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O renta básica universal o libertad migratoria

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Podemos defiende dos reformas políticas difícilmente compatibles: la renta básica universal y la libertad migratoria. Yo, como liberal, rechazo la primera y suscribo la segunda. Imagino que algún conservador nacionalista podrá promover la primera y oponerse a la segunda. Pero lo que se me antoja verdaderamente complicado es defender, a la vez, ambas proposiciones. El gran teórico de la renta básica, Philippe Van Parijs, ha reconocido con amargura que esta incompatibilidad entre la libertad migratoria y la renta básica universal “expone en toda su crudeza el cruel dilema entre la generosidad sostenible hacia nuestros conciudadanos más pobres y la altruista solidaridad hacia cualquiera que desee entrar. Este dilema es el más doloroso reto que afronta ahora mismo la izquierda en el mundo desarrollado”.

No queda claro cómo Podemos pretende resolver este dilema. No en vano, hasta la fecha ni siquiera ha ofrecido un memorándum sobre cómo financiar la renta básica universal para los actuales residentes en España. ¡Cómo esperar que nos explique cómo extender ese derecho a potencialmente todo el mundo! Mas, con Podemos o sin Podemos, la generalización de la renta básica universal sí constituye, como decimos, un conflicto interno de primer orden para la izquierda con vocación cosmopolita.

¿Existe alguna forma de compatibilizar la libertad de movimientos de personas y la renta básica universal? A priori, parece que existen dos posibilidades.

Renta básica para todos

La primera opción es tan simple como inverosímil: implantar la libertad migratoria y reconocer a todo aquel que se establezca en suelo español una renta de 6.000 euros por adulto o de 8.000 por jubilado. A estas cifras, habría que añadir la “gratuidad” de la educación y de la sanidad, equivalentes actualmente a una renta en especie de unos 2.200 euros per cápita. Es decir, estamos hablando de reconocer a cada residente el derecho a recibir directamente del Estado entre 8.200 y 10.200 euros anuales (dejo fuera la estimación de otras prestaciones estatales “gratuitas” como las infraestructuras, la seguridad o la justicia).

Atendiendo a la literalidad del programa de Podemos, ésta parece ser su opción preferida (“Libre circulación y elección de país residencia y regularización y garantía de plenos derechos para todas las personas residentes en suelo europeo, sin distinción de nacionalidad, etnia o religión, con o “sin papeles”), si bien tiene escasos visos de prosperar. Dado que actualmente la renta per cápita mundial ronda los 7.800 euros, la magnitud absolutamente desproporcionada del efecto llamada que supondría prometer una renta entre 8.200 y 10.200 euros anuales debería resultar más que evidente. En África, de hecho, la renta per cápita ni siquiera supera los 2.000 euros y el 36% de sus más de 1.100 millones de habitantes malviven con menos de un dólar diario.

En este sentido, consideremos una hipótesis extremadamente conservadora: España decreta la libertad migratoria y se instalan 100 millones de personas provenientes del resto del mundo. A un coste medio de 8.200 euros por persona (renta básica más la correspondiente habilitación de colegios y hospitales) necesitaríamos una recaudación adicional de 820.000 millones de euros: cerca del 80% del PIB español. Dado que ahora mismo el Estado ya copa más del 40% del PIB (no digamos si, para más inri, implantamos la renta básica universal para los españoles), el proyecto sería absolutamente infinanciable incluso implantando la república soviética española: desde Jesucristo, nadie ha conseguido multiplicar los panes y los peces, esto es, recaudar en impuestos el 120% del PIB de un país.

No parece una opción demasiado realista y Podemos se terminará viendo forzado a reconocerlo y a rectificar. La cuestión es cómo rectificarán: si abandonando el proyecto de renta básica universal, si abandonando el proyecto de libertad migratoria o tratando de combinarlos de otro modo. Entramos así a analizar la segunda opción de convivencia entre renta básica y libertad migratoria.

Renta básica sólo para los ciudadanos

La renta básica universal suele caracterizarse como un derecho político: es un derecho derivado de ser sujeto político de una comunidad. En este sentido, una comunidad podría distinguir entre, por un lado, ciudadanos con plenos derechos políticos y, por otro, residentes sin derechos políticos. Un caso similar lo encontramos con el derecho de voto: la Constitución española ya restringe enormemente el derecho de voto a los extranjeros (limitándolo a las elecciones municipales y siempre que exista reciprocidad con su país de origen). ¿Por qué no hacer lo mismo con la renta básica universal, esto es, que el derecho a percibirla se adquiera con la ciudadanía?

Esta vía alternativa ciertamente permitiría compatibilizar libertad migratoria con renta básica universal: cualquiera es libre de residir en España pero sólo los ciudadanos españoles perciben la renta básica. Ahora bien, para que esta combinación sea funcional resulta obviamente necesario que los criterios de atribución de la ciudadanía sea muy estrictos: en caso de que se adquiera la ciudadanía cumpliendo unas condiciones muy laxas, el escenario será asimilable al de una renta básica para cualquier residente.

Actualmente, en España se le reconoce la ciudadanía a cualquier persona que encadene diez años de residencia legal: dado que cualquier residencia sería legal en un contexto de libertad migratoria, las condiciones de acceso a la ciudadanía no parecen demasiado estrictas. En apenas una década nos toparíamos con problemas análogos a los arriba descritos: a la postre, prometer renta básica a quien resida diez años en España equivale a otorgarles el derecho a acceder dentro de 10 años a un activo financiero con un valor presente de unos 60.000 euros. ¿Es un patrimonio de 60.000 euros lo suficientemente atractivo como para actuar de reclamo? Diría que sí, sobre todo combinado con el derecho irrestricto a la educación o a la sanidad pública, reconocidas actualmente a los residentes legales (y no sólo a los ciudadanos).

Por consiguiente, para compatibilizar la libertad migratoria con la renta básica universal sería necesario endurecer mucho los criterios de acceso a la ciudadanía. Un modelo podría ser el de Liechtenstein: 30 años de residencia legal a menos que antes lo aprueben por votación el resto de ciudadanos. Las condiciones podrían incluso radicalizarse más y limitar la ciudadanía española a los hijos de ciudadanos españoles salvo naturalización por votación democrática.

