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Mujica

Juan José Millás entrevistó al presidente uruguayo José Mujica, y ambos describieron las consignas y contradicciones del pensamiento único.

Uno de los aspectos más reveladores de la progresía europea con respecto a América Latina es su paternalismo selectivo. Así, si alguien quiere cambiar el mundo a tiros en Europa nos parece intolerable, lo llamamos terrorista y pensamos que lo mejor es que esté en la cárcel. Si algún día sale, y se presenta a las elecciones, seguimos sospechando de él. En cambio, si es latinoamericano, nos parece todo estupendo. El Che Guevara es un héroe, cuando nada de lo que hizo sería admitido en España. En América Latina, sí. Ya se sabe, es que somos tan pintorescos allí… ¿verdad?

Naturalmente, la violencia que es condenable es siempre la que es hostil a la izquierda. Así, Guevara es un santo, pero Pinochet un demonio. Y, en fin, si no hay libertad de prensa en Cuba… pues, que se aguanten, porque no son europeos… ¿verdad? Y, naturalmente, si hay violaciones de los derechos humanos, siempre son en Chile, nunca en Cuba. Si hay desaparecidos, siempre son en la Argentina, jamás en ningún país comunista. Si hay opresión, explotación, mentira y contaminación, siempre es en países capitalistas y la culpa es de los malvados empresarios. Y así siguiendo.

Y así sigue Millás, según el cual Mujica fue un "guerrillero". Qué romántico, ¿verdad? No dice ni una sola palabra sobre lo que hicieron de hecho los famosos guerrilleros en América Latina. Jamás nadie dice ni una sola palabra sobre eso. Hubo unas pérfidas dictaduras que se impusieron sólo por la maldad inherente de unos criminales, de derechas, claro está, mientras que la izquierda nunca hizo nada malo, los guerrilleros nunca violaron los derechos humanos de nadie, etc. etc.

Esto es repugnante, pero habitual. Lo que no es tan habitual es la expresión abierta de la contradicción económica. Proclama el presidente uruguayo, dramáticamente, que los que mandan son… tachán, tachán… "los grandes poderes financieros". A continuación, y sin que él mismo ni por supuesto el señor Millás detecten contradicción alguna, don José aclara quién manda en realidad: "Más del 50 % del movimiento bancario está en manos del Estado. La banca privada es débil". Todo en la misma entrevista.

Y en la misma entrevista donde se habla del gran poder de las fuerzas capitalistas el propio Millás, sin apuntar que igual hay un problema entre lo que dice en un momento y un minuto después, va y dice:"Todos los sectores estratégicos de Uruguay están nacionalizados".

Las gansadas son torrenciales, con frases del estilo de Smiley como "O gobernamos la globalización o la globalización nos gobernará a nosotros", o que el malvado "neoliberalismo" hostiga los "derechos", y lo que usted quiera sobre el cambio climático, o incluso que la monarquía española cuesta “un disparate”. Pero una y otra vez se repite una cosa y la contraria a propósito del supuesto gran poder de las finanzas. Por ejemplo, “se ha descuidado la economía productiva, subordinándola al engranaje financiero”. Poderoso engranaje, ¿verdad? Pues al mismo tiempo el presidente asevera: “Los bancos de fuera, como el Santander, son una plaga en Uruguay, pero no pueden hacer nada, los tenemos agarrados del pescuezo”, y nos enteramos de que los bancos más fuertes son… ¡del Estado!

Las secesiones expansivas no existen

“There’ll soon be more pandas than financial institutions left in Scotland" citado por Faisal Islam (Sky).

A cierre de este artículo, el referéndum sobre la posible independencia de Escocia está causando más de un dolor de cabeza en el Reino Unido, donde vivo. La última encuesta de YouGov da un 50% al ‘No’ y un 45% al ‘Sí’, pero otras hablan de empate. Un error garrafal de estrategia de un gobierno conservador que veía una oportunidad de hundir al laborismo con el referéndum (el resto de Reino Unido vota fundamentalmente conservador; Escocia es feudo laborista) y ahora se encuentra con un grave problema económico si sale un ‘Sí’ que casi todo el mundo ignoraba antes del verano.

La libra esterlina se desplomaba un 16% anualizado desde que las encuestas empezaron a mostrar el avance del independentismo. A su vez, las empresas más expuestas a Escocia o el Mar del Norte perdían más de 4.000 millones de libras de capitalización bursátil –sin contar el impacto en las empresas europeas con intereses en Escocia–.

Hay que reconocer que la falta de preocupación por la secesión de Escocia me sorprendía desde hace meses. Existía una combinación de arrogancia e ignorancia en los mercados, tal vez embelesados por la magia ‘impresora’ del Banco Central Europeo (BCE) o del Banco de Inglaterra.

Los impactos son importantes:

  • Caída del crecimiento: Todos los análisis relativamente conservadores indican una reducción de las estimaciones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 20%, un estancamiento o caída de hasta el 30% de las inversiones –sobre todo en energía– y el riesgo de crear dos países altamente deficitarios (What Would Happen After a Yes, Citigroup).
  • Aumento del déficit: Sí, porque la separación empeora al incluirse todas las administraciones, cargas y gastos de duplicar nuevos organismos. Dos estados, Escocia y el resto del Reino Unido, que pasarían a ser de los mayores déficits fiscales y comerciales de la OCDE. Escocia por aumentar sus gastos administrativos y Reino Unido al perder en su balanza comercial parte de los ingresos del petróleo del Mar del Norte. Escocia, además, pretende replicar todos los organismos reguladores y estatales. Y eso significa más gasto en una zona que supone el 9,3% de los gastos del Reino Unido, pero solo un 9% de los ingresos [1].
  • Fuga de capitales: Royal Bank of Scotland (RBS)Lloyds y algunos de los mayores fondos de inversión de Edimburgo anunciaban que abandonarían Escocia. Credit Suisse lo mencionaba en un informe del 11 de septiembre: “Cuando la viabilidad de un nuevo país se cuestiona, los flujos financieros y de capital son el mayor elemento de incertidumbre. El problema no es mantener el país dentro de la moneda, sino mantener el dinero en el país (“the problem is keeping the currency in the country, not keeping the country in the currency”).” Las estimaciones sobre pérdida de capitales se mueven entre 20.000 y 100.000 millones de libras [2]. Con un sector financiero en Escocia que supone más del 1.200% del PIB, la pérdida de una parte es un enorme impacto en su crecimiento, empleo e ingresos fiscales.

