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Una editorial para atarlos a todos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

En primer lugar, la banca ya se ha caído del guindo. La mayoría de entidades, otrora adalid de la "solidez" y "solvencia" del sistema financiero español, acaban de reconocer abiertamente lo que hasta hace dos días se negaban a aceptar. Esto es, que el mercado inmobiliario ha quebrado y, por lo tanto, los promotores no pueden afrontar el pago de su deuda, próxima a los 325.000 millones de euros.

La propia Asociación Hipotecaria Española advierte de que "el sistema no puede asumir la deuda inmobiliaria" y "las refinanciaciones posteriores (proceso conocido como roll-over) estarán comprometidas". ¿Qué está pasando? Bancos y cajas son concientes de que el crédito concedido a los promotores es incobrable y, como resultado, tendrán que acabar incorporando a sus balances gran parte del stock inmobiliario –pisos y, sobre todo, suelo–, cuyo precio de mercado es muy inferior al que consta en sus balances contables, lo cual se traduce en suculentas pérdidas que, por el momento, ocultan.

Si a mediados de 2009 la banca acumulaba cerca de 100.000 pisos embargados, ésta acabará absorbiendo, como mínimo, medio millón en manos de los promotores hasta 2012, por no decir casi todo –entre 1 y 1,6 millones, según los cálculos–, sin contar con una abultada cartera de suelo que, hoy por hoy, carece de salida en el mercado. En resumen, la crisis financiera nacional está a punto de comenzar.

Segundo punto. Ante tal panorama, como no podía ser menos, el sector pide ayuda al Gobierno. En concreto, emplear dinero público (el de los contribuyentes), ya sea a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Banco de España o Estado, para "financiar" al sector del ladrillo. Y es aquí donde está la clave. ¿Qué reclama la Asociación Hipotecaria? Muy simple: que los contribuyentes desembolsen los 325.000 millones de euros en créditos que los promotores adeudan a bancos y cajas y que, en su mayor parte, son incobrables. De este modo, el sector financiero no tendrá que absorber el citado stock. ¡Fantástico!

Y es que las primeras medidas destinadas al rescate público del sector inmobiliario han obtenido un rotundo fracaso. En 2008, el Gobierno anunció que el ICO avalaría la concesión de créditos por valor de 25.000 millones de euros (2,5% del PIB) destinados a la compra de VPO y préstamos a los promotores de vivienda protegida. ¿Problema? Ni los promotores pueden construir, dada la parálisis que sufre el sector, ni los ciudadanos quieren seguir endeudándose aún más para comprar unos pisos que están sobrevalorados.

Y puesto que las medidas destinadas a estimular la demanda no han dado sus frutos, ahora lo que se plantea es intervenir por el lado de la oferta. Que el Gobierno compre el stock, cosa que ya están haciendo múltiples comunidades autónomas, o que, directamente, se rescate el ladrillo mediante la concesión de ayudas, tal y como reclama ahora el ex ministro socialista Jordi Sevilla.

El problema es que cualquiera de estas medidas implicará, en todo caso, un incremento disparatado del endeudamiento público, con todo lo que ello implica: nula recuperación económica, descuadre aún mayor de las cuentas públicas, aumento de la presión fiscal y riesgo de quiebra soberana. Cubrir el enorme agujero que ha dejado la burbuja inmobiliaria con impuestos presentes y futuros es, a todas luces, inaceptable, inmoral, vergonzoso e ilegal. Es un robo, un atraco a mano armada que no podemos ni debemos consentir.

Puesto que el famoso Fondo de Rescate Bancario (FROB) sigue paralizado en Bruselas, ante el temor de que se salve indiscriminada y arbitrariamente al sector de las cajas de ahorros (en manos de los políticos), las entidades aspiran a que seamos nosotros quienes tengamos que cargar con la factura. ¡Y se quedan tan anchos, oiga!

Pues bien, ni rescate inmobiliario ni rescate bancario. Que cada palo aguante su vela. Los promotores han quebrado, ya que con rebajas del 15% o 20% optan por declararse en concurso y entregar los pisos a sus acreedores para saldar la deuda. Y puesto que el mercado sigue sobrevalorado en un 30% de media, serían bancos y cajas los encargados de liquidar el stock a pérdidas. Sin rebajas sustanciales no habrá ajuste.

¿Que eso va a comprometer la solvencia de numerosas entidades? No cabe duda. Entonces, ¿qué hacer? Analizar caso por caso y proceder a una dura y transparente reestructuración e, incluso liquidación ordenada, del sector mediante privatizaciones y apoyos públicos puntuales que, en todo caso, deberán ser devueltos con intereses una vez saneado el sistema. Lo contrario sería, simplemente, injusto, además de desastroso.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

Por favor, no rescaten al ladrillo

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La compañía de Page y Brin cargaba contra la empresa de Gates por su supuesta práctica monopolística consistente en regalar el navegador Internet Explorer junto con las distintas versiones del sistema operativo Windows. Según Google, el elevado porcentaje de usuarios que seguían empleando Explorer no se debía a su superioridad técnica, sino simplemente al hecho de que Microsoft lo empaquetaba con Windows. El éxito de este último arrastraba al primero, otorgándole una cuota de mercado muy superior a la que habría alcanzado en caso de que ambos productos se hubiesen ofertado por separado.