En cualquiera de ambas opciones, con todo, fijémonos al tipo de sociedad hacia la que nos conduciría la renta básica universal: una parte de la población (los no ciudadanos) pagaría impuestos por residir en el territorio sin recibir como contrapartida prestaciones estatales, mientras que la otra parte (los ciudadanos) cobrarían una renta básica universal del Estado aun cuando no trabajaran (y no pagaran impuestos). La imparable tendencia a alcanzar un equilibrio comunitario de castas sociales es más que patente: los ciudadanos de pata negra podrían vivir de extraerles las rentas a los residentes no ciudadanos. Cuanto más se restringiera el acceso a la ciudadanía, mayor sería la explotación de unos sobre otros y más se consolidaría el sistema de castas. Tal como reconoce Van Parijs: “[Semejante distinción entre ciudadanos y no ciudadanos] acarrearía una enorme distorsión dentro del mercado laboral: algunas serían capaces de rechazar trabajos pésimos gracias a su derecho incondicional a recibir la renta básica mientras que otros ciudadanos se verían forzados a aceptarlos precisamente por carecer de un derecho a este sustento”. ¿Tiene sentido que quienes promueven la renta básica universal como vía para escapar de las penurias y la explotación laboral impongan luego esas penurias y esa explotación a los extranjeros que acudan a España? ¿En qué se diferenciaría esa situación de ese otro escenario tan denunciado por la izquierda, a saber, que las pérfidas megacorporaciones privadas pagan salarios de miseria en el Tercer Mundo y luego distribuyen cuantiosos dividendos a sus accionistas del Primer Mundo?

La tensión, pues, es evidente: criterios de adquisición de la ciudadanía muy laxos vuelven inviable la convivencia entre renta básica y libertad migratoria; criterios muy estrictos generarían un sistema de castas donde una parte de la población explotaría y rapiñaría a la otra mediante la coacción estatal. El problema, pues, se antoja irresoluble dentro del marco de los Estados-nación actuales (tampoco queda muy claro cómo podría articularse una gigantesca redistribución de la renta global a través de un Estado mundial: ¿aceptaríamos los españoles enormes recortes en sanidad y en educación a cambio de mejorar marginalmente la educación y la sanidad de los nigerianos?).

Conclusión

La renta básica universal es incompatible con la libertad migratoria, salvo que uno esté dispuesto a implantar coercitivamente un sistema de castas. Van Parijs lo tiene claro: “El objetivo final es la justicia distributiva global. Pero la manera más cierta de lograrla no es permitir que la libertad migratoria destruya los actuales sistemas redistributivos. Los sistemas de solidaridad comparativamente generosos necesitan protegerse del insostenible efecto llamada de potenciales beneficiarios. El objetivo ha de ser que esos sistemas redistributivos se extiendan junto con la globalización. Así, para garantizar una generosa redistribución, no sólo debemos protegernos de las entradas no deseadas (la inmigración de los potenciales beneficiarios) sino también contra las salidas indeseadas (la emigración de los contribuyentes actuales)”.

Entre la redistribución coactiva de la renta y la libertad, Van Parijs opta por restringir la libertad en aras de mantener la redistribución coactiva de la renta. Podemos tendrá eventualmente que decidir entre ambas y todo hace prever que antepondrá la redistribución coactiva de la renta a la libertad de movimientos de personas y capitales (la duda es si limitará no ya la libertad de inmigrar sino también la de emigrar). Es la perversa lógica del Estado: primero el gasto público, luego —si acaso— la libertad.

Sólo el pensamiento liberal ofrece una respuesta plenamente coherente a esta problemática: combinar la sociedad de bienestar—basada en la propiedad privada y en la cooperación pacífica de las personas— con la libertad de movimientos de personas y capitales.Cooperación global basada en la voluntariedad, no en la coacción estatal. Una sociedad liberal no necesita prohibir la entrada o la salida de nadie: su objetivo no es repartir ningún botín y, por tanto, no hay que limitar ni la huida de contribuyentes (menos recaudación) ni la entrada de beneficiarios (menos gasto per cápita). La pelota, pues, está en el tejado de quienes defienden objetivos irreconciliables y enfrentados: o renta básica universal o libertad migratoria.

Mira que está lejos Japón

Escrito por Antonio España en . Publicado en Artículos en prensa.

Posiblemente han visto ustedes la película protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson, Lost in Translation (2003). Éxito de crítica y de taquilla, el segundo film dirigido por Sofia Coppola narra las tribulaciones de Bob Harris (Murray), un actor en su crisis de los 50 que ha viajado a Tokio a rodar un anuncio publicitario; y de Charlotte (Johansson), joven esposa de un fotógrafo más interesado en las modelos que retrata que en su mujer.

Si la han visto, quizás recuerden la escena del rodaje del spot en la que el director japonés imparte con pasión detalladas instrucciones que son traducidas por una lacónica intérprete de forma muy incompleta. Pues bien, algo parecido ocurre con muchos economistas “perdidos en la traducción” cuando, aterrados por la deflación, tratan de asimilar el caso de España al de Japón, y pierden una gran cantidad de matices.

La tentación de simplificar la riqueza de datos sobre ambas economías, muy diferentes en historia, estructura y cultura, para inferir un mismo destino –deflación y estancamiento económico– a partir de un suceso parecido –burbuja inmobiliaria y crisis del sistema financiero–, es poderosa.

Sin embargo, víctimas del sesgo confirmatorio, muchos insisten en esta errónea equiparación cada vez que se publican cifras negativas del IPC. Les sugiero que cuando los tintadictos aludan a Japón y a sus “dos décadas perdidas” para atemorizarles y reclamar ese robo en pequeñas dosis que es la inflación, consideren (i) si es la referencia adecuada para comparar y (ii) si los ciudadanos nipones realmente han perdido los últimos veinticinco años por culpa de la deflación.

Seguramente no sea necesario haber vivido largas temporadas en Japón –aunque quien haya tenido esa suerte podrá confirmarlo– para poder afirmar, sin temor a equivocarse, que la distancia, no sólo geográfica, sino cultural y económica con nuestro país, es enorme. Basta echar un vistazo a las principales magnitudes para corroborar que cuantitativamente no nos parecemos demasiado al país del sol naciente.

Destaca especialmente el altísimo porcentaje de la deuda pública nipona en manos de residentes (>90%) respecto al caso español (endeudarse cerca de dos veces y media el PIB a tipos de interés prácticamente gratis (0,5%).

Tampoco cualitativamente puede sostenerse la tesis del parecido razonable. Por ejemplo, entre las empresas del Fortune 500, España sólo cuenta con ocho compañías frente a las 57 de esa lista que tienen su sede en Japón. Y, por desgracia, es conocida por todos ustedes la incapacidad de nuestro sistema de educación universitaria para colocar a siquiera uno de sus centros entre las 100 mejores universidades del mundo, mientras en ese mismo ranking aparecen cinco japonesas. Por no hablar de la posición en otras clasificaciones como la de transparencia (40º de España frente al 18º de Japón), competitividad (35º contra 9º) o facilidad para hacer negocios, Doing Business, (52º frente a 27º).

