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¿Se nos está rebelando la Naturaleza?

Este desastre va a poner a prueba la economía, la política y las instituciones del país más rico de Iberoamérica. Además nos invita a reflexionar sobre las relaciones entre los fenómenos naturales extremos y el desarrollo socioeconómico e institucional de un país, así como sobre algunos de los mitos que envuelven las catástrofes naturales.

Conviene empezar por lo evidente: la naturaleza no es la madre protectora que nos presentan continuamente los medios de comunicación y el movimiento ecologista. La imagen falaz de los fenómenos naturales como algo intrínsecamente bueno para el hombre ha servido para demonizar la transformación que el ser humano hace de los recursos naturales tal y como los encuentra en estado puro. Según esta visión del mundo, el principal factor causal de los desastres que padecemos los seres humanos es la propia acción cooperativa y empresarial del hombre. De este modo, el capitalismo, que fomenta la cooperación y la productividad humana a través del respeto de la propiedad privada y a los contratos libremente acordados, alteraría esa armonía natural entre el hombre y su medio ambiente provocando reacciones de la naturaleza que sufrimos en forma de catástrofes.

La realidad es bien distinta. La naturaleza es y ha sido siempre tremendamente dura para el hombre. Sin embargo, la inteligencia humana nos ha permitido adaptarnos y adaptar el medio en el que vivimos para que nuestra relación con la naturaleza sea, en general, más segura y armónica. Sin embargo, quienes han convertido su oficio en hacernos creer que el capitalismo y el progreso socioeconómico es una especie de pecado, no soportan la idea de una naturaleza que destruye y mata sin otra razón que no sea eminentemente física o, si lo prefieren, natural. Sus ideas se han colado hasta tal punto en el ideario popular que periódicos como El Mundo titulan y califican el desastre chileno (y las borrascas ibéricas) de "rebelión global de la Naturaleza". ¿Contra quién se supone que opone resistencia o se subleva la Naturaleza? Contra el ser humano, está claro. ¿Y por qué? Por habernos atrevido a desarrollar nuestras sociedades y superar la etapa en la que íbamos en taparrabos.

La realidad es casi la contraria. Los fenómenos catastróficos naturales son más o menos los mismos de "siempre". La diferencia fundamental es que los hombres hemos ido reduciendo paulatinamente el riesgo y la incertidumbre relacionados con los fenómenos catastróficos gracias al desarrollo económico, al ahorro, al avance del conocimiento y al desarrollo de las instituciones. A muchas personas esta idea les resulta chocante porque sabemos que los daños (medidos en unidades monetarias) de los desastres naturales no han hecho sino crecer en los últimos dos siglos. Pero la paradoja es sólo aparente. Este fenómeno sucede allí donde las sociedades han progresado. A medida que vamos siendo más ricos, el valor económico de los daños es superior pero representan una fracción cada vez más pequeña de la riqueza total. Además, a medida que hemos desarrollado instituciones como la de los seguros, una parte de estos riesgos queda actuarialmente cubierta, reduciendo así la incertidumbre a la que nos enfrentamos. Es más, parte de ese mayor valor monetario que se destruye en catástrofes como la ocurrida en Chile se debe a que las construcciones se diseñan para tratar de compatibilizar una elevada densidad demográfica (que permite una mayor división del trabajo y crecimiento económico) con una alta protección del ser humano; éste sí, el recurso más valioso de cuantos existen.

Gabriel Calzada Álvarez es doctor en Economía y presidente del Instituto Juan de Mariana

TDT

Resulta que no todo el mundo canta al son del periódico y ello le causa a él y a nuestra izquierda un desasosiego insoportable. El periódico de la izquierda global en español disimula lo que puede. Pero de cuando en cuando se desahoga, y si bien no puede cambiar la realidad a su gusto, aunque lo haría de buen grado, por lo menos deja bien claro lo que piensa de ella.

Lean el artículo TDT, Trinchera Digital Terrestre, de Antoni Gutiérrez-Rubí. Es un ejemplo perfecto del pensamiento de izquierdas. Identifica las ideas con los sentimientos, y por tanto para él quienes no forman parte de la grey socialdemócrata son, básicamente, malas personas cuya principal característica, en política, es el odio. Si un periodista da su opinión y es contraria al Gobierno socialista, lo que está mostrando no son ideas, sino "el odio irracional hacia el adversario". Y frente a un sentimiento total como ese, ¿cabe ejercer el pensamiento?