No seré yo quien niegue la más que probable hipótesis de Google. De la misma manera, tampoco tengo dudas de que se venden más automóviles con motor incorporado que sin él. Lo que no entiendo es de dónde se colige que una estrategia empresarial, por ser exitosa, pasa a convertirse en una práctica restrictiva de la competencia.

Uno creía que las compañías rivalizaban en el mercado por satisfacer del mejor modo posible las necesidades de los consumidores, y que para ello no sólo resultaba necesario fabricar los bienes, sino distribuirlos, comercializarlos y facilitar su uso.

Es evidente que la integración de Windows e Internet Explorer proporcionó a muchos consumidores el pack que requerían para empezar a navegar por la Red desde el momento en que adquirían un ordenador, sin necesidad de acudir a una tienda de informática para elegir qué navegador comprar. Con un producto suficientemente funcional, Microsoft ahorraba numerosos costes –monetarios y no monetarios– a los usuarios de internet.

Muchos no valorarán en absoluto las ventajas de este ahorro de costes, incluso puede que lo consideren un obstáculo para su bienestar (por ejemplo, aquellos que nunca habrían instalado Internet Explorer en su ordenador). Es posible, pero parece claro que los perjudicados por la integración de ambos productos eran una minoría absolutamente minoritaria al lado de los beneficiados. Al fin y al cabo, Microsoft sólo facilitaba el acceso a un navegador, pero no impedía la descarga y utilización de cualquier otro.

En este sentido, recordemos otra genial iniciativa contra Microsoft, esta vez por cuenta de la Comisión Europea. Allá por 2003, las autoridades comunitarias de defensa de la (in)competencia llegaron a la conclusión de que resultaba inadmisible que la compañía de Bill Gates vendiera Windows junto con el reproductor de audio y video de Microsoft (el famoso Windows Media Player). Por razones simétricas a las expuestas por Google, alegaban que Microsoft se estaba aprovechando del efecto arrastre de Windows para colocar a los consumidores un producto que debería competir independientemente en el mercado. Al final, obligaron a Microsoft a pagar la mayor multa de la historia de Europa: 497 millones de euros (monto que acabó siendo superior por supuestos incumplimientos), y a ofrecer dos versiones de Windows XP, una con el Windows Media Player y la otra sin él. Esta última, que también existe para Windows 7, lleva por nombre Windows XP N. ¿Les suena? Imagino que no mucho, porque su fracaso de ventas fue mayúsculo: en abril de 2006, varios años después de salir al mercado, apenas representaba el 0,005% de las ventas de Windows XP: ni fabricantes, ni minoristas ni consumidores estaban interesados en comprar un producto defectuoso e insuficiente.

¿Era necesario que la Comisión Europea multara y obligara a Microsoft a comercializar un Windows con menos prestaciones que otro –con todos los costes adicionales que ello conlleva– para descubrir que los consumidores tienden a preferir el Windows con más prestaciones gratuitas? Parece ser que para una panda de burócratas que sólo visitan los mercados para pisotearlos, sí. Qué sorpresa más grande se debieron de llevar al comprobar que los consumidores hacían lo que todo el mundo preveía que iban a hacer.

Mutatis mutandis, lo mismo sucede con Internet Explorer, lo cual no ha impedido ni que la Comisión persevere en sus meteduras de pata ni que Google, poco después de desarrollar Google Chrome, tratara de arrebatar cuota de mercado a Microsoft desde los despachos de los políticos.

En realidad, sin embargo, los consumidores parecen ser bastante menos tontos de lo que suponen los burócratas europeos y los empresarios aprovechateguis, pues la posición del navegador de Bill Gates dista mucho de ser hegemónica. Si en 2004 el Explorer alcanzaba una cuota de mercado del 95%, en 2009 ya había caído por debajo del 70% (sobre todo por culpa de Firefox). Basta con que Microsoft desarrolle un par de versiones de su navegador notablemente inferiores a las de la competencia para que millones y millones de internautas abandonen su software.

Pero parece que a muchas compañías les resulta más barato y sencillo vencer a sus rivales fuera del mercado (donde no necesitan satisfacer a los consumidores) que dentro del mismo. El caso de Google es, si cabe, más escandaloso, porque su buscador ostenta una cuota de mercado de entre el 75 y el 100%, según el país, y gracias a esa posición preeminente puede publicitar otros servicios, como el correo (Gmail) o su propio navegador (Google Chrome). ¿Habría tenido tanto éxito Gmail sin la ayuda prestada por el navegador de Google? Sinceramente, y pese a que Gmail me parezca un excelente servicio de correo para amateurs como yo, lo dudo. ¿Significa que, en línea con lo que Google reclama para Microsoft, se debería prohibir a Page y Brin cualquier publicidad y conexión entre Google, Gmail y Chrome? Espero que no, pues al final quienes saldríamos perdiendo, en nombre de una sacrosanta defensa de la competencia que no se sabe muy bien a quién defiende, seríamos los propios usuarios.

Google nunca debió avalar con sus maniobras la legitimidad de los tribunales antitrust, pues resultaba evidente que ellos iba a ser su próxima víctima. Y así ha sido: el pasado 11 de enero la ministra alemana de Justicia –del partido liberal– declaró que Google se estaba convirtiendo en un monopolio y que podría ser perseguido como lo está siendo Microsoft.

