Ir al contenido principal

El cuento de las sicav

"Taxing wealth generates a slower economy and higher government spend. It’s the basic recipe for stagflation". John Carney

Los políticos tienden a crearse sus propios infiernos. Al demonizar de manera demagógica a las sicav y los mal llamados paraísos fiscales se han disparado a sí mismos en el pie (lean Diez mitos sobre los paraísos fiscales). Todo por distraer la atención echando balones fuera ante el problema de impuestos excesivos y de despilfarro publico.

Empecemos por aclarar…

¿Qué es una sicav?

Una sociedad de inversión colectiva donde un grupo de inversores (100 o más) se reúnen para invertir en activos, tradicionalmente a muy largo plazo. Por ello se exige un capital mínimo.

La sicav es uno de los instrumentos de inversión más populares de Europa, y es igual que tantos fondos –mutual funds– similares. España no es el pais donde más hay ni más dinero gestionan. Los mayores centros de sicav de Europa continental son Luxemburgo, Francia e Italia.

¿Tributan al 1%?

Tienen el mismo régimen que cualquier fondo de inversión. Tributan al 1% y un 21-27% sobre beneficios y dividendos cuando el inversor retira su dinero. La ganancia de capital tributa igual que la de cualquier inversor.

¿Son solamente para ricos?

Cualquier persona puede invertir en una de las 3.400 sicav. Como en cualquier fondo del mundo, existen requisitos de capital mínimo. Para ahorradores con cantidades pequeñas, pueden suscribir cualquiera de los centenares de fondos específicos que invierten en sicav comercializados por bancos y casas de inversión.

¿Es fraude fiscal?

No. Es un instrumento legal y legitimo reconocido en todo el mundo.

No es una forma para que las "grandes fortunas eviten al fisco". En España existen unas 3.400 sicav, con unos activos bajo gestión de unos 27.000 millones de euros según la CNMV, y la mayoría de partícipes son profesionales de clase media, según el regulador.

Decir que las sicav esconden una familia o grupo familiar y 100 inversores "falsos" que no tienen oficio ni beneficio y que, por tanto, se usan "para defraudar’ es un error enorme. Es como decir que los inversores que ponen dinero en Berkshire, SAC, Soros, Paulson o Citadel son "falsos" inversores que esconden el fraude de Warren Buffett, Steve Cohen, George Soros, John Paulson o Ken Griffin, ya que una enorme parte de sus fondos de inversión proviene de la fortuna de estos gestores.

El inversor minoritario en una sicav participa de la filosofía y estrategia que propone el gestor, y toma riesgo con él y los partícipes. Llamarlos "mariachis" o "comparsas" que esconden a una familia millonaria es, cuando menos, ignorar los conceptos de inversor minoritario, gestor y estrategia. Mi amigo Francisco de la Torre dice que se usan para la gestión individual de carteras de grandes patrimonios. ¿Si yo invierto unos ahorros en el fondo de Buffett o Paulson soy un "mariachi" porque ellos tengan su patrimonio en el fondo y yo una fracción infinitesimal de esa cifra? No.

¿Los ricos las usan para evadir?

Esas sicav de familias de apellido ilustre a las que atacamos tan frivolamente tienen enormes inversiones fundamentalmente en empresas industriales, constructoras y energéticas españolas, además de bonos. Inversiones a muy largo plazo.

Esas familias y las empresas en las que invierten pagan centenares de millones de impuestos. El beneficio para el Estado de su capital es mucho mayor que rascar unos impuestos adicionales. Reino Unido lo sabe bien.

Que inviertan en España es importante, que además inviertan fuera, si lo desean, es esencial para seguir atrayendo capital y fortalecer lazos empresariales y financieros globales.

Esas inversiones, además, las llevarían a cabo, con la misma tributación, si en vez de sicav usasen fondos tradicionales o hedge funds.

¿Se recaudarían miles de millones si tributaran de otra manera?

El efecto recaudatorio sería imperceptible.

No existe un solo caso de aumento de ingresos fiscales relevante por cambio de tributación de un tipo de sociedades de inversión. Ninguno. Solo se provoca que ese capital, en vez de domiciliarse en sociedades españolas, se vaya a Luxemburgo, EEUU, Singapur, Reino Unido … O Francia, donde tiene usted sicav hasta de sindicatos de granjeros.

Cuando se ataca a las sicav, o a cualquier fondo de inversiones, sea hedge fund o institucional, se alude a una especie de "ejemplaridad" o "justicia" más que al cuestionable ingreso fiscal adicional. La ejemplaridad o justicia no están en penalizar el ahorro y la inversión para sostener estados hipertrofiados, sino en no atacar al resto de los ciudadanos. No es que las sicav sean malas, es que, como dice Juan Rallo, debemos tener una sicav todos.

Pues bien, como no podía ser de otra manera, ha saltado el innecesario y estéril "escándalo" en la sicav de los europarlamentarios en Luxemburgo. No me negarán que hay una cierta justicia poética en todo esto.

Mira que lo he advertido en todo tipo de debates. Ojo con la demagogia, que el mayor "paraíso fiscal" de la OCDE es Bruselas, donde los europarlamentarios y las agencias de la UE tributan entre el 8 y el 1%. Ni en Caimán se encuentran esos tipos.

En realidad el debate no es si los ricos o europarlamentarios -viene a ser lo mismo- tributan poco por sus rentas de capital mientras los demás pagamos mucho. Primero, porque como explicaba antes, es falso. Es que los ciudadanos no deberían tributar por el fruto de su ahorro y riesgo.

El impuesto sobre la riqueza es injusto y sobre todo, inútil, como decíamos en mi post Piketty se equivoca. La imposición sobre el ahorro es, por definición, una doble imposición al atacar el fruto de la inversión hecha tras pagar impuestos directos, indirectos, patrimonio, bienes inmuebles, regionales, verdes y de todo tipo.

Exigir, ademas, un pedazo de tu esfuerzo inversor, por supuesto asumiendo que siempre ganas, es otra transferencia de renta de los sectores productivos a los parasitarios.

Al transferir renta del ahorro hacia el gasto administrativo y clientelar se provoca estanflación -estancamiento económico con inflación-. Desincentiva la inversión, mientras el estado fagocita una mayor proporción de la economía y sube los precios artificialmente. Así, la velocidad de circulación del dinero, que mide la actividad económica, se desploma. En Japón acaban de conseguir el "exitazo" de subir la inflación gracias a la subida de impuestos y las tarifas eléctricas. El consumo ha caido un 8% y los salarios reales a nivel de 2001.

Y no, no se usa para pagar "sanidad y educación", la demagógica coletilla del momento. Se detrae capital que precisamente es lo que necesitamos para sostener esos servicios. No deberíamos tener 27.000 millones de nada en sicav, sino tener 10 o 20 veces más invirtiendo en empresas y bonos españoles.

El fraude fiscal hay que combatirlo, pero no ayuda al debate engañar a la población llamando "fraude" a lo que es totalmente legal. Ni tampoco ayudan los cuentos de la lechera de supuestos ingresos millonarios perdidos que nunca aparecen. Que nadie les diga que va a recaudar decenas de miles de millones atacando el "fraude" cuando jamás se han conseguido cifras remotamente similares. Ningún país ha aflorado jamás una cantidad siquiera cercana al 2% de su déficit anual (datos Banco Mundial). Decir que se va a recaudar el equivalente al 50% es ciencia ficción. Y no soluciona nada en cualquier caso.

