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Recuperación del Estado, no del ciudadano

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

"El Gobierno no es razón, tampoco es elocuencia, es fuerza. Opera como el fuego; es un sirviente peligroso y un amo temible; en ningún momento se debe permitir que manos irresponsables lo controlen". George Washington

Hemos oído al director del FMI, Strauss-Kahn (un tipo que cobra casi medio millón de dólares al año), decir que la solución para España es bajar los sueldos (como si fuera el único problema del país). El Gobierno quiere subir la edad de jubilación a los 67 años. A propósito, esta decisión unilateral deja por los suelos la teoría del contrato social entre Gobierno y ciudadano. Ni contrato ni porras, el Gobierno cambia las condiciones del "contrato" con sus ciudadanos según venga el viento. Vemos en todas partes que la solución a la crisis es la misma: más subvenciones a rentistas estatales para comprar votos, más impuestos a la clase media y más dinero a los grandes lobbies económicos. En resumen, distribuciones de renta forzosas de un sector productivo a otros parasitarios y el fortalecimiento de monopolios.

Parece ser que la crisis se arregla sangrando a la clase media, a las empresas y aumentando la caja del Gobierno. ¿Qué entienden los políticos por recuperación? Esta semana se ha rizado el rizo. La Comisión Europea ha respaldado el plan de ajuste griego. No hay nada concreto, pero la solución de la Unión –o de Alemania más concretamente– va a consistir en sacar a flote al Gobierno heleno a costa del sacrificio del resto de la Unión (alemanes especialmente) y de los ciudadanos griegos. Una de las medidas de Grecia ha sido aumentar los impuestos. La pregunta es, ¿qué tipo de recuperación económica es esa que va a dejar peor a sus ciudadanos? La preocupación de Alemania ahora mismo son las finanzas públicas. Lo que quiere solucionar Alemania no es la mala situación de los ciudadanos griegos, sino las cuentas del Estado. La excusa es que éstas pueden afectar al resto de la Unión. Los políticos tratan la situación como si el rescate y sus consecuencias fueran gratuitas.

La errática evolución de los acontecimientos están dejando al mercado temblando. El martes de esta semana el euro subía por las noticias del rescate a Grecia. Al día siguiente la moneda se hundía al saber que no habría ayudas directas para el país. José Blanco atacaba el otro día a los especuladores, pero es que el mayor especulador ahora mismo son los gobiernos con sus cábalas y declaraciones para ver el comportamiento de la prensa y el mercado.

La grandeza de un país no la da el crecimiento de su PIB, ni las cuentas estatales, sino la capacidad de prosperar que tengan sus ciudadanos por ellos mismos. Se trata de obtener una recuperación económica del ciudadano, no del Gobierno. Si ambas entran en conflicto, prima la gente. El Gobierno es el sirviente del ciudadano y no al revés. El modelo de Gobierno omnipotente ha fallado en todo el mundo. Sus políticas monetarias expansivas y su intrusismo en la economía dirigiendo la economía a sectores estratégicos han provocado una fuerte crisis. Cuando los políticos han de enmendar el problema, son incapaces de encontrar ninguna solución y claman más poder.

Al final, todo van a ser cataplasmas para salvar la situación dejando una enorme cantidad de dinero por el camino. La recuperación económica que se está siguiendo en Europa y Estados Unidos no es más que una ilusión contable en los libros del Estado que están llevando al ciudadano a la miseria. Europa está destruyendo la libertad, iniciativa y capital que antes tenía por una confusa idea de un mundo mejor, un Estado grandioso que lo controla y vigila todo para su propio bien.

Los actos irresponsables han de tener consecuencias para que se produzcan los ajustes necesarios y así se aprenda de los errores. Si la negligencia acaba teniendo premio, lo único que podemos esperar es que la situación se repita una y otra vez.

Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana.

Becas, esfuerzo y justicia social

Escrito por Miguel Anxo Bastos en . Publicado en Artículos en prensa.

