Cuando un político en ejercicio y con sueldo oficial llama a otros representantes públicos "casta", un resorte intelectual salta inmediatamente advirtiendo de que algo no está bien. La expresión"casta política" (o "castuza", cuando el desdén se desliza hacia el terreno de la ofensa) se viene utilizando desde que arreció la crisis para poner de relieve el rechazo a los políticos, señalados muy justamente como los principales responsables de la catástrofe económica que todavía padecemos todos los españoles. Los políticos en su conjunto, sin atención a las siglas de sus respectivos partidos, con la única condición de que hayan tenido responsabilidades ejecutivas de relevancia en cualquier ámbito, porque, si bien es cierto que el Gobierno de Zapatero trajo la ruina a España, no menos innegable resulta que algunas comunidades gobernadas por el PP y los nacionalistas han contribuido lo suyo a que el desastre sea completo. A estos dos factores hay que sumar el no menos decisivo de la quiebra en cadena de las cajas de ahorro, donde además de los tres partidos mayoritarios medraban losagentes sociales para que el resultado del expolio fuera exquisitamente democrático.
Situado el asunto en sus justos términos, casta deberían ser los políticos del PSOE en lugar bien destacado, seguidos de los del PP e IU en un pelotón que cerrarían los liberados sindicales de UGT y CCOO, con los delegados del sindicato de patronos en funciones de coche escoba. Aceptando esta distribución por estratos en función del distinto grado de responsabilidad de unos y otros, hay dos anomalías que distorsionan por completo la expresión "casta política" hasta despojarla de su verdadero significado. La primera es que la izquierda política y sindical se ha zafado con gran éxito de la acusación que encierra. El caso de los comunistas es paradigmático de la impunidad de la izquierda por sus desmanes, teniendo en cuenta que son colaboradores necesarios en las tropelías de la comunidad autónoma más corrupta del mundo civilizado. Los políticos de IU, en efecto, se refieren al Gobierno y a la "troika", otro concepto técnico que los progres han convertido en el epítome de la maldad, como la casta política a la que hay que pedir explicaciones del desastre provocado ¡por las medidas que ellos mismos apoyaban en su día!, cuando al frente de España estaba el gran ZP. Su responsabilidad directa en los desafueros de las entidades de ahorro ha pasado también inadvertida (al igual que la de CEOE, UGT y CCOO), a pesar de que sus representantes apoyaron siempre las locuras de los dirigentes de las cajas a cambio de trincar los correspondientes megasueldos que se repartían en los órganos de gobierno con extraordinaria fruición.
Pero lo que resulta más llamativo es que políticos que son el ejemplo perfecto de la casta, por llevar décadas trincando un sueldo público, acusen a los demás de formar parte de ese gremio, y eso que muchos de ellos no han cumplido ni siquiera el primer trienio amorrados a la teta estatal. Eso por no mencionar a los jóvenes universitarios que han irrumpido recientemente en la esfera política llamando "casta" hasta a los bedeles del Congreso de los Diputados, a pesar de que todo su esfuerzo en los últimos años ha estado dirigido, precisamente, a ingresar en la cofradía a la que ahora pretenden insultar. Treintañeros que no han conocido otra cosa que la universidad pública, que jamás han tenido un trabajo en el sector privado ni pagado impuestos, acceden al Parlamento Europeo, lugar en el que hoza la clase política más privilegiada de todo el planeta, y desde allí siguen acusando a todos sus colegas de formar parte de una "casta" a la que es necesario fumigar.
Y lo mejor de todo es que no lo hacen porque sean culpables de algún delito concreto, sino por haber cometido el pecado, grave donde los haya, de haber llegado a tan selecto club antes que ellos. ¿O no resulta extraño que los pokémon justicieros pidan acabar con todo menos con el Parlamento Europeo?
Si las grandes corporaciones controlan los medios españoles, ¿es que esas grandes corporaciones desean ver a Podemos en toda tertulia política? Si el control público de los medios de comunicación garantiza su imparcialidad, ¿por qué RTVE no cuenta con Podemos en sus tertulias políticas? Esas deberían ser las primeras preguntas que habría de formularse cualquier persona que apoye la propuesta de Pablo Iglesias de establecer un "control democrático" sobre los medios de comunicación.
Ante lo cual, probablemente muchos respondan que los grandes medios lo llevan a sus tertulias porque es rentable hacerlo, no por ninguna elevada obligación democrática. Pero ¿qué significa que "es rentable" llevar a Pablo Iglesias a una tertulia política? Que da audiencia: es decir, que una parte significativa de la población quiere verlo y escucharlo. Así funcionan los muy despreciados mercados, incluido el de los medios de comunicación: los proveedores ganan dinero ofreciendo aquello que la gente demanda (es decir, el interés de los consumidores se asimila con el interés de los empresarios). En cambio, los no-mercados como RTVE no funcionan adaptándose a las preferencias de los espectadores (pues viven de los impuestos, no de la audiencia), sino al diktat de las élites extractivas gobernantes.
Dicho esto, la siguiente cuestión que deberíamos plantearnos es: si la audiencia no quisiera ver a Pablo Iglesias (esto es, si no fuera rentable llevar a Pablo Iglesias a las tertulias), ¿habría que imponer su presencia en aras de la pluralidad y de la transparencia democrática? O, formulado de otra manera, ¿habría que imponer a la población lo que ha de querer ver en televisión? Nótese que el hecho de que una televisión o un periódico no cuenten con una determinada persona no cercena la libertad de expresión de esa persona (Antena 3 no me está censurando a mí, verbigracia): mientras exista libertad para emitir opiniones en sociedad, no hay censura ni merma de pluralidad informativa alguna. Pablo Iglesias, por ejemplo, cuenta con su propio programa, La Tuerka (al que muy amablemente me han invitado en varias ocasiones); programa que cualquier interesado puede sintonizar por internet en el momento en que desee. Nadie me obliga a ver La Sexta Noche ni me impide ver La Tuerka.
