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Israel o la lucha contra la infamia

"Hamás, Hamás, judíos a la cámara de gas". Esa fue la consigna en varias ciudades de Europa. Todo se ha visto y oído durante el enfrentamiento entre la banda terrorista Hamás e Israel. Desde esvásticas pintadas en las sinagogas y cementerios judíos en diversas partes del mundo hasta grupos que coreaban ese infame pareado.

La mayor parte de los judíos (y los demócratas verdaderamente responsables) están tristemente asombrados por la intensidad del antiisraelismo mostrado por el grueso de los medios de comunicación en Occidente, por las reacciones de algunos gobiernos europeos y latinoamericanos –Brasil entre ellos– y por los numerosos incidentes callejeros antisemitas.

El origen del pleito lo resume magistralmente el escritor Amos Oz con un par de preguntas formuladas a Deutsche Welle

¿Qué harían ustedes si su vecino de enfrente se sienta en el balcón, pone a su niños sobre él y comienza a disparar una ametralladora contra la habitación de sus hijos? ¿Qué harían ustedes si su vecino de enfrente cava un túnel desde su casa hasta la habitación de sus hijos con el objetivo de volar su hogar por los aires o secuestrar a su familia?

Es obvio que los judíos contraatacaron. ¿Es tan difícil entender la posición israelí? Luego de comenzado el conflicto se supo que por los casi cuarenta túneles descubiertos (probablemente hay otros) los comandos suicidas de Hamás iban a desatar una carnicería atroz el 24 de septiembre, fecha en que los judíos celebrarán su año nuevo (Rosh Hashaná).

¿Por qué el antisemitismo ha resurgido con tanta virulencia? Por varias razones.

Los seres humanos formulan sus juicios basados en estereotipos y en categorías. Es nuestra manera de asomarnos a la compleja realidad. Creemos tener una idea de cómo son los alemanes, los ingleses, los norteamericanos, los catalanes, los negros, los blancos, los chinos. Esas visiones esquemáticas con frecuencia están cargadas de connotaciones negativas.

Lamentablemente, la idea del judío fue acuñada por sus enemigos cristianos. Un pleito en la sinagoga –unos pocos judíos se convencieron de que ya había llegado el Mesías y se llamaba Jesús– se convirtió en una persecución cruel e interminable tan pronto el cristianismo, esa rama hereje del judaísmo, se convirtió en la religión del imperio romano por obra y gracia del Edicto de Tesalónica (año 380), promulgado por Teodosio I el Grande, un resuelto emperador que declaró "loco y malvado" a todo aquel que desconociera la autoridad del patriarca de Antioquía.

A partir de ese punto, y por los siguientes mil seiscientos años, los judíos fueron caracterizados como demoniacos, perversos, avaros, traidores, desleales y sucios. Los persiguieron, masacraron, expulsaron, difamaron y encerraron en guetos. Los marcaron como infames y los condenaron a llevar distintivos visibles, los obligaron a abjurar de sus creencias, so pena de muerte, y se crearon instituciones represivas, como la Santa Inquisición, que tenían entre sus objetivos destruirlos o purificarlos en las hogueras.

Este acoso permanente acuñó un estereotipo muy negativo; se perpetró de manera continuada el asesinato de la reputación de todo un pueblo. La gran literatura se encargó luego de recoger y esparcir esa bazofia: Shakespeare, Lope de Vega, Quevedo, Voltaire, Dickens, T. S. Eliot, Pío Baroja, Dostoiveski y otros cien magníficos autores incurrieron en diversas manifestaciones de antisemitismo que mantuvieron viva la llama del odio.

Fue Napoleón quien comenzó la liberación de los judíos, derribando las murallas de los guetos a principios del siglo XIX, pero el cambio de las leyes no impidió que la tradición del antisemitismo se mantuviera hasta llegar al paroxismo nazi: unos tipos convencidos de que la erradicación total de este pueblo solucionaría casi todos los problemas de la humanidad. La felicidad, sostenían, llegaría de la mano de un monstruoso genocidio.

Hoy, el viejo antisemitismo de la Inquisición, de los cosacos, de los nazis, es una de las señas de identidad de los grupos llamados progresistas. Si en nuestros angustiosos días alguien quiere asumir instantáneamente un rol revolucionario, la manera más eficiente de lograrlo es mostrar su rechazo a los judíos y su condena a Israel. Es el equivalente de colgar un póster del Che o ponerse una camiseta con su efigie.

Afortunadamente, la terrible etiqueta colgada al pueblo judío es reversible. El hecho de que Israel, rodeado de enemigos, sea una sociedad tercamente democrática, próspera, creativa, generadora de ciencia y tecnología, donde viven los únicos árabes –mujeres incluidas– libres de toda aquella torturada zona, desmiente el maligno estereotipo. Poco a poco se irá abriendo paso la verdad: Israel es la más exitosa y digna experiencia política de la segunda mitad del siglo XX. Pero hay que decirlo en voz alta y sin miedo.

© elmed.io

elblogdemontaner.com

¿Qué le pasa a Chile?

Hace no mucho participé en una reunión convocada por Mario Vargas Llosa en Madrid donde el tema de Chile ocupó un lugar central. La pregunta que rondaba en el ambiente era "¿Qué le pasa a Chile?", y surgía de la incapacidad de comprender cómo el país que durante décadas fue un ejemplo de progreso en América Latina pueda estar hoy planteándose la revisión de las bases mismas de ese progreso. La explicación de algo tan sorprendente no está, sin embargo, en el fracaso del modelo chileno sino, paradojalmente, en su éxito.

Chile ha experimentado un desarrollo extraordinario durante las últimas tres décadas. Su crecimiento económico ha superado largamente los promedios latinoamericanos o de los países desarrollados, multiplicado más de tres veces el ingreso real per cápita de la ciudadanía y provocado una enorme transformación social. Tal como muestra un estudio del Banco Mundial, Chile fue el país que más movilidad social ascendente experimentó en América Latina entre 1992 y 2009. En este lapso, casi dos tercios de la población chilena cambió de clase, pasando de una situación de pobreza a una de vulnerabilidad o de la vulnerabilidad a la clase media. Incluso ser pobre ha cambiado radicalmente durante estas últimas décadas. Los pobres de hoy disponen, en términos reales, de un ingreso que multiplica 2,5 veces el que tenían en 1990.

Todo este cambio socioeconómico ha llevado aparejada una verdadera revolución educativa que ha tenido su expresión más clara en la educación superior, cuyo número de estudiantes aumentó diez veces entre 1980 y 2013. Paralelamente, se ha ampliado de manera extraordinaria el acceso a viviendas mejores, bienes de consumo durables, medios modernos de transporte y comunicación, viajes dentro y fuera del país y otros componentes de un estándar de vida que se acerca a aquel de los países de altos ingresos.

Estos cambios han redimensionado el horizonte de aspiraciones y problemas de los chilenos. Atrás han ido quedando las demandas e inquietudes propias de una sociedad marcada por la pobreza y se han abierto paso las de los nuevos sectores emergentes. Ahora bien, el rápido progreso tiene una característica que fácilmente lo torna insuficiente por más exitoso que sea en el plano objetivo: las expectativas tienden a crecer más rápidamente que la capacidad de satisfacerlas y se genera así un malestar que, a simple vista, no guarda relación con los progresos alcanzados. Este malestar del éxito es lo que Émile Durkheim llamó "crisis felices" (crises heureuses), provocadas por un progreso tan rápido que "exalta los deseos", haciéndolos "más exigentes, más impacientes", pero también imposibles de colmar ya que “las ambiciones sobreexcitadas van siempre más allá de los resultados obtenidos, cualesquiera que ellos sean”.

Esta evolución ha cambiado el foco de atención de la sociedad chilena, que pone hoy el acento no ya en los logros sino en las carencias del camino recorrido. Con ello se han hecho visibles las deficiencias de un crecimiento que, efectivamente, dejó mucho que desear en el aspecto cualitativo y que albergó, además, una serie de situaciones de abuso rampante. Ello se debió –especialmente durante los veinte años de gobiernos de izquierda que van de 1990 a 2010– tanto a un sinfín de fallas regulatorias como a una escasa voluntad política de aplicar la normativa vigente. Lo paradojal es que estas fallas del Estado y la regulación, es decir, de la política, terminaron siendo achacadas al modelo en sí, como si una economía abierta de mercado fuese por necesidad sinónimo de negociado, abuso y lucro ilícito.