Dejando aparte las reflexiones preliminares, que reflejan buena parte de los principios ideológicos del partido en el gobierno, la aportación más original del documento, y así ha sido reflejado en los medios, es la que se refiere a la política de becas de estudio y a la aplicación de nuevos criterios de precios públicos. Aún en el caso de que, en el actual contexto económico, una política de incremento de la cantidad y la cuantía de las becas como la propuesta, que duplica prácticamente su número, pueda ser llevada a cabo y no se quede en una promesa vacía como la Ley de Dependencia, sería necesario estudiar si tal política sería funcional para la mejora del sistema universitario.

En primer lugar, el documento sigue la línea habitual de identificar el incremento del gasto universitario con mayor innovación, progreso o incluso mejora de la balanza de pagos nacional, cuando no hay ninguna relación causal necesaria entre una y otras. Un incremento del gasto, de los estudiantes o de la dotación económica que estos perciben no tiene por qué mejorar las condiciones de vida de un país o en su desarrollo, a pesar de la letanía comúnmente repetida. Esto, más bien, depende de los contenidos que se enseñen en las facultades y de la adecuación de la oferta educativa a las necesidades de los demandantes de empleo universitario. De hecho, podrían existir enseñanzas contraproductivas, con lo que, cuantos más universitarios las cursen, más daño se producirá; y enseñanzas no adecuadas a las demandas sociales que provocasen un aumento del número de titulados frustrados y un mayor despilfarro de recursos.

Todos conocemos el caso de países con un elevado porcentaje de universitarios que, a pesar de ello, o quizás por culpa de ello, no han sido capaces de afrontar con éxito el desafío del desarrollo económico. La antigua Unión Soviética, por ejemplo, fue un país con un elevado porcentaje de universitarios formados en doctrinas e ideas erróneas o contraproductivas, en el que la ampliación del número de titulados lo único que causó fue la mayor difusión del daño que tales doctrinas causaban.

El documento del Ministerio falla en que centra sus objetivos en ampliar el número de estudiantes becados, no en discutir qué es lo que se estudia en nuestras universidades y si esto tiene alguna relación con los mercados de trabajo. Además, agrava el problema al becar con abundancia a los estudiantes de postgrado. El sistema actual entendía, a mi parecer con razón, que al finalizar la licenciatura el titulado estaba ya en condiciones de poder emprender la búsqueda de empleo con unos conocimientos y aptitudes mínimos. Dado que muchas personas no habían tenido tal oportunidad –y no sólo por razones de índole económico– se consideraba injusto continuar con una financiación incondicionada a costa de los que no pueden o no quieren cursar dichos estudios. Así, los títulos ulteriores serían o bien a costa de la pecunia del estudiante, o bien de la obtención de una beca escasa y vinculada al mérito.

Esto garantizaba que el estudiante, al tener que pagar de su bolsillo sus estudios, con dinero familiar o créditos, fuese cuidadoso y escogiese aquello que entendiese que le garantizaba una mejor salida laboral. La financiación incondicionada de los estudios de postgrado tiene la disfunción de que se sigan ofertando, a cargo de millones de personas no tituladas, estudios sin ningún tipo de valor en el mercado de trabajo.

Dado que, a priori, la Administración no puede saber cuáles son tales estudios, conviene que permita decidir al estudiante, pero haciéndole responsable de las consecuencias de su elección. Prolongar la financiación sin fin de los estudios, incluyendo unas estancias en el extranjero que en muchos casos son una especie de coladero para aprobar asignaturas difíciles, sólo contribuirá a dificultar el ajuste de nuestras facultades a las demandas reales de la sociedad y agravará, aún más si cabe, la injusticia cometida hacia los condenados a financiarlos. Sin que todo ello conduzca, más bien al contrario, a una mejora de la calidad de vida.

Un nuevo paso para destruir el derecho

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

No por casualidad, se trata de un paso más en el camino emprendido por el Gobierno que padecemos hacia un régimen despótico y arbitrario, cuya función esencial consiste en favorecer a distintas cuadrillas de amiguetes con la fuerza coactiva del Estado.

Sin embargo, creo que esta vez el Gobierno se ha dejado llevar por las prisas. El objetivo de conseguir que un órgano administrativo tome la decisión de cerrar las webs de enlaces para descargas (¿sólo?) por la presunta vulneración de derechos de propiedad intelectual, les ha llevado a pergeñar una argucia leguleya de fácil impugnación.

