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El latrocinio de nuestra casta política

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

… tras haber señalado con el dedo acusador al capitalismo financiero-especulador como causante de las presentes tribulaciones, convertir en seña de identidad el que todos los ciudadanos —especialmente los más ricos y privilegiados— arrimen el hombro durante la crisis y hacer de la cotización a la Seguridad Social una obligación inescapable para las clases medias.

Al cabo, que Zapatero y los suyos inviertan regularmente en este tipo de fondos, engrosando el poder de los mismos especuladores que, según denunciaban, desestabilizaban nuestra economía, sólo puede significar dos cosas: o que los socialistas no se creen la bobada de que los españoles recibimos (y vamos a seguir recibiendo) unas pensiones dignas o que tampoco tienen a bien contribuir con sus impuestos al sostenimiento de las arcas públicas.

Pues los planes de pensiones en España sólo sirven para dos cosas: una —algo ingenua al lado de otros productos de inversión mucho más sofisticados como los fondos de inversión o la propia inversión directa en bolsa— para capitalizar el ahorro de cara a la jubilación; otra, y sobre todo, para reducir la base imponible del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y pagar menos impuestos.

Contradicción entre el discurso y las acciones que se ha venido a conocer tradicionalmente como hipocresía o fariseísmo, por aquello de hacer lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Claro que al menos en el caso de los fariseos, el consejo era guiarse por sus palabras y no por sus actos, mientras que aquí es más bien al revés: las palabras de nuestra casta política se han convertido en un bombardeo continuo de mentiras destinado a justificar su latrocinio institucionalizado.

Vean si no al castrocomunista Llamazares reconociendo que invierte en un ignoto producto financiero conocido como "fondo de ahorro" —cualquier parecido con la bicha de un fondo de pensiones debe ser casualidad— al tiempo que recomienda a los ciudadanos que se mantengan única y exclusivamente en el sistema público de pensiones porque la rentabilidad de esos "fondos de ahorro" que él ha contratado es inferior a la de la deuda pública.

Siendo así la cosa, sólo cabría concluir que sus dotes como economista e inversor están a la altura de sus ideas políticas. Ninguna confianza para manejar las vidas de los ciudadanos debería recibir aquel que no sabe gestionar sus propias finanzas.

Claro que Llamazares parece olvidar que frente a la exigua rentabilidad que ofrecen muchos de esos "fondos de ahorro", existen otros productos, como los fondos de inversión, cuyo rendimiento sí es muy superior al de la deuda pública. Ahí tenemos al español Francisco García-Paramés, al que muchos consideran justamente el mejor gestor europeo, que ha logrado desde 1993 rentabilidades medias anuales del 17%. ¿Acaso no estarían nuestras pensiones mejor en sus manos que en las de ineptos como Zapatero o Llamazares?

Probablemente, aunque eso es algo que debería decidir autónomamente usted. Más que de eficiencia, se trata de libertad. Esa misma libertad que socialistas, comunistas y socialdemócratas populares se arrogan para sí pero niegan para los demás. En otro tiempo se denominaba despotismo ilustrado, pero habida cuenta de las pocas luces de nuestros políticos, mejor sería olvidarse hoy del calificativo.

Tan bueno debe de ser eso de poder gestionar la hacienda de uno mismo sin tener que entregar al Fisco o a la Seguridad Social el 50% de nuestros ingresos, que los mismos que cercenan nuestra libertad tratan de agarrarse a cualquier desgravación para capitalizar su renta en el sector privado. Es la misma disonancia que la de esos nacionalistas que eliminan la libertad de elección lingüística para sustraer a sus vástagos del cumplimiento de sus normas.

Porque, al final, lo que pretenden no es facilitarnos la vida, sino parasitarnos. Cuanto mayor sea el tamaño del Estado, de más prebendas gozarán. ¿Se imaginan que les sucedería a todos estos estómagos agradecidos si los impuestos bajaran y cada uno de nosotros pudiera elegir a dónde destinar nuestras rentas? Pues que se quedarían sin sus coches oficiales, sin sus secretarios varios y sin sus astronómicos sueldos; por no hablar de esa poderosa influencia de la que hoy disfrutan para presionar y relacionarse de forma, digamos, "especial" con las grandes empresas privadas.

Es seguro que nosotros prosperaríamos sin ellos, pero también es probable que ellos no prosperaran sin nosotros. De ahí que deban convencernos de que el Estado ultraintervencionista es el mejor de los mundos posibles, pese a que ellos sean los primeros en evadirlo. Pues sí, en este caso, lo que ellos hacen es más revelador que las consignas que puedan decir.