La libertad y la diversidad informativas no se garantizan creando un órgano burocrático dedicado a imponer a todo periodista o grupo de comunicación la obligatoriedad de una línea editorial objetiva, plural o sometida a "los intereses de los ciudadanos": la libertad y la diversidad informativas se garantizan permitiendo que cada cual cree plataformas desde las que pueda transmitir las ideas que considere oportuno sin que el Estado se lo impida. Gracias a ello contamos con periódicos digitales de todo el espectro ideológico (comunistas, fascistas, bolivarianos, socialdemócratas o liberales) y contaríamos con idéntica intensidad y variedad competitiva en la televisión o en la radio si el Estado no hubiese nacionalizado y contingentado artificialmente el espectro radioeléctrico mediante la concesión de licencias.
El establecimiento de controles estatales sobre los medios de comunicación sólo sirve, en última instancia, para que los políticos o los burócratas al mando del Estado impongan su agenda informativa. La idea de que sólo los medios de comunicación privados tienen intereses es completamente falaz: los políticos también tienen intereses; los burócratas también tienen intereses; los propios periodistas también tienen intereses. Otorgar a algún político, burócrata o periodista el poder de controlar y regular el conjunto de la prensa equivale a otorgarle el poder para imponer sus intereses y su agenda sobre todas las personas que emiten opiniones: es decir, equivale a subyugar todas las opiniones para garantizar coactivamente la prevalencia de los intereses de quienes controlen el Estado (o los órganos creados por el Estado para someter a la prensa).
Acaso se diga que la clave del asunto es que el Estado sea controlado democráticamente por el pueblo soberano y que, por tanto, sean los intereses del pueblo soberano los que determinen los contenidos de todos los medios de comunicación. Mas no olvidemos que el pueblo soberano no habla por la boca de la unanimidad, sino por el de las mayorías electorales, en cuyo caso la pregunta es clara: ¿la mayoría de ciudadanos ha de tener derecho a controlar la información y la opinión que desea recibir la minoría de ciudadanos? ¿Deben las mayorías aplastar a las minorías? ¿Una mayoría electoral de votantes socialistas legitimaría a éstos para imponer los intereses ideológicos del socialismo a los medios de comunicación no socialistas? ¿Una mayoría de fascistas legitimaría la censura en nombre del fascismo?
Acaso alternativamente se sugiera que el Estado otorgue el control de los medios de comunicación a aquellos periodistas que lo integran: una suerte de colectivización de la prensa en beneficio de la profesión periodística. Pero, de nuevo, los periodistas tampoco hablan con la voz de la unanimidad: cada periodista posee sus ideas, sus ideologías y sus sesgos. Lo esperable, pues, es que los periodistas con ideas afines mayoritarias se coaliguen en los consejos de redacción para imponer su criterio al resto de sus colegas. Por tanto, la cuestión sigue en pie: ¿acaso toda la prensa debería transmitir la ideología que profese la mayoría de la profesión periodística? ¿Un país donde el 95% de los periodistas fueran antiliberales debería tener vedada la apertura de medios de comunicación deliberadamente liberales? ¿Las opiniones minoritarias y disidentes entre periodistas no deberían tener cabida en la prensa?
Querría pensar que hoy casi nadie compraría este mensaje liberticida, por cuanto todos entendemos que una persona o un grupo de personas –por minoritario que sea– tienen todo el derecho del mundo a crear su medio de comunicación (grande, pequeño o diminuto), a poder emitir sus opiniones sin que la mayoría los acalle. Es decir, querría pensar que todos entendemos que la información libre y descentralizada es muy superior a la información controlada y centralizada.
Pero, por desgracia, la oposición frontal a este genuino mensaje liberal es lo que subyace a la propuesta de Podemos de implantar un control estatal sobre la prensa: una propuesta que tantísimos de sus votantes están hoy aplaudiendo. Probablemente la intención de muchos de ellos no sea la de censurar a nadie, sino que tan sólo se suman a la defensa de conceptos tan bellos –y vacuos– como los de objetividad, pluralidad o independencia informativa. Sin embargo, la implantación práctica del control de los medios, por mucho que se articule en torno a esos bellos y vacuos conceptos, conduce a subordinar la libertad informativa al criterio arbitrario de un órgano burocrático o de una coalición electoral (o profesional) mayoritaria. Un inquietante ejemplo de cómo un programa electoral que pretende multiplicar el poder del Estado, por mucho que se lo vista de regeneración democrática, simplemente termina conduciendo a la creación de nuevas castas omnipotentes y, sobre todo, a un mayor estrangulamiento de nuestras libertades. La regeneración que necesitamos es otra: más derechos de propiedad, mayor independencia judicial y menores tejemanejes políticos a través del BOE y del reparto gubernamental de licencias. Más libertad y menos burocracia estatal, en suma.
“You’ve got to be honest; if you can fake that, you’ve got it made”. George Burns
Esta semana se ha generado una enorme polémica en España por el informe de Gotham City Research, usando el nombre de la ciudad de Batman, sobre la empresa Let’s Gowex.
A la espera de la respuesta detallada de la empresa, a mí me interesa el caso desde el punto de vista de comunicación corporativa y por el posible impacto negativo sobre la imagen de las empresas del mercado alternativo bursátil, que es una pata esencial en la mejora del acceso a capital de nuestra economía, su modernización y atracción de inversores internacionales.
Yo trabajé durante ocho años en comunicación corporativa y me gustaría explicar cómo se rebaten estos informes… cuando son incorrectos.
¿Qué es un Zero Hunter?
Existen cientos de ellos en Wall Street y Reino Unido. Es una casa de análisis que busca por todo el mundo compañías cuyos resultados puedan estar falseados, artificialmente inflados o que sean directamente fraudulentos. Existen muchas, como Muddy Waters, la propia Gotham City o casos como el del inversor Bill Ackman con Herbalife. Ejemplos famosos de zero hunters o zero busters incluyen el de Kingsford Capital desmontando Afinsa, el famoso esquema piramidal detrás de Forum Filatelico. No atacan países, ni sectores, ni empresas. Probablemente, no vuelvan a escuchar hablar de ellos en años porque estén estudiando empresas chinas, indias o americanas -como se puede ver en su web-. Pero existen.
