Ir al contenido principal

Capitalistas ganadores

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

Jorge Otero escribió en publico.es sobre "Los capitalistas que siempre ganan". Su visión del capitalismo es tan generalizada como errónea.

Todo el artículo invita al recelo hacia unas personas poco recomendables:

España es una auténtica ganga para los grandes inversores. Todo el mundo sabe que los activos españoles están baratos. La crisis ha tirado los precios –y los salarios– por los suelos y siempre hay gente dispuesta a sacar tajada comprando barato para luego, en un futuro indeterminado, vender más caro.

¿Ah, sí? ¿Todo el mundo lo sabe? Pues si fuera verdad, entonces todo el mundo compraría, los activos dejarían de estar baratos y los precios y los salarios subirían. Nada de esto ha sucedido todavía, precisamente por un aspecto crucial del papel empresarial que el señor Otero ignora: la incertidumbre; porque los empresarios, como descubrió Richard Cantillon hace mucho tiempo, conocen el valor de lo que compran, pero nunca están seguros del valor de lo que pueden vender.

Según don Jorge, hay ricos riquísimos como Bill Gates, George Soros, Amancio Ortega, Warren Buffet o Carlos Slim que "siempre ganan cuando se trata de hacer negocios". Pues no es así, porque no todas sus inversiones han tenido éxito. Pero además nos cuenta el señor Otero que "Bill Gates, al que tampoco se le da nada bien perder dinero, adquirió el pasado octubre el 6% de la constructora de Esther Koplowitz" y "compró barato". ¿Qué pasa con la señora Koplowitz, una mujer muy rica? ¿Acaso es tonta, perdió dinero al vender barato al odioso extranjero?

Pues claro que no. La verdad es que don Jorge no sabe si Bill Gates ganó con esa compra y Esther Koplowitz perdió. Eso sólo lo puede decir el tiempo, porque, al revés de lo que dice su artículo, no es verdad que los capitalistas ganen siempre.

Otro error habitual es asociar las inversiones de los ricos a la malvada e improductiva especulación:

La economía productiva en España sigue bajo mínimos –26% de paro– pero la especulativa despegó en 2013.

Con ese argumento, cuando el paro estaba en el 8% en España no había "especulación", lo que, dada la evidencia de la burbuja inmobiliaria, es un apreciable desvarío.

Y, por fin, esta joya de la coherencia progresista:

El entusiasmo del Gobierno del PP es evidente, pero no puede ocultar una realidad: los magnates invierten en España, sí, pero una diminuta parte de sus enormes fortunas.

¿En qué quedamos, señor Otero? Si sus inversiones no son buenas, ¿para qué queremos que inviertan más?

La revolución de Tesla

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Tesla Motors es una de las compañías más increíbles del panorama actual, no sólo por ubicarse en la vanguardia de la revolución del coche eléctrico o por haber sido creada por Elon Musk –uno de los genios empresariales de nuestra era–, sino por el ejemplo que acaba de ofrecer a la humanidad: liberar todas sus patentes para potenciar el desarrollo y la producción en masa de vehículos eléctricos.
Tal como explico en Una revolución liberal para España, las patentes son una forma de monopolio intelectual de carácter temporal otorgado por el Estado a una compañía o a un individuo. Como monopolio que son, suprimen la libre competencia entre ideas e innovaciones durante un período de tiempo, encareciendo artificialmente los nuevos productos y reduciendo su disponibilidad para el gran público. Es verdad que suele pensarse en las patentes como un mecanismo indispensable para promover la inversión en I+D, pero, tal como documentan extensamente Boldrin y Levine, no existe evidencia alguna de que la introducción o el reforzamiento de la legislación de patentes haya contribuido a incrementar los recursos destinados privadamente a la I+D. Lo que, por el contrario, ha tendido a suceder es que las patentes incentiven la sustitución de una investigación de arquitectura modular (código abierto: cada investigador contribuye descentralizadamente a impulsar mejoras incrementales en un corpus de conocimiento socialmente compartido) por una investigación de arquitectura integral (código cerrado: cada investigador centraliza toda la inversión en innovación excluyendo al resto de agentes del corpus de conocimiento que él ha desarrollado). Tal como expresa diáfanamente Elon Musk: “El liderazgo tecnológico no se define por las patentes –pues la historia ya ha mostrado reiteradamente que conceden escasa protección contra ciertos competidores–, sino por la capacidad de una compañía para atraer y motivar a los más talentosos ingenieros del mundo”. En suma, las patentes no disparan el gasto en innovación, sólo modifican el modo en que se despliega. Pero, en cambio, las patentes sí dan lugar a incentivos perversísimos; así, paralizan la innovación en los sectores recién patentados, encarecen los costes de investigación, judicializan el proceso innovador y alientan los comportamientos oportunistas en la constitución de nuevas patentes (patentes inútiles, preventivas o submarino). Elon Musk es muy claro al respecto: “Al comienzo pensaba que las patentes eran positivas y me esforzaba por conseguirlas. Y tal vez fueron positivas en algún momento pasado, pero en la actualidad sólo sirven para minar el progreso, reforzar la posición de corporaciones gigantescas y enriquecer a los abogados, que no a los inventores”. Mas, como ya dijimos, el mayor perjuicio de las patentes lo sufren los consumidores, quienes se ven penalizados con bienes más escasos y caros de los que podrían disfrutar en ausencia de patentes. Aunque los copiadores están muy mal vistos en nuestra sociedad, no sólo buena parte de nuestro progreso procede de emular, reproducir y modificar tangencialmente los comportamientos y avances ajenos, sino que en muchos casos sólo es posible multiplicar la oferta de bienes y servicios –hasta volverla verdaderamente asequible para todo el mundo– por la vía de efectuar múltiples copias descentralizadas del prototipo. Si, por ejemplo, Ford gozara del monopolio perpetuo de la producción de vehículos mediante cadena de montaje, es harto dudoso que hoy los coches se hallaran ampliamente disponibles en todo el mundo: simplemente, la compañía Ford sería incapaz de atender por sí sola un mercado tan amplio. Pues tres cuartos de lo mismo sucede con la generalización del coche eléctrico. Elon Musk reconoce explícitamente la incapacidad de Tesla Motors para producir suficientes coches lo suficientemente rápido: “Dado que estamos produciendo casi 100 millones de vehículos anuales mientras que el parque mundial de coches es de aproximadamente 2.000 millones, es imposible que Tesla genere coches eléctricos lo suficientemente rápido como para hacer frente al cambio climático. Asimismo, tengamos presente que el mercado es enorme: nuestros verdaderos competidores no son los diminutos fabricantes de coches eléctricos distintos de Tesla, sino la gigantesca flota de vehículos de gasolina que son fabricados día a día en las fábricas de todo el mundo”. Más copia no sólo es más innovación, sino más producción y másbaratura. Pero las patentes impiden la saludable copia. En definitiva, Tesla Motors acaba de lanzar un potente mensaje a todos los gobiernos y empresas del planeta: abandonen el monopolio estatal de las ideas y abracen el libre mercado innovador. Esperemos que este revolucionario ejemplo sea el comienzo de cambios mucho más profundos en la mal llamada legislación de propiedad intelectual.

El chavismo se quita la careta

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

Nicolás Maduro no pondrá en libertad a Leopoldo López, pese a la evidente injusticia. A Maduro, incluso, le conviene que Leopoldo sea inocente. Como enseñó el padre Lenin, la clave de la obediencia es el miedo, la inseguridad. Es la ominosa certeza de que el Estado puede descargar su fuerza cuando lo decide la policía política sin que exista una previa violación de la ley. Lo importante no es la legalidad, esa despreciable minucia burguesa, sino la revolución.

Pero hay mucho más.

Nicolás Maduro afirma que la diputada María Corina Machado es una asesina que trata de matarlo. La fiscal general, la señora Luisa Ortega Díaz, al frente del sicariato que en Venezuela se conoce como Poder Judicial, acusó de ser cómplices a tres demócratas de la oposición: el exembajador Diego Arria, el exdirector de PDVSA Pedro Burelli y el abogado Ricardo Koesling. En la fantástica trama, como era predecible, también figura el americano feo, Kevin Whitaker, siniestro embajador de Estados Unidos en Colombia. 

