Ir al contenido principal

La célula autogestionaria de TVE

El presidente de TVE ha dimitido ante la negativa del Gobierno a inyectar otros 130 millones de euros para que el emporio público pueda seguir tirando de aquí a final de año. La millonada que pedía el presidente es sólo una parte del presupuesto anual de RTVE, próximo a los mil millones de euros, para financiar un servicio que ya prestan empresas privadas a plena satisfacción del ciudadano a tenor de las cifras de audiencia. Es difícil encontrar un ejemplo de gasto innecesario tan patente como éste, pero tratándose de la televisión los contribuyentes suelen hacer gala de una gran benevolencia y los políticos de un amplio consenso. De hecho esto de mantener vivo al Ente, aunque sea con respiración asistida, es uno de los pocos asuntos en los que todos los partidos están de acuerdo. Incluso Podemos, que como siempre va más allá, considera que en realidad una televisión pública es un derecho democrático que debe ser ejercido por el Gobierno en régimen de monopolio en la más acrisolada tradición chavista.

La televisión estatal es un caso particular dentro de la muy peculiar administración pública y armatostes aledaños, por eso se le llama también el Ente con toda propiedad. El poder de los sindicatos, que en la Administración es de por sí excesivo, en RTVE resulta hegemónico hasta el punto de que sus dirigentes deciden directamente quién puede o no aparecer en la televisión "de todos", como ha ocurrido recientemente con el colaborador de esta casa Juan Ramón Rallo. Además, gracias a la acción sindical, RTVE es la única empresa (pública o privada) de España y probablemente de Europa, que hasta el uno de enero de 2016 no podrá llevar a cabo ningún ajuste de su plantilla a pesar de contar con diez veces más empleados que cualquiera de las cadenas privadas, que se dice pronto.

La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, seguidas de las generales poco después, convierte a TVE en una herramienta poderosa de comunicación de la que ningún Gobierno va a prescindir así quede abierto a media jornada un solo quirófano por provincia. Las prioridades son las que son y la escala de valores de los políticos el reflejo de sus firmes convicciones en defensa del interés público. Como en La 1 dan la Champions League, todos aceptamos que el mantenimiento de la cadena es una necesidad de primer orden que hay que atender con premura. TVE seguirá siendo mangoneada por la izquierda, como ha ocurrido siempre al margen de quién esté en el Gobierno, con los sindicatos vigilantes por si a los responsables del PP se le ocurre pasarse de pluralismo invitando sus programas a algún liberal. La cuestión es mantener al engendro inútil con aliento suficiente hasta que lleguen los Pablemos, los únicos que tienen claro qué quieren hacer con RTVE.

Las grandes empresas no pagaron el 5,3% en 2012

Como ya sucediera en el ejercicio fiscal de 2011, año en el que se nos dijo que las grandes empresas españolas apenas pagaron en impuestos el equivalente al 3,5% de sus beneficios, la desinformada y desinformadora milonga ha vuelto a golpearnos con fuerza en el ejercicio fiscal de 2012: según se nos ha contado, las megaempresas españolas apenas pagaron en impuestos el 5,3% de sus beneficios. A la luz de estas cifras, algunos reputados economistas incluso se han lanzado a una piscina sin agua para calificar a España de paraíso fiscal.

La realidad, sin embargo, sigue siendo tan tozuda como lo fue en 2011: las grandes empresas españolas no pagaron el 5,3% sino mucho más. Concretamente, el 22,9%. Vamos a explicarlo.

¿De dónde sale la cifra del 5,3%?

La impactante cifra de que las grandes empresas españolas apenas pagan el 5,3% de impuestos deriva del Informe Anual de Recaudación Tributaria del año 2013: según la Agencia Tributaria, los holdings de empresas radicados en España obtuvieron en 2012 unas ganancias contables de 77.106 millones de euros por los que apenas abonaron unos impuestos de 4.110 millones de euros. Esos 4.110 millones de euros sobre los 77.106 millones de ganancias son el famoso 5,3% de marras.

Sin embargo, como ya explicamos para el caso de 2011, estas cifras se malinterpretan en dos sentidos. El primero es que los 4.110 millones de euros se refieren al Impuesto de Sociedades pagado por estas compañías en España, mientras que los 77.106 millones son los beneficios que han obtenido en España y en el resto del mundo: esto es, los impuestos que estas empresas abonen en el extranjero por sus ganancias cosechadas en el extranjero no figuran en los 4.110 millones. Pero ello no significa que estas compañías no paguen Impuestos de Sociedades en el extranjero: de hecho, justamente por esta razón, el Impuesto de Sociedades español incluye deducciones y exenciones por doble tributación internacional que, en consecuencia, minoran la base imponible sobre la que se paga el tributo en España.

El segundo elemento que suele malinterpretarse es que los 77.106 millones son los resultados contables positivos no consolidados. Un holding es un grupo de empresas que consolida sus pérdidas y ganancias y que, por tanto, paga impuestos sobre el resultado consolidado. Por ejemplo, si un holding está compuesto por dos compañías y una de ellas gana 100 millones de euros mientras que la otra pierde 60 millones, el holding pagará impuestos sobre 40 millones: si el tipo de Sociedades es del 25%, pagará 10 millones al fisco; en cambio, en el informe de la Agencia Tributaria los resultados positivos son previos a la consolidación: es decir, al holding de nuestro ejemplo se le imputarían unos beneficios de 100 millones… y como sólo paga 10 millones de impuestos se concluiría que el tipo medio sobre Sociedades es del 10% (cuando en realidad es del 25%). Por tanto, la cifra de 77.106 millones también debe corregirse mediante los llamados “ajustes por consolidación”.

¿Cuál es el auténtico tipo efectivo?

Efectuadas estas matizaciones, ¿cuántos impuestos pagan realmente las grandes empresas españolas por sus ganancias mundiales? Podemos estimarlo para el caso de las compañías del Ibex 35 acudiendo a sus cuentas anuales consolidadas. De este modo, en la siguiente tabla recogemos los beneficios antes de impuestos así como el Impuesto de Sociedades abonado por cada una de estas empresas. Es fácil observar que el tipo soportado por la mayoría de empresas con beneficios supera el 20%: no en vano, el tipo medio efectivo de aquellas empresas con beneficios es del 22,9%… más de cuatro veces la cifra que se recoge en el informe de la Agencia Tributaria y que la mayoría de medios de comunicación no se cansan de repetir (si calculáramos el tipo medio de todas las empresas del Ibex, incluyendo a aquellas que tienen pérdidas, alcanzaríamos la tenebrosa cifra del 37,8%). De hecho, la única compañía que verdaderamente pagó el 5,3% de impuestos en 2012 fue Mediaset: uno de esos conglomerados de medios de comunicación dedicados a divulgar la falsedad de que las grandes empresas apenas soportan carga fiscal alguna.