Merece, pues, la pena, ser cautos a la hora de establecer comparaciones entre una y otra economía y extrapolar conclusiones a partir de un solo dato como es el del IPC. Además, realizadas las aclaraciones anteriores, cabe considerar si realmente puede simplificarse la historia reciente de Japón en la pérdida de más de dos décadas por culpa de la deflación. Pues, como en el caso de la escena mencionada de Lost in Translation, es probable que se nos estén escapando detalles importantes en la traducción.

Les propongo dejar para más adelante la evolución reciente de la economía japonesa en los últimos 3-4 años y les sugiero que se fijen en las dos famosas décadas desde que estallara la burbuja japonesa a principios de los años 90. Comprobarán que en ese periodo, pese al tan aireado estancamiento secular, el superávit por cuenta corriente nipón se multiplicó por un factor de más de cinco, mientras que el yen, en ese mismo lapso de tiempo, se apreció frente al dólar un 65%.

Dos simples datos que, estarán de acuerdo, se pegan con la leyenda del terrible daño que ha hecho la deflación a la economía del Japón. Y, por cierto, una invitación a la reflexión a aquellos que sostienen que para ser competitivos hay que devaluar la propia moneda.

Como advirtió el año pasado en un discurso el antiguo viceministro de finanzas japonés Eisuke Sakakibara, apodado Mr. Yen, a pesar de dos décadas sin crecimiento nominal, la japonesa es una sociedad bien acomodada y cuyos ciudadanos han prosperado económicamente durante estos años. Fíjense, si no, en la evolución de la renta per cápita de Japón en su historia reciente, y pregúntense si no es verdad que, a pesar de la imagen de desastre económico dibujada en la prensa, el país nipón ha venido produciendo un crecimiento robusto para sus habitantes en términos reales. Avance económico, por cierto, que se ha realizado en la misma proporción que países tan poco sospechosos como Alemania o Francia (ver gráfico).


Sin ánimo de elevar la anécdota a rango de categoría y sin pretender venderles una película de Hollywood como prueba empírica, sino sólo a título ilustrativo, les invito a recordar las escenas de la película mencionada al inicio –si se la perdieron, pueden echar un vistazo al tráiler oficial–. Rodada a mediados de las dos décadas, las imágenes mostradas no parecen reflejar las de una sociedad estancada, ¿no es verdad? Tampoco parecen compatibles con una economía languideciente el incremento de conexiones a internet por fibra óptica –de cero a más de 20 millones–, el aumento de la esperanza de vida en casi cinco años, o la construcción en Tokio de 80 rascacielos de más de 150 metros –frente a 64 en Nueva York– durante las dos décadas “perdidas”.

No parece, pues, que la deflación haya tenido efectos tan terribles en la economía de los hogares japoneses, ¿no creen? Sin embargo, el culto al crecimiento nominal del PIB y la estrecha visión que del progreso económico tienen la mayoría de los economistas, vinculándolo casi exclusivamente al consumo, hacen que se “pierdan en la traducción” cuando miran al caso japonés. Y la más dramática de las consecuencias la están sufriendo los propios nipones, al hallarse en el mismo error conceptual sus propios gobernantes –léase Shinzo Abe y Haruiko Kuroda– en los últimos años. El riesgo es dar al traste con el progreso económico real por su obcecación en las medidas keynesianas de estímulo de la demanda agregada, vía gasto público e inflación.

En el último post "El peligroso juego de la ‘indeflación‘", un amable lector me preguntó en el foro acerca de la relación de la indeflación con lo ocurrido en Japón en los últimos 25 años. En parte, este artículo está motivado por esa pregunta y la respuesta es que tiene todo que ver. En aquel juego de la soga, las fuerzas deflacionistas han venido ganando la batalla en esos veinte años y parece que a los japoneses no les ha ido del todo mal, como hemos visto. Sin embargo, en los últimos años, el esfuerzo de los políticos está siendo de tal magnitud y la intervención tan masiva que empiezan a dominar las fuerzas opuestas­, con un final mucho más incierto.

Muestra de la espiral suicida en la que la Abenomics está metiendo a Japón, pueden verla en las últimas cifras publicadas, que arrojan una contracción anualizada del 6,8% de su PIB mientras que los precios al consumo crecieron en junio un 3,3% interanual. Es decir, una caída en términos reales de más de un 10%. Y todo ello tras meter a la antigua potencia exportadora en un importante déficit comercial –un -2,4% del PIB en 2013– y debilitar profundamente al yen –que perdió en 2013 un 21% de su valor frente al dólar–. Un fracaso en toda regla que debería hacer pensar a todos aquellos que creen que a un país le va mejor con moneda propia y con libertad para imprimir y devaluar.

Permítanme que cierre el artículo con una pregunta. ¿En qué Japón preferirían vivir ustedes? ¿En el de las dos décadas perdidas o en el actual de la Abenomics?

Salvar a los yazidíes

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

Desde hace más de un año venimos escuchando cada vez con más frecuencia la cifra de que un tercio de las familias españolas pasa hambre. Todo comenzó cuando Unicef y la ONG Save The Children publicaron sendos informes en los que denunciaron que entre 2,2 millones y 2,8 millones de niños viven en hogares "en riesgo de pobreza o exclusión social". Bastó que, a partir de entonces, varios medios de comunicación equipararan riesgo de pobreza con pasar hambre para que en septiembre de 2013 el PSOE registrara una iniciativa parlamentaria en la que denunciaba que "tres de cada diez niños se van a la cama con hambre". Hoy la cifra ya constituye un lugar común en el debate político y es instrumentada recurrentemente por todos aquellos que se oponen a cualquier recorte del gasto público, incluyendo los de Podemos e Izquierda Unida. El mantra es recurrente: recortes = hambre.