  • Caída de inversiones en petróleo y renovables: Más de 23.000 millones de libras en proyectos renovables se pararían ante la incertidumbre de saber cómo y quién pagaría las primas. Las grandes empresas como Scottish & SouthernInfinis o Scottish Power (participada de Iberdrola) ya han comentado el riesgo de ese estancamiento. Incluso los analistas estiman grandes pérdidas de empleo, ya que casi todo el plan de inversiones es de crecimiento 2015-2018. En petróleo es peor, porque tanto los independentistas como los unionistas cuentan con unos ingresos más que optimistas. Los ingresos de Escocia por el petróleo se han movido entre los 11.600 y los 5.600 millones de libras, como mucho un 21% de los ingresos fiscales. Con unos impuestos confiscatorios (60%), la producción del Mar del Norte ha caído de manera relevante por la falta de inversión exploratoria. Empresas como EnquestCentricaBG Premier simplemente no invierten para perder dinero y temen una subida de impuestos ante una independencia para intentar tapar el agujero de déficit antes comentado. 
  • Caída de las exportaciones: Es malo para el resto del Reino Unido porque Escocia sería el equivalente a un 4% de sus exportaciones, y una caída de las mismas afecta a la economía de la isla.
  • Una nueva moneda: Los independentistas ya han dicho que no van a usar la libra. Unirse al euro es entregarse a la política franco-alemana que se critica día a día en la TV. Una enorme devaluación es un problema financiero en una economía ultra-endeudada en libras y dólares, ya que se hunde la capacidad de pago.
  • Reino Unido se sale de la UE: Si gana el independentismo, el resto del Reino Unido es en su mayoría conservador del ala anti-UE. No tardaría en decidir salir de una Unión Europea de la que es contribuyente neto positivo, dejando Europa con mayores dificultades para financiarse y sufriendo todos -la isla y la Eurozona- de la caída inevitable del comercio.

IMPACTO EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Nuestro país ha invertido de manera muy importante en Reino Unido, con un total cercano a los 88.000 millones de euros desde 2004 en los sectores de telecomunicaciones, energía, financiero e infraestructuras. España fue entre 2006 y 2007 el segundo mayor inversor en el país tras EEUU. Estas empresas tienen una media de un 16% de sus resultados en el país. Una caída de la libra, una reducción del crecimiento en toda la isla y un posible cambio de moneda son los mayores riesgos a considerar. La banca tiene unos 8.500 millones de euros de préstamos sólo en Escocia, que podrían sufrir si se produce un estancamiento o una devaluación.

EL CUENTO DE LAS SECESIONES EXPANSIVAS

Me contaban un chiste en Edimburgo en el que un feligrés sale de misa y le dice al cura “tengo dudas con mi fe, la iglesia promete que Dios me va a dar el paraíso pero también lo promete Salmond” (el líder independentista). Y es que el sueño socialista de una Escocia independiente se vende como una especie de enorme regalo social en el que se van a aumentar los puestos públicos, los salarios, las pensiones y la seguridad social a costa de unos ingresos inventados. No solo asumen unos precios del petróleo muy superiores a los actuales, sino que la producción se dispararía mágicamente y no se produciría ninguna fuga de capitales. Por supuesto, no asumen aumentos de primas de riesgo, ni menor acceso a los mercados. Unicornios.

Y la realidad es que no existen secesiones expansivas. Lo más que se puede esperar es una evolución en forma de V, es decir, que los años de recesión y recortes se recuperen después. La media de recuperación a ‘cero’ son siete años. No ha habido ni un sólo caso en el pasado en el que la independencia no haya venido acompañada de una caída inicial enorme de actividad y de las prestaciones sociales.

En España ya hemos visto el efecto contagio, aunque aún sea moderado. Como explicaba El Confidencial, las primas de riesgo, tras meses de tranquilidad, se disparaban. La rentabilidad del bono a 10 años subía un 15%, y en los bonos a dos años, el 80%. La prima de riesgo de los bonos de Cataluña –el diferencial con el bono alemán– es ya, incluyendo Fondos de Liquidez Autonómica (FLA) y el BCE apoyando, el doble que la del estado español. Como comentaba en 2012 en “Independencia: desastre para Cataluña y el resto de España”, seguimos creyendo que la separación es expansiva, cuando las partes separadas siempre son menos que el todo.

La independencia de una región o un país podrá defenderse por razones personales o emocionales, pero no económicas. No se trata de decir si es viable como país independiente, que lo sería, pero a muy largo plazo y tras una factura difícil de asumir cuando lo que prometen es “más estado de bienestar”, ya que sería menor. Se trata de qué coste estamos dispuestos a asumir por esa independencia

Ya saben ustedes que detrás de cada bandera hay un burócrata dispuesto a  crear un comité… con los impuestos de los demás. 

[1] Economic Aspects of Scottish Independence. LHOC

[2] Todas las estimaciones vienen cortesía de Credit Suisse, HSBC, Citigroup y UBS

El ‘paraíso’ que vende Podemos es el sistema más corrupto, inseguro y despilfarrador del mundo

El partido de Pablo Iglesias ha sido tachado habitualmente de populista y anti-sistema debido a la radicalidad que incluye buena parte de su programa político. Según los expertos, el éxito que está cosechando Podemos en las encuestas electorales responde, en buena medida, al descrédito de la clase política española y a la sensación de impunidad que ostentan los grandes partidos.

No en vano, la corrupción y los políticos se han aupado como los principales problemas del país durante estos últimos años, tan sólo superados por el paro y los efectos de la crisis. La habilidad mostrada por Iglesias y sus socios para identificarse con el "pueblo" y culpar a la"casta" de casi todos los males que padece España constituye el núcleo de su particular estrategia política.

Pero, ¿en qué se traduciría realmente su alternativa? La regeneración democrática que vende Podemos consiste, básicamente, en un control casi total del Estado sobre la economía, con muchos más impuestos, más gasto público y la nacionalización de los grandes industrias y sectores denominados "estratégicos".

En esencia, el ejemplo a seguir que propone la formación de Iglesias no es otro que el "socialismo del siglo XXI" instaurado en Venezuela o Argentina, un modelo político amplia y abiertamente aplaudido por Podemos.

¿Solventaría este sistema la grave corrupción institucional que sufre España? Los datos prueban justo lo contrario: los paraísos socialistas que tanto defiende este partido son, en realidad, los países más corruptos, inseguros y despilfarradores del mundo. Así pues, lejos de solventar las profundas deficiencias que sufre la política española, exacerbaría hasta el extremo sus defectos en caso de seguir la senda marcada por el reciente chavismo venezolano o el ya crónico peronismo argentino.

Líderes en corrupción

En concreto, Venezuela es el país más corrupto del mundo, según el último Índice de Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial, correspondiente a 2014, en donde se analiza un total de 144 economías. Su nota en este ámbito es de 1,7 puntos, en donde 1 es la valoración mínima y siete la máxima. Por detrás de Venezuela se sitúan Líbano, Paraguay, Angola, Nigeria y Argentina, cuya posición en el ranking es el 139.

España también suspende, con una nota de 3,1, y su valoración es pésima en lo que a corrupción se refiere siendo uno de los países más desarrollados del mundo, pero su puesto 80 está a una gran distancia del que ostentan los grandes referentes políticos de Podemos.

