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Bautista, la SGAE, la ley y la moral

…peligran esas pensiones que a modo de caramelillo nos prometían nuestros socialistas de todos los partidos para que no protestáramos por el atraco. Al final, como en Múnich, nos quedaremos sin el honor y sin la paz, en este caso sin la libertad y sin la cartera.

Al parecer, las pensiones dignas y seguras que eran la quintaesencia del Estado de Bienestar europeo no van a ser ni dignas ni seguras. No otra cosa cabe colegir de la recomendación de Corbacho para que los españoles complementen la cotización (coactiva) pública con una voluntaria privada. Cosas veredes, los mismos socialistas que hace apenas tres años se cargaron el atractivo fiscal de los planes de pensiones al eliminar la reducción del 40% por el rescate en forma de capital y que disminuyeron el límite de las aportaciones desde 24.250 euros anuales a los 12.500, son los mismos que ahora tratan de salvar la nula credibilidad que debería merecer el sistema público de pensiones apelando a la capitalización privada.

Pero, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, el auténtico fraude de la Seguridad Social no viene representado por la forzosa necesidad de minorar unas pensiones ya excesivamente bajas en sí mismas, sino por aquello que dejamos de ganar. El problema del sistema es el horroroso coste de oportunidad que acarrea: durante toda su vida laboral, se priva a los trabajadores de la posibilidad de capitalizar su renta y de construirse un patrimonio con el que alcanzar una pensión realmente digna. No deberíamos estar complementando la pensión pública con la privada, deberías tener la oportunidad de gestionar como quisiéramos todo nuestro ahorro.

Porque, digámoslo de otro modo, si los trabajadores no entienden o desconfían tanto de la bolsa como para huir de ella, nada les impide invertir el dinero que hoy les está arrebatando la Seguridad Social en otro tipo de activos. Cuarenta años sufragando una cotización media de unos 6.000 euros anuales asciende a alrededor de 240.000 euros pagados compulsivamente a la Seguridad Social. ¿Se imaginan qué habría sucedido de haber invertido esas cuantías, por ejemplo, en dos inmuebles y una plaza de garaje? ¿Qué pasaría si nuestra pensión dependiera de alquilar (o vender) dos pisos y un garaje que hemos ido adquiriendo durante toda nuestra vida laboral?

Pues que hoy nuestros jubilados sí tendrían asegurada una pensión digna. Esa misma que los socialistas hoy nos racanean, no por ser malos gestores (que lo son), sino por habernos impuesto durante décadas un sistema que todo el mundo sabía que terminaría reventando. Pura aritmética.

En 1995, Solbes ya nos lanzó la primera advertencia y nos recomendó invertir en esos planes de pensiones que él mismo, una década más tarde, desalentaría mediante el IRPF. La inmigración, empero, vino al rescate –a corto plazo– del sistema de pensiones de reparto: más de cinco millones de trabajadores se incorporaron al mercado laboral. Todo lo cual permitió sufragar las prestaciones de los pensionistas con un mayor desahogo… a cambio, claro está, de crear cinco millones más de jubilados futuros con derecho a reclamar su pensión a una población joven cada vez más exigua. Es decir, salvábamos el sistema a corto, hipotecándolo a largo. Es lo que tienen los esquemas piramidales: que la base siempre tiene que seguir creciendo para que el esquema no se desmorone.

Ya estamos en ello. Los fondos privados de pensiones al rescate. Si ya lo decía Zapatero en el Congreso, "quienes defienden las pensiones privadas, se habrán encontrado con un problema durante esta crisis". Pues anda que quienes defienden las pensiones públicas… ¡Qué panorama! La Seguridad Social sin recursos y su garante, el Estado español, en riesgo de caer en suspensión de pagos. Sin duda, como pregona el PSOE, éste es el momento de "lo público".

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

¿Y por qué soportar el lastre de las pensiones públicas?

Éste es el radical ideario que defiende el Partido Antitaurino, que ha conseguido abrir el debate público sobre la prohibición de la Fiesta Nacional en Cataluña. Dicho grupo de "animalistas" –tal y como se hacen llamar– califican de "maltrato" y "crimen" el arte del toreo debido al sufrimiento que experimenta el morlaco durante la corrida.

