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El 99% de los más ricos de EEUU hoy no lo era hace apenas diez años

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

"Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo. La renta básica no reemplaza al Estado de Bienestar". La propuesta 1.12 del programa de Podemos es, sin duda, la medida estrella de todas las que el partido de Pablo Iglesias planteó antes de las últimas Elecciones Europeas. El documento no ofrece una cifra concreta, simplemente habla de "un valor correspondiente al umbral de la pobreza".

Según los datos de Eurostat recogidos por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una renta básica presentada en el Congreso este mismo año, hablamos de un umbral de alrededor de 645 euros al mes (con alguna reducción para los menores de 18 años a cargo de sus padres). Y eso es lo que Podemos pretende que todos los ciudadanos cobren del Estado sin ningún tipo de requisito. Porque una cuestión muy importante es que la renta básica no va dirigida a incapaces o personas que no pueden, por edad o enfermedad, valerse por sí mismas. Esta propuesta va dirigida a todos los habitantes de un país "por el mero hecho de serlo".

Desde hace unos años, la renta básica es una de las propuestas estrella de la izquierda. La idea parece atrayente. Pagar a todos los habitantes de un país un sueldo mensual que, teóricamente, les permitiría vivir con dignidad. Lo cobraríamos todos: desde el parado hasta el multimillonario. De esta forma se evitan, según sus promotores, los incentivos perversos que se crearían si sólo se pagase a los que no tienen otros ingresos. 

Es decir, si un trabajador cobra 1.000 euros y le ofrecen 650 euros por no hacer nada, todos podemos intuir que podría dejar su empleo porque no le compensase. Para que no ocurra eso, también el que tenga ingresos tendrá derecho a los 650 euros de la renta básica, que se añadirán a su sueldo.

Ante una propuesta de este tipo, surge rápidamente una pregunta,¿cuánto cuesta y quién lo pagará? En el programa de Podemos no hay demasiada concreción a este respecto. Sobre el coste, no se dice nada; sobre la forma de financiarlo, apenas hay un mención a "una reforma progresiva del IRPF y la lucha contra el fraude fiscal", pero sin ninguna cifra concreta que respalde esta afirmación.

Es evidente que no resulta sencillo medir en todos sus aspectos una medida que implicaría un cambio tan radical. Pero es que en el documento ni siquiera se intenta.

Juan Ramón Rallo ha hecho un preciso cálculo, tomando en cuenta todos los factores que incluye la formación de Pablo Iglesias. Por ejemplo, lo que se ahorraría el Estado, teniendo en cuenta que muchos de los que ahora reciben pensiones muy bajas, prestaciones por desempleo reducidas o subsidios de subsistencia pasarían a cobrar simplemente la Renta Básica.

Según sus cuentas, "el coste neto de la renta básica universal oscilaría entre el 20% (si sólo se reconociera a nacionales) y el 25% (si se reconociera a todos los residentes legales) del PIB". Esto quiere decir que las finanzas públicas tendrían que cargar con un peso adicional de entre 200.000 y 250.000 millones de euros. Tras cinco años con déficits públicos disparados y una deuda cercana al 100% del PIB, no parece una tarea sencilla.

Fraude e impuestos

Así, lo primero sería conocer cuánto se puede recaudar por las vías propuestas por Podemos (subida del IRPF y lucha contra la economía sumergida). En lo que hace referencia al fraude fiscal, la cifra más repetida en España en los últimos años es de 80.000 millones. Se supone que ésta es la cantidad que se deja de recaudar debido a que cerca del 25% de la actividad económica escapa de las garras de Hacienda.

El problema es que para recaudar ese dinero habría que llevar el fraude fiscal a cero (algo que ningún país del mundo ha conseguido) y presuponer que ninguna de las actividades que ahora se hacen en negro dejarían de hacerse si hubiera que pagar impuestos. Ambos supuestos son extremadamente poco probables, como explica también Juan Ramón Rallo.

Pero incluso aunque tomemos esa fantasiosa cifra de 80.000 millones de euros, aún quedarían unos 150.000 millones para financiar la renta básica. ¿Cómo? Pues a través de subidas de impuestos. En el programa de Podemos no hay ninguna propuesta al respecto, más allá de referencias genéricas a incrementos de todos los tributos y la creación de algunos nuevos.

Por eso, para hacernos una idea aproximada quizás lo mejor sea acudir a las palabras de uno de los principales promotores de esta iniciativa en España, el economista Daniel Raventos, presidente de la asociación Renta Básica. Ellos sí han hecho este cálculo, aunque con datos sólo para Cataluña. Pues bien, incluso aunque hacen algunas afirmaciones difícilmente sostenibles, estiman que para financiar esta prestación habría que imponer un tipo único del IRPF del 50% (49,57%) a toda la población.

Esto implicaría que la gran mayoría de los contribuyentes por IRPF pagarían mucho más de lo que abonan ahora. Habría parte de la población que podría salir beneficiada (los que no tienen ingresos) a cambio de que aquellos que más impuestos pagan fueran doblemente castigados.

Pero incluso así, resulta difícil imaginar un escenario en el que se recaudarían esos 250.000 millones extra que necesitaría Podemos. Si a la presión fiscal existente en España (33%) se le suman otros 25 puntos del PIB, nos situaríamos a la cabeza de Europa en cuanto a recaudación tributaria. Teniendo en cuenta que nuestra renta per cápita es inferior a la media de la UE, el esfuerzo fiscal de los españoles (lo que pagan en relación a su riqueza) llegaría a niveles casi insoportables.

Y eso, teniendo en cuenta que la presión fiscal está en un nivel artificialmente bajo debido a la crisis, porque los tipos impositivos yaestán entre los más altos de Europa. Además, los expertos apuntan a que nuestro país ya habría pasado el punto máximo de su particular Curva de Laffer. O, lo que es lo mismo, que subir más los impuestos no servirápara incrementar la recaudación.

Los incentivos

Incluso así, podríamos suponer, como un mero ejercicio teórico, que se implanta la renta básica y que en un primer momento se consigue recaudar todo lo necesario para financiarla. A partir de aquí, queda por saber cómo evolucionaría la sociedad en un supuesto como éste. No hay muchos puntos de apoyo, puesto que ningún país del mundo ha aprobado una ley así para toda su población, pero se pueden hacer algunas suposiciones.

Está claro que una renta de este tipo supondría un fuerte desincentivo para trabajar. Es cierto que la cantidad no es muy elevada, pero las situaciones vitales de cada hogar también son muy diferentes. Por ejemplo, pensemos en matrimonios con hijos y en el que los dos padres trabajan: uno de ellos podría pensar en dejar su empleo con mucha más facilidad que en la actualidad.

Del mismo modo, en el caso de un estudiante universitario, sus incentivos para acabar cuanto antes los estudios se desplomarían, quizás empezara a pensar en estudiar un Máster tras la licenciatura. En familias de 4-5 miembros, a lo mejor sumando lo que reciben todos por la renta básica no es necesario seguir empleado o puede que con trabajos de media jornada o temporales sea suficiente.

La cauística es muy larga. Pero imaginemos que un 5-6% de los trabajadores ocupados actualmente tomase una decisión en este sentido. No es una cifra muy elevada, pero supondría un millón de personas menos pagando impuestos para financiar esa renta básica. Y además implicaría que muchos de ellos tendrían derecho a prestaciones que ahora mismo no se les pagan (recordemos que la renta básica es compatible, según sus promotores, con el resto del Estado del Bienestar).