Dicho y hecho: a los pocos días supimos que la compañía se enfrentaba a tres demandas por prácticas monopolísticas, a cuál más absurda: una procede de los editores alemanes, otra de Microsoft y la última de la empresa Euro-cities. Los editores se quejan de que Google gana 1,2 billones de euros en publicidad mientras que todos los periódicos y revistas de Alemania sólo alcanzan los 100 millones, aun cuando parte del éxito de Google, dicen, se debe a que ofrece acceso a sus contenidos. Microsoft no reveló los detalles de la demanda, pero básicamente pretendía romper el contrato privado que una de sus filiales de publicidad, Ciao, mantenía con Google por considerarlo, ahora, demasiado restrictivo para sus intereses. Y Euro-cities, un servicio de mapas por internet, protestaba por que la gratuidad de Google Maps hacía imposible competir contra él (ya saben, competencia desleal por proporcionar un servicio gratuito que tanto perjudica a los usuarios).

Huelga señalar que ninguno de estos contenciosos debería haberse dirimido en un tribunal de defensa de la competencia, pues se refieren o bien a conflictos contractuales privados, o bien a modelos de negocio que han dejado de ser útiles para los consumidores al existir alternativas mejores y más baratas.

Sin embargo, desde que se aprobaran las primeras legislaciones antitrust, allá por finales del s. XIX, las grandes empresas privadas han ido recurriendo cada vez más a las instituciones políticas para competir entre sí o, mejor dicho, para evitarse competir. La lucha se traslada desde el mercado a los despachos de los políticos y a los juzgados; todo, supuestamente, con el objetivo de proteger a un consumidor que al final es el máximo perjudicado cuando desaparecen, por motivos no económicos, las empresas más punteras, innovadoras y capacitadas del mercado.

Las políticas de defensa de la competencia ya han conseguido que la gran Microsoft de los años 90 haya desaparecido, en medio de sanciones, costas procesales y restricciones a su actividad. Ahora, nuestros burócratas y su corte de empresarios incompetentes quieren hacer lo mismo con Google. Parece que ni siquiera los verdugos se libran de convertirse en víctimas una vez alcanzan la excelencia. Es la dictadura de la mediocridad.

Este artículo fue publicado en el suplemento IDEAS de LIBERTAD DIGITAL.

Intervencionismo sobre intervencionismo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Así, entiendo que muchos sospechen que las nuevas regulaciones que ha propuesto Obama para el sistema financiero –y que medio mundo se ha afanado ya en copiar, demostrando una vez más los pocos escrúpulos que tienen los políticos a la hora de aplicarnos el rodillo legislativo ante cualquier ocurrencia– tienen como propósito real acrecentar su poder y limitar el del mercado. Yo también lo creo y tras un año de presidencia de Obama, sólo sus feligreses deberían dudar de ello.

Ahora bien, dicho esto, no pienso que debamos descartar in toto su propuesta reguladora de ayer, que en esencia no es suya sino de una cabeza bastante bien amueblada en asuntos monetarios, como es la del ex presidente de la Fed Paul Volcker.

La normativa contiene dos grandes medidas. Una de ellas es por completo absurda y demuestra una vez más que a algunos no les interesa demasiado la historia. Obama pretende limitar el tamaño de los bancos impidiendo que ninguno acumule más del 10% del total de los depósitos del país. De este modo, barruntan, no habrá "bancos demasiado grandes para quebrar" y los contribuyentes no se verán forzados a rescatarlos. Cuando quiebre un banco pequeño, se lo podrá dejar quebrar –o se podrá optar por rescatarlo por cuatro dólares– sin riesgo a que contamine al resto del sistema.

Me sorprende que alguien siga creyendo en estas tonterías, máxime cuando el tamaño, a estos adoradores de la burocracia, sólo parece importarles en el sector privado. Estos señores que quieren impedir que haya bancos demasiado grandes son los mismos que luego abogan por incrementar las competencias del mayor banco de Estados Unidos –la Reserva Federal– y los que, por supuesto, no tienen ninguna pega a la hora de cebar el déficit público hasta las cifras más mórbidas de la historia.

Además, como digo, bastaría que se fijaran en el episodio de la Gran Depresión para que se dieran cuenta de lo estériles que son sus medidas para limitar el tamaño de los bancos. Durante los años 20 del siglo pasado, el sistema bancario de Estados Unidos estaba enormemente atomizado, de modo que las brutales expansiones crediticias que emprendió la Fed afectaron, no a unos pocos bancos grandes, sino a decenas de miles de bancos pequeños. En 1929 había 25.000 bancos en Estados Unidos; cinco años más tarde habían quebrado 10.000. ¿En qué sentido es más aconsejable rescatar 25.000 bancos que hacerlo con cinco? Ya se lo digo yo: en ninguno. Lo relevante no es el número de bancos, sino el tamaño del sistema bancario. Y obviamente sobre esto último Obama no se ha preocupado.

Hasta aquí los sin sentidos de la regulación. Vayamos con la otra medida que, salvo por los temores sobre cómo se va a implementar, considero bastante adecuada. Obama pretende restaurar la Ley Glass-Steagall aprobada durante la Gran Depresión y derogada parcialmente por Greenspan (a través de diversas excepciones que la fueron erosionando) y definitivamente por Clinton en 1999 (con la Ley Gramm-Leach-Bliley).

El objetivo de la Glass-Stegall era separar la banca comercial de la banca de inversión, es decir, que los bancos que captan depósitos y que pueden pedir dinero prestado al banco central no tengan permitido ni hacer trading por cuenta propia en la bolsa (lo que muchos llamarían con cara agria "especular") ni patrocinar ciertas emisiones de valores.