Otra perspectiva crítica que se instaló fuertemente en el debate público fue la de la desigualdad. Se trata de otra de las paradojas del éxito alcanzado. Atrás quedó el eterno debate sobre cómo derrotar a la pobreza y se pasó a discutir la distribución de los beneficios del progreso. Ahora bien, lo que a las claras nos dice que se trata de un cambio de perspectiva es que los altos niveles de desigualdad de la sociedad chilena son de larga data, sin por ello haber dominado el escenario político como lo han hecho recientemente. Más aun, el protagonismo del tema de la desigualdad coincide con una reducción sostenida de las desigualdades reales. Pero el progreso es así, lo que era tolerable en presencia de necesidades más apremiantes se hace intolerable cuando nuestro horizonte pasa de las carencias absolutas a las relativas y a la comparación con lo que otros tienen.

Es en este contexto que se instala, a partir de 2011, un discurso que cuestiona frontalmente todo lo realizado y llama a la refundación de Chile sobre bases muy distintas a aquellas que tanto progreso le han dado. Este salto a "otro modelo" es lo que hoy se le está proponiendo en Chile. A nombre de reivindicar "lo público" y luchar por una sociedad “más justa”, se propone la instauración de un modelo estatista –el del gran Estado benefactor– que en Europa ha sido abandonado por aquellos países, como Suecia, que más avanzaron en esa dirección. En esta perspectiva, resulta patético ver cómo el gobierno de Michelle Bachelet trata de hacer de soluciones fracasadas y descartadas por sus creadores una panacea para el consumo local.

En todo caso, ya se comienzan a ver, claramente, las consecuencias del accionar del nuevo gobierno: el crecimiento económico prácticamente se ha paralizado, el desempleo aumenta, los inversionistas extranjeros comienzan a elegir otros destinos y el peso se debilita frente al dólar. En lo político, la coalición gobernante se ve remecida por fuertes tensiones entre sus alas más moderadas, representadas por la Democracia Cristiana, y aquellas más extremas, lideradas por el Partido Comunista. Incluso la popularidad de Bachelet, que parecía intocable, se ha resentido notoriamente, para no hablar de la de su gobierno, que cae en picado en las últimas encuestas. A ello se suma un elemento decisivo: las amplias clases medias comienzan a reaccionar ante las propuestas socializantes del gobierno, en particular la reforma educacional que abiertamente busca la estatalización de la educación chilena.

Así, todo indica que los chilenos están pasando, aceleradamente, del malestar del éxito al miedo al fracaso. Es de esperar, por el bien de Chile, que el mensaje le llegue con claridad a Michelle Bachelet.

Mauricio Rojas, director de la Academia Liberal.

Axel Kaiser: “En Chile, como en España, la derecha no defiende los principios liberales”

Nacido en Santiago de Chile en el año 1981, el abogado Axel Kaiser es uno de los analistas políticos y económicos más influyentes de su país. Columnista de varios diarios chilenos, Kaiser es Director Ejecutivo de la Fundación para el Progreso y está siguiendo estudios de Doctorado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania.

– Pregunta: ¿Está en peligro el "modelo chileno"? Durante ya varias décadas, izquierda y derecha parecían estar de acuerdo en mantener un paradigma liberal que ahora está en entredicho.

Respuesta: El debate político se ha ridiculizado hacia la izquierda y esto supone un peligro real, ya que se pretende cambiar por entero el fundamento del sistema actual. Hoy Chile mantiene un paradigma económico razonablemente liberal, si bien el Estado interviene mucho más de lo que debería. Pese a ello, el actual bloque de gobierno está dispuesto a reemplazar el "modelo" e implementar un programa socialista de máximos.

– Hace años, en "El Chile que viene", usted ya advertía de la deriva socialista que podría seguir su país. Parece que se han cumplido esos malos augurios…

Desde mediados de los 90 y, sobre todo, desde comienzos de la década pasada, las élites intelectuales chilenas intensificaron la retórica y los esfuerzos dirigidos a defender el establecimiento de un modelo económico basado en una mayor redistribución y un menor grado de libertad de mercado.

Lo grave es que las supuestas fuerzas de centro-derecha no hicieron nada por defender el sistema. Pensaban que el "modelo chileno" se defendía solo, y el resultado es que ahora hay cada vez más personas dispuestas a asumir el discurso de la izquierda, según el cual es necesario cambiar el sistema de acuerdo con las sugerencias de los intelectuales de izquierda. Frente a esta amenaza, es necesario defender la legitimidad y la moralidad del sistema capitalista que ha hecho progresar a Chile.

La izquierda hace bien su trabajo. No se puede culpar al socialismo de defender el socialismo. En Chile, como en España, el problema es que el centro-derecha no defienda los principios y las ideas liberales, aquellas que se supone que son suyas y que marcan sus diferencia frente al programa de la izquierda. Nunca puede faltar la integridad y el coraje a la hora de reivindicar la libertad. Ya decía Ayn Rand que la culpa no es de los colectivistas, sino de quienes no tienen la entereza suficiente para defender un modelo basado en la libertad personal y económica, en la autonomía individual frente al control del Estado.

– ¿Cuáles son los elementos centrales del "modelo chileno"?

En primer lugar, se apostó por una fuerte apertura comercial. Frente a las tesis del proteccionismo y la sustitución de importaciones, Chile se ha convertido en un referente para quienes defienden el libre comercio. En segundo lugar, el viejo paradigma monetario, marcado por la hiperinflación, ha sido sustituido por un nuevo marco en el que la estabilidad de la divisa es mucho mayor.

Un tercer punto que debemos mencionar es el del fuerte respeto a la protección privada, cuya integridad había sido cuestionada de forma creciente a lo largo del siglo XX, culminando en el experimento marxista y totalitario de Salvador Allende. A esto se une un cuarto elemento, consistente en la estabilidad fiscal. En este sentido, el sistema de pensiones, basado en la capitalización, evita desequilibrios como los que vemos hoy en Europa.

Por último, el quinto aspecto en el que descansa el sistema económico chileno es un esquema de protección social que actúa como "red de seguridad" para evitar situaciones de desamparo.

– Dicen los críticos del "modelo chileno" que el gran problema del país es la "desigualdad".

La igualdad es un impulso muy primitivo de los seres humanos, desde las sociedades tribales hasta hoy comprobamos que la envidia y el recelo ante el otro es algo habitual. Por eso, explotar estos sentimientos sale rentable políticamente, por mucho que los datos que miden la desigualdad de ingresos no muestren un aumento de las diferencias entre los chilenos. De hecho, entre las nuevas generaciones vemos las menores tasas de desigualdad en toda la historia de Chile.

– Recibió muchas críticas cuando afirmó que no debería hablarse de la educación como un "derecho"…

Me parece que los seres humanos tenemos el derecho a conservar el fruto de nuestro trabajo. Si creemos en la propiedad privada, difícilmente reconoceremos que otros tienen el "derecho" a tomar por la fuerza esa riqueza, por mucho que esa expropiación sea para financiar la educación. Entiendo perfectamente que puede existir la necesidad de acceder a la educación, pero esa necesidad no genera el "derecho" a despojar a otros de su riqueza. Es inmoral que algunos defiendan que pueden esclavizar a los demás para que así les financien aquello que consideran oportuno.

Por otro lado, si acaso se reconoce la educación como un "derecho", entonces esto debería llevar a su prestación generalizada, lo que abarcaría al más rico y también al más pobre. Sin embargo, entiendo que es preferible que, si el gobierno tiene que intervenir en este ámbito, lo haga apoyando particularmente a quienes no pueden financiarse el acceso. Es muy regresivo plantear un "acceso universal a la educación".

El fantasma de la recesión regresa a la zona euro

La recaída de Italia, el estancamiento que sufre Francia y la reciente desaceleración de Alemania han desatado el temor a que la economía de la zona euro entre, una vez más, en terreno negativo. El bloque monetario emergía de la recesión hace apenas un año, pero la ansiada recuperación empieza a mostrar claros síntomas de debilidad, a la vista de los últimos indicadores. En la actualidad, casi una quinta parte del PIB de la zona euro se encuentra en recesión y un porcentaje similar muestra encefalograma plano.

El propio presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, alertó este jueves sobre la fragilidad a la que se enfrenta la zona euro debido, sobre todo, al impacto potencial de los crecientes riesgos geopolíticos sobre Europa, particularmente en el caso de la crisis de Ucrania y Rusia.

El veto de Moscú a la compra de ciertos productos de la UE y el encarecimiento del petróleo que podría conllevar un recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo son, sin duda, factores externos a tener muy en cuenta, pero la debilidad de la economía europea responde, igualmente, a razones internas, como es la ausencia de profundas reformas estructurales en los países del sur, los graves desequilibrios que persisten en la cuentas públicas y la delicada situación de la banca. 

El PIB de Italia bajó un 0,2% en el segundo trimestre de 2014, con lo que el país entró de nuevo en recesión técnica. El mínimo repunte experimentado a finales de 2013, con un avance del 0,1%, fue un mero espejismo, tras acumular 18 meses sin registrar tasas positivas.