Compañía

Beneficio antes de impuestos en 2012

(millones de euros)

Impuesto de Sociedades en 2012

(millones de euros)

Tipo efectivo

Abengoa

48,9

-122,6

 

Abertis

1.176,3

93

7,9%

Acciona

246

61

24,8%

Acerinox

-18,7

13,2

 

ACS

-2.515

-1.003

 

Amadeus

668,6

213,4

31,9%

ArcelorMittal

2.030

668,1

32,9%

BBVA

1.659

-275

 

Banco Sabadell

-302

-398

 

Banco Popular

-3.491,7

-1.030,7

 

Banco Santander

3.549

575

16,2%

Bankia

-21.545,1

-3.238,7

 

Bankinter

154,1

29,5

19,1%

BME

191,6

56,1

29,3%

Caixabank

-62

-291

 

DIA

255,6

101,8

39,8%

Ebro Foods

247,9

89,4

36,1%

Enagas

542,7

163,2

30,1%

Endesa

3.824

1.053

27,5%

Ferrovial

754

108

14,3%

FCC

1.039,4

164,2

15,8%

Gamesa

589,2

87,8

14,9%

Gas Natural

2.963

838

28,3%

Grifols

387,9

132,5

34,2%

Iberdrola

3.075

206,5

6,7%

Inditex

3.130,9

763,9

24,4%

Indra

163,3

35,7

21,9%

IAG

-997

-112

 

Mapfre

1.372

396,5

28,9%

Mediaset

52,3

2,8

5,3%

OHL

396,8

180,3

45,4%

Red Eléctrica

680,5

188,3

27,7%

Repsol

3.546

1.581

44,6%

Sacyr Vallehermoso

-1.365,8

385,7

-28,2%

Técnicas Reunidas

157,7

21,4

13,6%

Telefónica

5.864

1.461

24,9%

Un 22,9% de Impuesto de Sociedades sobre beneficio contable es, por cierto, más de lo que, según la propia Agencia Tributaria, pagaron las pymes en el año 2012: el 16%. También son 3,5 puntos más de lo que esas mismas empresas pagaron como media en el año 2011. Por consiguiente, lejos de vivir en un paraíso fiscal donde las grandes empresas cada vez contribuyen menos al fisco, nos hallamos inmersos en un infierno fiscal que Montoro no ha hecho más que avivar con el cómplice silencio de muchos periodistas y economistas.

Ojalá las empresas y las familias españolas pagaran solamente un 5% de impuestos. Lejos de ser una utopía, se trata de un marco de convivencia perfectamente asequible. Pero España, por desgracia, se encuentra muy alejada de ese escenario: tanto más cuantas mayores mentiras sobre nuestra verdadera situación tributaria se sigan divulgando.

Por una política energética competitiva

“Industry will gradually lose its competitiveness if this course of increasing subsidies is not reversed soon”, Kurt Bock, CEO Basf 

El posible nombramiento de Miguel Arias Cañete como comisario de energía y acción climática puede ser una buena noticia para España y la Unión Europea, que se enfrentan a retos muy importantes en el campo energético. El nuevo comisario aporta la experiencia de un país que ha llevado a cabo algunos de los experimentos más desastrosos en energía –la enorme sobrecapacidad y coste creados por estimaciones optimistas- y que, a la vez, ofrece un amplio conocimiento en gestión de crisis de suministro –muy relevante en un entorno inestable con Rusia-. Es un puesto de vital importancia, ya que Europa debe afrontar la salida de la crisis desde la mejora de la competitividad y la seguridad de suministro.

Europa debe atajar y poner en orden una política energética que se ha olvidado de empresas y familias y que, ante el objetivo de “ser los más verdes de la clase”, se ha olvidado de los costes y la competitividad.

Las empresas y familias europeas no pueden seguir cargando con los costes de los errores de planificación y la generosidad en subvenciones con el dinero de los demás, porque la situación es dramática.

En Europa, los costes de la electricidad son en media un 50% más altos que en EEUU y el gas industrial, casi un 75%. Entre 2005 y 2012, gracias a la revolución del fracking, los precios del gas en EEUU caían un 66%, mientras en Europa subían un 35%. A su vez, en EEUU la electricidad bajaba un 4% y en Europa se disparaba un 38%. Es la diferencia entre una política energética que promueve la eficiencia y la sustitución por bajos costes, con unas medidas que promueven la sustitución forzada desde el subsidio.

Las empresas europeas son algunas de las que más pagan por electricidad y gas de la OCDE. Una empresa industrial alemana de tamaño medio paga el doble por la electricidad que una homóloga en Texas, según Ecofys. La media del sector industrial español paga más de dos veces lo que sus comparables americanas.

Las políticas “verdes” y el desarrollo de las renovables han permitido que el precio de la electricidad mayorista baje; pero entre primas, costes fijos y subvenciones, los precios a los consumidores se han disparado. Por ejemplo, en Alemania los precios de generación han bajado casi un 38% desde 2005 y la factura eléctrica media ha subido un 60%. Un error que destruye empleos y empresas y que hay que atajar. En países como España hay que distinguir, por ejemplo, entre eólica, que supone un 20% de la energía generada en 2013 y un 19% del coste, y las solares, que suponen solo un 5% de la energía producida y un 20% del coste total de generación.

La Unión Europea supone menos de un 14% de las emisiones de CO2 del mundo, pero el 100% del coste. Curiosamente, y a pesar de las políticas verdes subvencionadas de la UE, en Estados Unidos se han reducido las emisiones de CO2 desde 2005 un 12%, hasta niveles de 1994, una reducción más relevante que la de Europa.

Todos estos problemas redundan en una menor producción industrial, mayor deslocalización, dificultades para competir y, por supuesto, menor empleo.

Por estos motivos, la política energética de la Unión Europea debe atender a los principios de seguridad, diversificación y competitividad.

