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Por qué Podemos puede ganar

Mientras el inepto y ruinoso sociólogo del PP, Pedro Arriola, menospreciaba a los miembros de Podemos tildándolos de "frikis", henchido de soberbia y engreimiento, tras las europeas del pasado mayo, otros advertíamos que Pablo Iglesias barrería del mapa a IU para convertirse en el nuevo referente de la izquierda española. Este fatal diagnóstico no solo se ha cumplido, sino que ha sido superado con creces por la realidad de los hechos debido, sobre todo, a la enorme torpeza que está demostrando el bipartidismo en su vano intento por frenar el ascenso del populismo. En los últimos meses, Podemos ha pasado de la tercera a la primera fuerza política en intención de voto, de modo que si hoy se celebraran elecciones generales recabaría el 27% de las papeletas, superando a PSOE (26,2%) y PP, que, con apenas un 20,7%, habría sufrido un desplome brutal, según la encuesta que publica este domingo El País.

Para entender este histórico vuelco es necesario tener muy presente una serie de factores excepcionales. El primero y más importante de todos es, sin duda, la crisis y, especialmente, la elevadísima tasa de paro (24%). El impacto generalizado de la recesión en todos los estratos de la sociedad y el drama de tener que soportar más de 5 millones de desempleados tras siete agónicos años de crisis es el caldo de cultivo idóneo para el nacimiento y desarrollo de una oleada de indignación, desconfianza y hartazgo entre la opinión pública, cuyo descontento hacia la casta política ha sabido interpretar y recoger a la perfección la cúpula de Podemos. Y lo cierto es que no les falta razón a los de Iglesias cuando cargan sin compasión contra PSOE y PP, culpándoles de la actual situación económica, pero yerran de plano en la solución. Si la crisis continúa no es por el exceso de capitalismo y la ausencia de intervencionismo estatal, tal y como erróneamente pregonan los comunistas de Podemos, sino por todo lo contrario. España es, por desgracia, una de las economías menos libres del mundo desarrollado, al tiempo que registra uno de los mayores déficits públicos de la OCDE e impone una sangrante carga fiscal a familias y empresas.

Desde 2007, socialistas y populares han disfrutado de una oportunidad histórica para hacer reformas estructurales con el fin de ganar competitividad económica y eficiencia administrativa y hacer de la española una economía mucho más atractiva para los negocios y la inversión exterior, tal y como hizo el Reino Unido durante los años 80, el norte de Europa a principios de los 90, Irlanda poco después, Alemania a inicios de la pasada década y los países del este de Europa durante la presente Gran Recesión. Por desgracia, los políticos patrios no quisieron o no supieron hacerlo. Primero Zapatero y ahora Rajoy se han contentado con hacer lo mínimo e imprescindible para que todo siga más o menos igual.

Los resultados saltan a la vista, y, como es lógico, esta desesperante decadencia económica se ha ido transformando con el paso del tiempo en una creciente desconfianza hacia los partidos tradicionales, ante su evidente incapacidad para resolver el principal problema del país (paro). Podemos ha bebido directamente de este descontento social gracias a su hábil y astuta estrategia de sustituir el tradicional debate izquierda-derecha por el de "casta" (PSOE y PP) versus "pueblo" (Podemos). Una vez identificado claramente el enemigo (ellos), es mucho más fácil aportar la teórica solución (nosotros) a todos los males. Pero es que, además, a la incompetencia manifiesta mostrada por PSOE y PP para solventar la crisis se ha unido un factor adicional que, hasta hace poco, casi carecía de relevancia electoral: la corrupción. El desapego de la población hacia la clase política ha alcanzado máximos históricos tras comprobarse la incapacidad del bipartidismo para reducir el paro, mientras sus cúpulas y estructuras se han llenado los bolsillos de forma ilícita durante décadas mediante el cobro de suculentas comisiones.

La corrupción campa a sus anchas en España desde hace mucho, pero es ahora cuando se percibe como un problema grave. Mientras todo iba bien (crecimiento burbujístico), se toleró, pero cuando las cosas van mal resulta inaceptable que los políticos abusen de su privilegiada posición para enriquecerse. No es casualidad que la corrupción sea, hoy por hoy, el segundo problema más importante (42,7% de los encuestados), tras el paro (75,3%), mientras que en 2007 no superaba el 1%. El salto cualitativo en esta materia se produjo a principios de 2013, cuando estallaron los casos Bárcenas, Nóos y ERE: la percepción de la corrupción como gran problema se disparó desde el 18 hata el 40%. Podemos también ha pescado –y mucho– en este río debido a su virginidad –todavía no han tocado poder y, por tanto, están libres de pecado– y a la sensación de total impunidad de la que gozaban hasta hace poco PP y PSOE. Ambos partidos se han negado a adoptar medidas contundentes y eficaces para limpiar la podredumbre que corroe sus cimientos.

Por último, es necesario tener en cuenta que el ideario de extrema izquierda que propugna Podemos ha encontrado eco en la sociedad gracias al profundo estatismo imperante en España desde hace décadas. Existía ya en la dictadura de Franco, pero se ha refinado y desarrollado durante la democracia. La mayoría de los españoles desconfía del capitalismo, rechaza la austeridad, quiere un Estado grande (Estado del Bienestar) y defiende un elevado grado de intervencionismo público en la economía. Basta observar este gráficopara percatarse de esta triste realidad: España es, junto a Japón, el país avanzado que menos apoya el libre mercado (capitalismo), por delante incluso de Grecia.

El desastroso modelo de planificación educativa que existe en España ha hecho muy bien su trabajo al inculcar las bondades del socialismo en el ideario colectivo. Un nuevo éxito, sin duda, de PSOE y PP. Por ello, no es de extrañar que el reciente populismo español (Podemos), el griego (Syriza) y el francés (Frente Nacional) hayan adoptado ropajes comunistas y fascistas (el principal nexo común de ambas ideologías totalitarias es el anticapitalismo), mientras que la reacción política a la crisis en EEUU (Tea Party), Reino Unido (UKIP) y Alemania (Alternativa para Alemania), donde la defensa del libre mercado es mayoritaria, se ha materializado en movimientos civiles más o menos procapitalistas.

Aún está por ver que Pablo Iglesias consolide su avance, pero lo relevante es que la posibilidad de que gobierne, hasta hace poco impensable, ya existe, tal y como sucede en Grecia con Syriza. Si los comunistas de Podemos llegan al poder, los españoles tendremos, simplemente, el justo castigo a nuestros pecados.

Podemos es peor que la corrupción

España está en medio de una tremenda crisis que puede acabar con una buena parte de sus formaciones políticas y precipitarla en una crisis institucional gravísima.

La mala noticia es que el origen del conflicto se encuentra en la corrupción generalizada, que afecta al Partido Popular, al Partido Socialista, a los sindicatos, a los comunistas de Izquierda Unida, a los jefes históricos de Convergència i Unió, un partido catalán de centroderecha que hoy busca la independencia, y, naturalmente, a unos cuantos empresarios enriquecidos al amparo del poder político.

Surge un escándalo tras otro, al extremo de que es frecuente escuchar que todos los políticos son unos ladrones. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido perdón al país. También lo ha hecho Esperanza Aguirre, líder madrileña del Partido Popular, por haber elegido mal a sus colaboradores. Es correcto pedir perdón.

La buena noticia es que está actuando la justicia y nadie trata de impedirlo. En el país hay más de 600 personas condenadas por delitos relacionados con el peculado, la malversación o el impago de los impuestos. Los últimos detenidos e imputados son más de medio centenar. Se terminó la impunidad.

Las consecuencias de esta pérdida de prestigio de la clase política es la ascensión del grupo político conocido como Podemos, dirigido por un joven profesor llamado Pablo Iglesias. Un sondeo publicado por El País lo sitúa a la cabeza de las preferencias electorales.