Pero Italia, la tercera economía de la zona euro, no es el único foco de preocupación. El déficit comercial de Francia volvió a aumentar el pasado mes de junio en 5.400 millones de euros. Para Francia no es un fenómeno nuevo, ya que viene registrando un déficit constante en la última década, pero la cifra es una nueva señal de la desaceleración de la economía gala. La brecha exterior se ha reducido en los últimos seis meses como resultado de un menor volumen de importaciones, y no tanto por el aumento de las exportaciones, lo cual sugiere una débil demanda interna.

Francia, segunda economía de la zona euro, es, desde hace tiempo, uno de los grandes quebraderos de cabeza de Europa por su falta de competitividad, su agujero estructural en las cuentas públicas y su incapacidad política para llevar a cabo las reformas y ajustes necesarios para volver a crecer.

Ante tal perspectiva, no es de extrañar que la agencia de calificación Moody’s señalara esta semana que Francia no cumplirá sus compromisos presupuestarios para el ejercicio actual (-3,8% del PIB) ni el siguiente (-3%), ya que el crecimiento será menor de lo previsto. En concreto, estima que su PIB apenas avanzará un 0,6% este año y un 1,3% en 2015.

Sin embargo, dichas previsiones podrían incluso empeorar si se tiene en cuenta que la actividad industrial de Francia se contrajo de nuevo el pasado mes de julio y la economía gala no ha crecido nada en el primer trimestre del ejercicio.

Si a ello se suma la desaceleración de Alemania, el panorama actual es aún más incierto. Los pedidos a la potente industria germana cayeron en junio por segundo mes consecutivo a una tasa del 3,2%, tras sufrir una contracción del 1,6 el pasado mayo, la mayor caída desde septiembre de 2011. Algunos analistas y el propio BCE parecen achacar este inesperado descenso a la crisis de Ucrania, y las tensiones políticas y comerciales entre Berlín y Moscú. Pero los datos desmienten esta posibilidad, ya que dicha caída se debió al fuerte descenso de pedidos por parte de los socios de la zona euro (-10,4%).

El Commerzbank avanzó que el PIB alemán podría haber bajado un 0,2% en el segundo trimestre. La desaceleración de Alemania, primera economía de Europa, echa por tierra la posibilidad de que la locomotora germana tire de las economías del sur. Todo ello demuestra que "Europa no está ni cerca de la recuperación. La política monetaria se ha quedado sin tracción", según indica Steen Jakobsen, analista de Saxo Bank.


La creciente incertidumbre, sumada a las tensiones geopolíticas con Rusia, se están traducido en una nueva fuga hacia valores refugio. Prueba de ello es que el rendimiento del bono alemán a diez años bajó al mínimo histórico del 1,096% esta semana, con el consiguiente aumento de la prima de riesgo en España y otros países europeos.

Por último, cabe señalar que la concesión de crédito al sector privado vuelve a caer de forma brusca, tras acentuar su trayectoria negativa en junio. Los préstamos a los hogares registraron el mayor descenso mensual desde la crisis financiera de finales de 2008. Asimismo, los préstamos a empresas no financieras sigue bajando, al igual que el crédito al consumo.

Como consecuencia, la oferta monetaria en la zona euro sigue desacelerándose. Su volumen total ha aumentado debido a las inyecciones masivas puestas en marcha por el BCE durante la crisis, pero su tasa de crecimiento interanual ha bajado de forma pronunciada en los últimos tiempos, acentuando el riesgo de la temida deflación. Esto demuestra, una vez más, el rotundo fracaso que ha cosechado la autoridad monetaria a la hora de intentar reactivar el crédito. La delicada situación de la banca y la ausencia de demanda solvente explica dicha contracción crediticia.

El problema de fondo existente en Europa no ha cambiado, pese al surgimiento de nuevos factores de riesgo geopolítico. Países como Francia e Italia no han hecho reformas para mejorar su competitividad ni ajustes para reducir su abultado déficit y deuda, mientras que en el caso de España y Portugal los avances en ambas materias han sido muy escasos, al igual que en Grecia.

Basta observar la brecha que aún existe entre ingresos y gastos públicos en la zona euro para percatarse de dicho problema -el gasto no ha dejado de crecer-. De hecho, la deuda pública en la zona euro se mantiene en niveles récord, por encima del 90% del PIB de media, y en los países del sur el umbral es muy superior, lo cual, además, de dañar la solvencia de los estados, dificulta y ralentiza el crecimiento de la zona euro en su conjunto.

De confirmarse este escenario de estancamiento o recesión, se reabrirá con fuerza el debate acerca de la necesidad de poner en marcha el polémico programa del BCE para comprar de forma directa todo tipo de activos y deuda pública -Quantitative Easing (QE)-, al estilo de la Reserva Federal de EEUU (FED), el Banco de Inglaterra o el de Japón.

¿Qué pasaría con los lobbies en un mercado libre?

Los liberales nos oponemos radicalmente a los grupos de presión que tratan de cosechar privilegios mediante el uso de la coacción estatal. De hecho, siguiendo a la Escuela de la Elección Pública, consideramos que el Estado ha terminado convirtiéndose en un instrumento para redistribuir la riqueza desde los grupos sociales desorganizados (contribuyentes) a los grupos sociales organizados (lobbies): la creciente concentración de poder en manos del Estado hace que éste se convierta en un instrumento muy apetitoso que todos aquellos que logren manejarlo en su privativo beneficio.

Así las cosas, la receta que proponemos los liberales para terminar con los lobbies es bien sencilla: si los lobbies surgen porque el Estado copa demasiado poder, nada más sencillo que reducir el Estado a una mínima expresión; si le quitamos el BOE al Estado, los grupos de presión no podrán estampar su letra en el BOE ni, en consecuencia, lograr prebendas a nuestra costa.

El problema es que esta receta levanta rápidamente dudas y suspicacias entre la ciudadanía: ¿acaso si el Estado se redujera a una mínima expresión los lobbies no tendrían mucho más poder del que ahora tienen? ¿Acaso no necesitamos de un Estado fuerte que mantenga los grupos de presión a raya (a pesar de que los lobbies medran gracias a ese Estado fuerte)? ¿El debilitamiento del Estado no supondría la creación de una oligarquía lobística capaz de imponernos unilateralmente su voluntad? La respuesta a todas estas razonables preguntas es NO y el motivo está muy vinculado al concepto de autoridad política.

La autoridad política

Uno de los mejores libros que se han publicado en el último lustro es The Problem of Political Authority, del filósofo estadounidenseMichael Huemer (si me permiten un consejo: colóquenlo en su top de prioridad de lecturas). En él, Huemer se plantea una simple pregunta: ¿por qué la mayoría de la sociedad acepta y legitima que el Estado haga cosas que vería con horror que hicieran los agentes privados? Por ejemplo, la mayoría de la sociedad ve razonable que el Estado cobre impuestos para dar subvenciones a una ONG, pero en cambio consideraría aberrante que yo (o una turba mayoritaria de personas) entrara en casa de mi vecino, le quitara la cartera y le diera ese mismo dinero a una ONG. Otro caso sonado: todos rechazamos los trabajos forzosos y, sin embargo, en muchos países sigue vigente el servicio militar obligatorio. ¿Por qué esta doble vara de medir? ¿Por qué le toleramos al Estado actividades que rechazamos frontalmente cuando las ejecutan individuos?

Según Huemer, porque el Estado posee autoridad política, esto es, la legitimidad política socialmente reconocida al Estado para imponer leyes y usar la coacción sobre una sociedad (sociedad que, a su vez, tiene la obligación política de obedecerlo). La autoridad política según Huemer se halla limitada territorialmente (un Estado sólo tiene autoridad política sobre su territorio), pero es general dentro de él (todos, o casi todos, los ciudadanos tienen la obligación de obedecer al Estado); sus mandatos pueden referirse a diversísimos asuntos y son cuasi-ilimitados en su contenido; y, por último, se trata un ejercicio de supremacía, en tanto en cuanto dentro del territorio nadie se halla jerárquicamente por encima del Estado.

La tesis de Huemer no es novedosa dentro de la filosofía política:Étienne de La Boétie ya aseveró que la servidumbre política era esencialmente voluntaria; dos siglos después, David Hume yasostuvo que “como la fuerza está siempre del lado de los gobernados, quienes gobiernan no pueden apoyarse sino en la opinión. La opinión es, por tanto, el único fundamento del Gobierno”; y más recientemente, el concepto de puntos focales del Nobel estadounidense Thomas Schelling nos permite caracterizar el Estado como un foco reforzado de expectativas convergentes que, gracias a ello, permite la coordinación social tácita en materia de orden público y de resolución de conflictos. Pero Huemer sí tiene el mérito de clarificar esta tesis y, sobre todo, de insertarla en una brillante y sistemática exposición sobre la (inexistente) legitimidad de esa autoridad política.