Bajo este argumento solicitan, no sólo la prohibición de este festejo, sino también la del uso de animales en los circos o el abandono y sacrificio de perros, gatos, animales exóticos e, incluso, palomas. Pero, puestos a pedir, mucho me temo que los "animalistas" se quedan cortos. Y es que, si toda su argumentación gira en torno al mero sufrimiento del animal, ¿qué impide extender su aplicación a toda la fauna? ¿Por qué escandalizarse por la matanza de perros y gatos y no por la de ratas o cucarachas? ¿Es que acaso no gozan de los mismos "derechos animales"? ¿Por qué discriminar entre especies?

Para gustos colores. Entre el amplísimo abanico de amantes que tiene el mundo animal habrá quien profese una especial predilección por las pulgas, las serpientes, las lagartijas, los gusanos, los murciélagos, los insectos… ¿Por qué los activistas no protegen a los parásitos y roedores, por ejemplo? ¿Qué diferencia hay entre un ratón y una paloma? Ninguna desde el punto de vista biológico, ambos son animales sólo que pertenecen a especies distintas.

Y puestos a poner de relieve el sufrimiento del toro en la plaza, ¿qué decir de la agonía que sufre el mejillón al ser cocido vivo en agua hirviendo? Aún peor es el caso de la ostra, que es engullida y masticada viva por los crueles comensales de marisco y, sin embargo, su dolor es totalmente ignorado por los animalistas. ¿Y las lombrices? Estas pobres criaturas son cruelmente secuestradas por los pescadores para dar rienda suelta a su particular hobby. Los gusanos son trinchados sin piedad en el anzuelo, y recociéndose de dolor son lanzados al río, aún conscientes, a la espera de que un incauto pez caiga en la trampa.

Los animales, a diferencia de los humanos, actúan movidos por el instinto. En este sentido, carecen del glorioso don de la creatividad. De ahí, precisamente, que el hombre evolucione como especie mientras que el cocodrilo o el perro no han experimentado ni el más mínimo avance desde que habitan la Tierra. Pese a ello, los "animalistas" exigen la protección e, incluso, la concesión de derechos cuasi humanos a determinadas criaturas frente a otras. Se trata, pues, de un debate absurdo y artificial. Gracias a la Fiesta, el toro de lidia vive a cuerpo de rey hasta la celebración de la corrida, a diferencia de los millones de pollos, cerdos o vacas aglutinados y casi inmóviles en las granjas de explotación hasta su sacrificio. De hecho, sin el toreo, no existiría el toro.

El problema es que este tipo de activistas pretenden imponer por ley sus particulares preferencias al resto de la población. Así, ahora pretenden prohibir las corridas, pero también estarían dispuestos a eliminar la carne o el pescado de las comidas, solicitando pena de cárcel a todos aquellos que se nieguen a ser vegetarianos. Hoy es ¡salven al toro!, y mañana ¡salven al mejillón!

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

Genocidios de mal tono

Yo soy un poco más canalla que eso, qué le vamos a hacer. Es lo que tiene defender la libertad, que acabas echándole un cable a lo más inmoral, soez y despreciable de la sociedad. ¡Con las buenas compañías que hacen los valladares de la virtud!

La mala compañía de hoy se llama Pedro Varela y regenta una librería nacional-socialista. De un nacionalismo acendrado, con los antecedentes intelectuales con mayor renombre, y un socialismo que nada tiene que envidiar a otros. “Socialistas de cátedra”, se llamaba, con servil reverencia, a los abuelos de aquel “socialismo alemán”. Ese nacional-socialismo, envuelto en libros y a la venta, era el comercio de la famosa librería barcelonesa. Y ese comercio le ha llevado a Varela a una condena de dos años y nueve meses.

El pensamiento no delinque, se ha dicho, y es cierto. Es criminal el acto concreto contra los derechos de los demás. El genocidio, por ejemplo. A Varela se le ha condenado por “ideas genocidas”. Pero todo el mundo sabe que del dicho al hecho hay un trecho. El trecho que separa una librería, pongamos por caso, de la cárcel. La libertad de expresión, esa madre repudiada por todos, o casi, ampara lo más excelso y lo más bajo del pensamiento humano. Y se la maldice mil veces por proteger ambas cosas.

Pero ¿qué mejor censura de las ideas abyectas, las de Varela y su gente, que su libre encuentro con las buenas? Por ejemplo, su contraste con los pocos que defendemos la libertad de expresión. ¿Cómo podríamos salir perdiendo? A la luz, el nacional-socialismo aparece con toda su fealdad. Él y sus dos patas ilustres. Que venga, que algunos le estamos esperando. Seremos pocos, pero somos mejores.