Gutiérrez-Rubí no lo necesita, claro está. Le vale con ejercer ese recurso que concentra el 80 por ciento de la dialéctica de izquierdas de las últimas décadas, colgar el prefijo "ultra" a todo lo que se menee fuera de la izquierda. Eso, y una buena dosis del sentimiento que él achaca a la derecha.

El artículo recoge otras prácticas habituales en la izquierda. Por un lado muestra, con toda claridad, que en su opinión no ser de izquierdas es un pecado vergonzoso, una mancha en el alma que se debía curar o, al menos, esconder. Se frota los ojos cuando comprueba que hay medios de comunicación que son "abiertamente conservadores". Tolera a la derecha, nadie le acuse de lo contrario, pero a la "derecha democrática". No hay una "izquierda democrática", porque toda la izquierda es democrática, ya saben. Recuerdo los elogios de El País a Eric Honecker. Esta derecha-pero-democrática no es la que tiene presencia en los medios de comunicación y que se expresa con más libertad de la que desearían el diario y su articulista.

Hay un fondo de verdad en el artículo. Hubo un tiempo en que al grupo Prisa le bastaba sacar la chequera para comprar a sus competidores, como hizo con Antena 3 Radio. Se mueve bien en el mundo de las licencias ("no hay cojones en España para negarme una televisión"), donde se comercian favores políticos. Eso sí que es la "técnica de ocupar y expulsar" de la que habla Gutiérrez-Rubí.

Con la TDT la oferta es muy amplia, mucho más de lo que desearía este experto en comunicación. Y en internet, el otro objeto de su diatriba, ni siquiera hay licencias. Tú llegas y creas un periódico sin permiso de la autoridad. Un escándalo. El hecho de que cuanto más libre ha sido la creación de medios de comunicación, más lugar haya habido para el centro derecha en España, que eso es lo que refleja el artículo, es el motivo de tanto encono.

José Carlos Rodríguez es miembro del Instituto Juan de Mariana

La censura rutinaria y eficiente de ZP

…se ha mostrado "confiada" en una rápida tramitación de la Ley de Economía Sostenible que permita empezar lo antes posible a clausurar páginas web en beneficio de las grandes discográficas, las entidades de gestión de derechos de autor, numerosos artistas "de la ceja" y demás.

Tras el revuelo inicial con la popularmente mal llamada "Ley Sinde", apenas se habla ya de ella. Poco a poco el tema va pasando a segundo plano y, piano piano si va lontano; en muy poco tiempo nos encontraremos con que se ha culminado un grave atentado contra la libertad de expresión en la red. El Gobierno se siente seguro en esta cuestión. Todo parece indicar que confía en poder sacar adelante la normativa censora.

Por una parte, incluso antes de que se apruebe en España, Zapatero pretende llevar su modelo a toda la Unión Europea. El objetivo presidencial es que entre en la agenda de los Veintisiete el bloqueo (y no debería extrañar que también el cierre) de sitios web. Los "males" que se dice querer combatir con esta medida serían la pornografía infantil, el racismo y la violación de la propiedad intelectual.

Resulta lamentable que se pretenda poner en pie de igualdad la "violación de la propiedad intelectual" con el fomento del odio a otras personas o algo tan especialmente repulsivo como la pornografía infantil. Sin embargo ZP, en defensa de grupos amigos de su Gobierno, lo hace. Sabe que así será más fácil hacer aceptable un recorte de la libertad de los ciudadanos.

Por otra parte, el grupo de presión de la industria de los contenidos en Estados Unidos se muestra optimista con el futuro de sus intereses bajo el Gobierno de Zapatero. La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA, por sus siglas en inglés) ha hecho patente su satisfacción por el hecho de que el cierre de webs en España será "rutinario y eficiente". Lo mínimo que podemos hacer es preguntarnos qué información, que no ha sido proporcionada a los ciudadanos, y qué garantías han recibido desde La Moncloa o algún ministerio.

El Gobierno español pretende imponer una censura rutinaria y eficiente en internet. Lo peor de todo es que, tras un amplio y generalizado enfado inicial, casi nadie parece dispuesto a luchar por impedirlo.

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

Más amnistías fiscales y menos condonaciones

Somos los últimos de Europa en casi todo. A estas cifras se suma la que anunciaron el martes los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). La economía sumergida subió hasta el 23,3% del PIB en 2009. En este periodo no se declararon casi 20.000 millones de euros.

¿Qué hace el Gobierno o la oposición para solventar tantos problemas? En 2007 el Ejecutivo actual condonó toda la deuda a los países pobres. Fueron más de 3.500 millones de euros. Este mismo año, Zapatero ha condonado a Evo Morales más de 60 millones de euros. Tal vez lo hizo porque Morales hace la vida imposible a las empresas españolas afincadas en Bolivia o porque insulta a los españoles cada vez que viene a España.