Sin ser ideal ni mucho menos en la actualidad el cierre de una página en internet cuyo servidor esté establecido en España y albergue enlaces a otras u ofrezca por sí misma los contenidos, puede acordarse como medida cautelar en dos tipos de procedimientos. Bien porque lo decide un juez de instrucción, en el curso de un procedimiento penal por la comisión de algún delito; o bien porque un juez de lo mercantil o uno de primera instancia así lo decida dentro de un procedimiento civil, previa solicitud de una amplia lista de legitimados, que incluye de forma muy peligrosa no solo a los directamente afectados, sino también a representantes de intereses difusos.

Es cierto que, además, la confusa Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información (en adelante LSSI) estableció la posibilidad de sanciones de ese tipo en el ámbito de un procedimiento administrativo (e incluso su ejecución provisional) siempre que se atente o pueda atentarse contra una lista de vagos principios, aunque subordina la resolución administrativa a la decisión judicial cuando se incida sobre derechos fundamentales.

Asimismo, existe la posibilidad de que las autoridades españolas sean requeridas para ejecutar una decisión de este tipo adoptada en un país miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo, donde su ordenamiento jurídico permita un cierre administrativo.

Aun con todo, se nota que los autores de esa disposición del anteproyecto están avisados de las garantías constitucionales que se oponen a un cierre gubernativo de una página web. Es por esto por lo que comienzan por retorcer la legislación vigente e incluyen en la LSSI la vulneración de derechos de propiedad intelectual (una materia civil o penal) entre las materias que merecen una protección administrativa. A continuación, pretenden crear una sección segunda (S.S) dentro de un órgano dependiente del Ministerio de Cultura, la comisión de propiedad intelectual, en el que –a semejanza del modelo corporativo fascista– se anuncia la incorporación de las entidades de gestión de derechos (léase SGAE) como componentes decisivos. Lo cual pone de manifiesto que los amiguetes del Gobierno no están contentos con haber saturado los juzgados de lo mercantil con muchas de sus extravagantes demandas. Quieren tener la sartén por el mango. Este comité tan ecuánime será el encargado de adoptar las resoluciones administrativas sobre "la interrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial".

Tomada la decisión se remitiría a un juez central de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional para que resuelva en un plazo de cuatro días sobre su ejecución, si afecta las libertades de expresión y opinión, después de oír a las partes personadas. Ni siquiera se prevé una vista propiamente dicha.

Este procedimiento de excepción, que se incrustaría en el nuevo artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual, vulnera crasamente los artículo 20.5 y 117.3 de la Constitución, en la medida que limita la función jurisdiccional a resolver sólo sobre la ejecución de una decisión administrativa que forzosamente incide sobre los derechos fundamentales a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Lo curioso es que los redactores no se han preocupado de proponer la supresión de los preceptos de la LSSI (artículos 8.1 y 40.2) que reconocen la competencia judicial para acordar órdenes de interrupción del servicio o retirada de contenidos, de acuerdo al artículo 20.5 de la Constitución. De esta manera, si se aprueba el texto conocido, no sólo se vislumbraría una antinomia más, sino que se dejaría un rastro del carácter manifiestamente inconstitucional que, en cualquier caso, la introducción de una regulación de ese tipo tendría.


José Antonio Baonza Díaz es abogado y miembro del Instituto Juan de Mariana

Un peligroso precedente

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

…para los países miembros de la Unión Monetaria e, incluso, para la futura viabilidad de toda la Unión Europea. El edificio de la moneda única, que vio la luz hace apenas una década, se sustenta sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que impone un déficit público máximo del 3% del PIB y una deuda que, en ningún caso, debe superar el 60%.

Pues bien, las políticas de estímulo aplicadas por los gobiernos comunitarios para solventar la crisis económica han hecho saltar por los aires estas líneas rojas a nivel presupuestario. Todos los países de la zona euro, sin excepción, incumplen el Tratado que hace posible la moneda única. De hecho, algunos países, como es el caso de Grecia, Irlanda y España, lideran el desequilibrio fiscal, con déficits superiores al 10% del PIB.