¿Por qué y para qué Nicolás Maduro fabrica una acusación tan ridículamente falsa?

Porque en esta situación cualquier opositor barrería al chavismo en las elecciones. Según las encuestas, los opositores demócratas tienen el 65% de apoyo y el chavismo el 35. Pero como no van a entregar el poder, intentan desbandar a la oposición, exiliarla, como hicieron con Manuel Rosales, o encarcelarla, como hacen con los políticos que alcanzan alguna prominencia, ya sea Leopoldo López o los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos.

La popularidad del chavismo cae en picado como consecuencia del inmenso caos económico en el que ha sumido a Venezuela y necesita desesperadamente cambiar el foco del debate. Maduro no quiere que la sociedad proteste por el desabastecimiento, la inflación, la corrupción, la oleada que no cesa de crímenes impunes (de 4.500 en 1999 a 21.692 en 2013, aumento del 382%). Quiere centrar la atención en el falso magnicidio y criminalizar cualquier manifestación de inconformidad. Es lo que Cuba recomienda y hace: repriman para sobrevivir.

Desde que Maduro asumió las riendas, la cifra de hogares pobres aumentó en 416.326, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Un 30% más. En 1999 había en el país 6.400.000 pobres. Hoy hay 9.000.000.

Todo esto sucede en medio de la bonanza del ingreso constante de petrodólares. En los 15 años de chavismo, a partir de 1999, el país ha recibido más divisas como consecuencia del precio del petróleo que en toda su historia, desde que obtuvo la independencia de España en 1823.

¿Cómo ha sido posible esta catástrofe? Porque la burocracia y el gasto público crecieron exponencialmente. Durante el chavismo se ha pasado de 900.000 empleados públicos a 2.300.000 (un 156%). La nómina de PDVSA ascendió de 40.000 a 120.000, mientras la productividad –barriles por empleado– se redujo de 75 a 18, y la deuda de la empresa pasó de 6.000 a 40.000 millones de dólares.

Han malgastado irresponsablemente los recursos del país, a lo que se agrega la increíble corrupción propiciada por el Gobierno y la boliburguesía. Según Jorge Giordani, hasta hace poco ministro de Planificación, del Sitme –donde se otorgan las divisas– se esfumaron 20.000 millones de dólares.

La inflación acumulada es del 933%. Cuba les cuesta más de 13.000 millones de dólares anuales, pero cuando se suman el resto de los chupópteros del ALBA, más los maletines a los Kirchner, más todas las compras de influencia internacional, esa cifra acaso se duplica.

Estatizaron decenas de empresas que eran rentables hasta que las controló y arruinó el Gobierno. Intervinieron más de 600 fincas, lo que provocó la destrucción del aparato productivo. Antes de Chávez se importaba el 37% de los alimentos. En época de Maduro ya andamos por el 78%.

¿Para qué seguir? Los chavistas lograron la sorprendente proeza de quebrar Venezuela. Ya no tiene crédito ni, mucho menos, capitales extranjeros. ¿Quién invierte en ese manicomio colectivista sin ley ni justicia, donde el Poder Judicial es una rama de la policía política?

Venezuela hace rato que dejó de ser una república democrática. Rápidamente se convirtió en una dictablanda corrompida. Cada día que pasa se acerca más a una dictadura podrida, pura y dura, que conserva el poder a palos. Están ahora en la fase de quitarse la careta. Es triste, pero tan grave como eso es el silencio cómplice de América Latina. Vergonzoso.

elblogdemontaner.com

La sentencia del ‘caso Coca-Cola’ reabre el debate sobre la interpretación judicial de la reforma laboral

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

Este viernes, la Audiencia Nacional declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) había presentado para 1.190 de sus empleados. A pesar de que la mayoría de los trabajadores afectados habían aceptado las condiciones de la empresa ("muy generosas" según la compañía y que incluían la recolocación en otras plantas de todos los despedidos), el tribunal ha decretado que ha habido problemas formales, mala fe y falta de información a lo largo de todo el proceso, por lo que habrá que readmitir a los afectados, incluso a aquellos que se habían acogido voluntariamente a la oferta.

La sentencia no es la primera de este tipo que se ha publicado en los dos últimos años, aunque sí estará entre las que hagan más ruido, dada la relevancia mediática del caso. De hecho, en realidad se trata de uno más entre los numerosos fallos judiciales que han revocado una decisión empresarial cubierta, al menos en teoría, por la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Se une así, como explica Carmen Llorente en este artículo de Diario Jurídico, a los casos de Air Europa, Roca, Tragsa, Liberbank, Telemadrid o la Radio Televisión Valenciana.

En todas estas situaciones, las empresas u organismos públicos presentaron un ERE respaldado, según creían ellos, por la nueva regulación, que permite a las empresas realizar despidos objetivos por causas económicas (colectivos o individuales) si tiene "pérdidas actuales o previstas" o una "disminución persistente de ingresos o ventas" durante tres trimestres consecutivos, comparados con el mismo período del año anterior. 

Hay que recordar que el despido objetivo lleva aparejada una indemnización de 20 días por año, con 12 meses de límite. Por lo tanto, uno de los objetivos de la reforma era reducir el coste del despido, que se entendía que era una de las grandes barreras a las que se enfrentaban los empresarios para formalizar más contratos indefinidos. Hasta la aprobación de la reforma, la gran mayoría de los despidos en España se declaraban "improcedentes" (45 ó 33 días por año, en función del contrato y hasta 42 mensualidades de límite).

¿Seguridad jurídica?

En este punto, la clave no reside sólo en el coste total, sino también en la seguridad sobre las decisiones empresariales. La gran mayoría de los despidos era improcedente, en gran parte porque era una manera de quitarse problemas por parte del empresario. Ante la perspectiva de enfrentarse a un largo juicio, con los costes que esto tiene, y a una sentencia desfavorable, prefería despedir, pagar a 45 días y olvidarse del tema. Eso sí, luego a la hora de contratar a un nuevo empleado esta restricción estaría muy presente en su decisión.

Con los cambios aprobados en 2012, se suponía que estas dudas quedaban superadas. En teoría, estaba muy claro cuándo se podía despedir por causas objetivas (lo de los tres trimestres). Sin embargo, como puede verse, los tribunales no han admitido muchos de los ERE presentados. Y se plantea la cuestión de si están en riesgo algunos de los efectos buscados con la reforma. En este sentido, la sentencia del caso de Coca-Cola Iberian Partners es muy significativa porque contiene los dos reproches más habituales que los jueces han hecho a la reforma Báñez.

En primer lugar, la Audiencia Nacional apunta a la falta de ciertos requisitos formales. Ésta ha sido una reclamación constante desde 2012. En los ERE, la reforma eliminó la necesidad de una autorización administrativa previa y, a cambio, estableció innumerables requisitos formales que, además, serían causa de nulidad en caso de incumplirse. Los expertos advirtieron desde el principio de que sería muy difícil que un ERE cumpliera con todas y cada una de estas exigencias.

En el caso que nos ocupa, la Audiencia considera que no se informó a los representantes de los trabajadores de la constitución de un nuevo grupo de empresas: "Se ha producido, por tanto, un completo y manifiesto incumplimiento de las obligaciones de información, consulta y negociación en el supuesto de cambio de titularidad de la empresa".

Pero no es sólo una cuestión formal, los tribunales han decidido, en muchos casos, que el despido objetivo esté fundamentado. Sí, incluso aunque se suponía que la reforma iba a eliminar esta exigencia, estableciendo sólo un criterio objetivo ("descenso de ingresos o ventas durante tres trimestres"), los jueces están interpretando la ley con un particular criterio. De esta forma, se acepta que la empresa puede estar en la situación requerida, pero incluso así piden que justifique que los despidos son necesarios. Como explica Carmen Llorente, el Tribunal Supremo ya estableció en el caso de Cortefiel que "tras la reforma laboral, a los tribunales corresponde emitir un juicio no solo sobre la existencia y legalidad de la causa alegada, sino también acerca de la razonable adecuación entre la causa acreditada y la medida propuesta".