La generosidad de Zapatero con el dinero que no es suyo ha continuado. En los próximos tres años, el presidente del Gobierno donará 300 millones de euros para que los países pobres hagan frente al cambio climático. En la cumbre de Bruselas, los miembros de Unión hicieron algo similar, pero a lo grande. Donaron 7.000 millones de euros hasta 2012.

Tanta generosidad con dinero ajeno contrasta fuertemente con otros problemas más reales. Ahora la UE se ve incapaz de dar un solo céntimo a Grecia para salvarla de su hecatombe. Son incapaces de hacer una hoja de ruta para el país heleno, pero todo el mundo cree que sí la pueden redactar para los países en desarrollo con el mero hecho de regalarles millones y millones de euros a paladas sin ningún control ni supervisión. La ayuda exterior ha sido la excusa perfecta para saciar el gasto desmedido del Estado a costa de nuestro bienestar material.

Los problemas pueden tener solución ahora mismo pensando en clave práctica en lugar de en los votos. Si España tiene una economía sumergida superior al 23%, es que hay un gran problema con los impuestos en este país. Aumentarlos en épocas de crisis como hace el Gobierno sólo logrará que empeore la situación. La economía sumergida se mueve en un entorno libre que no daña al país en tanto que produce con menos costes y puede vender más barato o esquiva las arbitrariedades legales del político, pero tiene un coste de riesgo altísimo que la limita y dificulta. En lugar de ir regalando indecentes cantidades de dinero a causas políticamente correctas, ¿no sería mejor aprobar una amnistía fiscal para los empresarios "sumergidos" de este país para que entraran en la economía formal?

Redondeando la situación y para impulsar la producción, creatividad empresarial y empleo, el Gobierno podría eximir de impuestos a todas las empresas de nueva creación. Al menos mientras dure la crisis. En esta línea, también podría pensar que de las grandes empresas cuelgan muchas otras de todos los tamaños. Si les reduce o elimina los impuestos –al menos provisionalmente– la economía se disparará, aumentarán los beneficios empresariales, las retribuciones que percibe la gran parte de la sociedad que invierte en acciones, fondos y otros productos aumentará y el desempleo disminuirá drásticamente en muy poco tiempo.

Una de las críticas que tiene la reducción o eliminación de impuestos es que reduce la capacidad de maniobra del Estado. Todo el mundo cree que no se harían puentes, carreteras o que nadie cobraría la pensión. Bueno, en este país vive mejor un preso –a los que el Gobierno destina 20.000 euros anuales– que nuestros ancianos con una pensión mínima. El Estado le dedica más dinero al reo que a los jubilados. Tal vez la solución de los pensionistas sea agredir a policías para ingresar en la cárcel y mejorar así su nivel de vida. A esto se le llama Estado del Bienestar (debe ser para los presos).

Aunque el Gobierno mermase temporalmente sus ingresos, ¿dónde está el problema? Zapatero ha destinado 100 millones de euros al Plan E que no es más que una carísima subvención encubierta para ganar votos que no generan producción alguna. Levantar aceras para recomponerlas no nos hace más competitivos ni productivos. En medio de la crisis se gastan más de 1.500 millones de euros en un tren (eso son muchos impuestos de su bolsillo). Ha destinado más de 6,5 millones de euros al Banco Asiático de Desarrollo (tiene gracia que Zapatero le saque el dinero al español que no llega a final de mes para dárselo a una organización que no deja de ser un banco). Sanidad, que sólo es conocida por la desidia de sus trabajadores y colas, ha regalado 190 millones de euros a ONGs que él mismo escoge (evidentemente serán todos amiguetes). También ha dado 48 millones de euros a la ONCE. Son muchos millones para regalaros a una sola organización. El colmado que tiene usted en la esquina, no sólo no verá un céntimo del Estado, sino que la "generosidad" política le despoja día a día de sus pingües beneficios.

Y luego ya vienen esos gastos típicos del Gobierno. 845.000 euros para "investigaciones feministas". 3,35 millones de euros en centros de menores en Marruecos que nadie va a controlar. Los menores de aquí, que se busquen la vida (y desgraciadamente ya lo hacen robando en las calles). 400 millones de euros para impulsar el hedonismo y la baja producción y así comprar descaradamente más votos. Un lobby de los actores se lleva 67 millones de euros. Y en fin, una lista interminable. Pero interminable de verdad.