El programa político de Podemos es una suma de todos los devastadores disparates que pueden arruinar a la sociedad, pero, ante el descrédito de los partidos políticos, una buena parte de los españoles ha llegado a la conclusión de que hay que castigar en las urnas a las formaciones del establishment, o de "la casta", como les llama Podemos despectivamente, sin advertir que la corrupción es mala, pero mucho más daño puede hacer la entronización en el país de un Gobierno populista de corte chavista que destruya el aparato productivo y crispe, empobrezca y divida aún más a los españoles.

Podemos cree en el control de precios y salarios, en reducir los horarios laborales para que, supuestamente, trabajen más personas. Cree en poner tope a los alquileres, en confiscar las propiedades no habitadas para asignarlas al pueblo, en nacionalizar los servicios públicos que no cobren tarifas adecuadas. En fin, cree en Gobiernos intervencionistas y planificadores, de esos que dictan las políticas públicas que han arruinado a docenas de países en el pasado.

Muchos españoles piensan que esa pesadilla no les puede ocurrir a ellos. Me temo que están minuciosamente equivocados. La imbecilidad está al alcance de cualquier pueblo. Pregúntenles a cubanos y venezolanos. Ellos también pensaban que algo así no podía suceder en sus países. Pero sucedió, y ahí sigue… y sigue.

elblogdemontaner.com

Alternativa socialista

El líder socialista Pedro Sánchez declaró:

Reivindico el espacio propio del socialismo que es la igualdad, porque el principal desafío de la sociedad es luchar contra la desigualdad, porque el 27% de los niños sufre pobreza infantil, y reivindico un nuevo derecho, el de la garantía alimentaria, y creo que las comunidades autónomas, sobre todo las de derechas, que se están negando a ello, deben garantizar tres comidas al día, como hace la Junta de Andalucía.

Es difícil no caer en el desasosiego ante semejante colección de proclamas colectivistas. El espacio propio del socialismo no es la igualdad compatible con la libertad, la igualdad ante la ley, sino la igualdad contradictoria con la libertad, es decir, la igualdad mediante la ley, la igualdad que exige que el Estado sea cada vez más grande, intrusivo, arbitrario y desigual en el trato a sus súbditos.

La sociedad moderna, al revés que la tribu, no tiene desafíos, porque no actúa. Las personas los tienen, porque ellas sí actúan. La desigualdad, por tanto, no constituye ningún desafío, porque las personas no sólo no luchan contra la desigualdad sino que en cierto sentido puede decirse que luchan en favor de ella, porque todas las personas desean mejorar su propia condición, mientras que no todas lo logran en la misma medida.

El desatino adicional del señor Sánchez es identificar desigualdad y pobreza, que son claramente diferentes, y recurrir al viejo truco de agitar cifras y niños, como si fuera patente que la política tiene que hacer algo para resolver la pobreza infantil, cuando hacer algo en el lenguaje político jamás significa disminuir el autoritarismo y el quebrantamiento de los derechos de los pobres, que son, en España y en todo el mundo, las principales causas de la pobreza. Desde ya podemos desconfiar en que don Pedro piense que la política ha dificultado la superación de la pobreza con sus intervenciones e impuestos.

Esa parte crucial de la coerción política es ignorada olímpicamente cuando el señor Sánchez se pone aún más estupendo con eso de "reivindicar un nuevo derecho", que, como siempre, es una violación de los derechos de los demás, porque es imposible que él piense garantizar alimentos con su propio dinero. Al contrario, cree que es bueno que las autoridades benéficas (mejor de izquierdas, claro) arrebaten los bienes de los ciudadanos para concederles graciosamente derechos y garantías de toda suerte, en especial en Andalucía, que tras tres décadas de socialismo ha alcanzado grandes cotas en términos de prosperidad, empleo y honradez. No sé si está claro.

Con este esquema intelectual, no podemos abrigar muchas esperanzas de que nuestros bienes, derechos y libertades no vayan a sufrir si alguna vez don Pedro llega a la Moncloa.

Esto dicho, procedamos a consolarnos. Los mismos disparates intervencionistas de Pedro Sánchez han sido pronunciados y subrayados por los demás políticos de todos los demás partidos.

Y además, por ceñirnos sólo al suyo, sólo al PSOE, los críticos de Sánchez podrían recordar lo que dijo en su día uno de sus adversarios, don José Antonio Pérez Tapias, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada:

Fue desigual la batalla [del socialismo] contra ese ejército neoliberal que le comió el terreno cuando quiso ganar la guerra contra el azote de la crisis económica. Como banderas deshilachadas se vieron destrozadas las enseñas socialistas en torno a la igualdad y las políticas sociales. La cabalgada neoliberal supuso desde tiempo atrás el arrasamiento de lo público y que apenas creciera la hierba de la igualdad allí donde desconsideradas pezuñas pisaban fuerte sobre la sanidad pública o una educación para todas y todos.

Esta explosión de demagogia es incluso peor que lo de Sánchez, además de ser más cursi y arrogante, como suele suceder en mi gremio de los catedráticos. Es un enorme disparate, porque cualquiera que se moleste en ver lo que pasó en realidad sabe que todos los gobiernos del mundo se negaron a aceptar la responsabilidad de su propio intervencionismo en la crisis y acometieron políticas aún más intervencionistas, precisamente para defender "lo público", que no solamente no ha sido arrasado sino que su peso es mayor que nunca. Lo saben "todas y todos" que pagan cada vez más impuestos y padecen cada vez más multas, controles, prohibiciones, etc.

En fin, un consuelo adicional: al menos Pedro Sánchez no ha caído, que yo sepa, en la idea de resolver la falta de crédito con la increíble recomendación de…"apuéstese por una banca pública".

Diez gráficos sorprendentes sobre pobreza y desigualdad en España

¿Cuántos pobres hay en España? ¿Cómo y de qué forma ha golpeado la crisis a la población? ¿Quiénes son, en definitiva, los que peor lo están pasando durante estos años? Éstas son algunas de las cuestiones que, como es lógico, más atención y preocupación recaban en la actualidad, tanto a nivel político como social. Sin embargo, el análisis de esta importante problemática no está exenta de polémica y confusión.

Así, según informe Foessa para Cáritas sobre exclusión y desarrollo social publicado el pasado martes, "sólo el 34,3% de los españoles vive sin carestías esenciales" y, además, el número total de "pobres" (personas en situación de "exclusión social") ha pasado de 7,3 millones a más de 11,7 millones entre 2007 y 2013, con lo que el porcentaje total de excluidos ha subido del 16,3% al 25,1% durante la crisis, tal y como ha recogido la inmensa mayoría de medios.

 

A la vista de estos titulares, apenas uno de cada tres españoles habría permanecido indemne ante la crisis y uno de cada cuatro sufriría ya el drama de la pobreza. Cifras demoledoras que, de una u otra forma, vendrían a ratificar otros indicadores trágicos, como el hecho de que el 21% de la población se situé por debajo del umbral de la pobreza o España llegue a contabilizar 20 millones de pobres en 2025.

Pero, ¿qué hay de cierto en estos datos? ¿De verdad que el 25% de la población española es "pobre"? La clave del asunto radica en cómo definir la "pobreza" y en qué entiende Cáritas por "exclusión social", ya que su dimensión real cambia de forma muy sustancial si se analiza en detalle el contenido concreto de ambos conceptos, tal y como recoge el estudio completo de Cáritas, de casi 700 páginas.

¿Qué significa "exclusión social"?

El eje central del informe gira en torno al "Indicador Sintético de Exclusión Social" (ISES), constituido por un total de 35 parámetros, según el cual se diferencian cuatro situaciones:

  • "Integración plena": personas que no se ajustan a ninguno de esos 35 factores.
  • "Integración precaria": personas afectadas por 1 de esas variables.
  • "Exclusión moderada": cuando sufre 2 ó 3.
  • "Exclusión severa": cuando padece 4 o más parámetros.