La crisis y el déficit se atacan atrayendo capital, no detrayendo, y promoviendo el crecimiento económico. Lo demás son cuentos.

Tres pasos para saber cuánto ahorrará en el IRPF con la reforma fiscal

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Reforma Fiscal presentado por Cristóbal Montoro. Desde ese momento, las páginas de economía de los diarios y los informativos de radio y televisión son un hervidero de cifras: las nuevas ayudas de 1.200 euros para familias, el cambio en los tramos y en los tipos, los conceptos que dejan de estar bonificados (como el alquiler), etc…

Como hemos comentado en estos días, no es fácil saber cómo quedará cada uno. El IRPF es un impuesto muy complejo, con cientos de excepciones y particularidades en función de diversas circunstancias. De hecho, una de las recomendaciones del grupo de expertos era simplificar el sistema de tributos en general y el Impuesto sobre la Renta en particular. No se ha avanzado mucho en esta dirección.

En cualquier caso, la pregunta que se hace el español medio es: ¿cuánto me tocará pagar a Hacienda? ¿Veré un cambio sustancial en mi nómina a partir de 2015? ¿De verdad esta rebaja de impuestos llegará a mi bolsillo? Probablemente, hasta que no llegue enero no habrá una respuesta definitiva para cada uno. De hecho, en realidad la solución final se obtendrá en junio de 2016, cuando haya que hacer la declaración del impuesto, con la diferencia entre lo que se ha ido adelantando a Hacienda vía retenciones y lo que en realidad se debía. 

Pero al menos en lo que hace referencia a la tributación sobre el trabajo sí se puede hacer un pequeño ejercicio para aproximarse. Es lo que intentaremos plantear en los siguientes párrafos. Hay que tener en cuenta que es simplemente una simulación y que hemos tratado de simplificar lo más posible la situación del ejemplo, en aras de una mayor claridad (esperamos no haber incurrido en ninguna inexactitud). Quien más quien menos, casi todos los contribuyentes tienen rentas no salariales o están afectados por tal o cual circunstancia particular. Pero los siguientes pasos afectan a más del 90% de los declarantes, los que tienen nómina, y pueden servir para que nos hagamos una idea. Así, el susto (o la sorpresa) de enero, será menor.

Reducción, mínimos y tramos

Para nuestro ejemplo, tomaremos a un declarante soltero, que gana 22.500 euros brutos al año y no tendremos en cuenta si vive de alquiler o tiene una hipoteca. Nos centramos sólo en la parte general del impuesto (dejamos al margen la tarifa del ahorro) y asumimos que sólo tiene rentas salariales y no de ningún otro tipo.

** Paso 1: reducción del rendimiento neto del trabajo

Lo primero que todos debemos hacer es quitar los gastos deducibles para obtener nuestro rendimiento neto del trabajo. Para la mayoría, hablamos de las cotizaciones a la Seguridad Social, aunque también se incluyen aquí cuotas a sindicatos, cotizaciones a colegios de huérfanos, cuotas de algunos colegios profesionales o gastos de defensa jurídica entre otros. Vamos a suponer que entre todos estos conceptos, al trabajador de nuestro ejemplo le quedan 21.000 euros netos por rendimientos del trabajo.

Aquí es donde viene la primera novedad. El IRPF incluye una figura para reducir el rendimiento neto del trabajo. En estos momentos, va de 4.080 euros para los ingresos netos inferiores a los 9.180 euros a los 2.652 para los ingresos superiores a los 13.260 euros (la reducción se va ajustando para los que ganen entre 9.180 y 13.260 euros). Por lo tanto, el rendimiento neto reducido que quedaría en nuestro ejemplo sería de 18.348 euros (21.000 – 2.652).

Según lo previsto en el nuevo anteproyecto, todo este cambia. Para empezar, se introduce un nuevo gasto deducible de 2.000 euros con carácter general para las rentas del trabajo. Cualquiera, por el hecho de ser asalariado, se podrá quitar esta cifra para determinar el rendimiento neto. No es exactamente como la reducción vigente, pero los efectos prácticos son muy parecidos.

A cambio, se reduce la reducción propiamente dicha: para los ingresos netos inferiores a 11.250 euros será de 3.700 euros (más los 2.000 deducibles) y se irá reduciendo hasta que, al llegar a los 14.250 euros queda reducida a cero.

Texto reducción rendimientos netos del trabajo

Para los que ganen más de esos 14.250 euros, es como si cambiasen los 2.652 euros por los nuevos 2.000 deducibles. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, el rendimiento neto del trabajo que se incorpora a la base imponible general es de 19.000 euros, algo más que hasta este momento. El Gobierno asegura que nadie saldrá perdiendo, por la subida de los mínimos y los cambios en los tramos que veremos a continuación.

** Paso 2: mínimo personal y familiar

Hemos supuesto que nuestro contribuyente no tiene más reducciones que aplicar a la base imponible (podrían ser por aportaciones a planes de pensiones, pensiones alimenticias, aportaciones a mutualidades de previsión social y algunos casos más) y que no tiene otros rendimientos que los salariales. Por lo tanto, su base imponible general es de 19.000 euros.

Ahora hay que determinar el mínimo personal y familiar. En nuestro caso es sencillo, porque hablamos de un soltero sin hijos. Por lo tanto, tras la reforma, no tributará por los primeros 5.550 euros (hasta ahora, son 5.151 euros). En el siguiente cuadro, está el resumen de cómo cambia esta cifra para cada familia:

Mínimos familiares

** Paso 3: los nuevos tramos

Esta parte del impuesto la calculan los ordenadores, pero no está de más saber la lógica detrás de los datos. Los nuevos cinco tramos son los que aparecen en los siguientes cuadros, con los cambios para 2015 y para 2016.

Tramos IRPF 2011 – 2016

En el caso de nuestro ejemplo, haremos las cuentas para la situación que había en 2011, la que hay ahora, la que se encontrará el año que viene y la que tendrá en 2016, cuando se complete la reforma. En realidad, lo que hace el impuesto es calcular la tarifa por todos los ingresos y luego minorarle la parte correspondiente a los mínimos personal y familiar. En nuestro cálculo, simplificamos algo la operación restándole directamente este mínimo al primer tramo:

– SITUACIÓN 2011: Rendimiento neto reducido del trabajo de 18.352 euros.

5.151 euros al 0%

17.700 – 5.151 = 12.549 euros al 24% = 3.011,7

18.352 -17.700 = 652 euros al 28% = 182,5 euros

TOTAL = 3.194,2 euros

Tipo medio respecto al rendimiento neto de 21.000 euros = 15,2%

– SITUACIÓN ACTUAL: Rendimiento neto reducido del trabajo de 18.352 euros.

5.151 euros al 0%

17.700 – 5.151 = 12.549 euros al 24,75% = 3.105,8 euros

18.352 -17.700 = 652 euros al 30% = 195,6 euros

TOTAL = 3.301,4 euros

Tipo medio respecto al rendimiento neto de 21.000 euros = 15,7%

– SITUACIÓN 2015: Rendimiento neto reducido del trabajo de 19.000 euros

5.550 euros al 0%

12.450 – 5.550 = 6.900 euros al 20% = 1.380 euros

19.000 – 12.450 = 6.550 euros al 25% = 1.637 euros

TOTAL = 3.017 euros

Tipo medio respecto al rendimiento neto de 21.000 euros = 14,7%

– SITUACIÓN 2016Rendimiento neto reducido del trabajo de 19.000 euros

5.550 euros al 0%

12.450 – 5.550 = 6.900 euros al 19% = 1.311 euros

19.000 – 12.450 = 6.550 euros al 24% = 1.572 euros

TOTAL = 2.883 euros

Tipo medio respecto al rendimiento neto de 21.000 euros = 13,7%

En nuestro ejemplo, la factura tributaria por IRPF se reduce de 3.300 euros al año en la actualidad a unos 2.883 euros en 2016. Son algo más de 400 euros al año; por lo tanto, si las retenciones que se le practican están bien hechas, este trabajador verá un incremento de unos 35 euros al mes en su nómina. La mayor parte llegará el año que viene, cuando tendrá unos 26-27 euros al mes más a su disposición.