¿Quién pagaría para cerrar este nuevo agujero? Y eso por no hablar, como apunta Rallo, del efecto moral que tendría sobre el conjunto de la sociedad. ¿Qué pensarían aquellos que cada día trabajan o buscan un empleo respecto a sus conciudadanos que simplemente se dejan llevar esperando el maná público? A ninguna de estas preguntas responde el programa de Podemos.

Piketty se equivoca

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“There is always inequality in life. Some men are killed in a war and some men are wounded and some men never leave the country. Life is unfair” John F. Kennedy.

Si recuerdan el incidente del año pasado con las famosas hojas de Excel de Rogoff y Reinhardt, no les sorprenderá la ronda de acusaciones que hemos vivido esta semana respecto al polémico libro de Thomas Piketty “El Capital en el siglo XXI”. 

El Financial Times publicaba el pasado sábado un artículo cuestionando los datos y las conclusiones del libro sobre el aumento desproporcionado de la riqueza en las clases altas en los últimos años. Piketty respondía en detalle unos días después. Gracias a la polémica, hoy disponemos de gran cantidad de datos y se puede contrastar la relevancia de cada uno.

El problema de fondo siempre es el mismo. No es el análisis económico, sino la conclusión política lo que falla. Lo mismo ocurrió con las conclusiones sobre deuda y crecimiento de Reinhardt y Rogoff. Aunque no se desmentía que los países con más endeudamiento crecen menos, sí se ponía en duda la conclusión drástica de que dejasen de crecer o decreciesen.

En el caso de Piketty es similar. No se desmiente la validez de muchos datos, pero se desmonta radicalmente la conclusión política, que aparece forzada, retorcida y desligada de los mismos. Su recomendación de que se debe expropiar y confiscar la riqueza no proviene de la información recopilada, enormemente valiosa, sino de su filosofía personal y percepción política: que la riqueza es injustificada y debe ser redistribuida, por supuesto, por el Estado. Desprecia el factor riesgo y el esfuerzo en la generación de riqueza e ignora las ineficiencias y obstáculos creados por el estado.

Piketty asume que la acumulación de riqueza es uniforme y constante, a pesar de mostrar, en sus propios datos, enormes caídas y fluctuaciones –de hasta el 78%- en los periodos recesivos. Para él la riqueza es simplemente acumulativa, cuando el propio análisis de las mayores fortunas en treinta años muestra bancarrotas y variaciones muy relevantes.

Piketty también olvida, al calcular la riqueza del 1% de la población, un factor esencial: la deuda contraída. En vez de analizar una rentabilidad sobre el capital empleado de los distintos extractos de población, asume que quien ha tomado un préstamo, creado una empresa y ganado una fortuna, no merece el fruto de su riesgo y esfuerzo comparado con quien se haya quedado en casa. O aún peor, asume que ese esfuerzo es irrelevante, su fruto inmerecido y que debe entregarse al Estado para que lo redistribuya, … si lo hace. Piketty no analiza en ningún caso si las políticas redistributivas aplicadas en su país, Francia, han sido efectivas. Claramente no, cuando muestra un aumento de la desigualdad similar al de países más liberales.

Olvidar, como hace Piketty, que el importantísimo aumento de la riqueza en las clases bajas que él mismo muestra en sus datos es una gran noticia y un éxito del capitalismo demuestra una perspectiva de la economía recaudatoria. Dicho aumento de riqueza proviene de depósitos y valor de inmuebles, con un porcentaje de deuda contraída mucho menor que el de las clases medias o altas.

Ignorar el riesgo y esfuerzo tomado para acceder a esa riqueza lleva a desincentivar que se siga creciendo. ¿Para qué esforzarse? Al asumir la riqueza en los países avanzados como una anomalía injusta, casi gratuita, comete un grave error. Lo demuestra el hecho de que ignore totalmente el impacto negativo en crecimiento y desigualdad de los países con un alto nivel de clientelismo e intervencionismo o corrupción.

No es de extrañar, porque Piketty no cuestiona el papel de los estados ni su nivel de intervención en la economía, de hecho la justifica, al analizar la riqueza desde un punto de vista recaudatorio, no de esfuerzo, riesgo o creación de valor.

Redistribución. Siempre, por supuesto, partiendo de la base de que su dinero no es suyo y su éxito, inmerecido.

Si algo se desprende de los datos del libro de Piketty, y confirmado por Angus Deaton en el excelente libro “The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality” es que el mundo hoy ha conseguido reducir la pobreza radicalmente y mejorar la calidad de vida de la mayoría.

Lo que olvida Piketty es donde se crea el verdadero problema de pobreza y desigualdad, que no es en Estados Unidos, Suecia o Reino Unido, países a los que gran parte de los ciudadanos del mundo buscan emigrar por sus oportunidades, sino en los países muy intervenidos y los eternamente emergentes. El propio Kenneth Rogoff lo mencionaba en un excelente artículo “¿Donde está el problema de la desigualdad?”. El capitalismo ha conseguido una mayor reducción de la pobreza global en los últimos treinta años que en todo el periodo analizado por Piketty en su libro.

En mi opinión, Piketty pierde la perspectiva sobre el gran problema, que es el intervencionismo, clientelismo y corrupción. Merece la pena leer el estudio de Anne Krueger “La economía política de las sociedades rentistas"1, donde se muestra que la falta de libertad, instituciones independientes y transparencia tienen mayor impacto sobre la desigualdad, pobreza y crecimiento para todos los ciudadanos.

Piketty no rechaza la desigualdad como algo negativo, pero asumía, incorrectamente, que los niveles de la misma llegaban a máximos cercanos a los registrados antes de graves conflictos o guerras y que, por lo tanto, se debía prevenir con megaimpuestos para evitar un estallido bélico.

Pues bien, ese análisis apocalíptico se desmonta cuando los datos muestran que los niveles de desigualdad no son ni remotamente cercanos a los de épocas pre-bélicas y, sobre todo, cuando pasa de puntillas, no por casualidad, sobre el hecho de que el mayor aumento de la riqueza de las clases pobres y medias se dio entre 1980 y 1995, esa era neoliberal malvada para algunos. Un aumento en Reino Unido del 34% de la renta per cápita real para las clases más pobres y un 39% en Estados Unidos. Lo comentaba en “Desigualdad, pobreza e ideología”.

Los mayores errores del libro de Piketty se encuentran en las conclusiones sobre el Reino Unido, donde la diferencia entre sus datos y los del Financial Times llevan a conclusiones diametralmente diferentes, como muestra The Economist y, en el caso de Estados Unidos, John Cassidy. No sólo no ha aumentado la desigualdad a niveles pre-belicos, sino que en el caso de Reino Unido se ha moderado. En el caso de Estados Unidos se muestra que el porcentaje de riqueza total del primer percentil alcanzó su máximo en 1995 y no ha aumentado, de hecho ha descendido.

A Piketty no parece preocuparle si el Estado distribuye bien o mal, despilfarra, o acapara hasta un 50% de la riqueza y propone algo que es simplemente impracticable: una tasa global a la riqueza. Es imposible asumir que todos los países del mundo adopten una medida así. Y él lo sabe, pero su propuesta será recibida con brazos abiertos por gobiernos y partidos. Ya lo comentábamos cuando hablábamos de los paraísos fiscales. No se puede pretender una medida global de semejante calado por una sencilla razón: siempre va a existir un grupo de países que no van a estar dispuestos a implementarla.