El problema, en primer lugar, es que esas 35 variables van mucho más allá de lo que, comúnmente, se entiende por "pobreza", ya que ahí se incluye, por ejemplo, estar peleado con tus vecinos o con tu pareja, tener un abuelo semianalfabeto, ser madre soltera, vivir con extracomunitarios, no participar en votaciones electorales o, incluso, haber tenido problemas con la Justicia en los últimos 10 años, entre otras variables sociales de todo tipo.

De este modo, y puesto que la tasa de paro es muy elevada en España, basta con que una persona se vea en situación de desempleo (25%) o viva en un hogar con algún miembro en paro (36) y, además, se vea afectado por uno o varios (2 ó 3) de los otros parámetros para que, automáticamente, sea tachado de "excluido social", tal y como explica el economista Juan Ramón Rallo.

¿Qué significa "pobreza"?

Es decir, lo que Cáritas define como "exclusión social" no se puede equiparar con el problema real de la pobreza, ni siquiera en su vertiente más extrema, ya que son conceptos muy distintos. Así, según el informe, la población en situación de "exclusión social severa" ha subido del 6,2% (2,7 millones) al 10,9% (5,1 millones) durante la crisis, ya que sufre 4 o más parámetros incluidos en el ISES. ¿Significa esto que son "pobres"? Tampoco.

Las variables de Cáritas que hacen referencia a cuestiones relacionadas de forma directa con la pobreza (graves problemas de carestía material) apenas se reducen a cuatro parámetros:

  • Pobreza extrema: esta tasa sube del 3,5% al 7,3% de la población.
  • Carencia de bienes básicos: 1,6% en 2013.
  • Infraviviendas: la población que vive en chabolas o similar baja del 1,6% al 0,8% desde 2007.
  • Haber pasado hambre en los 10 últimos años con frecuencia o la están pasado ahora: sube del 2% al 4,5%.

Así pues, lejos del 25% de "excluidos sociales" o del 11% de "exclusión severa" que denuncia el estudio, la pobreza real en España afecta a cerca del 5% de la población en 2013, frente al 2-3% que se registraba en 2007, en el pico de la burbuja económica, tal y como explica Rallo.

Esta cifra coincide con el indicador de "privación material severa" que elabora Eurostat, según el cual la pobreza en España casi se ha duplicado durante la crisis, al pasar del 3,5% al 5,8%, con lo que el numero real de pobres habría crecido desde los 1,4 hasta cerca de 2,8 millones.

De hecho, esta cifra también coincide, curiosamente, con el volumen de personas que atiende Cáritas a través de sus comedores y servicios de asistencia: algo más de 2 millones el pasado año. Pero, en ningún caso, este grave problema afecta al 25% de la población española, ni siquiera al 11% de "excluidos severos", tal y como se ha difundido estos días.

¿El fin de los estímulos?

“Though the jobless rate has declined to 5.9%, this is in part due to people leaving the work force and the ranks of those counted as unemployed” Jon Hilsenrath.

Esta semana hemos visto el “final” del programa de recompra de activos (quantitative easing) de Estados Unidos y, a la vez, la decisión del Banco de Japón de aumentar sus estímulos monetarios hasta 181.000 millones de dólares para alcanzar la monstruosa cifra de 725.000 millones de dólares anuales.

El balance de la era del helicóptero travieso –ese que reparte dinero sólo entre el Estado y los bancos- es, cuando menos, impresionante. Estados Unidos ha creado la mitad de la masa monetaria de toda su historia como país independiente entre 2008 y 2014.

Además, los países del G7 han añadido casi 18 billones de dólares de deuda hasta un récord de 140 billones, con casi cinco billones de expansión del balance de sus bancos centrales para generar solamente un billón de dólares de PIB nominal. Es decir, en cinco años, para generar un dólar de crecimiento se han “gastado” 18 dólares. Todo ello manteniendo la deuda total consolidada del sistema en el 440% del PIB.

Pero “no hay inflación”. Entonces no pasa nada. Inflación que, para empezar, es imposible que se genere cuando se suben los impuestos y se bajan los salarios reales mientras se inyecta dinero a mansalva en los sistemas financieros para “dar confianza”. Se ha creado una monstruosa inflación de activos financieros, con las bolsas en máximos y los bonos de alto riesgo dando la rentabilidad más baja de los últimos treinta años. Y la deuda total, pública y privada, en EEUU, Japón y Reino Unido no ha bajado, de hecho ha crecido. Los efectos secundarios de esa enorme inflación de activos financieros y repetir la búsqueda del riesgo a cualquier precio no los podemos ignorar como “irrelevantes”. 

Japón ha sido el paradigma de la ineficacia de los estímulos monetarios y el alumno aventajado de “no se hizo suficiente, repetir”. Estaba destinado a fracasar, al no llevar a cabo las reformas estructurales necesarias, atacar la sobrecapacidad, las rigideces y los llamados “intereses especiales” para solo cubrir la economía de dinero salido de la nada.

Como comentábamos en esta columna cuando se lanzó el plan de estímulos llamado “Abenomics” y los analistas de consenso decían que Japon iba a crecer un 4%, al ignorar el pasado y los fracasos anteriores, disfrazándolo bajo el gas de la risa monetario creaban el efecto contrario al deseado. Tras más de un billón de dólares de estímulo, Japón crece menos que España o Alemania, el consumo minorista se ha desplomado tras las subidas de impuestos, la construcción cae un 40% y la inversión real un 10%. Además, la deuda pública, que supera el 240% del PIB, no baja y el déficit comercial se ha triplicado, al hacer los productos importados mucho más caros devaluando. Con los salarios reales a mínimos de 20 años, la solución que nos proponen no podía ser otra que… repetir.

Ya saben ustedes, la excusa del keynesianismo selectivo, que sólo se acuerda de Lord Keynes para gastar y estimular y nunca para ahorrar y liberalizar, es que “no se hizo suficiente” y “hay que repetir”. Cuando Keynes pedía que interviniese el Estado, éste pesaba un 10% del PIB –no un 46%- y ahorraba, no se endeudaba un 100% y anualmente un 4-7% del PIB.

Pero en Estados Unidos los estímulos monetarios ha sido un “éxito” ¿no?… Y eso los justifica en cualquier otro país. Como dice un amigo mío, para que las cosas vayan como en EEUU, lo primero que hace falta es tener americanos, refiriéndose a  la libertad económica, iniciativa privada, flexibilidad, espíritu emprendedor y capacidad de competir.

En cuanto a los estímulos, tras cuatro billones de dólares inyectados en la economía (eufemismo para decir “el sistema financiero”), hasta el propio New York Times o el Wall Street Journal dudaban de los resultados.

Es cierto que hay mucho que alabar de la recuperación de EEUU, aunque sea frágil y endeudada, pero no es por obra de la varita mágica de la Fed.

Las famosas mentiras del éxito de EEUU con los estímulos empiezan por el empleo, como comentábamos aquí. En EEUU se ha retirado de las listas de desempleo a 11,5 millones de personas y el índice de participación laboral ha caído al nivel más bajo desde 1978. Y no, no es una cuestión demográfica, sino de empleo “zombi” y en gran parte sacar parados de las listas (la cifra de desempleo real es del 12%). 

Siempre que el Club de la Impresora habla de EEUU y los estímulos se olvida del “pequeño”, “ínfimo”, “irrelevante” dato de que… ¡han encontrado petróleo y gas hasta producir más que Arabia Saudí y ser casi independientes energéticamente!

Les recomiendo que lean “El fracking salvó a Obama”, para que vean lo diferente que es el crecimiento de EEUU con y sin la revolución energética (que, todo sea dicho, la administración Obama intentó sabotear y después ha apoyado).

De hecho, usando las estadísticas del Bureau of Labor Statistics, en EEUU si quitamos el empleo creado en Texas por la industria energética, hoy hay 963.000 empleados menos que en 2008. Mientras, en EEUU los salarios reales siguen desplomándose.

