI beneficiaría a los parados menos capacitados y más vulnerables, justo lo contrario de lo que afirman políticos y sindicatos.
La izquierda y los defensores de lo políticamente correcto, sin embargo, prefieren que esos desempleados sigan marginados, sin posibilidad alguna de encontrar trabajo, al menos en el mercado legal. De ahí que muchos no tengan más remedio que acudir a la economía sumergida para subsistir. Asimismo, resulta paradójico que los comunistas y los sindicalistas hayan crucificado a De Oriol, escudándose en ofrecer "sueldos de miseria" a estos parados, cuando ellos son el paradigma de la esclavitud y la pobreza más extrema del mundo, como bien ejemplifican sus particulares paraísos estatistas, desde Argentina y Venezuela hasta el modélico régimen cubano, cuya población recibe un sueldo oficial de 15 dólares al mes y una cartilla de racionamiento. Que estos genios de la ingeniería social se atrevan a dar lecciones de dignidad laboral es, cuanto menos, surrealista, y que sus soflamas tengan eco entre la opinión pública es, sin duda, un síntoma de ignorancia muy grave.
Es más. De Oriol, lejos de equivocarse, se queda corta. España no sólo debería eliminar el salario mínimo para los ni-nis o los parados menos formados, sino borrar de una vez por todas esa ignominiosa traba estatista. Muchos países europeos carecen de ese umbral y, curiosamente, sus trabajadores gozan de un salario medio muy superior al español –unos 1.000 euros extra de media– y una tasa de paro mucho más baja -de apenas el 7%-. De hecho, hasta el Banco de España defiende la eliminación del SMI, solo que con la boca mucho más pequeña para no molestar demasiado ni alejarse en exceso del muy políticamente correcto pensamiento dominante.
En cuanto al resto de propuestas, la empresaria también apuesta por reducir el coste del despido improcedente a 18 días por año, frente a los 33 actuales, para acabar con la perversa dualidad -diferencia entre fijos y temporales- que sigue gobernando el mercado laboral español, así como aplicar la denominada "negociación colectiva" tan sólo a nivel de empresa. Se trata, igualmente, de medidas bien encaminadas, si bien lo ideal sería implantar la libre fijación de condiciones entre empresario y trabajador, sin más cortapisas que la firma de un contrato privado acordado voluntariamente entre las partes.
Asimismo, De Oriol critica la actual prestación de paro por no incentivar la búsqueda de trabajo, lo cual no es nuevo, ya que la inmensa mayoría de organismos insiste en la urgencia de reformar las políticas activas de empleo, incluyendo el FMI o el Banco Mundial, cuya socialdemocracia, por cierto, está fuera de toda duda. De igual modo, propone una sustancial rebaja de impuestos y reducir las cotizaciones sociales para impulsar el crecimiento, al tiempo que se recorta el empleo público, cuyo ajuste ha sido mínimo pese al enorme déficit presupuestario que sufre España. Menos trabas burocráticas y un menor intervencionismo económico son otras de las recetas que ha lanzado la presidenta del Círculo de Empresarios para facilitar la actividad económica.
Recomendaciones, todas ellas, razonables y bien encaminadas, ya que, sin duda, permitirían acelerar la salida de la crisis y bajar el paro de forma drástica. Sin embargo, frente a la sensatez de tales políticas, parece que en este país prima la necedad de lo políticamente correcto. Muchos prefieren que España mantenga el statu quo, el mismo que ha propiciado un paro superior al 25%, propio de un país Tercer Mundista, antes que reconocer el rotundo fracaso del socialismo imperante a la hora de generar riqueza y bienestar para el conjunto de la población.
De Oriol podrá caer mejor o peor, pero su diagnóstico no puede ser más certero. Todos esos que se han indignado con sus palabras, por el contrario, proponen como única alternativa agravar hasta el extremo la nefasta receta intervencionista que nos ha traído hasta aquí y, por tanto, lo único que merecen sus mensajes es el desdén y el desprecio más absoluto.
El exministro de Industria Miguel Sebastián se ha desmarcado con unas declaraciones cuando menos llamativas en un artículo titulado Algunas reflexiones sobre la situación energética, publicado en el número 41 de Cuadernos de Energía. Dentro del mismo, este político y economista nos proporciona su particular visión sobre diversos asuntos relacionados con la actualidad del sistema energético español, entre los que destaca la problemática de las energías renovables.