Buscar la igualdad a cualquier precio es desincentivar la creación de riqueza y empobrecer a todos. Pretender que un mega-impuesto distribuye correctamente la riqueza es despreciar el esfuerzo y el riesgo. Pensar que las medidas confiscatorias no tienen impacto sobre el crecimiento y el progreso es más que aventurado, sobre todo cuando no menciona que el periodo en que más ha crecido la desigualdad en los países con más sector público de Europa, según sus propios datos, ha coincidido con un creciente gasto y poder político.

Atraer capital y crear riqueza, mejorando la renta disponible de todos, genera más oportunidades y crecimiento. La desigualdad no se reduce con políticas confiscatorias, sino con incentivos para crear riqueza.

No hace falta entrar en medidas confiscatorias. El fracaso de las mismas ya lo vivimos hace muy poco, cuando la tasa marginal del impuesto sobre la renta era del 80% y Reino Unido, por ejemplo, era “el enfermo de Europa, condenado a mendigar, pedir prestado o robar” (Henry Kissinger).

El objetivo primordial debe ser garantizar la libertad, que permite crecimiento y desarrollo. Como me decía un taxista el otro día en Londres “volver a 1973 le debe parecer estupendo a cualquiera que no haya vivido en 1973… o a un loco”.

El premio Pulitzer Charles Krauthammer decía que «existe una razón por la que en Nueva York hay una estatua de la libertad. Que no es una estatua de la igualdad.». El debate continuará.

1 Krueger, Anne “The Political Economy of the Rent-seeking society” American Economic Review"

Rajoy ya tiene su Plan E

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Como queriéndoles dar la razón a cuantos proclaman que PP y PSOE representan idéntico callejón sin salida programático, Mariano Rajoy ha dado el paso definitivo para terminar de asimilar su política antieconómica a la de Zapatero. Si las salvajes subidas de impuestos, el rescate de la banca o los simulacros de liberalizaciones no fueran suficientes, el presidente del Gobierno nos acaba de anunciar que él también piensa apadrinar su propio Plan E.

Imbuido por el keynesianismo más simplón, el líder socialdemócrata del PP proclama su risueña intención de dilapidar alrededor de 3.300 millones de euros en mejorar la competitividad de la economía española (más otros 2.700 millones que Rajoy espera que aporten algunas empresas privadas y que, pierdan toda esperanza, tampoco nos saldrán gratis al resto de españoles). Después de incrementar el saqueo fiscal perpetrado a las familias y empresas españolas en más de 40.000 millones al año, el presidente del Gobierno pretende dinamizar la economía repartiendo la calderilla sobrante entre sus varios negociados.

Si Zapatero prometió crear empleo, Rajoy augura una reindustrialización y mejora de la competitividad de nuestra economía. Y del mismo modo que el Plan E zapaterial no creó empleo, tampoco el Plan E rajoyano mejorará en un solo ápice nuestra competitividad. A la postre, ni uno ni otro entendieron cuál es el verdadero problema de fondo al que se enfrenta nuestra economía: la necesidad de reconstruir empresarialmente gran parte de su aparato productivo para incrementar nuestra producción de bienes y servicios con demanda internacional. Sólo transformando radicalmente ese aparato productivo devastado por la burbuja inmobiliaria lograremos mejorar nuestra competitividad, generar empleo y, finalmente, incrementar nuestras rentas internas. 

Pero la transformación de ese aparato productivo no vendrá del sector público. Primero porque no puede y segundo porque no sabe. Ante la magnitud del reto, las cifras y propuestas peperas se antojan liliputienses y desnortadas: entre 2002 y 2008, la economía española invirtió 1,8 billones de euros, dentro de los cuales más de un billón se dilapidó en el ladrillo. Esos son los bueyes con los que deberíamos dejar de arar y los que, por tanto, deberíamos estar pensando seriamente en reemplazar: y, ante eso, entenderán que una inversión de 6.000 millones (el 0,6% del capital inmovilizado en el ladrillo entre 2002 y 2008) manejada por burócratas con nula visión empresarial apenas sea un orgiástico y despilfarrador brindis al Sol sufragado por el sufrido contribuyente. No en vano, en 2012, uno de los peores años de nuestra industria reciente, el conjunto de la economía española invirtió más de 200.000 millones de euros: una cifra marcadamente insuficiente para superar la crisis pero que, aun así, multiplica por 33 el monto anunciado a bombo y platillo por el PP.

La solución a nuestro estancamiento económico no pasa por que Zapatero, Rajoy o Podemos tiren de talonario laminando tributariamente a familias y empresas. Al contrario, la solución pasa por establecer un marco institucional que fomente el ahorro y la inversión empresarial dirigidos a reconvertir enteramente nuestro aparato productivo: liberalización de mercados, estabilidad institucional y fiscalidad moderada. Si esos tres elementos convergen, el ahorro interior y exterior afluirá en forma de inversión creativa y dinámica, recapitalizando nuestra economía y reabsorbiendo el enorme stock de parados; si, en cambio, esos tres elementos son sistemáticamente violentados por el Estado, apenas lograremos atraer un volumen de inversión diminuto y grisáceo que nos dejará estancados en el cementerio de elefantes que está siendo nuestra colapsada burbuja ladrillística.

Por desgracia, Rajoy se negó desde el primer día a apostar por esos tres vectores del crecimiento económico sano. Su plan pasó por contener el déficit público sangrando al contribuyente con la esperanza de evitar la quiebra del Estado y de que la ulterior recuperación internacional catapultara nuestro crecimiento. A un año de las próximas elecciones, parece que el ritmo de mejora se antoja demasiado lento para sus aspiraciones gubernamentales, por lo que se ha decidido a darle un empujoncito zapateril a la economía para así comprar algunos votos y engañar a algunas voluntades. Falto de principios y de ideas, Rajoy se balancea entre la parálisis política y la irrelevancia ideológica: por eso ha decidido huir hacia adelante cargándonos, una vez más, la factura de sus bacanales al conjunto de los españoles.

Renta básica: infinanciable y egoísta

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La renta básica universal (RBU) vuelve a estar de moda a partir de su inclusión en el programa electoral de Podemos. Y, ciertamente, la devastada situación económica y social de un país como España parece conducir a la inexorable necesidad de adoptar alguna medida de este cariz. Por desgracia, y como voy a tratar de probar en los próximos párrafos, la RBU dista de ser una solución satisfactoria, muy en especial tal como la está impulsando Podemos: habrá que plantearse, pues, la conveniencia de otras alternativas.

Qué es y qué no es la renta básica universal

Antes de comenzar, conviene definir exactamente qué entendemos por renta básica universal: se trata de una renta que perciben incondicionalmente todos los ciudadanos de un país por el mero hecho de ser ciudadanos. La renta básica universal no distingue entre ciudadanos ricos o ciudadanos pobres, ciudadanos con empleo o ciudadanos sin empleo, ciudadanos socialmente comprometidos o ciudadanos huraños y aislados. Todos reciben el mismo importe por la mera circunstancia de existir. Las únicas limitaciones parciales que suelen plantearse afectan a los extranjeros, a los menores de edad y a los criminales (si bien la limitación del importe de la renta no tiene por qué ser total). La propuesta de Podemos es justamente ésa (ver su propuesta 1.12).