Bajo el epígrafe "corrupción", el Foro Económico Mundial mide tres indicadores muy concretos:

  • Desvío de fondos públicos: Venezuela vuelve a ser líder absoluto (144), seguido de Argentina (143), mientras que España ocupa el puesto 90 del mundo.
  • Confianza de la población en los políticos: aquí Venezuela ocupa el puesto 143, sólo superado por Líbano, Argentina se sitúa en el 141 y España en el 117.
  • Pagos irregulares y sobornos: Venezuela se mantiene entre los peores puestos (137), mientras Argentina baja al 127 y España, sin embargo, mejora hasta colocarse en el 50 del mundo.

Además, no se trata de una opinión aislada. La ONG Transparencia Internacional sitúa a Venezuela en el puesto 160 del mundo, de un total 175, en cuanto a percepción de la corrupción en 2013, y a Argentina en el 106, frente a la posición 40 que ocupa España.

Opacidad política y despilfarro de dinero

Otro de los indicadores relevantes que recoge el Índice de Competitividad es el relativo a la eficiencia gubernamental. Pero, más allá de la buena o mala gestión presupuestaria, destacan dos aspectos muy relacionados con el modo y forma de hacer política: la opacidad y el despilfarro.

La "transparencia en políticas públicas", entendida como la facilidad que tienen las empresas para obtener y conocer los cambios jurídicos y regulatorios que afectan a su actividad, brilla por su ausencia: Venezuela vuelve a ocupar la peor posición del mundo (144) y Argentina se mantiene a la cola del ranking (135), mientras España se coloca en el 105.

La situación es muy similar si se analiza la eficiencia en el gasto público, medido, directamente, en términos de despilfarro de dinero por parte del Estado: Venezuela (144) y Argentina (142) sacan peores notas que España (113).

Arbitrariedad e inseguridad jurídica

Asimismo, el problema de la corrupción suele ir asociado a una deficiente seguridad jurídica, en el sentido de que las leyes pueden ser retorcidas e interpretadas a gusto del poder político, vulnerando los principios básicos del Estado de Derecho. La cuestión, sin embargo, es que los referentes políticos de Podemos no se caracterizan, precisamente, por ser estados rigurosos y fiables en materia jurídica, sino todo lo contrario.

Los regímenes socialistas de Venezuela (144) y Argentina (141) son ejemplos de absoluta arbitrariedad política -España ocupa el puesto 92 del mundo-, debido a su manifiesta ausencia de independencia judicial y favoritismo gubernamental.

Crimen y violencia

Por último, cabe señalar, igualmente, la percepción de inseguridad personal, crimen y violencia, ya que el mantenimiento del orden público es una de las principales tareas que tiene encomendado todo estado, con independencia del sistema político bajo el que opere.

Bajo el epígrafe "seguridad", que engloba el coste del terrorismo y la violencia sobre la actividad económica, así como el impacto del crimen organizado y la fiabilidad de la Policía, Venezuela ocupa el puesto 141 del mundo, tan sólo por detrás de Yemen, Libia y Pakistán, mientras que Argentina se sitúa en el 105. España, por el contrario, saca una buena nota en esta materia, alzándose en la posición 36 del ranking.

España presenta grandes deficiencias a nivel político, pero el modelo socialista que tanto admira y aplaude Podemos saca unas puntuaciones mucho peores en todos los indicadores relacionados con la percepción de la actividad política, según revela el Foro Económico Mundial, tales como corrupción, transparencia, despilfarro, seguridad jurídica o seguridad personal, entre otros.

España, en el puesto 29 de 30 de la OCDE en barreras a las empresas

Que el entorno institucional y legal en España no es el más favorable para la iniciativa empresarial es algo más o menos conocido. La publicación de las clasificaciones internacionales clásicas (desde el Doing Business del Banco Mundial al Índice de Libertad Económica del Wall Street Journal y la Fundación Heritage) es un recordatorio periódico de que queda mucho por hacer en un terreno tan importante. Nuestro país no sólo no fomenta la creación de riqueza, sino que la penaliza. Pero hay días en que esta realidad es aún más palpable.

Este lunes, por ejemplo, la OCDE publicaba su informe bianual sobre la economía española. Es un estudio que incluye desde previsiones de crecimiento a recomendaciones sobre reformas políticas. Y también se analizan diferentes aspectos de nuestra coyuntura.

Así, los autores dedican un apartado a la legislación en materia empresarial, el entorno en el que se mueven las compañías y las facilidades que encuentran para nacer y desarrollarse. Pocas noticias buenas pueden extraerse de estas páginas. 

De hecho, en este caso puede rescatarse aquello de que a veces una imagen vale más que mil palabras. Según la OCDE, de los 30 países que forman este club de naciones desarrolladas, España ocupa el puesto 29 en la clasificación de "barreras a la iniciativa empresarial". Sólo Israel lo hace peor.

Barreras a las empresas

No se queda ahí la cosa. En lo que hace referencia a los sistemas de licencias y permisos, ocupamos el puesto 25º, con sólo cinco países por detrás.

Licencias y permisos

Y si nos centramos en las barreras en el sector servicios, la cosa tampoco varía mucho. Puesto 26º, con sólo cuatro países con peor nota.

Barreras en el sector servicios

Cuestión de tamaño

Las consecuencias de estas trabas pueden encontrarse en el mismo informe de la OCDE. En ese mismo epígrafe, los autores analizan el tejido empresarial de los grandes países de la UE: Alemania, Reino Unido, España, Francia e Italia. Según sus datos, España tiene una de las mayores proporciones de microempresas (de 0 a 9 empleados) y de pequeñas empresas (10-49 empleados).

Tamaño de empresas por país

No es una cuestión baladí. Las empresas grandes suelen ser más productivas que las pequeñas, por lo que interesa que las compañías exitosas puedan desarrollarse sin trabas.

Todos los países se basan en su red de pymes (incluso en Alemania suponen más del 95% del total, con un 80% de microempresas). Pero eso es compatible con que aquellas que van creciendo de forma orgánica puedan hacerlo de forma natural. Y eso es lo que no ocurre en España.

Es una pena. Según las cifras de la propia OCDE, la productividad de las empresas medianas y grandes en España es equiparable a la de sus competidoras de la UE. De hecho, están en la parte alta de la lista. El problema no es que no tengamos compañías competitivas, sino que limitamos las posibilidades de crecimiento de muchas de ellas.

Productividad por tamaño de las empresas

El informe también dedica parte de su análisis a un marco regulatorio que califica de "fragmentado, tanto a escala local como autonómica". En este sentido, admite que el Gobierno ha aprobado una Ley de Unidad de Mercado que debería ayudar a resolver este problema.

La pregunta es si esta nueva normativa se aplicará y cumplirá su cometido. Los autores admiten que "la rápida aplicación de la ley será crucial para impulsar el crecimiento del sector empresarial español".