Expresan su opinión… Y esto es lo más importante: si es falsa, es fácilmente rebatible con una comunicación potente y una gestión de crisis profesional.
Por supuesto, y es perfectamente legal, estas empresas zero hunters suelen tomar posiciones bajistas (shorts) en los valores que consideran fraudulentos, pero ello no implica forrarse, ni mucho menos garantizar el resultado. Si se equivocan, pierden enormes cantidades de dinero. El público no entiende que una posición corta, mal llamada bajista, supone un riesgo asimétrico. Una acción puede subir un 200%, pero no puede caer más de un 100%. Si una empresa tiene un porcentaje de cortos de un 2%, no cae un 30% o un 50% por su ataque. Se lo aseguro.
Igual que un inversor expresa sus opiniones -negativas o positivas- sobre un valor en la CNBC o en la CNN, estas empresas hacen lo mismo, pero escriben unos informes muy detallados.
Curiosamente, nadie se queja si un inversor avispado recomienda comprar en todos los medios que pueda a una empresa chicharro para que suba exponencialmente. Eso no nos indigna. Lo explico en mi libro “Nosotros, los Mercados”: al alza todos nos consideramos inversores, a la baja, los demás son malvados especuladores. Tengan razón o no.
Estas casas de análisis, como Gotham City, saben que les van a criticar desde el primer día con acusaciones de falsedad o teorías conspiratorias y hasta anti-patrióticas, por eso suelen crear informes demoledores muy detallados.
La acusación central en estos casos suele ser de una enorme magnitud y, por esa misma razón, extremadamente fácil de desmontar si es falsa. Suele venir de afirmar que uno o dos de los mayores clientes de la empresa, generadores de supuestas ventas y márgenes millonarios, son en realidad empresas-fantasma creadas por los propios dueños o ejecutivos de la empresa.
Al contraataque… inmediato
Es curioso que salten soflamas patrióticas y la indignación pública se centre sobre el analista, en vez de desmontarlo o probar los errores de su análisis. Cuando debatíamos entre directores de comunicación con inversores en la AERI (Asociación Española de Relación con Inversores) nos planteábamos así los informes negativos o recomendaciones de venta. Un reto. La transparencia y la acción inmediata son claves.
¿Quién mejor que la propia empresa, que tiene muchos más datos sobre su actividad que nadie, para hundir de manera incuestionable esas dudas en dos minutos? La empresa debe percibir estos informes como fantásticas oportunidades para hundir a los escépticos, reforzar su transparencia y credibilidad y, con ello, llevarse por delante a los cortos, que tendrán que cubrir más caro.
En cualquier empresa bien auditada y con las cuentas claras, esa acusación tan grave se desmonta en dos horas, un día máximo, con la presentación de un análisis de flujos de caja, una carta firmada por los grandes clientes confirmando las cifras de compras realizadas y un estado detallado bancario. Dichos grandes clientes, de ser legítimos, estarán encantados de limpiar su nombre y el de su suministrador.
Yo trabajaba en comunicación corporativa en 2001 cuando saltó la crisis argentina. Se publicaron varios informes con “precio objetivo cero”, asumiendo que la empresa no podría pagar los bonos a vencimiento porque el gobierno argentino le habría confiscado las cuentas en el corralito. Pues bien, en tres horas la empresa podía demostrar a inversores y analistas, a través de un comunicado de sus bancos, que la liquidez era suficiente para atender todos sus compromisos holgadamente.
La mejor defensa es un buen ataque
Gotham City Research se hizo muy famosa en Reino Unido por el escándalo de Quindell, una empresa del índice AIM (equivalente a las pequeñas y medianas empresas), dedicada a vender participaciones en clubs exclusivos (country clubs). La empresa tardó tres días en responder al informe de Gotham City con enorme detalle… pero poco convincente. Desde entonces, ha caído otro 21,7%.
En Reino Unido no se organizó una especie de indignación colectiva por dicho informe, ni se realizaron acusaciones de ataque anti-patriótico. Se agradeció enormemente en los medios especializados que se aclarasen las dudas con transparencia. La empresa sigue cotizando, aunque ya ha quedado claro que sus magníficos resultados y sorprendentes márgenes eran, digamos, optimistas.
El MAB y la comunicación profesional
Por lo tanto, la defensa, aunque sea profesional, puede no convencer. Eso es cuestión de si se han rebatido correctamente los datos. Datos incuestionables, por supuesto.
Pero lo que no se puede permitir una empresa recién nacida es descuidar su comunicación corporativa, que es mucho más que hacer anuncios, dar entrevistas sonriendo y gastar en eventos.
Uno de los problemas de muchas de las pequeñas y medianas empresas es que gastan millones en publicidad y en contratar directivos y luego dejan la labor de relación con inversores como una mera telefonista de lujo. Cuando saltan los problemas, el responsable del área, que suele ser un chico o chica joven y con poca experiencia, suele verse desbordado e incapaz de responder efectiva y rápidamente a las preguntas, legítimas, de inversores con décadas de experiencia.
En cualquier empresa bien auditada y con las cuentas claras, esa acusación tan grave se desmonta en dos horas, un día máximo, con la presentación de un análisis de flujos de caja, una carta firmada por los grandes clientes confirmando las cifras de compras realizadas y un estado detallado bancario
En España, donde tenemos algunos de los mejores equipos de comunicación con accionistas e inversores del mundo en el Ibex 35, una mayoría de compañías sigue relegando la actividad a personas con funciones no directivas, que no tienen acceso real al consejo, la dirección, la estrategia y las cifras. Y aún peor, la comunicación está tan jerarquizada que la empresa es incapaz de reaccionar si no habla el presidente o consejero delegado. Y éste suele guiarse por lo que le dicta su intuición o lo que le dicen los banqueros de inversión, no los expertos en comunicación con accionistas. Muchas son corporaciones modernas y avanzadas, entre lo mejor del mundo en su negocio, y sin embargo se comportan como pymes de Padre Patrón en su comunicación.