¿Cuánto costaría?

A mediados de 2013, en España residían 41,7 millones de españoles, de los cuales 34,2 millones eran mayores de edad. Asumiendo una remuneración igual al umbral de pobreza nacional (8.114 euros) para los adultos y del 50% de ese umbral de pobreza para los menores de edad, el coste de la aplicación de la renta básica universal sería de 308.000 millones de euros, alrededor del 30% del PIB. Si extendiéramos su aplicación a todos los residentes legales, el coste se incrementaría hasta los 344.000 millones de euros.

Dado que a pensionistas y desempleados no se les abonaría la RBU en adición de sus prestaciones actuales, habría que deducir del coste bruto de la RBU las actuales prestaciones estatales de hasta 8.114 euros. Así, en 2013 había alrededor de nueve millones de pensiones con un importe medio de 11.600 euros: asumiendo que esas pensiones se eliminaran en la parte abonada por la RBU, el gasto en pensiones se reduciría en alrededor de 73.000 millones de euros. Asumiendo, además, una reducción de 27.000 millones de euros adicionales en materia de desempleo y otras prestaciones sociales, tendríamos que el coste neto de la renta básica universal oscilaría entre el 20% (si sólo se reconociera a nacionales) y el 25% (si se reconociera a todos los residentes legales) del PIB.

Una suma absolutamente infinanciable en los términos en que plantea Podemos: a saber, no como una alternativa al Estado de Bienestar sino como un complemento. Si actualmente el gasto público asciende al 44% del PIB, habría que elevarlo al 65%-70%, lo que equivaldría prácticamente a duplicar la presión fiscal que ahora mismo padecemos. Distinto sería el caso de que, a cambio de recibir la RBU, se privatizaran totalmente la sanidad y la educación públicas: en tal caso, el tamaño del Estado sólo aumentaría hasta el 52-56% del PIB, un porcentaje muy alto pero no imposible. Claro que no parece que Podemos y muchos defensores de la RBU estén por la labor de privatizar totalmente la sanidad, la educación y las pensiones a cambio de proporcionar a cada persona una renta anual de 8.114 euros.

El profundo egoísmo de la RBU

Contra la RBU se han dirigido numerosas críticas: que supone un ataque contra los derechos individuales, que es infinanciable o que distorsiona gravemente el comportamiento de los individuos. Lo que no se suele mencionar es que, asimismo, resulta profundamente insolidaria. No en vano, la principal virtud que suele asignársele a la RBU es que instituye una solidaridad estructural entre los ciudadanos de una comunidad política. Sin embargo, la realidad es más bien la opuesta.

Toda sociedad se asienta sobre la cooperación de sus miembros en muy distintos órdenes: defensivo, cultural, afectivo, asistencial o productivo. Afortunadamente, los beneficios de vivir en sociedad exceden con mucho los beneficios de aislarse de la sociedad cual ermitaño huraño. No obstante, que vivir en sociedad sea más provechoso que vivir aislado no significa que cada individuo no trate de aprovecharse del resto de la sociedad: es decir, que intente extraer más de los demás de lo que él aporta a los demás.

El libre mercado, empero, fuerza a los individuos a establecer una cooperación estructural de carácter económico: si una persona desea acceder a los bienes o servicios que han producido otras personas deberá ofrecerles bienes o servicios que esas otras personas valoren. A través de los intercambios voluntarios, nadie puede extraer más valor al prójimo de aquel que el prójimo extrae de él y, gracias a ello, cada uno de nosotros debemos dedicar parte de nuestro tiempo a satisfacer las necesidades ajenas y no a satisfacer las necesidades propias.

Evidentemente, todos desearíamos que los demás trabajaran para nosotros (que produjeran todos aquellos bienes y servicios que necesitamos y que no fabricamos por nosotros mismos) y que, en cambio, nosotros pudiéramos dedicarnos exclusivamente a aquellas actividades que satisfacen nuestras necesidades aun cuando no satisfagan las necesidades ajenas. Sin embargo, es fácil comprender que si todos adoptáramos esa actitud netamente egoísta, la cooperación económica se disolvería como un azucarillo: todos nos dedicaríamos a fabricar lo que nosotros queremos y no lo que quieren los demás (esto es, la división del trabajo desaparecería). Por ese motivo, romper unilateralmente esta cooperación estructural resulta tan costoso dentro de un mercado libre: si un individuo no genera (o no ha generado y ahorrado) bienes y servicios valiosos para los demás, se hallará en una situación económica muy precaria, esto es, no podrá acceder a los bienes y servicios fabricados por los demás. De ahí que el mercado libre desincentive el individualismo antisocial y promueva la socialización económica.

La renta básica universal es, justamente, la herramienta que habilita a cada individuo dejar de cooperar con el resto de la sociedad sin al mismo tiempo sufrir los costes de esa ruptura unilateral de la cooperación social: cada individuo recibe una porción de la producción de los demás sin aportarles a los demás producción propia que ellos consideren suficientemente valiosa (si así se hiciera, no se necesitaría la RBU, ya que bastaría con que unos y otros intercambiaran voluntariamente sus respectivas producciones). En otras palabras, la RBU es una subvención al individualismo antisocial (el tipo de individualismo que Hayek tildó de antiliberal) que permite a las personas vivir a costa de los demás sin preocuparse por los demás.

No por casualidad, los defensores de la RBU suelen aducir que, por el mero hecho de percibirla, la inmensa mayoría de la gente no dejaría de trabajar, sino que se dedicaría a desarrollar aquellas tareas que la autorrealizaran. Pero con semejante aseveración sólo se está reconociendo implícitamente que los receptores de la RBU podrían desentenderse de las necesidades ajenas y concentrarse egoístamente en las propias: a la postre, si las actividades específicas que autorrealizaran a un cierto individuo fueran losuficientemente valoradas por los restantes individuos, bastaría que intercambiar sus servicios en un mercado libre. Que se necesite de una RBU para puentear al mercado claramente demuestra que se quiere vivir de los demás sin preocuparse por los demás.

La alternativa: renta de propietarios y renta de subsistencia subsidiaria

En el fondo, si ese error intelectual llamado RBU resulta tan atractivo para muchos individuos es porque aúna las características de dos rentas que sí son socialmente deseables.

La primera es una renta que nos permita vivir sin trabajar y que nos proporcione suficiente tiempo libre para dedicarnos a aquellas actividades personales que nos autorrealicen. Nótese que hablo de una renta que permita vivir sin trabajar, no sin generar valor para los demás. Éste es el caso de las rentas del capital: una persona puede ahorrar a lo largo de su vida, invertir juiciosamente ese ahorro y vivir de la renta que se derive de esa inversión (renta que se materializa en forma de bienes y servicios valiosos para los demás). Ciertamente, deberíamos avanzar hacia una sociedad de propietarios que permitiera que todo trabajador ahorrador percibiera, tan pronto como fuera posible, una renta de propietarios. Pero para ello, claro, resulta imprescindible reducir drásticamente la salvaje fiscalidad que padecen los españoles.

