El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha convertido en el gran confiscador de España. Su última hazaña carroñera ha sido la de eliminar los coeficientes de abatimiento con su reciente reforma del IRPF, lo que implicará una gigantesca mordida tributaria sobre aquellos ahorradores que vendan sus activos de muy largo plazo, incluyendo entre éstos las viviendas. Las arcas públicas están vacías debido a que el volumen de gasto prácticamente no se ha achicado durante la era Rajoy y, por tanto, sólo queda rapiñar al contribuyente, incluso llegando al extremo de expropiarle el ahorro inmovilizado en su casa.

Mas la reciente reforma del IRPF también contiene una aparentemente bondadosa provisión que permitirá a algunos ahorradores escapar de las garras del ministro de Hacienda: si el propietario de la vivienda enajenada tiene más de 65 años y los ingresos derivados de la venta del inmueble –o de cualesquiera otros activos no inmobiliarios– se reinvierte en un seguro de renta vitalicia, entonces la plusvalía cosechada quedará exenta de tributar en el IRPF (art. 38.3 de la nueva Ley de IRPF). La justificación ofrecida por Hacienda es simple: se trata de promover el ahorro de cara a la jubilación, logrando así una renta adicional que complemente las cada vez más exiguas pensiones públicas.

En apariencia, Montoro aprieta pero no ahoga: al menos en este caso ha aparcado su voracidad recaudatoria para no machacar inmisericordemente a las personas que entran en la tercera edad. Claro que uno debería preguntarse lo siguiente: si de lo que se trata es de promover el ahorro de cara a la jubilación, ¿por qué Hacienda sólo exime de tributar las plusvalías reinvertidas en seguros de renta vitalicia? ¿Por qué no concede esa misma exención cuando el capital se reinvierte en cualquier otro vehículo de ahorro? Acaso al responder semejante pregunta descubramos que la motivación esencial de Montoro no es la compasión hacia los jubilados, sino su sobradamente conocido (y sufrido) afán por apropiarse de su patrimonio. 

El de los seguros es el sector financiero que más invierte en deuda pública en términos relativos, por encima de la banca: a finales del primer trimestre de este año las aseguradoras poseían más de 87.000 millones de euros en renta fija estatal… el 70% de todos sus activos financieros (cantidad, por cierto, que se ha duplicado durante el trienio ominoso de Rajoy). Las aseguradoras necesitan contar con una cartera de activos muy seguros, con un amplio mercado secundario y con flujos de caja muy estables y previsibles: de ahí que la deuda pública sea una de sus inversiones predilectas.

En el caso de los seguros de renta vitalicia, esa vinculación con la deuda pública todavía se vuelve más intensa: los seguros de renta vitalicia son un producto financiero invertido esencialmente en deuda pública. A efectos prácticos, son una especie de imposiciones a plazo fijo que las aseguradoras inmovilizan en deuda pública: en la actualidad, un auténtico despropósito de inversión para los particulares debido a los bajísimos intereses que está abonando este activo y a los precios burbujísticos a los que cotiza (es decir, para el asegurado es ahora mismo un producto financiero de baja rentabilidad y de alto riesgo).

Por tanto, sí, Montoro ofrece una salida a los jubilados para evitar su rapiña más directa tras la supresión de los coeficientes de abatimiento, pero esa salida les conduce irremisiblemente al matadero de la (mala) inversión en deuda pública. Poco le importa a este Gobierno que sus incentivos fiscales conduzcan a los jubilados a tomar pésimas decisiones financieras (como tampoco le importó al Gobierno anterior que invirtieran masivamente en las participaciones preferentes con tal de recapitalizar de tapadillo a las cajas de ahorros). En este caso, lo esencial es que la desenfrenada avaricia del ministro de Hacienda queda colmada: ya sea con una confiscatoria recaudación –si los jubilados venden sus inversiones de muy largo plazo y no reinvierten sus ganancias en seguros de renta vitalicia– o con una mayor colocación de deuda pública burbujística –si venden sus inversiones y se acogen a los seguros de renta vitalicia–. Todo por la pasta: por la pasta del Estado.