Por un lado, seguir apostando por renovables sin pasarle la factura a empresas y familias. Las subvenciones deben acabarse, y cambiar un sistema de primas –coste inmediato- por uno de incentivos fiscales –solo se genera beneficio fiscal cuando hay demanda y es solvente-, como en EEUU. Así se evitan los errores de planificación a la hora de estimar demanda, primas y costes, y no hay que pasarlo a los sufridos bolsillos de los consumidores.Todos los años oigo que “el año que viene la tecnología X o Z va a ser competitiva”. Y cada vez que lo oigo, sube la factura de la luz. Tras casi una década de subvenciones, las tecnologías solares y eólicas, promovidas por muchas empresas europeas punteras, son competitivas en algunos países, como EEUU, sin subvenciones. Venir a casa y exigir que se sigan dando primas es, cuando menos, sospechoso.

Atender el problema de sobrecapacidad. Europa no puede querer ser la más verde y a la vez subvencionar carbón ineficiente, sostener tecnologías con pagos de capacidad innecesarios, pagos por interrumpibilidad injustificados o mantener subsidios al exceso de capacidad productiva, con márgenes de reserva superiores al 17% o en España, los ricos somos así, del 40%. Y todo ello pagado por los consumidores.

Sustitución, no acumulación. No se puede permitir nueva capacidad de generación cuando los consumidores pagan los excesos acumulados. La nueva generación debe venir por sustitución, y dicho cambio se debe hacer por menores costes. La política de nuevo rico de sustituir energía barata por cara aludiendo a la excusa de las “externalidades” nos ha llevado a hundir nuestra capacidad de competir. Ya saben ustedes que “externalidad” es todo aquel coste imaginado que nadie ve pero que justifique que me paguen subvenciones mayores… con el bolsillo de todos ustedes. Mientras tanto, los costes reales, los de la acumulación de subvenciones y gastos “por si acaso”, nos llevan a destruir tejido productivo y empleos.

Solucionar el problema de la seguridad de suministro, desarrollando las fuentes de energía autóctonas –gas pizarra, petróleo, renovables-, además de profundizar en la interconexión que permita que países como España, que son “hubs” –centros de concentración de diversidad de suministro- puedan contribuir a reducir la dependencia de Rusia u otros países, a través de los distintos centros de almacenamiento y regasificacion de gas natural licuado.

No demonizar tecnologías de manera regional e ideológica. El ciudadano debe saber que sustituir la energía nuclear y el gas por renovables supondría, como comentaba el presidente de la CMC, un aumento de la factura eléctrica descomunal. Recordemos que la media de precio de generación con renovables se encuentra hoy en 68 euros/mwh, “solamente” el doble del precio mayorista en Alemania, y el 36% más que el español.

Es ridículo echarle la culpa a los “oligopolios”. En Europa todos los sistemas son marginalistas y gestionados por dos o cuatro grandes empresas. Los precios de la electricidad en 2003 eran de los más bajos de la OCDE con esas mismas empresas y hoy son de los más altos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la factura final que usted y yo pagamos ha pasado a cargarse de todo tipo de conceptos fijos. En España más del 62% son costes regulados, impuestos y subvenciones, todos controlados y decididos desde el estado. La media en Europa es un 54% de costes regulados, impuestos y subvenciones.

La política energética no puede ser de “mi jardín”. Pretender eliminar las centrales nucleares cuando tenemos a pocos kilómetros, en Francia, decenas de reactores nucleares, es ridículo. Mientras la energía nuclear sea competitiva, eficiente y segura, hay que seguir aprovechándola – y no me pongan casos de islas de alta actividad sísmica para criticar lo que no pasa en Alemania o España-.

El reto de la política energética europea es apasionante. Tenemos los cimientos para convertir Europa en una potencia mundial competitiva, autosuficiente y con tecnologías eficientes.

La sustitución se debe hacer igual que el petróleo acabó con el aceite de ballena. No porque lo decidió un comité, sino porque el coste era menor.

Los errores de 2007 empezaron con las estimaciones optimistas de crecimiento de demanda, con errores de hasta el 35%. Y así se llegó a la primera vez en la historia desde la revolución industrial en la que los gobiernos incentivaban el sobrecoste. La decisión de Europa de sustituir energías baratas por caras nos ha costado muchos empleos y mucha perdida de industrias.

La garantía de suministro se debe conseguir, igualmente, desde un mix energético flexible y diversificado a la vez que barato y eficiente. No desde la subvención, sino desde los incentivos fiscales que evitan los “efectos llamada” al calor del dinero fácil y previenen los excesos de capacidad.

La energía es el pilar fundamental del futuro de Europa. Hundir nuestra competitividad con costes de burbujas y gastos de “por si acaso” nos lleva a agrandar el agujero. Sin embargo, contamos con las herramientas, usando todas las tecnologías y sin maniqueísmos ideológicos, para garantizar un suministro abundante y barato. Todo lo demás nos lleva a repetir los errores del 2007.

Cómo crear o conservar un Estado sin morir en el intento

Érase una nación, o parte de ella, en busca de un Estado. No sucedió. A veces no sucede. Escocia, como sabemos, se mantendrá dentro del Reino Unido. ¿Por cuánto tiempo? Ya eso no es tan claro. Los Estados, especialmente los plurinacionales, son construcciones artificiales flexibles. Mudan sus fronteras, aparecen y desaparecen, cobran importancia o se vuelven insignificantes.

Irlanda, que una vez formó parte del RU, poco a poco, tras ciertos episodios de extrema violencia, fue separándose del conjunto británico a lo largo del siglo XX, hasta que en 1949 constituyó una república totalmente independiente, a la que le ha ido, por cierto, muy bien. Hoy Irlanda, tras su profunda transformación liberalizadora, tiene un PIB per cápita de 41.300 dólares y el Reino Unido sólo llega a 37.300.

La lección fue contundente. El sangriento trauma de la independencia irlandesa sirvió para que Londres afrontara el riesgo escocés de secesión de una manera diferente, mucho más razonable. Las rupturas, ya se sabe, siempre son desagradables, pero pueden ser pacíficas y con arreglo a la ley. Afortunadamente, el país no se volvió a quebrar, acaso, precisamente, porque todos se acogieron a un modo legal de solucionar la disputa.

Tal vez por eso es muy importante que las Constituciones contengan cláusulas que establezcan y regulen la posible separación de las regiones. De la misma manera que existe la ley de divorcio para disolver el vínculo matrimonial cuando una persona desea extinguir sus relaciones conyugales, los Estados deberían contemplar esa amarga posibilidad en su legislación. Ahorraría mucho dolor e, irónicamente, en muchos casos prolongaría las uniones, en lugar de precipitar la ruptura.