En la misma línea, la Audiencia considera, en el caso de CCIP, que "no se ha proporcionado la información reclamada por los representantes de los trabajadores durante la negociación (…) sobre cuál era la forma de distribuir la producción entre plantas y líneas antes de la reestructuración y cómo se prevé hacerlo después. Y esa información sí era relevante para valorar las causas y negociar sobre la posibilidad de evitar o reducir los despidos y sus efectos, por lo que esa omisión informativa sí se anuda a la consecuencia de la nulidad del despido". No es exactamente una petición de causalidad entre despidos y situación económica, pero sí apunta en esa dirección. En este caso, obliga a la empresa a que justifique ante los sindicatos por qué tomas unas determinadas decisiones organizativas, para que se pueda estudiar si éstas son susceptibles de un cambio.

¿Jueces o empresarios?

Los empresarios siempre se han quejado de que no es normal que los jueces se metan a dilucidar si una decisión puramente organizativa, como es un despido, está o no justificada. Ésta era la realidad con la anterior ley, pero se suponía que iba a cambiar con la reforma.

Sin embargo, entre las exigencias formales y los requisitos de justificación, aquellos deseos podrían estar quedando en nada. De esta forma, vuelve una pregunta clásica en el mercado laboral española, ¿quién toma las decisiones en las compañías: los jueces o los dueños?

Desde diversos ámbitos se ha apuntado a que exige un fuerte sesgo en los tribunales en favor de las interpretaciones más estrictas de la ley. O por decirlo de otra manera, que los jueces podrían estar poniendo su ideología por encima de todo lo demás a la hora de redactar sus sentencias.

¿Por qué Montoro va a por su vivienda?: la recaudación del IBI sube un 60%

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

"Las casas se han convertido en un punto de recaudación de impuestos". Así de claro se muestra un inspector de Hacienda cuando se le pregunta por la evolución de la fiscalidad municipal aplicada a los activos inmobiliarios. Su respuesta la corroboran los datos. A lo largo del último lustro, pocos gravámenes han experimentado un aumento recaudatorio como el vivido por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Concretamente, los ingresos tributarios derivados del cobro del IBI se acercan ya a los 12.000 millones de euros anuales, lo que significa un aumento de unos 5.000 millones de euros frente a las cifras alcanzadas en el año 2007, antes de la crisis y en plena "burbuja inmobiliaria". Comparando los datos de 2007 con los de 2012, vemos que el crecimiento de la recaudación por IBI supera el 50%. Si a esto le unimos los niveles de ingresos esperados para el ejercicio 2013, vemos que el diferencial frente al periodo precrisis asciende ya al 60%.

El ‘catastrazo’

Desde 2007, el número de inmuebles censados en España ha crecido de 32,6 a 37,6 millones. Este aumento de la oferta, cercano al 15%, ha convivido con una caída generalizada de los precios. Sin embargo, los valores catastrales sobre los que se calcula el IBI han sido revisados al alza de forma continua y sistemática. 

Así, mientras que el valor catastral medio en 2007 llegaba a los 44.000 euros, los últimos datos disponibles lo elevan ya por encima de los 61.000 euros. En suma, hablamos de un aumento cercano al 40%. Si a esto le sumamos el aumento de los tipos aplicados a este gravamen, el panorama para el contribuyente resulta aún más desolador.

Quienes defienden esta vía de ingresos fiscales como solución a los males presupuestarios de las Administraciones Públicas españolas destacan que estas medidas han permitido que los Ayuntamientos cierren el ejercicio 2013 con sus cuentas en positivo. Sin embargo, el aumento de la plantilla de empleados de los consistorios choca con este discurso, ya que la "austeridad privada" que supone el aumento continuado del IBI choca con el aumento del gasto público derivado de las contrataciones de personal. Concretamente, los Ayuntamientos cerraron 2013 con 608.000 empleados, un aumento interanual de casi 30.000 personas.

Si nos fijamos en los ingresos de los consistorios españoles, vemos que las cifras de 2013 son casi idénticas a las de 2007. Si antes de la crisis recaudaban 66.231 millones de euros, el pasado año se cerró en 65.059 millones.

Toledo duplica su recaudación por IBI

Para el periodo comprendido entre 2007 y 2012, el aumento de la recaudación por IBI ha alcanzado niveles escandalosos en algunas capitales de provincia. Es el caso de Madrid, donde los ingresos derivados de este gravamen han aumentado un 79,4%. Algo parecido ocurre en Almería, donde el crecimiento ha sido del 82,1%.

Aún peor lo tienen los contribuyentes de Murcia, Ávila y Cuenca. En estos tres municipios, la recaudación por IBI se ha disparado un 86,2%, un 86,6% y un 89,1%, respectivamente. Sin embargo, el caso más llamativo es el de Toledo, donde las revisiones al alza del IBI han disparado los ingresos del consistorio en un 98,5%.

Incluso en las capitales de provincia en las que el aumento es menor, las cifras son preocupantes. Tenerife y Valencia son las dos urbes que experimentan un auge más limitado, pero igualmente hablamos de una subida acumulada del 17,9% y el 20,5%, respectivamente. A continuación encontramos a Alicante y Cádiz, donde el aumento llega al 23,3% y al 24,2%.

Más fiscalidad inmobiliaria

Las continuas revisiones de la fiscalidad municipal han disparado notablemente el esfuerzo tributario de los contribuyentes españoles. No obstante, las vías de ingresos han cambiado notablemente: caen los ingresos derivados de la edificación y la compraventa, pero suben los retornos fiscales imputados a los propietarios de activos inmobiliarios.

Para Hacienda, descargar un mayor castigo fiscal sobre la tenencia de viviendas, locales o terrenos permite desarrollar una vía de ingresos en la que el margen de elusión o evasión es mucho más limitado. Es por eso que la propuesta de "reforma tributaria" que elaboró la Comisión Lagares invitó al Fisco español a aumentar más aún la carga impositivaque se aplica en este ámbito. Y esta idea es, precisamente, una de las medidas que el Gobierno baraja incluir en su reforma fiscal.

Asimismo, el FMI y la OCDE también han pedido a España que explore este camino, por lo que los propietarios de inmuebles pueden convertirse, tras la próxima "reforma tributaria", en uno de los colectivos peor tratado por la fiscalidad española.

Líder mundial en impuesto de transmisiones

Igualmente, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales vemos que el marco fiscal español está muy lejos de ser moderado. De hecho, España es el país que más impuestos aplica por este concepto, tanto si hablamos de inmuebles de lujo como de propiedades más modestas.

Así, adquirir en España un activo inmobiliario de 2,7 millones de euros acarrea un gravamen medio del 10%, lo que equivale a 270.000 euros. India y Reino Unido aparecen en segundo y tercer lugar del ranking mundial elaborado por UHY, aunque en este caso el gravamen sería del 8% y del 7%, respectivamente. En Francia o Alemania, el Fisco se llevaría la mitad: un 5%. Más atractiva aún es la situación vigente en Japón e Italia (3%), Países Bajos y Canadá (2%), EEUU y Estonia (1%) o Rusia y Eslovaquia (no aplican este tributo).

Planteando la compra de un inmueble más modesto, valorado en 115.000 euros, vemos una vez más que España está a la cabeza en cuanto a impuestos cobrados. En el caso descrito, Hacienda se volvería a llevar otro 10%, esta vez equivalente a 11.500 euros. A continuación, encontramos a India, donde el castigo fiscal sería del 8,5%. Mucho más amable es el marco aplicado en Argentina, Francia o Alemania (5%), si bien el 3% de Italia, el 1% de Japón o el 0,5% de EEUU resultan aún más atractivos. En Reino Unido o Israel, por el contrario, esta transacción no implicaría ningún pago a Hacienda.

Todos estos costes tributarios complican la reactivación del sector inmobiliario. Como ha explicado Elena Sanz, la caída del precio de la vivienda no se ve reflejada en muchos casos debido al aumento de los impuestos aplicados al ámbito inmobiliario. Lo vemos en el caso del IBI y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, pero también en el fin de las desgravaciones fiscales por compra de vivienda o en la subida del IVA.