De acuerdo con Sebastián, los gobiernos de Aznar y de Zapateroindujeron un desarrollo artificialmente rápido de la energía renovable en España, cargando a nuestra economía con un sobrecoste energético que perjudica notablemente nuestra competitividad y que, por tanto, lastra nuestra capacidad de recuperación. Destaca en medio de este desaguisado, según Sebastián, “la burbuja fotovoltaica”, que condujo en 2008 a instalar una potencia de 3.000 MW en paneles fotovoltaicos, siete veces por encima del objetivo del Gobierno y más de lo que durante ese ejercicio instaló el resto del mundo; 3.000 MW a los que, además, se les prometieron unas primas de 3.000 millones de euros anuales durante 25 años, esto es, “la friolera de 75.000 millones de euros a costa de la factura de la luz de los consumidores españoles”. De ahí que el exministro de Industria denuncie que las primas a las renovables se terminaran convirtiendo en “una transferencia de rentas desde las pymes y la industria, innovadora, productiva y exportadora, hacia los terratenientes o financieros que desplegaron los huertos solares por toda España”.
En este sentido, Sebastián lamenta haberse quedado solo dentro de su partido y de su Gobierno a la hora de defender el pinchazo de esa burbuja fotovoltaica: “El Ministerio de Industria estaba solo frente a todos”. A estas alturas de la película, pues, ya sólo restaría tratar de encajar el golpe y mostrarnos generosos con el resto de países de nuestro entorno para que puedan aprender de nuestros errores: “Debemos comunicar nuestra experiencia de país pionero a otros países para evitar que se repitan dichos errores y puedan aprender de nuestra experiencia”.
Hasta aquí parecería que el ministro que capitaneó la gestación de la burbuja renovable se hubiera colocado los ropajes de estadista honesto para relatarnos el martirio que tuvo que soportar durante aquellos años, rodeado de insensatos conmilitones que echaban por tierra todos sus esfuerzos por aportar algo de cordura al asunto. Sólo existe un problema con esta narrativa: Sebastián miente.
El informe contra las primas a las renovables
A comienzos del año 2009 formé parte de un equipo de investigación dentro de la URJC (dirigido por Gabriel Calzada y en el que también se hallaba la profesora Raquel Merino, así como el supervisor técnico José Ignacio García Bielsa) que se dedicó a estudiar los efectos de las primas a las energías renovables en España. Las conclusiones del informe dejaban poco margen de dudas para el optimismo: la intervención gubernamental dirigida a promover políticamente el desarrollo de las energías renovables había hipertrofiado el sector y creado una descomunal burbuja, especialmente en la industria fotovoltaica; es más, el derivado incremento de la factura eléctrica o de los impuestos —necesario para financiar las milmillonarias primas prometidas— terminaría destruyendo 2,2 puestos de trabajo netos en el sector privado por cada puesto de trabajo que se pensaba haber creado dentro del sector renovable.
El propósito del informe era doble: por un lado, poner de manifiesto —una vez más— los devastadores y descoordinadores efectos que acarrea el intervencionismo político en cualquier área del mercado, con la esperanza de que, en la medida de lo posible, se rectificara y se minimizaran sus nocivos efectos; por otro, alertar a los países de nuestro entorno de que no emularan el itinerario intervencionista de España, responsable de haber hipotecado el desarrollo de nuestro sistema eléctrico —y de todas las industrias intensivas en consumo eléctrico— durante al menos tres décadas.
¿Cuál fue la respuesta que recibimos los autores a raíz de este informe apreciablemente preocupado por el porvenir de nuestro país y, también, por el de nuestras sociedades vecinas? Descalificaciones, críticas y presiones desde todos los ámbitos y poderes fácticos de este país: gobiernos de cualquier signo político, universidades, grandes bancos, constructoras, corporaciones eléctricas y medios de comunicación dependientes de las consignas y de la publicidad —institucional o privada— de los poderes fácticos anteriores. En suma, se nos echaron encima todos aquellos lobbies, políticos y burócratas que abrevaban en este latrocinio regulatorio ideado para extraer y saquear las rentas de familias y empresas (como ahora reconoce el propio ministro de Industria que acogió esas primas).