La segunda es una renta de subsistencia de carácter subsidiario. En toda sociedad existen personas que, transitoria o permanentemente, son incapaces de generar bienes y servicios valiosos para los demás. Parece equitativo y razonable que esas personas que no pueden cooperar con los demás por incapacidad —y no por capricho— reciban una ayuda del resto: se trataría de una renta dirigida a garantizar su subsistencia y que tendría un carácter subsidiario frente a todas las demás fuentes de renta. Muchas personas confunden la RBU con esta renta de subsistencia subsidiaria, pero sus notas características son muy distintas: ni es universal (sino específica para los que la necesidan), ni es incondicional (sino sometida a la condición de que, por ejemplo, la persona no pueda valerse por sí misma en un mercado libre). Aquellos que puedan pero no quieran cooperar con los demás no la recibirían (a diferencia de lo que sucede con la RBU).

Esta última renta ha sido, de hecho, defendida por algunos pensadores liberales como Friedrich Hayek (suele afirmarse que Hayek defendió la RBU, pero no: se limitó a defender unos ingresos mínimos garantizados exclusivamente para aquellos que no pudiesen valerse por sí mismos en un mercado libre). Yo mismo en Una revolución liberal para España defiendo este tipo de esquemas, tratando de exponer por qué la lógica y la evidencia histórica apuntan a que emergerían en una sociedad libre sin necesidad de que el Estado los impusiera (si bien, si fuera menester, un Estado mínimo podría imponerla para garantizar que nadie se quedara descolgado) y que conllevarían un coste máximo del 4% del PIB.

La renta de propietarios y la renta de subsistencia subsidiaria son dos rentas compatibles con un orden social libre, voluntario y cooperativo. Por el contrario, la RBU contribuye a socavar las bases de ese orden social libre, voluntario y cooperativo: no es más que el aguinaldo social a la asociabilidad.

Podemos, los albañiles de la democracia

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El resultado electoral de Podemos ha sorprendido a todo el mundo. También a su Líder Supremo, que esperaba arrasar en estas elecciones y se ha quedado a doce eurodiputados de cumplir su objetivo. El golpe ha sido duro –sólo había que ver la cara de Iglesias la noche electoral–, pero lo cierto es que cinco escaños para un partido que tiene tan sólo cuatro meses de vida es un resultado más que aseado, como podrían decirle muy bien en el PSOE y en IU.

Pablo Iglesias –nombre para dirigir un partido de izquierdas por el que cualquier asesor electoral mataría a su abuela con sus propias manos– no ha venido a la política para gestionar los asuntos públicos mejor que los actuales gobernantes. Él ha venido a traernos la democracia, que es algo muy distinto. El matiz es importante porque añade al programa político una dimensión ética que justifica cualquier medida contra los que entorpezcan su desarrollo, como ha ocurrido siempre en los países en que los defensores de estas ideas han llegado al poder.

Ocupados como están en "construir la democracia", sintagma con el que finalizan los seis epígrafes de su programa electoral, los dirigentes de Podemos no han prestado demasiada atención a las medidas concretas que proponen para salir de la crisis. Ahí han ido a lo rápido: arrasar con todo lo que produzca riqueza o darle una paga estatal a todo ser humano por el mero hecho de serlo, una medida esta última que parece mentira que no se le haya ocurrido a los otros partidos, con lo bien que suena para captar el voto de la juventud. Su programa económico implica nacionalizar el 80% del IBEX 35 y el 90% del PIB, y ni aun así sería posible atender todos los gastos que proponen, pero en un grupo de amiguetes izquierdistas, que no tienen la menor idea de cómo se genera la riqueza ni han gestionado jamás un presupuesto público, estos detalles carecen de interés. 

El salto a lo público, aunque sea en un lugar tan prescindible como el muy inútil parlamento europeo, va a agudizar las contradicciones de este movimiento asambleario, porque no veo yo a Iglesias pidiendo la suspensión de una votación en Estrasburgo hasta que los 237 comités de igualdad de Podemos emitan un dictamen previo al referéndum online para decidir el sentido del voto de los cinco eurodiputados. Acusaciones de autoritarismo, insidias entre las distintas corrientes del aparato, traiciones y posibles escisiones son riesgos que Polpotito tendrá que asumir actuando con mano dura cada vez que las circunstancias lo requieran. Y eso contando con que en el partido no aparezca un trincón, que, con la millonada que les va a caer de ahora en adelante del bolsillo de todos los españoles, tampoco es algo que podamos descartar. Los próximos meses, hasta las elecciones generales, van a ser apasionantes, ya lo verán.

Oxfam: la libertad amenaza, la desigualdad mata (y 2)

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

El abuso del espantajo de la desigualdad se ha hecho carne en el pensamiento único (me he ocupado de algunas de sus falacias aquí). Apuntamos la semana pasada que Oxfam, ejemplo habitual de dicho pensamiento, había proclamado que la desigualdad mata.

Esta disparatada afirmación aparece en un informe titulado Gobernar para la mayoría, que clama por más gasto público y más impuestos que "eliminen la desigualdad", que es una "epidemia". Para eso los servicios públicos deben ser… ¡gratuitos!

Por si uno levanta la mano para protestar, Oxfam se apresura a aclarar que lo que pide es "un sistema fiscal más justo que recaude más de aquellos con mayor poder económico (…) incrementando la recaudación sobre los más ricos", que por supuesto nunca define, pero el mensaje está claro: todo va a ser estupendo y lo pagarán… otros. 

Para lograr tan benévolo objetivo hay que "luchar contra la desigualdad", es decir, luchar contra las elites, las multinacionales, los paraísos fiscales… pero nunca contra el poder. Al contrario, la desigualdad entre el Estado y sus súbditos no les quita el sueño a los señores de Oxfam: más aún, le dan la bienvenida, oponiéndose a todo lo que sea libre, incluso a las escuelas privadas… si son baratas. Todo tiene que venir de los impuestos y nada con programas "privados u optativos": vamos, que deben ser públicos y obligatorios.

Y si uno persiste en protestar, va la prueba final: "Además, la desigualdad económica pone vidas en riesgo: cada año, solo en los países ricos, mueren 1,5 millones de personas por la elevada desigualdad de ingresos". Esto ya es una cosa muy seria: la desigualdad mata.

La prueba que presentan es el artículo "Income inequality, mortality, and self rated health: metaanalysis of multilevel studies", de Naoki Kondo, Grace Sembajwe, Ichiro Kawachi, Rob M. van Dam, S. V. Subramanian y Zentaro Yamagata. Estos especialistas en salud y nutrición parten de dos ideas asombrosas. Una es la identificación entre desigualdad y pobreza: "Una sociedad muy desigual implica que un segmento sustancial de la población es empobrecido, y la pobreza es mala para la salud"; y la otra es la siguiente:

La desigualdad de rentas afecta a la salud no sólo de los pobres sino también de los ricos (…) por el estrés psicológico derivado de las comparaciones sociales envidiosas así como por la erosión de la cohesión social.

Con estas bases tan disparatadas acometen un metaanálisis, es decir, un análisis de los análisis de otros, referidos en su mayor parte a los países ricos, y concluyen que los estudios demuestran que hay que reducir ya la desigualdad y salvaríamos vidas, "si la relación desigualdad-mortalidad es realmente causal", es decir, precisamente lo que deben demostrar.

Reconocen la heterogeneidad de los estudios, pero no analizan variables tan cruciales como la existencia de Seguridad Social, los mercados de trabajo y la inmigración. Al final admiten que la desigualdad puede deberse a muchas causas, y que el índice Gini resume la distribución independientemente de su forma, de manera que

un Gini elevado puede ser el resultado de un elevado número de individuos muy ricos o de individuos extremadamente pobres.

