Con Hans-Werner Sinn llegó merecidamente la polémica: el director del centro de estudios Ifo ha colocado el dedo en la llaga al denunciar la perversa configuración hacia la que está avanzando Europa, a saber, hacia una mutualización centralizadora de la deuda combinada con una absoluta autonomía a la hora de emitir descentralizadamente esa deuda. Un canto irresistible a la irresponsabilidad más grotesca: los manirrotos Ejecutivos europeos se endeudan y los contribuyentes alemanes (y austriacos, y fineses, y holandeses) pagan con los platos rotos.

Ese es el razonable diagnóstico que, como decimos, efectúa el conocido economista alemán toda vez que Manuel Valls en Francia y Matteo Renzi en Italia acaban de anunciar que incumplirán deliberadamente sus compromisos de déficit para 2014. Normal, por tanto, que Sinn crea que ha llegado el momento de dar marcha atrás en la mutualización de la deuda europea para que cada país apechugue en solitario con ella sin trasladarle su coste a los alemanes: algo que básicamente implica cerrar el fondo de rescate intergubernamental MEDE, suspender la ventanilla de la OMT del Banco Central Europeo —con la que hace más de dos años salvó de la quiebra a España—, e incluso liquidar en oro los saldos deudores del sistema Target2 (préstenle la atención debida a este último punto: que Sinn reclame liquidar en oro los saldos deudores interbancarios de la Eurozona significa, en el fondo, que no confía en la supervivencia a medio-largo plazo del euro).

Todas ellas críticas pertinentes que ponen de manifiesto, sí, una cierta indefinición fundamental dentro la Eurozona que será preciso resolver en el futuro próximo: a saber, si retiramos los esquemas actuales de mutualización de la deuda pública a cambio de ceder soberanía fiscal o si, en cambio, mantenemos la autonomía fiscal a cambio de retirar los esquemas actuales de mutualización de la deuda. A la postre, si bien dentro de la Eurozona existen cuatro posibles opciones resultantes de combinar la posibilidad de mutualizar o no la deuda con la de centralizar la política fiscal o no hacerlo, en la práctica sólo las dos antedichas posiciones podrían llegar a ser medianamente estables. Examinémoslas brevemente.

Parasitismo

La situación actual dentro de la Eurozona se corresponde con un parasitismo fiscal del Sur contra el Norte: los Gobiernos sureños han adquirido la potestad de emitir deuda pública nacional que, en última instancia, está siendo avalada por los países del Norte. Si el Sur no paga, el Norte lo hará: esto es, mientras que los beneficios del gasto financiado con la emisión de deuda son disfrutados íntegramente por el Sur, sus riesgos son soportados en última instancia por el Norte.

Evidentemente, Alemania, Austria, Finlandia u Holanda sólo han aceptado esta situación de parasitismo de forma temporal y con una única esperanza: que los gobiernos del Sur sean lo suficientemente disciplinados como para, durante estos años de gracia, reestructurar sus economías y comenzar a amortizar su montaña de deuda acumulada durante los años de burbuja. Dicho de otro modo, el Norte le ha regalado tiempo y financiación al Sur para que éste se sanee. 

Pero, por desgracia, lo que estos últimos años están demostrando —tal como nos barruntábamos algunos— es que la combinación de autonomía fiscal y mutualización de la deuda no funciona, ya que los Estados rescatados del Sur adquieren los muy perversos incentivos de seguir emitiendo deuda a costa de los Estados rescatadores del Norte. Lejos de comportarse responsablemente, han hecho lo que todo ser humano —y por supuesto todo político— haría al verse sometido a pésimos incentivos: comportarse irresponsablemente. Por eso, la situación terminará volviéndose insostenible tal como augura Sinn. La cuestión es hacia dónde nos dirigiremos.

Servidumbre

La servidumbre del Sur ante el Norte es la opción preferida por muchos ciudadanos españoles, quienes ingenuamente siguen viendo a las burocracias europeas como entes benevolentes que se preocuparían por el bienestar general. Por eso, no dudan en ceder autonomía presupuestaria a una superburocracia a cambio de que esa superburocracia avale nuestra deuda y nos permita seguir financiándonos asequiblemente. ¿Qué puede salir mal? Avancemos hacia la integración europea y, de paso, que los europeos nos concedan crédito barato para seguir endeudándonos sine die.

Sin embargo, no deberíamos olvidar que la centralización fiscal europea implicaría que los Presupuestos Generales del Estado para España se redactaran en Bruselas o, más exactamente, en Berlín. ¿Aceptarían impenitentemente los españoles que Alemania, Austria y Finlandia pudiesen decretar por su cuenta un recorte del 15% en las pensiones españolas? ¿O una rebaja del 20% en el gasto en educación? ¿O que el IVA se disparara al 25%? No parece que a muchos los recortes por delegación les sentaran mejor que los recortes aplicados por políticos patrios: y seamos conscientes de que, mientras perdurara nuestro déficit, los recortes aplicados por Bruselas no dejarían de sucederse (lo que hoy son recomendaciones o presiones sería ley).