En este mismo sentido, la OCDE recuerda que "ciertas partes del sistema tributario al que se encuentran supeditadas las empresas no resultan favorables para su crecimiento". En España existen numerosas normas duales. Hablamos sobre todo de ventajas a las que sólo las pymes se pueden acoger.

En principio, esto se suele vender como trato favorable al pequeño. El problema es que la consecuencia final es que limita el crecimiento. Si pasar de 49 a 51 empleados supone demasiados cambios, puede que el empresario se lo piense muy mucho.

Quizás prefiera quedarse en esos 49 y subcontratar algún proceso o no cubrir la demanda de nuevos clientes porque no le salga rentable. Puede parecer poco importante. Pero a medio plazo, puede que esa decisión implique que cinco años después una compañía que podía haber crecido hasta los 75 u 80 empleados sigue con 49 trabajadores.

Juncker y la derecha

En las crónicas sobre la elección del político luxemburgués Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea hubo un calificativo unánime: "De derechas".

El señor Juncker se opuso radicalmente a la austeridad, y afirmó que en Europa los gobiernos habían pecado por haberla practicado en exceso. Ahora ha llegado el momento de "impulsar el crecimiento y el empleo". ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo: con más gasto público. Y Juncker, que es un señor de derechas, como nos insistían los medios de comunicación, propuso gastar en grandes cantidades, y esos medios se entusiasmaron con la idea de "movilizar" –que es como se dice ahora gastar, pero en plan guay– 300.000 millones de euros, nada menos. Asimismo, el nuevo presidente electo, de derechas, sugirió que habíamos ido demasiado lejos en el frenesí liberal y que había que intervenir más, por ejemplo, subiendo el salario mínimo.

Una forma de analizar este asunto es, naturalmente, subrayar su naturaleza disparatada. Los gobiernos no han sido los protagonistas de la austeridad, sino que se han lanzado a imponer la austeridad sobre sus súbditos, subiendo los impuestos. En ese proceso profundizaron la crisis y retrasaron la recuperación. No se impulsa el crecimiento y el empleo aumentando el gasto público, es decir, la presión fiscal, sino más bien al contrario.

Otra manera de verlo es comprender lo insensatas que resultan las etiquetas políticas cuando lo que prevalece, como diría Hayek, es el socialismo de todos los partidos. Lo comprobamos en nuestro país cuando Barbie subió los impuestos para defender el Estado del Bienestar, copiando punto por punto la barbaridad perpetrada antes por Smiley.

No tiene sentido, en efecto, insistir en que Juncker es de derechas cuando todas sus recomendaciones podrían ser perfectamente asumidas por la izquierda. Y los socialistas europeos hicieron efectivamente el ridículo negándose a apoyarlo cuando decía lo mismo que ellos.

El Señor No

Fue hace dos años y medio. Era mi primer debate televisado en horario de máxima audiencia y la cuenta atrás para el directo se me hizo eterna. Repasé cien datos para estar a la altura de las circunstancias, saludé a los demás invitados y me dispuse a ocupar mi asiento. En ese momento entró en el estudio el profesor José Barea, cuya participación en el programa se había cerrado en el último minuto. Todos los allí presentes se levantaron casi al instante y acudieron a saludarle con admiración.

Comenzó el debate y Barea no tardó en sentar cátedra. A sus 89 años sufría ya un grave problema de movilidad… pero se convertía en un gigante de la divulgación en cuanto la luz roja de la cámara se encendía. Durante dos horas pude ver cómo aquel hombre de tan avanzada edad brillaba con luz propia a la hora de rebatir los argumentos de la irresponsabilidad fiscal, esos que siempre le irritaron.

Muchos recordarán a Barea como el artífice de la estabilidad fiscal alcanzada por el Gobierno de José María Aznar. Desde la Dirección de la Oficina Presupuestaria de La Moncloa, Barea promovió medidas de austeridad que, desplegadas a lo largo de dos legislaturas, redujeron el gasto público de más del 44 a menos del 38% del PIB. Estas decisiones, que en ocasiones le generaron roces con el equipo del ministro Rodrigo Rato, fueron sin duda esenciales para que España entrase en el la Moneda Única y también para que los españoles se ahorrasen cientos de euros al año en sus pagos a Hacienda.

Dentro y fuera del aznarismo se recordó al veterano profesor como un especialista en el diseño de políticas de ahorro fiscal. Algunos le llamaban "profesor manostijeras", aunque en el círculo más cercano al Gobierno también era habitual escuchar a quienes se referían a él como el "Señor No", por las recurrentes negativas que daba la Oficina Presupuestaria cada vez que se proponía una expansión del gasto público o una medida incoherente con los objetivos de responsabilidad fiscal.

En 2012, coincidiendo con aquel debate en el que participamos, fue el Gobierno de Esperanza Aguirre el que quiso contar con su consejo para configurar los presupuestos autonómicos. En una entrevista que mantuvimos tras su salida del Ejecutivo regional, el ya exconsejero Percival Manglano me habló de las reuniones en las que el profesor Barea se unió al equipo de gobierno y, como había hecho antaño, volvió a identificar nuevas vías de ahorro.

Más recientemente, el profesor pidió al Gobierno de Rajoy que hiciese lo propio y apostase por menos impuestos y más recortes del gasto. Advirtió además de que el "excesivo uso de la imposición fiscal" es "contraproducente" y genera “asfixia” al sector privado. Esto mismo defendía por aquel entonces David Taguas, quien también nos dejó este año, sin duda demasiado pronto.

Nunca faltarán los que critican la "inflexibilidad" de hombres coherentes y serios como Barea. Pues bien, como en su día afirmó el columnista conservador George F. Will, debemos darle un enfático sí a quienes, como Barea, no dudaron en decir no ante el tipo de recetas que, cuando han sido aplicadas, han llevado a España a la crisis y el empobrecimiento.

Descanse en paz, profesor. Fue un honor debatir con usted.

Emigración fiscal: las empresas huyen

"You gave me nothing at all, now let me give it to you. You taught me how to be cruel, now let me try it on you” Jim Steinman.

Cada vez que leo esas estimaciones de cuento de la lechera sobre ingresos fiscales futuros si subimos los impuestos a los ‘ricos’ o a las grandes empresas, me sorprende la ingenuidad de pensar que se va a quedar aquí alguien a esperar el expolio. Nunca he visto una sola estimación de esas que refleje una posible pérdida de actividad económica. Todas parten de la base de que nada cambiaría. Y me consterna lo poco que miramos al exterior. Porque a los aristócratas del gasto público siempre les parece que usted gana mucho y que ellos gastan poco. Y que “aquí no va a pasar”.

Pues bien, desde hace años, el fenómeno de emigración fiscal, los inversion deals de Estados Unidos, es algo que deberíamos analizar, y con preocupación, en esta Unión Europea que ya sufre el goteo de empresas fuera de su territorio –lo que yo llamo el “Depardieu silencioso”-. Por favor, ténganlo en cuenta porque corre el peligro de acelerarse.