Ahora, sin embargo, tal y como advertimos en estas páginas, se ha demostrado que el Estado, al igual que una empresa o familia, también puede quebrar. El problema no es sólo de Grecia, sino de toda la Unión. Las necesidades de financiación de la zona euro en su conjunto están batiendo todos los récord conocidos hasta la fecha. En concreto, los dieciséis países miembros precisarán créditos por valor de 2,2 billones de euros, tan sólo en 2010, para cubrir sus necesidades de financiación (deuda pública), lo que equivale al 19% del PIB de la eurozona.

Ante esta enorme demanda de créditos, sin contar las necesidades de financiación de otras grandes potencias como Japón, Reino Unido o Estados Unidos, resulta evidente que los mercados (esto es, los inversores) discriminarán entre unos y otros a la hora de conceder los préstamos requeridos. Así, si una empresa atraviesa por graves problemas económicos y, en lugar de ajustar plantilla y reducir costes, apuesta por gastar lo que no tiene, es muy probable que ningún banco o inversor se arriesgue a concederle un crédito. Y, en caso de hacerlo, resulta del todo lógico que a cambio exija un tipo de interés muy superior respecto a otras empresas solventes y saneadas, debido al mayor riesgo de impago.

Esto mismo es lo que sucede con los países. Los mercados no están dispuestos a seguir manteniendo una línea de crédito a tipos bajos de forma ilimitada y a todos por igual. Grecia, con un déficit próximo al 14% del PIB –tras falsear sus cuentas– y una larga historia de evasión fiscal, es el típico deudor de baja calidad crediticia (subprime) y, por lo tanto, está obligado a pagar unos intereses muy superiores al de otros países más solventes y sólidos. De ahí, precisamente, que en las últimas semanas haya tenido que ofrecer a los inversores una rentabilidad superior a la de la deuda alemana para lograr colocar sus bonos en el mercado (es lo que se conoce como spread o diferencial).

Si a un familia muy endeudada y con escasos ingresos le triplican de repente los tipos de interés, su situación financiera se vuelve dramática e insostenible por momentos. Esto mismo es lo que le ha sucedido al Gobierno heleno y, de hecho, es justo lo que está empezando a experimentar en sus propias carnes el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, pese a que se excuse en "conspiraciones universales" de tipo judeo masónico.

El rescate, sin embargo, es una inmoralidad. En esencia, Bruselas pretende que los contribuyentes europeos (sobre todo, alemanes y franceses) se hagan cargo de los disparates cometidos por el Gobierno de Atenas. Todo ello se materializará, sin duda, en más impuestos para todos.

Habrá que ver si lo alemanes, que conocen a la perfección los terribles efectos que conlleva una creciente deuda pública, aceptarán el citado plan en caso de que la canciller Angela Merkel dé finalmente su brazo a torcer. No obstante, la broma le podría salir muy cara electoralmente. Además, tras Grecia, posiblemente, irán otros (España y Portugal son firmes candidatos).

Además, salvar a los gobiernos que han hecho mal los deberes impedirá el necesario ajuste que precisan la mayoría de balances presupuestarios en el seno de la Unión. El rescate tan sólo será un parche a corto plazo para prolongar la agonía en caso de que los países más débiles y con mayores desequilibrios fiscales no pongan en marcha de forma urgente drásticos planes de austeridad en el gasto público. Y cuando me refiero a drásticos, me refiero a recortes presupuestarios mínimos del 30% ó 40% en un período de dos o tres años. Tan sólo así se podrá solventar la crisis de deuda pública que acaba de comenzar.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

¿Los masones contra Zapatero?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

…países que, a excepción del tercero, integran una Unión Monetaria a la que dudo que quieran hacer estallar por los aires.

Aun así, nada se interpone entre el disparate y la lengua de un socialista cuando de defender a Zapatero se trata. De este modo, D. José Blanco, ese eminente estadista en el que durante años muchos no vieron más que al Sancho Panza de Zapatero, no ha vacilado en anunciar una conspiración internacional contra el paraíso socialista que, contra viento, marea y neocons, nuestro egregio presidente esta instaurando en España.