Este enorme error se obvia cuando todo va bien y los ejecutivos se dan palmadas en la espalda por lo mucho que sube la acción gracias a su “carisma”; y cuando saltan los problemas, no saben cómo reaccionar, o lo hacen mal, tarde, incluso de manera arrogante (“¡Cómo se atreven!”) y terminan acudiendo a las tres frases más socorridas: “El mercado se equivoca”, “Son ataques bajistas” y “A largo plazo todo se arregla”. Y a vivir.
Las empresas deben prepararse para lo bueno y para lo malo. Igual que contratan los mejores para cuidar de la seguridad, calidad y gestión, deben contar con expertos de primera en lidiar una crisis de comunicación.
Preparar contingentes de crisis bursátil. Procedimientos inmediatos de respuesta. La empresa puede solicitar ella misma al regulador que se suspenda su cotización cuando envía un “hecho relevante tipo” que informe de cuándo y cómo se va a responder, seguido de una videoconferencia o teleconferencia pública y disponible para todos los inversores.
Debe contar con un detallado documento de “preguntas y respuestas” que se actualice constantemente con las dudas más frecuentes de inversores y las respuestas que toda la empresa debe conocer. Y cuando salte una crisis, los datos, claros, inmediatos y a disposición de todos, en la web.
Poner inmediatamente en medios de comunicación a los responsables para aclarar lo que haga falta desde el minuto uno.
Por supuesto esto son sólo cuestiones básicas. Es un trabajo mucho más complicado que no se debe ignorar.
Una buena empresa que salta al ruedo de los mercados no puede tener un producto, instalaciones, gestores y resultados de primera fila y una política de comunicación y departamento de relaciones con inversores de tercera división. Es como si decidiera ahorrarse dinero en el departamento legal contratando recién licenciados sin acceso a los datos y gestión de la empresa. E igualmente letal.
Cuando saltaron casos similares al de esta semana hace años, yo pensaba que era una gran oportunidad para que las empresas despertasen de su política de comunicación de Rey Feudal y avanzasen a las mejores prácticas del mundo financiero. Desafortunadamente, y salvo honrosas excepciones, seguimos cometiendo los mismos errores.
Una buena comunicación no es un bálsamo mágico que lo soluciona todo, ni arregla un problema de datos falsos, sea en Brasil -recuerden el caso de OGX y Batista-, Reino Unido, Estados Unidos -Enron, Worldcom- o Italia -Parmalat-. Pero es esencial cuando las acusaciones son falsas.
A Batman sólo le gana Superman, no el Joker. Para las buenas empresas, sean del MAB, del Ibex o del Mercado Continuo, no tener un equipo gestor de comunicación con inversores profesional y experimentado porque “de eso se ocupa el jefe” es mucho peor que irresponsable. Puede ser mortal.
Nota: Daniel Lacalle no tienen posición alguna en ninguna de las empresas mencionadas ni recomienda comprar ni vender, sus opiniones son personales y estrictamente orientadas a la gestión de comunicación.
El cuerpo electoral cambia continuamente: se nos van muriendo los más mayores y cumplen los dieciocho cada vez menos jóvenes. Para analizar hacia dónde vamos hay que examinar qué piensan y por dónde tiran esos nuevos electores. Es cierto que el tiempo nos hace cambiar, y que generalmente hace cambiar más hacia la derecha que hacia la izquierda, pero eso es un proceso lento que tampoco es precisamente universal. También es verdad que es mucho más frecuente ser de izquierdas entre los jóvenes.
Sin embargo, esa supuesta rojez universal de la juventud no se da siempre. A mediados de los 90, incluso en las universidades eran mayoría quienes apoyaban a Aznar y al PP. Porque, como explicaba Milton Friedman en esa cita tergiversada hasta la saciedad por Naomi Klein, en épocas de dificultad y cambio nos aferramos a las ideas que hay en ese momento en el ambiente. La crisis de aquellos años, después de más de una década de Gobierno de Felipe González, y el enorme paro juvenil que padecíamos podría haber llevado a la juventud a la extrema izquierda, como está sucediendo ahora. Y aunque en parte lo hizo, el PP logró en general evitarlo. Porque en aquel momento tenía ideas y las promovía y publicitaba con los medios que tenía a su disposición.
Veinte años después, el panorama ha cambiado mucho. A la izquierda tradicional se la han llevado por delante el huracán del buenismo y su responsabilidad ante la crisis. Y por la derecha… Por la derecha han arrasado Rajoy y los sorayos. Que sí, que mucho abogado del Estado y mucho manejo magistral de los tiempos, pero la última vez que oyeron hablar de una idea maniobraron en la sombra para que se cerrara el medio donde a algún despistado se le ocurrió proferirla. O se echara al director. Lo que fuere, con tal de que la derecha se transformara en un páramo intelectual en el que sólo de vez en cuando pasara rodando un matojo. Y a fe que lo han conseguido. Los pocos que resistimos lo hacemos muy a su pesar.
Arrasar con las ideas liberal-conservadoras tiene sus cosas útiles, no se crean. Permite reducir un poco el descontento de los tuyos cuando les apuñalas por la espalda en repetidas ocasiones, porque no se enteran de la mitad de las cosas horrendas que haces. Pero tiene el pequeño problema de que en el momento en que no logras sacar el país de la sima donde lo dejó Zapatero, cosa inevitable cuando apuestas por políticas socialdemócratas y no liberales, la juventud no tiene ante sí ninguna idea decente a la que aferrarse. Las únicas que hay en el ambiente son las de la extrema izquierda, los indignados. Ideas que cuando se llevan a la práctica, en el mejor de los casos, destruyen un país.
España nunca ha sido capaz de llegar a los extremos de prosperidad y aburrimiento de los que disfrutan en naciones como Suiza, pero sí es cierto que ha recorrido, siquiera brevemente, un camino que nos permitió alcanzar cierta prosperidad y algunas libertades. El temor, siempre presente, es que nos abalanzáramos con entusiasmo por la vía argentina hacia la ruina. Ahora, gracias a Rajoy, se ha abierto incluso la posibilidad de que nos convirtamos en un país bolivariano. Gracias, majete.
¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras Islas?». Esta es la pregunta que quiere realizar el presidente canario a los isleños con la intención de convertir al archipiélago en el primer lugar del mundo que renuncia a explotar al máximo sus recursos energéticos. Dos son los argumentos principales que esgrimen los nacionalistas, socialistas y ecologistas contra la búsqueda de tan preciada fuente energética: no generará riqueza y un accidente podría provocar una catástrofe ambiental y económica para unas Islas que se sustentan principalmente del turismo.
Afirmar que el petróleo, en el caso de que existiera, no dejará riqueza es sospechoso. Puede que no deje nada para el bolsillo de los políticos y activistas que están en contra de su uso, pero los estudios más conservadores dicen que se crearían en torno a 5.000 empleos, cosa que en una región con un paro de más del 30% no viene nada mal. Además, el valor final de mercado estaría en torno a 3.000 millones anuales, el 10% del consumo de petróleo de nuestro país, lo que previsiblemente llevaría a una bajada en el recibo de la luz. Pero es que, incluso, si el presidente del Gobierno de Canarias empleara el tiempo que dedica a entorpecer la búsqueda de riqueza en conseguir un royalty sobre la explotación para los canarios, las consecuencias serían aún mejores.
Por otro lado, asustar con un accidente que sería una catástrofe para nuestro medio ambiente y turismo es paranoico. El riesgo cero no existe y pretenderlo llevaría al colapso económico, pues precisamente nos pasamos el día asumiendo riesgos para intentar mejorar nuestra calidad de vida; pero es que la posibilidad de accidente según los expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Energía es del 0,003%. Por ello, es mínima o insignificante, y en el caso de producirse los daños serían reversibles. Pero es que, además, el modelo de turismo de calidad y explotación petrolífera convive en multitud de lugares. En Sicilia y el Adriático existen más de 100 plataformas; Noruega es uno de los principales destinos turísticos por su riqueza natural y a su vez es el mayor proveedor de petróleo y gas de Europa; y las paradisíacas playas californianas y caribeñas están repletas de plataformas petrolíferas. Por ello, si el presidente de Canarias hiciera bien su trabajo, la consulta debería ser: ¿Está usted dispuesto a renunciar a un royalty anual y a los beneficios que tendríamos los canarios asumiendo un riesgo mínimo si la multinacional Repsol, jugándose su propio dinero, encontrara petróleo en nuestras Islas? Apuesto a que la mayoría de canarios votarían que no.
Las buenas intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy deben tener una sala especial en el infierno, una estancia bien grande. Porque cada semana somos obsequiados, sea por un miembro del gobierno, sea por el propio presidente, con una lindeza que señala un camino de baldosas amarillas brillantes por donde llegar a Oz, como Dorothy, el Espantapájaros, el León y el Hombre de Hojalata, para ver al famoso Mago. Detrás de las buenas intenciones de Mariano y de cualquier político actual, se esconde una sofisticada versión de tramposo de toda la vida, a quien tanto le debe la especie humana.
El tramposo troglodita en versión 4.0
Ya cuando éramos cazadores-recolectores, la aparición del llamado free-rider (o gorrón) que disfrutaba de los resultados obtenidos con el esfuerzo colectivo pero que no colaboraba, dio lugar a una habilidad especial para reconocer quién estaba aprovechándose de la comunidad. Al principio, el criterio se centraba estrictamente en el que no colaborase. Pero el ser humano se fue sofisticando y entendimos que alguien podía no colaborar por error o ignorancia. Y ahí surgió el análisis de las intenciones ajenas. ¿Querías aplacar tu hambre comiendo mamut cuando te has escondido detrás de un árbol para no tener que cazar? ¡Te han pillado! No hay carne de mamut para ti. Aunque parezca simple, los seres humanos hemos desarrollado poco a poco un conjunto muy prolijo de habilidades para detectar al tramposo: el reconocimiento de los rasgos de nuestra familia, porque los extraños eran menos confiables, los ritos de iniciación de los clubs cuya pertenencia era una garantía de fiabilidad, los juramentos, los contratos, la penalización de la mentira…
Pero las cosas han cambiado. Y resulta que el gorrón es admitido siempre que cumpla determinados requisitos: a) cuando pone por delante una causa que mueve las emociones del respetable, b) cuando es político, cuyo servicio a la patria nadie tiene derecho a cuestionar, y c) cuando se trata de engañar a un mentiroso. Los demás casos son tan mal vistos como siempre, pero estos tres se han integrado en el sistema como parte del ADN de Occidente. Si yo defiendo a los pobres, los niños, las viudas, los enfermos o los exiliados políticos, por ejemplo, pidiendo subvenciones al Estado, puedo vivir de los demás. Todo el mundo me considerará alguien generoso. Si defiendo exactamente la misma causa y lo hago buscando financiación privada para lucrarme y poder alimentar a mi prole, nadie lo va a entender y me van a acusar de vivir del mal ajeno.
El despreciable es el segundo caso, porque el primero, aunque también vive de lo que saca de las arcas del Gobierno, como el dinero procede de tu bolsillo pero te lo quitan sin darte cuenta vía impuestos, no se nota. Si soy un político, como estoy al servicio de la ciudadanía (sobre el papel) nadie puede desconfiar de mí, incluso si todos sabemos que buscan votos, preferimos pensar que lo que reclama el político, que su lucha por el poder, esconde una gran sensibilidad ante la necesidad ajena y un profundo respeto por los más débiles. Si soy un ciudadano y engaño a alguien que engaña a su vez, se puede hacer la vista gorda. ¿Y eso cómo se ve en la vida real?
El caso del aforamiento irreal
Este lunes, el presidente Rajoy anunció ante el Comité Ejecutivo del PP la intención de estudiar una posiblereducción del número de aforados que hay en España. Hay casi diez mil entre los propios miembros del Gobierno, diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, jueces y magistrados. Todos ellos, duermen tranquilos pensando en esa intención de estudiar la posibilidad. Y aún lo harían si se designara una Comisión al efecto.