El programa de estímulos de la Fed ha tenido, como mucho, un efecto fundamental: dotar de confianza y seguridad al sistema financiero. Que sea positivo o no y, sobre todo, que fuera necesario inyectar 4 billones para conseguirlo, es más que debatible. Pero como todos los incentivos perversos, ha llevado a que ese sistema financiero, en vez de reducirse y fortalecerse, se haya acostumbrado a los tipos bajos y las recompras de activos de bancos centrales para tomar mayor riesgo y engordar. En el camino, la deuda pública ha continuado marcando récords… y nos ponen como “éxito” una reducción de un déficit que sigue por encima del 4,5%. Es decir, no se reduce el agujero, solo se cava más lento.

Ya comentábamos en su momento las razones por las que, como en Japón, un programa de Quantitative Easing europeo fracasaría. Decía Winston Churchill que "lo que nos enseña la historia a los hombres es que los hombres no aprendemos de la historia”. Repetir los errores de 2008 no soluciona los desequilibrios de economías con estados y sistemas financieros hipertrofiados si no se lleva a cabo una limpieza de sectores ineficientes. En EEUU hemos visto quiebras, reestructuraciones que en Europa o Japón nos parecerían impensables.

Muchos me dicen “a pesar de todo, ojalá estuviéramos como EEUU”. Y siempre repito que sí, por supuesto, pero también nos hubiéramos cambiado con los ojos cerrados por el EEUU de 2008 con un 16% de desempleo real (U6).

Las cifras macroeconómicas, efectivamente, son pobres en Europa, y el infraempleo, el endeudamiento y el bajo crecimiento se pueden extrapolar a cualquier país, sea España o Francia. Pero esa comparación es precisamente la que nos muestra que el gas de la risa monetario no es la panacea, es sólo un placebo para que las bolsas y activos de riesgo se disparen. “La confianza”. Se implementa por un momento de pánico irracional y se justifica eternamente por comodidad. Hemos convertido medidas “no convencionales” en las más convencionales, y lo puntual en eterno.

Por eso me hace gracia leer “Estados Unidos acaba la etapa de los estímulos” cuando mantiene los tipos a 0%.Y luego hablan de Greenspan e “incentivar el riesgo excesivo”. Hemos convertido el sistema financiero en un yonqui de las políticas expansivas y eso, amigos, no puede terminar bien.

Los bancos centrales seguirán llevando a cabo medidas mal llamadas expansivas, ya que son regresivas –sostener al endeudado e ineficiente a costa del ahorrador y eficiente-. Los incentivos son demasiado altos. Y la promesa “social” de justificarlo “para reducir el paro” siempre cuela. Pero mientras tanto, la fragilidad del sistema sigue aumentando.

La velocidad del dinero, que mide la actividad económica, sigue cayendo y sólo hay una política que puede cambiar esa fragilidad. Acabar con el asalto impositivo a la clase media y las empresas. Bajar impuestos, aumentar la renta disponible, incentivar el ahorro, no el gasto indiscriminado, apoyar la cordura, no empujar a endeudarse a niveles estratosféricos “que no pasa nada”. Porque cuando el colchón del banco central pierde plumaje –y créanme, lo pierde- entonces nadie les rescata a ustedes.  

Las consecuencias reales no las vamos a notar a corto plazo. Estados Unidos probablemente vea los fondos que se han desplazado estos años a mercados emergentes volver “a casa”, lo que tiene inmediatamente un impacto en el crecimiento e inversiones fuera de la OCDE. Los países “reserva de valor” (EEUU, Alemania, UK) se verán beneficiados de un entorno de “vuelo a la seguridad” (flight to safety) y veremos sectores apalancados y sobredimensionados que no han hecho los deberes sufrir por el menor apetito por el riesgo. Pero, para entonces, la nueva administración americana tal vez sea republicana (el Congreso y el Senado con casi total seguridad), y ya les podremos culpar a ellos, los malvados neocons, de que se tomó riesgo excesivo. Y nos recomendarán… estimular.

Tres tienen más que nueve millones

Nadie negará que este titular de la organización progubernamental Intermón Oxfam no resulta llamativo e incluso indignante: las tres personas más ricas de España poseen el doble de riqueza que el 20% más pobre de ciudadanos. Es decir, tres tienen más que nueve millones. El colmo de las desigualdades que debería llevar a un fulminante aristocidio como el que la propia Intermon Oxfam reclama en su informe cuando jalea la necesidad de empoderar al pueblo para “arrebatar el 1%”.

En otras ocasiones, Oxfam ya nos demostró su profunda incomprensión de los procesos sociales de generación de riqueza y de persistencia de la pobreza. Esta vez, para no salirse del guion, vuelve a las andadas. En este artículo, trataré de explicar por qué, más allá del amarillismo inicial, el titular no debería sorprendernos en absoluto. Mi argumento básico es el siguiente: es absolutamente normal que el 20% de la población no posea apenas riqueza debido a la edad y a los sesgos existentes en la definición de riqueza; y, asimismo, es absolutamente normal que haya unas pocas personas que posean mucha riqueza en una economía global. 

El 20% depauperado: la edad como determinante de la riqueza

Uno de los principales factores que determinan la acumulación de riqueza es la edad. Al comienzo de su vida laboral, la inmensa mayoría de personas no poseen ningún patrimonio simplemente porque no les ha dado tiempo a ahorrarlo y acumularlo. Diría que el siguiente ejemplo es bastante ilustrativo:

Supongamos una de las sociedades más extremadamente igualitarias que podamos imaginar: en esta sociedad se trabaja desde los 26 a los 65 años y se vive del patrimonio acumulado desde los 66 a los 85. Asumamos que el salario es el mismo para todos los trabajadores y que todos ellos ahorran un 30% del mismo, el cual logran rentabilizar cada año a una tasa media del 5,5%. Igualmente, asumimos que las herencias se destruyen una vez fallece el propietario y que la cantidad de trabajadores en cada franja de edad es la misma. Igualitarismo extremo: no hay nunca diferencias de partida y el salario es el mismo para todos los trabajadores.

Pues bien, en esta sociedad el 20% de los individuos más pobres (que serían los más jóvenes) apenas poseería el 4,9% del total de riqueza total. En cambio, el 1% más rico poseería el 3,2% y el 10% más rico, el 28,8% (el 10% de la población poseería casi seis veces más riqueza que el 20% más pobre). 

 

Es decir, en la sociedad más igualitaria que nos podamos imaginar, el 20% de individuos más pobres apenas poseería nada (lo irían adquiriendo conforme envejecieran y capitalizaran su patrimonio).

Hoy en día, de hecho, en las sociedades nórdicas —con un, para muchos, igualitarismo ejemplar—, el 50% de la población (no ya el 20%) apenas posee el 10% de la riqueza, mientras que el 1% más rico posee el 20% (según recoge Thomas Piketty). Atendiendo a estas cifras, que en España el 1% de la población posea más que el 70%, según denuncia Oxfam, parece mucho menos escandaloso. A pesar de que nos intente convencer de que estamos ante cifras de un país subdesarrollado, no lo son.

El 20% depauperado: los activos ocultos

Por supuesto, la otra parte de la explicación de por qué el 20% más pobre no tiene ningún tipo de riqueza cabe hallarla en dos esenciales sesgos que contienen las mediciones habituales de riqueza. La primera es excluir del cómputo de riqueza el capital humano; la segunda, excluir asimismo el derecho a la percepción de prestaciones del Estado.

Comencemos por el capital humano: cuando en el punto anterior hemos afirmado que los jóvenes carecen de activos, la afirmación no era del todo correcta. Los jóvenes poseen un activo clave que es su formación, esto es, el capital humano. El capital humano es un activo a todos los efectos salvo en que no es directamente transferible (la marca de Apple también sería muy difícilmente transferible a una compañía distinta de Apple y no por eso dudamos de que sea uno de sus principales activos actuales): es una inversión que requiere tiempo y que proporciona rentabilidad en forma de sobresueldos por encima del personal no cualificado. Y, sin embargo, el capital humano no figura en los cómputos más extendidos de riqueza (que sólo incluyen la tierra, los inmuebles y la riqueza financiera). Dicho de otra manera, sobre las estadísticas, un trabajador parado con apenas 10.000 euros en la cuenta corriente es más rico que un recién licenciado por el MIT con matricula de honor.