Esto es sólo un caso entre los millones que existen. Cada familia tendrá que aplicar sus propias cifras a los anteriores números. Y muchas tendrán que tener en cuenta las nuevas ayudas de 1.200 euros para situaciones especiales (familias numerosas, madres con hijos menores de tres años, etc…) aprobadas por el Gobierno. De hecho, a los más perjudicados por las subidas de Montoro, las rentas a partir de 30.000 euros, las cuentas no les salgan tan bien como al contribuyente de nuestro ejemplo.

Además, hay que tener en cuenta que también cambia la fiscalidad sobre el ahorro. Y se endurecen las condiciones en otros aspectos, como la tributación de la indemnización por despido o las ventajas de las que disfrutaban el arrendador y arrendatario de una vivienda. Especialmente esta última disposición hará que para algunos la rebaja del IRPF casi ni se note. Todo eso por no hablar de los numerosos impuestos que el actual Gobierno ha subido en estos tres años y que ahora no se tocan. En este ejercicio, sólo hablamos de IRPF y de los efectos en la parte general del impuesto.

Las zonas más turísticas del mundo abrazan la explotación de petróleo

Canarias se ha convertido en la excepción que confirma la regla. Todos los países y regiones el planeta no dudan en explotar al máximo sus recursos energéticos y minerales, ya sea petróleo, gas, carbón o metales preciosos, debido a su elevado valor en el mercado y su consiguiente potencial para generar riqueza y empleo en el lugar agraciado con esa posibilidad.

Ahí están, por ejemplo, los países árabes y algunas economías latinoamericanas y africanas que se dedican a la exportación de crudo, grandes potencias gasísticas, como Rusia, o la revolución energética que está protagonizando EEUU gracias a la técnica del fracking.

Por norma general, ningún país dice "no" a la explotación económica de este tipo de recursos. Sin embargo, Canarias lleva meses protagonizando una campaña en contra de la exploración y futura extracción de crudo a unos 60 kilómetros de sus costas, con amenazas inclusive, a pesar de que años atrás el Gobierno de las Islas veía con buenos ojos esta posibilidad.

Más allá de las motivaciones políticas que subyacen en este rechazo, el "no" de nacionalistas, socialistas y ecologistas al petróleo canario descansa, básicamente, sobre un único argumento: la explotación petrolífera constituye una seria amenaza para el turismo de la región, su principal fuente de riqueza.

Poco importa que el riesgo real de este tipo de actividades para el medio ambiente sea, simplemente, despreciable, o que el daño, en el improbable caso de producirse, sea mínimo y reversible. El alarmismo que ha tratado de difundir el Gobierno de Coalición Canaria (CC), con el apoyo explícito de los ecologistas, carece de base real.

Las autoridades isleñas dan por hecho que la extracción de crudo acabará produciendo, sí o sí, un derrame de proporciones catastróficas, pese a que dicha posibilidad se sitúa en el 0,003% como máximo, según los expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Energía. Y, de hecho, incluso en ese hipotético caso, la experiencia demuestra que el impacto real de ese tipo de accidentes es muy inferior al que denuncian los ecologistas, como demuestra, por ejemplo, el caso del Prestige en Galicia o el derrame del Golfo de México.

Turismo y petróleo son compatibles

Pero, puesto que una imagen vale más que mil palabras, no hay más que observar lo que sucede en otras potencias turísticas para comprobar la falacia que se esconde detrás de la campaña canaria contra el petróleo. Las paradisiacas aguas del Caribe, por ejemplo, están plagadas de plataformas petrolíferas, sin que ello resulte incompatible con su potente industria turística.

Italia, quinta potencia turística a nivel mundial, con más de 46 millones de visitantes extranjeros al año, y cuyas costas son conocidas y apreciadas internacionalmente, explota también desde hace décadas sus escasos recursos petrolíferos.

No en vano, cuenta con más de 100 plataformas petrolíferas en zonas tan turísticas como las de Sicilia y el Adriático, sin que ello haya supuesto daño alguno para dicha industria ni incidentes medioambientales. Desde 1991, se han perforado 126 sondeos exploratorios en sus aguas.



Portugal 
no se queda atrás. El Gobierno luso también ha concedido permisos de exploración en su costa más turística, el Algarve, un destino de primer nivel en cruceros, con el objetivo de reducir su alta dependencia energética y diversificar su economía, tal y como sucede en España.

Portugal pretende compatibilizar los hidrocarburos con la tradicional actividad de turismo y pesca, sin que ello haya supuesto grandes polémicas o controversias sociales, como ha sucedido en Canarias.


Sin embargo, si hay un caso en Europa que destaca por encima del resto ése es, sin duda, el de Noruega. Es el mayor proveedor de petróleo y gas de Europa y el segundo exportador mundial de gas tras Rusia; su sector energético supone cerca del 21% de su PIB y el 26% de sus ingresos fiscales, y, al mismo tiempo, se mantiene como uno de las principales potencias pesqueras a nivel mundial y un destino turístico de primer orden por su elevada riqueza natural.

Noruega es un paradigma internacional en la defensa del medio ambiente, pero sus costas albergan centenares de plataformas petrolíferas.

Algo parecido sucede en California. Sus playas son conocidas a nivel mundial y supone uno de los destinos turísticos más cotizados de EEUU, con casi 100.000 millones de dólares anuales derivados de la industria turística.


Pero esta actividad tampoco es incompatible con la explotación de crudo. Sus costas albergan decenas de grandes plataformas petrolíferas, incluso a 2 ó 3 kilómetros de la costa, en localidades tan turísticas como Santa Bárbara y Newport Beach.

Curiosamente, California es un destino consolidado de sol y playa en el que conviven hoteles de 5 estrellas con vistas a plataformas de producción. Además, goza de uno de los niveles de vida más altos de EEEUU, y es sede de grandes eventos sociales y deportivos, al tiempo que aprovecha al máximo la extracción de sus recursos energéticos.

Otro ejemplo cercano es el de Marruecos, que compite directamente con España para tratar de explotar los yacimientos petrolíferos de Canarias.


Su Gobierno ha concedido numerosos permisos para explorar todo su frente litoral en busca de hidrocarburos y planea decenas de pozos en los próximos años.

Por último, el caso de Canarias no es el único a nivel nacional. Las polémicas prospecciones en el litoral canario que acaba de conceder el Gobierno no supone ninguna novedad. En España se han perforado un total de 689 pozos de exploración en las últimas décadas, de los cuales 267 han sido en el mar, sin ningún tipo de incidente o amenaza medioambiental reseñable.

Además, los actuales sondeos no serán siquiera visibles desde la costa, ya que se producirán a 60 kilómetros de la misma. Por último, incluso si se encontrara crudo y su extracción resultase, finalmente, rentable, no se contempla la construcción de plataformas permanentes para su explotación.