En otros artículos ya hemos tenido la ocasión de explicar la imposibilidad de acotar el concepto de “deuda odiosa” así como el alto coste que acarrea el impago para la viabilidad económica de un país. Sin embargo, todas estas consideraciones suelen verse opacadas por los beneficios que suelen atribuirse al default.

Y es que, según se nos ha dicho, los recortes del gasto y las brutales subidas de impuestos que hemos venido experimentando en los últimos años han tenido la única finalidad de hacer frente a los intereses de la deuda: presuntamente, pues, si pudiéramos librarnos de esos dichosos intereses, volveríamos a disfrutar de las mieles del sobregasto estatal con impuestos mucho más reducidos. La solución se antoja sencilla por muchos perversos efectos secundarios que pueda acarrear: muerto el perro (impagada la deuda) se acabó la rabia (los intereses asfixiantes).

Acaso convenga no dejarse engañar por este omnipresente discurso populista y tratar de dilucidar si semejantes aspiraciones tienen algún fundamento.

El peso de los intereses de la deuda                    

A finales de 2013, los intereses de la deuda pública española ascendían a 34.200 millones de euros (tipo de interés medio del 3,5%), lo que equivale al 3,3% del PIB y al 7,3% de todo el gasto público. En el año 2007, con superávit presupuestario, los intereses totalizaban 16.900 millones de euros (tipo de interés medio del 4,4%), siendo equivalentes al 1,6% del PIB y 4% de todo el gasto público. Dado que el déficit público de 2013 ascendió al 6,33% del PIB, la totalidad del déficit público actual no puede explicarse por la necesidad de pagar los intereses de la deuda: aun cuando los intereses se redujeran a cero (lo que técnicamente se conoce como “saldo presupuestario primario”), nuestro déficit público superaría el 3% del PIB, esto es, el límite fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

La primera lección, por tanto, es sencilla: aunque no pagáramos ni un solo euro en intereses, no sólo no podríamos revertir los recortes del gasto y las brutales subidas de impuestos, sino que deberíamos ahondarlas para eliminar nuestro déficit primario. Así pues, atribuir los recortes a la necesidad de pagar los intereses de la deuda es falaz: aún sin intereses, deberíamos haber acometido al menos la misma magnitud de ajuste presupuestario (aunque no necesariamente del mismo modo: mi apuesta siempre ha sido recortar mucho más el gasto público y no subir los impuestos).

El ahorro de una auditoría de la deuda

Descrito el contexto presupuestario, podemos proceder a pronosticar qué alivio presupuestario acarrearía una auditoría de la deuda y el consiguiente default de los pasivos odiosos. A la postre, auditar la deuda no significa repudiar la totalidad de la deuda sino, según se nos ha dicho, sólo aquella que tiene un origen ilícito: por tanto, el ahorro de gastos financieros derivado de un default no se corresponde con la totalidad de los intereses, sino sólo con una porción. ¿Qué porción?

Tal como ya he indicado, no resulta posible acotar qué deuda pública es odiosa y cuál no lo es: el concepto es una mera coartada doctrinal para legitimar la arbitrariedad de los gobiernos a la hora de no cumplir con sus compromisos asumidos. Pero dejemos de lado esta dificultad y asumamos que sí podemos cuantificar objetivamente qué parte de la deuda pública española es odiosa.

En general, se nos ha dicho que los pasivos públicos odiosos se corresponden con buena parte de la deuda emitida durante la crisis. Entre 2008 y 2013, se han emitido unos 600.000 millones de euros en deuda pública: si la mitad de la misma fuera declarada odiosa, dejaríamos de pagar intereses sobre 300.000 millones de euros; si el 75% fuera declarado odioso, nos ahorraríamos los intereses sobre 450.000 millones. Conviene remarcar que los porcentajes que estamos manejando son extraordinariamente elevados y convertirían la reestructuración de deuda de nuestro país en la mayor de la historia: es decir, no estamos racaneando con su cuantía, sino más bien asumiendo porcentajes irrealmente elevados.