En este sentido, podemos definir al Estado como aquel ente al que la inmensa mayoría de ciudadanos le reconoce autoridad política (reconocimiento tácito y descentralizado mediante un proceso de expectativas emergentemente convergentes). El Estado, pues, puede hacer lo que hace porque el conjunto de la sociedad acepta concederle un poder discrecional vastísimo: poder discrecional vastísimo que en la actual sociedad sólo le reconoce al Estado.

Los políticos patrimonializan la autoridad política

En Occidente, los grupos de presión carecen de autoridad política. Si la tuvieran, podrían actuar al margen del Estado y no necesitarían, en consecuencia, ejercer costoso cabildeo alguno sobre el Estado. Si un grupo de presión con autoridad política quisiera cobrar una subvención, simplemente iría y se la arrebataría por sí mismo a los ciudadanos; si un grupo de presión con autoridad política deseara expropiar un terreno a un justiprecio ridículamente bajo, simplemente lo ocuparía sin necesidad de ejercer fuerza alguna; si un grupo de presión con autoridad política entrara en quiebra y ambicionara recapitalizarse a costa de los ciudadanos, tan sólo tomaría su patrimonio; si un grupo de presión con autoridad política aspirara a convertirse en el proveedor monopolístico de un determinado servicio, únicamente tendría erigirse normativamente como tal.

Es obvio, empero, que los lobbies carecen hoy de autoridad política para ejercer por sí solos todas estas tropelías. La sociedad no aceptaría que ninguna empresa o asociación de personas se arrogara semejantes poderes. Y, justamente porque carecen de autoridad política propia, los lobbies sólo encuentran una vía para ejercerla en su propio provecho: valerse de la autoridad política que sí posee el Estado.

A eso precisamente se dedican: a ejercer presión sobre los mandatarios a los que la ciudadanía sí les reconoce autoridad política. En otras palabras, los políticos subastan derechos de uso de su autoridad política en el mercado negro de los lobbies: aquel grupo de presión que más puje (no necesariamente en metálico) recibe el favor del político correspondiente. La estrategia de los políticos, pues, consiste en patrimonializar la autoridad política que se les ha concedido para capitalizarla alquilándosela al mejor postor. ¿La solución liberal? Limitar enormemente (o incluso eliminar) la autoridad política que socialmente le reconocemos al Estado.

¿Y si el Estado no tuviera (tanta) autoridad política?

A este respecto, existen dos tesis sobre cuál sería el resultado de una sociedad que privara al Estado de la totalidad o de la mayor parte de su autoridad política: la tesis no liberal es que, si se privara al Estado de autoridad política, otras organizaciones no estatales (oligarquías, mafias, etc.) terminarían siendo receptoras de esa autoridad política socialmente reconocida, por lo que los lobbies actuales podrían volverse incluso más poderosos; la tesis liberal es que una drástica reducción de la autoridad política del Estado no tiene por qué implicar su transferencia a otros agentes privados, sino que puede simplemente desaparecer.

Es verdad que en sociedades civiles desestructuradas, donde la mayor parte de la coordinación humana se ejerce a través de líderes fuertes o caudillos, la supresión de unas formas de autoridad política tiende a conllevar la emergencia de otras: por ejemplo, si históricamente ha sido el caudillo quien ha determinado en qué actividades trabajan todas las personas de una comunidad, es dudoso que de la noche a la mañana la supresión del caudillo permita la emergencia de un mercado laboral libre, por lo que los miembros de esa comunidad terminarán reconociéndole autoridad política a otro caudillo para que sigue asignando los puestos de trabajo (ésa es su única forma de coordinarse a corto plazo).

Sin embargo, en Occidente sí contamos con sociedades civiles estructuradas mediante instituciones espontáneas e impersonales: sociedades civiles, por consiguiente, para cuya coordinación amplia no se requiere de un caudillo que centralice coactivamente el poder de decisión. Por ejemplo, para coordinarnos socialmente y decidir si el ciudadano A debe transferirle parte de su renta a la empresa Z, no necesitamos de ningún caudillo que lo dictamine mediante una ley de subvenciones: basta con que apliquemos las reglas impersonales del derecho de propiedad y del cumplimiento de los contratos voluntariamente suscritos. A saber, si el ciudadano A pacta voluntariamente con la empresa Z una transferencia unilateral o bilateral de renta, ésta deberá producirse; en caso contrario, no. Lo mismo cabe decir con respecto a la determinación social del número de empresas que debe haber en un sector: ¿es necesario que alguien lo determine coactivamente o es algo que termina descubriéndose a través del ejercicio de la libre competencia? Más bien lo segundo.

Dicho de otra forma, si el Estado deja de dar subvenciones a los lobbies, éstos no adquirirán autoridad política para cobrárselas por su mano, pues la sociedad puede coordinarse perfectamente en ese punto sin que la “autoridad política para determinar la transferencia de renta a empresas privadas” se halle en manos de nadie. Y lo mismo cabe decir de todas las hiperregulaciones estatales que actualmente promueven los lobbies en beneficio propio.

En definitiva, minimizar el tamaño del Estado —dejar de reconocerle autoridad política para multitud de actividades que hoy viene ejerciendo– no implica maximizar el poder de los lobbies, sino minimizarlo por igual: los grupos de presión carecen de autoridad política para ejercer la coacción sobre la sociedad y, por ello, han de instrumentar al Estado (que de momento sí la tiene) en su favor. Menos Estado no es misma autoridad política repartida de otro modo, sino menos, ya que la sociedad libre puede coordinarse internamente a través de propiedades privadas individuales, copropiedades colectivas y contratos voluntarios: como mucho, se necesitará de una autoridad política ultralimitada que se encarga de velar por el respeto al contenido de esos derechos… pero nada más.  Ése es, pues, el camino para luchar contra la corrupción y los lobbies: reducir el tamaño del Estado al mínimo indispensable para permitir la pacífica, cooperativa y espontánea coordinación interna de una sociedad.

El peligroso juego de la ‘indeflación’

Probablemente, algunos de sus hijos o nietos han practicado este verano el clásico juego de la soga -actividad típica de los campamentos estivales- en la que dos equipos ponen a prueba su fuerza tirando cada uno de un extremo de una cuerda. Se trata de un juego en el que no es infrecuente ver a ambos equipos en el suelo cuando aquel que se ve derrotado suelta bruscamente la soga, o cuando esta se rompe. Pues bien, una competición similar es la que estamos asistiendo en la actualidad entre las fuerzas de la inflación y las de la deflación, de resultado incierto aunque con bastante menos diversión que el tradicional pasatiempo.

En efecto, como venimos comentando en este espacio desde hace un tiempo, el mundo está asistiendo a la batalla que están librando las tensiones a favor de la deflación y de la inflación. Fruto de la Gran Distorsión a la que Kike Vázquez aludía en El Confidencial la semana pasada, estamos viviendo un proceso del que no existen registros similares en la historia de los sistemas monetarios y para el que es preciso inventarse un nuevo término: indeflación. Con él, nos referiremos a una situación económica, en aparente equilibrio pero altamente inestable, en la que conviven dos efectos contrapuestos: por un lado la presión al alza de los precios de los activos financieros, y por otro, el sometimiento de los bienes de consumo a fuerzas bajistas.

Efectos antagónicos que son, además, de naturaleza muy diferente. Así, a un lado de la cuerda se disponen las fuerzas espontáneas del mercado, marcadamente deflacionarias, tal y como hemos visto en numerosas ocasiones –liquidación de malas inversiones, desapalancamiento de familias y empresas, incremento de morosidad, restricción del crédito, etc-. Mientras que del extremo opuesto, tiran las fuerzas inflacionistas, exógenas al mercado y originadas por los bancos centrales y su aplicación urbi et orbe de políticas de tipos de interés ultra-bajos, e “impresión” de moneda con más o menos intensidad según el instituto emisor.

Los responsables de los bancos centrales no han reparado en el daño que han infligido al sistema monetario en su cruzada contra la deflación. Si en el juego de la soga, tanto el grado de peligrosidad como el riesgo de que la cuerda ceda depende de cuántos jugadores y con qué fuerza estén tirando en un momento dado, imaginen qué pasaría si hubiera un millón de personas –el mercado– a un lado de la cuerda –el sistema monetario–  y, del otro, un gigantesco portaviones de 100.000 toneladas –el banco central– con los motores a toda máquina. Pues bien, el efecto que han tenido años de estímulos ha sido añadir cada vez más elementos generadores de tensión, con el resultado de que la situación es cada vez más inestable y más difícil de controlar. Y, por tanto, de desenlace aún más incierto.