Por lo demás, ¿cuál es el crimen del nacional-socialismo sino el genocidio? Pues tampoco, porque no ha habido ningún genocidio comparable al comunista. No tiene rival en número, en concepción de un plan ambicioso, sobrehumano e infrahumano a la vez. Pero, al parecer, hay genocidios de buen tono, que se pueden encapsular en libros de toda laya, y venderse libremente por las librerías de Barcelona y de España toda. Prohibir los genocidios de mal tono me parece una frivolidad inane.

José Carlos Rodríguez es periodista.

La depresión de los bajos tipos de interés

¿Qué significa esto? Básicamente que los agentes económicos valoran más los bienes presentes que los bienes futuros. A saber, que todo el mundo prefiere disponer de 100 euros hoy a 100 euros dentro de cinco años y que los agentes sólo estarán dispuestos a renunciar a la disponibilidad de 100 euros hoy a cambio de algo más de 100 euros mañana. Ese "algo más" son los tipos de interés: si los individuos valoran mucho más los bienes presentes que los bienes futuros, los tipos de interés serán altos, y si ven mucha diferencia entre ambos, serán bajos.

El tipo de interés, por tanto, permite a los agentes coordinarse a lo largo del tiempo: unos renuncian a la disponibilidad de los bienes presentes hoy (los ahorradores) para que la ganen otros (los empresarios que invierten) a cambio de que estos otros les devuelvan en el futuro una cantidad incrementada de bienes futuros.

El problema empieza a surgir cuando los agentes manipulan este intercambio entre bienes presentes y bienes futuros. Si el sistema bancario presta más dinero del que otros agentes han ahorrado, el crédito crecerá de manera desmesurada: habrá más agentes que querrán controlar bienes presentes que bienes presentes disponibles para ser controlados. De ahí que a las expansiones crediticias siempre sean seguidas por períodos de inflación y de repuntes incontrolables de los tipos de interés: cuando la gente quiere dominar más bienes presentes de los que existen, eventualmente el valor de los bienes presentes sobre los bienes futuros (tipo de interés) repunta.

Los bancos centrales pueden manipular durante un tiempo los tipos de interés, pero no indefinidamente. Mientras no aprendan a manejar aquello de multiplicar panes y peces –es decir, mientras no creen de la nada bienes presentes–, les será imposible mantener indefinidamente los tipos de interés por debajo de los que vendrían justificados por el mercado. Por eso a la Fed y al BCE no les quedó más remedio que aceptar sus subidas en 2005, 2006 y 2007 y por eso cuando la Fed en 2008 trató de reducirlos, el mercado le hizo una peineta.

Pero entonces, ¿a qué se debe que los tipos de interés estén tan sumamente bajos a día de hoy? Pues a que los agentes están renunciando a controlar bienes presentes: cuando una empresa quiebra o una familia vende su vivienda, está mandando la señal de que renuncia a controlar esos bienes y, por tanto, el valor de los mismos en relación con los bienes futuros se reduce.

Hay muchos hoolingans de la banca central que sostienen que la Reserva Federal debería mantener bajos los tipos de interés hasta que se produzca la recuperación… e incluso más allá si esto contribuye a apuntalarla. No entienden que no es la banca central hoy la que mantiene bajos los tipos de interés, sino una estancada demanda de crédito. Se puede llevar el caballo al río, pero no forzarlo a beber.

De ahí que Trichet haga bien en advertir de que los tipos de interés subirán en el futuro y que no hará esfuerzos inflacionistas para mantenerlos artificialmente bajos. En la medida en que la economía se recupere y los empresarios quieran volver a invertir (a controlar más bienes presentes), los tipos de interés deberán subir. Lo contrario sólo generaría inútilmente inflación.

Quienes ansían una sociedad de tipos de interés bajos e incluso tipos de interés negativos no entienden qué significa semejante escenario: un estancamiento de la vida económica hasta tal punto que nadie quiere invertir nada. Como le decía hace unas semanas Scott Sumner a Russell Roberts, espero que los tipos de interés suban, de lo contrario significará que nos habremos hundido en la depresión.

Ahí lo tienen: los tipos de interés más bajos de la historia de Occidente los han disfrutado los Estados Unidos durante toda la Gran Depresión y el Japón de los últimos 20 años. Que les aprovechen. Yo prefiero una sociedad solvente y dinámica donde haya agentes dispuestos a invertir y a no morir ahogados en sus deudas. Algunos parece que sueñan con reinflar la burbuja antes de que termine de explotar. Al menos tengan el pudor de esperar un poco hombres de bien.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

Hablemos de Guillermo Fariñas

El casual encuentro tuvo lugar en La Habana, en la casa de su amigo y también destacado demócrata cubano Elizardo Sánchez. Aunque hacía ya unos meses que había puesto fin a una huelga de hambre (lleva más de veinte huelgas entre pecho y espalda), su cuerpo todavía estaba resentido y las secuelas de sus numerosas protestas eran ya permanentes.