PIB, fraude y las estimaciones peligrosas

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

"Consistency is the last refuge of the unimaginative" Oscar Wilde.

Siempre comento que la labor de los políticos no es reducir el gasto, sino buscar formulas originales y divertidas de esconderlo.

Una de las más entretenidas es la famosa "sacar las partidas para que no cuenten como déficit". Como si no se pagasen.

Otra es referir los gastos y deuda "sobre PIB" (producto interior bruto), en vez de compararlo con ingresos y costes financieros. Se supone que al referirlo al PIB se hace homogéneo con respecto a nuestros países comparables, pero dentro de esa cifra se incluyen muchos elementos diferenciadores.

El primero es que una economía cíclica y orientada a servicios y exportadora como es la española no se puede permitir unos gastos fijos de administración que superen el 45% de la economía. Además, importa la distribución de dicho PIB. Cuando el Estado consume hasta el 50% del mismo se está contabilizando su capacidad de absorber recursos del resto de la economía de manera extremadamente generosa.

Otro muy relevante es el peso de los elementos estimados. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el aporte de la revisión de inventarios explica más del 20% del crecimiento. A medida que se ha ido expandiendo el cálculo del PIB se incrementa el porcentaje de actividades que se estiman, comparado con aquellas que están contabilizadas adecuadamente. En el caso de Estados Unidos, la parte estimada del PIB es casi un 15%. En España, cercana al 20%. Es aquella parte de la economía no registrada, no sólo la sumergida, sino la riqueza de pequeñas cantidades.

Muchos dudan de la veracidad del calculo de la riqueza nacional. Yo, por ejemplo, siempre lo comparo con la evolución de la riqueza financiera neta, que es un indicador de seguridad sobre la fiabilidad del PIB. Si, como se refleja en algunos análisis, el PIB de España fuera falso, se percibiría esa enorme diferencia en los activos financieros netos, cuya correlación es casi del 97% con el PIB. Por lo tanto, no es lógico asumir enormes discrepancias, aunque la falta de correlación con los indicadores industriales sea real y evidente.

En ese análisis se muestra algo muy importante. Esa discrepancia entre la riqueza industrial y la total actual es precisamente la que nos debería llevar a alertar sobre los cálculos de gasto, déficit y deuda "sobre PIB". Porque el cambio de modelo económico y pérdida de una burbuja inmobiliaria que generaba 50.000 millones de euros de ingresos extraordinarios no nos puede llevar a asumir la misma capacidad de gasto y endeudamiento por la menor capacidad recaudatoria de los otros sectores.

Imaginen que tienen ustedes una empresa de construcción y una de hosteleria-exportación-financiera y la primera quiebra mientras las otras florecen. Traspasar todos sus gastos de administración y personal a la segunda empresa y mantener los costes fijos inamovibles les lleva a quebrar la segunda también.

La actividad económica, al perder un efecto tan brutal como la construcción y la obra civil, que llegaron a suponer el 22% de la economía del país, distorsiona…al alza y a la baja. Es decir, cuando crecíamos más que nadie el PIB no reflejaba esas enormes distorsiones alcistas -aumentaba menos- y lo mismo ocurre, en sentido contrario, al pincharse una burbuja, sobre todo cuando ésta era de enormes proporciones. Decrece menos.

Una de las grandes diferencias es la falta de correlación que hemos visto a nivel global entre demanda energética y PIB. Países como Alemania, Estados Unidos o Reino Unido han visto su demanda caer o permanecer inalterada mientras su PIB crecía, porque se ha pasado de un PIB industrial a uno mas orientado al consumo, y porque la eficiencia y sobrecapacidad de la década de exceso también afectan.

Ahora bien, nadie puede dudar de la originalidad de nuestros lideres internacionales cuando deciden añadir "prostitución y drogas" al producto interior bruto.

Incluir esas partidas genera un PIB aun más estimado. En Reino Unido se "calcula" la riqueza generada por la prostitución, de unos 9.000 millones de dolares, asumiendo el numero de prostitutas dado por la policía, y trasladando una correlación entre los gastos de "entretenimiento sexual" legal, las salas de strippers y los servicios de acompañantes junto al crecimiento de la población masculina, al resto de esa "estimada" prostitución. Simple, ¿verdad?. En el caso de las drogas, es aún más complicado, pues se hace -se lo juro- calculando el supuesto ahorro y renta disponible de los drogadictos y usuarios estimados. Se estima que el PIB de Reino Unido va a aumentar en 7.400 millones de dolares por este concepto.

En el caso de España, el incremento del PIB de 47.000 millones de euros no es todo actividades ilegales, gran parte viene de la revisión del censo y unos 15.000 millones vendrán de gasto en I+D, armamento y otros conceptos tecnológicos.

Lo que no puede permitirse es que la inclusión de hasta 32.000 millones de actividades ilegales y no registradas sean una excusa para decir que baja la presión fiscal, un ratio recaudatorio, porque el esfuerzo fiscal -lo que paga cada ciudadano- es el mismo. Casi el 40%, uno de los mayores de la OCDE. No puede ser una excusa para subir los impuestos añadiendo al producto interior bruto unas actividades que ni tributan ni sabemos si están correctamente estimadas.

Este nuevo PIB tampoco puede ser excusa para decir que baja la deuda o el déficit ni mucho menos que se puede aumentar.

Aumentar el déficit por este cambio incluyendo actividades ilegales es peligroso… Porque los que lo pagan son los mismos, ya que no seafloran ingresos ni riqueza que no estuviera ya aquí, ni va a tributar.

Que nadie le eche la culpa al INE. Los datos son los que son.

España en 2013 gastó 67.755 millones de euros más de los que ingresó, a pesar de subir todos los impuestos, y en 2014 aún será más de 45.000 millones por encima de los ingresos fiscales de burbuja.

Los intereses de la deuda, a pesar de la caída de la prima de riesgo, suponen casi un 10% de los ingresos totales. La deuda barata no soluciona nada.

Para ajustar “por los ingresos”y llegar al 3% de déficit sin cortar el gasto, se tendrían que aumentar los impuestos mucho más, hasta recaudar 32.700 millones.

Intentar recuperar ingresos solo vía “la lucha contra el fraude” sin atacar el gasto es peligroso, al confiar en unas estimaciones tan cuestionables como las citadas de prostitución y drogas, mientras se mantienen unos gastos ciertos y reales. Además es un engaño, ya que no se recaudaría ni de lejos la cifra necesaria para atajar el desequilibrio de las cuentas, sólo se conseguiría un efecto mínimo de una sola vez, y no soluciona el déficit estructural, de unos 40.000 millones anuales.

Según las estimaciones del sindicato de inspectores Gestha, no ha habido crisis, sólo se han sumergido beneficios. Un aumento de 60.000 millones de euros entre 2008 y 2012, nada menos.

Para que se hagan una idea, en 2007 los beneficios del Ibex 35 eran de unos 50.000 millones de euros y han caído hasta 20.000 millones en 2013, pasando por unas perdidas netas de 8.500 millones en 2012. Si aceptamos las cifras de Gestha, la economía sumergida no sólo genera mayores beneficios que el Ibex entero sino que, mientras las grandes empresas veían como sus beneficios caían un 60%, la economía supuestamentesumergida crecía más que los beneficios de cualquier multinacional y duplicaba la evolución del Ibex. Sorprendente.

El problema de estas "estimaciones de cuento de la lechera" es que, igual que referenciar los gastos, déficit y presión fiscal a este nuevo PIB, no cambia nada. El agujero aumenta mientras le dicen que van a recaudar miles de millones más algún día.

Lo que se paga, lo que se gasta, y lo que le cuesta a usted es lo mismo.

Cambiar el PIB para incluir estimaciones de economía ilegal no me parece mal como ejercicio de análisis. Como excusa de una Europa de estados hipertrofiados para gastar más y hacernos trampas al solitario es un error. Porque no cambia nada. El sistema es igual de insostenible.