El sexenio de las ‘luses’

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Este aniversario es, además, redondo. 2008 fue bisiesto, adelantando de este modo un año la coincidencia de los días del mes con los de la semana. Así, el fatídico 11-M ha vuelto a caer en jueves, el lluvioso 12-M en viernes, el miserable 13-M en sábado y la victoria electoral en domingo. Es una coincidencia que carece de importancia real pero no de cierto simbolismo que todos, aunque algunos lo nieguen, hemos sabido apreciar.

Aquellos cuatro días de marzo marcaron un punto de inflexión en la Historia de España. El gobernante electo, un culiparlante de León del que nadie tenía referencias, imprimió a partir de ese momento –y de una forma deliberada– un cambio de rumbo que hoy, un sexenio después, se verifica en casi todos los aspectos de la vida pública. Zapatero, que había sido motejado como el Sagasta de Aznar, traía un programa de metamorfosis nacional que, sin descanso y surfeando sobre la ola de demagogia que rompió frente a la sede del PP la tarde del 13-M, ha aplicado punto por punto y coma por coma.

Su desenfreno legislativo, su pose de iluminado y sus enfermizas ansias por transformar una realidad que no satisfacía sus prejuicios de pequeñoburgués provinciano, nos han llevado a la situación actual, con el país cogido por alfileres y la respiración contenida por el tsunami económico que, sí o sí, nos va a arrasar en cuanto levantemos la cabeza. A excepción de los artistas de la ceja, de Teddy Bautista y de la madre de Leire Pajín, hoy nadie está a gusto en España. Los unos porque la revolución de las luces, –las luses, que diría Bibiana Aído– apadrinada por el Gobierno no ha llegado lo suficientemente lejos. Otros porque se han roto demasiados melones sin saber muy bien qué iba a hacerse después con ellos.

En el sexto año triunfal todos, menos los que chupan del bote, tienen su agravio. La izquierda porque, a pesar de todo, el capitalismo vivaquea y los socialistas, lejos de asaltar el Palacio de Invierno, se han apuntado a la juerga de vestir de Armani, volar en primera y presumir de peluco suizo. La derecha porque, avergonzada de sí misma, es objeto de mofa, befa y escarnio público. Los nacionalistas, los vascos, los catalanes y hasta los que aseguran vestidos de jotero que Castilla es más nación que nadie, siguen sin poder subirse al balcón del ayuntamiento para proclamar la independencia de su taifa. Éste es el resultado de gobernar con el estómago y no con la cabeza pensando que España, más que un grupo de individuos que se dedican a sus cosas, es una caseta de la feria de Sevilla donde, aunque se cambien los farolillos, la fiesta nunca decae.

Incorrectos

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Sencillamente, tienen su propio criterio sobre las cosas, y da la casualidad de que ese criterio no se ajusta al traje ideológico que nos han hecho para todos.

La corrección política no es una ideología. Es incluso peor. Constituye un entramado de tabúes e imposiciones, de mecanismos mentales repetidos millares de veces, mitos y letanías que no constituyen en sí una forma de pensamiento, pero sí apuntalan una forma de ver las cosas. Thomas Sowell, en su estudio sobre los ungidos (el precipitado antropológico de la izquierda), dice que su dialéctica se basa en dividir el mundo en mascotas que deben ser defendidas a toda costa, y objetivos a los que hay que destruir sin concesiones. Ese mapa maniqueo es la corrección política.

Está claro que la corrección política no tiene nada que ver con la lógica. En ocasiones incluso prohíbe llamar a las cosas por su nombre. No puedes llamar “viejo” a una persona vieja. Como si pudiera haber algo malo en ello. La corrección es un cortocircuito de la razón y una traba constante a la libre discusión. Y, sobre todo, una pesadez enorme.

Por eso resultan atractivos aquellos que, como Sánchez Dragó o nuestro compañero Salvador Sostres, se pasan la corrección política por salva sea la parte. Por eso, y porque tener criterio propio al margen de lo establecido le lleva a uno a ponerse en muchas ocasiones contra el poder. Y si bien hay quien se muere de miedo cuando alguien se mete con el poder, somos también muchos los que disfrutamos con ello.

Obama, turbio y dependiente

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Es normal. A todos nos hace ilusión que algún día llegue a gobernar un político que actúe con independencia y cuente realmente cómo hace lo que quiera que esté haciendo. Dos lemas consagraron la imagen de cristalina independencia del cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos de América. La primera y más famosa era "expulsar a los lobbies fuera de Washington". La segunda consistía en "devolver la ciencia a su legítimo lugar".