¿QUÉ ES UN ‘INVERSION DEAL’?

Imagine que tiene usted una empresa y le cobran unos impuestos muy altos. Adquiere o se fusiona con otra en un país más amigable fiscalmente y traslada la sede corporativa a dicha nación. Así, el nuevo grupo, además de todas las razones estratégicas para unirse, se beneficia de un mejor trato fiscal. Lo acaba de hacer Burger King.

No es fácil de conseguir. La empresa fusionada debe tener menos del 80% de su accionariado dentro de los Estados Unidos, y al menos un 25% de la actividad del nuevo grupo debe generarse en la nueva sede social.

¿SE HACEN SÓLO POR NO PAGAR IMPUESTOS?

Este es un gran error mediático. El problema, en gran parte de los casos, no son sólo los impuestos que se pagan, sino la burocracia y trabas para generar actividad económica. Gran parte de las empresas que han dejado Estados Unidos por Canadá o Irlanda también lo hacen porque las condiciones para su actividad son más atractivas.

Dada la complejidad de hacer el cambio de domicilio social, estas transacciones suelen tener una lógica estratégica muy clara. Las fusiones ‘criticadas’ por el gobierno de Estados Unidos desde 2004 han creado más de 6 millones de puestos de trabajo en todo el mundo y a nivel global generan mayores ingresos fiscales en los países donde operan, según UBS (“A New Wave of Tax Inversions”).

Por lo tanto, una gran parte de la queja de la administración Obama no es justificable desde el punto de vista social, sólo desde la perspectiva recaudatoria de su país. Según el Congreso, entre 2015 y 2024 se podrían perder unos 19.500 millones de dólares de ingresos fiscales. No hablan de cuánto se podría ganar bajando cinco puntos el impuesto de sociedades. Una cantidad equivalente si asumimos los mismos márgenes y beneficios generados en 2014 y un 1,6% anual de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB).

Esa preocupación “por ingresos perdidos” no existiría si bajasen los impuestos. Pero eso no se les ‘ocurre’. ¿Es una carrera a cero? Pues claro que no, ya que las empresas funcionan con muchos baremos de riesgo y oportunidad. Si la fiscalidad es competitiva, no se van por pequeñas diferencias. Hay muchos factores relevantes.

¿SE PUEDEN EVITAR LEGISLANDO?

En Estados Unidos el impuesto sobre sociedades es uno de los más altos de la OCDE. En vez de reducirlo, se implementaron leyes para evitar las fusiones emigratorias, una en 1983 y otra, muy dura, en 2004. El congreso impuso su “Acta de Creación de Empleo Americano” de 2004 (American Jobs Creation Act). Por supuesto, en poco tiempo se dispararon los inversion deals. Entre 2007 y 2014 se han llevado a cabo más ‘emigraciones’ de empresas saliendo de Estados Unidos que en todo el periodo 1981-2003, según elCongressional Research Service.

La represión legislativa y las llamadas al patriotismo, incluso proclamas inflamatorias de “boicot” a las empresas, no han funcionado. Sin embargo, en vez de facilitar una transición a un entorno fiscal y legislativo más competitivo, y sólo una mejora de 5 puntos habría bastado, la solución que propone la Administración Obama es legislar de nuevo. Y no va a funcionar.

¿Por qué debemos temerlo en Europa?

Cuando contamos con el dinero de los demás para mantener el gasto hipertrofiado, al menos deberíamos cuidar a nuestra gallina ponedora. Y el riesgo en Europa de una oleada de emigraciones es alto.

Primero, nos engañan con mensajes recaudatorios hablando de “la baja tributación de las grandes empresas”. Es falso que las grandes empresas tributen un 6%. Más del 89% tributa por encima del 27% tras excluir las minoraciones por doble imposición, según los datos del Informe Anual de Recaudación 2013 de la Agencia Tributaria.

Además, en el Eurostoxx 50 la enorme mayoría de las grandes empresas se han comportado como “seguridades sociales encubiertas”. Superan en un 17-20% en media a sus comparables norteamericanas en número de empleados. De hecho, si se analiza con respecto a ingresos, en algunos sectores, como telecomunicaciones, infraestructura o energía, las empresas europeas cuentan con una media de hasta un 30% más de empleados que sus competidoras estadounidenses o británicas. Las empresas del S&P 500 (Estados Unidos) se encuentran en una situación de caja y deuda mucho más sólida que sus comparables europeas

Adicionalmente, y si consideramos todas las cargas –verdes, regionales, locales, tarifas sociales, etc- las mayores empresas europeas pagan en impuestos hasta un 40% de su beneficio operativo nacional. Por darles un ejemplo, la segunda mayor empresa industrial española paga en nuestro país el equivalente al 51% de su Ebitda generado en el territorio nacional.

Esa combinación explosiva de menor productividad y fiscalidad creciente no ha generado aún un gran número de ‘emigraciones’ como en Estados Unidos por tres razones:

  • En Europa, las grandes empresas mantienen una nada desdeñable simbiosis con los estados. Y esa es, en parte, la razón por la que tienen más empleados y tienen objetivos menos exigentes de rentabilidad y retorno al accionista.
  • Muchas grandes empresas europeas suelen tener ‘activos cautivos’. Es decir, es difícil trasladarse a otro país cuando se tienen enormes activos regulados o concesiones.
  • Una cuestión ‘cultural’. Gestores que llevan muchos años, incluso décadas, desarrollando una carrera entre una y otra empresa local. Por ello tienen un incentivo personal ‘nacional’. No tienen nada más que ver las rarísimas ocasiones en las que los consejeros delegados y directivos de las empresas son extranjeros.

Pues bien, si contando todas esas ‘barreras’ el goteo de externalización de actividades es inexorable, piensen lo que puede ocurrir si se imponen las propuestas de aumentos de impuestos del cuento de la lechera. Veremos, igual que ocurrió en Estados Unidos en 2004, un éxodo empresarial sin precedentes. Obama contaba con una fidelidad al recaudador nacional eterna, y además creciente. Se equivocó. Europa, que parte de una situación fiscal –incluyendo todos los tributos- mucho más onerosa, no puede hacer lo mismo.

No podemos poner puertas al campo. Pensar que vamos a evitar la internacionalización y optimización fiscal con represión es un enorme error. Los ingresos fiscales crecen con la actividad económica, no por decisión de un comité.

Los impuestos, queridos amigos, son el pago de un servicio, no el rescate de un secuestro. Algún día lo recordaremos.  

Pujol y la bruja Adelina

Gracias a Antena 3 hemos sabido que las presuntas actividades comisionistas del clan de los Pujol no se limitaban al tráfico de influencias realizado al amparo del boletín oficial de la Generalidad. También en su vida personal el patriarca del nacionalismo hizo alarde de una extraordinaria capacidad para fomentar los negocios ajenos a cambio de un porcentaje que, en el caso que nos ocupa, está muy lejos de ser precisamente modesto.