Al parecer, los especuladores internacionales no tendrían nada mejor que hacer que tratar de derribar el Gobierno de ZP, abanderado en la lucha por regular a estos señores y por despojarles de su impunidad para arruinar países enteros, por lo que se habrían dedicado a pergeñar "maniobras turbias" que desestabilizaran nuestros mercados financieros. Por ejemplo, vender todo aquello que lleve asociada la marca España, incluso las acciones de un banco como el Santander que acababa de presentar los mayores beneficios de su historia.

Sin embargo, tal vez cabe una explicación alternativa que no sé si habrá considerado D. José: que efectivamente la economía española sea cada vez una inversión más arriesgada y que nadie quiera depositar en ella su dinero a menos que espere obtener rentabilidades mucho mayores que antes. Cierto que España no es Grecia, pero liderada por Zapatero va camino de serlo. Entenderá, pues, que a quien piense invertir a varios años en España no le preocupe tanto cómo estamos hoy, sino cómo vamos a estar mañana. ¿Y acaso es del todo descartable que degeneremos a una situación similar a la griega? No, porque a menos que Zapatero rectifique, en esos estamos ya. De hecho, precisamente porque con este rumbo vamos camino del abismo, Zapatero ha rectificado (o más probablemente le han hecho rectificar) en asuntos tan críticos como las pensiones, el gasto público o la reforma laboral.

Si según D. José todo son maniobras infundadas, ¿por qué rectifica ZP? Quizá porque los ritmos actuales de despilfarro son insostenibles y los mercados ya se están dando cuenta. La incógnita es ahora si el PSOE conseguirá sacar adelante las reformas que precisa nuestra economía y en esto, permítame excelentísimo ministro de Fomento, que tanto los malvados especuladores como un servidor tengamos serias dudas, sin necesidad de que meta en la ecuación turbia maniobra alguna.

No es cuestión de que el mercado sea una selva en la que los depredadores con más dinero pueden devorar sin miramientos a unas pobres hormigas progresistas cuyo incontenible altruismo les quitó tiempo para enriquecerse. No, cualquiera con un capital suficiente puede hacer mover al mercado en una dirección justo un segundo antes de que otro con el mismo capital o muchos con pequeños capitales lo hagan mover en la contraria. Porque, no lo olvidemos, si estamos diciendo que merced a las distorsiones judeo-masónicas las acciones de las empresas españolas están artificialmente baratas o que la deuda pública española ofrece rentabilidades mucho mayores a las que justificaría su riesgo real, entonces debería haber cantidades ingentes de inversores ansiosos por forrarse mediante la adquisición de esos activos a unos precios tan atractivos. Pero no los hay, simple y llanamente porque Zapatero, y no los especuladores, ha terminado por cargarse una economía ya debilitada por la propia burbuja que el Banco Central Europeo, y no los especuladores, sentó las bases para crear.

Ya ve D. José, quizá no se trate de que haya una campaña para convertir a Zapatero en un demonio, sino de que muchos, al verlo, ya lo identifiquen con uno. Motivos los tendrían sobrados, aunque más que con cuernos y rabo, habría que imaginárselo vestido de negro, con un pasamontañas y un gran saco en la espalda. En los tiempos que corren, no sería para menos.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

Mercados de trabajo

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

La enfermedad crónica de la economía española es el mercado de trabajo. Aquí hay paro hasta cuando las cosas van bien. En los años de la burbuja, aquel tiempo feliz en el que atábamos a los perros con longaniza, la tasa de desempleo bailaba con el 10%. Decíamos que había pleno empleo y que quien no trabajaba era porque no quería. Algo de razón había en eso, pero las listas del INEM estaban a rebosar.

Ahora, ya no nos queda ni perro ni longaniza y, claro, el paro se ha duplicado situándose en una tasa tan alta que en cualquier otro país originaría una revuelta social. Pero aquí no pasa nada. Los parados que cobran subsidio –cada vez menos– y los que no lo cobran –cada vez más– muestran una paciencia digna de un cartujo. ¿Por qué sucede esto? ¿Somos los españoles unos Quijotes que viven del aire y jamás se quejan? Evidentemente no.