Poco más de un año después de su toma de posesión, diversos medios y blogs le acusan de hacer justo lo contrario. Lo simpático del asunto es que la causa de esta polémica es el estudio acerca de los efectos sobre el empleo de las ayudas públicas a las fuentes de energía renovables que realizamos hace ahora un año Raquel Merino Jara, Juan Ramón Rallo y un servidor con la colaboración de José Ignacio García Bielsa.

El estudio tuvo una gran acogida en medios académicos y periodísticos internacionales. El Wall Street Journal, por poner un ejemplo, le ha dedicado tres editoriales aplaudiendo el enfoque y sus resultados. Obama llevaba algunos meses vendiendo la idea de que la creación de empleos verdes en el sector de las energías renovables sería una de las principales soluciones para sacar a EEUU de la crisis económica. Nuestro estudio venía a decir que si de crear empleo se trata, uno puede hacerlo poniendo a miles de personas a mover turbinas que generen electricidad, pero que la cuestión es si eso es económicamente viable: cuánto costará falsear la competitividad de esa modalidad de producción energética y cuál es el coste de oportunidad de hacerlo.

Así, las conclusiones mostraban que cada empleo verde creado en España entre el año 2000 y 2008 había requerido más de medio millón de euros en subvenciones, que debido a que la mayor parte de esos empleos eran en instalación de nuevas plantas, el mantenimiento de esos empleos requería un crecimiento astronómico de las ayudas a la producción, que el modelo español había creado una burbuja que amenazaba con explotar, que estábamos poniendo en riesgo el sistema eléctrico, que esos recursos utilizados en subvencionar una producción ineficiente de electricidad hubiesen creado más empleo si los recursos se hubiesen dejado en el resto de la economía y que estábamos provocando una deslocalización forzada en diversas industrias.

Como es lógico y comprensible, las conclusiones de nuestro estudio no gustaron a todo el mundo por igual. Los lobbies a ambos lados del Atlántico que reciben dinero por su vinculación con las energías verdes y los políticos que defienden esas políticas energéticas fundamentadas en subvenciones no recibieron con buenos ojos el estudio.

Varios meses después de la salida de ese informe, sus conclusiones se citaban con mucha frecuencia en los debates en torno a la propuesta de nueva ley energética en el Congreso de EEUU. Alguien debió sentir que este estudio académico podía poner en peligro el pastel de subvenciones que se estaba cociendo en Washington. Todo esto, ya digo, es normal y comprensible.

Lo interesante empieza cuando el Laboratorio Nacional para las Energías Renovables (NREL) publicó un contraestudio en el que fundamentalmente se criticaba la metodología que habíamos usado en nuestro estudio. En EEUU muchos se preguntaron qué hacía un organismo público contestando un estudio académico de otro país sobre una experiencia en materia de legislación energética en ese país extranjero. El hecho no tenía precedentes. Así que el Competitive Enterprise Institute, un think tank defensor del libre mercado, apoyado en la ley sobre la libertad informativa requirió información al Gobierno estadounidense y a la NREL sobre quién lo había encargado, por qué lo había hecho y cuánto había costado el contrainforme.

La respuesta ha llegado medio año después de la petición y contiene unas 900 páginas de correos electrónicos y documentación diversa. Ninguna de las preguntas queda medianamente contestada en esas 900 páginas pero una cosa sí queda clara: varios lobbies, entre los que destacaba el de las empresas eólicas, estaban detrás del estudio del Laboratorio y la supuesta categoría académica del estudio había sido lograda gracias a la revisión del manuscrito por parte de los propios lobbies. Leyendo los centenares de páginas de correos que se han enviado entre sí el ministerio, el laboratorio y los lobbies, uno pierde la cuenta de quién es el Gobierno y quién es el grupo de presión. No es de extrañar que la polémica le esté costando a Obama su imagen de trasparente e independiente.

Gabriel Calzada Álvarez es doctor en Economía y presidente del Instituto Juan de Mariana

Eurofracaso

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

No es que fuera impensable que pudiese funcionar, pero era ciertamente muy difícil. El euro impone una misma política monetaria a países muy distintos. Sólo es viable si la política fiscal de todos sus miembros es estable, de ahí los criterios de Maastricht. Pero la moneda común se enfrentaba a varios riesgos y parece haber caído en todos.