Por este motivo, Janet Yellen está reduciendo sólo de 10.000 en 10.000 millones de dólares las compras del tercer programa de Quantitative Easing de la Fed (QE3), tal y como se ha hecho patente en el recorte de la semana pasada de 35.000 a 25.000 millones. Recuerden que, desde su puesta en marcha en 2012 por Ben Bernanke, el banco emisor norteamericano ha venido inyectando liquidez al ritmo de 85.000 millones de dólares al mes con el único objetivo de combatir la temida deflación. Ritmo que comenzó a reducirse gradualmente a finales del año pasado –el conocido tapering–, ya que una retirada completa y brusca de los planes de estímulo monetarios hubiera causado un enorme destrozo en la economía, al echarnos el portaviones encima.

Pero las autoridades monetarias no son conscientes de que el problema ya lo han generado y será muy difícil una salida que no se manifieste en uno de los dos posibles escenarios: (1) deflación acusada o (2) inflación galopante. En mi opinión, y por criterios más políticos que estrictamente económicos, lo más probable es que ocurra lo segundo, al menos en Estados Unidos. Y aunque no tiene por qué evolucionar a un episodio de hiperinflación canónica, no sería imposible volver a ver IPCs de dos dígitos, como ocurrió durante la presidencia de Jimmy Carter entre 1978 y 1980. Y es que, así como los alemanes tienen su némesis en la hiperinflación de la República de Weimar, los norteamericanos la tienen en la deflación sufrida durante la Gran Depresión.

Con su política de represión financiera para castigar el ahorro espontáneo de los ciudadanos en el lógico proceso de ajuste tras el estallido de la burbuja inmobiliaria -los principales bancos centrales del mundo- y, en especial la Reserva Federal, han generado una importante burbuja en los mercados de bonos y de acciones. Por no hablar de la colosal burbuja en los instrumentos derivados, que el Banco de Pagos Internacionales -BIS por sus siglas en inglés- estima en más 700 billones de dólares, unas 10 veces el PIB del mundo y superior al tamaño que tenía este mercado en su pico máximo en 2008, justo antes de estallar la crisis.


Una reacción lógica de los inversores dado que, con tipos ultra-bajos y literalmente enterrados en dólares, el hambre de rentabilidad es tal que no sólo se han lanzado a comprar cualquier activo que prometa algo de retorno, sino que se han visto impelidos a apalancarse con instrumentos derivados para amplificar los exiguos rendimientos que pueden encontrar en el mercado. Consideren una emisión, como las que pueden verse, de bonos corporativos de alto rendimiento, antes conocidos como “bonos basura”, que apenas ofrece una rentabilidad del 5%, y recuerden que no hace tanto, uno podía obtener esa rentabilidad de un simple depósito con infinitamente menos riesgo, o un título de deuda pública. ¿Creen que es normal?

Y es que la insensata política de la Fed, que algunos tintadictos amantes de los estímulos, como The Economist en su último número, alaban para criticar el comportamiento, siquiera marginalmente, más responsable del BCE, lo único que ha logrado es cebar una auténtica bomba nuclear monetaria. Tengan ustedes en cuenta que la burbuja de bonos y de derivados es, a la postre, una burbuja de deuda. Y, como adelantó Mises, una de las graves consecuencias cuando estalla una burbuja de deuda en un sistema como el actual es la deflación inducida por la eliminación masiva de medios fiduciarios. No sería ésta una sana deflación pues, sino una muy destructiva que implica echarnos igualmente encima el portaviones del ejemplo anterior.

Y aunque no se puede predecir cuándo estallará la burbuja, ni qué acontecimiento hará de detonante -un evento de crédito de algún país sudamericano, la quiebra de un importante banco europeo, tensiones bélicas, etc.-,ni hacia qué lado se decantará la indeflación, lo cierto es que toda burbuja acaba estallando. Y parece que, tal y como reporta Business Insider, algunos inversores están deshaciendo posiciones en fondos y ETFs indexados a bonos de alto rendimiento, a la vez que dicha retirada se hace sentir en las nuevas emisiones, que sólo en julio han caído un 13% con respecto al mes anterior.

En este orden de cosas, tengan pues cuidado en sus decisiones y estén atentos a los movimientos de la cuerda. Y, sobre todo, no se confíen y caigan en la complacencia de la que es víctima el Gobierno, pues en un entorno de indeflación como el actual la recuperación no está ni mucho menos garantizada. Eso sí, aunque en un mundo financiero globalizado, como es el actual, ningún país está a salvo, congratúlense de vivir en Europa y de tener un Mario Draghi que, afortunadamente, es más cicatero con la impresora que sus pares norteamericanos. Posiblemente será lo que salve a nuestra economía.

Lecciones del desastre argentino

"Es una pavada atómica decir que hoy entramos en default", Axel Kicillof

Los que piensan que el dinero es una donación, que la riqueza de un país se decide en un comité gubernamental y que todo lo soluciona la maquinita de imprimir, se han pasado años poniéndolo como modelo para “salir de la crisis”, lo mismo que está llevando -de nuevo-  a Argentina a la recesión y al impago. El mal llamado “modelo social y económico inclusivo”, que es populismo despilfarrador.

Sólo hace unos años, Krugman y Stiglitz ponían como ejemplo a las políticas de Cristina Fernandez de Kirchner para Europa. Hoy, con el episodio del impago a los bonistas que no accedieron a la extorsión de la quita, leemos cosas divertidas como:

  • Argentina no hace impago “porque tiene dinero”. Pero no quiere pagar a los bonistas que no accedieron al chantaje de la quita, precisamente porque sabían que el gobierno de Argentina podía -y debía- cumplir sus compromisos.
  • Nuestro lenguaje burbujero nos lleva a llamar fondos buitre a quien quiere recuperar su dinero, y negociar a aceptar callados lo que exija el ministro. Las reestructuraciones de 2005 y 2010 no eran negociaciones, sino acuerdos de El Padrino. “Una oferta que no pueden rechazar”. Algunos dijeron “no” y los tribunales de EEUU les dieron la razón.
  • Llamar fondo buitre al que utiliza todos los medios a su alcance para hacer valer sus derechos es, cuando menos, curioso. Y no deja en buen lugar a los Estados que se convierten en “carroña”. Pero es que el Estado firmó que si pagaba al 7% que no aceptaba el chantaje, tendría que compensar al 93% restante. Y claro, un problema de 1.500 millones se convierte en uno de 15.000 millones.

Lo veamos como lo veamos, el default de Argentina es otro paso más en el triste aislamiento en que se ha metido desde la llegada del populismo de Cristina Fernandez de Kirchner. 

El episodio de los mal llamados fondos buitre demuestra varias cosas. Primero, que las famosas quitas e impagos no son una panacea de solución de nada. Siempre se acaba peor. El impago solo genera aislamiento y empobrecimiento mayor posterior.

Segundo, que las deudas se pagan. Siempre. Sea de manera licita -cumpliendo con los compromisos- o con una inflación desbocada -Argentina es el cuarto país del mundo con mayor inflación, 28% en 2013- que empobrece a todos. La inflación, el impuesto de los pobres.

Muchos me dicen que la inflación alta no es problema si se suben los salarios en la misma manera. No es ciertoSe hace durante un tiempo hasta que no hay recursos, y se desploma la renta disponible. Los desequilibrios que se generan explotan, y en poco tiempo.

El episodio del impago del Gobierno de Argentina es una anécdota, un subterfugio para apartar la vista de un problema mayor. Los políticos que han usado el populismo y el intervencionismo en ese gran país que es Argentina llevan a la nación de crisis en crisis e impago en impago a través de una política monetaria y estatal en la que van calentando la burbuja de una supuesta prosperidad inflacionista, hasta que estalla. Y entonces, vemos corralitos, cambios de moneda, cepos cambiarios… y vuelven a empezar, empobreciendo o arruinando en el camino a la misma población que aparentemente pretenden “defender”. Es el efecto embudo de tapar los desequilibrios gastando e imprimiendo dinero. Que acaban mal, siempre.

En España escucharán constantemente que la solución a nuestra crisis es hacer impago, aumentar el gasto público y financiarlo imprimiendo moneda -monetizando deuda, que es lo mismo-. Eso es exactamente lo que hace Argentina (grafico cortesía de Perspectivas). Un aumento de masa monetaria anual del 30%.

Leí hace poco el libro del actual ministro de economía argentino, Axel Kicillof,  titulado Volver a Keynes, fundamentos de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, y es uno de los más claros exponentes de lo que yo llamo “keynesianismo selectivo”.  Es aquel que toma a Lord Keynes al pie de la letra para gastar e intervenir, pero se olvida del economista británico a la hora de bajar impuestos y recortar gasto público en época de bonanza. Ignora totalmente esas recomendaciones para justificar en la intervención estatal eterna y la política monetaria la panacea para la solución de todos los desequilibrios económicos. (Grafico cortesía de N. Cachanosky)

¿Y el paro? Al fin y al cabo, Argentina tiene un paro muy bajo, con lo que se justifica todo, ¿no? Cuando el estado es el principal motor de la demanda laboral con una plantilla que ha aumentado un 50% desde 2003 -la Campora, el grupo de seguidores de Cristina Fernández, es la mayor bolsa de trabajo de Argentina-, lo que el estado te “da” supuestamente -un trabajo- se lo lleva en tus ahorros y sueldo en los sucesivos corralitos, cepos, devaluaciones e inflación. 