Oxfam: propaganda pro-voracidad fiscal

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La semana pasada, la ONG proestatal Intermon Oxfam presentó un nuevo informe que dio pábulo a amarillistas titulares de prensa con un mensaje común: "las familias pagan 50 veces más impuestos que las grandes empresas". Ante semejante inequidad fiscal, Oxfam proponía que la carga tributaria recayera de manera mucho más gravosa sobre el entramado empresarial, incrementando notablemente el Impuesto de Sociedades.

Sin embargo, como suele suceder, este tipo de informes contiene diversos errores y, lo que es peor, numerosas medias verdades que conducen a conclusiones engañosas.

Qué dice el informe Oxfam

El informe de Intermon Oxfam es un informe sobre fiscalidad bastante más amplio de lo que trascendió a los medios de comunicación. Nosotros nos vamos a limitar a analizar el mensaje central que copó los titulares de prensa: a saber, que las familias soportan una carga fiscal 50 veces superior a las grandes empresas.

Para llegar a este conclusión, Oxfam toma la recaudación debida fundamentalmente cuatro figuras tributarias: IRPF, IVA, Especiales y Sociedades. Dado que la recaudación conjunta de los tres primeros tributos ascendió en 2011 al 91,5% del total (excluyendo de su cómputo a las cotizaciones sociales) y la de Sociedades al 8,5%, Oxfam concluye que las familias abonan 10 veces más impuestos que las empresas; como, a su vez, este gravamen societario sobre las grandes empresas sólo aporta un 2% del total de recaudación (casi el 25% de la recaudación total por Sociedades), Oxfam concluye que las familias pagan unas 50 veces más impuestos que las grandes compañías (en concreto, 46 veces).

Los problemas de los datos de Oxfam

De entrada, las cifras que presenta Oxfam yerran por cuanto equiparan indebidamente la recaudación conjunta de IRPF, IVA y Especiales con los impuestos abonados por las familias (o incluso, llega a decir Oxfam, por la "clase media asalariada") y el Impuesto de Sociedades con los impuestos abonados por las empresas.

Esta equiparación es insostenible por varios motivos. Primero, las empresas también pagan impuestos especiales: por ejemplo, el impuesto sobre hidrocarburos. Segundo, es verdad que el obligado tributario del IVA no son las empresas, sino los consumidores, pero las rentas que se gastan en consumo (y que pagan IVA) no proceden sólo de los salarios, sino también del reparto de beneficios empresariales (parte de las rentas del capital, como son los dividendos o los intereses). Tercero, el informe Oxfam no tiene en cuenta la influencia de la traslación fiscal: es decir, el obligado tributario no coincide necesariamente con quien soporta la carga tributaria.

Por ejemplo, un incremento del IVA no tiene por qué pagarlo efectivamente el consumidor cuando el empresario no puede trasladar ese incremento de la fiscalidad indirecta a subidas de precios (cuando la demanda de un producto es muy elástica, no es posible incrementar los precios sin perder sobreproporcionalmente la cantidad de bienes vendidos). Si el IVA sube del 18% al 21%, pero el precio de un producto no varía (o se incrementa menos que la subida del IVA), esa mayor fiscalidad indirecta se come los márgenes empresariales y, en tal caso, su naturaleza es asimilable a la que se le atribuye al Impuesto de Sociedades (y digo que "se le atribuye" porque, precisamente por la traslación fiscal, el Impuesto de Sociedades lo pueden terminar pagando consumidores o trabajadores con mayores precios de venta o menores salarios).

Por consiguiente, las cifras que ofrece Oxfam son erróneas: ni toda la recaudación por IVA y Especiales procede de las rentas del trabajo ni la recaudación por figura tributaria coincide con las cargas fiscales de los distintos obligados tributarios.

España, ¿excepcional en el contexto internacional?

Dejando de lado los problemas anteriores y asumiendo que la tributación sobre los beneficios empresariales es, como dice Oxfam, una buena medición de los impuestos que abonan las empresas españolas, ¿es la situación fiscal de nuestras compañías excepcional en el contexto internacional? ¿Acaso nuestras empresas pagan menos impuestos que, por ejemplo, las sitas en Estados tan socialdemócratas e intervencionistas como Suecia, Dinamarca o Francia?

Siguiendo a Eurostat, en el año 2011, la recaudación derivada de las rentas empresariales en España equivalió al 1,9% del PIB y, por tanto, representó el 5,9% de la recaudación total (incluyendo aquí las cotizaciones sociales como recaudación tributaria). Asimismo, en 2012 (tras los rejonazos de Montoro), la recaudación aumentó hasta el 2,2% del PIB y proporcionó el 6,7% de los ingresos totales.

¿Qué sucedió en Suecia, Finlandia, Dinamarca, Francia, Alemania o Islandia? En Suecia, la recaudación sobre beneficios empresariales ascendió en 2012 al 2,71% hasta representar el 6,3% de la recaudación total; en Finlandia, sumó el 2,19% del PIB y supuso el 4,95% de la recaudación total; en Dinamarca, en 2011, ascendió al 2,8% del PIB y copó el 5,8% de los ingresos totales; en Francia, proporcionó el 2,1% del PIB y el 5,2% del total de recaudación; en Alemania equivalió al 2,6% del PIB y al 6,6% de la recaudación total; en Holanda fue del 2,2% del PIB y del 5,8% de la recaudación total; y en la tan renombrada Islandia, proporcionó el 1,9% del PIB y 5,3% de la recaudación total.

 Fuente: Eurostat

En general, en la Unión Europea la media de recaudación por fiscalidad sobre las empresas fue del 2,6% del PIB, lo que aportó el 6,6% de la recaudación total. Vemos, por consiguiente, que el sablazo tributario sobre las empresas se situó en España, en el año 2012, en la media europea cuando la medimos como porcentaje de la recaudación total (6,7% de la recaudación total frente al 6,6%); en cambio, se situó ligeramente por debajo (el 2,2% del PIB frente al 2,6%) si lo medimos como porcentaje del PIB. Pero que este último porcentaje esté por debajo de la media europea se debe a que la presión fiscal española también se encuentra por debajo de la media europea: es decir, para acercarnos a Europa es verdad que debería aumentar la recaudación en Sociedades… pero también en todos los otros tributos.

Por consiguiente, la recaudación por beneficios empresariales de España no es excepcional en el contexto internacional, sino la norma. De hecho, aún cuando incrementáramos la recaudación por Sociedades a los niveles de Dinamarca (el 2,8% del PIB), apenas recaudaríamos 6.000-7.000 millones de euros más que ahora: una cifra harto insuficiente para cubrir los 70.000 millones de deficit público. Habría estado bien colocar los datos de Oxfam dentro de este contexto para leerlo completamente.

Y si queremos recaudar más, bajemos impuestos

La última de las mentiras de Oxfam es relacionar la baja recaudación por Sociedades con la baja tributación sobre las empresas. La ONG proestatal defiende que debemos aumentar el Impuesto de Sociedades para recaudar más. Aunque no sea un gran defensor de la curva de Laffer, lo cierto es que, en materia de Sociedades, convertirse en un refugio contra el expolio fiscal internacional puede salir muy rentable. En Irlanda, la recaudación por Sociedades equivale al 2,4% del PIB (frente al 2,2% español) y proporciona el 8,3% de la recaudación total (frente al 6,6% español). ¿Esa mayor recaudación se debe a que el impuesto de Sociedades en Irlanda es mayor al español? No: en Irlanda, el tipo del impuesto de Sociedades es el 12,5% frente al 25-30% en el caso de España (y no, no se crean ese mito de que el tipo efectivo de España es el 3,5%). Por tanto, del hecho de que quisiéramos recaudar más de las empresas no se sigue que debamos aumentar los impuestos sobre las empresas.

En suma, Oxfam escoge y distorsiona los datos para justificar un incremento del tamaño del Estado a costa del sector privado, esto es, un incremento de la rapiña tributaria a costa de la sociedad.

¿Más crédito artificial? ¿Para qué?

Escrito por Antonio España en . Publicado en Artículos en prensa.