Por un lado, quienes marcan la política monetaria son dos países, Francia y Alemania, y anteponen sus intereses a los del resto de la mal llamada Unión. Por otro, actúa en un contexto global y tras la crisis de las puntocom y del 11 de septiembre de 2001, optó por ir en comandita con la Reserva Federal para apostar por una política monetaria laxa. No tienen por qué reaccionar todas las economías del mismo modo y, de hecho, no lo hacen. En España, las tasas de crecimiento de los préstamos hipotecarios arqueaban las cejas, y son sólo una parte del aumento del crédito, que era llamativo. Decidimos ponernos a invertir y consumir tomando prestado del exterior, y acumulamos un déficit por cuenta corriente espectacular.

Por lo que se refiere a la política fiscal, no es ya que los distintos países puedan optar por seguir caminos diferentes. O que baste una crisis económica para que todo el mundo se dedique a hacer keynesianismo cutre a costa de la moneda. Es que la opinión griega no es igual que la alemana. Ni la española es como la de Luxemburgo. Los griegos, con un Gobierno conservador, se han lanzado a una política de gasto sin medida. Y si votaron a los socialistas no es porque quisiesen menos socialismo. Los griegos, sencillamente, han huido de la disciplina fiscal necesaria para mantenerse dentro del euro. Y esa cultura económica fallida es muy difícil de cambiar.

Todas las monedas, la peseta, el dólar, la libra, el franco, cogían sus nombres de medidas de pesos, porque indicaban la cantidad de oro o de plata. ¿Qué es un euro? ¿Qué nos dice su nombre? No nos habla de una moneda surgida por haberse probado en el mercado, sino de un acuerdo político. Por eso está a punto de fracasar. Nos habría ido mejor si pudieran entrar varias monedas en competencia, y todos pudiésemos elegir la que quisiésemos. Pero eso es muy poco europeo.

¿Sabe Rajoy de lo que habla?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En este sentido, el plan de choque propuesto por Rajoy no va mal encaminado (soñar es fácil) el problema es saber cómo piensa materializarlo.

Las cinco ideas –reducir el déficit, no subir impuestos, combatir la morosidad, reestructurar el sistema financiero para que fluya el crédito y crear un nuevo contrato laboral– son como aquello de desear el fin del hambre en el mundo, un deseo desligado de la realidad (de la realidad del PP). A saber, si a Rajoy sólo se le ocurría hace unas semanas reducir el gasto público en 10.000 millones, no está claro cómo piensa acabar con el déficit público sin aumentar los impuestos.

Porque redactar la Carta a los Reyes Magos con dos meses de retraso no equivale a presentar un plan económico creíble. Es cierto que la política del PSOE difícilmente podría ser más errática –ora negando la crisis, ora reconociéndola; ora bajando impuestos, ora subiéndolos; ora aumentando el gasto, ora prometiendo reducirlo; ora subiendo las pensiones, ora bajándolas; ora cerrándose en banda a cualquier reforma del mercado laboral, ora promoviéndola–, pero el PP no le va mucho a la zaga.

Al parecer los principios están claros: no se subirán los impuestos y se reducirá el déficit. Despejándolo la incógnita, sólo me aparece un recorte del gasto público de tales magnitudes que probablemente ningún político sea capaz de imaginar sin sufrir taquicardia.

Veámoslo así: en 2009 el Estado gastó unos 260.000 millones de euros y recaudó 145.000, lo cual nos deja un déficit de de 115.000 millones. Es cierto que una parte de la caída de impuestos y de aumento del gasto es coyuntural, derivada de la menor actividad y del incremento del desempleo. Pero ni mucho menos sueñen en el PP que por llegar ellos al Gobierno la economía retornará a los niveles de recaudación propios de la burbuja inmobiliaria (200.000 millones de euros) ni se entusiasmen pensando que basta con crear empleo para reducir el gasto (las prestaciones por desempleo apenas supusieron en 2009 35.000 millones de euros).

Así pues, dado que el PP promete no subir impuestos, tendrá que reducir el gasto entre 60.000 y 80.000 millones de euros para acabar con el insufrible déficit público, lo que equivale a dejar de gastar alrededor de 1 de cada 3 euros que el Estado despilfarró en 2009. Es decir, será necesario cerrar administraciones y organismos autónomos enteros, bajar el sueldo y reducir el número de funcionarios, privatizar todas las empresas públicas y, por supuesto, poner fin a casi todas las transferencias de renta que hoy se produzcan (a sindicatos, partidos políticos, asociaciones culturales, dictadores del tercer mundo…). Algo que muchos hubiésemos deseado hace años para liberar y dinamizar nuestra sociedad, pero que ahora se impone con mayor necesidad si cabe.