En resumen, como suele suceder, detrás de las consignas alarmistas que reclaman más y más usurpaciones de la libertad hay más entusiasmo que razones.

Washington y la reconciliación incondicional con Cuba

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

Un grupo de prominentes ciudadanos norteamericanos –entre los que se encuentran varios notables empresarios de origen cubano– ha escrito una carta pública al presidente Barack Obama solicitándole que suavice las medidas encaminadas a agravar la difícil situación económica de la dictadura comunista de los hermanos Castro.

La carta no es el resultado de una oscura maniobra de La Habana, aunque el régimen y sus servicios de inteligencia la vean con deleite porque coincide con sus intereses, sino la consecuencia de una indiscutible verdad: nadie sabe cómo acelerar desde fuera el fin de una dictadura como la cubana o la de Corea del Norte. Sus autores están convencidos de que la antigua estrategia norteamericana está equivocada.

Es un viejo debate. Quienes redactaron la carta –presumiblemente los empresarios cubanoamericanos– piensan que la estrategia de abrazar al enemigo e intentar fortalecer a la sociedad civil redundará en el debilitamiento de la tiranía. 

¿Logrará su propósito esa carta? No lo creo. No debiera por las siguientes siete razones:

  1. La incoherencia tiene sus límites, más allá de los cuales hay que hablar de esquizofrenia. Washington acaba de declarar oficialmente que el gobierno cubano es terrorista y Raúl Castro le ha dado la razón enviándole a Corea del Norte armas de guerra camufladas bajo toneladas de sacos de azúcar. ¿Por qué abrazar a un régimen terrorista cuando se aprueban sanciones contra Rusia o Venezuela por comportamientos antidemocráticos?
  2. En el momento en que se divulgaba la carta de marras, el coronel Alejandro Castro Espín, hijo del dictador Raúl Castro, firmaba un acuerdo de cooperación en Moscú con los servicios de inteligencia de Putin. Luego pasó por La Habana el jefe del Estado Mayor del ejército chino, presumiblemente a formalizar una gestión parecida. En el pasado, Fidel Castro, en Teherán, había advertido que todos juntos podían poner de rodillas al enemigo imperialista.
  3. Según afirma Raúl Castro una y otra vez, y reiteran sus más altos funcionarios, las reformas económicas tienen como fin perfeccionar la dictadura comunista de partido único. ¿Por qué Estados Unidos debe cooperar con una vieja y fallida tiranía que intenta superar las dificultades y consolidarse en su peor momento económico y psicológico, cuando toda la estructura de poder en la Isla sabe que el marxismo-leninismo es un fracaso?
  4. El régimen cubano es un enemigo tenaz y permanente de Estados Unidos. Sus líderes están convencidos de que todo lo malo que sucede en el planeta es culpa de Washington. No se cansan de decirlo. En el pasado La Habana pactó con la URSS y hasta pidió el bombardeo atómico preventivo durante la Crisis de los Misiles. Hoy Cuba se pone de acuerdo con Irán, Corea del Norte, Rusia y los países del llamado Socialismo del Siglo XXI para perjudicar a sus vecinos. ¿Tiene sentido un trato benevolente con semejante gobierno?
  5. Existe, también, el ángulo ético. Durante todo el siglo XX, con razón, Estados Unidos fue acusado de indiferencia moral por el buen trato que daba a dictaduras como la de Trujillo, la de los Somoza, la de Batista o la de Stroessner. Ahora está en el lado correcto de la historia. En Cuba se violan los derechos humanos brutalmente. El año pasado se duplicaron las detenciones de disidentes. Los cubanos no tienen acceso a internet. A las tres horas de haber aparecido 14ymedio, el diario digital de Yoani Sánchez, bloquearon la señal dentro de Cuba. Estados Unidos no debe volver a la indiferencia moral que tanto afectó a su buena imagen.
  6. Hay que tomar en cuenta la razón electoral. La Casa Blanca debe escuchar a los legisladores cubanoamericanos y no necesariamente a los empresarios. De alguna manera, expresan el sentir mayoritario de los cubanos radicados en USA. El importante senador demócrata Bob Menéndez, los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz, los congresistas demócratas Albio Sires y Joe García y los congresistas republicanos Ileana Ros y Mario Díaz Balart discrepan en muchas cosas, pero están de acuerdo en mantener una política de firmeza frente a la dictadura.
  7. El objetivo de Estados Unidos debe ser que en Cuba se instaure una democracia plural y próspera que deje de expulsar a sus ciudadanos hacia el vecino del norte y con la cual desarrollar unas relaciones respetuosas y normales. El sentido común indica que eso no se logra ayudando a la tiranía de Raúl Castro en medio de una crisis.

elblogdemontaner.com

Pablo Iglesias, el Chávez español

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La gran revelación de las elecciones europeas celebradas este domingo ha sido, sin duda, la formación Podemos que lidera el joven politólogo y tertuliano Pablo Iglesias. Este profesor de universidad ha sabido recoger muy hábilmente el descontento y la desconfianza hacia la clase política que reflejó en su día el movimiento 15-M mediante un discurso simplista y utópico, cargado de la demagogia y el populismo más abyecto y deleznable, aprovechándose de la profunda ignorancia económica y la triste ingenuidad política de que hace gala buena parte de la población. Iglesias, consagrado ya como el líder incuestionable de la extrema izquierda española, ha sabido cautivar a más de 1,2 millones de descreídos, soñadores e incautos que tienen por denominador común el rechazo frontal al capitalismo y una confianza ciega en el estatismo absoluto como solución a todos los males, pese a que el socialismo radical ha fracasado siempre y en todo lugar, cosechando a su paso los mayores desastres de la historia de la humanidad.

Iglesias, junto a sus fieles camaradas y maestros Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge, es un firme defensor del bolivarianismo que rige en Venezuela, del enquistado peronismo que tanta miseria ha causado en Argentina y del despótico castrismo que todavía esclaviza Cuba. Es, en definitiva, un comunista de manual, solo que, gracias a su fluida verborrea y a su cuidada imagen informal, ha logrado transmitir la simpatía y proximidad que demandaban muchos votantes en contraposición a la distancia insalvable que refleja la llamada casta política, identificada hoy como uno de los grandes problemas del país debido, sobre todo, al brutal impacto de la crisis, la extendida corrupción institucional y la absoluta impunidad de la que disfrutan sus miembros. Pablo Iglesias es el Hugo Chávez español o, si lo prefieren, el Sánchez Gordillo culto y refinado, y, a poco que se despiste IU, bien podría convertirse en el nuevo referente de la izquierda, tal y como ha sucedido estos últimos años en Grecia con Alexis Tsipras, líder de la coalición comunista Syriza, que acaba de vencer en las europeas a populares y socialistas helenos y que ya encabeza las encuestas para las elecciones generales, frente al bipartidismo imperante de las últimas décadas. Podemos bebe del granero de votos que han dejado tras de sí las mareas verde (educación) y blanca (sanidad) de empleados públicos interesados en mantener sus privilegios, las plataformas de desahuciados y preferentistas y, en general, los jóvenes de izquierda que tanto abundan en las universidades españolas.