El organismo de Guillermo Coco Fariñas no podrá aguantar demasiado tiempo una huelga de hambre como la que lleva a cabo desde hace unos días. Desde que falleció Orlando Zapata Tamayo, no dejo de pensar en que tal vez se habría podido salvar su vida. De haberle prestado más atención desde los medios de comunicación extranjeros cuando aún estaba vivo, los tiranos caribeños hubieran tratado de evitar que muriera. No quiero sentir este mismo remordimiento con aquel valiente al que conocí en verano de 2007. Escribamos y hablemos mucho, gritemos si hace falta, sobre Guillermo Fariñas. Obliguemos al castrismo a reaccionar y salvemos así su vida.

Hagamos lo mismo también con los presos de conciencia que se mantienen en las huelgas de hambre que iniciaron tras la muerte de Orlando Zapata Tamayo. El mundo debe estar pendiente de Nelson Molinet y Fidel Suárez. La vida de ambos, como la de Fariñas, puede depender de no ser relegados al olvido por los periodistas, los ciudadanos y los gobiernos del mundo. Quienes no somos Willy Toledo, los que creemos que los Derechos Humanos tienen que ser defendidos en todo el mundo y no repetimos las mentiras de una dictadura asesina, debemos mantenernos alerta.

Recordemos por tanto también a otros dos valientes que están siendo duramente castigados por el régimen de los hermanos Castro y cuyas vidas corren serio peligro. Ariel Sigler Amaya ha visto reducirse su fornido cuerpo de boxeador a apenas 50 kilogramos de piel, hueso y debilidad absoluta por las duras condiciones y el maltrato que le imponen en prisión. La situación de Normando Hernández González no es mejor.

Por Guillermo Fariñas, Nelson Molinet, Fidel Suárez, Ariel Sigler Amaya y Normando Hernández González no podemos callarnos. A todos ellos podemos prestar la ayuda que no dimos a Orlando Zapata Tamayo. Cada columna, entrevista, reportaje y noticia escritos sobre ellos en un medio de papel o internet es útil. Cada crónica televisiva o cada palabra transmitida por la radio tienen idéntica utilidad. Seamos, por tanto, insistentes. Por ellos y por cada una de las víctimas del castrismo.

Antonio José Chinchetru es periodista y miembro del ‘think tank’ Instituto Juan de Mariana.

Lo que estamos dejando de ganar

Todos los trabajadores fueron sometidos a un sistema de redistribución que encadenaba el futuro de una generación a los esfuerzos crecientes de la siguiente. Algunos todavía se creen que al cotizar estamos acumulando e invirtiendo dinero para nuestra propia pensión. Pero no estamos capitalizando ni un centavo. Las cotizaciones del presente pagan las pensiones del presente, y las huecas garantías del Estado no van a evitar que cuando nos jubilemos cobremos una pensión pública (aún más) indigna.

El sistema de pensiones de reparto tiene un esquema piramidal: una gran base de cotizantes paga las pensiones de la cúspide de jubilados. En 50 años esa base estará en la cúspide, y se necesitará una base mucho mayor para sostener la pirámide o un crecimiento económico insólito. Ninguno de los dos supuestos va a materializarse ni por asomo.

Según previsiones optimistas del Ministerio de Trabajo (suponía una tasa de paro del 8,8% en 2010…) en 2060 el gasto dedicado a pensiones superará el 14% del PIB, frente al 8% actual. En otras palabras, la población en edad de trabajar se mantendría más o menos estable, mientras que las personas mayores de 65 años pasarían de siete millones a más de quince. Eso significa que si ahora cuatro cotizantes pagan la pensión de un jubilado, en cincuenta años menos de dos cotizantes tendrán que costear la misma pensión.

Algunos economistas, como Vincenç Navarro, prefieren alimentar la esperanza de los ingenuos y de los irredentos en vez de afrontar el fracaso de su modelo y empezar a debatir una reforma profunda del sistema. Navarro afirma que no hay problema si el gasto en pensiones se eleva al 16% del PIB en 2060. Hace 50 años el gasto era del 3%, ahora es del 8%, ¿acaso no sigue el sistema en pie? Lo que Navarro debería explicar a sus lectores es cómo se traduce ese abstracto porcentaje del PIB en los ingresos de cada trabajador.