Sin embargo, y a pesar de su muy extendido uso, la cifra de que un tercio de las familias españolas pasa hambre es radicalmente falsa. Como ya hemos indicado, se equipara familia que pasa hambre con familia que se halla en riesgo de pobreza o exclusión social. Ciertamente, la imagen que todos tenemos en la cabeza de pobre es la de una persona que tiene dificultades para alimentarse, pero Eurostat define en términos muchísimo más amplios qué es una persona o familia "en riesgo de pobreza o exclusión social". En concreto, se incluye a una persona o familia en esta categoría cuando se halla en al menos una de estas tres situaciones:

  • Renta por debajo del umbral de pobreza. El umbral de pobreza se define como el 60% de la renta mediana de un país; por tanto, una persona está por debajo del umbral de pobreza si cobra menos del 60% de la renta mediana del país. Así las cosas, en 2013 el umbral de la pobreza en España era de 9.300 euros anuales para un hogar unipersonal y de 19.600 euros para un hogar con dos adultos y dos niños. Todos aquellos que cobraran menos eran considerados personas en riesgo de pobreza o exclusión social.
  • Privación material severa. Se entiende que un individuo o familia se hallan en una situación de privación material severa cuando no pueden permitirse al menos cuatro de estos nueve gastos: 1) la hipoteca, el alquiler y otras facturas como la electricidad o el gas; 2) una semana al año de vacaciones fuera del hogar familiar; 3) consumo de carne, pescado, pollo (o su equivalente vegetariano) al menos una vez cada dos días; 4) imprevistos (definido como la doceava parte del umbral de pobreza: es decir, 775 euros en hogares unifamiliares y 1.633 euros en hogares con dos adultos y dos menores); 5) teléfono fijo o móvil; 6) televisión en color; 7) lavadora; 8) automóvil; 9) temperatura adecuada en el hogar (tanto frente al frío como frente al calor).
  • Baja densidad de empleo en el hogar. Un hogar exhibe baja densidad en el empleo cuando aquellos de sus habitantes con edades comprendidas entre los 18 y los 59 años trabajan en conjunto menos del 20% de los meses que podrían hacerlo. Por ejemplo, si en un hogar con dos adultos se ha trabajado en total menos de cinco meses al año, ese hogar se considera que exhibe una baja densidad en el empleo y que, por tanto, está en situación de riesgo de pobreza o exclusión social.

Como vemos, los criterios para calificar a una persona como "en riesgo de pobreza o exclusión social" son mucho más amplios que lo de pasar hambre. O dicho de otra manera, habrá mucha gente que no pase hambre y que entrará en la categoría de riesgo de pobreza o exclusión social; por ejemplo, una que lleve un año parada, que disponga de ahorros y que cobre la prestación por desempleo será calificada como "en riesgo de pobreza o exclusión social" (por el tercer criterio) y, sin embargo, no estará pasando hambre. De hecho, sólo uno de los elementos del segundo criterio (la privación material del consumo de carne, pescado o pollo al menos una vez cada dos días) se acerca a la definición de pasar hambre, si bien de manera muy incompleta: una mala alimentación (malnutrición) no es lo mismo que falta de alimentación (desnutrición); de hecho, en la malnutrición se incluye también la obesidad.

Sea como fuere, ¿sabemos cuántas familias en España se ven privadas de comer carne, pescado o pollo al menos una vez cada dos días? Sí, el 3,5% de todos los hogares y el 3,6% de todos los menores de 16 años: casi diez veces menos que el 33% divulgado por diversos políticos y medios de comunicación. Por tanto, estamos hablando de 640.000 hogares y no de más de 5,5 millones; y de 286.000 niños, no de 2,8 millones.

Evidentemente, no se trata de quitar importancia al asunto, pero tampoco de sobredimensionar y exagerar el drama: en 2006, en plena burbuja inmobiliaria y con el gasto público en plena expansión, ese porcentaje era del 3,9%, cuatro décimas superior al actual. Asimismo, en Suecia, el número de familias con incapacidad para comer carne, pollo o pescado al menos una vez cada dos días asciende al 2%, en Noruega al 2,5, en Finlandia al 3,2, en Francia al 7,4, en Alemania al 8,2 y en el conjunto de la Eurozona al 8,5. ¿Había una tragedia alimentaria en España en 2006? Si la había, nadie hablaba de ella, y, desde luego, la continua expansión del gasto público propia de esos años no consiguió aplacarla. ¿Hay una tragedia alimentaria en Finlandia, Francia o Alemania? No lo parece, y en todo caso no nos habremos enterado de que la tragedia alimentaria en España es la mitad de grave que en Europa y similar a la de los ejemplares países nórdicos.

Entonces, ¿por qué muchos de nuestros políticos y medios de comunicación utilizan como ariete el dato completamente falso de que un tercio de las familias españolas pasa hambre? Pues porque se trata de instrumentar política y electoralmente una tragedia como el hambre para llegar al poder. Lo verdaderamente relevante no es el número real de personas que sí sufren hambre en España, sino frivolizar la estadística y el sufrimiento ajeno para arañar votos. En el fondo, lo mismo les da ocho que ochenta hambrientos: lo que no les da en absoluto igual son ocho u ochenta votos.

¿Hambre en España?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En una entrevista concedida al periódico El Mundo, la portavoz de Oxfam/Intermón afirma que "la desigualdad mundial es la enfermedad del siglo XXI, ya que la mitad de las riquezas del planeta está en manos del 1% de la población mundial, como si la riqueza fuera un pastel partido en dos y el 1% más rico se apropia de una mitad mientras la otra corresponde al 99% de los habitantes del mundo". Según Consuelo López-Zuriaga, "la desigualdad social está aumentando en todo el mundo".

¿Respaldan los datos esta visión pesimista? De acuerdo con los célebres trabajos de Xavier Sala i Martín sobre esta cuestión, no solamente no es cierto que la desigualdad social esté experimentando un gran avance a nivel mundial, sino que la tendencia apreciada desde los años 80 hasta hoy es de progresivo retroceso en las diferencias de ingresos.

El economista catalán, que debe su prestigio académico a los trabajos que ha publicado sobre estas cuestiones, ha explicado que, tanto si aplicamos el Coeficiente Gini como si calculamos el Coeficiente Atkinson, la evolución de la desigualdad global ha sido la opuesta a la que describe López-Zuriaga, con una progresiva caída desde los años 80. 

Los estudios de Sala i Martín no cubren la evolución de la última década, por lo que es conveniente actualizar los datos. Este reto ha sido asumido por la Cámara de Comercio de Canadá, que ha publicado un exhaustivo análisis sobre esta cuestión, concluyendo que "incluso si no ajustamos la evolución de la desigualdad al aumento de la población, la tendencia experimentada en los últimos años es positiva".

Evidentemente, la metodología más apropiada es la que considera el boom demográfico a la hora de analizar la evolución del Coeficiente Gini. Sin embargo, la línea negra de la siguiente gráfica deja claro que, incluso sin hacer ese cálculo, la tendencia apreciada en la última década es demenos desigualdad global.