La damnificada en cuestión es la bruja Adelina, una médium gallega de provecta edad, que durante los 23 años que Pujol estuvo al frente de la Generalidad rindió grandes servicios a la causa del nacionalismo catalán con sus capacidades adivinatorias. Pujol viajaba frecuentemente a Andorra, lugar de residencia de la vidente, para consultar con Adelina sus decisiones políticas, familiares y, con toda seguridad, también las de carácter económico, indisociable de los otros dos ámbitos como estamos viendo. Además, Adelina utilizaba sus poderes para realizarle a Pujol limpiezas periódicas de malas energías (sic) pasando repetidamente un huevo por la espalda del Molt Honorable, escena deliciosa cuya simple evocación acota el nivel intelectual del nacionalismo catalán y sus principales dirigentes.

El ajetreo de los viajes a Andorra con fines no lucrativos comenzó a ser una carga para Pujol, así que el presidente de la Generalidad se trajo a la bruja a Barcelona con el fin de tenerla más a mano. De paso, según afirma Adelina, D. Jordi se encargó de dirigir el negocio de las adivinaciones y curaciones energéticas brindándole a la vidente una nutrida cartera de clientes cercanos al nacionalismo. Cada vez que Adelina le pasaba el huevo por la espalda a un dirigente político o un empresario catalán Pujol le pagaba 150 euros (25.000 ptas. de la época), pero el cliente desembolsaba el equivalente a 300 eurazos. Y así consulta tras consulta y día tras día durante años, lo que hace imposible a estas alturas evaluar, siquiera aproximadamente, el volumen de dinero que se le debe a la bruja Adelina, cuyas dotes adivinatorias no fueron suficientes para que advirtiera que Pujol la estaba estafando.

Maragall situó las comisiones de CiU en un sobrio 3%, elevado en dos puntos por Carod Rovira tras un repentino ataque de memoria histórica. Sin embargo, de ser ciertas las acusaciones que la última víctima de los Pujol desgranó este lunes en el programa de Susana Griso, estaríamos hablando de una comisión de nada menos que del 50%. Inalcanzable hasta para los sindicatos andaluces, únicos rivales serios del nacionalismo a la hora de trincar.

Los liberales y el Estado

La relación entre el Estado y los liberales es una relación inevitablemente complicada. El objetivo del liberalismo es reducir el Estado a su mínima expresión, ya sea por motivos éticos o consecuencialistas. Muchos liberales, de hecho, llegan a equiparar impuesto y robo, con lo que aparentemente también equiparan gasto público con disposición del atraco.

A raíz de mi colaboración en el programa La Mañana de TVE, se ha suscitado una comprensible polémica sobre si los liberales pueden participar del gasto público toda vez que denuncian su coactivo origen. Se trata de un debate recurrente que resulta extensible a muchos otros campos: ¿Puede un liberal que quiere privatizar la educación ser profesor de una universidad pública? ¿Puede un liberal que quiere privatizar Renfe hacer uso del AVE? ¿Puede un liberal que quiere privatizar la sanidad hacer uso de la sanidad estatal?, etc. Es decir, ¿puede un liberal recibir directa o indirectamente alguna renta (monetaria o en especie) que proceda de la coacción estatal que él mismo denuncia? En este artículo voy a tratar de desarrollar la cuestión.

¿Puede un liberal colaborar con un organismo estatal?

¿Cuáles son los problemas para un liberal de un organismo estatal? Básicamente tres: su cometido (espionaje, represión, adoctrinamiento antiliberal…), su financiación (impuestos) y sus privilegios regulatorios en perjuicio de terceros (por ejemplo, ese organismo opera gracias a una restricción legal de la competencia). Los problemas son esos tres y no otros: si el Estado promoviera la creación de un organismo financiado voluntariamente, sin privilegios regulatorios y con un cometido lícito, los liberales no criticarían su existencia (de hecho, eso es una empresa o fundación privada).

¿En qué sentido, pues, resulta incoherente que un liberal se relacione con un organismo público? Por su cometido, el liberal sería incoherente si ejecutara acciones antiliberales: por ejemplo, un liberal no puede coherentemente formar parte de un servicio de espionaje estatal; por su financiación, un liberal podría ser incoherente si se lucrara desproporcionadamente de ese organismo público (luego trataremos con más detalle la cuestión); por sus privilegios regulatorios, un liberal podrá ser incoherente si usara esos privilegios para obtener ciertas prebendas de las que no gozaría en ausencia de Estado. Tomemos el caso de colaborar con medios de comunicación estatales o con las universidades públicas.

Por su objeto: ¿el cometido de estos organismos es antiliberal? Informar y educar no es antiliberal. Informar y educar contra el liberalismo es lícito en una sociedad libre pero, evidentemente, sí es antiliberal. Por tanto, mientras el liberal no adopte una postura antiliberal en los medios y en la universidad pública no hay ninguna incoherencia en este campo por el hecho de mezclarse con ellos. O dicho de otra manera: lo incoherente no es que un liberal participe en una televisión o una universidad pública que desea cerrar o privatizar, sino que, justamente por participar en ellas, deje de defender su cierre o participación (o que adopte discursos antiliberales para participar en ellas).

Por su financiación: al relacionarse con ellos, ¿el liberal se lucra desproporcionadamente? Para determinarlo podemos emplear dos criterios que más adelante desarrollaremos: uno al que llamaría “criterio fuerte” (que el liberal no obtenga cobros del Estado, en metálico o en especie, superiores a los impuestos que abona) y otro al que llamaría “criterio débil” (que el liberal no perciba por sus servicios remuneraciones ampliamente por encima de las que se logran en el mercado por servicios asimilables).

Por sus privilegios: ¿el liberal se aprovecha de algún privilegio regulatorio que detenten universidades y televisiones públicas? En España no están prohibidas ni las televisiones ni las universidades privadas. Tampoco las televisiones o universidades públicas se han constituido para uso exclusivo de los liberales. Por tanto, por participar en ellas no se hace uso de ningún privilegio: la presencia no-liberal en ambas es infinitamente superior a la liberal, lo que prueba que el liberal no se aprovecha de ningún trato de favor del Estado.

Por consiguiente, bajo estas condiciones y siempre que el liberal siga defendiendo la supresión de ese organismo público, no debería observarse ninguna profunda incoherencia en que un liberal colabore con él. Pero, sin ninguna duda, que un liberal cobre del Estado resulta un asunto harto espinoso. Si los impuestos son dinero robado, ¿no está el liberal tomando parte del botín cuando cobra del Estado? ¿Puede un liberal lucrarse del sector público?