En la práctica, por tanto, es muy dudoso que la inmensa mayoría de españoles aceptara ceder el presupuesto a cambio de una financiación barata (y, mucho menos, cesión del presupuesto sin mutualización de la deuda, posición que implicaría una dominación sin contrapartidas del Norte sobre el Sur). Y además tampoco nos conviene: lejos de avanzar hacia superestructuras estatales que diluyan todavía más la autonomía individual, deberíamos avanzar hacia estructuras mucho más descentralizadas donde primaran los lazos voluntarios y el consentimiento. La Unión Europea es la antítesis de esa descentralización voluntarista y, por tanto, la servidumbre ante los Estados norteños no debería ser una opción.

Autonomía

La principal alternativa a la servidumbre es la autonomía fiscal: los presupuestos se siguen elaborando descentralizadamente en cada Estado europeo pero no hay mutualización de deuda (ni mediante el banco central ni mediante fondos estatales). Es la situación en la que nos encontrábamos hasta 2010 y a la que ahora Sinn quiere regresar. Se trata de la posición más sensata pero a su vez enormemente molesta para todos aquellos que viven del presupuesto: dado que cada palo aguanta su vela, aquellos Estados relativamente menos solventes ven cómo los tipos de interés de su deuda se disparan, de modo que sus gobernantes rápidamente se enfrentan a la disyuntiva de cuadrar sus cuentas o de quebrar.

Así, la autonomía fiscal es la única posición que incentiva la responsabilidad y disciplina a largo plazo de los gobernantes: la famosa corresponsabilidad que se reclama para las comunidades autónomas españolas que también habría que reclamar para los Estados europeos individualmente considerados. Pero responsabilidad implica aceptar e interiorizar los costes de la irresponsabilidad: a saber, la posibilidad de quebrar y de vernos privados del crédito para financiar nuestros déficits. Es ese horizonte de hecatombe económica el que en todo caso podría atar en corto a nuestros manirrotos gobernantes.

La cuestión, claro está, es si el euro será capaz de sobrevivir a un conjunto de quiebras en cadena dentro del sur europeo. Sinn asume que sí, trazando el paralelismo con las quiebras estatales acaecidas dentro de EEUU que no han supuesto mayores perjuicios. Mas existen dos diferencias básicas entre la Eurozona y EEUU: la primera es que la deuda agregada de los Estados en EEUU ni siquiera alcanza el 20% del PIB, mientras que en la Eurozona supera el 92%; la segunda, que la quiebra de algunos grandes Estados europeos —como España, Italia o Francia— sí abocaría a la bancarrota a la mayor parte de la banca europea, generando un cataclismo financiero de primer orden (que los Estados europeos tratarían de paliar imprimiendo divisa y generando inflación, para lo cual necesitarían no sólo autonomía fiscal sino también autonomía monetaria).

En suma, si bien la autonomía fiscal de los gobiernos constituye la mejor opción dentro de un saludable marco de unidad monetaria (tal como operó el patrón oro durante el siglo XIX), esta autonomía sólo funciona adecuadamente con Estados medianamente honestos y preocupados por el largo plazo y por cumplir con sus compromisos: en caso contrario, son plenamente capaces de exteriorizar los costes de sus despropósitos sobre el conjunto de la ciudadanía y de sus acreedores internacionales. Por desgracia, este tipo de gobernantes no se corresponde con ninguno que quepa encontrar en el Ejecutivo o en la oposición y por eso la autonomía fiscal, siendo la mejor opción, no está exenta de poder degenerar en un inquietante colapso financiero. 

Hace dos semanas, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2015. Como todos los PGE, éstos se basan en unas previsiones macroeconómicas que, a su vez, para elaborar unos pronósticos sobre gastos e ingresos esperados. Si el cuadro macroeconómico falla o si la traducción de ese cuadro macroeconómico en ingresos y gastos esperados se efectúa de manera incorrecta, buena parte de los PGE se convierten en papel mojado: un error que, en un país como España urgentemente necesitado de cuadrar sus cuentas para poner fin a la sangría de hiperendeudamiento público, resulta de esencial importancia.

Conviene, por tanto, repasar cuáles son los supuestos sobre los que se han elaborado las previsiones de los últimos PGE de la era Rajoy. El dato más conocido es el pronóstico de que el PIB crecerá un 2% a lo largo de 2015, frente al 1,3% esperado para 2014. Pero acaso convenga desagregar el PIB en sus componentes para estudiar la evolución de cada uno de ellos.