La no inclusión del capital humano sesga notablemente la distribución de la riqueza en una dirección desigualitaria, ya que los jóvenes son quienes más y mejor capital humano tienen y quienes menor riqueza financiera y real poseen. En el caso de EEUU, por ejemplo, el capital humano representa en torno al 40% de toda la riqueza nacional y su inclusión en las estadísticas de riqueza haría que la riqueza nacional en manos del top 1% cayera del 33% al 22%.

El segundo activo oculto que no figura en las estadísticas son las prestaciones del Estado. En nuestras sociedades, el Estado nos arrebata mes a mes una ingente cantidad de nuestro salario (alrededor del 40% para el trabajador típico) para financiar su funcionamiento, dentro del cual se incluye la prestación de determinados servicios como la sanidad o las pensiones. Los españoles disfrutan del derecho a recibir, sin contraprestación económica adicional, pensiones y servicios sanitarios del Estado: ese derecho posee un valor económico (el valor actual de las rentas y servicios pagaderos en el futuro) que no figura en las estadísticas de riqueza (pese a que es riqueza personal: el derecho a percibir rentas futuras). En cambio, si la sanidad o las pensiones fueran privadas, dado que los ciudadanos deberían destinar parte de sus rentas a contratar un plan privado de pensiones y auténticos seguros sanitarios, esos activos sí integrarían las estadísticas de riqueza. Basta con preguntarse lo siguiente: ¿quién es más rico: un pensionista medio español sin ningún ahorro o un pensionista con 20.000 euros de ahorros en un país donde la sanidad y las pensiones sean privadas? Según las estadísticas de riqueza que empleamos, el segundo.

Nuevamente, la no inclusión de los derechos a recibir prestaciones del Estado sesga las estadísticas de riqueza. Un recién jubilado en España posee, por ejemplo, el derecho a recibir anualmente una pensión media de casi 1.000 euros mensuales así como tratamientos sanitarios con un coste anual media de 3.500 euros: prestaciones que descontándolas a presente para una esperanza de vida de 20 años arrojan un valor actual de 235.000 euros. Es decir, de media los recién jubilados en España poseen un patrimonio de 235.000 euros (derecho a pensiones y tratamientos sanitarios futuros) que no figura en las estadísticas de distribución de la riqueza. Si extendiéramos el cálculo al resto de personas mayores de 65 años, obtendríamos que estamos dejando fuera del cómputo al menos un billón de euros de riqueza, esto es, el 15% de la riqueza total.

Por tanto, si en las economías modernas estamos dejando de contabilizar entre el 35% y el 55% de la riqueza total de los individuos, que además se halla predominantemente en manos de las clases bajas y medias, ¿cómo pretendemos que estas clases medias y bajas no aparezcan como artificialmente pobres?

Los superricos

Ya hemos explicado por qué el 20% de los individuos de un país apenas posee patrimonio: la clase de activos que miden las estadísticas al uso tienden a acumularse con la edad; y los activos que, en cambio, sí poseen los jóvenes (capital humano, en esencia) o que en todo caso poseen los ciudadanos pobres (prestaciones del Estado) no aparecen en las estadísticas. Pero nos queda por explicar por qué resulta tramposo utilizar como medida de la desigualdad la riqueza de los superricos.

Imaginemos dos tipos de sociedades con 1.000.000 habitantes cada una: en la sociedad A, todos los individuos poseen una riqueza media de 50.000 euros salvo uno de ellos que posee una riquza de 50.000 millones de euros gracias a que ha creado una compañía multinacional; en la sociedad B, la mitad de los individuos posee un patrimonio de 5.000 euros y la otra mitad uno de 195.000 euros. ¿Qué sociedad es más desigualitaria en términos de riqueza? A mi entender la sociedad B, no sólo porque si aplicáramos el criterio rawlsiano del maximin (maximicemos la riqueza de los que menos tienen), todos escogeríamos vivir en A, sino porque el individuo superrico de la sociedad A es claramente un outlier. Sin embargo, cualquier podría decir que un solo individuo de la sociedad A posee más riqueza que todos los demás individuos juntos, mientras que un solo individuo de la sociedad B ni siquiera posee más riqueza que el 0,004% más pobre de esa sociedad.

Nuestras economías modernas se caracterizan por la ultracompejidad de los procesos productivos: es lo que Nassim Taleb denomina Extremistán. Eso significa que aquellos pocos individuos que son capaces de elucubrar proyectos empresariales ultraexitosos se vuelven archimillonarios (aunque sólo durante el tiempo en que esos proyectos empresariales sigan siendo ultraexitosos: seguir siendo muy rico en el dinámico mercado actual es complicadísimo). Por eso, en nuestras economías siempre habrá algunos individuos que, durante algunos años, se ubicarán al final de la cola de la distribución de riqueza (y que ni siquiera tienen por qué ser siempre los mismos). Tomar esos casos sueltos de éxito y compararlos con el resto de la sociedad es hacer trampas.

En España, por ejemplo, el hombre más rico es Amancio Ortega, con un patrimonio estimado de unos 50.000 millones de euros. Amancio Ortega no se ha enriquecido arrebatando a los españoles parte de su riqueza, sino proporcionando bienes y servicios valiosos para todos los habitantes del planeta. No se trata de que hubiera una “riqueza natural” en España que Amancio Ortega se haya quedado para él en exclusiva y a costa del resto: es que Amancio Ortega ha creado una de las mayores y mejores empresas del mundo donde antes no había nada. Su patrimonio deriva esencialmente de ser propietario de Inditex. Punto. ¿Serían los españoles más ricos si no existiera Amancio Ortega? No: serían más pobres. ¿Pueden los españoles apropiarse ahora de parte de la riqueza de Amancio Ortega? Solo nacionalizando Inditex. ¿Qué derecho tienen los españoles que no crearon Inditex y que no invirtieron en ella cuando estaba comenzando a operar a quedarse ahora con la empresa (quienes confiaron e invirtieron en ella ya han obtenido notabilísimas plusvalías)? Ninguno.

En suma, comparar la riqueza (truncada a la baja) del 20% más pobre de la sociedad con los outliers dentro del 1% más rico de la sociedad es buscar un titular escandaloso y sesgado. Lo que nos tiene que preocupar no es si la riqueza está bien “distribuida” (qué porcentaje tiene cada uno), sino si tiene un origen justo (si se ha adquirido/creado ese porcentaje justamente): en ese sentido, distribuciones muy igualitarias pueden ser enormemente injustas (pensemos un régimen esclavista donde se repartiera la producción a partes iguales entre esclavo y dueño) y distribuciones muy desigualitarias absolutamente justas (un sistema donde nadie hubiese adquirido la propiedad ejerciendo la violencia sobre nadie). Nuestro sistema económico actual combina ambos tipos de riqueza y en lugar de atacar al rico por el simple hecho de ser rico, deberíamos tratar de evitar y reparar los ataques sistemáticos que se producen contra la libertad, la propiedad y los contratos voluntarios.  

Las trampas de los test de estrés

Si algo han demostrado las pruebas de solvencia realizadas a la banca europea durante estos años de crisis es, sin duda, su absoluta inutilidad a la hora de estimar de forma fidedigna y certera las necesidades de capital y, por tanto, la auténtica solidez de las entidades financieras de la Zona Euro en caso de graves dificultades económicas. En 2009, tras la histórica quiebra de Lehman Brothers y en medio de la mayor tormenta global desde la Gran Depresión, los 22 bancos examinados por los reguladores comunitarios aprobaron sin mayor dificultad los test de estrés, ya que ninguno bajaba del ratio de capital mínimo exigido en el escenario adverso (6% de Tier 1).