Seguramente conocen ustedes la famosa escena del tren de la película de 1940 Los hermanos Marx en el Oeste y la frase que gritaba Groucho Marx, que se ha convertido en uno de los iconos del cine: “¡Es la guerra! ¡Más madera!”. Aunque en realidad la frase exacta es “¡Traed madera!” y en la versión original no se pronuncia el equivalente en inglés, la secuencia podría ser una alegoría de lo que debió ser la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) el pasado jueves 5 de junio, cuando se acordó la conocida batería de medidas expansivas. Decisiones de política monetaria orientadas, todas ellas, a reactivar el crédito no hipotecario a familias y empresas.

Entre todos los análisis que se han podido leer de las medidas anunciadas por Mario Draghi, les recomiendo aquellos que se separan de la corriente mayoritaria del pensamiento económico, la que aún cree en los unicornios y que ha saludado con alegría al citado paquete de medidas al grito unánime de “¡por fin, ya era hora!“. Por ejemplo, y en orden cronológico, me refiero a las aportaciones de McCoy ("Draghi se ha tirado a una piscina sin agua", 5/6/2014), Juan Manuel López-Zafra ("Y Draghi cogió su fusil", 6/6/2014) y Daniel Lacalle ("El plan Draghi no arregla Europa", 7/6/2014), por citar tres publicadas en El Confidencial. Los tres señalan el error en el diagnóstico del BCE y la ineficacia de los estímulos monetarios, visión que comparte quien escribe estas líneas.

Pero para más inri, en el siempre interesante blog español de economía y finanzas Gurusblog, han hecho los números descubriendo que, en el fondo, las medidas del BCE no supondrán nueva liquidez. Por un lado, la rebaja en los tipos de interés del 0,25% al 0,15% tendrá probablemente el mismo efecto que cuando Draghi los redujo del 0,5% al 0,25% el otoño pasado, o sea, casi nulo. Y, por otro lado, el TLTRO tiene aspecto de no ser más que una extensión del LTRO actual, ya que los importes y fechas de ambos instrumentos parecen estar sospechosamente casados entre sí, si se tienen en cuenta los fondos que previsiblemente liberará la penalización del -0,10% de la facilidad de depósito. Les recomiendo la lectura del post original para conocer los detalles.

Habrá que estar pendientes de la evolución del balance del BCE en las próximas semanas para comprobar si esto se confirma. Si así fuera, habría que quitarse el sombrero ante la capacidad de Supermario para engatusar a Gobiernos, analistas y mercados y su maestría en el arte de amagar sin dar el tiro. Desde luego, preferible a imprimir dinero indiscriminadamente es amagar con hacerlo, pues siempre será menor la distorsión introducida en el proceso de mercado. No obstante, no hay que dejar de criticarlo en tanto en cuanto alienta, siquiera psicológicamente, la actual burbuja en los activos financieros y, sobre todo, desmotiva cualquier plan de ajuste de gasto político por parte de los Gobiernos. Planes tan necesarios como ausentes.

En cualquier caso, cabe cuestionarse el interés en que se incremente el volumen de préstamos, especialmente a las empresas en general y a las pymes en particular. El crédito puede ser solución temporal a una crisis de liquidez como la que sufrieron la mayoría de las empresas españolas en los inicios de la crisis, cuando los bancos les cancelaban de la noche a la mañana las líneas de crédito que mantenían, aun siendo compañías sólidas. Pero lo que no resuelve el crédito en ningún caso, sino que más bien agrava, son los problemas de solvencia. Las malas inversiones del pasado hay que liquidarlas cuanto antes y no quemar más capital, tan valioso para la recuperación.

Fíjense en lo inconsistente del discurso mainstream. Por un lado, se habla de que la crisis fue consecuencia de un exceso de endeudamiento en el pasado, permitido, dicen, por la ausencia de regulación. Y, por eso, tintadictos y apoplitorismófobos tanto del bando keynesiano como friedmanita reclaman a los bancos centrales que creen inflación para aliviar el peso de la colosal deuda acumulada. Pero, por otro lado, nos venden que se necesita más crédito para que las familias puedan incrementar su consumo y las empresas volver a invertir. ¿En qué quedamos? ¿Sobra endeudamiento o falta crédito? Es como si un acreedor suyo les anunciara que no les iba a devolver su dinero y, a la vez, le reclamara más crédito y más barato. De locos.

En estos momentos, el volumen de préstamos concedidos a hogares y empresas, es decir, sin contar el sector público, supone aproximadamente un 130% del producto interior bruto (PIB), según datos del Banco de España, equivalente al existente en 2006 en pleno festival crediticio –llegaría a alcanzar casi el 180% a finales de 2008– y muy superior al 90% en los inicios de la burbuja. Quiere decir esto que el sano proceso de desapalancamiento que estamos llevando a cabo con enorme esfuerzo las familias y las empresas no se ha completado aún, pese a ir en la buena dirección. Y también quiere decir esto que las medidas orientadas a reactivar el crédito no lograrán, de tener éxito, sino interrumpir dicho proceso de desendeudamiento y cortocircuitar la recuperación.

¿Implica esto que el crédito es perjudicial? No necesariamente. El crédito que tiene origen en el ahorro y no en la impresora de los bancos centrales es necesario que sea canalizado por el sistema financiero hacia aquellas empresas solventes, con planes de negocio sólidos y bien gestionadas, para que puedan financiar su crecimiento y acometer los proyectos que les permitirán proveer los productos y servicios que serán demandados en el futuro. Sin ese crédito, aun sabiendo que pueden producirse errores y fracasar algunos proyectos, no podremos producir el día de mañana los bienes necesarios para mantener y mejorar el nivel de vida de la sociedad en general.

La cuestión es que el ahorro, cuando no está canibalizado por el atosigamiento fiscal o por el efecto del crowding out, es decir, desviado hacia el gasto político, se está empleando en buena medida en hacer frente a los compromisos adquiridos en los días de vino y rosas. Lo cierto es que, de algún modo, las rentas no consumidas no se están empleando en financiar el crecimiento, sino en pagar los platos rotos del pasado. Tarea que, no por menos atractiva deja de ser necesaria para, precisamente, recuperar la solvencia y retomar la senda de la inversión. Dicho de otro modo, forma parte del proceso de sana recuperación, aunque aún nos cueste un tiempo ver el fruto.

El problema es cuando el crédito genuino, originado en el ahorro de familias y empresas, se amalgama con crédito creado artificialmente de la nada. Como explica la teoría del ciclo económico desarrollada por Mises y Hayek y perfeccionada por sus discípulos, la expansión artificial del crédito induce a errores generalizados en la toma de decisiones, errores que, a la postre, tarde o temprano son descubiertos por los agentes económicos y desencadenan la fase depresiva del ciclo. Pues bien, el mayor error que podemos cometer hoy y que puede ser inducido por una reactivación forzada del crédito es creernos que el proceso de ajuste ya ha concluido e iniciar un falso crecimiento.

Sería, como en la película de los hermanos Marx con la que arrancaba el artículo, utilizar la madera de los vagones para hacer andar el tren. ¿Creen que debemos cometer ese terrible error?

Madinemos

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La retirada voluntaria de Susana Díaz de la carrera para dirigir el PSOE deja como principal candidato a ocupar la secretaría general a Eduardo Madina, un joven socialista que apenas lleva una década amorrado al presupuesto y, por tanto, es garantía de renovación. Enfrente tendrá a Pedro Sánchez, un ZP con estudios que, como Madina, empezó a cobrar un sueldo público también en 2004. Las dos criaturas se disputarán el liderazgo del PSOE con el permiso de Carmen Chacón, otra jóvena renovadora pero con algo más de experiencia, puesto que se subió al coche oficial en 1999 y además ha sido ministra con Zapatero, mérito que en según qué ámbitos del PSOE tiene también su importancia.