Viendo esto, ¿qué tiene de malo que el Estado ingrese menos? Más bien sería una bendición ya que el Gobierno siempre derrocha el dinero ajeno, el que nos saca mediante la fuerza y coacción para distribuirlo a sus votantes, amigos y para la compra de emociones baratas. ¿Por qué no hacer algo útil de verdad? Amnistía fiscal a las empresas que están en la economía sumergida, menos impuestos para todos, menos regulaciones y menos multas recaudatorias. Rápidamente veríamos los frutos: más riqueza, más producción, más empleo y un mejor porvenir para todos.

Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

¿Necesitamos un banco central?

Según cuenta Shermer, Gates respondió: "Eso no funcionaría, necesitamos a la Reserva Federal para evitar movimientos extremos en la inflación y la deflación". Curiosa manera de justificar la existencia de ese banco central, que desde su creación ha hecho perder al dólar más del 95% de su valor.

Ya ha pasado casi un siglo desde que el nacimiento de la Fed, y hace mucho más que otras naciones occidentales, como Inglaterra, cuentan con sus propias entidades emisoras. Nos hemos acostumbrado a pensar que el dinero es un monopolio natural del Estado, y no concebimos cómo sería un mundo en el que la acuñación de moneda fuera libre y no existieran las leyes de curso forzoso. Pero lo cierto es que EEUU ha vivido la mayor parte de su historia sin banco central, y quien dice EEUU dice Canadá, que sólo lo tiene desde hace 80 años.

Las razones que suelen aducirse a favor de que el dinero siga siendo un monopolio público no están demasiado claras –basta ver las que utiliza Gates–, sobre todo si tenemos en cuenta que vivimos en un mundo en el que hay –en muchos lugares– libertad de capitales y en el que no existe un banco central global (tampoco una ley de curso forzoso universal). Cualquier ciudadano español puede abrirse hoy cuentas corrientes en dólares, formalizar un contrato de compraventa internacional pagadero en libras y contratar una hipoteca en yenes.

No parece, pues, que argumentos tan simplistas y frecuentes como el de que la pluralidad de medios de pago incrementa los costes de gestión y transacción de la unidad monetaria tengan especial relevancia en la actualidad.

Otro motivo que suele aducirse a favor de los bancos centrales –un motivo que parece más sensato– es la necesidad de que haya un prestamista de última instancia al que puedan acudir los bancos para descontar sus activos y proveerse de liquidez. En este sentido, la experiencia estadounidense suele ser descrita como paradigmática: hasta que se estableció la Fed, los pánicos bancarios estaban a la orden del día.

No voy a ser yo quien me oponga a la idea de fondo que contiene ese razonamiento. Sin embargo, la defensa que suele hacerse del mismo peca de simplista y errónea. Primero, porque tampoco queda muy claro que la Fed haya conseguido estabilizar el sistema bancario estadounidense, como bien ilustran la Gran Depresión y la crisis actual. Segundo, porque tampoco está claro que en el s. XIX, cuando los bancos centrales eran menos habituales, hubiese más pánicos bancarios que en el XX. El economista e historiador Charles Calomiris sostiene más bien lo contrario, esto es, que el número y la intensidad de las crisis bancarias es mayor en la actualidad que hace 100 años; lo cual, si bien no demuestra per se la superioridad de los sistemas que no se dotan de un banco central, sí pone bastante en duda la supuesta capacidad estabilizadora de nuestros bancos centrales. Tercero, las crisis bancarias estadounidenses del s. XIX estaban más relacionadas con las draconianas regulaciones bancarias que con la ausencia de un banco central; así, los bancos no podían abrir sucursales en más de un estado (y muchas veces ni siquiera dentro del mismo estado), y sólo tenían permitido emitir dinero contra deuda pública: lo primero provocaba una concentración de los riesgos y lo segundo una profunda incapacidad para gestionar los medios de pago que necesitaban los agentes económicos. Y cuarto: Canadá no padeció una sola crisis bancaria… hasta que se dotó de un banco central.

Cada vez tengo más claro que hay que desmitificar, para bien y para mal, la naturaleza de los bancos centrales. Un banco central no es más que el banco de los bancos (y en muchas ocasiones también el banco del Estado); su papel es muy necesario (como cámara de compensación interbancaria, como depósito centralizado de las reservas del país y como prestamista de última instancia), pero no tiene por qué desempeñarlo el Estado, ni siquiera es necesario que lo desempeñe un banco privado en régimen de monopolio. Si se desnacionalizara el dinero, como proponía Hayek, muy probablemente tendríamos diversos bancos de bancos compitiendo entre sí, incluso en un mismo territorio.