El caso de Estados Unidos es especialmente llamativo. Si acudimos al Coeficiente Gini y a otras formas de medir la desigualdad, encontramos que la desigualdad en el país norteamericano apenas ha experimentado cambios a lo largo de los últimos treinta años. A esto se unen los altos niveles de movilidad social que mantiene el país del Tío Sam, lo que desmiente la visión estática de la riqueza que expresa la portavoz de Oxfam/Intermón cuando habla de la economía como una "tarta", ignorando la naturaleza creciente y cambiante de la riqueza.

Tyler Cowen pone en perspectiva los datos

En un interesante artículo publicado por el New York Times, el economista Tyler Cowen insiste en que "los datos no muestran que la desigualdad esté aumentando a nivel global. Hay casos de países en los que sí se han dado aumentos, pero cuando nos referimos a todo el mundo, la tendencia a la baja está en continua evolución desde hace veinte años. Es importante explicar esto, quizá no se ha incidido lo suficiente en explicar esta evolución".

Cowen se apoya en los estudios de Christoph Lakner y Branko Milanovic, subrayando que "el modelo exportador que han adoptado países como China se ha traducido en una reducción drástica de la pobreza en muchas economías en vías de desarrollo. Esto ha suavizado el crecimiento del ingreso medio en Occidente, y es que estas políticas a veces aumentan la desigualdad dentro de algunos países pero, en suma, hacen del mundo un mejor lugar".

En este sentido, el autor de Average is Over subraya que "aunque los indignados mantengan que el capitalismo ha fallado y que la desigualdad está aumentando, una valoración más correcta y serena incidiría en que, si bien seguimos enfrentando muchos retos, vivimos en tiempos de crecientes oportunidades para todo el mundo, lo que supone un cambio que, en general, implica una mejora".

Además, Cowen destaca que "países como EEUU muestran que un mayor nivel de desigualdad no tiene que ir de la mano con un mayor nivel de problemas sociales, incluyendo escenarios violentos o revolucionarios". Sobre este punto, podemos citar el caso de España, donde los índices de criminalidad han caído a mínimos históricos en plena crisis.

La evolución de la pobreza

A lo largo de la entrevista, Consuelo López-Zuriaga también ofrece una visión pesimista sobre la evolución de la pobreza. Aquí también hay una importante desconexión entre las declaraciones de la portavoz de Oxfam/Intermón y los datos disponibles. De hecho, los estudios de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial coinciden con los informes de economistas como Laurence Chandy a la hora de señalar que la tasa mundial de pobreza acumula décadas a la baja.

Como vemos en la gráfica que sigue, tanto las previsiones en las que se basa la ONU como otros estudios independientes anticipan que la tendencia positiva se mantendrá a lo largo de los próximos quince años. La única duda radica en la intensidad de esa reducción de la pobreza.

The Economist, la prestigiosa revista británica de análisis político y económico, ha analizado muchos de estos estudios, llegando a la conclusión de que el fin de la pobreza extrema es un objetivo realizable en el medio plazo.

"El mundo ha experimentado un progreso extraordinario a la hora de reducir el alcance de la extrema pobreza. De 1990 a 2010, esta tasa bajó del 43% al 21%, afectando ahora a 1 de cada 7 habitantes del Planeta. La clave para esta evolución es el crecimiento económico, como muestra el ejemplo chino", explica el semanario británico.

La desigualdad social desciende a nivel global desde hace décadas

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Setecientas mil personas, los yazidíes, corren el riesgo de ser asesinadas. Los criminales militantes del Estado Islámico –esa entidad sanguinolenta que ha surgido súbitamente en el Medio Oriente– ya han matado a unos cuantos centenares. No han sido más porque huyeron y se escondieron. Los liquidan y a veces violan a las mujeres antes de degollarlas.

La persecución se afinca en una horrenda tradición medieval todavía vigente dentro de una buena parte del islamismo árabe: rechazan toda expresión del pluralismo religioso. Los yazidíes tienen otro Dios y otras creencias muy antiguas, así que está en marcha su exterminio. No hay más Dios que Alá ni más profeta que Mahoma. Al que crea o diga algo diferente, literalmente, le arrancan la cabeza. Con los cristianos, calificados como nazarenos, tienen la extraña cortesía de crucificarlos antes de matarlos.

Los yazidíes son kurdos, pero la inmensa mayoría de sus compatriotas profesa el islamismo y hace la vista gorda cuando los masacran los fanáticos empeñados en revivir el Califato. Los peshmergas, el Ejército kurdo, no los quieren. La población los acusa, falsamente, de adorar al demonio. Mientras los kurdos claman por su derecho al autogobierno, le niegan la sal y el agua a los yazidíes, una minoría dentro de la minoría. 

El presidente Obama ha hecho bien en tratar de amparar a los yazidíes. Toda nación seria y compasiva tiene "la responsabilidad de proteger", como establece el departamento de la ONU dedicado a la prevención del genocidio. Es un derecho nuevo que cristalizó abonado por la sangre copiosa de las víctimas ruandesas cuando los hutus aniquilaron a un millón de tutsis a mediados de la década de los noventa. Es verdad que Estados Unidos no puede proteger a todo el mundo todo el tiempo, pero sí puede y debe, cuando es factible, impedir estas obscenas carnicerías.

Los yazidíes, lógicamente, están tratando de emigrar a donde los acojan. Escapan para salvar sus vidas. Se sienten, supongo, como los judíos alemanes tras las Leyes de Núremberg dictadas por Hitler en 1935. Era cuestión de tiempo que los asesinaran. Tenían que irse, comprar visas hacia cualquier parte, adquirir pasajes a precio de oro. Era obvio que la pesadilla nazi terminaría en el Holocausto.

Bastaba leer los papeles de Hitler para confirmarlo.

Los yazidíes saben lo que les espera y están tratando de emigrar a Estados Unidos, Canadá y Europa. Nadie habla de América Latina. ¿Por qué? Si los latinoamericanos fueran, realmente, solidarios y tolerantes, deberían extenderles visas de residencia a muchas familias yazidíes.

Al fin y al cabo, casi todos los grupos de inmigrantes asentados en América Latina han sido benéficos para el país que les abrió los brazos. Y no sólo se trata de los españoles y los portugueses, parientes cercanos fácilmente asimilables, sino de los japoneses, chinos, libaneses, sirios y judíos que llegaron a América Latina en un número considerable, sin saber el idioma y devotos, además, de dioses y ritos ajenos a la tradición nacional, lo que no impidió que crearan considerables riquezas con su trabajo intenso e innumerables familias mixtas.

¿Es tan difícil que cada país latinoamericano se proponga salvar a unos cuantos millares de familias yazidíes? Como los gobiernos no suelen ser buenos samaritanos, quienes tienen que organizar esa labor de rescate son los miembros de la sociedad civil. Dese el visto bueno y pídase colaboración a las iglesias, a las logias masónicas y a los clubes cívicos, para que contribuyan a salvar a los yazidíes, y mostrarán sus mejores instintos.