Los periodos de grave crisis como el que actualmente sacude la Unión Monetaria, y muy especialmente los países del sur de Europa, siempre han constituido un caldo de cultivo idóneo para los extremismos. Sucedió con la Primera Guerra Mundial, que derivó en la revolución bolchevique en Rusia y la instauración del fascismo en Italia, y, posteriormente, con la Gran Depresión de los años 30, cuando el nazismo conquistó Alemania. Es en los momentos de grandes dificultades cuando el pueblo, azuzado por la desesperación y la rabia, se agarra a los salvapatrias y cuentacuentos cual clavo ardiendo, sin pararse a pensar en el inmenso destrozo que conllevan sus particulares utopías estatistas. La victoria del Frente Popular de Marine Le Pen en Francia y de Syriza en Grecia -sin olvidar a los neonazis de Amanecer Dorado-, el fuerte apoyo al Movimiento Cinco Estrellas en Italia -convertido en segunda fuerza del país- o la potente irrupción de Podemos en España son una muestra inequívoca del alarmante ascenso que está cosechando el populismo, tanto de izquierdas como de derechas, en el seno del euro. 

¿Pero qué proponen realmente estas nuevas fuerzas políticas? Muy simple: mucho más Estado y menos mercado. Los extremos se tocan y, en este sentido, fascistas y comunistas coinciden en la necesidad de borrar las libertades y derechos individuales mediante una apisonadora estatal mucho más poderosa, obviando así el sufrimiento, la ruina y el colapso en el que acabaron desembocando todos y cada uno de los experimentos de planificación central en el pasado. Basta hojear el programa de Podemos para percatarse del desastre que conllevaría su consecución. Para empezar, el partido de Pablo Iglesias propone impagar la deuda pública y someter a referéndum la pertenencia al euro. La primera medida supondría la quiebra del Estado y, por tanto, el cierre absoluto de la financiación a través de los mercados. España se vería abocada, de una u otra forma, a abandonar el euro y, muy posiblemente, también la UE, lo cual implicaría decretar un corralito financiero para transitar hacia una nueva moneda devaluada. Es decir, los españoles perderían una parte muy sustancial de sus ahorros, como en su día aconteció en Argentina. Y ello sin contar que el Banco de España, tras recuperar la autonomía monetaria, sería utilizado por el Gobierno para financiar buena parte de su gasto y deuda pública, provocando una grave escalada inflacionaria y un empobrecimiento generalizado de la población.

Lo grave es que esto sólo sería el principio del fin. Podemos plantea disparar el gasto público mediante la puesta en marcha de grandes Planes E para combatir el paro -muy original, sin duda-. También defiende reducir la jornada laboral a 35 horas semanales, así como adelantar la edad de jubilación a los 60 años, elevar las prestaciones no contributivas y, cómo no, derogar la última reforma de las pensiones. Si España ya no se puede permitir financiar el actual sistema, imagínense semejante deriva. Simplemente, insostenible. Además, abogan por subir el salario mínimo, imponer un salario máximo, derogar la reforma laboral, eliminar las ETT o prohibir los despidos en las empresas con beneficios. En resumen, nacionalizar por la puerta de atrás el factor trabajo.

En materia fiscal, Podemos defiende una brutal y generalizada subida de impuestos: más IRPF y Sociedades, un nuevo tributo sobre "grandes fortunas", Impuesto de Patrimonio, Tasa Tobin, supresión de las sicav, IVA del 35% sobre "bienes de lujo"… A ello habría que sumar una ingente banca pública, como si el fiasco de las cajas no fuera suficiente, y la nacionalización directa de los grandes "sectores estratégicos". Iglesias quiere que el Estado tome el control absoluto en las áreas de "telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y educativo", y domine de forma indirecta los medios de comunicación, limitando que una empresa o grupo pueda ostentar más del 15% de un determinado sector, ya sea prensa, radio, televisión, internet, etc.

Y ya puestos, ¿por qué no repartir una "renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo" equivalente a unos 600 euros al mes (umbral de la pobreza)? Poco importa que su coste supere de lejos los 300.000 millones al año; también defienden una moratoria hipotecaria, limitar los tipos de interés, paralizar los desahucios, implantar la dación en pago con carácter retroactivo, extender el alquiler "social", despenalizar la okupación, expropiar y/o disparar los impuestos sobre las viviendas vacías; garantizar la gratuidad de los recibos de agua, luz y calefacción, entre otras muchas barbaridades de toda índole, como la nacionalización de "tierras en desuso" y grandes fincas, el control de precios en los alimentos, el cierre de todas las nucleares y centrales de gas y carbón -y su sustitución por más renovables-, imponer la pesca y la agricultura "ecológicas", limitar la caza, prohibir la tauromaquia o impedir la manida "especulación urbanística".

El problema de Iglesias, y el de la izquierda en general, es que desconoce cómo se genera y se desarrolla la riqueza. El socialismo piensa que es algo dado, cual maná caído del cielo, y que la economía es un juego de suma cero, de modo que la función del Estado consiste en redistribuir justamente los recursos. Sin embargo, como bien demuestra la historia, lo único que acaban repartiendo es miseria, muerte y coerción, exceptuando, cómo no, a la privilegiada cúpula que ostenta el poder. En este sentido, es paradigmático que la gran receta de los indignados consista, básicamente, en sustituir la actual casta por otra (la suya) exacerbando el poder político que tanto critican hasta límites insospechados. Así pues, en realidad, no son antisistema, sino prosistema. Por último, valga como ejemplo la siguiente frase de Pablo Iglesias para evidenciar su particular estilo de hacer política…

Yo pienso en Francia, últimamente, mucho. Y recuerdo una frase que me entusiasmó de Jean-Luc Mélenchon: "Si gano las elecciones, lo primero que haré es hacer que el Ejército desfile por los Campos Elíseos para mandar un mensaje a los mercados financieros". Ya me gustaría a mí poder hacer lo mismo.

El agónico ocaso de la sociedad abierta

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La socialdemocracia europea se construyó sobre un consenso ideológico profundamente antiliberal, hijo bastardo del pacto silente entre comunistas y fascistas. Sin embargo, la administración de esa socialdemocracia consensuada recayó sobre unas élites presuntamente tecnocráticas que renunciaron a cualquier discurso ideológico en aras del turnismo gubernamental. Ningún partido mayoritario osó jamás disputar las bases de ese consenso, dando la batalla de las ideas y de los valores: al contrario, se limitaron a asimilarlo con el propósito de maximizar sus opciones de acceder y mantenerse en el poder. De hecho, todos aquellos que lo combatían, que pugnaban por plantear un debate más de fondo cuestionando la esencia misma de los valores y las ideas socialdemócratas, eran directamente tildados de antisistema: cuando, en verdad, los mayores antisistema eran aquellos que se obstinaban en blindar un sistema claramente fallido.

A la postre, semejante circo político funcionó mientras la calidad de la gestión socialdemócrata no era cuestionada por el conjunto de la población. Mas en cuanto el pan ha comenzado a escasear, ha bastado con que unas pocas formaciones de inspiración fascista o comunista articularan un discurso mínimamente ideologizado para que la fallida tecnocracia se ponga a tiritar. No sólo en España, sino en casi toda Europa.