Es más: en cierta medida, en todo sistema bancario se desarrollan las funciones que en nuestras economías concentra el banco central. Siempre ha habido bancos que actúan como depositarios de otros bancos, a los que éstos acuden para obtener liquidez en momentos puntuales (incluso hoy tenemos un intensísimo mercado interbancario); dentro de éstos, la nota distintiva de los centrales era que se encontraban en el centro del sistema financiero, en aquellas urbes donde se realizaba la mayor parte de los pagos, es decir, donde tenía más sentido disponer de reservas de dinero.

Personalmente, no le veo ventajas a un banco central monopolístico frente a un sistema de bancos centrales privados en competencia, y sí, en cambio, muchos inconvenientes. Los bancos privados tienen fuentes incentivos para emplear sus reservas en descontar los activos líquidos de los bancos comerciales en caso de necesidad, de modo que no tendrían por qué producirse restricciones artificiales del crédito; de hecho, con varios bancos de bancos en competencia, ante un pánico bancario algunos podrían optar por restringir el crédito, mientras que los otros podrían elegir incrementar sus descuentos. Una variedad de opciones que no existe en los regímenes de monopolio, donde la política sólo es una y nada impide que, contrariamente a lo que recomendaba Bagehot, sea una política de restricción del crédito al buen papel comercial.

Por consiguiente, ¿qué nos queda para defender la existencia de un banco central monopolístico? La verdad es que no mucho. Se me ocurren dos argumentos… que en realidad son el mismo: por un lado, el banco central tiene que facilitar el cumplimiento de ciertos objetivos macroeconómicos, como la reducción del desempleo y la estabilidad de precios; por otro, los bancos centrales privados podrían no estar interesados en prestar a los deudores ilíquidos o insolventes, cuando esto puede ser necesario ora para expandir la economía, ora para aplacar un pánico.

Como digo, esta última intentona pasa por defender que el banco central no se guíe únicamente por consideraciones económico-empresariales, sino por criterios políticos: a saber, que habrá ocasiones en las que sería necesario inflar artificialmente el crédito en perjuicio de la liquidez del banco central, y, como es lógico, las empresas privadas no tendrían incentivos para hacerlo.

Sin embargo, me temo que precisamente ésta sea la razón más importante para abogar por la… eliminación de los bancos centrales. Los bancos privados, en ausencia de paracaídas y colchones estatales, tienen, como digo, fuertes incentivos para preservar su liquidez. Es la aparición del banco central público y de sus préstamos indiscriminados a todo tipo de bancos, con independencia de la calidad de sus activos, lo que favorece que los segundos se sumen a la orgía de expansión del crédito sin respaldo de ahorro real, origen de los ciclos económicos en las sociedades capitalistas.

No existen beneficios económicos en el hecho de que el banco central provoque una inflación del crédito, pues la dilución del valor de las deudas perjudica a los acreedores y el estímulo artificial del empleo es sólo consecuencia de la iniciación de un ciclo económico que más adelante revertirá.

De ahí que el motivo último de que los bancos centrales continúen existiendo no sea otro que el deseo de intentar someter las leyes económicas a los caprichos políticos, la buena gestión al despilfarro y la ciencia a las supersticiones. Por eso hay que eliminarlos; no para que nadie haga lo que ellos hacen, sino para que desaparezcan las prácticas nocivas en las que ahora incurren y que en un mercado financiero verdaderamente libre nadie o casi nadie adoptaría por falta de incentivos.

El desprestigio de los economistas

…al menos en lo que a su vertiente macroeconómica se refiere. Parapetados tras un arsenal matemático con mucho continente y en demasiadas ocasiones poco contenido, nos quisieron convencer de que, gracias a convertir la economía en una ciencia abstracta apartada de la realidad, habían conseguido dotarla de una elevada capacidad predictiva: con pequeños matices, nos decían, existe un consenso científico sobre cuáles son los efectos de la política monetaria, de la política fiscal y de los diversos géneros de regulaciones.

Pero hete aquí que la crisis provocada por la expansión crediticia de la Fed no sólo dinamita los modelos que afirmaban que la política monetaria no tenía efectos reales a largo plazo (¿cómo negar la tozuda realidad de que en España hemos producido más de un millón de pisos que no deberíamos haber construido?) y que podía engendrar estímulos sorpresivos en el corto plazo (¿son las malas inversiones una novedosa forma de riqueza?), sino también el prestigio sobre la capacidad predictiva de la ciencia económica.