Los cubanos podemos entender mejor que nadie esta "responsabilidad de proteger" por una razón mala y otra buena.

La mala sucedió en 1939 cuando el gobierno de La Habana rechazó el barco Saint Louis, que traía a bordo 936 judíos que habían pagado por sus visas para poder escapar del horror nazi. El gobierno no los dejó desembarcar y debieron regresar a Europa. Pocos meses después estalló la Segunda Guerra y una buena parte de esas personas que los cubanos no quisieron proteger murió en la cámara de gas. Vergüenza eterna.

La buena ocurrió veinte años más tarde, cuando se instauró un régimen estalinista en Cuba y comenzó un éxodo que no ha cesado hasta hoy. Estados Unidos ha acogido y protegido a casi dos millones de refugiados cubanos. Sumados sus descendientes, la cifra debe de andar por los cuatro o cinco. A otra escala, pero generosamente, también lo hicieron la Venezuela democrática prechavista, España y Costa Rica. Fue en esta terrible circunstancia cuando muchos cubanos aprendimos lo que vale una mano amiga cuando se cierran todas las puertas.

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El sector público se aúpa como el mayor deudor de España en 2014

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En 2008, la inmensa mayoría de la deuda española era deuda privada: veníamos de una burbuja de endeudamiento barato financiada por ese monopolio público llamado BCE y los pasivos de las Administraciones Públicas apenas suponían el 18% del total, mientras que los pasivos de familias y empresas no financieras ascendían al 82%.

Fruto de aquellos polvos, los distorsionados lodos actuales. Tras cinco años de crisis, el sector privado ha ido desapalancándose con fuerza (382.000 millones de euros de menor deuda, desde finales de 2008), y el sector público ha pasado a hiperendeudarse (560.000 millones de mayor deuda desde entonces), con lo que la radiografía del endeudamiento en España debe cambiar. 

A junio de 2014, y a partir de los datos del Banco de España, la deuda privada familiar es de 772.000 millones de euros, la deuda privada empresarial es de 0,98 billones de euros y la deuda pública de 1,058 billones de euros. Conviene aclarar que los algo más de 50.000 millones de pasivos de empresas públicas los he incluido, a diferencia de lo que hace el Banco de España, entre la deuda pública y no entre la deuda privada empresarial.

De este modo, los porcentajes cambian un poco: la deuda pública ya no es el 18% del total, sino el 37,5%, y el peso de la deuda empresarial cae del 48% al 35%. A partir de enero de 2014, el sector público pasó a ser el sector institucional con más deuda en España, superando no sólo al sector de las familias, sino también al de las empresas no financieras.

Tal vez deberíamos pensárnoslo dos veces antes de afirmar que el problema de España es la deuda privada y no la deuda pública. Evidentemente, la deuda privada es un problema, pero la deuda pública también es un problema. Diría más, la deuda privada va siendo cada vez un problema menor, mientras que la deuda pública se está convirtiendo en un problema expansivamente mayor. Confío en que el último gráfico termine de aclarar el muy peligroso camino que estamos siguiendo.

Claro que tengo miedo a Podemos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

 Uno de los argumentos preferidos por el fan boy medio de Podemos es que se critica a su partido porque se le tiene miedo. Eso, al parecer, justificaría todas las barbaridades que defienden Pablo Iglesias y los suyos, que den miedo a la casta. Una casta a la que, en perfecto razonamiento circular, perteneceríamos todos aquellos a quienes se nos haya ocurrido, válgame el cielo, la osadía de criticar a Podemos.

Que sí, que la casta es muy mala. España es un país con unas instituciones bastante deficientes, donde al votar el Parlamento estamos eligiendo los tres poderes del Estado y una división territorial del poder que parece construida para fomentar el caciquismo y el separatismo. Pero aun así prefiero mil castas como la que padecemos a un solo Podemos. Porque sabiendo en qué han derivado todos los populismos que en el mundo han sido, lo que me pregunto es cómo puede una persona racional no tener miedo a Podemos.

Los populismos crecen en épocas de zozobra porque aciertan al reducir problemas complicados a unas pocas consignas simples que llegan a la gente. No logras pasar de la nada a porcentajes de voto de dos cifras analizando y explicando razonadamente el origen de los problemas. Tampoco aportando soluciones realistas y racionales, al estilo, por ejemplo, del contrato único como forma de mejorar nuestro deficiente mercado laboral. No, se hace exculpando a los votantes de toda responsabilidad y asignándosela a unos malvados a los que derrotaremos entre todos dando nuestra confianza a los buenos, es decir, ellos.

Lo malo es que no, no son buenos. No pueden serlo cuando su líder, Pablo Iglesias, acudió a la Venezuela chavista a recibir su formación política y su cabeza pensante, Juan Carlos Monedero, ayudó a ese mismo régimen a empobrecer y destruir las libertades del sus antaño ciudadanos, hoy súbditos. No pueden serlo cuando alaban a la Argentina peronista, el único país donde gobiernan de forma casi ininterrumpida los representantes de un partido genuinamente fascista, que logró reconducir hasta el subdesarrollo a la que fuera una de las naciones más ricas del mundo. No pueden serlo cuando abogan por un "leninismo amable", oxímoron perfectamente equiparable al nazismo amable.

El leninismo creó la Cheka, que en pocos meses ya había ejecutado a más gente que el zarismo, que no era precisamente un régimen amable con el disidente. Creó el Archipiélago Gulag, red de campos de concentración donde murieron millones de personas. Fue el responsable de la primera hambruna provocada por el régimen soviético. Cuesta ver, sinceramente, una versión amable de semejantes atrocidades. Quizá un encarcelamiento masivo de disidentes en el que te den una palmada en la espalda antes de fusilarte o te sonrían mientras prohíben otro partido político que no sea el suyo.

¿Miedo a Podemos? Naturalmente. En Venezuela también había una casta y un sentimiento mayoritario, muy razonable, que pedía acabar con la corrupción de un régimen podrido. Hoy son más pobres, carecen de libertades políticas, asesinan a los manifestantes. Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo, con un número de asesinatos muy por encima que el de muchas ciudades en guerra. Pero se supone que si tengo miedo a eso sólo puede ser porque soy casta.

Comercio y consumismo desmedido

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

El columnista de «Canarias7» Rafael Álvarez Gil dice en un artículo lo siguiente: «Detesto la expresión marca España. Ningún país es una marca. Además, dicha denominación cobija ese afán por comercializarlo todo. Cualquier cosa se convierte en un producto».