El argumento más recurrente en aquel entonces fue el de tratarnos de “antipatriotas” porque estábamos dificultando que algunas compañías españolas se lucraran endosándoles este timo de la estampita a algunos países como EEUU (ése es el uso que se le da a la ‘marca España’: una canallesca patente de corso para aprovechar el buen nombre comercial de nuestro país con el propósito de camuflar las corruptelas y los fraudes más variados). Desde el diarioPúblico, de hecho, incluso inventaron su propia conspiranoia reptiliana y bilderbergiana para demostrar que esa irreductible aldea gala —pero aldea, al fin y al cabo— que es el Instituto Juan de Mariana era en realidad el cerebro maquiavélico que, desde las sombras, manejaba los hilos de gran parte de la política nacional e internacional con el ánimo de maximizar la cuenta de resultados de las petroleras estadounidenses. Ninguna patraña era suficiente para ocultar y desviar la atención del asunto esencial: la parasitación de las familias y empresas nacionales por parte de ciertos grupos de presión españoles que ahora pretendían hacer su agosto timando a los políticos estadounidenses.
Atendiendo a las declaraciones actuales de Miguel Sebastián, uno esperaría retrospectivamente que el exministro de Industria se hubiese posicionado junto a los autores del informe, tanto por sus conclusiones (burbuja renovable, encarecimiento de la energía y destrucción de empleo) cuanto por sus objetivos (rectificar el rumbo de la política energética española y alertar a los países vecinos de que no cometieran el mismo error). Pero, ¿hizo esto Sebastián? No.
Miguel Sebastián, al ataque
El exministro de Industria no sólo no apoyó el informe contra las primas políticas a las energías renovables, sino que ni siquiera se quedó callado a modo de asentimiento silente. Al contrario, Miguel Sebastián se marchó de gira por EEUU para desprestigiar las conclusiones del informe (ésas mismas que hoy grosso modo suscribe) y para endosarle el muerto de este tocomocho español a la Administración Obama, esto es, a todos los ciudadanos estadounidenses. Así, por ejemplo, en una entrevista que concedió al Houston Chronicle el 7 de noviembre de 2009 (fecha en la que, según sus parámetros actuales, la burbuja renovable ya estaba absolutamente desbocada y era del todo punto innegable), se narraba que Miguel Sebastián “acababa de visitar recientemente numerosas ciudades estadounidenses para promover que empresas y administraciones estadounidenses trabajaran de la mano de compañías renovables españolas” y se recogían diversas declaraciones del exministro donde exaltaba la conveniencia de invertir en energías renovables —por cuanto promovían el empleo, el crecimiento y la innovación— al tiempo que despreciaba el informe por tener una “motivación política”.
En aquel entonces, ya era obvio que Sebastián o no se había leído el informe o distorsionaba su contenido a conveniencia (según la entrevista, nuestro informe ligaba la destrucción de empleo en la construcción con la promoción política de las energías renovables, cosa que no hacía ni lejanamente). Con la nueva información contextual que Sebastián nos proporciona, semejante entrevista adquiere ahora una nueva dimensión interpretativa: o el exministro de Industria mentía con descaro entonces o miente con descaro ahora. Sea como fuere, queda claro que su tour por EEUU y la campaña de acoso que concertadamente se lanzó contra el informe en España tenían un único propósito: seguir instrumentando el sistema eléctrico español (e idealmente, también el estadounidense) para consolidar el saqueo regulatorio de consumidores y contribuyentes en privativo lucro de políticos y grupos de presión. El mismo Miguel Sebastián que hoy se nos presenta como el incomprendido mártir de una política energética que no suscribía fue, en realidad, el líder de los alcahuetes nacionales que marcharon a EEUU para colocarles a los mistermarshallianos yanquis la basura regulatoria que acababa de hipotecar por décadas el sistema eléctrico español.
El caso no sólo ilustra, por enésima vez, que este sistema eléctrico español lleva desde hace décadas bajo la planificación directa e indirecta del Estado y que, por consiguiente, no puede considerarse en absoluto un ejemplo de mercado eléctrico libre (los detalles de cómo funcionaría o ha funcionado éste pueden hallarse en Una revolución liberal para España). Pero lo verdaderamente relevante no es esto: si algo sirve para poner de manifiesto el doble discurso de Miguel Sebastián es cuán pútridas, sectarias e irreparables son las tripas de la política en nuestros hipertrofiados Estados modernos. Incluso cuando los políticos (presuntamente) son conscientes de que están minando la libertad y la prosperidad de los ciudadanos, no dudan en imponer sus intereses comisionistas y los de los lobbies a los que privilegian con sus regulaciones, al tiempo que persiguen a todos aquellos que denunciamos que el emperador está desnudo. Mas, precisamente por ello, hay que seguir repitiendo y constatando que, en efecto, el emperador está desnudo.
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