Muchos opinarán que debe ser el mercado y no el Estado quien fije este tipo de regulaciones… entre ellos yo. Creo que una banca libre podría autorregularse infinitamente mejor que a través de una panda de políticos que sólo pretenden instrumentarla para su propio beneficio. Ahora bien, no conviene olvidar que la banca actual dista mucho de ser libre. Mientras los bancos comerciales detenten el privilegio de refinanciar sus fondos de maniobra negativos en la Reserva Federal, trasladando su iliquidez al resto de la sociedad en forma de inflación, no podremos hablar de libertad bancaria.

Thomas Tooke, uno de los grandes teóricos de la banca en el s. XIX, lo dejó escrito: "La libertad de los bancos es la libertad para estafar". Cierto, pero sólo cuando los bancos prosperan a la sombra del Gobierno y de sus privilegios, esto es, cuando no son realmente libres sino que sólo lo parecen.

Obama, con sus regulaciones, ha venido a recortar alguno de estos privilegios (aunque, a la espera de leer los detalles, mucho me temo que pretenderá arrimar el ascua a la sardina de la deuda pública y si no, al tiempo). Así, los bancos comerciales ni podrán emplear el dinero de sus depositantes ni podrán pedir prestados fondos a la Reserva Federal para realizar algunas operaciones con activos a largo plazo y bastante arriesgadas (como el trading por cuenta propia). Además, tampoco estarán cubiertos por el fondo de garantía de depósitos a la hora de especular, lo que en principio debería incrementar un poco su prudencia.

Dicho de otra manera, con esta regulación se limitarán algo las brutales expansiones crediticias que dan lugar a los ciclos económicos y que son fruto del descalce de plazos de la banca y de las políticas laxas de los bancos centrales. Lo cual no significa, tal y como rápidamente ha anunciado Obama, ni que vayan a desaparecer las crisis (ya que siguen existiendo muchos otros circuitos por los que expandir el crédito) ni que los contribuyentes no vayan a tener que seguir sufragando rescates bancarios.

Para lograr estos dos objetivos sería necesaria regresar a una auténtica libertad bancaria: libre acuñación de moneda, abolición del curso forzoso y libre competencia entre bancos centrales (tal y como propusiera Hayek en 1976 con su opúsculo La desnacionalización del dinero). Pero eso ni siquiera el revolucionario Obama se atreverá a aprobarlo, pues al fin y al cabo el principal interesado en manipular artificialmente el crédito y la economía es el propio Obama.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

Misión: acabar con el eMule

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace unas semanas, en este mismo medio aparecía una noticia con este titular: "Nuestra misión es acabar con el eMule". eMule constituye uno de los programas más populares para compartir ficheros por internet, que es una forma eufemística de llamar a las descargas de contenidos, como películas o canciones. ¡Creo que incluso se dan casos de gente descargándose libros!

Así pues, nada de extraño hubiera tenido que dicha frase proviniera de la SGAE o de sus acólitos en el gobierno de España (o viceversa). En la medida en que alguna de las descargar con el eMule quizá se corresponda con contenidos protegidos, sería muy razonable que uno de los objetivos de la SGAE fuera acabar con esta aplicación. Ahí tienen el BOE y demás medios de represión para tratar de impedir las descargas, y nadie es ajeno a sus múltiples intentos por conseguir tal fin. En frente, de momento, tienen a la opinión pública y especialmente al colectivo de internautas.

Si el emisor de este mensaje fuera el Gobierno, probablemente sería rechazado y rechazable por la sociedad. ¿Quién podía entonces ser el emisor para no suscitar el rechazo? Observen cómo cambia la cosa.

Se trataba de Lutz Emmerich, de Spotify España, en una entrevista que le hacía Fernando Díaz Villanueva. Estas declaraciones, realizadas por un representante de una empresa privada, no suscitan temor ni rechazo, sino todo lo contrario, expectación y deseos de que se consume el fin anunciado.

¿Por qué ocurre esto? Porque Spotify no tiene policía ni ejército a su disposición para "acabar con el eMule", que es lo que utilizaría el Gobierno en la misma tesitura. Y, por tanto, la única forma en que Spotify puede acabar con eMule es ofreciendo a la gente un producto mejor: más útil, más rápido, más barato, más versátil o más lo que sea. Pero que convenza a la gente de que es mejor utilizarlo a seguir con eMule.

En el mercado libre sin injerencias gubernamentales, cualquier individuo emprendedor puede afirmar legítimamente que su misión es acabar con un producto de la competencia. Y los demás deberemos alegrarnos, pues tanto su victoria como su derrota en el empeño mejorarán nuestro bienestar. Incluso los trabajadores del eMule se deberían alegrar, pues, en caso de que pierdan la batalla, también ellos contarán con un producto mejor para descargarse contenidos, y encima quedarán liberados para dedicar su talento a otras cosas en las que puedan desempeñarse más eficientemente.

El contraste es abrumador con el caso en que sea el Gobierno o la SGAE quien lo diga: con este emisor del mensaje, todos saldríamos perdiendo. La desaparición de eMule se sustentaría en el uso de la violencia y no en el de las mejores ideas.

Mucho ánimo, señor Emmeritch. Muéstrele a la SGAE cómo acabar con el eMule, a ver si aprenden.

La imposición bilingüe

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Algunas voces han salido, no obstante, en su defensa, de entre las que destacan dos furibundos críticos de la inmersión lingüística en Cataluña: Pepe García Domínguez y Juan Carlos Girauta.