Si en 2060 se dobla el gasto en pensiones y la masa de trabajadores se mantiene, significa que pagaremos el doble en cotizaciones en términos proporcionales para mantener el mismo nivel de pensiones. Supongamos que el PIB, como augura Navarro, se dobla en cincuenta años. El salario medio en España en 2009 fue de 20.500 euros, que implica una cotización aproximada de 6.000 euros para pensiones. En 2060 el salario medio (habiéndose doblado la riqueza nacional) será de 41.000 euros. El que crea que la cotización será entonces de 12.000 se equivoca. Recordemos que el gasto en relación con el PIB se dobla, y que el PIB se ha doblado también. Es decir, pasamos de un 8% sobre un PIB de base 100 (igual a 8 unidades), a un 16% de un PIB de 200 (igual a 32 unidades), lo que significa cuadriplicar el gasto real (32/8). De modo que en 2060 estaríamos pagando una cotización de, agárrense, 24.000 euros (6.000 x 4). Como el empresario minora el salario en una proporción similar al aumento de la cotización, para mantener el coste por trabajador igual, nuestra nómina en realidad sería de 31.000 euros (un poco más que la cotización…). Eso o la carga se trasladaría al contribuyente, que podría seguir cobrando 41.000 euros pero pagaría 12.000 euros en impuestos adicionales. Los que estén confundidos con tanta multiplicación pueden dividir todas las cifras por dos: sería como si actualmente el salario medio pasara a ser de 14.500 euros (en lugar de 20.500), con una cotización de 12.000 euros, o pagáramos 6.000 euros más en impuestos. ¿De verdad a Navarro le parece sostenible esta situación?

En cualquier caso, lo peor del sistema no es su viabilidad. Pagando pensiones lo bastante bajas quizás llegue a sobrevivir. Lo peor es el coste de oportunidad, lo que estamos dejando de ganar por no poder invertir nuestras cotizaciones en bolsa o en fondos de pensiones que capitalicen las cantidades y nos ofrezcan un patrimonio y unas rentas extraordinarias al final de la vida laboral. En un artículo anterior calculamos que si una persona invirtiera en bolsa la cotización media destinada a pensiones (unos 6.000 euros), al final de un período de 30 años (tomando la rentabilidad histórica ajustada a la inflación, un 7%) dispondría de un capital de 600.000 euros, y tras 40 años tendría 1,28 millones euros. Si el jubilado quisiera una renta estable podría sacar el capital de la bolsa y meterlo en renta fija. Suponiendo una revalorización ajustada a la inflación del 2% anual, obtendría una renta mensual de 1.000 euros más un patrimonio de 600.000 euros, o una renta de 2.100 euros más un patrimonio de 1,28 millones. Actualmente la pensión media del sistema público es de 900 euros al mes, más cero centavos de patrimonio.

El jubilado que quisiera liquidar todo el patrimonio en 30 años de jubilación, podría poner el dinero en letras del tesoro que conservan más o menos el poder adquisitivo e ir gastando cada mes parte de ese capital. 600.000 euros dividido por 30 años son unos 1.650 euros al mes. Si consumiera el patrimonio de 1,28 millones (acumulado en 40 años), obtendría una renta mensual de 3.500 euros al mes.

Ésta sería una opción para los que tengan menos aversión al riesgo y quieran invertir en un ETF que replica el índice o en fondos de inversión que intentan batirlo. Otros quizás quieran poner sus ahorros en planes de pensiones más conservadores (o incluso salirse totalmente del sistema). Que cada uno elija.

Un modelo regulado de capitalización individual (único o mixto) ya se aplica en varios países, entre ellos Chile, Estonia, Letonia, Lituania, México, Perú, Eslovaquia y Hungría. Chile fue el primero en implementarlo, hace casi 30 años. El éxito ha sido rotundo. Los cotizantes chilenos, obligados a ahorrar un 10% de su sueldo, pueden invertir en cinco tipos de fondos de pensiones, dependiendo del riesgo, y optar por distintos gestores y modalidades de pago. Si fallecen, la familia recibe la pensión o el montante en herencia. El fondo Tipo C, que es de riesgo moderado y acoge al 43% de los afiliados, tenía una rentabilidad media anual del 9,19% a julio de 2009, desde su creación en 1981. Todos los fondos han recuperado en un solo año la pérdida de valor de 2008. Un chileno sólo tiene que trabajar 28 años para obtener una pensión igual a sus últimos sueldos.