En defensa de las sicav (para todos)

Al final, el populismo ha terminado devorando a algunos de sus hijos. Tras varios años cargando contra las sicav de la casta, resulta que Izquierda Unida despertó para descubrir que (parte de) la casta eran ellos mismos: nada menos que el eurodiputado que ha encabezado sus listas a las europeas durante la última década, Willy Meyer, se había lucrado —con o sin conocimiento de causa, tanto da— de esos instrumentos del demonio. Naturalmente, aunque sólo fuera por guardar las apariencias mientras conservan buen resguardo su cartera, Meyer ha tenido que dimitir de su puesto de eurócrata extractivo, lo que por desgracia no ha evitado que la artillería pesada de la demagogia fiscal haya vuelto a golpear con fuerza a las sicav.

No es de extrañar: en España, el Estado sólo puede seguir creciendo a costa de saquear, con mucha más saña, a todos los ciudadanos, incluyendo a las clases medias. La mayoría de españoles, empero, quieren más gasto público sin soportar una más pesada losa tributaria, de modo que se hace imprescindible buscar un chivo expiatorio tributario al que responsabilizar de todos los males hacendísticos de la patria. A veces ese chivo expiatorio es el fraude fiscal (fuente inagotable de recursos cual bolsa de oro de los Leprechaun); otras, el inexistente tipo efectivo del 3,5% en el Impuesto de Sociedades; y el resto, las sicav. Pero, ¿qué son las sicav y qué encaje tienen dentro de nuestro sistema tributario?

¿Qué son las sicav?

Las sicav son un tipo de institución de inversión colectiva: en concreto, Sociedades de Inversión de Capital Variable. Se trata, pues, de una sociedad anónima a través de la cual se gestiona un patrimonio financiero mínimo de 2,4 millones de euros proveniente de al menos 100 personas (si bien, sólo una de ellas suele poseer la porción relevante del patrimonio financiero gestionado, controlando así la sicav y relegando al resto de accionistas a la posición de meros ‘mariachis’ interpuestos por los requisitos regulatorios). Otros tipos de instituciones de inversión colectiva son los fondos de inversión (análogos a las sicav, pero sin personalidad jurídica propia), los fondos y sociedades de inversión inmobiliaria (a diferencia de las sicav no invierte en acciones, sino en inmubles) o los fondos indexados (ETFs).

¿Cuánto tributan las sicav?

Todas las instituciones de inversión colectiva —repito, todas: incluyendo los fondos de inversión tributan al 1% por Impuesto de Sociedades, según el artículo 28.5 del texto refundido de la ley que lo regula. Pero la historia, por desgracia, no termina aquí: si usted obtiene ganancias en su institución de inversión colectiva y posteriormente las distribuye en forma de dividendos, usted (y los ricos con sicav) pasará a tributar por ese importe al 21%, 23% o 27% según marca el IRPF: el 1% se paga únicamente sobre los beneficios de la institución de inversión colectiva (por Impuesto de Sociedades), no sobre la distribución de esos beneficios a sus accionistas (quienes abonan IRPF). Dicho de otra manera, usted puede acogerse exactamente al mismo régimen fiscal que la casta plutocrática que tiene una sicav simplemente contratando un fondo de inversión de esos cientos que los bancos le ruegan machaconamente que contrate. Si tan ventajoso lo reputa, sólo tiene que buscar su sucursal más cercana.

De hecho, hasta el año 2010, los accionistas de una sicav sí gozaban de un privilegio del que carecían los demás inversores en instituciones de inversión colectiva: sus dueños podían anotarse las distribuciones de capital como minoraciones del capital suscrito (hasta que éste cayera al mínimo regulatorio), ahorrándose pagar impuestos sobre tales reducciones (ya que no computaban como plusvalías). Pero desde 2010, ese régimen ventajoso fue suprimido por Elena Salgado (lo ideal habría sido ampliarlo a los fondos de inversión). Por tanto, ahora sí que no hay excusas: el régimen fiscal de la sicav es exactamente igual al de los fondos.

Acaso, empero, considere que ese régimen fiscal resulta escandalosamente privilegiado por mucho que todos podamos acogernos a él. ¿Qué sentido tiene que la mayoría de empresas estén pagando por Sociedades unos tipos nominales entre el 25% y el 30% mientras que, en cambio, las instituciones de inversión colectiva —entre ellas las sicav— tributan al 1%? Pues tiene todo el sentido del mundo y, de hecho, no deberían tributar al 1%, sino al 0%.

La razón es sencilla. Un fondo de inversión y una sicav son vehículos que compran acciones de empresas. Las acciones son títulos de copropiedad sobre una compañía y su rentabilidad procede de los beneficios que obtiene esa compañía. Por consiguiente, en primer lugar, los fondos de inversión y las sicav ya están soportando indirectamente el Impuesto de Sociedades del 25%-30% que abonan las compañías cuyas acciones tienen en cartera. En segundo lugar, los beneficios que propiamente obtenga el fondo de inversión o la sicav a cuenta de las revalorizaciones o de los dividendos abonados por su cartera, pagan el Impuesto de Sociedades de las instituciones de inversión colectiva (el 1%).

Y, finalmente, cuando esos beneficios retenidos en el fondo de inversión o la sicav (y procedentes, en última instancia, de los beneficios de las empresas cuyas acciones ha adquirido la institución de inversión colectiva) son repartidos entre los accionistas del fondo o de la sicav, pasan a tributar por rentas del ahorro dentro del IRPF (al 21%, 23% y 27%). Sería absurdo que por el hecho de que Inditex le pague un dividendo a un intermediario (la sicav), éste volviera a pagar el 30% de Sociedades y que cuando ese intermediario distribuyera de nuevo el dividendo al inversor final tuviera que volver a abonar un 21%-23%-27% por rentas del ahorro en el IRPF.

Pongamos un ejemplo numérico. Imaginemos que una sicav adquiere el 100% de las acciones de una empresa de distribución textil. Esa empresa obtiene unos beneficios de un millón de euros, por los cuales paga un Impuesto de Sociedades del 20% (un tipo cercano al efectivo). Del millón de euros de beneficios pasa a 800.000 euros. Posteriormente, esos 800.000 euros los distribuye en forma de dividendos a sicav, por los cuales pagará un Impuesto de Sociedades del 1%, quedándose en 792.000 euros. Y, finalmente, si esos 792.000 euros se distribuyen en forma de dividendos al propietario de la sicav, pagaría actualmente alrededor de 212.000 euros por IRPF. En total, pues, los beneficios de un millón de euros quedarían actualmente reducidos a 580.000 euros: un tipo efectivo del 42%.

Pero a los críticos de la sicav un tipo efectivo del 42% les parece demasiado poco. ¿Qué sucedería si las sicav (o los fondos de inversión) pagaran un tipo efectivo por Sociedades del 20% en lugar del 1%? Pues que los beneficios finalmente distribuibles caerían a 468.000 euros, esto es, un tipo efectivo medio sobre el ahorro de más del 53%. Un auténtico despropósito confiscatorio que, para más inri, no podría limitarse a las sicav, sino que tendría que extenderse también a los fondos de inversión. A la postre, si se mantuviera la baja tributación de los fondos de inversión al tiempo que se eliminan la de las sicav, ¿qué harían los ricos? Pues comprar fondos de inversión e invertir su patrimonio a través de ellos. ¿De verdad vamos a machacar tributariamente a las clases medias ahorradoras para emprender una santa cruzada contra los ricos?

¿Y cuánto recaudaríamos?