Girauta felicita a Feijóo por intentar un nuevo enfoque y alterar los parámetros del debate, ofreciendo al PP la oportunidad de cambiar la estrategia en Cataluña. El nacionalismo catalán utiliza la inmersión lingüística en las aulas como instrumento de homogeneización. En teoría se puede poner fin a la discriminación por dos vías: la de la elección de lengua, o la imposición bilingüe. La segunda, en el contexto de Cataluña, tiene la ventaja de atender una inquietud de muchos catalanes: que un porcentaje de castellano-hablantes y, sobre todo, un creciente número de gente venida de fuera, elija la escuela sólo en castellano y aumente el número de monolingües. Siendo el catalán más difícil de aprender en la calle (porque tiene menos presencia en la mayoría de ámbitos sociales), el número de interacciones en castellano se multiplicaría hasta desplazar el catalán. Una educación bilingüe ahuyentaría el fantasma de la progresiva extinción del catalán.

Los críticos con el decreto de Feijóo apelan al derecho a elegir la lengua. Es una cuestión de libertad, de que los padres puedan elegir escolarizar a sus hijos en su lengua materna con independencia de cual sea ésta. Pero, como advierte Girauta, esa libertad no existe en el resto de España, donde la educación es obligatoriamente en castellano. ¿Por qué debería ser distinto en Cataluña? La lógica es la siguiente: lo que para España es el castellano, para Cataluña es el castellano y el catalán. En España nadie venido de fuera del territorio puede educar a sus hijos en otra lengua materna que no sea el castellano. No hay libertad para elegir el inglés, el chino o el árabe. El caso de Cataluña es más singular, porque tiene dos lenguas propias (ahí es donde el nacionalismo catalán disiente, afirmando que la única lengua realmente propia es el catalán, pese a que hablan castellano la mitad de los catalanes). Dada esta particularidad, y aplicando el principio que rige en el resto de España, es coherente que en Cataluña se imponga una educación bilingüe. Si en España el idioma propio es de obligado conocimiento, ¿por qué en Cataluña no tendrían que ser de obligado conocimiento los dos idiomas propios?

Muchos de quienes critican que en Cataluña se imponga el catalán a los que vienen de otras partes de España no tienen ningún problema en imponer el castellano a los que vienen de fuera de España. Protestarán diciendo que los españoles que se desplazan a Cataluña no son inmigrantes, pues Cataluña es parte del mismo Estado. Pero esta réplica evade la pregunta de por qué los inmigrantes llegados a España tienen que adaptarse. ¿Es porque se trata de "otro Estado"? ¿O es porque la nación o comunidad cultural a la que inmigran tiene una lengua distinta y deben integrarse? Si es la primera, están dando un motivo importante a los independentistas para reclamar un Estado propio. Si es la segunda, nótese que no viene condicionada por las fronteras políticas.

Parapetar el derecho a elegir detrás de la oficialidad de las lenguas hace patente, como bien explica Carlos López, la imposición de que son objeto. La libertad de elegir entre opciones está coartada desde el momento en que la oficialidad limita las opciones.

El posicionamiento de Girauta es, por tanto, coherente con la fórmula practicada en el resto de España. Pero no es liberal. Imponer una educación bilingüe atenta contra los derechos individuales de las personas, que son los que cuentan aunque la Constitución no lo diga. Las consecuencias agregadas de la elección de lengua (como el futuro del catalán o el uso de la lengua con fines nacionalistas) son secundarias. ¿Contra quién atenta el padre que quiere escolarizar a sus hijos solo en castellano (o en inglés o en chino) porque ya habla catalán con la familia y consideran que tiene que reforzar mucho más el otro idioma? ¿A quién agrede el padre que quiere que su hijo se eduque sólo en catalán porque cree que el castellano ya se aprende fuera de las aulas? La libertad de uno acaba donde empieza la de los demás, y la elección de lengua de los padres no interfiere en la de nadie.

La cultura es también un mercado, y es mejor que opere sin imposiciones ni distorsiones artificiales. La coacción como medio para integrar o educar a la gente repulsa a los que pensamos que el uso de la fuerza sólo es legítima en defensa propia. La presión asimiladora del mercado laboral y la industria mediática, el activismo cultural, las fundaciones y organizaciones privadas y, sobre todo, la actitud comprometida de los propios hablantes, son métodos de inmersión y promoción lingüística proporcionales a la causa.

El argumento de Girauta, con todo, se dispara en el pie, al conceder la premisa nacionalista de que los padres no tienen derecho a elegir y la imposición es necesaria para garantizar el conocimiento de las dos lenguas. En este marco, el nacionalismo catalán sólo tiene que introducir una variación razonable para defender la inmersión lingüística: si de garantizar el conocimiento de las dos lenguas se trata, el catalán necesita más atención que el castellano, que se aprende en la calle, en el patio, en el trabajo o en los medios. El conocimiento equilibrado de las dos lenguas, dado el desequilibrio social del que parten, exige practicar la discriminación positiva a favor del catalán. Y volvemos a estar donde antes.

Acabar con los supervivientes

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Es un fenómeno tan viejo como la humanidad, que actualmente sólo pervive en grandes proporciones en los regímenes de inspiración marxista. Si el Estado no te permite intercambiar tus productos o tu trabajo o lo hace imposible con sus regulaciones, los ciudadanos seguirán enriqueciéndose mutuamente a través de intercambios privados a espaldas del fisco.