Y el espejismo del dinero impreso no conlleva inversión ni mejora productiva. La producción industrial en mayo de 2014 ha caído un 4,9%, en su décimo mes consecutivo. La industria de maquinaria agrícola se encuentra con un 50% de capacidad instalada ociosa, en un país cuya principal actividad es el sector agropecuario. La producción de coches, una de las principales industrias, caía un 22% en el primer semestre de 2014. Las exportaciones se han contraído un 12% “a pesar” de devaluar el peso en enero un 23%. Efectivamente, si imprimir moneda fuera la llave de la prosperidad, Zimbabwe sería el país más rico del mundo.

Aislarse de los principios elementales de economía y del mundo financiero global tiene sus consecuencias:

El Gobierno argentino está inserto en su propia trampa de “ilusión monetaria”. Si impulsa medidas activas para promover el nivel de actividad y el empleo, también hará subir las importaciones utilizadas en la producción de bienes y servicios, lo cual implicaría un consumo de dólares que no tiene. De ahí que Cristina Fernández de Kirchner buscara aumentar la deuda. Pero el default, las nacionalizaciones confiscatorias y los mensajes anti-mercados y anti-buitres no permitirán el acceso al mercado de deuda, y provocan más restricciones externas y más “cepo cambiario”, que es como los argentinos llaman a las medidas oficiales restrictivas para evitar que los argentinos, ante las constantes devaluaciones, usen dólares en sus transacciones o inversiones.

Con una devaluación del 16,9% anual desde 2008 -como muestra el grafico-, el gobierno de Argentina solo ha conseguido que la inversión se desplome y la balanza comercial -la diferencia entre importaciones y exportaciones- empeore (un -41% en los primeros seis meses de 2014 según INDEC), por lo tanto la entrada de divisas se deteriora, llevando a un mayor cepo.

La fuerte caída del precio de la soja, principal producto exportable y generador de divisas, se suple imprimiendo más dinero para sostener unos gastos estatales que no han hecho más que crecer y, con ello, y la inflación se dispara. Es el cuarto país del mundo, tras Venezuela, Sudán e Irán, en inflación. Un 28,3% oficial en 2013 y un 35% estimado por INDEC en 2014.

Con esta política de aislamiento, gasto y expansión monetaria descontrolada, el gobierno profundiza la recesión y el déficit fiscal (5% de mínimo estimado para 2014), mientras la inflación se dispara por la acelerada emisión de moneda para financiar al Tesoro.

Esta política del gas de la risa monetario ha llevado a un nivel de pobreza del 30%, según la Universidad Católica Argentina, UCA, dado que el gobierno de Cristina Fernandez, ha decidido no medir más la pobreza “por cuestiones metodológicas”. Cuando asumió el poder en 2008 había en torno a 8 millones de pobres (26%), una cifra reducida a la mitad en el mandato de su marido Néstor. “Modelo social inclusivo”.

Hoy se acumulan 4.500 millones de dólares de importaciones ya efectuadas pendientes de liquidación. La estrategia del Banco Central es retrasar todo lo posible los pagos al exterior correspondientes a importaciones que ya fueron aprobadas con el objetivo de no perder reservas, y lleva al país a seguir cavando el agujero. Esta política muestra la extrema debilidad en materia cambiaria, y la fuerte emisión e inyección de pesos ha vuelto a alimentar la fuga hacia el dólar, que está disimulada por la intervención oficial en el mercado de cambios oficial y paralelo, pero que, aun así, no logra contenerla.

Cristina Fernández y Kicillof intentarán lanzar más políticas “activas” financiadas con emisión de moneda, lo cual implicará agregar más tensión al tipo de cambio -que en el sueño keynesiano se utiliza como “ancla contra la inflación”- y aun así se estima una inflación del 35%.

El episodio del impago o la pavada atómica no esconde que la recesión será brutal. Hoy se habla de -2%, pero porque el sector financiero generaba aportación positiva. En la economía real la recesión es más fuerte.

Lo comentaba hace un año en esta columna: proteccionismo y devaluación es camino de depresión.

lo curioso es que la solución de Argentina está en casa. Abandonar el clientelismo, la impresión de moneda inútil, recuperar la credibilidad, atraer capital, inversión y empleo privado, lanzar de nuevo los sectores deprimidos por la inflación y el control de cambios, incentivar el comercio desde la apertura y permitir que el país lleve a cabo la transformación a la economía líder de Latinoamérica que puede ser.

Los defensores del “keynesianismo selectivo” de gastar, imprimir y no ahorrar sólo consiguen retrasar el estallido de la burbuja unos años. Y cuando lo hace, es con enorme virulencia. Y algunos quieren aplicar “esto” en mi país.

“Darle a la maquinita y aumentar gasto público” nos recomienda alguno. Corralito y estanflación. No será que no lo hemos advertido. Las soluciones mágicas no existen.

Feliz verano. Nos escribimos en dos semanas.

Las raíces ideológicas de Podemos

Friedrich Hayek inicia Camino de servidumbre con la siguiente cita de Lord Acton: "Pocos descubrimientos son tan irritantes como aquellos que revelan el origen de las ideas". Y así es, no menos en el caso de las diversas variantes actuales del populismo, ya sean latinoamericanas o españolas.

El populismo contemporáneo gusta de vestirse con ropajes socialistas y hasta se proclama "socialismo del siglo XXI". Desde su perspectiva, esta sería una forma de adquirir cierta respetabilidad intelectual y revolucionaria. Pues bien, como casi todas las cosas que predican los líderes populistas, también es una falsedad. Su verdadera historia ideológica es bastante distinta y tiene mucho más que ver con el fascismo que con el socialismo (diferente, aunque no por ello mejor). Es del mundo simbólico del discurso fascista (pueblo contra elites vendidas y enemigos foráneos), su culto a la fuerza de la voluntad (encarnada en la voluntad titánica del líder) y su talento mediático (la política como espectáculo), de donde se nutre el populismo en sus diversas variantes. Por ello es que el populismo de hoy, más que el socialismo, es el fascismo del siglo XXI.

Esto lo captó muy bien Carlos Fuentes, que ya en 2006 escribió lo siguiente sobre Hugo Chávez

Montado sobre la quinta producción mundial del petróleo, Hugo Chávez se pasea como gobernante de izquierda cuando en verdad es un Mussolini tropical, dispuesto a prodigar con benevolencia la riqueza petrolera, pero sacrificando las fuentes de producción de empleo.

La conexión entre Mussolini y su versión tropical está históricamente mediada por Juan D. Perón, arquetipo insuperado del populismo latinoamericano. Como se sabe, su punto de partida fue el tiempo que Perón pasó en Italia, país al que llegó en junio de 1939 y donde permaneció por veinte meses. Conoció allí la experiencia fascista en un momento de gran exaltación, y la figura del Duce lo impactó profundamente. No pudo dejar de advertir, tal como lo señala Joan Benavent en su libro Perón. Luz y sombras, que

la popularidad de Mussolini se basaba en su difundido origen plebeyo y en un olfato político que lo orientaba a tutelar a las clases bajas (…) Tampoco caben dudas acerca de su encandilamiento con el fenómeno de masas y (…) el vínculo irracional de éstas con el jefe supremo, en medio de escenarios cargados de rituales, ceremonias, cánticos, el entusiasmo desbordante de los partidarios y la oratoria encendida como mensaje final del mesías de la nación.

De esa manera, Perón encontró su futuro: una imagen, un estilo y un método que pondría en acción tras el golpe de Estado de 1943, que llevó al poder a los oficiales argentinos con simpatías nazi-fascistas. Su éxito fue arrollador: accedió a la Presidencia, por medio de una elección democrática, en 1946. Una vez instalado en la Casa Rosada dio inicio a un proceso de conculcación de las libertades y destrucción de la democracia que conformará el modelo de acción que luego imitarán todos los caudillos del socialismo del siglo XXI.

Dicha vía democrática a la destrucción de la democracia no fue, sin embargo, un invento de Perón. Ese fue exactamente el camino seguido por Hitler después del fracaso de su intento golpista de 1923.

Esta es la matriz peronista-fascista tan fácilmente reconocible en el chavismo, y por ello no es nada sorprendente que Hugo Chávez, en un discurso de 2008, declarara con orgullo: "Yo soy peronista de verdad"; subrayando luego su identificación con la persona del gran populista argentino.