¿Cómo deberían ser esas normas? Tal vez, las tres más urgentes serían éstas:

1) Tendrían derecho a solicitar la secesión las regiones con cierta entidad histórica, previamente señaladas en la Constitución, en las que sólo voten los mayores de edad radicados en ese territorio. La idea es cerrar el paso a los arrebatos separatistas, como cuando la ciudad o cantón de Cartagena, en Murcia, en el sur de España, se declaró independiente en 1873 y pidió la anexión a Estados Unidos.

2) No bastaría con una victoria. Serían necesarias dos consultas, acaso separadas por una década, para demostrar que el resultado de las urnas no es el producto de una coyuntura, sino de una tendencia social claramente arraigada y sostenida intergeneracionalmente.

3) Tampoco bastaría una mayoría simple. Sería necesaria una mayoría calificada de, por ejemplo, el 60% de los sufragios o del padrón electoral. La superstición aritmética de que el 50% más uno legitima cualquier decisión no siempre es acertada. Ese uno a las 24 horas puede cambiar de opinión. La democracia es un método para tomar decisiones colectivas que se sustenta en la regla de la mayoría, pero la definición legal de mayoría puede cambiar para que el método dé resultados y no resulte contraproducente. La existencia misma del concepto mayoría calificada demuestra que la democracia es un instrumento, no un fin en sí mismo.

Es urgente crear un marco legal que evite el surgimiento de la violencia. Algunos de los peores conflictos que ha conocido la especie humana se originan en la constitución y en la disolución de los Estados.

¿Cuánta sangre costó, recientemente, la desaparición de Yugoslavia y el surgimiento de media docena de naciones, entre las cuales, al menos una, Kosovo, todavía está en medio del parto? ¿Qué sucede en Ucrania? ¿Cómo será el difícil establecimiento del Estado kurdo, dado que la nación kurda –25 millones de habitantes remotamente originados en la cultura persa– vivaquea entre Turquía, Irak, Irán y Siria? ¿Cómo será ese terrible estallido en el mundo islámico? (Los kurdos, como buenos persas, suelen decir: "Una palma no es un vegetal, un camello no es un animal y un árabe no es un ser humano").

Como Estados Unidos contaba con un procedimiento (más o menos opaco) para formar parte de la Unión Americana –lo que le ha permitido llegar a los 50 Estados desde los 13 originales–, pero no un modo de salida, en el siglo XIX debieron sufrir una espantosa guerra, cuyo costo en vidas humanas norteamericanas ha sido mayor que el de cualquier guerra anterior o posterior en la que el país haya participado.

En suma, si sabemos que los Estados, como las personas, están sujetos a cambios y, al final, a la muerte inevitable, busquemos la manera de acomodar esos cambios y, en su momento, aprendamos a enterrarlos dignamente. RIP.

elblogdemontaner.com

El principal riesgo de España es su Gobierno

Dice el ministro de Economía, Luis de Guindos, que España no es inmune a la ralentización de la Eurozona: que ése, el parón de nuestros socios monetarios, es el principal riesgo que afronta nuestro país. Las declaraciones son remarcables porque suponen el primer jarro de agua fría que el propio Gobierno lanza sobre su habitualmente desaforado broteverdismo, o más bien sobre su apadrinado raizvigorosismo.

Pero, a diferencia de lo que llega a reconocer Luis de Guindos, el principal problema del estancamiento comunitario no es que el crecimiento español vaya a sufrir: el principal problema es que, por mucho que lo niegue el ministro de Economía, todavía no hemos corregido la mayoría de nuestros desequilibrios domésticos, por lo que un frenazo de nuestras perspectivas de expansión podría degenerar en un mazazo multiplicado sobre nuestra estabilidad financiera.

A la postre, una economía con un déficit del 6% del PIB, una deuda pública del 100%, un inexistente superávit por cuenta corriente, una deuda exterior del 100% y una tasa de paro del 24% constituye un cóctel absolutamente letal: no sólo nuestra expansiva deuda se antoja cada vez menos pagadera, sino que además los factores productivos que deberían estar generando riqueza para poder empezar a amortizarla se hallan desempleados. Es verdad que algunos de nuestros desequilibrios sí se han corregido en parte (el precio de la vivienda está mucho menos inflado que en 2007, el endeudamiento de familias y empresas ha experimentado un intenso proceso de saneamiento y la solvencia de nuestras entidades financieras, aun a costa de saquear a los contribuyentes, ha mejorado durante los últimos años), pero la parcial corrección de tales desequilibrios no basta para que el país vuelva a ser viable.

Así, las dos únicas razones por las que "los mercados" han venido echando ingentes cantidades de capital en la refinanciación de nuestros pasivos (hasta el punto de que los tipos de interés de la deuda pública española se hallan en mínimos históricos) han sido, por un lado, el rescate por la puerta de atrás que Mario Draghi orquestó en julio de 2012 y, por otro, las progresivamente mejores perspectivas de crecimiento de la economía española. Ahora, Luis de Guindos nos informa de que uno de estos dos pilares puede empezar a tambalearse, lo que podría obligar a redoblar la apuesta del BCE para apuntalar el otro (entiéndanse los recientes movimientos de Draghi en ese sentido), tensando la paciencia de los gobernantes alemanes… o, mejor dicho, de la opinión pública alemana (que eventualmente podría terminar diciendo basta).

No es una predicción de lo que va a suceder –los economistas no somos oráculos–, pero sí es una advertencia de lo que podría terminar sucediendo. Desde que buena parte de los españoles se contagiaron del optimismo raizvigorosista del Gobierno, unos pocos hemos venido alertando de que los desequilibrios de la economía española estaban muy lejos de haberse remediado y que, mientras tanto, los riesgos de una recaída al estilo de la vivida en 2012 seguían presentes.

El propósito de tales advertencias no era el de adoptar una antipática pose de Pepito Grillo cenizo, sino evitar caer en una autocomplaciente parálisis: que el BCE nos hubiese sacado de la quiebra en 2012 y que, en consecuencia, iniciáramos una etapa de rebote no significaba que el déficit público hubiese dejado de ser un problema, que nuestro mercado de trabajo se hubiese liberado de sus tradicionales rigideces, que no padeciéramos una pertinaz carestía de ahorro o que mágicamente los sectores regulatoriamente oligopolizados se hubiesen abierto a la competencia. En suma, nada de lo anterior significaba que el tiempo y la necesidad de las reformas hubiesen terminado: al contrario, sólo significaba que desde fuera nos habían dado más tiempo para hacer las reformas que previamente nos habíamos negado a hacer.