El deseo de los seres humanos de prosperar aprovechando las oportunidades de negocio que les ofrece el mercado no desaparece por mandato del Boletín Oficial del Estado. Sólo hay que darse cuenta de lo que ocurre en Cuba o Venezuela para constatarlo, a menos que el antifaz del socialismo nuble la visión del observador. En el caso de España está ocurriendo algo parecido pero el Gobierno, fiel a su ideología marxistizada, prefiere actuar al contrario de lo que dicta el sentido común, algo habitual desde que Zapatero llegó a la Moncloa.

Si Salgado quiere acabar con la denominada "economía sumergida", lo que debería hacer es rebajar la presión fiscal y eliminar regulaciones para que la sujeción de la actividad comercial a los usos legislativos vuelva a ser rentable. En lugar de eso, el Gobierno se propone cerrar también la válvula de escape que los emprendedores utilizan para seguir participando en el proceso económico. El resultado será un mayor empobrecimiento general sin ningún efecto sobre la recaudación.

Los primeros que desearían operar dentro de la legalidad son los propios protagonistas, pero si el Gobierno, los gobiernos, se lo ponen imposible, el instinto de supervivencia empresarial siempre será más fuerte que las amenazas coactivas de los poderosos. Un mayor nivel de coacción institucional siempre trae aparejados más pobreza y más mercado negro. También ocurre lo contrario, pero el Ejecutivo ha decidido optar por lo primero y, además, destruir a los supervivientes. Sálvese quien pueda.

Trasvase, otra palabra maldita en el PP

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Zapatero firmó el decretazo anti PHN antes de fumarse el primer pitillo como presidente del gobierno, y Marcel-lí Iglesias, Maragall y Carod-Rovira se enfundaron unos meybas y se fueron a la desembocadura del Ebro a celebrarlo con cava. Sólo les faltó acercarse a Villena a miccionar sobre la primera piedra del trasvase del Ebro, imagen que hubiera esmaltado perfectamente el compromiso de los nacionalistas y socialistas con la vertebración territorial de la nación española.

Los cuatro ignorantes del apocalipsis oficiaron de esa forma tan cateta el pretendido ritual de su victoria sobre Aznar, ese facha, pero lo que en realidad hacían era contravenir una ley del Reino de España a cuyo mandato estaban ellos obligados en primer lugar, en tanto dirigentes institucionales. Sobre la responsabilidad de Zapatero en el desafuero, sobra cualquier comentario, dado que la rebeldía constitucional es la nota característica de su estilo de gobierno.

Lo interesante en todo este asunto es que el partido de Aznar haya preferido de nuevo, de la mano de Rajoy, diluirse en el paisaje, para no desentonar ni siquiera en uno de los problemas graves de una parte de España, de cuya defensa había hecho siempre gala, con espléndidos resultados electorales.

Hoy es el día en que no sabemos aún qué opina Rajoy sobre el problema del reparto del agua entre las zonas húmedas y secas de España, porque ha hablado tan poco y de forma tan críptica que sus declaraciones podrían ser esgrimidas por defensores de tesis completamente opuestas. Es cierto que el programa electoral del PP contempla la necesidad de llevar el agua sobrante de unas cuencas a las deficitarias, y que, si juzgamos a un partido por lo que hace cuando está en el poder, también lo es que antes de ser desalojado del gobierno el PP aprobó el PHN y procedió simbólicamente a su puesta en marcha. Pero es igualmente innegable que, desde que está en la oposición, en el partido de Rajoy se oyen más las voces de los que quieren blindar los ríos a su paso por el territorio de su comunidad que los que exigen el cumplimiento íntegro de lo contemplado en el último programa electoral.

Sin ir más lejos, María Dolores de Cospedal, a la sazón secretaria general del partido –un partido con vocación nacional–, ha sido la principal impulsora de la cancelación del único trasvase que trae agua al sediento levante español, rubricando con su firma el texto de una reforma estatutaria en Castilla-La Mancha que establece expresamente la muerte del Tajo-Segura. Si el contrato que el PP ofrece a sus votantes incluye en lugar destacado su apoyo al reparto del agua con criterios de solidaridad interregional y la segunda de a bordo dedica sus mayores esfuerzos a promover todo lo contrario, algo debería decir el presidente del partido, para aclarar la confusión que sin duda atenaza a los que le otorgaron su voto en las zonas sedientas de la península.

Rajoy es partidario de llevar agua a las zonas que las necesitan cuando hace campaña allí, y exquisitamente discreto cuando le preguntan al respecto en las cercanías del Ebro, el Duero o el Tajo, mayormente para no molestar a los progres sostenibles y altermundistas, no sea que le acusen de depredador del medio ambiente.

Para mala suerte del gallego, resulta que en las regiones que demandan el agua sobrante de otras zonas de España –a las que, por cierto, ampara absolutamente la legislación en la materia– gobierna su mismo partido, con unos dirigentes regionales que no parecen dispuestos a traicionar a sus votantes, sobre todo porque están mucho más cerca de ellos que sus jefes asentados en los cómodos despachos de la calle Génova.

No pretendo decir que estemos ante el inicio de un proceso de rebelión interna en el PP, pero las elecciones autonómicas son a comienzos del año próximo y los políticos del sureste también necesitan imperiosamente ganarlas. Dada la habitual falta de escrúpulos en la clase política, no nos asombraríamos de nada de lo que pudiera ocurrir. ¿Y Rajoy?