El criterio fuerte: el saldo fiscal con el Estado

Lo primero de todo es aclarar a qué nos referimos cuando se dice que un liberal se lucra del sector público (o incluso que “vive del” Estado). Todo ciudadano, también los liberales, paga una determinada suma de dinero de impuestos y recibe unos determinados servicios del Estado: la diferencia entre ambas magnitudes es su saldo o balanza fiscal individual. Así, si su balanza fiscal es negativa (el valor de todos los impuestos pagados supera el valor de todos los servicios estatales recibidos), ¿puede decirse que ese ciudadano se lucre del Estado? Evidentemente no: ese ciudadano no sería un beneficiario neto de su relación con el Estado sino un perjudicado neto.

La cuestión, entonces, pasa a ser: sin perjuicio de sus principios liberales (ejecutar acciones antiliberales o aprovecharse de privilegios estatales), ¿puede un liberal tratar de reducir su saldo fiscal negativo con el Estado cobrando rentas monetarias o en especie del Estado? Muchos se escandalizan con semejante pregunta, por cuanto optan por observar sólo un lado de la relación liberal-Estado (en concreto, el de los cobros que el liberal recibe del Estado), obviando por entero el otro lado (el de los pagos que el liberal efectúa al Estado). A mi entender, los siguientes cuatro casos son perfectamente asimilables: 

1º Supongamos que el Estado aprueba una nueva deducción en el IRPF por cada hijo que tenga el declarante. Si un ciudadano se acoge a ella, ¿podríamos decir que no paga impuestos o que incluso vive del Estado? No, diríamos que paga menos impuestos y que el Estado le quita un menor porcentaje de su renta.

2º Supongamos que el Estado le arrebata mensualmente a un liberal un 40% de su salario y, a cambio de ello, el ciudadano puede optar dentro de 35 años por cobrar una pensión pagada por el Estado que no llega a cubrir la totalidad de todo lo que se le quitó. Remarco que el ciudadano tiene la opción (pero no la obligación) de percibirla. Si finalmente escoge cobrarla, ¿podríamos decir que ese ciudadano está viviendo del Estado o que sólo está recuperando lo que previamente le arrebataron? Más bien la segunda opción.

3º Supongamos que una familia paga 60.000 euros anuales en impuestos y que sus hijos consiguen una beca estatal de 3.000 euros. ¿Diríamos que esa familia se lucra del Estado? En realidad, está recuperando un 5% de los impuestos que ha abonado. Desde luego, mucha gente puede pensar que esos 3.000 euros que recupera no proceden de los 60.000 euros que previamente les han arrebatado, sino de los impuestos abonados por otros ciudadanos. Pero el dinero es un bien fungible, es decir, un bien no identificable por su individualidad: una vez pagados los impuestos, es imposible conocer qué saldos concretos de la administración pública pertenecen a qué ciudadanos. Lo único que podemos saber es cuántos impuestos le ha pagado cada uno al Estado: y, en este sentido, ser receptor de gasto público es una forma equivalente a las deducciones fiscales de reducir la carga tributaria (siempre, insisto, que se paguen más impuestos del gasto público percibido).

4º Una buena analogía con lo anterior es plantearse qué sucede en la más celebérrima de las formas de presunta explotación: la explotación del capital sobre el trabajo denunciada por Marx. Según el alemán, el capitalista explota al trabajador cuando no le remunera plenamente su jornada laboral: es decir, cuando el precio de venta de las mercancías que han producido los trabajadores superan los salarios abonados a los trabajadores que directa o indirectamente las han fabricado. ¿Deberíamos decir en tal caso que el trabajador “vive del capitalista” por percibir un salario? No creo que ningún marxista concluyera tal cosa: desde su óptica, el salario es sólo aquella parte de la producción del trabajador que retiene el trabajador (que no le arrebata el capitalista). Si el trabajador logra una subida salarial, ¿significa que está incrementando su tasa de explotación sobre el capitalista? No, según Marx la estaría reduciendo. Si un liberal denuncia los impuestos como una forma de explotación, ¿acogerse a más deducciones o percibir gasto público es una forma de explotar a los demás o de reducir la explotación propia?

En definitiva, no veo incoherencia alguna en que un liberal cobre del Estado menos de lo que paga al Estado: ese debería ser un criterio fuerte de que no se está lucrando del Estado. En caso contrario, estaríamos equiparando coherencia liberal con maximizar los impuestos pagados al Estado: algo que no parece demasiado coherente (ni inteligente) desde un punto de vista liberal.

Dado que mi relación con el Estado es marcadamente deficitaria para mí y dado que sigo defendiendo el cierre/privatización de todos los organismos públicos con los que he colaborado, podría detenerme aquí si mi propósito fuera tratar mi caso personal. Pero como quiero reflexionar de manera general sobre el asunto, demos un paso más allá: ¿pueden los liberales coherentemente recibir más gasto público de los impuestos que abonan? ¿Se están lucrando del sector público en tal caso? El caso paradigmático sería el del liberal que se convierte en funcionario y sólo en funcionario (su única fuente de renta son los salarios públicos que proceden de los impuestos ajenos). Aquí es cuando habría que utilizar el criterio débil.

El criterio débil: el precio de mercado

Entiendo perfectamente que ésta es la zona más gris dentro de la posible incoherencia de un liberal: si los impuestos son un robo, recibir transferencias netas del resto de contribuyentes debería ser equivalente a robarles. Me parece una postura perfectamente defendible dentro del liberalismo, pero me gustaría complementarla con otra en principio igualmente válida.

Los impuestos no se perciben como coactivos por parte de todos los ciudadanos. Ni siquiera, por desgracia, por un gran número de ellos.La mayoría de las personas paga gustosamente impuestos al Estado a cambio de que éste le preste ciertos servicios. Si los impuestos son objetivamente coactivos no es porque nadie los pague de manera voluntaria, sino porque algunos —por ejemplo, los liberales— preferiríamos no pagarlos a cambio de, por supuesto, no recibir servicios estatales. Sin embargo, los liberales no disfrutamos de esta opción: hemos de pagarlos obligatoriamente.

En este sentido, el mensaje liberal es doble: ante todo, los liberales reclaman el derecho de que cualquier ciudadano puedan individualmente desprenderse o separarse del Estado (o de la mayor parte de los servicios que hoy presta). Por añadidura, los liberales también proclaman que la inmensa mayoría de ciudadanos, sin ser consciente de ello, sale perjudicada con el Estado. Pero, en general, la inmensa mayoría de la sociedad acepta el statu quo (por eso el statu quo puede mantenerse): es decir, acepta que el Estado goza de autoridad política para cobrarles impuestos y gastar esos impuestos.

En este sentido, un liberal que trabaje exclusivamente para el Estado percibe un salario que para la gran mayoría de la población no es ilegítimo: un salario que la gran mayoría de la población entiende como una parte de los servicios que acepta que el Estado le preste. ¿Puede decirse que el liberal coaccione a esa mayoría de la población que legitima al Estado y a su sistema tributario? No: el liberal podrá pensar que esas personas se están equivocando al legitimar el Estado, e intentará convencerlas de lo contrario, pero sobre esas personas no estará ejerciendo coacción alguna por cobrar una parte de sus impuestos.