¿Alguien anticipó la crisis? Aparte de los economistas austriacos que cuentan con una poderosísima teoría del ciclo económico, hubo algunos economistas ortodoxos que tratando de comprender la realidad al margen de los estrechos modelos neoclásicos, anticiparon algunas dificultades (aunque ninguno de estos últimos previó tantas calamidades como las que más adelante vinieron). Sin embargo, el grueso de la profesión los desdeñó como catastrofistas a los que no había que hacer demasiado caso, lo que ilustra que el consenso estaba edificado en realidad sobre pies de barro.

Lo mismo está sucediendo en estos momentos con el lamentable espectáculo que están realizando algunos de estos "científicos" al discutir sobre la necesidad de un plan de estímulo para la economía. Krugman, por ejemplo, defendía a mediados de 2008 que el Gobierno estadounidense debía aprobar un plan de estímulo de unos 700.000 millones para relanzar la economía; después de que Obama ganara las elecciones y cuando todo hacía prever que iba a sacar adelante semejante paquete, el Premio Nobel (no lo olvidemos) de 2008 modificó su estimación: haría falta gastar el doble, 1,4 billones, para lograr que la economía se recupere. Ya sabrá el lector que entre 0,7 billones y 1,4 no hay mucha diferencia, sobre todo cuando paga el contribuyente.

Por su parte, la presidenta de los asesores económicos de Obama, Christina Romer, asegura que el paquete de estímulo de Obama ha contribuido a crear entre 600.000 y 1,5 millones de puestos de trabajo (cifras asimismo muy precisas) que habría desaparecido en ausencia del plan. Claro que la propia Christina Romer pronosticó en enero de 2009 que si el plan de estímulo se aprobaba, a finales de año Estados Unidos tendría una tasa de paro de algo menos del 8% –lo que suponía crear unos 3,5 millones de puestos de trabajo–, cuando hoy asciende a casi el 10%. Lo gracioso es que la propia Romer preveía que sin "estímulo" la tasa de paro no pasaria del 9%, lo que debería moverla a plantearse si, en efecto, el paquete de estímulo ha tenido efectos negativos.

De hecho, esto último es lo que sostiene ahora el eterno Nobelable Robert Barro: el Gobierno ha incrementado el gasto público en 600.000 millones a un coste de 900.000. Aunque en análisis de Barro me parece mucho más acertado que el de Krugman o Romer, no deja de ser lamentable que los modelos "científicos" que los economistas más prestigiosos del mundo están manejando les permitan obtener resultados diametralmente opuestos dependiendo de las hipótesis que incorporen al mismo. Krugman y Romer asumen, por ejemplo, que el efecto multiplicador del gasto es de 1,5 (es decir, que por cada dólar que el Gobierno gasta, se crean en la economía 1,5 dólares), mientras que Barro presupone que está en 0,6 (de modo que por cada dólar que el Gobierno gasta, se destruyen 0,4 dólares de riqueza en la economía).

La causa de que todos estos modelos sean tan discrecionales ya la apuntó Arnold Kling hace unos días: "Las condiciones bajo las cuales las técnicas estadísticas son científicamente válidas no se satisfacen con los datos macroeconómicos. No hay razón para tomar los resultados de un modelo como otra cosa que las opiniones de quien ha creado el modelo".

Pero señores, esto no es ciencia. Es una farsa destinada a "crear la ilusión de que el Gobierno puede ejercer un control preciso sobre el PIB y el empleo". Un modo elegante de someternos a todos a sus prejuicios e ideología. La ortodoxia económica entierra el realismo en nombre de la capacidad predictiva y al final obtenemos modelos irreales y predicciones a gusto del político de turno. Tal vez si los economistas concentraran más en comprender lo que sucede que en tratar de influir en qué ha de suceder, sus teorías serían más consistentes y útiles. Pero entonces muchos de ellos perderían su aura de gurús, arquitectos, maestros, salvadores y mesías para pasar a convertirse en simples observadores grises y aburridos de la realidad. Un coste demasiado elevado para obtener resultados tan pobres como dejar de estimular los ciclos económicos y no endeudar más a nuestros bisnietos.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

El ‘impuestazo’

El sistema de la Seguridad Social –la caja única que abona las prestaciones de los jubilados presentes con el dinero de los trabajadores presentes– es un modelo de reparto o redistribución condenado a la miseria y quiebra más absoluta por una cuestión de mera aritmética poblacional. Simplemente, es insostenible, ya que el número de jubilados futuros será muy superior al de afiliados futuros. La escasa natalidad y el progresivo envejecimiento de la población causará, más temprano que tarde, un déficit estructural en la hucha de las pensiones.