Entender la libertad 2.0

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

No hubo esas dificultades con la llamada "ley de la patada en la puerta" del ministro Corcuera o Corcuese, que dimitió después de que el Constitucional le tumbara su barbaridad. Todo el mundo entendía que suprimiendo las garantías jurídicas a la hora de registrar un domicilio, por más que se justificara en la efectividad de la lucha contra el delito, eliminaba uno de nuestros principales derechos y borraba de un plumazo nuestras libertades.

No sucede lo mismo con esta ley. Muchos continúan pensando y argumentando que, al fin y al cabo, esto va contra los sitios web de enlaces, y que quienes nos oponemos a la ley somos todos unos piratuelos dedicados en cuerpo y alma a la mula y el torrente. Es lo mismo que aducir que quienes se oponían a la Ley Corcuera eran en realidad unos delincuentes que no querían acabar en la trena tras un registro de su casa. Así, por ejemplo, El Mundo se ha mostrado de acuerdo con la versión más radical de la ley, la que no incluía jueces ni siquiera de la forma tramposa en que se ha hecho, porque "la Justicia en nuestro país es más que lenta, lentísima". Si es por esa razón, bien podían ser también favorables al CAC porque los tribunales tardarían mucho en cerrar un medio de comunicación…

La última muestra de la resistencia de los internautas a esta "ley de la patada en el router", como ha sido bautizada en honor a aquellas viejas intentonas socialistas de violar nuestros derechos, es un nuevo manifiesto al que han llamado "Libertad 2.0" y que, pienso, puede firmar tranquilamente cualquier liberal de estricta observancia. No comete errores como el del manifiesto original, que pedía al mismo tiempo que no se interviniese en la red y que se garantizara la "neutralidad de la red" –algo que exige una intromisión estatal para su imposición–, o invocaba un inexistente "derecho de acceso a la cultura a través de internet", que parece catalogar las descargas nada más y nada menos que como un derecho al nivel de la libertad de expresión. Ni siquiera errores más veniales como hablar de "ciudadanía" como un colectivo en lugar de referirse a los ciudadanos, individuos con sus derechos individuales, como hace la plataforma Red-Sostenible. Y no hablemos ya, claro, de la frikada de los Gopegui, Regás, Frabetti y compañía.

En cualquier caso, y aunque sea por motivos distintos, o les escandalicen unos aspectos más que otros, parece claro que la Ley Sinde ha provocado la repulsa de los internautas de todas las adscripciones ideológicas. Sin embargo, claro, eso no significa que el PSOE no vaya a intentar aprobarla. Ni siquiera estoy seguro de que finalmente el PP vaya a votar en contra, conociendo la táctica marianista de hacer un discurso impecable contra el Gobierno, pero abstenerse o votar a favor cuando llega el momento realmente importante. Aunque el ruido que han logrado provocar los internautas haya sido mucho mayor que en otras ocasiones, finalmente el desprecio hacia nosotros que llevó a Zapatero a nombrar a González Sinde volverá a actuar. Cabrá entonces preguntarse si la gente de izquierdas que tan activa ha sido contra esta ley votará por una alternativa, se quedará en casa o decidirá apuntarse a la doctrina Gump expuesta por Víctor Manuel. Miren que en muchos casos yo apostaría por lo último.

¿Habrá tijeretazo?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

En primer lugar, el conjunto de las Administraciones Públicas ha incurrido en uno de los mayores y más rápidos descuadres presupuestarios del mundo desarrollado, ya que el saldo de las cuentas públicas se ha desplomado en 13 puntos porcentuales (más de 130.000 millones de euros) en apenas dos años, al pasar de un superávit del 1,9% del PIB en 2007 a un déficit público que, según BBVA, rondará el 11,5% del PIB en 2009.

En segundo lugar, los planes de estímulo discrecionales aplicados hasta el momento y el sustancial aumento de las prestaciones sociales como consecuencia del paro han logrado que el gasto público se eleve hasta el 46,5% de la riqueza nacional. Ante tal situación, la entidad concluye que el Gobierno incumplirá con su objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB en 2013, tal y como ha pactado con Bruselas.

Aunque la economía saliera de la recesión y los ingresos fiscales experimentaran cierta recuperación, la Administración Pública se verá abocada a poner en marcha un duro plan de ajuste centrado en recortar el gasto público hasta un 8,5% del PIB de aquí a 2013 o, lo que es lo mismo, unos 20.000 millones de euros anuales. Para ello, el peso del gasto corriente y de los sueldos de los funcionarios tendría que retroceder, como mínimo, hasta los niveles de hace 10 años, lo cual se traduciría en recorte de plantillas y salarios en el sector público, tanto a nivel estatal como autonómico o local.

De hecho, la entidad recomienda fijar un techo de gasto a las administraciones autonómicas, cuyo dispendio está siendo, en la mayoría de los casos, igual de alarmante que el protagonizado hasta ahora por el Gobierno central. No obstante, la mayoría de las comunidades autónomas registrará un déficit presupuestario en 2010 superior al límite del 2,5% del PIB fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado año, según la agencia de calificación Fitch.

Si todo ello se llevara a cabo, es decir, si el Gobierno efectuara el tijeretazo necesario para regresar al 3% de déficit, la deuda pública ascendería al 73% del PIB en 2012, casi el doble que antes de la crisis. Y, de hecho, aún manteniendo el equilibrio presupuestario a partir de esa fecha, el nivel de deuda pública no regresaría al límite máximo del 60% del PIB que impone Bruselas hasta la siguiente década: 2021 ó 2024, según los analistas de la entidad.