Tal accionar político ha irrumpido en España con Podemos, por más que las formas exteriores nos puedan confundir. Sus líderes conocen al dedillo el libreto chavista-fascista. Lo han vivido en primera persona; por ejemplo su ideólogo, Juan Carlos Monedero, que se ha definido a sí mismo como "el bufón de Chávez". En su rol de consejero-bufón, pudo estudiar de cerca al caudillo, conocer a fondo sus métodos manipulativos, su escenificación y su dominio magistral de la televisión, que para los populistas actuales es lo que la radio fue para Hitler o Perón.

Del "Mussolini tropical" los líderes de Podemos aprendieron cómo se crea la ilusión que lleva al culto del líder entre aquellos que, confusos, desilusionados y anhelantes, esperan a un redentor, a alguien que les diga…: "Podemos". Podemos si queremos, si me quieren, si confían en mi voluntad…

De Chávez también aprendieron que el camino democrático es el mejor para terminar la democracia que tanto desprecian y que no se cansan de denunciar como formal o falsa (en oposición a la "real", "popular" o "participativa", que ellos representarían), manejada por “la oligarquía financiera” y por una casta “a sueldo de grandes empresas”, como Pablo Iglesias dijese en su discurso como candidato a presidir el Parlamento Europeo. La conclusión no podía ser sino esta:

Señorías, la democracia en Europa ha sido víctima de una deriva autoritaria. En la periferia europea la situación es trágica: nuestros países se han convertido casi en protectorados, en nuevas colonias.

Así han hablado siempre los grandes destructores de la democracia realmente existente, caricaturizándola y desvalorizándola para luego poder arrasarla en nombre de la liberación de un pueblo supuestamente sometido al dominio foráneo, al que se habría vendido su "casta dirigente". Por ello piden el poder y no trepidan en prometer cualquier cosa para alcanzarlo, tal como hace Podemos en su programa: trabajar menos y ganar más, o no trabajar y vivir de los demás gracias a la renta básicauniversal e incondicional; jubilación a los 60 años con mejores pensiones; impago de hipotecas o alquileres sin temor al desahucio; gratuidad y derechos sin fin, etc.

Todo esto no es más que una engañifa evidente, pero poco importa, lo que importa es la proyección de deseos en la figura del líder. Lo que se vende es un show, un reality político, una ilusión: esa es la esencia del fascismo-populismo. Y para eso nunca ha faltado público, especialmente en tiempos difíciles.

El problema, claro está, es que nada es gratis. Tampoco lo es el populismo con maquillaje socialista y alma fascista. Cuesta, y mucho, como bien saben todos los pueblos que se han dejado seducir por caudillos mediáticos.

Mauricio Rojas (Santiago de Chile, 1950), exmiembro del Parlamento sueco y profesor adjunto de Historia Económica de la Universidad de Lund (Suecia).

Puro placebo fiscal

El Gobierno lleva semanas anunciando a bombo y platillo una rebaja de impuestos que, en realidad, no es tal, y cuyo único fin, lejos de aligerar la pesada carga tributaria que soportan los contribuyentes, no es otro que el de frenar la ingente sangría de votos perdidos en los últimos dos años de cara a las próximas elecciones municipales, autonómicas y, en última instancia, generales.

La mal llamada "reforma fiscal" que acaba de aprobar el Consejo de Ministros blinda, de una u otra forma, el insostenible y confiscatorio esfuerzo tributario que impone Hacienda al conjunto de familias, trabajadores y empresas españolas. No en vano, el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy reconoce abiertamente que su principal objetivo es mantener la presión fiscal por encima del 38% del PIB.

Es decir, su verdadera intención no es, en ningún caso, recaudar menos dinero, sino lo mismo o incluso más que en la actualidad para sostener en pie el mastodóntico sector público. Para ello, si bien es cierto que se reducen ligeramente los tipos del IRPF y Sociedades, Hacienda confía en que la recuperación económica se traduzca en un progresivo incremento de los ingresos fiscales como consecuencia del repunte de la actividad empresarial y del consumo.

En este sentido, lo primero que cabe destacar es la arriesgada estrategia del Gobierno, puesto que la recaudación es, por definición, un indicador incierto, dependiente de múltiples variables que escapan al control directo del Estado, a diferencia de lo que sucede con el gasto público. De este modo, si las previsiones oficiales de crecimiento y recaudación fallan, la reforma fiscal se podría traducir en un mayor déficit público o, como mínimo, el incumplimiento, una vez más, del objetivo de déficit marcado por Bruselas. De ahí, precisamente, que la fórmula más eficaz, a la par que beneficiosa, para eliminar dicho agujero consista en recortar los gastos.

Pero es que, además, la anunciada rebaja de impuestos deja mucho que desear. Hacienda habla de un ahorro potencial de hasta 9.000 millones de euros para los contribuyentes, pero éste se producirá de forma escalonada, entre 2015 y 2016, de modo que su total ejecución dependerá, en gran medida, del resultado que arrojen las urnas en las próximas generales. Y lo más grave es que esos 9.000 millones sólo servirán para compensar parcialmente las históricas subidas de impuestos aprobadas por Cristóbal Montoro, y la inmensa mayoría de comunidades autónomas y municipios bajo el actual mandato del PP.

Hacienda reducirá los tramos del IRPF de siete a cinco y rebajará levemente los tipos marginales de este tributo para revertir la histórica subida que aprobaron los populares nada más llegar al poder a finales de 2011. Sin embargo, este tímido alivio no compensará, ni de lejos, las subidas previas acometidas durante la crisis. Además, mantiene incólume la elevada fiscalidad sobre el trabajo (cotizaciones sociales), una de las grandes rémoras para la creación de empleo, elimina buena parte de las deducciones fiscales a las empresas, anulando así la limitada reducción de tipos en el Impuesto de Sociedades, y deja intacto el IVA, subiendo incluso el tipo aplicable en ciertos productos sanitarios en base a lo que estipula la Comisión Europea. Si se analiza en perspectiva, el nuevo plan de Montoro no tiene nada de reforma y, más que rebaja, consiste en un mero placebo fiscal para tratar de contentar a la opinión pública.

Basta señalar dos datos para percatarse del engaño. Los españoles trabajaron de media hasta el pasado 3 de julio, exclusivamente, para pagar impuestos, lo cual supone un récord histórico. Dicho de otro modo, los trabajadores dedicaron un total de 184 días al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con lo que el Estado se embolsa algo más de la mitad de la renta global que generan los españoles a lo largo del año, según el think tank Civismo. En concreto, un trabajador con un sueldo medio de 24.400 euros brutos destinaría 102 días a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, 41 días a pagar el IRPF, 25 el IVA, 11 a impuestos especiales y 5 a otros impuestos.

La cuestión es que, tras la rebaja aprobada este viernes, el Día de la Liberación Fiscal apenas se adelantaría en 9 días, hasta el 24 de junio, trabajando un total de 175 días al año para el Estado. En 2009, cuando el anterior Gobierno socialista comenzó a subir de forma sustancial los impuestos, la citada fecha caía el 9 de mayo129 días de trabajo para pagar impuestos, 55 menos que en la actualidad y hasta 46 menos una vez aplicada la particular reforma de Montoro. El esfuerzo fiscal en España se ha disparado entre un máximo del 43% y un mínimo del 36% durante la crisis, protagonizando así una de las cargas tributarias más onerosas de la UE y la OCDE.

Por otro lado, y a pesar de la fuerte caída que ha registrado la recaudación como consecuencia del pinchazo de la burbuja crediticia, el contribuyente ha sido expoliado sin contemplación alguna por la clase gobernante tanto a nivel nacional, como autonómico y local. En concreto, los ingresos del conjunto del sector público han bajado algo más de un 10% durante la crisis, desde los 433.000 millones de euros recaudados en 2007 (41,1% del PIB) a los 386.000 millones de 2013 (37,8%), pero cabe recordar que han desaparecido más de 3 millones de puestos de trabajo y decenas de miles de empresas.

El gran problema que presenta la estrategia fiscal del PP, al igual que la del PSOE, es su profundo error de diagnóstico: pensar que el desplome recaudatorio es coyuntural y no estructural. Así, en lugar de reducir el excesivo gasto público y el sobredimensionado tamaño que alcanzó el Estado al calor de la insostenible burbuja inmobiliaria, ambos partidos apostaron por sangrar a la población, cual sanguijuelas, con tal de minimizar el coste electoral de los impopulares recortes y, de este modo, mantener su privilegiado estatus.

Como consecuencia, las brutales subidas de impuestos sufridas hasta el momento no sólo dificultan el crecimiento y la creación de empleo, sino que tampoco garantizan unos servicios públicos eficaces y de calidad, sin que ello, además, haya eximido al Gobierno de experimentar un fuerte deterioro electoral. En definitiva, un fracaso absoluto que, por desgracia, no se solventará con los ridículos placebos fiscales de Montoro.