Como político, Rajoy tiene derecho a mentir. La complejidad de la vida humana en el siglo XXI explica que en nuestros cerebros etiquetemos las mentiras de los políticos de diferentes maneras: anuncios (como el caso que estudiamos), promesas electorales, requisitos exigidos por instituciones supranacionales, etc. Normalmente están relacionadas. Por ejemplo, puede suceder que un anuncio termine convirtiéndose en una promesa electoral. El precio que los ciudadanos de a pie ponemos a este consentimiento, a sabiendas de que abusan de nosotros, es la apatía. Es una mala venganza porque a los políticos les da igual que les dediquemos miradas vacunas impertérritas mientras nos cuentan sandeces como lo que Rajoy ha contado a los suyos, pero en alto para que lo oigamos todos. Habrá pensado: “Y si eso ya tal” y se habrá quedado tan ancho.
Y lo que nosotros, pueblo sometido voluntariamente, población de leones cobardes, robots sin corazón, hombres de paja descerebrados y niñas irresponsables y cursis, debemos tener siempre en mente para estar a salvo de estos charlatanes (los de todos los partidos) es una sola cosa. Al final del camino de baldosas está la ciudad de Oz, cuyo Mago, capaz de satisfacer las necesidades de todos…. es solamente un viejo loco.
De pronto, la retórica económica se ha visto enriquecida con un nuevo verbo. Tituló La Razón: "El Ejecutivo moviliza 11.000 millones para apuntalar el despegue". Y leí en Expansión: "Canarias movilizará 7.000 millones para modernizar el turismo". ¿Cómo no se nos había ocurrido antes que movilizar era una cosa tan estupenda?
Estupenda se puso doña Soraya Sáenz de Santamaría al hablar de tanta movilización cuando presentó el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, que esta gente que nos gobierna jamás hace planes para cosas malas. Aseguró la señora vicepresidenta que la movilización es para "consolidar la recuperación económica y ampliar sus efectos a todos los niveles". Todos, oiga, todos. A ver quién es el guapo que se atreve a oponerse. Y todo, todo es estupendo: créditos baratos, subvenciones, dinero público a tope. Y, para que no tengamos la impresión de que hay algo en lo que el Gobierno deja de mimarnos, se anunció entonces que el Gobierno procedería a limitar las comisiones de las tarjetas de crédito, para apoyar al comercio minorista. Si es que piensan en todo.
Como siempre, se trata de una espectacular tomadura de pelo. Lógicamente, el Gobierno no puede movilizar nada que no haya removido antes: todos los efectos supuestamente plausibles del gasto público deben contraponerse a los efectos dañinos que dicha redistribución perpetra contra los ciudadanos y empresas que en última instancia la pagan.
Hablando de pagar, lo de las tarjetas de crédito es otro camelo. Presentado como un favor que generosamente hacen las autoridades a los comerciantes, en realidad es un castigo a los consumidores. Como era de esperar, lo primero que dijeron los emisores de esas tarjetas es que si obtienen menos ingresos de los comerciantes compensarán la pérdida aumentando las cuotas que pagan los titulares de las tarjetas. El Gobierno, pues, ha beneficiado a los comerciantes en cada compra pero ha castigado a todos los ciudadanos que tienen tarjetas de crédito, compren o no.
Nada de esto tiene relación alguna con la recuperación económica, que se producirá a pesar del Gobierno y sus reiterados y onerosos castigos a empresarios y trabajadores.
Y los trabajadores son los que quitan el sueño al impar Paulino Rivero, dispuesto también a movilizar lo que sea menester para resolver el 33% de paro que padecen los canarios, la segunda mayor tasa de desempleo de España, después de la de Andalucía. Y con la movilización va a cuadrar el círculo y a hacer frente al reto de Canarias: crear empleo y a la vez potenciar un sector (vamos ¿no lo adivina usted?) "estratégico". Proclamó Rivero:
No hay forma de bajar de forma significativa la tasa de desempleo si no somos capaces de impulsar el sector de la construcción, el único que puede crear puestos de trabajo de manera masiva a corto y medio plazo.
Usted se llevará las manos a la cabeza: ¡estos insensatos quieren promover más la construcción cuando hay cientos de miles de viviendas vacías! Calle, calle, que estos son unos genios. A ver: ¿cómo se moviliza la construcción sin aumentar la oferta de nuevas viviendas? Pues está claro: rehabilitando las viejas. Y así se crea empleo y a la vez se potencia el turismo. ¿No es genial?
Pues no, no es genial, es otro disparate que ignora los costes privados de la movilización pública y pretende sustituir el dinamismo empresarial por la burocracia política a la hora de buscar oportunidades de inversión. Es muy difícil que esto acabe beneficiando a la población.
Está claro que cuando las autoridades hablan de "movilizar" pretenden utilizar la primera acepción de dicha palabra: "Poner en actividad o movimiento". La realidad, empero, se ajusta más a la coacción política y legislativa que implica la clásica segunda acepción, con todo lo que supone de obediencia y sumisión: "Convocar, incorporar a filas, poner en pie de guerra tropas u otros elementos militares".
Podemos ha construido inteligentemente su discurso en torno a un término que despierta un natural y sano rechazo entre la ciudadanía: casta. Según se nos repite con insistencia, son los miembros de la casta quienes han desvalijado los bolsillos de los españoles y quienes se empecinan por mantenernos en las miserias de la crisis. Bajo estas coordenadas, oponerse al discurso presuntamente regenerador de Podemos se ha convertido en equivalente a defender los intereses de la casta. Y no.
En España ciertamente existe una casta parasitaria. Algunos, de hecho, la hemos venido denunciando desde que tenemos conciencia política. Quizá no tildándola de casta, pero sí de oligarquía, plutocracia ocleptocracia desde las tribunas periodísticas que nos han brindado. A la postre, casta son PP y PSOE; casta son los empresarios subvencionados, privilegiados, concesionados o rescatados por el Estado a costa de los contribuyentes y de sus competidores; casta son los verticalizados sindicatos y patronales que pastan en el BOE; y casta son los burócratas que deciden unilateralmente sobre nuestras vidas. Contra todos ellos llevamos años bregando.