Así son las cosas en Chile. En España la solución del Gobierno (y de la oposición) es agarrarse al Pacto de Toledo, prolongar la edad de jubilación, reducir la pensión y seguir estafando al trabajador.

Albert Esplugas Boter es miembro del Instituto Juan de Mariana, autor del libro La comunicación en una sociedad libre y escribe regularmente en su blog.

¿Qué diferencia a Google de Telefónica?

…para proteger la innovación en lo que podrían llamarse los extremos de la red, es decir, aquello que se conecta a ella. Por ejemplo, los servicios y aplicaciones web o herramientas como Skype.

El problema de esta aproximación, que a primera vista suena tan razonable, es que olvida que para poder fomentar esa innovación en los extremos de internet debemos eliminarla en buena medida dentro de la propia red. La imposición de la neutralidad impediría cambiar muchas cosas en las redes de telecomunicaciones: sin duda, muchas de ellas serían negativas para los usuarios, y por tanto terminarían siendo desechadas por éstos mediante el viejo método de votar con los pies y llamar a la puerta de la competencia. Pero algunas podrían ser beneficiosas, e imponiendo la neutralidad impediríamos que pudieran desarrollarse.

Desgraciadamente, muchos no entienden este problema, porque es mucho más sencillo apreciar la innovación en productos finales, como son los sitios web, antes que en bienes más intermedios como puedan ser las redes. De ahí que venga tan bien la denuncia de tres sitios web, uno de ellos propiedad de Microsoft, contra Google por abuso de posición dominante. Lo que quieren es que sea público y transparente el modo en que se ordenan los resultados de las búsquedas en Google ya que éste tiene alrededor del 90% del mercado en Europa, y un pequeño cambio en el algoritmo puede significar para una empresa que dependa de la web perder un porcentaje brutal de sus visitantes.

El razonamiento de quienes proponen lo que han llamado "neutralidad en la búsqueda" es tremendamente familiar. Los buscadores deberían seguir principios imparciales que dependieran solamente de la relevancia, principios que deberían ser públicos. Además, se debería prohibir que pusieran sus propios servicios en posiciones relevantes de las búsquedas, como ha hecho Google con su función "Universal Search", que coloca su servicio de mapas cuando buscas una dirección o su comparador de precios cuando se escribe cualquier producto. ¿La razón? Pues que no estar en los buscadores es casi lo mismo que desaparecer de internet. En la práctica, es casi lo mismo que esa posibilidad con la que nos asustan quienes quieren regular la red, la de que puedan desconectar a sitios web que no paguen un extra a las operadoras.

Si quienes apoyan la neutralidad en la red se creyeran realmente sus argumentos, tendrían que estar también a favor de la neutralidad en la búsqueda. Pero el problema aquí es que resulta mucho más sencillo verle el truco al razonamiento. Si Google dijera públicamente cómo ordena los resultados y no pudiera cambiar esa orden, ni integrar otros servicios suyos, sería un producto mucho menos útil. Miles de creadores de sitios web los modificarían para aparecer los primeros en determinadas búsquedas, que quedarían ahogadas en resultados basura haciéndonos regresar a los días en que encontrar algo en internet resultaba una misión imposible. Encontrar respuesta a nuestras preguntas nos llevaría mucho más tiempo. Y Google (o Bing) carecerían de libertad para mejorar su servicio como han hecho hasta ahora.

Esencialmente, Google y Telefónica son lo mismo: intermediarios entre nosotros y ese vasto océano de información y servicios que es internet. Si se quiere regular a uno, inevitablemente se terminará regulando al otro. Y si no, al tiempo.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.

El drama de los cinco millones

España acaba de superar los 4,6 millones de parados, pese a que el Gobierno insista en aplicar el ya habitual maquillaje estadístico con el fin de ocultar la terrible realidad a la opinión pública. Tan sólo en febrero 82.132 personas han perdido su puesto de trabajo, la cifra más alta de la serie histórica tras el récord absoluto de 2009, en un mes tradicionalmente favorable para la creación de empleo.

Sin embargo, el Gobierno insiste en cerrar los ojos al drama que sufren millones de familias. Así, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, reitera, una vez más, que se ha "conseguido frenar" la destrucción de empleo, y ahora esa tendencia "se está desacelerando". Pajín se agarra al aumento de afiliados a la Seguridad Social para lanzar tal afirmación. Efectivamente, el número de ocupados subió en 26.340 personas el pasado mes, frente a la intensa destrucción laboral que tuvo lugar en febrero de 2009.