En España conviven cuatro mercados de trabajo. De arriba a abajo creciente en riesgo y decreciente en productividad. El primero es de los funcionarios, más de 3 millones, que viven al margen del mercado y, por lo general, no dan golpe. El segundo el de los contratos indefinidos, ilusorio blindaje contra el despido por el que todo el mundo anhela. El tercero es el de los contratos temporales y los autónomos, que viven y se la juegan al día. Por último, el cuarto, el más libre y arriesgado, es el mercado sumergido.

Aunque los políticos se empeñen en lo contrario, el trabajo no deja de ser un factor de producción. Cuando la economía se contrae, su precio se ajusta a la baja. Sin embargo, por privilegios legales, en los mercados superiores –el funcionarial y el de los contratos fijos– no se puede o es muy complicado ajustar el precio del factor, es decir, el salario. Por esa razón el empleo está desapareciendo o sumergiéndose en el mercado negro, donde no se firman contratos ni se pagan impuestos.

Si el Gobierno quiere que baje el paro, no tiene más que dejar de pelearse contra la realidad y liberalizar un mercado que, por lo demás y al margen de sus arbitrios, es totalmente libre en, al menos, uno de sus escalones. Para eso tendría que suprimir privilegios convirtiendo los cuatro mercados de trabajo en uno solo, que es como debe de ser por una cuestión de elemental de justicia social auténtica, no el piélago de leyes, privilegios y normativas en el nos ha metido un socialismo eternamente peleado con la libertad. 

El gen nacionalista

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

 Un llamado ancestral, atávico, de pertenencia a la tribu. Es un reclamo poderoso. Es una pulsión que, en espíritus menos evolucionados, resulta irresistible. La muela del juicio de las ideas políticas. Un residuo genético de otro hombre, el que identificó su persona con la pertenencia a un grupo, del cual dependía su misma existencia. Decenas de miles de años condenando a la muerte al que va por libre, ¿podían pasar a la historia sin haber marcado a fuego esa querencia por lo tribal?

Pero el gen no es nacionalista sino tribal. El nacionalismo es sólo una forma, una vía de escape de ese instinto. El socialismo es otra vía de plasmación de la misma querencia, eterna. Nacional socialismo, pleonasmo. Rara vez vencen la razón o la moral. El instinto las manipula, las pone a su servicio. El nacionalismo es una ideología, un armazón que recoge y protege esa necesidad de pertenencia. El último argumento de un nacionalista es el agravio. Es un argumento sentimental. No necesita ninguna Ilustración. Sobran los QED. El nacionalismo no se puede compadecer con la historia jamás, porque los agravios van en todos los sentidos y porque la realidad es demasiado compleja para el relato nacionalista.

Pero el nacionalismo se compadece perfectamente con la política. Bien lo sabemos en España. No entenderemos del todo el nacionalismo en nuestro país si no atendemos dos claves: la atávica y la política. No insistiré en la primera. La segunda es el papel del nacionalismo para ampliar el poder político. No hay más que identificar la tribu con el poder y éste quedará protegido de cualquier crítica. Aquí el nacionalismo no es más que un instrumento de poder, un cortocircuito de la razón, de la crítica.

El problema de España, el nuevo problema de España es que su arquitectura institucional favorece el discurso nacionalista. Por eso, entre otras razones, tendríamos que cambiarlo; decir adiós a las autonomías y acoger un sistema federal.

José Carlos Rodríguez es miembro del Instituto Juan de Mariana

Libertad verdadera

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

No tuvo suficiente con la tierra y el viento y ahora acude a un acto religioso a darle la vuelta a las palabras de San Juan. La libertad os hará verdaderos, ha ido a decir a Washington. En su caso, la libertad le ha hecho un verdadero botarate, porque más allá del juego de palabras no se adivina ni verdad ni libertad en sus palabras. Me sugería un gran escritor este mismo jueves que Zapatero busca esculpir una frase en mármol para que luego la recuperasen los historiadores. Pero su ingenio sólo le da para rotularlas en cartón. Cuatro gotas de realidad, y sus palabras se corrompen al momento.