Claro que, tal vez, usted piense que esa confiscatoria recaudación sobre ricos y pobres quedaría justificada si con ella cubriéramos nuestro gigantesco déficit público (unos 70.000 millones de euros) y así evitáramos los recortes del gasto. Bien, pues ni siquiera. A cierre de 2013, el capital invertido en sicav en España era de 27.600 millones de euros. Asumamos, de manera extraordinariamente generosa, que la rentabilidad media que obtienen todas estas sicav es del 10%, esto es, que logran unos beneficios de 2.760 millones de euros. ¿Cuánto recaudaríamos si hiciéramos tributar esos beneficios al 30% en lugar de al 1%? 830 millones de euros: apenas el 1% del déficit total.

En realidad, sin embargo, las cifras serían menores: la rentabilidad histórica media de la renta variable es del 5,5% (de modo que la recaudación caería a 450 millones) y, sobre todo, buena parte de las sicav se deslocalizarían. Por tanto, sangraríamos el ahorro para absolutamente nada. Olvídese de las sicav: el problema de nuestro déficit está en el exceso de gasto.

¿Son las sicav un privilegio? Sí

A la luz de todo lo anterior, parecería que soy un firme defensor del actual régimen de las sicav. Pero no: las sicav son un privilegio y deberían dejar de serlo. Mas la manera de que dejen de serlo no es eliminarlas, sino generalizarlas a todos los inversores, con independencia de la inversión mínima necesaria. Al cabo, la gran ventaja de una sicav frente a un fondo de inversión no es fiscal, sino operativa: la sicav puede ser gestionada directamente por el accionista mayoritario, mientras que el fondo de inversión no (salvo que tengas capacidad para nombrar al equipo gestor). No hay ninguna razón para excluir del régimen fiscal de las instituciones de inversión colectiva a aquel inversor minoritario que quiera autogestionar su cartera: ninguna. Y, por eso, el razonable régimen tributario de las primeras debería acoger también a los segundos.

Por desgracia, ningún político (salvo acaso esa irreducible y honrosa aldea tirolesa que son el Partido de la Libertad Individual) pretende hacerlo. Tanto la casta como la anticasta están a favor de rapiñar con mayor saña al contribuyente. Necesitábamos sicav para todos y Montoro sólo nos ha ofrecido ese penúltimo timo de la estampita que son los Planes Ahorro 5. Y el otro lado de la bancada, todavía se atreve a decir que ha sido demasiado generoso bajando la tributación. País.

El Estado benefactor y la revolución que nos falta

La profunda crisis que España ha atravesado ha impuesto una serie de tareas urgentes para evitar el naufragio nacional. Se trata de un panorama lo suficientemente acuciante y convulso como para que ahí se agote el esfuerzo de reforma emprendido. Sin embargo, ello dejaría pendiente todo lo importante, es decir, los problemas de fondo que atentan contra el bienestar de los españoles.

Una de las reformas pendientes más decisivas es la del denominado Estado del Bienestar. Sus excesos fueron un elemento determinante de la crisis, pero lo que se debe cambiar es mucho más profundo que lo referente a cuánto se gasta. Se trata de sus formas de organización, que se han hecho cada vez más anacrónicas y lastrado nuestra capacidad de progresar.

El Estado del Bienestar español es una variante de aquel tipo de Estado que se impuso en prácticamente toda Europa Occidental y que llegó a ser considerado como un rasgo distintivo del modelo social europeo. Sus raíces son antiguas. Ya en el siglo XIX surgieron conceptos como el de Estado Social (Sozialstaat) en Alemania y Estado Providencia (État-Providence) en Francia. A mediados del siglo XX se acuñó en Gran Bretaña el concepto de Estado del Bienestar (Welfare State), pero sus formas más acabadas se alcanzaron en los países nórdicos, donde la presencia estatal llegó a niveles sin precedentes en sociedades democráticas. 

Lo característico de todas estas propuestas fue la centralidad del Estado como responsable y gestor del bienestar ciudadano. Para ello se crearon sistemas que fueron un fiel reflejo de las sociedades industriales en que estaban naciendo, con su centralización jerárquica, sus planificaciones tecnocráticas, sus cadenas de mando de arriba abajo, sus productos estandarizados y el papel pasivo del consumidor, que era el eslabón final de una larga cadena de decisiones. En política social, este arquetipo tuvo su réplica en las grandes organizaciones y programas estatales, con soluciones estandarizadas para ciudadanos cada vez más estandarizados. 

El ciudadano fue así convertido en un receptor de servicios modelados desde arriba por las élites políticas y tecnocráticas, sin mayor posibilidad de elegir alternativas a no ser que dispusiese de un poder adquisitivo relativamente fuerte. La libertad de elección y la diversidad fueron de esta manera transformándose en el privilegio de las clases más acomodadas de la sociedad.

Este modelo estatista, jerárquico y homogeneizador fue relativamente eficiente en su momento y alcanzó algunos logros importantes. Pero hoy ya no es así. Desde los años 70 del siglo pasado venimos experimentando una verdadera revolución de los modelos organizativos que asocia la eficiencia a la flexibilidad, la descentralización, la diversificación, las estructuras menos jerárquicas y, sobre todo, la capacidad de dar protagonismo al consumidor. La orientación hacia productos y soluciones estándar pertenece hoy al pasado, tal como lo hacen las grandes jerarquías piramidales y las planificaciones centralistas.

Esta revolución organizativa se impuso en el paisaje empresarial global por una simple razón: las firmas que no se renuevan pierden eficiencia y capacidad competitiva frente a aquellas reformadas o nacidas dentro del nuevo paradigma organizativo. En el sector público, sin embargo, las cosas han sido muy diferentes. Al tratarse de un sector no sometido a la presión de la competencia ni dependiente de la libre elección de sus usuarios, ha podido mantener modelos organizativos cada vez más anacrónicos. Mientras la regulación les asegure su posición monopólica respecto de sus consumidores cautivos, los entes públicos pueden continuar existiendo sin inquietarse por su eficiencia o la calidad de sus productos. El impacto negativo de sus ineficiencias puede por ello acumularse durante largo tiempo, hasta que, tal como en Suecia a comienzos de los años 90 o en España hoy, una profunda crisis obliga a repensarlo todo.

El anacronismo mencionado se hace especialmente crítico cuando afecta a sectores tan vitales para el conjunto del desarrollo social como el de la educación. El caso de las universidades españolas, enfermas de endogamia y amiguismo, es patente. Brillan por su ausencia entre las mejores del mundo y por el blindaje de su casta docente-funcionarial frente a toda competencia que amenace su buen pasar. También lo es el de la educación primaria y secundaria, con profesores que están entre los mejor pagados del mundo –y entre los que menos trabajan–, pero con resultados lamentables.

Hoy no es posible el progreso de organizaciones o sociedades que encapsulan a sus integrantes en un medioambiente protegido de la presión transformadora del desarrollo a escala global. Lamentablemente, el sector público español es sinónimo de ese encapsulamiento contraproducente, y su casta funcionarial parece estar dispuesta a defenderlo a muerte.

En suma, prescindiendo de los problemas relacionados con el tamaño, el gasto excesivo y las promesas ilusorias, el Estado del Bienestar, tal como lo hemos conocido en España, adolece de graves problemas de estructura que se van agudizando al progresar la globalización y la revolución organizacional propia de la era de la información.