Pero el dato, nuevamente, es engañoso. En primer lugar, Pajín prefiere ignorar que ese aumento de 26.340 afiliados es tres veces inferior que el del mismo mes de 2008, primer año de la crisis, cuando se crearon casi 83.000 empleos. Además, tal y como acertadamente destaca la patronal de ETTs (Agett), el mercado laboral español ha perdido 232.000 puestos de trabajo en los dos primeros meses de 2010 frente a los 120.000 del mismo periodo de 2008. Es decir, el ritmo de destrucción laboral sigue duplicando al del primer año oficial de crisis, por lo que la situación no se puede calificar en ningún caso de positiva, tal y como afirma irresponsablemente la cúpula socialista. En resumen, España sigue destruyendo empleo y el paro sigue en ascenso.

Por si ello fuera poco, cabe señalar que casi un tercio de los nuevos afiliados registrados en febrero proceden del sector de la construcción. Y es aquí donde entra en juego la tercera pata del engaño colectivo que está propiciando el Gobierno con respecto a las cifras del paro. Y es que Trabajo no sólo aplica el habitual maquillaje estadístico para ocultar las cifras reales de desempleo sino que, además, no contabiliza como parados a los cientos de miles de personas ocupadas artificialmente mediante el uso de dinero público.

El primer Plan E, dotado con 8.000 millones de euros para la realización de obras municipales, ocupó a 428.118 personas en 2009, según datos oficiales. El coste medio de esta medida asciende a unos 18.700 euros por puesto de trabajo creado de forma temporal. De este modo, gracias al dispendio que han propiciado estos inútiles proyectos –desde construir pabellones deportivos a levantar aceras, pistas de patinaje o de pádel–, el Ejecutivo ha logrado ocultar más de 400.000 parados en la construcción, con lo que el número de desempleados real se aproximaría, en la actualidad, a los 5 millones de personas.

El mercado de trabajo está siendo invadido de forma inequívoca por un agresivo cáncer que amenaza ya con convertirse en metástasis incurable de no tomar las medidas de choque que precisa el país. Sin una profunda reforma laboral capaz de liberalizar el mercado esta enfermedad se hará crónica. Es decir, España podría sufrir una tasa de paro próxima al 20% durante varios años. El Gobierno, en lugar de ejercer su responsabilidad, descarta aplicar por el momento las recetas adecuadas. En lugar del papel de médico, los miembros del Ejecutivo son meros curanderos que se aprovechan de las esperanzas de la gente para engañar al paciente con falsas ilusiones de recuperación.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

Zapandreu

Incluso se ha llegado a proponer la aprobación de una Ley de Economía Sostenible que pretendía darnos un empujoncito hacia el futuro promoviendo la producción de energía cara e ineficiente.

Ahora, en plena apoteosis de ese pactismo tan propagandístico como inútil, ha llegado el momento de que Salgado repita chuleta en mano todas y cada una de las medidas contenidas en la mentada ley –donde se incluyen algunas partidas tan esenciales para el bienestar de los españoles como la inversión aeroespacial– más dos ocurrencias de última hora: el retorno de la banca pública y de la vivienda de protección oficial como impulsores de la creación de empleo.

Ya se sabe, si algo ha creado empleo en este país ha sido el crédito barato y el ladrillo, por consiguiente, no parece haber motivo para renunciar a ellos. Los problemas menores acaecidos desde entonces –ya saben, esos cuatro millones y medio de parados y esos 120.000 millones extra que nos hemos fundido en 2009– no empañan la bondad del modelo en general: si algo falló entre el año 2000 y el 2007 no fue que nuestra economía estuviera, digamos, algo volcada en dos sectores hipertrofiados y que experimentaban una de las mayores burbujas del orbe entero, sino que esos sectores habían caído en manos de los especuladores.

De ahí que ante un sector bancario en proceso de quebrar, ante una deuda privada que roza el 200% de nuestro PIB y ante un stock de viviendas cercano al millón y medio, a nuestros gobernantes sólo se les ocurra crear más bancos, endeudar más a los españoles y construir más ciudades fantasma por toda la península. Eso sí, todo público. Si la farsa del falso capitalismo que hemos vivido durante las últimas décadas consistía en "privatizar los beneficios y socializar las pérdidas", la revelación que nos ofrece el socialismo moderno para salir del atolladero parece consistir en olvidarnos de esos conceptos tan reaccionarios como beneficios o pérdidas.