Un año más tarde, coincidiendo con el inicio de la fatídica crisis del euro, el análisis se extendió a 91 entidades y el resultado, en líneas generales, siguió siendo muy favorable para el sector. Entonces sólo suspendieron siete –cinco cajas españolas, un banco alemán y otro griego–, pero lo más relevante es que las entidades nacionales, en teoría, apenas precisarían una inyección extra de 2.000 millones de euros en capital para garantizar su solvencia ante el peor escenario, una factura ridícula en comparación con el coste que, hasta el momento, ha supuesto el rescate público de las cajas (más de 50.000 millones).

Por si fuera poco, dichas pruebas fueron superadas por los bancos irlandeses y el resto de bancos griegos, cuya quiebra –explícita o implícita– aconteció poco después. Si a ello se suma que en 2011 únicamente suspendieron ocho bancos europeos pero ninguno español y escasos meses después el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que pedir a la UE un crédito extraordinario de 41.000 millones de euros para auxiliar a casi la mitad del sistema financiero nacional, es evidente que la credibilidad de las famosas pruebas de estrés es, simplemente, inexistente, tal y como se alertó desde estas mismas páginas.

¿Por qué los test publicados el pasado domingo deberían ser diferentes? En esta ocasión, el número de entidades suspendidas asciende a 13 y el déficit de capital ronda los 10.000 millones de euros, pero, una vez más, el citado examen adolece de graves problemas estructurales que, por desgracia, arrojan serias dudas acerca de los resultados obtenidos. A primera vista, destacan, sobre todo, tres errores o, mejor dicho, trampas ideadas para ofrecer una imagen distorsionada acerca de la verdadera solvencia de la banca europea en caso de que vengan mal dadas. Así, uno de los principales defectos tiene mucho que ver con el tan citado "escenario adverso", es decir, el cuadro macroeconómico más pesimista que dibujan los reguladores comunitarios. Si el objetivo último de este análisis es conocer el grado de vulnerabilidad de la banca ante el azote de una nueva tormenta perfecta en la Zona Euro, su utilidad carece de sentido en caso de que se limite a medir el posible impacto de una simple marejada sobre los balances bancarios.

El "escenario adverso" de los test de estrés es, en general, bastante complaciente. En el caso de España, por ejemplo, se prevé que el PIB apenas retroceda un 1% en 2015 (-1,4% en la Zona Euro), con una tasa de paro enquistada en el 27% y una caída adicional del 9% en el precio de la vivienda hasta 2016. Así pues, nada especialmente catastrófico, más allá de prolongar la trágica agonía que sufre el país. De hecho, ni siquiera contempla el riesgo de deflación (caída sostenida de precios), a pesar de ser una de las habituales excusas que emplean los Estados miembros y el propio Banco Central Europeo (BCE) para reclamar nuevas medidas de estímulo fiscal (más gasto) y monetario (más liquidez). En el peor de los casos, la inflación en la Zona Euro se situaría en el 0,6% en 2015 y el 0,3% en 2016. Por último, ni siquiera contempla un recrudecimiento sustancial de la crisis de deuda soberana que estalló en el seno de la Unión en 2010, ya que el pronóstico más agorero a este respecto es que la rentabilidad del bono español a 10 años repunte hasta el 5,5% el próximo año y el 5,6% el siguiente, lejos del 7% que llegó a alcanzar en 2012. Es decir, el temido "escenario adverso" sería, en todo caso, mucho más suave que la larga recesión y las fuertes tensiones financieras sufridas hace poco más de dos años.

Otro factor de incertidumbre son los habituales maquillajes contables que protagoniza la banca con el beneplácito de Gobiernos y reguladores. A este respecto, basta señalar que, gracias a un real decreto, el sistema financiero español contabiliza como capital de máxima calidad unos 30.000 millones de euros en activos fiscales diferidos (DTA), cuya exclusión habría reducido el Tier 1 medio de la banca desde el 9,1 al 7,1%, con la consiguiente dificultad que tendría más de una entidad para superar el citado examen.

Más allá de estas y otras argucias, uno de los aspectos más preocupantes es que la deuda pública sigue contando para los reguladores como un activo de máxima calidad, a pesar de que la Zona Euro sigue inmersa en una profunda crisis soberana de inciertas consecuencias. Es cierto que los test aplican precios de mercado a la deuda incluida en las carteras de negociación (bonos que se ponen a la venta), pero su volumen es muy reducido en comparación con la que figura en sus balances hasta vencimiento, y cuyo riesgo de impago, prácticamente, se descarta. En concreto, la banca de la Zona Euro poseía cerca de 1,75 billones de euros en deuda soberana a cierre de 2013, equivalente al 5,7% del total de sus activos.

Estas tenencias se han disparado un 25% (355.000 millones extra) desde que el BCE inició sus manguerazos de liquidez a finales de 2011, especialmente entre los países más débiles de Europa, como bien refleja el caso de las bancas italiana (+62%), portuguesa (+52%) y española (45%). El sector financiero ha triplicado en España e Italia su exposición crediticia a los bonos soberanos desde 2008. En Italia, con una exposición de 407.000 millones de euros, y España, con 297.000 millones, casi el 10% de los balances bancarios está invertido en deuda pública, y ésta, además, se concentra en bonos nacionales (75% y 70% de estas carteras, respectivamente), con lo que el riesgo es, si cabe, mayor debido a la baja calidad de estos activos.

Desde que comenzó la crisis económica, la deuda pública en el conjunto de la Zona Euro ha subido desde el 66 hasta el 93% en 2013, aunque el incremento más sustancial corresponde a la periferia europea: en Grecia se mantiene en el 175%, en Portugal e Italia ronda el 130%, mientras que en España roza el 100%, y nada indica que esta peligrosa tendencia se vaya a revertir a corto y medio plazo, sino más bien al contrario. Si se tiene en cuenta que el mundo desarrollado ostenta hoy el mayor nivel de endeudamiento público desde la II Guerra Mundial, que la deuda en manos de extranjeros alcanza un récord histórico, que el número de reestructuraciones soberanas desde 1950 asciende a 600 casos en un total de 95 países –con deudas inferiores a las de España e Italia–, que la opinión pública del sur de Europa rechaza frontalmente la austeridad pública, que el populismo de reciente cuño aboga por impagar la deuda y que, además, Alemania no está por la labor de pagar la factura de otros, contabilizar dichos bonos como activos de bajo riesgo es una insensatez y una grave temeridad, equiparable tan sólo a la inversión inmobiliaria en tiempos de la anterior burbuja.

¿Qué entiende Cáritas por exclusión social?

Todos los medios de comunicación han destacado en sus noticiarios que, según un reciente informe de Cáritas, el 25% de los españoles vive en una situación de exclusión social severa o moderada por culpa de la crisis. Es más, según ese mismo informe, únicamente el 34,3% de los españoles disfruta de una integración plena en sociedad. Preocupantes cifras que describen un país casi tercermundista: uno donde la inmensa mayoría sobrevive al borde de la miseria, parasitada por una minoría privilegiada y castuza.

Acaso sorprenda al lector saber que en todos los indicadores no financieros de privación material (cuántos españoles pueden ahorrar frente a imprevistos, cuántos no tienen automóvil, lavadora, teléfono, ordenador, ducha, inodoro o luz natural en sus habitaciones, cuántos viven en barrios afectados por la delincuencia…) estamos mucho mejor que hace 20 años y, en su mayoría, también mejor que hace 10; o que España es el país de Europa que más ha visto reducida su desigualdad salarial desde 1995; o que el crecimiento económico que hemos vivido entre 1973 y 2011 ha beneficiado más a las rentas bajas que a las altas. Y es que estos datos, también recogidos en el informe de Cáritas, han tenido  nula repercusión en la prensa.

Mas mi objetivo no es remarcar las lecturas positivas que podría tener el informe, a poco que la prensa no optara en comandita por adoptar un enfoque amarillista y populista, cuanto responder a una pregunta muy simple: cuando Cáritas nos indica que el 25% de los españoles padece de exclusión social (o que el 65,7% no está "plenamente integrado"), ¿a qué se está refiriendo? A la postre, más allá de las etiquetas, eso es lo relevante: ¿en qué situación real se encuentra ese 25% (o 65,7%)?