Consumo privado

Alrededor del 60% de la evolución del PIB depende del curso que siga el consumo del sector privado. El Gobierno estima una expansión del 2,1% del consumo privado para 2015 frente al 2% de 2014. De momento, la economía española acumula varios trimestres de crecimiento del consumo privado desde finales de 2013, pero todavía no ha crecido en ninguno de ellos por encima del 2%. Por tanto, para que la previsión del Gobierno se cumpliera sería necesario que nos mantuviéramos por encima de los ritmos máximos de crecimiento que hemos experimentado en los últimos años. 

Sucede que, de acuerdo con los datos más recientes del Banco de España, el consumo ya ha comenzado a desacelerarse en el tercer trimestre de 2014. Léase: “En el caso del consumo de las familias, los indicadores de opinión de hogares y comerciantes minoristas se situaron en el promedio de julio y agosto en un nivel algo inferior al del segundo trimestre. Entre los indicadores cuantitativos, las matriculaciones de automóviles particulares prolongaron la trayectoria de desaceleración interanual de los meses anteriores. Por su parte, la Agencia Tributaria notificó un aumento interanual de las ventas interiores de bienes y servicios de consumo de las grandes empresas (reales y corregidas de estacionalidad) del 0,7% en julio, una décima menos que en julio, y el índice de comercio al por menor sin estaciones de servicio (ajustado de efectos estacionales) reflejó una caída intermensual del 0,2%, que situó la tasa interanual en el -0,5%”.

Por tanto, si el ritmo de crecimiento del consumo hubiese tocado techo en el segundo trimestre de 2014, la previsión del aumento del consumo privado para 2015 no se alcanzaría. Por ejemplo, si el consumo privado creciera un 1,5% en lugar del 2,1% anticipado por el Gobierno (nótese que, pese a todo, seguimos colocándonos en un escenario a mi juicio demasiado optimista), el PIB de 2015 no crecería el 2%, sino el 1,65%.

Inversión

La inversión representa alrededor del 20% del PIB. El Gobierno estima que en 2015 aumentará un 4,4% frente al crecimiento del 1,5% anticipado para 2014. A la luz de la reciente evolución de la inversión agregada, necesitaríamos un muy sustancial aumento en las tasas actuales de crecimiento para alcanzar el objetivo del 4,4%: en el segundo trimestre de 2014, apenas lográbamos un crecimiento interanual del 1,4%.

Pero lo verdaderamente inquietante viene cuando desagregamos los distintos componentes de la inversión.

Por un lado, alrededor del 45% de la inversión agregada se corresponde con inversión no vinculada al ladrillo (bienes de equipo y otros activos). El Gobierno estima un crecimiento del 6% en esta partida frente al 7% anticipado para 2014, lo que nos obligaría a mantenernos en el muy alto tramo actual de crecimiento interanual. Pero, como vemos, el crecimiento interanual de la inversión en bienes de equipo y otros activos ya comenzó a desacelerarse en el segundo trimestre de 2014 y de acuerdo con el Banco de España: “La información disponible relativa a la inversión en bienes de equipo muestra una cierta moderación de la tendencia fuertemente expansiva de los últimos trimestres”.

Por otro lado, el 55% de la inversión se concentra alrededor de la construcción, a partes iguales entre la inversión residencial y la no residencial. El Gobierno anticipa un crecimiento interanual de la inversión en ladrillo del 3,1% para 2015, frente a la contracción del 3,3% de 2014. Pero actualmente la construcción está lejos de regresar a tasas de crecimiento interanual positivas, y según el Banco de España la situación no mejora: “Los indicadores más recientes referidos a la inversión en construcción apuntan también a una posible ralentización del crecimiento en el tercer trimestre del año, tras la favorable evolución en el segundo. Entre los indicadores de consumos intermedios, la producción de materiales de construcción disminuyó un 0,2 % en julio en términos intermensuales y el consumo aparente de cemento lo hizo en un 1,4 % en junio (sobre la base, en ambos casos, de las series ajustadas de estacionalidad)”.

A su vez, la inversión en construcción se subdivide, por un lado, en vivienda residencial, que incluso en el positivo segundo trimestre de 2014 seguía contrayéndose a tasas superiores al -4% y que no parece estar mejorando en el tercer trimestre de 2014. Según el Banco de España: “los visados de vivienda afianzaron en mayo la trayectoria de suave recuperación de los meses anteriores, aunque su nivel sigue siendo muy reducido”.