Pero Rajoy, al igual que Zapatero, optó por dormirse en los laureles de la burbuja de la financiación barata. Cuando la prima de riesgo dejó de alertar del desastre inminente, la reducción del gasto y las liberalizaciones desaparecieron de su agenda. Más bien al revés: tanto el Gobierno nacional como los autonómicos se embarcaron en un irresponsable populismo fiscal orientado a la caza de votos.

Que el ministro De Guindos nos informe ahora de que el crecimiento español se verá necesariamente lastrado por el estancamiento comunitario es un problema no tanto por las décimas de expansión del PIB que dejemos de contabilizar cuanto por la fragilidad que sigue caracterizando a nuestra economía debido a la total ausencia de reformas orientadas a subsanar sus desequilibrios. Nuestro principal factor de riesgo, pues, no viene de fuera, sino de dentro: de un Gobierno que se ha negado a aprovechar los últimos dos años de estabilidad financiera para efectuar con sosiego pero sin freno los ajustes que seguimos necesitando con urgencia. Si volvieran a pintar bastos, las culpas no habría que echárselas a la gripada locomotora europea, sino al dontancredismo de La Moncloa.

Apostar por la industria

Leí en Cinco Días que las federaciones de Industria de UGT y CCOO enviaron al ministro José Manuel Soria un decálogo de propuestas recogidas en un documento con un título convencional: La reactivación de la industria: un reto de futuro.

El contenido del documento también es convencional, e inquietante. Estos señores creen saber cuánto tiene que pesar la industria en el PIB español. Actualmente es el 16%, y los sindicalistas saben que tienen que subir al 20%. Lógicamente, no tienen ni la menor idea de por qué ha de ser esa cifra y no otra. Eso sí, lo que afirman sin asomo de duda es cómo se alcanza ese paraíso: con menos libertad y menos derechos para las trabajadoras y los trabajadores. Exigen que "el sector público ejerza el liderazgo en la nueva apuesta por la industria", como si no tuviéramos suficiente teoría ni suficiente práctica sobre lo que significa apostar con dinero ajeno, y lo que cuesta el liderazgo de los políticos y los burócratas en la industria y en cualquier otra actividad.

Y será necesario y venturoso aumentar el gasto público, es decir, crujir al pueblo con aún más impuestos. Es verdad que eso a veces topa contradictoriamente con las reglas de otros burócratas, pero los señores sindicalistas tienen la solución: reclamar que se "reconsideren los parámetros de cálculo de la cifra de déficit público, dejando fuera del mismo la inversión pública productiva". ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?

Están, claro que sí, muy preocupados por, como diría Barbie, que "fluya el crédito". Y ¿a que no adivina usted qué se les ha ocurrido para que fluya y fluya y fluya? Pues claro que sí: "La creación de una banca pública".

Es verdad que durante años fueron responsables destacados del desgobierno de las cajas de ahorro, la banca pública en España. Pero, en fin, pelillos a la mar. Y eurillos, aún más.

Hablando de eurillos, esta semana tuvimos una noticia inquietante en el mismo sentido industrializador: el Gobierno… tiene un plan para relanzar la industria. También él quiere que la industria pese en el PIB un 20%. Los sindicatos, por su parte, están bastante molestos porque el Gobierno no aclara el grado en que va a volver a quebrantar los derechos de los ciudadanos. Más aún, leí, también en Cinco Días, que según los sindicalistas esto del Gobierno es un "mero alegato" que no precisa los "recursos" (obviamente, ajenos). Ojalá sean sólo palabras y no más acoso a las carteras de los ciudadanos. Pero es de temer lo contrario.

Por qué defiendo el Toro de la Vega

Vaya por delante que no me gusta el Toro de la Vega, condeno sin ambages el maltrato animal y ni siquiera soy aficionado a los toros, pero defiendo enérgicamente que los vecinos de Tordesillas celebren todos los años, si así lo desean, este histórico festejo, cuyo origen se remonta siglos atrás. Y la razón, por raro o extraño que parezca, no es el respeto a la tradición o a la cultura de un determinado pueblo, como alegan muchos, sino la defensa acérrima de mi libertad, ya que éste es el bien más valioso que posee el hombre y su vulneración, por mínima que sea, conduce, siempre y en todo lugar, hacia la senda de la intolerancia, la represión y la miseria.

El siempre polémico Torneo del Toro de la Vega acabó este año ensangrentado, y no, precisamente, por la habilidad del lancero a la hora de matar el animal, que también, sino porque los asistentes al festejo y los manifestantes que pretenden prohibirlo acabaron a pedradas durante su celebración.

Las protestas de los animalistas, amplificadas a través de las redes sociales y los medios de comunicación, han retumbado tan fuerte en esta ocasión que el debate ha acabado trasladándose a la arena política, hasta el punto de que el PSOE presentó el pasado jueves en el Congreso una iniciativa para impedir el "maltrato animal" en los espectáculos y fiestas populares que se celebren en todo el territorio nacional. 

Así pues, en caso de prosperar ésta o cualquier otra propuesta legislativa similar, el Estado se arrogará una nueva competencia por la cual podrá prohibir el Toro de la Vega, pero -cuidado- también otras muchas tradiciones en las que participan animales, como el Toro Embolado, el de Coria, el de San Juan, los toros enmaromados típicos de numerosos pueblos de España, y tantos otros festejos en los que, de una u otra forma, el toro forma parte intrínseca de la celebración.

Llegados a este punto se habrán dado cuenta de que, en última instancia, y puesto que el argumento empleado no es otro que el"maltrato animal", el Estado gozaría de plena potestad para prohibir los encierros -véanse los Sanfermines de Pamplona- y, por supuesto, la tauromaquia, tal y como ya ha sucedido en Cataluña. Sí, sí, como oyen… Tarde o temprano, adiós a la fiesta nacional.

La clave de este asunto, como casi todos, radica en la ideología sobre la que se asientan los argumentos que esgrimen los animalistas, y cada vez más políticos, para exigir la prohibición del Toro de la Vega hoy, pero otras muchas más cosas mañana. Y el fundamento no es otro que el reconocimiento de "derechos" a los animales. No en vano, el Parlamento de Cataluña se agarró a este particular concepto para prohibir las corridas de toros en dicha región. Y ello, sobre la base de que el toro "es un animal mamífero con un sistema nervioso muy próximo al de la especie humana, lo que significa que los humanos compartimos muchos aspectos de su sistema neurológico y emotivo".