Pues bien, si España impagara 300.000 millones de euros, su deuda pública total quedaría reducida al 70% del PIB frente al 100% actual; si impagara 450.000 millones, al 55% del PIB. Dado que abonamos casi 35.000 millones de euros en intereses, el primer impago nos permitiría reducir su cuantía en 10.000 millones de euros y el segundo en 15.000 millones. Por consiguiente, si el Gobierno español optara por sacudir la economía mundial con el mayor impago de la historia —lo que muy probablemente acarrearía la descomposición de la zona euro y la expulsión de España de los mercados de capitales—, lograríamos un ahorro de entre el 1% y el 1,5% del PIB. Recordemos: el déficit a finales de 2013, tras todos los molestos ajustes aprobados, todavía ascendía al 6,5% del PIB. ¿Hacen falta tantas alforjas para este viaje?

Un déficit infinanciable

Pero la historia no termina aquí. Que el mega-impago de deuda sólo consiga rebajar el déficit público hasta el 4,5%-5% del PIB significa que el gobierno español seguiría teniendo un desequilibrio anual entre ingresos y gastos de alrededor de 50.000 millones de euros. Para gastar cada año 50.000 millones más de lo que ingresamos, la alternativa más común es justamente la de emitir deuda: ¿pero cómo vamos a lograr emitir deuda después de haber impagado la deuda? El default nos excluiría de los mercados de capitales, lo que significaría que no podríamos captar voluntariamente ahorro ajeno para gastar más de lo que ingresamos.

¿Cuáles serían entonces las alternativas? Muchos más ajustes de los aprobados hasta la fecha. O bien el Gobierno equilibra el presupuesto ante la imposibilidad de financiar su déficit (es decir, se recortan mucho más los gastos y se incrementan los impuestos) o bien sufragamos el déficit imprimiendo moneda a mansalva. Dado que con el impago de la deuda habríamos finiquitado la zona euro, la impresión de moneda significaría estampillar gigantescas cantidades de neopesetas (si siguiéramos en el euro, la mayor parte de nuestros socios comunitarios se opondrían a que el BCE monetizara nuestros déficits, así que la vía de imprimir euros no la tendríamos disponible en cualquier caso). Siendo la neopeseta una moneda débil (una moneda que ningún ahorrador nacional o extranjero demandaría en grandes cantidades), el incremento desproporcionado de su oferta generaría una elevada inflación interna que sufrirían en sus propias carnes los españoles: el Estado gastaría más a costa de que los españoles gastaran menos (es decir, los españoles sufrirían recortes reales en su poder adquisitivo).

En definitiva, el default de la indefinible deuda odiosa no sólo proporcionaría un escasísimo alivio presupuestario que no permitiría en absoluto revertir los recortes aprobados hasta la fecha, sino que nos abocaría a decretar muchísimos más recortes ante la imposibilidad de seguir financiando el déficit. Como tantas otras recetas populistas, el default es un caramelo envenenado.

Este sábado por la noche Pablo Iglesias acudió a La Sexta Noche. En un momento del debate (a partir del minuto 1:32:35), el periodista Eduardo Inda le interpeló sobre la viabilidad de su propuesta estrella, la renta básica universal, en tanto en cuanto los propios economistas de Podemos estiman su coste en el 15% del PIB; coste que aumentaría hasta el 20% si se pretende otorgar a cada ciudadano una remuneración que cubra el umbral de la pobreza.