Al cabo, los comunistas ya descubrieron en su momento que la Unión Soviética era claramente superior a las economías capitalistas porque no padecía de ciclos económicos periódicos de auge y depresión. Claro, eliminaban las crisis periódicas imponiendo una crisis permanente. Y es que si para algo sirven las recesiones es para revelar que nuestros empresarios se han equivocado, que durante años han llevado a cabo malas inversiones de manera generalizada (impulsados por las falsas señales emitidas por los bancos centrales) y que, si no queremos arramblar con toda la economía y nadar en una abundancia de inmuebles mientras nos faltan zapatos, habrá que rectificar cuanto antes.

El socialismo tiene la virtud de que no necesita cambiar para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos porque son éstos quienes tienen que sobrevivir a los delirios del planificador central. Por el mismo rumbo marcha España: puede que ni necesitemos endeudarnos más ni incrementar nuestro parque de viviendas, pero ¿importa lo más mínimo? ¿Acaso es más importante volver a crear riqueza que poner a trabajar en algo, en los que sea, a 350.000 personas?

Total, si nos olvidamos de esa pequeña molestia de "asignar los recursos escasos a sus usos más valiosos", es decir, si nos olvidamos de la economía, cualquier proyecto deviene igualmente aconsejable. Lo mismo da desarrollar nuevas medicinas o incrementar la disponibilidad de materias primas que erigir colosos en honor a Zapatero o multiplicar la cría de lombrices. Que lo mismo da la energía barata que una placa solar 11 veces más cara, vamos.

Pues sí, la economía sostenible del futuro es la misma economía colapsada del viejo socialismo. Justo lo que necesitábamos.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

Banca y vivienda: los nuevos motores de España

Aquí se acaban las diferencias. En todo lo demás, incluyendo el paisaje y el paisanaje, son tan parecidas como dos gotas de agua.

Los griegos llevan varios años cocinando las estadísticas oficiales. Nosotros estamos en ello, empezando por las del paro, cuyos números sólo se creen Corbacho y la Salgado, esa calamidad que Zapatero puso de testaferro para poder gestionar personalmente el desastre. Está por ver si, llegado el momento, quiere seguir gobernando el barco cuando se encuentre debajo del agua como ya está haciendo su colega Papandreu.

Grecia no dispone de capacidad de recuperación porque no produce nada que otros países deseen y porque su Gobierno ha endeudado a todos, incluso a los que todavía no han nacido. España tampoco hace nada que sea deseable fuera, a excepción del sector turístico que es moderno, competitivo y multinacional. Pero del turismo no comen los 46 millones de españolitos.

Nuestra industria principal sigue siendo, dos años después del crack, la de la carretilla de cemento, el andamio y el alondra que apura el sol y sombra en el bar de enfrente antes de ponerse al tajo. Esos han sido los artífices del espejismo español de esta década y nadie, empezando por el propio Gobierno, quiere jubilarlos. Por eso los han puesto a adoquinar aceras y a hormigonar pistas para que unos inexistentes niños monten en patinete.

En cuanto al endeude, es cuestión de tiempo que Zapatero (vía Salgado) nos hunda en la sima del impago. S&P ya no se fía; creen estos remilgados señores de Wall Street que, en un par de años, la deuda española alcanzará ya el 80% del PIB, mucho más de lo que la Unión Europea está dispuesta a tolerar. Luego Dios dirá. O nos echan, o nos vamos, o se van ellos; pero lo que no puede soportar el euro es un país tan grande como éste haciendo el indio a su costa.

Grecia, como España, está paralizada ante la adversidad, resacosas ambas de socialismo quejumbroso e irresponsable. Las algaradas violentas y los coches calcinados de Atenas o Tesalónica no tardarán en verse por Madrid o Barcelona en cuanto se acabe el maná del dinero que el Gobierno pide prestado para arrojar después por la alcantarilla de la dilapidación pública.

La izquierda radical, que se crece con la miseria, espera esa oportunidad para sacar de paseo a sus camisas negras. Zapatero, entretanto, emulando a Papandreu, prefiere quedarse sentado viendo el incendio, esperando a que lleguen los bomberos y arreglen el desaguisado para luego ellos presentarse como los artífices del milagro. No sería la primera vez en la historia que esto sucede. A Roosevelt le salió a pedir de boca, ¿por qué no habría de sucederle lo mismo a Zapandreu?

Fernando Díaz Villanueva es periodista.