He ahí el núcleo de la sesuda argumentación para acabar con los toros en Cataluña. El toro padece en la plaza de forma similar a como sufriría un hombre, ergo, las corridas quedan prohibidas. No hay más. Por esa regla de tres, aplicando el mismo razonamiento, la Generalidad también debería prohibir la venta de matarratas y la experimentación de roedores en laboratorios, ya que la rata comparte el 90% de los genes del hombre. Además, también son mamíferos y, por supuesto, sufren cuando se les hace daño. Aunque suene a broma, no lo es. En el fondo, esto es lo que subyace en la ideología animalista que profesan los detractores del Toro de la Vega.

Todo gira en torno a un único punto: "Los animales tienen derechos" de forma muy similar al hombre, hasta el punto de equiparar a ambos en ciertos aspectos. Así, desde su perspectiva, lo único que hace a un ser digno de protección moral y jurídica es la capacidad de sentir, ya sea dolor o placer, y, por tanto, los animales son "sujetos de derecho", tal y como defiende Peter Singer, uno de los grandes precursores del movimiento animalista y autor de la obra Liberación Animal. Entre otras cosas, Singer afirma que conceder una protección legal inferior al hombre a seres que padecen dolor por el mero hecho de tener alas o pelaje no es más justo que discriminar a un ser humano por el color de su piel.

Por ello, el llamado animalismo está en contra tanto de las corridas y los espectáculos de toros como de los circos, la experimentación médica y científica con animales, las granjas agroalimentarias, la explotación ganadera, la compraventa de mascotas -los animales no son cosas y, por tanto, no pueden ser propiedad de nadie- y, en última instancia, en contra de que los animales sirvan de comida al hombre, de ahí que propugnen el vegetarianismo y el veganismo -no consumen ningún producto de origen animal, incluyendo leche, huevos, miel, etc.-.

El partido animalista en España (Pacma), uno de los principales impulsores de la campaña en contra del Toro de la Vega, lo explica a la perfección en su web y en su programa electoral. Así, su objetivo es prohibir los toros y todas las tradiciones similares, pero también acabar con la experimentación animal, la caza y la pesca deportivas, el uso y la venta de pieles, la compraventa de mascotas, los circos con animales, así como imponer fuertes restricciones a la industria agroalimentariao prohibir el foie-gras, entre otras muchas medidas.

En este sentido, basta señalar que el Pacma considera que las granjas de explotación avícola, porcina y ganadera "son auténticos campos de concentración", comparando el sacrificio de animales para alimentación con el genocidio de seres humanos, lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta que esta formación emplea el término "individuo" para referirse a los animales y "masacre" para aludir a la explotación agroalimentaria. Por el momento, los animalistas no se atreven a defender abiertamente la prohibición general de comer carne y pescado, y si no lo han hecho aún es, simplemente, porque saben que tal despropósito sería frontalmente rechazado por la inmensa mayoría de la población… Pero, tiempo al tiempo, porque ganas no les faltan.

Y lo grave es que el argumento jurídico que serviría mañana para imponer por ley el veganismo es el mismo que blanden hoy animalistas y ciertos políticos para prohibir el Toro de la Vega y las corridas taurinas. Aquí no se cortan, puesto que ya cuentan con un cierto apoyo popular, mientras que en el tema del vegetarianismo aún están muy lejos de conseguirlo, de ahí que, por el momento, aboguen por la "sensibilización social" para que el consumo de carne y pescado disminuya de forma progresiva con el tiempo. No en vano, si se parte del hecho de que el animal es un sujeto de derecho equiparable en ciertos aspectos al hombre, comer animales es casi un acto de canibalismo. Tal y como explica Pacma, "resultaría esquizofrénico estar luchando por los derechos de los animales y comiéndoselos por otro lado".

La raíz del problema es que parten de un error básico: sólo el hombre es sujeto de derechos, y la mera capacidad de sentir dolor no es razón suficiente para ello; sólo el hombre es un ser autoconsciente, capaz de reflexionar sobre sus pensamientos y su propia existencia, de enjuiciar sus juicios y de valorar conscientemente sus actos; sólo el hombre, en definitiva, es un ser moral, con capacidad de decidir libre y responsablemente y, por ello, está dotado de forma natural de derechos y deberes. Equiparar a los animales con el hombre es negar la humanidad misma.

Defiendo el Toro de la Vega, en definitiva, porque defiendo mi libertad, porque ningún otro ser, a excepción del hombre, es sujeto de derechos y porque admitir tal aberración jurídica y moral abriría las puertas de par en par a la prohibición de todo tipo de fiestas tradicionales, encierros, corridas de toros, investigaciones médicas y farmacológicas… Y, en última instancia, la explotación agroalimentaria y el consumo de carne, pescado y demás productos de origen animal. Si se admite lo primero -prohibir el Toro de la Vega-, se admite el resto.

Soy contrario al Toro de la Vega, no me gusta dicho festejo y, por tanto, no participaré ni contribuiré de ningún modo a su mantenimiento, pero respeto el derecho y la libertad de los vecinos de Tordesillas a mantener su tradición, a diferencia de los animalistas y políticos que pretenden imponer su voluntad, gustos y criterios sobre el resto. El Toro de la Vega desaparecerá el día que no haya lanceros dispuestos a matar el toro y la tauromaquia cuando el público deje de asistir a las corridas, sin necesidad de decretos dictatoriales inspirados en animalismos colectivistas.

Si los animalistas quieren acabar con esas prácticas que lo hagan con la fuerza de los argumentos, el convencimiento y la "sensibilización social" que emplean hoy para extender el vegeterianismo, no imponiendo por la fuerza a los demás su particular modo de ver el mundo. Yo respeto su estilo de vida y jamás les obligaría a asistir a una cacería o a una corrida, respeten ustedes el derecho de los demás a poder hacerlo siempre y cuando no perjudiquen a nadie. Y por nadie me refiero a personas, que son los únicos sujetos de derechos, no a animales, que carecen de ellos.

Suecia: ¿el fracaso de la educación privada?

Los resultados electorales del pasado domingo en Suecia arrojaron una estrecha victoria para los socialdemócratas (43,7% de los votos) frente al supuesto centro-derecha, que obtuvo el 39,1% de los sufragios. Pese a la nimiedad de la diferencia entre ambas opciones políticas, no han sido pocos los que se han apresurado en sentenciar que esta derrota del centro-derecha sueco ilustra el fracaso de las reformas liberalizadoras y privatizadoras emprendidas por el ex primer ministro, Fredrik Reinfeldt: fracaso especialmente visible en el ámbito de la educación.