Pablo Iglesias consiguió escaquearse del fuego de preguntas comprometidas negando la mayor: el derecho a la renta básica sí es universal, dijo, pero la percepción de la renta básica no. Dicho de otro modo: no todos los españoles cobrarán una renta básica, sino sólo aquellos que la necesiten. El líder de Podemos, de hecho, llegó a echarse las manos a la cabeza denunciando la ridiculez de que alguien hubiese planteado alguna vez pagar una renta básica a todo el mundo: nadie ha tenido nunca una idea tan disparatada, y desde luego Podemos, afirmó, no se plantea pagar una renta básica a Ana Botín, a Inda o a Marhuenda, ya que no la necesitan.

Acaso la inmensa mayoría de la audiencia no lo supiera, pero en apariencia Pablo Iglesias estaba incumpliendo una de sus principales promesas electorales antes incluso de llegar al poder. La renta básica universal es universal porque se paga a todos, no porque el derecho sea universal. Justamente en eso se diferencia de otros esquemas de renta de inserción o de renta garantizada: las de inserción solo se pagan a quienes las necesitan y normalmente bajo ciertas condiciones (por ejemplo, que el perceptor esté incapacitado para trabajar o que, estando capacitado, no encuentre trabajo). Las rentas básicas universales, en cambio, se caracterizan por ser universales e incondicionales. 

Y universalidad implica que se paga a todo el mundo, incluso a aquellos que no la necesitan. Esto no es una ocurrencia que jamás haya defendido nadie, sino que se halla en la misma base de todos los desarrollos doctrinales de la renta básica universal. Por ejemplo, el principal teórico mundial de la renta básica universal, el belga Philippe van Parijs, la resume así:

Una renta básica es una renta abonada por la comunidad política a todos sus miembros individuales, con independencia de su situación económica o de su predisposición a trabajar.

Su principal defensor en España, Daniel Raventós, también es diáfano:

La definición de la renta básica es clara y sencilla: es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre; o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva.

Es más, esta propia semana Daniel Raventós fue invitado a La Tuerka justamente para aclarar (a partir del minuto 8:15) a la audiencia esa diferencia entre renta básica universal y rentas mínimas de inserción. Y, como decíamos, los propios economistas de Podemos destacaron hace unos meses que la renta básica debía pagarse a todos y estimaron su coste en función de ese parámetro.

Por consiguiente, Pablo Iglesias conoce perfectamente la diferencia entre renta básica universal y renta mínima de inserción: es plenamente consciente de que Podemos ha estado prometiendo una renta básica para todos (renta básica universal), pero este sábado afirmó que la renta básica sólo sería para algunos (renta mínima de inserción). Aparentemente, pues, Pablo Iglesias ha enterrado su proyecto de renta básica universal sustituyéndolo por un ambiguo programa de rentas mínimas de inserción para aquellos que lo necesiten (algo similar, aunque probablemente más amplio, a lo que ya existe): una rectificación que deberían lamentar todos aquellos seguidores ideologizados y agradecer todos aquellos que no deseen una quiebra social y económica de España.

Sin embargo, y tras reflexionar sobre las palabras de Iglesias, no creo que el líder de Podemos haya enterrado verdaderamente su proyecto de renta básica universal; más bien hizo un quiebro dialéctico a Eduardo Inda para evitar entrar en el fondo de un debate que a buen seguro perdería (por su manifiesta irrealidad) ante los espectadores.