Justamente, a quien podría entenderse que está “robando” o “coaccionando” el liberal que cobra netamente del Estado es a los liberales que contribuyen netamente con el Estado: es decir, a todos aquellos que querrían pagar menos impuestos a cambio de recibir menos servicios del Estado. Pero en muchos casos esos mismos liberales que son contribuyentes netos aceptarán que parte de sus impuestos vaya a parar a la contratación de un liberal siempre que ese liberal utilice su posición para promover las ideas liberales, para reducir el nivel de coacción del Estado o para bajar impuestos (sobre todo, si la alternativa a su contratación no es bajar los impuestos, sino gastarlos en otras actividades). Por supuesto, no todos los liberales verán con buenos ojos que el Estado use sus impuestos en contratar a un liberal, pero no olvidemos que los liberales contratados por el Estado también pagan impuestos y que la mordida tributaria que sufren sobre sus remuneraciones bien podría compensar con creces la porción de impuestos pagados por los liberales descontentos que integraban su salario (sobre todo, cuando el porcentaje de “liberales descontentos” sobre el conjunto de la población es tan reducido).

Por consiguiente, mientras la inmensa mayoría de la población acepte la legitimidad del Estado y del pago de impuestos; mientras muchos liberales acepten que sus impuestos se destinen a sufragar gastos que contribuyan marginalmente a reducir el peso del Estado; y mientras los liberales contratados por la Administración paguen cuantiosos impuestos, resulta bastante discutible que, incluso cuando la única fuente de renta de un liberal sea su empleo público, éste esté recibiendo netamente transferencias coactivas del resto de ciudadanos.

Eso no significa, por sí solo, que el liberal no se esté lucrando del sector público. Si los ciudadanos aceptaran por desconocimiento o por mero Síndrome de Estocolmo que el Estado preste un servicio pagando precios absolutamente descabellados a sus proveedores, entonces sí podría decirse que esos proveedores están capturando rentas y aprovechándose de los ciudadanos. Y si el liberal fuera uno de ellos evidentemente también. Para conocer si los precios que paga el Estado por la provisión de sus servicios son “absolutamente descabellados” o no, habrá que atender a los precios de mercado de servicios análogos: si la diferencia entre uno y otro no es muy grande y si el servicio público es uno que convalidan buena parte de los ciudadanos (y no una canonjía creada ad hoc para el liberal), entonces difícilmente podrá hablarse de lucro. Omitir este criterio débil de determinación del lucro debería llevarnos a considerar que un profesor universitario de la pública que cobre la mitad del salario mínimo por hora y que no obtenga ninguna renta del sector privado se estaría “lucrando” del Estado, cuando obviamente no parece ser el caso.

Bajo este segundo criterio débil, pues, los liberales que prestaran servicios no antiliberales a través del Estado no se estarían lucrando, lo cual no significa que el mantenimiento de su puesto de trabajo dentro del sector público esté justificado: tan sólo que no hay un aprovechamiento personal del Estado en contra de sus principios.

Conclusión

Los liberales que presten servicios a través del Estado que no tengan un contenido antiliberal, sin usar los privilegios regulatorios en perjuicio de terceros y sin percibir más rentas del Estado de las que pagan al Estado no parece que puedan ser calificados de incoherentes. Los liberales que, en cambio, cobren más del Estado de lo que pagan se hallan en una situación más cuestionable, pero en tanto en cuanto presten servicios justificados por la mayoría de los contribuyentes y no perciban rentas absurdamente por encima de las que podría estar logrando en el mercado por actividades análogas, tampoco cabría entender que son incoherentes.

En suma: lo que el liberal jamás puede hacer es promover el crecimiento del Estado u obstaculizar la reducción del mismo en beneficio propio. Interactuar con el Estado realmente existente sin dejar de defender su continua reducción parece ser la vara de medir exigible y razonable de su coherencia.

Los españoles suspenden en cultura financiera

Escándalos como el de las participaciones preferentes o las hipotecas subprime han puesto de relevancia el discreto nivel de educación financiera de la población española. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha estudiado esta cuestión con un informe orientado a fomentar un papel responsable, activo y crítico por parte de la ciudadanía de nuestro país.

El cuestionario, elaborado en 2013, fue respondido por un 58% de hombres y un 42% de mujeres. Según franja de edades, un 31,6% tenía entre 25 y 45 años, un 31,4% entre 45 y 65 años, un 25,8% más de 65 años y un 11,2% entre 18 y 25 años.

De acuerdo con los consultados, un 65% opina que la educación financiera es "muy importante", mientras que un 33% la considera "importante" y solamente un 3% entiende que esta cuestión es "poco o nada importante". Sin embargo, cuando se pregunta a los encuestados qué nivel de cultura financiera creen que tienen, un 38% entiende que su formación es "baja", un 46% la califica como "media" y solamente un 16% la define como "alta".

Un 85% del total confiesa que le gustaría "mejorar su cultura financiera", con la pretensión de evitar fraudes como principal preocupación, muy por encima de aspectos como "obtener mayor rentabilidad" o "asesorar a familiares". ¿Qué método de aprendizaje prefieren los encuestados? Un 59% opta por "charlas y talleres profesionales", un 20% aboga por "leer libros y manuales" y un 4% se queda con las “charlas de entidades financieras” como fuente preferida.

Eso sí, el tiempo que los españoles están dispuestos a dedicar a esta cuestión no es muy elevado. Un 80% asegura que no invertiría más de 40 horas en este tipo de actividades, mientras que solamente el 20% se colocaría por encima de esta franja.

¿A quién culpan los ciudadanos?

De acuerdo con el cuestionario de ADICAE, el 30% de los encuestados opina que las entidades financieras son responsables del déficit de cultura financiera de algunos consumidores. Sin embargo, el sector público centra las quejas de la ciudadanía, ya que un 51% culpa a organismos reguladores y planes educativos.

La autocrítica no es precisamente elevada: solamente el 18% elige a los propios consumidores como responsables. Y ello, pese a que el 73% apunta que "ha firmado alguna vez un contrato financiero teniendo la sensación de no saber exactamente lo que estipulaba". Por otro lado, un 48% apunta que "no entiende la información que le envía el banco a casa".

Con todo, el comercial bancario sigue siendo el asesor de referenciade los consultados: un 34% lo menciona como su primera fuente, frente al 30% que cita a "personas próximas", el 19% que habla de "asociaciones de consumidores"; y el 17% que acude a internet".

La confianza en los comerciales bancarios es especialmente elevada, teniendo en cuenta que un 92% cree que la falta de cultura financiera beneficia a las entidades y que apenas el 33% considera que la información que proporcionan sirve para aclarar las dudas.