A la postre, la calidad del sistema educativo sueco —acreditada, por ejemplo, a través de sucesivos informes PISA— ha venido hundiéndose desde que a comienzos de los 90 (por ejemplo, en el año 2000, Suecia obtuvo una puntuación en matemáticas de 510 puntos, frente a los 478 de 2012), momento en el que se reformó el sistema educativo para permitir la apertura de escuelas privadas (escuelas independientes, tal como son conocidas) financiadas con cargo al presupuesto público: un modelo muy similar a las escuelas concertadas españolas. De la correlación, pues, pasamos a la causalidad: dado que el deterioro de la calidad educativa coincide temporalmente con la apertura de centros concertados, entonces la calidad educativa se ha deteriorado porque se han abierto centros concertados. No sólo eso, a juicio de muchos el fracaso de la privatización sueca ya permite demostrar indubitadamente que el modelo privado no funciona en educación: una tesis más que discutible.

¿Privatización de la educación?

De entrada, conviene aclarar los términos: Suecia no ha privatizado la educación, únicamente se ha limitado a dar cabida a las escuelas concertadas. Una escuela concertada no es una escuela privada en un entorno de libre competencia: es una escuela que el Estado sigue sufragando con cargo al dinero de los contribuyentes. Más que al capitalismo de libre mercado, la escuela concertada se aproxima al modelo de capitalismo corporativista (crony capitalism). Por tanto, como mucho la experiencia sueca ilustraría el fracaso del modelo corporativista en educación, pero no del capitalismo de libre mercado.

Sin embargo, ni siquiera ofrece suficiente evidencia de que el capitalismo corporativista fracase en educación. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple: sólo el 14% de los estudiantes suecos acude a escuelas concertadas; el otro 86% sigue acudiendo a la enseñanza pública. Las cifras de participación en la escuela privada o concertada se hallan, de hecho, por debajo de la media de la OCDE, donde alcanzan el 20%. Y los resultados medios de la OCDE en PISA superan a los de Suecia.

Es más, los países o regiones con un mayor porcentaje de alumnos en la escuela privada son Macao, Hong Kong, Holanda e Irlanda (todos ellos, con más del 50% de alumnos en la privada y, en el caso de Macao y Hong Kong, con más del 90%); países que se encuentra en lo más alto del informe PISA: baste decir que todos obtienen más de 500 puntos en las tres disciplinas que mide PISA (frente a los 485-478 de PISA), que Hong Kong supera a Finlandia en las tres materias y que Macao y Holanda la superan en matemáticas). Por tanto, la educación privada y concertada no está ni mucho menos reñida con una excelente calidad frente a la pública (de hecho, la concertada y la pública en el fondo no son tan diferentes: contenidos regulados por el Estado y financiación obtenida coactivamente del contribuyente).

De hecho, no olvidemos que incluso la privada y concertada española, una vez se la corrige por el distinto nivel socioeconómico de sus alumnos, obtiene resultados muy similares a los de la pública finesa. Por tanto, con estos contraejemplos difícilmente el fracaso de la educación concertada de Suecia ilustra siquiera el fracaso del modelo concertado (no hablo ya del modelo verdaderamente privado y libre).

¿Ha fracasado la escuela concertada en Suecia?

Sin embargo, en realidad, ni siquiera puede afirmarse con un mínimo de seguridad que el modelo sueco de escuelas concertadas haya fracasado. De entrada, es difícil hacer naufragar todo un sistema educativo con apenas el 14% del alumnado. Pero es que el propio informe PISA, de hecho, se manifiesta en contra de esta posibilidad: “En Suecia no existe ninguna diferencia significativa entre los estudiantes que acuden a las escuelas privadas y a las escuelas públicas, una vez ajustado su situación socioeconómica. Entre 2003 y 2012, la puntuación de las escuelas pública se deterioró en 33 puntos, mientras que la de las privadas cayó en una menor pero no significativa magnitud de 25 puntos”. Es decir, que las escuelas concertadas, si acaso, han contribuido a mejorar la nota media del sistema.

Esta misma conclusión se desprende de un reciente estudio del Ministerio de Trabajo sueco. Según el informe: “Hemos hallado que un aumento del porcentaje de escuelas independientes [concertadas] mejora los resultados medios en la última etapa de la escolarización obligatoria así como los resultados educativos de largo plazo. Estos hemos son muy robustos frente a otras posibles explicaciones como la inflación de notas o las tendencias previas a la reforma de 1992”. No parece demasiado verosímil que un tramo marginal de la educación sueca, que obtiene mejores resultados que el tramo público y que, en consecuencia, tiende a mejorar las calificaciones medias del sistema, sea el responsable del sostenido deterioro de su calidad.

Entonces, ¿a qué se debe este imparable hundimiento de la calidad del sistema educativo sueco? Sinceramente, carezco de una respuesta concluyente, pero hay otras explicaciones mucho más factibles que no suelen mencionarse en tanto no son tan fáciles de instrumentar políticamente.

Primero, empecemos por los factores que no parecen ser responsables: la culpa del deterioro educativo no la tiene la falta de gasto (Suecia gasta más de 95.000 dólares en formar un estudiante, el décimo país que más gasta de la OCDE y por delante de Finlandia); tampoco la aglomeración de estudiantes en las clases (las ratios de profesor-alumno y de alumno por clase están por debajo de la media de la OCDE); la tampoco la segregación curricular (todos los estudiantes siguen el mismo plan de estudios hasta los 16 años); tampoco las abusivas repeticiones de curso (solo un 4% de los suecos ha repetido alguna vez curso, frente al 12% de media en la OCDE); tampoco la inmigración (aunque la población inmigrante ha aumentado en los últimos años, caen tanto los resultados de los inmigrantes como de los nativos: es más, caen con mayor intensidad los de los nativos).

¿Qué otras explicaciones podrían explicar la diferencia? El menor número de horas escolares (un alumno de 15 años está 741 horas en clase, frente a las 942 de la media de la OCDE), la escasa disciplina que se vive en las aulas suecas (el 34% de los estudiantes comunica que sus compañeros impiden el normal desarrollo de las clases, frente al 28% de media de la OCDE), el absentismo/retraso de los alumnos (Suecia tiene el mayor porcentaje de la OCDE en retrasos de los estudiantes para llegar a clase: el 56% llegan tarde frente al 35% de media), la escasa implicación del profesorado en la formación del alumno (el 21% de las escuelas sufre de absentismo/retrasos del profesorado frente al 13% de media), los nuevos métodos pedagógicos implantados por el Estado a partir de 1992 o, sobre todo, la escasa autonomía de las escuelas suecas (sólo el 24% de las escuelas escoge el currículum frente a la media del 36% de la OCDE).