El default no sale gratis

Dicen que la confianza es algo que cuesta mucho ganar y muy poco perder. Una lección básica de civilidad que parecen no haber interiorizado quienes insistentemente reclaman desde España una auditoría de la deuda para proceder al repudio de la deuda odiosa. Un caro camelo, ése, que aísla al país del endeudamiento exterior y que, por tanto, lo margina dentro de la división internacional del trabajo. A la postre, cuando un país impaga su deuda ha de pasar a vivir con lo puesto: tanto el conjunto del sistema económico como el propio Gobierno.

Así, por un lado, el crédito internacional al conjunto de la economía desaparece, de modo que el valor de sus importaciones ha de pasar a coincidir con el de sus exportaciones (el valor de lo que compra fuera ha de coincidir con el valor de lo que vende fuera): aquellos años de malas exportaciones son también años de reducciones forzadas en sus importaciones, por esenciales que éstas puedan resultar (alimentos, medicamentos, papel higiénico, combustible…). La carestía de divisa exterior, de hecho, suele empujar al Gobierno a imponer un severo control cambiario por el cual no se permite a todo ciudadano que demanda del exterior tanto como desea o necesita. Es el Gobierno quien reparte la divisa y las licencias de importación entre su casta de amiguetes, condenando a los díscolos a la extinción económica.

Por otro, el Gobierno tampoco puede colocar sus emisiones de deuda en el exterior, de modo que sólo tiene tres remedios: o colocarlas entre los ahorradores internos a tipos de interés crecientes, o colocárselas al sistema financiero interno a costa de generar inflación, o cuadrar el presupuesto subiendo los impuestos y bajando los gastos. Evidentemente, la opción preferida por todo gobierno populista y manirroto suele ser la inflacionaria, lo cual no sólo supone un atraco encubierto a su población, sino que deteriora la credibilidad internacional de su divisa y, por ende, dificulta más si cabe el acceso a la financiación exterior.

Al final, a los gobiernos manirrotos y bandidos les quedan pocas opciones después de imponer penurias a su población y cargarse su sistema monetario. Todos terminan prometiendo que no lo volverán a hacer renegociando un cierto repago de las obligaciones originalmente impagadas. El default no sale gratis. Tres ejemplos históricos bastarán brevemente para comprenderlo.

Rusia: el default más duradero de la historia

La llegada al poder de los bolcheviques en 1917 conllevó el repudio de toda la deuda contraída por el anterior régimen zarista. Hasta ese momento, el mayor default de la historia. La consecuencia más obvia e inmediata fue que la URSS dejó de poder endeudarse con el exterior. La economía planificada soviética, sedienta de importaciones con las que compensar las carestías de su aparato productivo interno, no podía hacer otra cosa que ajustar sus compras exteriores a las divisas que era capaz de captar vendiendo al exterior: de ahí que si el Politburó decía caprichosamente aumentar las importaciones, tenían simultáneamente que incrementar de manera forzosa sus exportaciones a partir de la producción interna disponible para el consumo de sus ciudadanos.

Las consecuencias de la combinación de esta arbitrariedad planificadora con la limitación del crédito exterior fueron verdaderamente dramáticas. Según los archivos soviéticos, en medio del Holodomor, la hambruna ucraniana que mató a cuatro millones de personas a comienzos de la década de los 30, Stalin apostó por incrementar las exportaciones de alimentos para continuar con su política de importación de maquinaria extranjera: "La importación de cereales ahora mismo, cuando los extranjeros están hablando sobre su escasez dentro de la URSS, sólo deterioraría nuestra imagen política. Aconsejo paralizar la importación de cereales. Al contrario: la cebada y la avena se deben exportar, porque necesitamos urgentemente divisas". La falta de crédito exterior impidió la importación de maquinaria y, al mismo tiempo, de los tan vitales alimentos.

El imperialismo soviético y la ulterior la creación del Comecon consiguieron proporcionar a la URSS un cierto espacio vital y crediticio, dándole un respiro que, en todo caso, sólo fue transitorio. Con el desmembramiento de la Unión Soviética, Rusia buscó regresar a los mercados financieros internacionales y en 1996 no le quedó otro remedio que repagar, aun simbólicamente, 400 millones de dólares por los bonos zaristas impagados 81 años antes. El default no sale gratis.

Argentina: década y media impagando

En diciembre de 2001, el Parlamento argentino declaró la suspensión de pagos sobre sus más de cien mil millones de deuda externa. El país dejó de tener acceso al crédito internacional, generándose una crónica carestía de dólares que no sólo exponía a sus ciudadanos a las veleidades inflacionistas de su Gobierno (la inflación oficialmente reconocida entre 2002 y 2013 es del 167%) sino que, vía depreciación, encarecía su acceso al comercio internacional. Tal fue la carestía que en 2011 el Ejecutivo tuvo que imponer un cepo cambiario, merced al cual repartía arbitrariamente la divisa entre los distintos grupos de presión y limitaba la importación de numerosos productos (entre ellos los libros, dando nuevamente la razón a Hayek cuando denunciaba que la restricción de las libertades económicas es la antesala de la restricción de las libertades civiles).

La situación, evidentemente, dista de ser idílica, de ahí que los distintos ejecutivos argentinos hayan tratado en reiteradas ocasiones de entenderse con los acreedores extranjeros para restablecer parcialmente los pagos y, poco a poco, recuperar el acceso al crédito internacional. Así las cosas, en 2005 se suscribió un primer canje de deuda por importe de 82.000 millones de dólares que llevaba aparejado una quita del 65%. Un lustro después, en 2010, se alcanzó un segundo canje de deuda por importe de 12.000 millones y una quita del 66%. De los 102.000 millones, Argentina se comprometió a devolver 33.000: no para recuperar ipso facto su crédito internacional, sino para ir reconstruyéndolo poco a poco.

Sucede que parte de los acreedores que no entraron en ninguno de sendos canjes optaron por acudir a la justicia americana para reclamar el repago íntegro de sus obligaciones y el juez Thomas Griesa les dio la razón, abocando al Ejecutivo argentino a un “default selectivo” en 2014 que sólo contribuirá a minar aún más su ya marchita credibilidad. Quien creyera que los coletazos financieros y judiciales de un default se evaporan rápidamente sólo necesita estar atento a los acontecimientos actuales de Argentina: casi quince años después, el país sigue empantanado en el impago de 2001. El default no sale gratis.

Ecuador: en manos de China

Mas si hay un país que suele ponerse como ejemplo de impago exitoso de la deuda odiosa, éste es Ecuador. Al poco de llegar al poder, Rafael Correa anunció su intención de repudiar parte de la deuda externa de Ecuador por considerarla “ilegítima”. En concreto, en 2008 Correa anunció que dejaría de afrontar el pago de 3.200 millones de dólares de deuda externa para, un año después, ofertar una recompra voluntaria de esos bonos con un 65% de descuento. En apariencia, se trataba de una valiente decisión que reafirmaba la soberanía del país frente a los codiciosos mercados financieros internacionales.

Pero claro, Ecuador, y muy en particular su Gobierno, seguía necesitando de crédito, por lo que, después de ese impago parcial y con los mercados crediticios cerrados, se vendió al único y mejor postor internacional que desde 2009 se mostró dispuesto a pujar por sus pasivos: el Gobierno chino. Desde 2009, China ha adquirido 11.000 millones de dólares en deuda ecuatoriana (comparen esa cifra con los 3.200 millones que bravuconamente impagó Correa), lo que ha situado al país en una situación de subordinación financiera del gigante asiático; subordinación financiera que le ha permitido a China asegurarse en condiciones anticompetitivas el 90% de las exportaciones anuales de petróleo de Ecuador. En otras palabras: China ha opado al sector petrolero ecuatoriano y Ecuador ha aceptado porque necesitaba la financiación que ésta podía proporcionarle en un contexto de cerrazón post-impago de los mercados de capitales. El default no sale gratis.

Conclusión

Ciertamente, la chiquillada de enfurruñarse y no cumplir con la palabra dada parece la solución más sencilla para un problema de deuda como el de España. Si adeudamos elevadas sumas de capital y tenemos dificultades en devolverlas, nada más sencillo que no pagarlas. Pero la irresponsabilidad manifiesta no sale gratis: el país se ve excluido de los mercados internacionales y o bien sufre un notable desplome en su calidad de vida (como la URSS) o bien se subordina, con garantías redobladas, al mejor postor (como Ecuador con China o Grecia con la Troika).

La solución a nuestros problemas de deuda no pasa por impagar una parte de la misma para poder seguir emitiendo nuevas obligaciones con las que cubrir nuestro gigantesco déficit. Al contrario, la solución consiste en equilibrar el presupuesto minorando nuestros gastos y en ir amortizando nuestra deuda. Pagar, no impagar. Desapalancarse, no endeudarse sin fin.