Por ello urge su reforma, cambiar la relación entre el Estado y la sociedad civil en que se funda. El Estado-patrón, que desde arriba pretendía hacerse cargo del bienestar ciudadano, debe dejar paso a un Estado diferente, que apoye el libre accionar de los ciudadanos sin pretender imponerles preferencias o formas de vida que no han elegido. Para eso nos hacen falta la libertad de elección y empresa en los servicios públicos, y lo que nos sobran son los funcionarios y muchos políticos.

bibliotecademauriciorojas.wordpress.com

La reforma fiscal que España necesita

"For a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle". (Winston Churchill)

Una reforma fiscal debe estar orientada a conseguir los siguientes objetivos:

– Mejorar la renta disponible de las personas, para apoyar el consumo.

– Apoyar el crecimiento económico, para generar mejores ingresos fiscales futuros.

Es decir, olvidar el objetivo recaudatorio cortoplacista del Sheriff de Nottingham arrancando monedas al que sobrevive y apostar por el crecimiento y una mayor calidad y sostenibilidad de ingresos fiscales.

Todas las reformas fiscales que olvidan esos objetivos fracasan.

Las líneas generales de la reforma planteada por el Gobierno el viernes recuperan esos objetivos tras el fallido intento de subir impuestos que exigía el aparato, la izquierda, Bruselas y los aristócratas del gasto público. Tras subirlos todos, los ingresos solo mejoraron en 3.664 millones de euros.

Aprender de los errores y recuperar los principios tradicionales de bajos impuestos y crecimiento es un paso adelante, y no puede más que valorarse positivamente. Pero hace falta más.

La reforma fiscal debe plantearse también como una mejora de renta disponible y lanzadera de crecimiento desde el recorte del gasto. La sociedad española no saldrá de la resaca del exceso de obra civil e inmobiliaria hasta que no pinche las superestructura de gasto que se creó al calor de dicho exceso, un aumento del gasto público de casi el 50% en cuatro años. Seguimos siendo uno de los países con mayor gasto político innecesario, entre subvenciones (10.000 millones anuales), administraciones duplicadas (22.000 millones anuales) e ineficiencias (miles de empresas y observatorios públicos con más de 40.000 millones de euros de deuda) y todo ese gasto político que comentábamos aquí (http://www.dlacalle.com/extractos-de-viaje-a-la-libertad-economica/ ).

Plantear que la reducción de impuestos es imposible y no atacar ese enorme despilfarro o, lo que es peor, justificarlo, es un insulto a las familias y empresas que trabajan duramente para llegar a fin de mes. Porque es el dinero de todos lo que estamos tirando.

Los recortes fiscales expansivos son importantes, y los que dicen que nunca se ha aumentado ingresos bajando impuestos, además de despreciar el esfuerzo de los trabajadores y analizar desde una perspectiva recaudatoria cortoplacista, mienten (lean http://www.forbes.com/sites/mikepatton/2012/10/15/do-tax-cuts-increase-government-revenue/). Rusia, EEUU, Singapur, Reino Unido, Suecia, Chile o Uruguay vieron aumentos de ingresos con bajadas de impuestos. En Reino Unido, 24.000 millones de libras de aumento con la bajada del tipo marginal.

Es curioso que los que se pasan el día diciendo que hay que imitar a Obama rechacen de plano una reforma que va en un sentido similar a la estructura de EEUU. Ojala les leyera pedir la fiscalidad de EEUU. Vean el grafico.

Es por ello que la medida anunciada el viernes debe valorarse de manera positiva, ya que revierte la subida del IRPF de 2011, apoya a las familias numerosas, las más castigadas en casi todas las reformas desde 1979, y mejora la fiscalidad de empresas para facilitar la contratación.

Una reforma fiscal confiscatoria, como la que plantean algunos, que buscase recuperar ingresos extraordinarios creados por la burbuja inmobiliaria, es suicida. Recordemos que suponía casi 50.000 millones de euros anuales excepcionales para las arcas del estado. Intentar recuperar esos ingresos con lo que ha sobrevivido del colapso burbujero es imprudente.

Intentar apostarlo todo a la lucha contra el fraude, que es necesaria, parte de las estimaciones optimistas de cuento de la lechera que comentábamos en mi artículo "PIB, fraude y las estimaciones peligrosas" (http://www.dlacalle.com/pib-fraude-fiscal-y-las-estimaciones-peligrosas/ ). Estimaciones optimistas de ingresos futuros para justificar gastos muy reales y concretos hoy. Suicida.

Mejorar renta disponible y facilitar la contratación. No excepcional, ni ideal, pero merece valorarse. La reforma fiscal planteada por el Gobierno el pasado viernes tiene varios puntos positivos, como hemos comentado, y varios interrogantes.

– Es tímida, al plantearse en dos años. Algunos atribuyen objetivos electoralistas. No lo sé, pero no está mal que alguien haga electoralismo bajando impuestos y no tirando de la chequera para hacer otra ciudad del circo.

– El impacto negativo de la eliminación de deducciones en la inversión de las empresas debe analizarse en detalle.

– Supone, según primeras estimaciones, una subida a algunos ciudadanos en algunos tramos. Aunque en media se percibe un impacto positivo en general, se debe aclarar este punto. Lean el excelente análisis de Eduardo Segovia (http://www.elconfidencial.com/economia/2014-06-21/los-que-ganan-entre-33-000-y-35-000-euros-veran-como-su-tipo-marginal-baja-10-puntos_150187/ ).

Sin embargo, y con todo, tras estas medidas España seguirá siendo uno de los países con mayor esfuerzo fiscal de la OCDE, casi el 40%.

Lo llevamos comentando desde hace años, la reforma fiscal que España necesita debe ser ambiciosa y valiente, empezando por:

– Bajar más los impuestos a empresas y familias. Rebajar cuotas a autónomos, de una manera clara y que haga a estas personas valorar positivamente la decisión de montar su negocio independiente. Algo se comenta en esta noticia de El Confidencial http://www.elconfidencial.com/espana/2014-06-21/rajoy-pide-colaboracion-para-incorporar-a-la-reforma-fiscal-cosas-que-sean-razonables_150320/), veremos si es correcto. Un régimen de autónomos donde se pague una cuota mucho menor, en línea con los países de nuestro entorno  -a todos, no solamente los jóvenes- y se deduzcan impuestos si se crea empleo estable. Un entorno impositivo atractivo y bajo, tanto a nivel corporativo como personal, predecible a largo plazo, es esencial para ayudar al país a recuperarse.

– Apoyo fiscal a PyMes. La tarifa plana es una buena medida para mejorar la transición a gran empresa. En España, el 70% del valor añadido y el empleo lo crean las pequeñas y medianas empresas, pero la transición a gran empresa es una de las más bajas de Europa. España es el país de la UE donde es más caro establecerse después de Francia y esto, añadido a la burocracia, hace que sea aún muy laborioso crear puestos de trabajo (en Reino Unido se tarda un día en crear una empresa). En vez de penalizar con más regulación y coste, facilitar la transición eliminando trabas, no “suavizándolas”.

El informe “Doing Business” del Banco Mundial sitúa a España en puestos muy inferiores a países de su entorno en cuanto a facilidad para crear una empresa. Según Morgan Stanley (“adopting Anglosaxon flexibility could boost GDP by 15% in the long run”), España se beneficiaria de un entorno menos asfixiante y restrictivo, con una regulación eficaz, no confiscatoria. Utilizar nuestro capital humano, que hoy está desaprovechado en funciones burocráticas, para facilitar y asesorar a las empresas a crear valor, con un sistema de remuneración basado en beneficios generados, no en papeles acumulados.

Invertir en España se percibe como un ejercicio tedioso y complejo que necesita de favores de los políticos locales. Debemos convertir estas estructuras en “facilitadoras” en vez de “obstructoras”. Disminuir drásticamente las barreras de entrada eliminando limitaciones proteccionistas.