Acaso muchos opten por responsabilizar a la crisis del ascenso de formaciones filocomunistas y filofascistas. Y, ciertamente, la falta de pan tiene su porción de responsabilidad. Pero el problema de fondo es otro: si la mayoría de la población asocia crisis con la necesidad de un mayor antiliberalismo es porque las ideas antiliberales llevan décadas siendo absolutamente mayoritarias en Europa; es decir, si la incertidumbre trata de combatirse con mayor estatismo es porque hemos interiorizado el discurso de que el Estado es providente y la libertad una amenaza. A diferencia de otras etapas históricas, nuestro problema no es que el Leviatán haya aprovechado la crisis para crecer, sino que la mayor parte de la población le ha implorado al Leviatán que crezca. 

No en vano, el fondo del discurso de las formaciones antiliberales que han ascendido con fuerza en casi toda Europa, y también en España, es idéntico: la honda aversión a la sociedad abierta y a sus valores de tolerancia, diversidad y voluntariedad. Desde el Frente Nacional en Francia azuzando el odio contra los inmigrantes a Syriza en Grecia avivando el odio contra los capitales extranjeros, pasando por los distintos grupos de extrema izquierda que han emergido en España, todos intentan asfixiar y reprimir con gran radicalidad los pocos recovecos de libertad que todavía no habían sido barridos por el consenso socialdemócrata que ha gobernado Europa desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Pero su ascenso no se debe a que los liberales se hayan quedado en casa, sino a que apenas existen. La mayoría de europeos no piensan sustancialmente distinto hoy que hace diez años; el núcleo de sus ideas sigue siendo el mismo: la diferencia es que hace diez años tenían el estómago lleno y hoy no, con lo que han optado por declinar su apoyo a la tecnocracia y abrazar partidos ideológicamente afines pero más radicales.

Así las cosas, el liberalismo lo tiene harto complicado en Europa: las ideas liberales han sido absolutamente barridas de la escena política durante el último medio siglo, machacadas por el consenso socialdemócrata erigido en torno al dadivoso y corruptor Estado de Bienestar. Reconstruirlas no es cuestión de años, sino de décadas: y décadas es justo de lo que carece este Viejo Continente. Pues es viejo en el peor sentido del término, a saber, cortoplacista, mortecino y sin ilusión por el futuro; la tentación del antiliberalismo es justo la de consumir el capital acumulado durante generaciones en Europa, cual tercera generación de nuevos ricos que dilapida la fortuna familiar: una creciente generación de jubilados que tan sólo aspiran a seguir cobrando su pensión garantizada por el Estado y una menguante generación de jóvenes desanimados y sin aspiraciones cuya opción más racional es deglutir políticamente el capital legado por sus padres.

El riesgo, aclarémoslo, no es el de una revolución convencional, que a nadie interesa: el riesgo es el de apuntalar y reforzar el actual régimen extractivo con un legitimador barniz de regeneración democrática. Un sofisticado chavismo a la europea que renueve la arena del circo y vuelva a repartir pan a costa de nuestra libertad presente y prosperidad futura. Los partidos mayoritarios han claudicado a la hora de combatir ideológicamente esta senda de degeneración estatista: en esencia, porque el fondo de su discurso es el mismo. Su esperanza por conservar la poltrona pasa por que la recuperación económica se intensifique y la radicalización de los movimientos antiliberales se modere: pero cuanta más fuerza cobre la radicalidad antiliberal, menos bases quedarán para una recuperación sostenible y no sufragada mediante el expolio y la destrucción generalizada de capital (impagos, devaluaciones, inflaciones, controles de capitales, aranceles, incrementos de impuestos…).

Una pescadilla que se muerde inquietantemente la cola y ante la que los liberales sólo nos queda ofrecer una numantina resistencia ideológica que bregue tanto contra el socavado consenso socialdemócrata cuanto contra las energizadas excentricidades filofascistas y filocomunistas. Eso y, una vez superado el límite personal que razonablemente le impongamos al heroísmo, el exilio.

Ciento cincuenta años de libertad económica en cuatro gráficos

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Desde hace décadas, instituciones como la Fundación Heritage o el Instituto Cato han promovido la publicación de diferentes índices de libertad económica dedicados a analizar la evolución del capitalismo en el mundo. Estos informes suelen tomar como referencia cuatro grandes variables: calidad institucional, eficiencia regulatoria, marco fiscal y mercados flexibles.

Combinando una evaluación de todos estos criterios, estos índices permiten conocer qué países se acercan más al ideal liberal o, por el contrario, siguen el camino opuesto y apuestan por un paradigma cada vez menos compatible con la economía de mercado.

De acuerdo con estos informes anuales, algunos de los países que mejor respetan los principios del laissez faire serían Hong Kong, Singapur, Australia, Suiza, Nueva Zelanda, Canadá, Chile, Irlanda, Dinamarca, Estonia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Luxemburgo, Alemania o Suecia. 

Tomando esta metodología como punto de partida, el profesor de la Universidad Carlos III Leandro Prados de la Escosura se ha propuesto estudiar la evolución de la libertad económica entre las economías más ricas del mundo. El resultado es una gráfica que resume ciento cincuenta años de libertad económica.

A primera vista podemos ver que la segunda mitad del siglo XIX fue un periodo de continuo progreso en materia de liberalización económica, ya que la puntuación de los países de la OCDE saltó del 6,5 al 8,5 en apenas medio siglo. La tendencia se invirtió con el estallido de la I Guerra Mundial y con las medidas económicas adoptadas en el periodo de entreguerras.

Después de 1945, el final de la II Guerra Mundial supuso un cambio para mejor. Buena parte del progreso logrado entre 1850 y 1910 se había perdido, pero la segunda mitad del siglo XX sirvió para recuperar buena parte del terreno perdido. De hecho, frente a una puntuación inferior a 7,5 en 1950, el Índice Histórico de Libertad Económica llegó a más de 9 puntos en el último año estudiado (2007).

¿Qué elementos empujaron el cambio en cada una de estas fases? Analizando los diferentes factores que influyen en la elaboración de estos índices, Prados de la Escosura concluye lo siguiente:

  • De 1850 a 1915, el principal factor de avance fue el fortalecimiento de los derechos de propiedad.
  • En la primera mitad del siglo XX, el colapso de la libertad comercial influyó significativamente en el retroceso del capitalismo.
  • Especialmente en la década de 1950 y en el periodo comprendido entre 1980 y 1970, la reactivación del comercio y el declive del proteccionismo contribuyeron a la recuperación de la libertad económica en la OCDE.

  • Considerando todo el periodo (1850-2007), el principal factor de progreso fue la mejora de los marcos institucionales, con la protección de la propiedad privada como eje central.

¿Qué tal le ha ido a España según el Índice Histórico de Libertad Económica? La siguiente gráfica, publicada por el propio Prados de la Escosura en el blog Nada es Gratis, desgrana el comportamiento de nuestro país en comparación con la OCDE.

A la luz de la gráfica, resulta evidente que España ha experimentado un gran avance a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Si en 1950 la puntuación de nuestro país era de 5,5 frente al 7,5 de la OCDE, en 2007 ambas líneas convergen en el entorno de los 9 puntos.

Los factores que han impulsado la mejora en España han guardado cierto parecido con la evolución de la OCDE, aunque hay diferentes aspectos que conviene analizar con detenimiento:

  • Por un lado, la desregulación vivida en la segunda mitad del siglo XIX fue casi inexistente, frente a los avances significativos del resto de países.

  • En el periodo 1950-1980, la apertura comercial española fue mucho menor a la media de la OCDE.