El comercio es la base de la cooperación social y la prosperidad. Cuando las personas intercambian bienes y servicios libremente, es decir, comercian, no están haciendo otra cosa que cooperar. Aquellos que son contrarios al comercio son realmente enemigos de la libertad. Es fácil de comprobar. Si nos diéramos una vuelta por la tiranía comunista de Corea del Norte veríamos cómo el libre comercio está totalmente prohibido.

Desprecio de los consumidores…

Por ello, cuando el señor Álvarez Gil critica el «afán por comercializarlo todo», lo que realmente está mostrando es un desprecio absoluto a la libertad de las personas. Por si esto fuera poco, añade que nuestra patria está «malograda por los excesos, el consumismo desmedido y las bajas pasiones tras siglos endomingados haciendo gala de ser la cuna del virtuosismo y la puridad ignaciana».

El consumismo ni es desmedido ni irracional. El ser humano no es un salvaje consumidor, si fuera así, estaríamos todavía viviendo en las cavernas y no habríamos alcanzado el nivel de vida actual en muchos lugares del planeta. No existirían hospitales, carreteras, ordenadores… ni se hubiese creado nada, dado que todo se habría consumido. Pero la realidad es otra, las sociedades desarrolladas no son consumistas, sino que son creativas y capitalistas, y por eso son ricas.

… y de la libertad

Por ello, lo que, aparentemente, lamenta este columnista, al igual que muchos de la flor y nata de los ilustrados canarios, no es el consumo, sino la libertad y la riqueza, pues cuando habla en estos términos lo que está realmente diciendo es que somos unos insensatos y que él sabe qué nos conviene, es decir, el socialismo. Es en los países socialistas precisamente donde el consumo es casi inexistente, puesto que no hay nada que consumir porque son pobres. Qué casualidad que el libre comercio esté también prohibido en ellos.

Por cierto, la gente no sólo piensa en ir endomingado y se cree la cuna del virtuosismo y la puridad. No sé con qué tipo de personas se relaciona usted. Además, ¿qué tiene de malo ir bien vestido y arreglado? No obstante, en algo tiene razón, nuestro país ha pecado y peca de excesos, precisamente de los que suele defender en su columna: de gasto público.

Por último, tengo dos malas noticias que darle: sus artículos son un «producto» que se «comercializa y consume» y usted mismo es una marca que aspira previsiblemente a ser comercializada.

España debería imitar a Gibraltar

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Gibraltar se ha convertido en una auténtica tradición veraniega. Es llegar agosto y el Peñón pasa a ocupar las portadas de los principales periódicos. En 2013 el protagonismo recayó en los polémicos bloques de hormigón lanzados por el Gobierno gibraltareño en la bahía de Algeciras, pero en 2014 la atención se centra en el increíble descubrimiento realizado por la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF).

Resulta que el citado organismo comunitario sospecha ahora que en Gibraltar podrían desarrollarse actividades relacionadas con el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales. ¡Oh, sorpresa! Los investigadores… bien merecido tienen su sueldo ante tamaña revelación, sin duda. Sin embargo, lo interesante no radica en la veracidad o no de tales acusaciones, sino en la absurda y retrógrada reacción que ha suscitado entre las autoridades políticas españolas. El PP, en un nueva muestra de la liberticida y profundamente estatista ideología que profesa, se ha apresurado a aplaudir el citado dictamen porque, de este modo, puede justificar los rígidos controles policiales aplicados en la Verja a lo largo de los últimos meses, pese a los graves inconvenientes causados a la población de La Línea. Pero lo más triste es que los dirigentes populares se han agarrado al informe de la OLAF para culpar a Gibraltar del bochornoso drama económico que padece la provincia de Cádiz y del dinero que deja de recaudar Hacienda a causa del contrabando de tabaco. Es decir, los políticos patrios vuelven a usar el Peñón como excusa para esconder sus propias vergüenzas.

No en vano, más allá del histórico conflicto que mantienen España y Reino Unido sobre la soberanía del territorio, si en algo coinciden PP, PSOE y hasta IU es, precisamente, en criticar su baja fiscalidad, acusando a Gibraltar de "competencia desleal" y, por tanto, de dañar la economía situada a este lado de la Verja, incluso de restar recursos a las arcas públicas, sin pararse a reflexionar mínimamente en el origen real del problema, a saber: que el atraso de Andalucía, especialmente en Cádiz, y la menor riqueza de España frente a Gibraltar radican en la elevada fiscalidad y el intenso intervencionismo que ejercen tanto PP como PSOE. Además, el espectacular aumento que ha registrado el contrabando de tabaco en los últimos años –protagonizado, en todo caso, por españoles– no se debe a la existencia del Peñón, sino a la brutal subida de impuestosaplicada por los distintos Gobiernos nacionales, hasta el punto de duplicar el precio de la cajetilla.

¿Cómo es posible que la renta media de los gibraltareños ronde los 50.000 euros al año y en Cádiz, cien metros más allá, apenas supere los 17.000? ¿Por qué la tasa de paro en Gibraltar es del 3% y, sin embargo, los gaditanos sufren un desempleo superior al 40%? ¿Qué explica tales divergencias? La respuesta no es otra que el marco institucional. El Peñón, con una población de apenas 30.000 habitantes, ha sabido aprovechar sus ventajas competitivas respecto a España ofreciendo una tributación mucho más atractiva y simple a empresas e inversores, al tiempo que garantiza la seguridad jurídica y facilita el desarrollo de la actividad empresarial. Todo lo contrario de lo que sucede aquí.

Su marco legal y jurídico se rige por la legislación británica (Common Law), la principal referencia mundial en el ámbito de los negocios debido a su certidumbre y agilidad, lo cual permite proteger eficazmente los derechos de propiedad privada y dirimir de forma rápida los posibles conflictos que surjan entre los agentes; su sistema monetario, basado en la libra esterlina, es estable, con una inflación baja, y libre circulación de divisas, sin restricción alguna en los tipos de cambio; su mercado laboral es muy flexible y libre; con grandes facilidades a la hora de crear empresas y poder desarrollar libremente su actividad; pero su principal punto fuerte es su baja fiscalidad, ya que ofrece un entorno muy atractivo para empresas e inversores: su Gobierno no aplica IVA ni tasas indirectas sobre la compraventa de bienes y servicios, las plusvalías están exentas de impuestos, al igual que el patrimonio o las herencias, el Impuesto de Sociedades es del 10%, sólo se tributa por los ingresos obtenidos en el Peñón, y, bajo ciertas condiciones, los trabajadores altamente cualificados desplazados a Gibraltar se pueden beneficiar de un pago máximo en IRPF, con independencia de lo que ganen, además de ofrecer grandes ventajas a los fondos de inversión para poder competir con la poderosa e influyente City londinense.