Hasta aquí el panorama previsto siempre y cuando se hiciera lo que tiene que hacer. Sin embargo, mucho me temo que la realidad será muy distinta. ¿Se imaginan a Zapatero pactando con los gobiernos autonómicos un recorte salarial, aunque éste sea mínimo, a los más de 3 millones de funcionarios que trabajan hoy en España? ¿Se imaginan a Salgado presentando para 2011 una reducción presupuestaria equivalente al 2% del PIB, y así hasta 2013? ¿Y a las autonomías aceptando un techo de gasto público? ¿Y a los sindicatos apoyando que el salario de los empleados del sector privado se ligue a la productividad? Sinceramente, hoy por hoy, no me lo imagino. ¿Habrá, pues, tijeretazo? Lo dudo. El Gobierno mantendrá su política económica hasta donde le permitan los inversores o Bruselas. La única cuestión pendiente es, si llegado a ese punto, habrá posibilidad de retorno.

Chávez y el devastador camino hacia el socialismo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Que durante años la situación fuera grave pero no dramática se debió simple y llanamente a que el tirano bolivariano sobrevivía gracias a las rentas del petróleo y a la rapiña puntual del sector privado.

Mal que bien, desde hace varias décadas Venezuela había logrado acumular importantes cantidades de capital que el gorila rojo, con sus características demagogia y retórica fascio-socialista, supo ir expropiando en nombre de un pueblo al que terminó acomodando en el parasitismo.

Hoy, Venezuela es un país con una economía destruida y una industria desmantelada. Su única exportación, su única fuente de riqueza, es el petróleo. Gracias a las ventas de esta materia prima al resto del mundo, los venezolanos obtienen los dólares que necesitan para poder comprar en el extranjero todo –todo– lo que les falta.

Así, desde 2003, momento en el que Chávez decidió impedir a las empresas privadas huir de su dictadura imponiendo un control de cambios, todo ciudadano que desea comprar al extranjero, ha de acudir con esa bazofia de divisa llamada bolívar ora al Gobierno ora al mercado negro. Hasta el pasado 10 de enero, el Gobierno, a través de su sucursal el Banco Central de Venezuela, vendía un dólar por 2,15 bolívares, pero sólo a los individuos que contaran con el favor de Chávez. Son las consecuencias del control de cambios: si el Estado no te quiere proporcionar divisa extranjera, no la puedes obtener a menos que acudas a medios alegales o ilegales.

Los particulares, gracias a su pequeñez, tenían la opción del mercado negro, donde podían adquirir dólares a precios que alcanzaban hasta los siete bolívares por billete verde. Pero las grandes empresas tenían que pasar por el filtro de Chávez, lo que generalmente significaba la negativa a la compra de dólares, agravando la destrucción de la industria venezolana (¿se imaginan como funciona una compañía que no pueda adquirir los factores productivos que necesita?). La nueva oligarquía venezolana temía que las grandes empresas sacaran su dinero del país y se lo entregaran a sus legítimos propietarios –los accionistas– en lugar de brindárselo con las manos atadas a los legitimados ladrones del régimen; de ahí que numerosas compañías españolas, como Telefónica, tuvieran millones de euros de beneficios cautivos en forma de bolívares que ahora se han diluido como un azucarillo.

Tras la devaluación del bolívar el pasado 10 de enero, a los venezolanos les costará 4,3 bolívares comprar un dólar. Así, los venezolanos deberán pagar el doble por los productos extranjeros y por sacar el dinero al exterior.

Nadie debería sorprenderse, pues, de que después de esto la ya de por sí elevada inflación (en 2009 superará el 25%) estalle, no sólo porque el precio en bolívares de las importaciones se ha disparado, sino porque la capacidad de Chávez para inflar la cantidad de bolívares sobre una misma base de dólares se ha multiplicado por dos.

El gorila tilda de "especuladores" a quienes simplemente tratan de repercutir los costes que él ha multiplicado a los precios y ya ha empezado a extender las garras del Estado sobre los negocios cuya única alternativa a no incrementar los precios era echar el cierre. Si vendías a cinco lo que comprabas a cuatro, difícilmente podrás seguir vendiendo a cinco lo que ahora te cuesta a ocho.

En realidad, sin embargo, los comercios venezolanos no tienen alternativa. Es una ficción incluso que puedan optar por cerrar. La devaluación del bolívar se encaminaba, desde un principio, a expropiar la poca riqueza que les quedaba a los ciudadanos y a las empresas extranjeras, a obligarles a entregarle al Gobierno el doble de sus ahorros para poder acceder al mercado exterior. Todo ha sido programado para que el entramado empresarial pase a ser propiedad exclusiva del chavismo. Cómo se implemente esta nacionalización es sólo cuestión de detalles (inflación, devaluación, expropiaciones, regulaciones…). No se trata de subir los precios y de ser nacionalizado o de mantenerlos y echar el cierre: Chávez pretende que todo pase a su propiedad. Y es que amamantar a un país en ruinas mediante las subvenciones estatales obliga a robar hasta la última migaja de pan al sector privado.

Tal y como tristemente están redescubriendo los venezolanos y los empresarios que creyeron que podrían hacer negocios con el régimen, el camino hacia el socialismo está repleto de miseria para todos los individuos salvo para los que integran la nomenclatura. No lo olvidemos nosotros también: ése es el "progreso" que nos vende a diario la izquierda, nuestra izquierda.