Es decir, números rojos o, dicho de otro modo, lo que pagan los contribuyentes no alcanzará para mantener el actual nivel de prestaciones. Esto es un hecho, reconocido ahora por el Gobierno, pero avalado desde hace años por la mayoría de economistas y organismos internacionales. De hecho, todos los países con un sistema de reparto similar al español sufren la misma dolencia: la insostenibilidad de las pensiones públicas. Así pues, no es de extrañar que los gobiernos vecinos, desde Francia a Italia, pasando por Alemania o Reino Unido, entre otros, hayan planteado reformas similares.

Tan sólo hay dos opciones para mantener el actual modelo de reparto. En primer lugar, tal y como ha planteado el Gobierno, retrasar la edad de jubilación y ampliar el período de cálculo para recortar la cuantía a percibir. En resumen, trabajar más y cobrar menos.

Claro que también existe una segunda opción, si cabe mucho pero que la anterior. Y ésta es, precisamente, la salida que buscan los sindicatos. Aumentar los impuestos para financiar las pensiones. De este modo, una porción del coste se financiaría mediante los Presupuestos Generales del Estado.

Así, el sistema ya no sólo se sufragaría con las cotizaciones que pagan empresarios y autónomos (un impuesto sobre el trabajo) sino que, además, precisaría de nuevos y crecientes recursos públicos para mantener el actual modelo más o menos a salvo. Es decir, o bien los contribuyentes pagan muchos más impuestos o bien la Administración Pública redirige partidas presupuestarias enteras a pagar pensiones (algo que no va a suceder). De este modo, el rechazo al denominado "pensionazo" bien podría acabar con algo mucho peor, la aplicación de un "impuestazo" destinado a vaciar, aún más, el bolsillo de los contribuyentes.

El debate está mal planteado en origen. La pregunta clave no es "sí" o "no" a la reforma que plantea el Gobierno sino la valentía o no de apostar por una cambio de modelo, pasando de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual en el que cada trabajador pueda disfrutar en el futuro de los ahorros acumulados a lo largo de su vida laboral.

En lugar de rechazar la reforma, lo importante es abrir un debate serio sobre la posibilidad de iniciar una "transición sensata hacia el sistema de capitalización personalizada de las aportaciones de cada trabajador, con un fondo de solidaridad intrageneracional (y no intergeneracional) que cotice por quienes no puedan", tal y como plantea la Asociación para la Reforma de las Pensiones.

Un sistema de estas características no sólo garantizaría la sostenibilidad del sistema sino que, además, permitiría a los trabajadores de hoy jubilarse con una pensión digna, cuya cuantía media se situaría en 3.500 euros al mes. No apostar por este modelo condenará, sin remedio, a la miseria a los contribuyentes y jubilados del futuro.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

El capitalismo vuelve a ser popular

Su presidencia será recordada por muchos aspectos, no todos buenos. Uno de los mejores es el de “capitalismo popular”. Se lanzó un ambicioso programa de privatizaciones; tan exitoso que esa palabra, “privatización”, que estaba condenada por los medios de comunicación, adquirió un prestigio enorme que llegó, pásmense, a la España de Felipe González.

La novedad viene de que aquel gobierno quiso que el ciudadano medio participara en las compras de las empresas públicas. Se distribuyó la riqueza y se creó un vínculo, uno más, entre los trabajadores y el capitalismo, que lo era también entre los votantes y el Partido Conservador. Lo mismo se intentó en España siglo y medio antes, con las desamortizaciones.

Aquel capitalismo popular se agotó, quizás porque consideraron que no había mucho más que vender. Yo dejaría al Gobierno en una habitación de un hotel con casino y poco más. Lo del casino es para que se entretengan jugando y perdiendo su dinero y no el nuestro. Quizá faltó ambición, pero lo cierto es que aquel programa de privatizaciones se detuvo. En algún momento tenía que hacerlo.

Estas cuitas se olvidaron hasta que Gordon Brown, un apellido hecho primer ministro, nacionalizó Northern Rock, un caso con el que descubrimos que el socialismo era esto: dejar en manos privadas los beneficios y socializar las pérdidas. David Cameron, líder de los tories, dijo al terminar enero que él quería “un capitalismo verdaderamente popular” en el que “se recapitalice a los pobres, en lugar de a los bancos”.

¿Cómo? Lo explica el ministro de economía en la sombra, George Osborne: “Los banqueros ya tienen su prima, así que nosotros queremos que los ciudadanos tengan también la suya como retribución por el dinero (más de un billón de euros) que pusieron en el rescate bancario”. Lo que harán es ofrecer acciones de los bancos nacionalizados, con descuentos. El capitalismo vuelve a ser popular.