En conjunto asciende a algo más que la calderilla de 10.000 millones que Rajoy pregonaba desde el Congreso frente a las bancadas socialistas. Por ello, no parece que el partido político del liberalismo simpático, ese mismo que aborrecía de Hayek y (con un poco más de razón) de Friedman, vaya ahora a liderar el mayor adelgazamiento del Estado en la historia de nuestro país.

No sé si Rajoy sabe de lo que habla. Me gustaría pensar que sí, pues significaría que se ha decidido a finiquitar el Estado ultraintervencionista que padecemos sin esquilmar aún más a las clases medias. Pero viendo sus antecedentes y los de otros miembros de su partido, me permito dudarlo. Al final, unos y otros, la socialpopulocracia, subirán masivamente impuestos. Ellos gastan, nosotros pagamos. Lo llevan en la sangre y en la cuenta corriente.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

¿El principio del fin de Google?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Esta situación es especialmente pronunciada en los negocios por Iinternet, debido a la dimensión global de la red, lo que eleva a cotas casi increíbles la escala y el plazo en que se pueden conseguir éxitos espectaculares.

Google es sin duda el paradigma actual del éxito. No contento con superar a los que podríamos considerar sus competidores tradicionales (los buscadores), su ambición desborda el ámbito de internet, y parece amenazar a gigantes como Microsoft, los operadores de telecomunicaciones o los medios de comunicación. Constituye así la prueba definitiva de la convergencia del estos mundos, la constatación de llamado "hipersector" de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).

Hasta aquí, el análisis no pasaría de mera constatación de hechos en el mercado, de puesta en claro de las preferencias de los ciudadanos. Sin embargo, lo malo es que, como se dijo antes, el éxito atrae a otras moscas a la miel, los gobiernos. Y estos no son tan deseables.

Comienzan a acumularse las quejas contra Google, que ya han alcanzado rango de denuncia ante la Comisión Europea en algún caso. También está la ofensiva desatada desde el sector de las telecos, y no me refiero a la legítima de los operadores, sino a la de los gobiernos pretendiendo arrogarse el derecho a "dar permisos" para que unos paguen y otros cobren. Y tampoco hay que olvidar la ofensiva sobre contenidos, lanzada desde los terceros en liza, los medios, y que tiene su base en los malhadados derechos de propiedad intelectual.

Gracias a todo ello, los gobiernos empiezan a tomar protagonismo en un asunto en el que no deberían tener cabida, y encima promocionados desde determinados ámbitos, típicamente desde el de aquellos que no encuentran cómo plantar cara en el mercado la capacidad de innovación de Google.

Para ser justos, hay que reconocer que parte de la culpa de la situación es del propio Google, que no ha dudado en tratar de usar a su conveniencia esas mismas armas que ahora se vuelven contra él. Me refiero al debate de la neutralidad de red, que sobre todo en los Estados Unidos ha sido impulsado por el buscador con la clara intención de atar de pies y manos a los operadores de telecomunicaciones, que percibe como posibles competidores en el medio plazo.

Lo cierto es que lo peor que le puede pasar a Google es que los gobiernos empiecen a inmiscuirse en sus asuntos. Incluso en el tema de la neutralidad de red, aunque en el corto plazo obtuviera beneficios.

No sólo es lo peor para Google, sino también para sus rivales del hipersector (aunque parezca paradójico) y, en esencia, para los ciudadanos y la sociedad. Si estos agentes siguen dirimiendo sus cuitas en frente de los gobiernos, su destino quedará en esas manos, que serán las que arbitren los destinos de unos y otros.

Pero son precisamente los gobiernos los que menos saben de las preferencias de los consumidores. Y es sobre éstas donde ha construido su fortuna Google (como cualquier otro emprendedor). Por ello, el interés que, en parte buscado por él mismo, suscita Google entre reguladores y demás organismos augura el principio de su fin.

La pensión pública ha de ser abolida

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

De forma sucinta, el ministro aboga por una especie de sistema mixto.

Los planes de pensiones, como producto, tienen un problema importante hoy día. Son una herencia del pasado que sólo quiere una minoría. Es un producto demasiado rígido que no encaja en la visión cortoplacista de los actores económicos del s. XXI. Fíjese si no en qué época las entidades financieras empiezan a hacer campañas. No son campañas continuadas de todo el año. Siempre venden el producto a final de año que es cuando el cliente bancario es más susceptible a hacer desgravaciones fiscales (siempre se deja todo a última hora).