No quiere ello decir que no debamos prestarle atención. Al fin y al cabo tiene mucha influencia sobre nuestras vidas; demasiada. Pero en su caso hay que ser todo un experto para separar el grano de la paja. ¿Que la libertad es buena porque “nos permite a cada cual mirar a la cara al destino y buscar la propia verdad”? Paja. Porque él tiene impresa en su alma la idea de que la libertad procede del poder y que él nos debe guiar por el camino verdadero. De ahí Educación para la Ciudadanía. ¿Que dice "Cuando firmas una ley puedes hacer más libre a la gente"?, grano, porque coincide con su idea de la libertad: seguir los designios de su moral y abandonar los esquemas que a su juicio ya no valen. ¿La tierra pertenece al viento? Paja. ¿"La identidad personal no es cómo uno se ve a sí mismo sino cómo te ven los demás"?, grano. Para él no hay autenticidad en la persona y por tanto no hay verdadera libertad.

Libertad verdadera. ¿Qué es eso? Muchos de los pensadores más eximios le han intentado dar una respuesta cierta, relevante, que se adapte a la experiencia del hombre en sociedad. A mí la definición que me convence es la que la contrapone a la coacción, es decir, al ejercicio o la amenaza del uso de la violencia física. Si hay coacción no hay libertad, y viceversa. Y diré que de todos los criterios con que podamos juzgar a Rodríguez Zapatero o a cualquier otro político, éste, el de la libertad verdadera, me parece el más excelso.

Carta de una discográfica ‘indie’

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Mi empresa es de esas que se hacen llamar "independientes" o de música "indie". Como eso indica, soy una persona muy cool, moderna, totalmente a la última y vanguardista. Por esa misma razón no comprendo cómo mi empresa (que también es cool, moderna, a la última y vanguardista) está resultando un fracaso estos últimos años. Dudo de que tenga algo que ver el hecho de que me empeñe en mantener un modelo de negocio totalmente anticuado.

Da igual que me empeñe en seguir vendiendo en un formato ya superado y según las reglas que imperaban en el mercado hace décadas. Yo soy indie y eso me convierte de forma automática en alguien cool, moderno, a la última y vanguardista. Da igual que la modernidad vaya por una senda muy diferente al sendero en el que yo me empeño en seguir transitando. Yo tengo razón y es el resto de la sociedad quien debe ceder a mis deseos y caprichos. Y si no lo hace, que acuda la fuerza represiva del Estado a obligarle a renunciar a la evolución para que yo me siga sintiendo cool, moderno, a la última y vanguardista.

Como nadie en el Gobierno, ni tan siquiera González-Sinde ha encontrado la manera de obligar a la gente a comprar mis discos, alguien tiene que hacer algo. Yo quiero seguir siendo "independiente". Me gusta sentirme cool, moderno, a la última y vanguardista sin tener que evolucionar. Esto último va con otros, que sí se esfuerzan por hacer cosas nuevas en el mercado musical. La solución para mí es la más antigua del mundo. Como el Estado no puede obligar a los ciudadanos a comprar esos discos que me empeño en vender sin éxito alguno, que al menos utilice sus impuestos para pagarme por no poder venderlos.

Estimado lector, cómo me gusta ser cool, moderno, a la última y vanguardista. Deme usted su dinero para que pueda seguir sintiéndome así, aunque a usted no le interese en absoluto lo que hago.

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

Parados, ahí os quedáis

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

A saber, a menos que la asignación presupuestaria de 2011 para los sindicatos vaya a sufrir un muy considerable incremento, a mayor enfado sindical, a mayor pataleo y berrinche de Toxo y Méndez, mejor habrá de ser la orientación de esa reforma.

Atendiendo a semejante relación, cabe anticipar que el vacío que Zapatero no se ha dignado a ofrecer tras el Consejo de Ministros para completarlo con algún espacio en blanco más tras la reunión de los agentes sociales, no sirve absolutamente para nada salvo para volver a colocar bajo los focos con una mayor expectación a políticos, sindicatos y patronal.