Antisemitismo chavista

Uno de los objetivos principales de la calculada (por falsa) espontaneidad del presidente venezolano era el histórico edificio La Francia, que albergaba una gran cantidad de comercios de oro y joyería. Lo que no resulta tan conocido es que el 60 por ciento de los pequeños empresarios afectados por la “bolivariana” arbitrariedad chavista eran judíos. No se trata de una coincidencia. Al contrario, es una buena muestra de un antisemitismo cada vez más evidente en el líder del socialismo del siglo XXI.

Al día siguiente de que Chávez ordenara en televisión la expropiación, grupos de seguidores del presidente fueron a hostigar a los comerciantes que recogían sus cosas. Los gritos que tuvieron que oír aquellos que perdían su forma de vida no dejaban lugar a dudas. “¡Fuera, judíos, váyanse a su casa!”, clamaban los sectarios bolivarianos a las víctimas del expolio gubernamental.

En el programa televisivo de agitación y adoctrinamiento La Hojilla, el presentador (un barbudo que al hablar parece un doble de Chávez) justificó la expropiación con el argumento de que en el edificio “sólo hay judíos que venden oro”.

La expropiación, que en rigor iba dirigida contra la universidad propietaria del edificio (no controlada por el Gobierno), evidenció una judeofobia chavista que responde a los esquemas clásicos del viejo odio contra los hebreos.

Dos mitos se repitieron esos días: los judíos como personas que comercian con oro y los judíos como extranjeros. Nada sorprendente. Basta con observar de quién gusta rodearse Hugo Chávez para comprender que el antisemitismo tiene su lugar en su peculiar y totalitaria visión del mundo.

Al margen de su nefasta alianza con Ahmadineyad, Chávez ha nombrado vicepresidente a Elías Jaua, uno de los personajes más siniestros del régimen venezolano. A sus vínculos con los terroristas de ETA y las FARC, hay que sumar sus antiguos contactos con los golpistas “carapintadas” argentinos, según denuncia el Centro Wiesenthal. Entre estos últimos, el odio a los judíos era algo público y notorio.

El mandatario venezolano tuvo entre sus primeros colaboradores a un oscuro personaje argentino, el ya fallecido Norberto Ceresole. Ceresole era un furibundo ensayista antisemita que negaba el Holocausto y cuya obra es admirada por los neonazis.

El odio a los judíos y el rechazo a la libertad suelen ir unidos. El chavismo es un buen ejemplo de ello

La vieja derecha

Miro con interés y fruición (y sí, un poco de envidia) los movimientos que se producen en la derecha de aquel país, dos veces vencida, primero por un presidente republicano y ahora por uno demócrata. La crisis de aquel movimiento se está resolviendo con una renovación de carácter espontáneo y popular.

Cada renovación parece abocada a mirar a los orígenes, sólo que aquel país tiene la suerte de tener unos comienzos fechados en el tiempo, todavía no lejanos. En estas circunstancias, lo nuevo es una vuelta a lo viejo, pero lo viejo es revolucionario y liberal. Alberto Acereda, que es guía segura en este terreno, ha señalado la importancia de la Declaración de Mount Vernon, el sitio del palacio de George Washington. El Tea Party es, desde el nombre hasta la realidad heterogénea del movimiento, una vuelta al pasado.

Pero hay un elemento que parece haberse perdido, aunque nunca del todo, y que sería bueno que se recuperara allí y también aquí: la vieja derecha. No quiero saber la cueva llena de bestias pardas que tendrá en mente el progrespañol, con más imaginación que conocimiento, cuando oiga hablar de la vieja derecha estadounidense, pero es esencialmente liberal, desconfía profundamente del Estado y se atiene a la política exterior tradicional de aquel país que, contra lo que ahora pudiera parecer, pasa por no meterse en asuntos que vayan más allá de las propias fronteras.

Si hay un nuevo conservadurismo es porque hubo uno viejo, que no transigió con el New Deal ni con sus sucesores, y que temía que un Estado policía del mundo acabase devorando las libertades y la hacienda de los propios estadounidenses, como de hecho ha ocurrido. Era nacionalista, pero identificaba de veras la nación con el pueblo, y la oponía al Estado. Por tanto, esa vieja derecha era, y es, contraria al imperialismo. Quizá debiera hacer un esfuerzo por conciliar sus viejos valores con la realidad de hoy, que no se parece en nada a la que precedió a la I Guerra Mundial, pero sigue siendo de mucho valor. Y no sólo para aquel país, sino también para nosotros mismos.

José Carlos Rodríguez es miembro del Instituto Juan de Mariana