Me explico: aunque la renta básica universal se pague a todos los individuos, no todos llegarán a cobrarla en términos efectivos. La razón es sencilla de comprender: para pagar la renta básica a todos, algunos individuos deberán abonar muchísimos más impuestos que antes, de modo que su saldo post renta básica será negativo. Por ejemplo, supongamos que un país está compuesto por dos individuos: el individuo A gana 20.000 euros y el individuo B cero euros. Si en ese país se reconoce un derecho a cobrar 5.000 euros del Estado, existen dos opciones: 1) el individuo A paga un 25% de impuestos sobre sus 20.000 euros de renta; 2) el individuo A paga un 50% de impuestos sobre sus 20.000 euros de renta y acto seguido cobra los 5.000 de renta básica a los que tiene derecho. En ambos casos el saldo final es el mismo: A tiene 15.000 y B tiene 5.000. Por tanto, el segundo caso (donde sí se paga la renta básica a todo el mundo) bien puede asimilarse al primero (donde solo se paga una renta básica al individuo B) para decir que el individuo A jamás percibe la renta básica en términos netos (aunque sí lo hace en términos brutos). Por expresarlo en un lenguaje algo más técnico: la renta básica universal puede asimilarse e instrumentarse a través de un impuesto negativo sobre la renta con una muy generosa deducción en cuota (a diferencia de, por ejemplo, la propuesta de impuestos negativos de Milton Friedman, que operaba a través de reducciones de la base liquidable); así es, verbigracia, como la articula Daniel Raventós en su conocida propuesta de financiación.

A mi entender, Pablo Iglesias se refugió ayer en ese tecnicismo —el saldo de la implantación de la renta básica universal sería negativo para los ricos, de modo que a efectos prácticos no la cobrarían— para evitar entrar en el debate de fondo: la insostenibilidad financiera de la renta básica universal. A la postre, el coste y las implicaciones fiscales de la renta básica universal siguen siendo las mismas aun cuando se articule como un impuesto negativo con una amplia deducción en cuota. Como decíamos, los propios economistas de Podemos cifraron ese coste en 145.000 millones de euros, casi el 15% del PIB: una cuantía que equivale a duplicar los tipos efectivos del IRPF para la mayor parte de la población, llegando incluso a tipos efectivos del 60% para las rentas más altas (algo no implementado en ninguna parte del planeta, ya que el tipo de Hollande del 75% para los superricos era un tipo nominal, no efectivo).

Por tanto, Podemos no ha rectificado su programa, pero sí lo está ocultando astutamente para alcanzar el poder. Lejos de promover un debate abierto y democrático de sus ideas —tal como sus líderes proclaman con orgullo—, están anestesiando y camuflando el debate para maximizar sus probabilidades de ascenso al poder. Los mismos tics de propaganda y manipulación política que con acierto le critican a la casta: el politiqués como escudo dialéctico ante la legítima y necesaria fiscalización ciudadana. Parece, sí, que de momento el único recambio posible a la casta viene de la neocasta.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 serán los últimos que elabore Rajoy con mayoría absoluta. En tal caso, pueden servirnos para enjuiciar la austeridad practicada por un Gobierno del PP "sin ataduras" durante la presente legislatura. Y a este respecto, el titular resulta obvio: la deuda está devorando al Gobierno de España. No ya porque, según el propio Ejecutivo, en 2015 la ratio de deuda sobre el PIB vaya a superar el 100% (sin trucar el PIB con drogas y prostitución sería el 103%), convirtiendo a Rajoy en el gobernante que más habrá incrementado la deuda pública en toda nuestra historia (sí, más que Zapatero), sino por algo mucho más elemental: el aumento de los pasivos gubernamentales acaecido durante la era Rajoy habrá contrarrestado totalmente los moderados recortes aprobados en el resto de partidas de gasto del Gobierno central.

Podemos observarlo fácilmente con la siguiente tabla: el gasto total presupuestado por el Gobierno de Rajoy para 2015 será básicamente el mismo que el presupuestado por Zapatero para 2011, a saber, 161.992 millones de euros frente a 162.980,7 (un recorte de apenas el 0,7%). La razón, empero, no es que no se hayan producido recortes en los gastos ministeriales: entre 2011 y 2015, el gasto agregado de los Ministerios se habrá reducido un 20%, esto es, 16.200 millones de euros.

La razón, por el contrario, es que los intereses de la deuda pública aumentan en 8.100 millones de euros, las pensiones de los empleados públicos (clases pasivas) en 2.700 millones y las transferencias a ayuntamientos, autonomías y la Unión Europea en 4.500 millones.