La posibilidad de que Madina sea finalmente el preferido por los afiliados socialistas ofrece un panorama apasionante en la izquierda, con el PSOE compitiendo abiertamente con Pablemos por ver qué partido disparata más en su discurso antisistema. Madina, además, es probablemente el político más soporífero de todos los que escriben ocasionalmente en los periódicos, lo que no es nada fácil dado el nivel existente entre la profesión, pero es que este muchacho talla sus artículos en basalto. Como ejemplo sublime de los extremos a los que puede llegar una mezcla apropiada de tedio y pedantería, consúltese el último artículo del protocandidato socialista en el diario El País, "El paso suspendido de la cigüeña", donde Madina le atiza al lector una mano de citas de Engels en pleno arrebato de originalidad. El pobre becario de turno solo atinó a resumirlo de esta manera antes de salir huyendo de la redacción en busca de apoyo psicológico: "La defensa de la diversidad hacia fuera entre colectivos, se acompaña de pluralidad hacia dentro". Ele.

Madina ha dado abundantes pruebas de que es casi tan sectario como Pablemos e igual de versátil. Uno se confiesa republicano y, en consecuencia, anuncia que votará a favor de la Ley Orgánica de sucesión del trono de España, y el otro trinca una beca de una organización eminentemente corrupta para pasar una temporada viendo mundo a costa del sufrimiento de los estafados por las preferentes que dice defender. Ahora bien, Pablemos no es tan peñazo como Madina. Es decir, no hay quien lo soporte más de un par de minutos en La Sexta, cuya programación está a su servicio como la de Telecinco al de Belén Esteban, pero como escribe poquito en la prensa y además va siempre al grano, sus alardes de marketing pijoflauta son más llevaderos. 

Susana Díaz ha dado un paso atrás a ver qué hacen estos desoficiados con su partido, pero no es descartable que antes de que el PSOE se convierta en Madinemos aparezca en la calle Ferraz en un trono de salvadora, portado a hombros por los barones más insignes del partido y con Moreno Bonilla de cabo de andas.

Si no hacemos una reforma, la única vía es la congelación de las pensiones

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

José Ignacio Conde-Ruiz fue uno de los expertos que participó en el grupo de sabios que el Gobierno convocó para que le presentaran una propuesta sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones. Ahora, unos meses después, este doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y profesor en la Universidad Complutense publica un nuevo libro, ¿Qué será de mi pensión? Libre Mercado habló con él, en Madrid, hace unos días.

Su planteamiento es claro, aunque pueda resultar doloroso. Las tendencias demográficas son imparables. No será posible mantener el actual nivel de las pensiones. Sí en poder adquisitivo (y eso sólo si suben la productividad y se crea empleo), pero no en cuanto a la relación entre pensión media y salario medio. Existe un clarísimo problema de ingresos y el sistema está condenado si no se hacen reformas.

– Nuestra posición editorial es favorable a los sistemas de capitalización. Pero usted defiende los modelos de reparto como el que está ahora en vigor en España. Por eso me gustaría empezar por ahí, intente convencer a los lectores de Libertad Digital (y a este periodista) de que es mejor un sistema de reparto como el español que uno de capitalización como el chileno. 

– Lo primero que diría es que el sistema de pensiones español todavía no es el sistema de pensiones que yo propongo. El modelo que yo defiendo es de reparto con cuentas nocionales, algo que seguro que le gusta más a los lectores de su diario.

– En lo que a mí respecta, sí me gusta bastante más que lo que hay ahora.

– En un sistema de reparto, la rentabilidad se calcula multiplicando la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar por la tasa de crecimiento de la productividad; en uno de capitalización, la rentabilidad la marca la tasa de interés de la economía. Ahora que estamos todos muy familiarizados con estas cosas gracias al libro de Thomas Piketty, uno podría decir ‘¿Cómo me vas a convencer, con el actual envejecimiento de la población, de que la primera cifra es mayor que la segunda?’ Yo acepto que de media no es así y que no será así en el futuro a no ser que consigamos grandísimos incrementos de la productividad [porque la población no va a crecer mucho].

Pero cuando uno habla de un sistema de pensiones no sólo hay que mirar la rentabilidad media, sino también la varianza. La tesis que intento defender en el libro es que no estoy en contra de los sistemas de capitalización. De hecho, creo que deberían complementar a los sistemas públicos. Pero el modelo de reparto tiene una peculiaridad que no tiene el de capitalización: el riesgo lo soportan diferentes generaciones. Es algo así como ‘Yo te pago la pensión, porque sé que alguien me la pagará a mí’. Si cuando yo me jubile las cosas van muy mal, la siguiente generación me pagará las pensiones. En un sistema de capitalización, cada generación es completamente responsable de su ahorro. Lo metes en Bolsa y cuando te jubiles, si te ha ido mal o ha habido una crisis o una guerra, algo que tiene una posibilidad pequeña de que ocurra pero que puede ocurrir, pues no tienes a nadie para pagar tu pensión. Digamos que los sistemas de reparto son superiores en cuanto a soportar el riesgo.

Pero además, en esto hay algo que me molesta mucho. Porque quizás tú me dirías: ‘Hombre, si hay un desastre, seguro que el Estado hace algo, porque no va a dejar sin protección a sus pensionistas’. Pero eso es jugar con ventaja. Esto ya ocurrió en EEUU en los años 30. En aquel momento, los ahorros se fueron al garete y nos encontramos con tasas de pobreza entre los jubilados superiores al 50%. Entonces, desde el sector público se planteó: ¿Por qué no les damos a los jubilados una pensión? No habían cotizado nada. Rescataron a estas personas.

Si uno lo piensa tranquilamente, verá que lo eficiente es que tengamos los dos sistemas. El de capitalización te da una rentabilidad que es el tipo de interés, es como invertir en el capital físico de una economía. Mientras que el de reparto te permite invertir en el capital humano (número de personas y productividad). Es lo que idóneamente tú querrías hacer, no poner todos los huevos en la misma cesta, invertir en capital humano y físico.

– Usted pone el foco en la incertidumbre de los sistemas de capitalización. Pero ahora mismo, alguien de mi edad (menor de 40 años) no es que tenga incertidumbre respecto al sistema publico de pensiones… tiene una certidumbre: ya sabe que cuando se jubile no habrá suficientes trabajadores para pagar su pensión. Estos trabajadores pueden decir: ‘Sé que el Gobierno obligará a alguien a pagar mi pensión. Pero cada vez tengo más claro que lo que me llegará a mí será muy poco’.

– Lo que usted me dice es ‘Si no hacemos nada, el sistema está en quiebra’. Y es verdad. Si no hacemos nada, la siguiente generación puede romper el pacto intergeneracional. Pero al final los sistemas se acaban reformando, queramos o no. Todos sabemos que si las condiciones son muy duras de cumplir se va a romper el pacto intergeneracional. Una reforma es como reescribir el pacto.

Para que el sistema de reparto funcione lo que no puede ser es que mantenga las características que tenía cuando la demografía era otra. Tenemos la suerte de haber visto un gran avance social: la longevidad. Esto es una grandísima noticia. A los 70-80 años la mortalidad ha caído mucho. Pero hay una noticia negativa. Lo que no puedes pretender es dedicar esta vida extra que has ganado sólo al ocio, habrá que dedicar algo al trabajo también. La participación laboral de los trabajadores mayores va a tener que aumentar, porque alguien va a tener que pagar las pensiones.

– Muchas veces, me da la sensación de que aquellos que defienden el modelo de reparto lo hacen porque la transición sería muy complicada. Pero que en el fondo no piensan que sea superior a la capitalización. Usted mismo reconoce en su libro que el modelo chileno ha dado grandes rentabilidades.

– El problema de la transición sería un añadido, pero yo defiendo el sistema de reparto incluso sin tener en cuenta esta cuestión. Aunque [si hubiera que empezar de cero] yo haría uno mixto.

También te digo una cosa, muchos de los que defienden el modelo chileno dicen ‘El sistema está muy bien, pero si al final todo el ahorro se hunde porque el cobre se desploma y Chile entra en una guerra con Argentina… ¿Qué pasaría? Entonces el Estado metería un sistema de reparto’. Y a eso yo respondo que entonces me están haciendo trampas. Hay cierta hipocresía cuando los defensores del sistema de capitalización saben que, en el fondo, si hay problemas un Estado no va a dejar sin protección a sus jubilados.