Lo comentaba el viernes con mis seguidores en Twitter, la reforma fiscal ideal es reducir el esfuerzo fiscal a niveles pre-2004. Leo a demasiados “expertos” que quieren un esfuerzo fiscal aún mayor al actual, a pesar de que jamás ha funcionado para relanzar la economía.

El déficit no se reduce confiscando, se reduce con crecimiento económico, prosperidad y prudencia presupuestaria.

Los ingresos fiscales mejorarían aumentando el porcentaje de rentas altas. Igualando a la baja no se recauda. Ninguna sociedad ha mejorado ingresos fiscales redistribuyendo la miseria, sino aumentando las oportunidades para prosperar y enriquecerse

En definitiva, tenemos que crear un país “España 2.0” donde se maximicen las posibilidades de que las familias y empresas prosperen. No repartir la miseria. La solución no es ir bajando la definición de rico hasta que no quede ninguno, sino permitir que se enriquezca el mayor porcentaje posible de la población. Tenemos que crear cultura emprendedora, aprender y no demonizar el fracaso, olvidar la envidia, premiar el esfuerzo y el éxito.

La reforma fiscal no es la panacea, es un mero instrumento. Necesitamos la reforma integral de la economía nacional. El crecimiento y la riqueza son los objetivos a perseguir. Hace falta mucho más… Y España puede conseguirlo.

La pena de no caber en Granada

Leí en El Ideal de Granada que el presidente de la Asociación Provincial de Hospedaje, Gerardo Castilla, pidió a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento una "clara moratoria" en la construcción de plazas hoteleras ante la falta de rentabilidad a la que se enfrentan gran parte de los establecimientos ya existentes. "En Granada no cabe ni un hotel más, sobran hoteles", sentenció.

La prueba irrefutable que presentó el señor Castilla fue la ocupación media de los hoteles granadinos: el 55 %. Es decir: "Casi sobran la mitad de los hoteles"; con lo cual "lo que tenemos que hacer es rentabilizar las que tenemos, no abrir más plazas hoteleras".

Vemos aquí un diagnóstico disparatado y una receta inquietante. Un poco de reflexión basta para comprender que nadie puede decidir cuántos hoteles caben en Granada, porque esa es una decisión que toman los visitantes que acuden a esa bellísima ciudad. Pero lo que es un completo despropósito es afirmar que los que caben son ¡los que ya están! 

En efecto, esa decisión también compete a los clientes. En caso contrario los empresarios existentes podrían hacer lo que les viniese en gana en términos de oferta, calidad y precio. Esa situación de falta de competencia promovería la explotación de los turistas. En cambio, la competencia es lo que permite garantizarles una oferta múltiple y accesible. Esa competencia tendría como resultado que los hoteles malos y caros desaparecerían o serían adquiridos por nuevos empresarios menos dispuestos a maltratar a los visitantes.

El diagnóstico, por tanto, es un dislate: no puede seriamente afirmarse que los hoteles de Granada tienen que ser los que ya están, ni uno más, ni uno menos.

Pero la receta de don Gerardo Castillo, además, es inquietante: reclama que el poder político y legislativo impida la apertura de más establecimientos hoteleros. Obviamente, tampoco las autoridades pueden saber cuántos hoteles caben en Granada. Ahora bien, lo que sí tienen los políticos, por desgracia, es la capacidad de impedir que se abran otros, y lo malo es que, presionados por los que ya están, vayan y, en contra del interés general, lo hagan.

Austria se suma al bail-in

El negocio bancario actual procede de efectuar dos arbitrajes difícilmente sostenibles en un mercado libre: el arbitraje de plazos (captar financiación de ahorradores a corto plazo e invertirla en proyectos a largo plazo) y el arbitraje de riesgos (captar financiación de ahorradores con perfil de riesgo bajo e invertirla en proyectos de alto riesgo).

Si los bancos son capaces de ejecutar tan distorsionadores y descoordinadores arbitrajes de manera masificada es porque cuentan con dos privilegios otorgados por el Estado: uno, el acceso al banco central como prestamista de última instancia capaz de refinanciar los vencimientos de deuda a corto plazo; dos, las garantías estatales existentes sobre los pasivos bancarios, ya tengan éstos un carácter explícito (Fondo de Garantía de Depósitos) o implícito (expectativa de rescate absoluto entre los acreedores bancarios merced a la filosofía too big to fail).

Mientras subsistan estos privilegios otorgados por el Estado a la banca, difícilmente podrá hablarse de un mercado financiero libre: esto es, de un mercado donde los bancos no sólo son libres de actuar, sino donde también deben responsabilizarse íntegramente de las consecuencias de esas acciones libres.

Por desgracia, nuestras sociedades están dando pocos pasos en esa dirección: el espíritu de los tiempos parece avanzar en la dirección de mantener la práctica totalidad de esos privilegios mientras se regulan algunas prácticas bancarias. Un doble error por cuanto no ataca la esencia del problema (los arbitrajes de plazo y de riesgo que acometen los bancos) y por cuanto deja un gigantesco espacio abierto a las corruptelas político-financieras (no olvidemos que los bancos son el principal sector ‘lobbista’ de Europa).

Hay, sin embargo, un campo en el que afortunadamente sí estamos avanzando aunque de manera muy lenta y poco decidida: penalizar con quitas a ciertos acreedores bancarios de entidades quebradas.

El bail-in

El mecanismo europeo para resolver entidades financieras contempla la figura del bail-in, es decir, imponer quitas y conversiones forzosas de deuda en acciones para recapitalizar una entidad insolvente. El bail-in es lo contrario del bail-out: en lugar de socializar los riesgos de la banca entre los contribuyentes, los concentra entre los acreedores de las entidades. En los últimos años se ha aplicado a los tenedores de deuda subordinada en Irlanda, Holanda y España (preferentistas), y a la totalidad de los acreedores en Chipre.

El último en sumarse a esta saludable iniciativa ha sido el Gobierno austriaco, quien incluso ha revocado las garantías otorgadas en 2009 a los acreedores subordinados del banco nacionalizado Hypo Alpe Adria, lo que les obligará a soportar una quita a los casi 900 millones de euros en deuda subordinada pendiente de pago. Si bien es cierto que, a diferencia de los casos anteriores, las quitas adoptadas en Austria se ubican en la zona gris de la legitimidad, por cuanto el estado federado de Carinthia sí había garantizado explícitamente la deuda de la entidad (aunque también es discutible hasta qué punto los contribuyentes deben seguir asumiendo los agujeros derivados de un muy lesivo e injusto aval estatal).

Pero, al menos, la actitud del gobierno austriaco sí pone de manifiesto un progresivo y bienvenido cambio de tendencia que esperemos se consolide en toda Europa: no hay razón para que los Estados sigan alimentando y protegiendo al cartel bancario de su irresponsabilidad trasladándoles sus quebrantos al conjunto de los contribuyentes. En este sentido, no deja de ser curioso que, por ejemplo, uno de los mayores críticos de las quitas sobre los tenedores de deuda subordinada sean los propios competidores del Hypo Alpe Adria: conscientes de que si se retiran las garantías estatales sobre todos los bancos, su coste de financiación se encarecerá, los rivales del Hypo ya se han apresurado a pedirle al gobierno que rectifique y rescate a la totalidad de los inversores de su entidad competidora.