Observe también en qué consisten los ganchos de los planes de pensiones. Muchas organizaciones, especialmente gubernamentales, se quejan de los regalos asociados a estos productos. Los bancos regalan desde jamones, a ‘home cinemas’, pasando por licuadoras en la venta de sus planes de pensiones. Lo que no encaja es que un producto financiero a tan largo plazo tenga un reclamo a tan corto plazo como un bien de consumo vulgar. ¿Cómo es que en las campañas de fondos de inversión –producto cuya gestión es la misma que un plan de pensiones– no se regalan productos para la cocina y el hogar también?

En realidad, para una parte importante de la demanda, los planes de pensiones no son tal, sino que consisten en el pago de un producto (aportación por un regalo), que adicionalmente va acompañado de una inversión en un instrumento de ahorro a largo plazo y que, además, desgrava. La fuerza del Estado y la habilidad de los bancos han convertido un producto que no duraría ni dos días en el mercado libre en una urgente necesidad que canaliza el dinero del agente económico sin que realmente lo quiera.

¿Qué pasaría si en un ataque de sensatez al Gobierno le diera por abolir las pensiones públicas y retirar las desgravaciones fiscales a los planes de pensiones privados? Muy probablemente desaparecerían, o quedarían como un producto minoritario; el dinero se canalizaría más bien a otros productos financieros (renta fija, variable directa, fondos, seguros de ahorro, etc.), o simplemente se destinaría a consumo. Ésta última opción sería la mayoritaria. Es la más acorde a nuestros tiempos.

Si a usted le diesen la opción de destinar 6.000 euros al año a un plan de pensiones o quedarse el efectivo íntegro en su cuenta corriente, ¿qué escogería? Mayoritariamente el actor económico preferiría el dinero en ‘cash’, en su bolsillo ya.

El Estado no es tan abierto de mente como para darnos opciones. Los burócratas del Gobierno, "los Corbachos", nos sacan la pistola y nos dicen: "la bolsa o la vida". Nos retiran esos 6.000 euros (o los que a usted le correspondan) y se los quedan. Mientras nos encañonan con el arma de la ley, nos intentan aliviar diciendo que es para nuestro bien, para nuestro futuro. Consideran que somos idiotas en el manejo de nuestro dinero y lo toman por la fuerza para sus intereses.

Desglosemos qué son las pensiones públicas. Primeramente, son un robo. Desde el momento en el que el Gobierno se ve con autoridad suficiente para obligarnos a qué hacer con nuestro dinero sin que nosotros podamos tomar cartas en la decisión, se convierte en un delincuente a gran escala. El dinero de nuestras pensiones no se ha ahorrado, el Estado se lo ha gastado en lo que le ha dado la gana. De ahí todo el alarmismo actual. El Gobierno no sólo es la mafia legal, también es el peor gestor del mundo. Recuerde que sus ingresos sólo provienen del expolio de la propiedad privada y del robo al ciudadano.

Asimismo, las pensiones públicas no sólo son dirigismo que estimulan estilos de vida (economía del fascismo) de la sociedad hacia el pensamiento único (todo el mundo ha de ahorrar mediante la fuerza), sino que también son un fraude. Si una entidad privada hiciera lo que el Estado con el dinero de su cliente, meterían a su responsable máximo en la cárcel. De hecho, Bernard Madoff fue condenado a 150 años de prisión por gestionar sus fondos de la misma y exacta manera que el Estado gestiona las pensiones públicas. Si a Madoff le cayeron 150 años, "los Corbachos" del parlamento tendrían que ser condenados a trabajos forzados de por vida. Tal vez sería la única forma de que los políticos sirvan de verdad a la comunidad.

Las pensiones públicas son totalitarismo, son un robo, son un fraude, sólo sirven como herramienta para comprar votos, y en el pensamiento de Gustavo Bueno, una forma más de corrupción del Estado del Bienestar y la democracia actual.

La solución a los campos de concentración nazi no era privatizarlos (por razones pragmáticas), sino abolirlos. Con las pensiones del Estado igual. El objetivo no es un sistema de capitalización obligatoria, sino abolir las pensiones públicas y los estímulos a los planes privados: que la gente decida qué hacer con su dinero, que elija en el mercado si quiere este tipo de productos o no. Eliminemos los impuestos correspondientes a las pensiones (que es una tercera parte de su salario; mire cuántos impuestos paga aquí), los estímulos fiscales y dejemos que el ciudadano libre escoja cómo manejar su dinero.

Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

¿De qué cohesión social me hablan?

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Artículos en prensa.

Una crisis que es consecuencia, no lo olvidemos, de un conjunto de malas intervenciones que han empujado a la gente a equivocarse en masa y no del exceso de libertad económica.

Ya desde los inicios de la crisis, allá por 2007, algunos analistas –como los del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana– defendían la reducción de impuestos para aliviar las cargas de los contribuyentes y aumentar su renta disponible, así como la flexibilización de los mercados de factores productivos, sobre todo del de trabajo, con el fin de hacer el reajuste productivo más llevadero.

Sin embargo, como resulta evidente, nada de eso se ha hecho. El mercado de trabajo apenas se ha tocado y las elevadas rigideces siguen presentes, a pesar de la insistencia de gran parte de los economistas para reducirlas. Las cuentas públicas se han deteriorado a un ritmo frenético, elevando las preocupaciones de los inversores acerca de la salud y solvencia del Reino de España. El gasto público se ha disparado fruto de los estabilizadores automáticos –el mecanismo por el cual en época de recesión se eleva el déficit público por el incremento del desempleo y la reducción de ingresos fiscales– y de la propia inercia del sistema, mientras que ya se anuncian incrementos de impuestos.

Uno de los argumentos que suelen esgrimirse para no reducir el gasto público es el de la cohesión social. El Estado debe encargarse de que haya cohesión social, y eso sólo se consigue mediante un Estado del Bienestar que provea de los bienes y servicios más básicos a la población (como la educación y la sanidad), se encargue de las personas más necesitadas que no pueden valerse de sí mismas (desempleados, niños, ancianos, pobres), etc. Y para ello, resulta necesario mantener elevados el gasto público y los impuestos.

Además, para criticar la flexibilización del mercado de trabajo, se alega que con el fin de garantizar la seguridad y estabilidad de los trabajadores, hace falta un sistema laboral que no permita fácilmente el despido a los trabajadores por las horribles consecuencias que ello acarrea en su entorno.

Pero, ¿y si esta estrategia fuera a conseguir lo contrario de lo que se persigue, es decir, que en vez de favorecer la cohesión social, se fomentara el conflicto y el malestar entre la población?

La cuestión que parece más obvia es la que se refiere al mercado de trabajo. No sé qué suerte de cohesión social se pretende impulsar con un sistema laboral que, en las fases recesivas del ciclo, expulsa a una cantidad ingente de sus trabajadores; y que mantiene dos niveles de empleo, diferenciados entre los indefinidos que disfrutan de elevados privilegios y ‘protecciones’ y quienes no los tienen. Más bien, parece un excelente caldo de cultivo para las envidias sociales y la frustración de no poder conseguir un empleo por poca remuneración que éste ofrezca; una sangría que afecta especialmente a los jóvenes. Los expertos llevan ya tiempo alertando contra este sistema regulatorio anticuado y rígido que algunos califican de "brutalmente ineficiente" y "catastrófico". Todavía estamos esperando reformas serias ante la amenazante mirada de quienes viven cómodamente del statu quo.

En relación con el enorme déficit público que se ha generado en muy poco tiempo, uno también se pregunta qué es lo que está ganando nuestro país atrayendo la desconfianza de los inversores y analistas financieros internacionales al amasar una elevada deuda pública que deberán pagar quienes nada tienen que ver con estos desaguisados –esto sí que es solidaridad intergeneracional– y dificultando la verdadera recuperación económica.

Quizás lo que busquen sea la cohesión social que ahora están disfrutando los griegos, quienes se han visto obligados por las circunstancias a aplicar unos planes de austeridad donde se pretende reducir drásticamente el gasto público con el simple objetivo de salir con vida de ésta. No descartaría que algo similar a lo sucedido en Grecia, quizá con menor intensidad, pase aquí si es que el Gobierno no se da prisa en aplicar las medidas dolorosas de austeridad presupuestaria que ya algunos recomendaban a finales de 2007.

Este tipo de medidas son las que han sido aplicadas en Irlanda, país que también ha sufrido las fatales consecuencias de la burbuja inmobiliaria –causada por una fuerte expansión del crédito venida del Banco Central Europeo–, y ahora parece contar con mejores perspectivas de futuro. En Irlanda las palabras de promesas de estabilizar el déficit público no han caído en el vacío, como sí suele pasar con las de Obama y Geithner en EEUU, sino que han ido seguidas de severas medidas para recortar el gasto público. Como explica Harry Phibbs:

"Todas las subvenciones, desde aquellas relacionadas con la vivienda hasta las relacionadas con la cultura, han sido severamente recortadas. Los activos excedentes han sido vendidos. Se ha disminuido la burocracia. Las ayudas al desempleo han sido reducidas porque según Lenihan (Ministro de Finanzas irlandés): "un sistema de protección social no acorde con los costes laborales del resto de la economía puede llevar a la gente a prolongar su situación de desempleo".