Por último, es cierto que Gibraltar es un centro financiero internacional de primer orden, pero, a diferencia de lo que se aduce habitualmente, no está calificado oficialmente como paraíso fiscal -entendido como un centro para lavar dinero procedente de delitos-, ya que cuenta con acuerdos de colaboración con los principales países desarrollados. De hecho, figura en la lista blanca de la OCDE en cuanto a transparencia tributaria. Así pues, culpar a Gibraltar de los males que padece Cádiz o del contrabando de tabaco es tan absurdo como acusar a los empresarios de explotar a sus trabajadores, a los países ricos de la desdicha que sufren los pobres, a Andorra del elefantiásico Estado francés o a España del progresivo deterioro económico que padece Cataluña.

Dicho de otro modo, Cádiz no es pobre porque Gibraltar sea rica, al igual que la miseria de Corea del Norte no se debe al progreso de Corea del Sur ni la extrema pobreza que padece Cuba responde al imperialismo norteamericano, tal y como sostienen las teorías socialistas de la explotación y la redistribución. Más bien al contrario, puesto que muchos gaditanos dependen, de una u otra forma, de Gibraltar. Su economía generó el 18% de los empleos y más del 12% del PIB del Campo de Gibraltar en 2007, así como el 0,42% del PIB de Andalucía, según loestudios realizados al respecto. La solución, por tanto, no estriba en que el Peñón dispare los impuestos hasta equipararlos al confiscatorio nivel de España, tal y como defienden los comunistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Diego Cañamero y Sánchez Gordillo, sino en imitar las políticas que han llevado a Gibraltar y a otros muchos países hacia la senda de la riqueza y el empleo. El enemigo de la prosperidad de España no está fuera, sino aquí, muy cerca, entre nosotros…

Todos los españoles deberían pagar un IRPF del 55,5% para financiar la “renta básica” de Podemos

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Cómo financiar la Renta Básica Universal (RBU) de 6.000 euros al año por adulto y 1.000 euros por menor que propone Podemos? Su coste neto es estimado por los propios economistas de Podemos en 145.000 millones de euros.

Vamos a usar como base los datos desagregados de IRPF del año 2010 (previos a los sablazos fiscales de Zapatero y Rajoy) por ser los últimos disponibles (que sean previos al sablazo fiscal es un supuesto que beneficia a los defensores de la RBU).

En 2010, el IRPF se distribuía tal que así (para calcular la cuota media en IRPF tomamos el tramo medio de la base imponible, es decir, el punto intermedio entre los extremos del intervalo: la hipótesis es pertinente ya que la recaudación final del IRPF coincide con la real).  

Si queremos financiar la renta básica universal propuesta por Podemos, se hace necesario recaudar 145.000 millones adicionales a los 71.000 que se recaudaban en 2010 (es decir, 216.000 millones de recaudación total). Para lograrlo a través de un tipo proporcional sobre la renta, necesitaríamos un tipo del 55,5%.

Para saber qué contribuyentes salen ganando y cuáles salen perdiendo, sólo nos queda calcular el diferencial entre la nueva cuota impositiva y la antigua cuota impositiva, restándole a su vez la renta básica abonada.

Los saldos negativos en la columna "Diferencia" indican que el contribuyente sale ganando (ingreso neto frente a la situación anterior) y los saldos positivos que sale perdiendo (pago neto frente a la situación anterior). A su vez, los saldos negativos también pueden interpretarse como la renta básica efectivamente percibida por el contribuyente (una especie de impuesto negativo sobre la renta).

Como vemos, sólo aquellos contribuyentes que ganan menos de 13.500 euros anuales salen ganando con la implantación de una renta básica de 6.000 euros anuales y un impuesto de tipo único del 55,5% (si bien sólo los que carezcan de base imponible percibirían la totalidad de los 6.000 euros).

Los contribuyentes que ganan menos de 13.500 euros ascienden a 8,2 millones de personas y representan el 44% del total: por consiguiente, hay más contribuyentes que salen perdiendo (56%) de los que salen ganando (44%).

Por supuesto, la renta básica universal no sólo la cobran contribuyentes, sino no contribuyentes. En este sentido, un contribuyente que individualmente sale perdiendo podría salir ganando si, por ejemplo, su cónyuge no trabaja y tienen un hijo. Aun así, deberíamos efectuar dos consideraciones adicionales.

La primera es el desproporcionado coste que implica la medida, con tipos efectivos que superan el 30% a partir del salario medio de España.

La segunda es el problema de los incentivos laborales derivados justamente del alto coste fiscal: aunque es cierto que una RBU no tiene por qué desincentivar absolutamente el trabajo, es obvio que sí modifica la estructura de incentivos y la oferta de trabajo.

Más en particular: el salario modal de España, 15.500 euros, debería pagar 8.500 euros en IRPF, de manera que le restarían 7.000 más los 6.000 de la renta básica (13.000 en total). En realidad, pues, esa persona está trabajando 40 horas semanales para lograr un salario de 7.000 euros (inferior al salario mínimo actual).

¿Qué posibilidades hay de que esta persona abandone su trabajo y opte por ocupaciones volcadas en el trabajo para autoconsumo que suele quedar fuera del IRPF? Diría que muchas: y si son muchos los trabajadores que reducen su oferta de trabajo y, por tanto, dejan de generar rentas gravables, el tipo efectivo todavía se incrementaría más.

Por no hablar, claro está, de las altísimas probabilidades de que las rentas más altas, al ver aumentado su tipo medio efectivo en 20 puntos, se reduzcan de manera significativa: un trabajador que cobre 500.000 euros y que deban pagar más de 270.000 euros en impuestos (100.000 euros más que en la actualidad), puede irse a vivir a EEUU, Reino Unido o Alemania y vivir gratuitamente sólo de los impuestos diferenciales que se ahorra pagar en España. Como muestra, bastará este botón (resultado de incrementar el tipo efectivo sólo en unos puntos porcentuales).

Por consiguiente, diría que la "Renta Básica Universal" que propone Podemos no es financiable en condiciones realistas. Si a los 145.000 millones le añadimos, además, los 20.000 millones (tirando por lo bajo) que costaría financiar la jubilación a los 60 o los 65.000 millones de déficit público que siguen pendientes de eliminación, queda claro que estamos ante un programa económico absolutamente fantasioso.