Y sí, ciertamente menores garantías estatales sobre la banca supondrán unos costes de financiación más elevados para los bancos: pero serán unos (mayores) costes de financiación que reflejarán con mayor fidelidad los riesgos reales que están asumiendo estas entidades. La situación actual equivale a que el Estado conceda un subsidio a los bancos para que se comporten de manera irresponsable: el coste de financiación se rebaja artificialmente para que, a su vez, los bancos puedan excederse a la hora de conceder crédito insosteniblemente abaratado.

Ojalá el bail-in vaya generalizándose y extendiéndose, no sólo sobre los acreedores subordinados, sino sobre todos los acreedores de las entidades financieras, incluyendo los depositantes. No hay razón para que los Estados fuercen a los contribuyentes a soportar la totalidad de los riesgos reales asumidos por los acreedores de la banca: si éstos desean inmovilizar parte de su patrimonio en forma de pasivos bancarios, deberían soportar los riesgos derivados de invertir en esos pasivos (lo que, en consecuencia, disciplinará a los bancos al impedirles adoptar un perfil inversor altamente arriesgado). Las pérdidas (y las ganancias) nunca deberían socializarse entre los contribuyentes: al contrario, deberían concentrarse entre los inversores. Bail-in y no bail-out.

Por la privatización real de AENA

El aspirante a liderar el PSOE canario, Gustavo Matos, declara en su cuenta de Twitter que el PP «privatiza AENA» y el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, escribe en su blog que esto «va a salir muy caro» a los canarios.

Según el diccionario de la RAE, privatizar es «transferir una empresa o actividad pública al sector privado», y por privado se entiende «que no es de propiedad pública o estatal, sino que pertenece a particulares». Sin embargo, cuando oímos que se va a privatizar una empresa, en la mayoría de los casos, no se transfiere la propiedad a los particulares, es decir, a los ciudadanos, sino que el control de dichas empresas sigue siendo público, como por ejemplo las empresas aeronáuticas, de telecomunicaciones o las energéticas entre otras.

El caso de AENA es aún más evidente, porque realmente el 51% de la empresa va a seguir siendo del Estado, por lo que hablar de una privatización como afirma el señor Gustavo Matos no solo es falso, sino que además es tendencioso.

Por otro lado, las tasas aeroportuarias no han hecho más que subir en las últimas décadas y la gran mayoría de los aeropuertos son deficitarios por la mala gestión pública que atiende únicamente a intereses políticos, lo que incluso ha hecho que algunas compañías aéreas se hayan ido de nuestros aeropuertos y nuestros vuelos se han reducido y encarecido.

Sin embargo, si la gestión de los aeropuertos estuviera en manos de los empresarios del sector turístico de las Islas, tendrían el gran incentivo económico de abaratar al máximo las tasas aeroportuarias para así atraer a un mayor número de turistas y, de esta forma, todos los canarios saldríamos beneficiados. Por ello, es rotundamente falso que una supuesta privatización de AENA vaya a salir cara a los canarios como afirma el señor Paulino Rivero y lo que sí sale caro, muy caro, es la actual empresa pública.

Lo ideal sería que fueran los ciudadanos quienes decidieran si privatizar o no AENA, e incluso los aeropuertos, es decir, que se les entregara a los mismos las acciones de la empresa y que ellos decidieran si venderla a otro particular o mantenerla. Pero como esto no va a pasar, porque los políticos que ostentan o han tenido el poder (CC, PSOE o PP) no lo van a permitir y los que lo pretenden (Podemos/IU) quieren incrementarlo aún más, lo ideal sería que se privatizara al 100% AENA y se involucrara a comerciantes y hoteleros, pero no como un todo, sino cada aeropuerto por separado para que de esta forma compitan entre sí y los usuarios, especialmente los canarios, nos viéramos beneficiados.

¿En qué gastan su dinero las familias españolas?

Aunque muchos informes nos cuentan cómo se distribuye la riqueza, son escasas las publicaciones que detallan cómo se distribuye el consumo. Evidentemente, esto nos lleva a obviar diferentes factores que tienen un impacto directo en el bienestar socioeconómico.

¿Cómo podemos llenar este vacío y estimar cómo evolucionan los componentes del gasto de los hogares? Una posible fuente para hacerlo es el Informe sobre Distribución de la Renta que publica el Consejo Económico y Social con datos del Instituto Nacional de Estadística.

Dicha publicación apunta, por ejemplo, que el gasto de las familias españolas en alimentos y bebidas sin alcohol ya no supone el 17,8% del ingreso familiar, como ocurría en el año 2000, sino que suma ahora el 14,4%, de acuerdo con los datos para 2010, último año analizado. 

Según estas mismas tablas estadísticas, los españoles destinan un menor porcentaje de sus ingresos a la compra de bebidas alcohólicas y tabaco, cuyo peso sobre la renta familiar total ha caído del 2,4% al 2,1%. Teniendo en cuenta que estos productos tienden a soportar gravámenes elevados, esta noticia es negativa para el fisco, ya que el incremento de los impuestos especiales tiene que ser cada vez mayor para compensar la diferencia observada en cuanto al coste final del producto.

Si atendemos ahora a los artículos de vestido y calzado, comprobamos que las familias españolas también se han enriquecido notablemente entre el año 2000 y el año 2010, ya que su desembolso anual en esta partida ha pasado del 7,5% al 5,6% del gasto total.

Los datos del IPC nos adelantan que, en los últimos años, esta tendencia podría seguir avanzando, ya que el IPC armonizado que mide el precio medio del vestido y el calzado apenas supera el 0% desde el año 2011 hasta el presente ejercicio 2014.

Educación y vivienda

Si nos fijamos en la enseñanza, el coste relativo apenas ha experimentado cambios, pues el desembolso por hogar era del 1,2% en el año 2000 y del 1% en el año 2010.

Otro punto en el que las familias españolas no experimentan grandes cambios es el del gasto en mobiliario y equipamiento del hogar. Dicho capítulo registra en los datos del INE una evolución casi inmutable, siempre en el entorno del 4,9%. De hecho, hasta mediados de la década pasada esta ratio había subido en casi un punto porcentual, si bien el lustro siguiente sirvió para corregir a la baja el crecimiento observado.

También llegamos a un escenario de relativa tranquilidad en el gasto dedicado a vivienda, agua, electricidad y gas. Esta partida sigue suponiendo el 30% de la renta familiar, si bien en el año 2006 su peso había caído por debajo del 25%. Así las cosas, aunque no hay cambios entre 2000 y 2010, el pinchazo de la "burbuja" sí ha desencadenado un mayor gasto por hogar en este capítulo.

¿Qué gastos aumentan?

La cosa cambia en otras partidas que sí han experimentado un aumento de su peso relativo sobre el total del gasto de las familias españolas. Por ejemplo, los costes de la salud suponían en el 2000 el 2,1% del total, mientras que para 2010 este indicador alcanzaba el 3,1%. Eso sí: el grueso de este salto se produjo en los años previos a la crisis, ya que entre 2005 y 2006, esta ratio alcanzó el 3% y, desde entonces, el aumento ha sido mucho menor (0,1 puntos porcentuales más en 2010 que en 2006).

Atendiendo al transporte y las comunicaciones, los hogares españoles también dedican hoy una mayor cuota de su renta anual. En el 2000, estos dos capítulos amasaban el 13,4% del gasto por hogar, mientras que en 2010 sumaban el 15,5%. Por otro lado, también han aumentado la parte de sus ingresos que dedican a ocio, espectáculos y cultura (sube al 6%) y en hoteles, cafés y restaurantes (pasa del 8,8% al 9,1%).