La otra partida de gasto incluida en la inversión en construcción incluye la vivienda no residencial y la obra pública. Esta es la única partida que el Gobierno puede controlar directamente, pero si el Ejecutivo recurriera a la obra pública para dopar los datos de crecimiento, el déficit público se descuadraría no por el lado de menores ingresos de los previstos sino de mayores gastos de los inicialmente anticipados. Por desgracia, no es nada descabellado que en año electoral las administraciones públicas recurran al populismo keynesiano para lograr algunas décimas adicionales de actividad. Tal como constata el Banco de España para la primera mitad de 2014 y tal como puede observarse en el gráfico: “El valor de la obra civil presupuestada en los contratos de licitación aumentó en torno al 70% entre enero y junio, en comparación con el mismo período de 2013”.

Añadan a todo lo anterior que el enrarecido clima actual de los mercados financieros bien podría desalentar la inversión: la percepción de incertidumbres en la economía europea que ha generado recientes caídas bursátiles podría, por las mismas razones, engendrar caídas en la formación de capital real durante los próximos trimestres.

En cualquier caso, y adoptando unas expectativas considerablemente positivas sobre nuestro futuro, si la inversión en construcción creciera al 1,5% (frente al 3,1% esperado por el Gobierno) y la inversión en bienes de equipo y otros activos se expandiera al 5% (en lugar de al 6%), el crecimiento del PIB descendería adicionalmente desde el 1,65% al 1,4%.

Gasto público

El gasto público, en su vertiente de consumo público, copa aproximadamente el otro 20% del PIB. El Gobierno estima que durante 2015 el consumo público caerá un 1%. Al tratarse de una variable que en gran medida queda a la discreción del Ejecutivo, no vale la pena contradecirla, salvo para poner de manifiesto que, en caso de que las previsiones de crecimiento no se cumplan, muy probablemente se eche mano del consumo público para mejorar el PIB en unas décimas. Eso sí, semejante política keynesiana sólo haría que aumentar el gasto y, por tanto, volver inasequible el objetivo de déficit.

Saldo exterior

El Gobierno estima que las exportaciones crecerán un 5,2% frente al 3,6% de 2014 y que las importaciones aumentarán un 5% frente al 4,4% previsto para 2014. Es decir, tanto las exportaciones como las importaciones se expandirán, pero las primeras lo harán a mayor ritmo que las segundas. De momento, sin embargo, las importaciones llevan todo 2014 creciendo por encima de las exportaciones y no se atisba hasta el momento un cambio de tendencia. Según el Banco de España: “Las exportaciones aumentaron un 10,6% en tasa interanual, frente al avance del 1,5% en el mes de junio (…) En la vertiente importadora, los flujos comerciales experimentaron también un repunte significativo, con un avance del 14,9% (7,7% en junio)”. De hecho, las exportaciones de bienes cayeron en agosto un 5%.

El Ejecutivo cree que el mayor crecimiento interanual de las exportaciones sobre las importaciones proporcionará dos décimas de crecimiento del PIB en 2015 frente a la contracción de una décima que ocasionará el saldo exterior en 2014. Una estimación moderadamente conservadora llevaría a esperar un saldo exterior equilibrado, es decir, que ni sumara ni restara al PIB (en realidad, si se prolongan las tendencias de 2014, lo restará). En tal caso, el crecimiento del PIB descendería desde el 1,4% al 1,2%.

Conclusión

Los Presupuestos Generales del Estado de 2015 han sido elaborados a partir de un cuadro macroeconómico excesivamente optimista y excesivamente complaciente. En lugar de adoptar hipótesis más conservadoras sobre nuestro futuro (que deberían llevar a estimar un crecimiento similar al de este año) que eventualmente podrían revisarse al alza (como se ha hecho durante este año) en caso de que resultaran inadecuadamente pesimistas, el Ejecutivo ha optado por inflar desde el comienzo las previsiones de crecimiento: para llegar a crecer el 2%, todas las variables del PIB tienen que comportarse mucho mejor de lo que se han comportado en el segundo trimestre de este año (que según el Banco de España marcará, de momento, el pico de nuestro crecimiento). No es honesto ni prudente colocarse de entrada en un escenario de ensueño sobre todo cuando el contexto internacional y los últimos datos sobre nuestra economía no avalan esa inflación de optimismo.

El motivo de todo ello es claro: el Ejecutivo ha inflado sus previsiones de crecimiento para a su vez inflar sus previsiones de ingresos, de modo que el ritmo de reducción del déficit público cuadre con sus compromisos con Bruselas sin necesidad de reducir un ápice más el gasto público. Al cabo, 2015 es año electoral y lo último que desea el Partido Popular es volverse aún más impopular. Un irresponsable tacticismo electoral que recuerda demasiado al del zapaterismo como para no considerar a Rajoy un simple continuador del desastre económico que comenzara a gestar el socialista. Los españoles pagaremos cara su enloquecida ambición por mantenerse en el poder.