Creo que el sistema de reparto debe ser el pilar y se debe complementar con el otro. Está claro que la pensión media respecto al salario medio va a caer, por lo que la gente debe complementar sus ingresos con una pensión privada. Hay que pensar si queremos que cada uno se lo plantee por su lado o el Gobierno debe obligar a que cada uno aporte a un modelo de capitalización.

– Su libro se titula ¿Qué será de mi pensión? Ésa es la pregunta que se hace la mayoría de los españoles. ¿Qué le recomendaría a alguien de 30-40-50 años que estuviera pensando en esta cuestión?

– Ver vídeo.

– La tesis que usted defiende en su libro es la de un modelo de reparto con cuentas nocionales, algo parecido a lo que hay en Suecia. Con este sistema, cada uno recibe a través de su pensión más o menos lo mismo que aportó. ¿Es así?

– Más o menos. El libro parte de una premisa y es optimista. Sigo pensando que el sistema de reparto es un gran invento, esa idea de asegurar a los jubilados. Si lo piensas bien, es como una familia. En una familia, tú te ocupas de tu padre cuando éste no puede trabajar, luego tus hijos se ocuparán de ti, etc.

Por qué digo que soy optimista. Porque ya se han hecho reformas. La primera reforma cruzó la línea que marcaba que había que dejar de trabajar a los 65 años. Era un poco absurdo porque cuando se introdujo ese límite no más del 30% de la población llegaba a esa edad. Ahora es el 90%.

La segunda reforma, en la que yo tuve el honor de participar en el comité de expertos, planteó que el sistema tiene que ser sostenible. No se pueden pagar las pensiones con cargo a la deuda, porque entonces te cargas las pensiones. Dijimos que los ingresos deberían ser iguales al gasto. Y el Gobierno planteó una ley en la que decía ‘Mientras los ingresos sean inferiores al gasto, las pensiones se congelan’ [suben sólo un 0,25%]. Ésa es la ley que tenemos hoy en día.

Por lo tanto, se ha generado un incentivo tremendo a reformar el sistema, porque si no se hace nada las pensiones quedarán congeladas para siempre. En ese caso, el que se jubile irá perdiendo capacidad de compra cada año. Eso genera mucha angustia al jubilado, que piensa: ‘Si tengo la suerte de vivir hasta los 90 años, ¿qué pensión me va a quedar?’ Gestionar un patrimonio menguante en el tiempo y que no sabes cuánto te tiene que durar, porque no sabes cuánto vas a vivir, es ineficiente e injusto.

Mira, hay dos modelos de sistemas de pensiones de reparto: los asistenciales (tipo Beveridge, como en Reino Unido o EEUU) y los contributivos (como el español). En los primeros, te aseguran una pensión de subsistencia, pero muy parecida para todos. La otra opción es mantener la contributividad, que el que cotice más también gane más. Esto además genera incentivos a trabajar. Pero tienes que mantener esta contributividad de una forma que no sea tan injusta como ahora mismo. Ahora te encuentras a personas que han trabajado 40 años y les ha ido mal al final de su vida laboral (han perdido el empleo con 60 años) y cobran pensiones bajísimas cuando habían cotizado muchísimo. La idea es que todas las cotizaciones valgan por igual.

– Sí, pero perdone, en la práctica esto supondrá bajar las pensiones de la mayoría, porque casi todos cotizamos más al final que al principio de nuestra vida activa.

– Las pensiones vamos a tener que bajarlas igual [respecto al salario medio], pero esto es una forma de que la bajada no sea tan injusta. Además, yo no quiero que cada uno se tenga que jubilar a la misma edad. Quizás tú tengas una salud peor que la media o valores más el ocio. Si todas las cotizaciones tienen el mismo peso, en el momento de la jubilación tú le calculas cuánto ha cotizado y le dices: ‘Si te jubilas con esta edad te queda una pensión de tanto; si te jubilas dentro de cinco años será de tanto’ Y que cada uno decida. Esto el sistema lo aguanta: son los sistemas de cuentas nocionales. Siempre que se actualice y sea proporcional entre lo que cotiza y lo que recibe, no hay ningún problema.

– Habla de sistemas asistenciales y contributivos. El nuestro se vende como contributivo, pero mi sensación es que dentro de veinte años lo será sólo en el nombre. Es decir, la diferencia entre la pensión mínima y la máxima será tan pequeña que en realidad funcionará como uno asistencial.

– Ése es el principal riesgo que tenemos. En el libro apuntamos el peligro de la reforma silenciosa: se congela la pensión máxima mientras que se sube la base máxima de cotización. Eso es transformar el sistema de contributivo a asistencial por la puerta de atrás. La contributividad está en la Constitución. Si lo quieres limitar, tienes que decirlo. Es un camino que se podría tomar, pero me gusta más que exista contributividad, que el trabajador tenga ese incentivo para trabajar. Algunos grupos de izquierda están proponiéndolo, yo creo que sin darse cuenta.

– Incluso con cuentas nocionales, necesitamos más ingresos y el número de trabajadores va a caer. La proporción entre pensión y salarios va a caer y no se está explicando.

– Eso va a acabar ocurriendo, no queda otro remedio. Pero yo puedo complementar mi pensión por las dos vías de las que ya hemos hablado: complementando con un sistema privado o trabajando más tiempo.

– ¿Pero cuánto más tiempo? ¿Cuándo nos vamos a jubilar?

– Si tienes una esperanza de vida de 95 años, ¿de verdad te molesta tanto jubilarte a los 70? Yo creo que vamos a llegar a un escenario flexible. La edad de jubilación va a depender de muchas cosas, como de lo que hayas conseguido ahorrar mientras trabajabas. Además, será más fácil compatibilizar un trabajo con una pensión. Quizás trabajar a jornada reducida y recibir parte de la pensión. El mundo que llega es un mundo en el que el 30% de los habitantes tiene más de 65 años y el 50% tiene más de 50 años. Esto va a cambiar. No somos conscientes. Seguramente, cuando tú tengas 70 años lo normal para ti será trabajar.

– Siempre nos fijamos en el que cobra (el pensionista) pero no tanto en el que paga (el cotizante). Desde la UE y el FMI se nos pide que bajemos cotizaciones para reducir el coste del empleo, ¿es eso posible sin la quiebra?

– El FMI está muy influenciado por el sistema asistencial de EEUU o Reino Unido. Allí, como todo el mundo recibe más o menos lo mismo, me da igual si lo financio con impuestos o con cotizaciones. Pero un sistema contributivo es distinto y normalmente tiene cotizaciones más altas que uno asistencial. Si financias la pensión con el IVA, rompes el principio de contributividad. El que consume, aunque no cotice, dirá ¿yo he contribuido, dónde está mi pensión?

Mira, si yo soy un empresario, cuando valoro lo que me cuesta un trabajador no diferencio entre salario y Seguridad Social. Todo lo paga el trabajador. El FMI está obsesionado con bajar las cotizaciones, pero lo mismo puedes conseguir bajando el IRPF y no pones en peligro el sistema. Con las cotizaciones parece más automático, pero al final el trabajador dirá ‘Si te han bajado dos puntos las cotizaciones, págamelos a mí’. No me disgusta la devaluación fiscal, pero hay que tener cuidado con cómo se hace.

– Usted plantea una reforma bastante profunda, ¿cuándo? ¿Es posible políticamente aprobarla ahora mismo?

– Hay que hacerlo cuanto antes. Esperar con las pensiones es muy arriesgado porque la gente tiene que adaptarse. Habría que hacer un cálculo y a las personas de una determinada edad (quizás 50 años, aunque habría que calcularlo) decirles: ‘Tu pensión será el máximo que te toque según se calcule con el modelo actual y con el modelo de cuentas nocionales’. Al resto, todo el mundo con cuentas nocionales.

Creo que hemos colocado el tren en la vía con las dos últimas reformas. Una la hizo el PSOE y otra el PP. Las dos reformas han hecho que el tránsito a un sistema nocional sea mucho más fácil que antes. Si no, la única vía para la sosteniblidad sería la congelación de las pensiones. Eso sí, el cambio se tiene que hacer con un gran pacto nacional por las pensiones. Un partido solo, con la oposición del otro sacando ventaja electoral, sería imposible que lo hiciera.