Pero entonces, ¿cómo es posible que Podemos –un partido genuinamente anticasta– despierte tanto recelo, o incluso abierta oposición, entre quienes llevamos años criticando y denunciando a la casta? Pues por una razón muy simple: las políticas que promueve Podemos no contribuyen a erradicar la casta, sino a reemplazar la casta de PP y PSOE por la casta de Podemos e IU.
A la postre, "la casta" no es más que un conjunto de oligarcas con capacidad para robar a los ciudadanos merced al uso y abuso del hipertrofiado aparato estatal. ¿Y qué propone Podemos? ¡Incrementar todavía más los poderes de ese aparato estatal! La diferencia, nos dicen, es que en la actualidad la democracia se halla secuestrada por la casta y cuando ellos gobiernen la soberanía última volverá a residir en el pueblo y el pueblo podrá usar en su propio interés la coacción del Estado.
Mas ¿acaso pensamos que "el pueblo" –como si fuera una entidad única con intereses homogéneos– va a votar o fiscalizar los millones de decisiones administrativas que diariamente adopta hoy un cuerpo de tres millones de empleados públicos? Evidentemente no: si en la actualidad ya sería del todo inmanejable que el cuerpo electoral sustituyera a la megaburocracia gobernante, ¿qué decir de un Estado con todavía más competencias, como el que ambiciona Podemos?
La idea de que el pueblo gobernará es falaz: el pueblo forzosamente delegará la práctica totalidad de los poderes del Estado en una jerarquía de burócratas, y esa jerarquía de burócratas –con sus propias agendas políticas, económicas e ideológicas– constituirá la nueva casta. Ellos… y los grupos de presión que los rodeen o los corrompan con el ánimo de imponer sus intereses sobre el conjunto de la sociedad valiéndose de los nuevos resortes intervencionistas con que contará el Estado. En la Unión Soviética a esa nueva casta se la conocía como nomenklatura; en Venezuela, como boliburguesía. En estos países socialistas las castas no fueron destruidas, sólo reemplazadas.
El problema de fondo es claro: siempre que padezcamos un monopolio de la violencia que se inmiscuya en todas las áreas de la vida de las personas se hará imprescindible la existencia de un gigantesco y omnipotente aparato de burócratas que administre por delegación los amplísimos poderes que detenta el Estado sobre nuestras vidas. Por ese motivo, resultará altamente lucrativo corromper o capturar a parte de los burócratas para lograr sus favores: incluso los propios burócratas tendrán fuertes incentivos para extraer la mayor cantidad posible de rentas a los ciudadanos por la vía de maximizar sus prebendas y de minimizar sus obligaciones. Podemos podrá ondear la bandera de la regeneración y la participación democrática, pero su proyecto político –más poder para el Estado– conduce necesariamente a la constitución de una nueva casta oligárquica.
En suma, la solución a los problemas de España no pasa por sustituir al carcelero, sino por escaparnos de la prisión. No más impuestos, más gasto público, más políticos, más regulaciones o más privilegios, sino más sociedad civil, más contratos voluntarios, más imperio de la ley y más libertad. No maximizar la burocracia, sino minimizarla. Sé que resulta difícil de comprender, pero algunos no aspiramos a colonizar la casta conlos nuestros, sino a que la casta, simple y llanamente, deje de existir.
Jorge Giordani es un viejo comunista que hasta hace pocas fechas fue el ministro de Planificación y Finanzas del chavismo, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro. Tiene fama de haber sido un funcionario honrado en un Gobierno en el que abundan los rateros.
Nadie, sin embargo, ha acusado a Giordani de ser competente. Sería una peligrosa temeridad. No se metía la plata de los demás en el bolsillo. Lo que hacía era destruirla en esa trituradora implacable de riqueza que es la ideología marxista. Es uno de los responsables del hundimiento económico del país. Cuando llegó al poder había seis millones y medio de pobres. Cuando lo dejó, hace unos días, la cifra había aumentado a más de nueve.
Giordani se despidió del cargo con una larga carta en la que culpa a los demás del desastre económico venezolano. Sus culpables son el irresponsable gasto público, la corrupción, PDVSA y el pobre Nicolás Maduro, quien supuestamente ha traicionado al socialismo y al legado inmarcesible de Hugo Chávez. (Inmarcesible, Nicolás, quiere decir que no se marchita. Y marchita no es una marcha pequeña de estudiantes indignados, sino un verbo que procede del latín).
El ingeniero Giordani no es capaz de advertir que el error intelectual está en el presupuesto ideológico. Cuando se debilitan los derechos de propiedad y las decisiones económicas las toman los funcionarios; cuando se potencia la aparición del Estado-empresario y se estatiza el aparato productivo; cuando se eliminan las principales libertades porque la crítica se convierte en traición a la patria, inevitablemente surge la escasez, se deteriora progresivamente el entorno físico por falta de mantenimiento y comienza un acelerado proceso de empobrecimiento colectivo que no tiene fin ni alivio. Mañana siempre será peor que hoy.
Mientras los venezolanos leían la carta de Giordani, los cubanos, asombrados, repasaban otra misiva escrita por el comunista, escritor y exembajador Rolando López del Amo, jubilado en La Habana tras haber ocupado diversos cargos de primer rango en la diplomacia castrista. El texto puede localizarse en internet, donde circula profusamente.
El señor López del Amo tiene una explicación parcialmente diferente a la de Giordani. Supone que el responsable del desastre cubano es el burocratismo, ese enmarañado ejército de funcionarios indolentes que no deja que el país avance. Como es una persona seria, no culpa al embargo norteamericano, ni a la sequía ni a los ciclones, porque el país no padece hace tiempo estos fenómenos naturales. Cree que el mal está en otra parte: es la malvada gente que entorpece la marcha gloriosa del socialismo.
Termina su carta con un conmovedor llamado a sus camaradas:
Estamos en el año 56 de nuestra experiencia revolucionaria y no podemos continuar cometiendo los mismos errores ni ofreciendo las mismas justificaciones. Se impone un cambio de mentalidad, de actitud, de estructuras y de personas para lograr el sueño colectivo de un socialismo próspero y sostenible.