Cualquiera de las anteriores explicaciones resulta más factible que el escaso peso que exhibe la concertada: muy en particular, la menor autonomía con la que cuentan las escuelas suecas (pues la autonomía permite experimentar diversos tipos de métodos formativos y pedagógicos para comprobar cuál funciona mejor para cada estudiante o grupo de estudiantes en particular).

La educación, también cuestión de libertad y diversidad

Pese a todo lo anterior, imaginemos por un momento que una organización estatalmente castrense de la educación arrojara mejores resultados en competencias básicas como la aritmética, la lectura o la escritura que la educación privada y que además resultara más barato (en realidad, ni una cosa ni la otra: en España, por ejemplo, la educación es mala y cara). ¿Significaría ello que la educación pública es necesariamente superior a la privada? No: la educación no es sólo una cuestión de estrecha eficiencia técnica, sino también de libertad y diversidad.

Resulta en sí mismo valioso que los estudiantes (o sus tutores) puedan escoger aquellas materias curriculares y aquellos métodos pedagógicos que mejor se adapten a las necesidades de cada niño: ni todas las personas son iguales —no tienen las mismas habilidades, capacidades, gustos o aficiones— ni tiene sentido querer reducirlas proustianamente a un mínimo común denominador. Tampoco tiene sentido que se imponga a los estudiantes materias adoctrinadoras contra las que razonablemente podrían objetar en conciencia. La formación de las personas les corresponde, en primera instancia, a esas propias personas o a sus tutores: no al Estado.

Por consiguiente, si la demanda educativa exige libertad, variedad y heterogeneidad, la oferta deberá proporcionarlas. Pero una oferta diversa y libre no se consigue, por definición, planificando y encorsetando la diversidad y libertad, sino permitiendo la libre competencia de modelos de educación: es decir, privatizando la educación. Un sistema educativo libre y competitivo (con ayudas privadas y subsidariamente públicas a las familias de menor renta) es el mejor camino hacia una educación que enriquezca humana y profesionalmente a los alumnos. Suecia no es un ejemplo de esta educación libre y competitiva —no sólo porque el 86% de la educación sea pública sino porque, muy revelaradoramente, el homeschooling está enormemente restringido en Suecia— y solo por ello, al margen de los resultados de PISA, ya merecería un suspenso.

La deuda autonómica alcanza los 4.860 euros por habitante

El endeudamiento de las comunidades autónomas creció en más de 3.200 millones de euros en el segundo trimestre de 2014, según los datos ofrecidos por el Banco de España, situando la deuda autonómica global en 228.234 millones de euros, el 22,3% del Producto Interior Bruto español.

De esta manera, durante la crisis económica las autonomías han aumentado su deuda pública en 167.138 millones de euros, una realidad que cuestiona la presunta austeridad de las Administraciones Públicas, especialmente en el ámbito autonómico.


En el siguiente listado se desglosa la deuda por comunidades autónomas, así como la ratio de deuda por habitante de cada autonomía. La media de la deuda autonómica por habitante se sitúa en 4.860 euros. Por encima de la media están las comunidades de Cataluña, la más endeudada de todas con un reparto de más de 8.000 euros por cada catalán, seguida de Baleares, Valencia, Castilla la Mancha y Navarra.

El resto de comunidades autónomas se sitúan por debajo de la media española, con Canarias cerrando la tabla a razón de 2.578 euros de deuda por habitante.

Asturias, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Navarra son las únicas comunidades que han reducido su endeudamiento en este segundo trimestre de 2014. En el extremo contrario vuelve a destacar el ejemplo de Cataluña, la autonomía que más ha incrementado su deuda en los últimos tres meses contabilizados, con un aumento de 1.029 millones de euros.

Krugman se retrata: “Las burbujas económicas no son necesariamente malas”

En el año 2012, durante su visita a España, Paul Krugman declaró a Libre Mercado que "bromeaba cuando pidió que se crease una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos".

La hemeroteca parecía apuntar lo contrario, como vemos en sus artículos para el New York Times y otros medios de comunicación. Sin embargo, Krugman negó la mayor y declaró que esta polémica informativa reflejaba "el bajo nivel intelectual del debate económico actual".

Dos años después, Krugman vuelve a las andadas. Más concretamente, ha hecho las siguientes declaraciones a la revista de la Universidad de Princeton:

Las burbujas son malas en una economía que roza el pleno empleo, pues llevan a un mal uso de los recursos y alimentan la inestabilidad financiera. Sin embargo, en una economía en depresión, hasta un gasto poco calculado puede ayudar a crear empleo. Por eso, las burbujas no son necesariamente malas.

Krugman fue más allá y apuntó lo siguiente:

Hay razones para pensar que estamos viviendo en una era de persistente flaqueza económica. Esto significa que solamente sentiremos la prosperidad en periodos de burbujas.

La entrevista también deja algunas reflexiones llamativas. Así, en opinión del economista estadounidense, "aunque en los 90 existía un consenso en torno a la conveniencia de mantener la inflación en niveles del 2%, hoy yo defiendo que se sitúe en el umbral del 4%".

En este sentido, apuntó además que los tipos de interés "no están en niveles artificialmente bajos" y, de hecho, señaló que "ya que no hay pleno empleo, podríamos decir que los tipos son demasiado altos", algo curioso en un contexto cercano al 0%.

Duplicar el salario mínimo

Krugman también ha afirmado recientemente que "duplicar el salario mínimo, pasando de $8 a $15 dólares por hora, no tendría un efecto negativo en términos de empleo". En este sentido, llama la atención que allá por 1998, el Premio Nobel de Economía afirmaba tajante lo siguiente:

Cualquier estudiante de Primero de Economía sabe que subir los sueldos reduce la demanda de trabajadores, por lo que esto conlleva un aumento del desempleo. Es curioso que mucha gente de izquierdas lo ignora y pide grandes aumentos del salario mínimo.

Parece obvio que estos activistas quieren creer que el precio del trabajo puede fijarse según consideraciones de justicia y no de oferta y demanda. Ignoran los efectos secundarios que tienen estas recetas.