Y, cómo no, los resultados son positivos. Según The Economist: "La dura medicina parece estar funcionando, a medida que Irlanda sale de la recesión, las finanzas públicas mejoran y la economía vuelve a ganar la competitividad pérdida dentro del euro".

La incompetencia de la administración Zapatero, sin embargo, no inspira demasiadas confianzas de que se vayan a tomar las medidas correctas voluntariamente. Probablemente, estas medidas tengan que aplicarse por presiones internacionales, a la fuerza, tarde y mal; y las consecuencias podrían ser como lo que se ha visto en Grecia.

En ese caso, que espero que no tengamos que vivirlo porque se actúe antes de que venga el lobo, el argumento intervencionista de la cohesión social se lo podrían tragar con patatas sus muy ilustres proponentes.

Ángel Martín Oro escribe regularmente en su blog.

¡Salven al mejillón!

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

En el fondo no fue nada sorprendente: era el pastón que cabía suponer que ganaría el hombre que más ha hecho por destruir la imagen pública de la institución que preside y de los autores que representa. Pero resulta especialmente significativa su reacción, pues pareciera que mientras se ajuste a "la ley y la transparencia democrática" ya todo está bien. Sucede algo similar cuando se critica a la SGAE que cobre a peluquerías o a festivales benéficos. Su defensa es que la ley está de su parte.

El problema, claro, es que la ley llega donde llega, y existen muchas cosas malas que no están prohibidas y muchas cosas buenas que no son obligatorias. Como debe ser. La ley debe llegar para castigar aquello que supone un daño a un tercero, pero la mayor parte de lo que hacemos en la vida no llega a tanto. Eso no quita para que se pueda hacer un juicio moral, decidir si nuestras acciones son malas o buenas dependiendo de nuestro particular punto de vista, que puede ser compartido por la mayoría de los ciudadanos, o no.

Cuando una entidad –sea un individuo, una empresa o una asociación de autores– hace rutinariamente cosas legales pero malas para casi todos los que no se benefician de ello, lo razonable sería que se planteara si no estará metiendo la pata. En demasiadas ocasiones, sin embargo, se enroca en que lo que hace está permitido y, por tanto, el que se considere negativo es sólo un asunto de percepción, de que los demás no entienden bien el problema, de que están equivocados porque algún ser pérfido –por ejemplo, los medios de comunicación o algún partido político– se ha esforzado en ensuciar su imagen.

Siendo una actitud evidentemente equivocada, desgraciadamente cada día es más habitual. La razón es que estamos incentivando la confusión entre moral y ley. Muchos conservadores critican a los liberales porque algunos de ellos creen que deberían liberalizarse las drogas, legalizarse la prostitución y, en definitiva, despenalizar los vicios de cada uno. En algunos casos se debe a la creencia de que las consecuencias serán malas para la sociedad, pero en otros porque piensan que quien promueve estos cambios está sancionando moralmente esos comportamientos. No es así. Se puede estar en contra de la prostitución o de las drogas, desaconsejar a todo el orbe conocido que incurra en esos vicios y, sin embargo, no querer que el Estado los castigue.

Es curioso cómo en algunos ámbitos la distinción parece estar clara. No se sabe ya cuánto se ha repetido la frase aquella de "no estoy de acuerdo con nada de lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo". De algún modo, al menos si no eres el Grupo Prisa, parece haberse asumido que el derecho a la libertad de expresión no depende de nuestra opinión sobre lo que se dice. Pero no se traslada ese razonamiento a otros ámbitos. En cuanto vemos algo en la tele que no nos gusta, el Gobierno debe prohibirlo. Cuando éste o aquél realizan actividades que nos escandalizan, el Parlamento debería hacer una ley.

Y según nos deslizamos por esa pendiente, se vuelve más difícil recordar la distinción entre moral y ley y que te entiendan. Así, deja de resultar extraño que la SGAE o Teddy Bautista se defiendan de sus múltiples comportamientos inmorales alegando que la ley les da derecho a hacerlo. Quizá casos tan escandalosos para la mayoría podrían conseguir que se invierta esa tendencia. Pero no tendremos tanta suerte.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.