Cáritas elaboró el año pasado un Indicador Sintético de Exclusión Social (ISES) con 35 parámetros, que es el que actualiza y utiliza ahora. Una persona está integrada plenamente en la sociedad cuando su situación no se ajusta a ninguno de esos 35 parámetros, se halla en integración precaria cuando convive con uno, padece exclusión moderada cuando experimenta dos o tres y sufre exclusión severa cuando soporta cuatro o más. Copio a continuación los 35 indicadores, así como el porcentaje de españoles que la sufre, para que podamos valorarla con más elementos de juicio.

% personas 2007

% personas 2013

Personas que viven en un hogar cuyo sustentador principal está en paro desde hace más de un año.

1,1%

9,2%

Personas que viven en un hogar cuyo sustentador principal tiene un empleo de exclusión: vendedores a domicilio, vendedores ambulantes (apoyo), vendedores ambulantes (marginal), empleadas del hogar no cualificadas, peones agrícolas eventuales temporeros, recogedores de cartón, repartidores de propaganda, mendigos.

3,1%

3,7%

Personas que viven en un hogar cuyo sustentador principal tiene un empleo de exclusión: que no tiene cobertura de la Seguridad Social (empleo irregular).

3,5%

3,2%

Personas que viven en hogares sin ocupados, ni pensionistas contributivos, ni de baja, ni con prestaciones contributivas por desempleo del INEM.

4,7%

7,6%

Personas que viven en hogares con personas en paro y sin haber recibido formación ocupacional en el último año.

8,7%

36%

Personas que viven en hogares con todos los activos en paro.

2,3%

12,3%

Pobreza extrema: ingresos inferiores por hogar al 30% de la renta familiar mediana equivalente. Umbral estable en euros constantes como media de los 3 años (2.891€ en 2007, 3.014€ en 2009 y 3.273€ en 2013).

3,5%

7,3%

Personas que viven en hogares que no cuentan con algún bien considerado básico por más del 95% de la sociedad (agua corriente, agua caliente, electricidad, evacuación de aguas residuales, baño completo, cocina, lavadora, frigorífico) y que no pueden permitírselo.

No hay información

1,6%

Derecho de elegir a tus representantes políticos y a ser elegido: personas que viven en un hogar con alguna persona de 18 o más años de nacionalidad extracomunitaria (sin convenio de reciprocidad).

8,4%

6,1%

Capacidad efectiva de ser considerado y de influir en el proceso de toma de decisiones colectivas: no participan en las elecciones por falta de interés y no son miembros de ninguna entidad ciudadana.

4,2%

8,5%

Personas que viven en hogares con menores de 3 a 15 años no escolarizados.

2%

1,6%

Personas que viven en hogares en los que nadie de 16 a 64 años tiene estudios: de 16 a 44, sin completar EGB, ESO o graduado escolar; de 45 a 64, menos de 5 años en la escuela.

5,5%

3,3%

Personas que viven en hogares con alguna persona de 65 o más que no sabe leer y escribir o no ha ido a la escuela.

5,4%

4,1%

Infravivienda: chabola, bajera, barracón, prefabricado o similar.

1,6%

0,8%

Deficiencias graves en la construcción, ruina, etc.

1,4%

1,8%

Humedades, suciedades y olores.

7,6%

10,2%

Hacinamiento grave (<15 m2 persona).

6,9%

7%

Tenencia en precario (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente).

2,7%

1,6%

Entorno muy degradado.

0,5%

2,7%

Barreras arquitectónicas con discapacitados físicos en el hogar.

2,6%

5,5%

Gastos excesivos de la vivienda (ingresos – gastos viv. < umbral pobreza extrema con umbral estable).

5%

14,1%

Alguien sin cobertura sanitaria.

0,6%

0,3%

Han pasado hambre en los 10 últimos años con frecuencia o la están pasado ahora.

2%

4,5%

Todos los adultos con minusvalía, enfermedad crónica o problemas graves de salud que les generan limitaciones para las actividades de la vida diaria.

1,1%

1,2%

Personas que viven en hogares con alguna persona dependiente, que necesitan ayuda o cuidados de otras personas para realizar las actividades de la vida diaria y que no la reciben.

0,8%

1,1%

Personas que viven en hogares con enfermos, que no han usado los servicios sanitarios en un año.

0,7%

1%

Personas que viven en hogares que han dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.

5,4%

15,8%

Alguien en el hogar ha recibido o recibe malos tratos físicos o psicológicos en los últimos 10 años.

No hay información

2,7%

Personas que viven en hogares con relaciones muy malas, malas o más bien malas.

1,5%

0,8%

Personas que viven en hogares con alguna persona que tiene o ha tenido en los 10 últimos años problemas con el alcohol, con otras drogas o con el juego.

No hay información

2,6%

Alguien ha sido o está a punto de ser madre adolescente sin pareja.

2%

1%

Personas que viven en hogares con alguna persona que tiene o ha tenido en los 10 últimos años problemas con la justicia (antecedentes penales).

2,5%

1%

Personas sin relaciones en el hogar y que no cuentan con ningún apoyo para situaciones de enfermedad o de dificultad.

2,8%

2%

Personas que viven en hogares con malas o muy malas relaciones con los vecinos.

1,6%

0,5%

Personas que viven en hogares con alguna persona en instituciones: hospitales y pisos psiquiátricos, centros de drogodependencias, de menores, penitenciarios, para transeúntes o mujeres.

0,3%

0,2%

Sinceramente, muchos de los elementos que aparecen en este listado me parecen una absoluta frivolización de la pobreza que no entiendo que una asociación como Cáritas consienta. Es cierto que Cáritas en todo momento habla de exclusión social y no de pobreza, pero la organización debería ser consciente de la demagógica equiparación que suele hacerse entre ambas, sobre todo cuando se las vincula a la crisis actual. Y facilitar -e incluso promover- una completa manipulación del significado de las estadísticas en un sentido vejatorio para los verdaderamente pobres debería estar en los antípodas de los objetivos sociales de Cáritas.

Ni estar peleado con tus vecinos, ni estar peleado con tu pareja, ni tener un abuelo semianalfabeto, ni ser madre soltera, ni vivir en un hogar con ciudadanos extracomunitarios ni ser apolítico equivale a ser pobre. Es más, diría que ni siquiera equivale a estar excluido socialmente. Y, sin embargo, acabo de mencionar seis indicadores que, en caso de que coincidieran en una misma persona, la calificarían como de "severamente excluida" de la sociedad (esto es, la categoría más grave posible dentro del informe de Cáritas). De hecho, basta con que coincida uno de ellos para que esa persona no esté "plenamente integrada" en sociedad, o que haya dos de ellos para que el individuo esté parcialmente excluido de la sociedad. Es decir, con dos de los anteriores seis criterios… usted integraría ese 25% de los españoles a los que la crisis ha empujado a una situación de exclusión social según Cáritas.

El colmo del despropósito, claro está, se halla contenido en el parámetro 32, a saber, "haber tenido problemas con la justicia en los últimos 10 años": vamos, que para Cáritas todos los políticos condenados por haber saqueado y construido fortunas personales a costa de los contribuyentes… deben figurar como no integrados plenamente en sociedad. Y si la corrupción les ha llevado a pelearse con sus vecinos o con su pareja comenzarían a formar parte de ese 25% de españoles excluidos de la sociedad. Delirante.

En este sentido, que la exclusión social haya aumentado del 16,3% en 2007 al 25,1 en 2013 (nota: la crisis en todo caso habrá causado el aumento de nueve puntos en la exclusión social entre 2007 y 2013, no los 25 puntos de 2013) se explica por un elemento de sobra conocido: el paro. Los problemas relacionados con el paro abarcan seis de los 35 indicadores, de manera que no es tan complicado que una persona se encuentre en varios de ellos (y además en alguno de los otros 29 indicadores). Sólo el punto 5 (personas que viven en hogares con personas en paro y sin haber recibido formación ocupacional en el último año) aumenta del 8% al 36%: algo de sobra conocido por todo aquel que siga la evolución de nuestra tasa de paro.