¡Madre mía! Estamos ante un comunista inasequible al desaliento. ¡Qué gente más dura de mollera! Cincuenta y seis años de fracasos continuados y barbarie, de "oprobio y bobería", como Borges decía del peronismo, no le han bastado para entender que el sistema no sirve para nada en ninguna latitud. Ni con los laboriosos alemanes o norcoreanos ni con los muy serios checos y húngaros, y mucho menos con los caribeños de Cuba o Venezuela.
Es posible, sin embargo, que Raúl Castro, finalmente, haya comprendido esta dolorosa verdad. Lo triste es que la educación del hermano de Fidel ha durado más de medio siglo y costado miles de vidas y la ruina completa de una nación. (Fidel, en cambio, es indiferente a la realidad y morirá defendiendo las mismas tonterías de siempre). En todo caso, mientras el embajador López del Amo escribía su carta, el zar de la economía cubana, un excoronel llamado Marino Murillo, anunciaba que todos los restaurantes del país serían privatizados.
Es el principio del fin del loco proyecto marxista del colectivismo, pero no de la dictadura. Ahora, poco a poco, sin prisa, pero sin tregua, como le gusta repetir a Raúl Castro, quieren desmantelar el socialismo y gobernar con mano férrea un país pseudocapitalista. Ya no son marxistas. Son, simplemente, una banda autoritaria de gente decidida a mandar a palos. Puros matones.
Más que un país, Argentina es una paradoja o el enigma de una nación que parece tenerlo todo para ser infinitamente próspera pero que se empeña en no serlo. Las noticias que cotidianamente nos llegan desde allí ya no son tales, sino meras repeticiones, cada vez más rocambolescas, de los despropósitos de siempre: un vicepresidente enjuiciado por corrupción, un Gobierno que crea una Secretaría para la Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, un país en recesión y al borde del default, un clan gobernante que se enriquece a una velocidad "vertiginosa para cualquier bípedo común y corriente", para decirlo con las palabras de Mario Vargas Llosa. Nada de esto es nuevo y requiere por ello de una explicación que vaya más allá de lo circunstancial, es decir, de la contingencia y de los nombres de quienes hoy encarnan roles que son ya infaltables en el drama argentino.
Las raíces de la tragedia argentina nos remiten a lo más básico: la geografía y la dotación de recursos naturales del país. Argentina fue muy poco hasta que despertó la asombrosa riqueza productiva de la pampa, pero una vez que lo hizo marcó para siempre su destino. Era un país predestinado a ser lo que fuesen sus infinitas praderas. Pudo haber gozado de una prosperidad perdurable y ser una gran democracia como Estados Unidos si los pequeños colonos propietarios –los célebres farmers del ideal jeffersoniano– las hubiesen conquistado, pero en lugar de ellos fueron los grandes terratenientes, los estancieros, los que lo hicieron. La riqueza de la pampa se transformó así en la gran ubre que nutrió las fortunas de la elite, pero también fue la madre de la corrupción política y las luchas redistributivas que asolarían una sociedad donde lo importante fue apropiarse de la riqueza más que producirla.
El estanciero fue también el caudillo, local o nacional, que asaltaba el poder con ayuda de su clientela armada y se constituía en el amo de la nación. Fue, además, el populista por definición, ya que su poder se fundaba en la movilización carismática del gauchaje y otros grupos subalternos. Ese fue el arquetipo creado por el más célebre y siniestro de todos los caudillos argentinos, Juan Manuel de Rosas. Se creó así un paradigma político que aún hoy marca los destinos de la Argentina: el ogro filantrópico de que nos hablaba Octavio Paz, que considera el Estado como su patrimonio personal y hace de su voluntad la ley.
Hacia fines del siglo XIX el caudillo dejó el poncho y se puso frac, como bien lo dijese Juan Bautista Alberdi. Pero sus métodos no cambiaron y Argentina fue consolidando esa tradición personalista y autoritaria que luego se renovaría con Perón y sus secuaces cada vez más depredadores, como los Menem y los Kirchner.
En suma, la política argentina nunca ha dejado de ser premoderna y predemocrática. Su estructura es básicamente feudal, asentada en lazos de poder y dependencia personales que van desde el gran caudillo nacional hasta sus punteros locales y los piqueteros de las barriadas, pasando por toda una cadena de caudillos y mafias subalternos que han encontrado su expresión más acabada y devastadora en el movimiento peronista.
Lo más dañino de todo ha sido, sin embargo, la transformación del espíritu rentista en el corazón de la cultura predominante en el país. Definió la figura clave del apropiador –de tierras, del poder del Estado, de subsidios y prebendas–, es decir, el vivo por antonomasia, que se convertiría en el prototipo de la persona exitosa y admirada. A su vez, el productor, el que labura "noche y día como un buey", para decirlo con letra de tango, sería visto como el arquetipo de lo menos argentino que se puede ser: el zonzo, el gil, el que cumple la ley, vive de su trabajo y alimenta al vivo. Caricaturas dolorosas de una cultura autodestructiva, resumidas en esa frase lapidaria de Borges según la cual a un argentino "pasar por un inmoral le importa menos que pasar por un zonzo".
Esas son, en pocas líneas, las grandes lacras de la Argentina. Por ello, quienes quieren romper con la triste continuidad de los caudillos y los ciclos populistas de la ilusión y el desencanto tienen ante sí un reto de grandes proporciones: cambiar las bases culturales de una sociedad donde siempre terminan ganando los chantas, los vivos, los cancheros, los madrugadores, los ventajeros, los cuenteros, las patotas, las clientelas, la corrupción y los compadrazgos.
No es tarea fácil, pero la esperanza es lo último que se pierde y yo quiero creer que un día triunfarán los zonzos y los giles, los que viven de su trabajo, los que a pesar de todo siguen creyendo en la decencia y en aquellas virtudes cívicas que son las únicas que hacen, de manera duradera, grandes a los pueblos y ricas a las naciones.
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