Todos han mostrado su buena disposición a seguir negociando sobre la nada y a aprobar un decálogo de inútiles buenas intenciones con tal de que los alrededor de cinco millones de trabajadores vuelvan a encontrar ocupación. Tan esenciales se le antojan al Gobierno sus propuestas para volver a crear empleo, que ha preferido mantenerlas en una absoluta incógnita a cuyo lado palidece la Esfinge. Sólo hemos podido contemplar gestos, sonrisas y algún comentario de tapadillo sobre que se rebajará la indemnización de despido para los jóvenes extendiendo el ámbito del contrato de fomento del empleo y a que se implantará el modelo alemán del Kurzarbeit para repartir los escasos puestos de trabajo cuya supervivencia permite el asfixiante marco laboral actual entre un mayor número de trabajadores. Nada, en todo caso, de un despido libre (que no necesariamente barato), de rebajar las cotizaciones sociales, de restar capacidad rectora sobre la vida de los trabajadores a las centrales sindicales y a la patronal, de permitir ajustes a la baja de los salarios o de abrir un poco la mano a la movilidad funcional y geográfica.

Pero precisamente esta nulidad de contenidos unida al feliz compadreo entre pastores, supone la prueba del algodón de que nadie se ha comprometido a nada y de que, en lo esencial, esa legislación laboral franquista que los socialistas y sindicalistas tan bien han asimilado como propia, va a continuar aplastando las expectativas de nuestros parados.

Porque ahí reside el quid del asunto: por qué van a renunciar a sus prejuicios ideológicos, liberalizando los mercados, quienes, como sindicatos y patronal, tienen su puesto de trabajo asegurado merced a los privilegios que les concede el Estado, hasta el punto de que seguirán medrando económicamente aun cuando el país se declare en quiebra y llegáramos a los diez millones de parados. Venden sensibilidad, pero sólo muestran impostura. Sólo es necesario oírles hablar para darse cuenta de que nada entienden, pero que están dispuestos a imponer su ignorancia por ley y a arrastrar al país hacia el abismo. No quieren reformar en lo sustancial el mercado de trabajo porque, alegan, sólo se creará empleo cuando la economía se recupere, si bien no queda claro cómo se recuperará la economía sin una liberalización de los mercados. Colocar la carreta antes de los bueyes, se llama.

Apenas dos centrales sindicales y dos organizaciones empresariales con un espontáneo presidente del Gobierno en medio deciden sobre las condiciones laborales de más de 20 millones de trabajadores. Escandaloso liberalismo salvaje que convendría erradicar de una vez para solucionar todos nuestros problemas económicos. No en vano, ese ruin mecanismo de la contabilidad de doble entrada que arroja pérdidas o ganancias según cada empresa esté creando o destruyendo riqueza, usando adecuadamente los recursos escasos o despilfarrándolos en inutilidades, les sobra por entero a nuestros agentes sociales, siempre dispuestos a colocar un paréntesis a la economía de mercado cuando sea menester. Basta con que dejemos de fijarnos en la rentabilidad, para que todos vuelvan a trabajar en este país; ¿o acaso no disfrutamos de pleno empleo desde el Paleolítico hasta el advenimiento del capitalismo con la Revolución Industrial? ¿Qué mejor remedio, pues, que arrancar cualquier reducto de libertad a las relaciones laborales para erradicar el paro por decreto?

Total, el destino de cinco millones de personas ya depende de los caprichos de unos pocos estómagos agradecidos y no parece que les preocupe demasiado: "el Gobierno plantea reformas para los ciudadanos, no para los mercados". Prohíban ya el despido, aprueben cinco nuevos Planes E, cierren los mercados financieros y córtenle el pescuezo a algún osado especulador. Así seguro que no se les escapa nada. Mercado, ¿para qué?

Esperemos que todo sea una representación populista teledirigida desde Bruselas. Si no, la llevamos clara. Y luego algunos se extrañan de que los inversores huyan de la deuda española. Con un presidente y unos agentes sociales más interesados en seguir mareando la perdiz que en permitir que cada empresario y trabajador generen riqueza, la incertidumbre total es lo mínimo que puede planear sobre nuestra solvencia.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.