Y si por "aumento de personas excluidas socialmente" queremos decir "aumento de personas en paro", ¿a qué se debe tanta algarabía con el informe de Cáritas? Al cabo, la EPA que se publica trimestralmente ya recoge esa misma información. Pues la algarabía se debe a que los datos que presenta Cáritas pueden ser manipulados e instrumentados políticamente: cosa que se ha hecho sin pudor alguno y a lo que Cáritas se ha prestado orgullosamente.

Lo anterior no significa, claro está, que los indicadores desagregados que presenta Cáritas sean inútiles. Únicamente implica que la cifra del 25% de excluidos sociales hay que desecharla por descabellada. Pero el listado anterior sí nos permite conformarnos una imagen de qué porcentaje de personas lo están pasando verdaderamente mal durante esta crisis: el cruce de los puntos 7 (pobreza extrema), 8 (carencia de bienes básicos), 14 (infraviviendas) o 23 (haber pasado hambre en los últimos diez años) nos indica que el porcentaje de españoles que puede estar atravesando dificultades verdaderamente acuciantes (dificultades que, en todo caso, se habrían considerado el estándar de normalidad hace 40 o 50 años) se halla en torno al 5%, frente al 2-3% del pico de la burbuja de prosperidad de 2007.

Ese 5% de españoles son el público objetivo al que atiende Cáritas y que debido a su volumen absoluto -más de dos millones de personas- es comprensible que esté desbordando sus instalaciones. Pero el 5% no es ni el 25% ni el 66%: acaso a Cáritas le parezca que hay demasiados pocos pobres y se vea en la tentación de inflar exageradamente su número.

Cáritas es en muchos sentidos una organización ejemplar a la que todos tenemos mucho que agradecer. Pero que sea ejemplar en muchos sentidos no significa que lo sea en todos: frivolizar e instrumentar el verdadero drama de la pobreza en aras de un mayor autobombo y de la defensa de un modelo de Estado omniabarcante no debería entrar en su agenda. Y, por desgracia, se está convirtiendo en parte constituyente de la misma.

Éxito y mejora

Solemos escuchar con frecuencia que la reforma laboral del Partido Popular fue una argucia política para favorecer a las grandes empresas. Supuestamente, la medida se adoptó con el único propósito de reducir los costes de los ajustes de plantilla de las grandes corporaciones, olvidándose de las necesidades reales que tenían las pymes españolas y que en ningún caso pasaban por una mayor flexibilidad laboral.

El discurso es especialmente recurrente entre los dirigentes de Podemos y de otros partidos satélites, los cuales buscan ofrecer una imagen de transversal moderación exonerando de sus críticas antimercado a los pequeños empresarios y concentrándolas en la intrínseca maldad de la casta corporativa. La reforma laboral es mala no porque beneficie a los empresarios, dicen, sino porque solo beneficia a la casta plutocrática.

El problema, claro está, es que la realidad casa mal con la ideologizada doctrina. Entre finales de 2011 y finales de 2013, la economía española perdió más de un millón de empleos, de los cuales el 60% eran contratos indefinidos y el 40% contratos temporales. Y, como podemos observar en la siguiente tabla, la mayor parte de la destrucción de empleo, tanto en términos absolutos como relativos, se concentró en las microempresas de hasta 9 trabajadores, mientras que las grandes empresas de más de 250 trabajadores fueron las que menos ocupaciones destruyeron en términos relativos. De hecho, es fácil comprobar que existe una relación inversa entre tamaño y caída de la ocupación: a mayor tamaño, menor reducción de la plantilla. 

 

       
         

Dado que la definición de pyme atañe a todas aquellas empresas con menos de 250 trabajadores, acaso convenga presentar las cifras de un modo más sintético: entre 2011 y 2013, las pymes destruyeron 830.000 empleos, esto es, el equivalente al 8,9% de todos sus puestos de trabajo; por el contrario, las grandes empresas perdieron 232.000 empleos (casi 600.000 menos), que equivalían al 4,4% de toda su plantilla. En suma: las pymes destruyeron el doble de empleo que las grandes empresas.

Los datos resultan especialmente ilustrativos en dos sentidos. Primero, y en contra del muy oficial discurso, España muy probablemente necesite de empresas de mayor tamaño: no hay motivo para enorgullecerse por el hecho de que seamos un país esencialmente de pymes (sobre todo cuando el crecimiento de éstas se halla artificialmente limitado por la legislación). Segundo, la reforma laboral ha beneficiado esencialmente a las pymes, a saber, a la parte más débil de nuestra economía y más necesitada de unos reajustes internos que la anterior normativa laboral encarecía arbitraria y absurdamente. Sin reforma laboral, el reajuste de las pymes españolas habría sido muchísimo más oneroso de lo que finalmente ha sido y muchas de ellas habrían tenido que desaparecer bajo el yugo de unos costes desproporcionados.

Quienes buscan revertir la reforma laboral y ahondar en las hiperregulaciones estatales –en lugar de profundizar en la muy necesaria liberalización de nuestra economía– no luchan contra los privilegios de la casta con el objetivo de proteger a la pyme: muy al contrario, buscar atenazar la libertad de todos los españoles para reforzar el poder omnímodo del Estado.

¿Quién se ha beneficiado más de la reforma laboral?

La retórica ha sido siempre un arma de los poderosos para someter a sus súbditos. Cuando el poder alcanza cotas de intrusión inéditas, y encima lo hace bajo el sistema político que más presume de respetar los deseos de los ciudadanos, el bien decir de la mentira política se vuelve imprescindible.

Eso explica la brillantez de los giros y oropeles lingüísticos, en especial en lo que se refiere a la expresión más clara de la coacción política y legislativa: la Hacienda. Que, para empezar mintiendo bien, siempre se llama "pública", como si fuera de todos, como si todos realmente tuviéramos la llave de ese Tesoro y la capacidad de decidir sobre sus ingresos y erogaciones.

Pondré dos ejemplos sugestivos relacionados con la deuda y la recaudación. Es habitual que autoridades y medios celebren que el Estado haya "colocado con éxito" más deuda, y que la recaudación impositiva mejore

El verbo colocar es de entrada equívoco, porque la acepción que teóricamente más se ajustaría al fenómeno en cuestión sería la de "encontrar mercado para algún producto". Sin embargo, lo que está sucediendo no tiene que ver con el mercado en aspectos muy fundamentales: el Estado no es una empresa, el Estado puede obligar y de hecho obliga a los ciudadanos a que paguen esa deuda que él emite y, en caso de impago, puede darse el lujo que acometer esa práctica, letal para cualquier empresa, y no desaparecer ipso facto.

Además, y dejando de lado los matices de la colocación¿en qué estriba el famoso "éxito"? Generalmente en dos criterios: la cantidad y el precio. Así, cuando el Estado coloca todo que pretendía, y a un precio bajo, o menor al de la colocación anterior, todo son plácemes. Muy rara vez, o nunca, sin embargo, los relatos sobre estas colocaciones tan exitosas subrayan una incuestionable realidad: el éxito radica en que las autoridades logran que los ciudadanos les presten ahora dinero a cambio de unos papelitos cuya rentabilidad exigirá que aumente en el futuro la coerción de esas mismas autoridades o (más frecuentemente) sus sucesoras sobre los ciudadanos. Este uso de la fuerza no debería ser motivo de aplauso.

Como tampoco debería serlo el hecho de que las autoridades se apropien de una suma mayor de los bienes de sus súbditos. ¿Por qué va serlo? Más bien lo plausible sería lo contrario, es decir, que el pueblo conservara lo que es suyo, sus bienes, sus propiedades, y por supuesto sus salarios. Pues parece que no, parece que lo bueno es que la gente tenga menos dinero y que el poder le quite aún más. Por eso se dice que la recaudación "mejora", en vez de decir que "aumenta".