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El capitalismo lo aguanta (casi) todo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La noticia de que Gallardón va a gastar casi 10.000 euros por minuto en 2010 –y de que lo vaya a hacer en un combinado de inversiones para su promoción personal y para hacernos la vida imposible a quienes residimos en Madrid– muestra hasta qué punto nuestras administraciones públicas se han expandido hasta límites que deberíamos haber considerado intolerables desde hace mucho tiempo. Si trasladáramos ese cálculo a la administración central, alcanzaríamos cifras igualmente indignantes: Zapatero espera gastarse el año próximo (aunque a tenor de 2009, será mucho más) más de 320.000 euros por minuto, esto es, más de lo que ingresarán muchos españoles en 15 años y, desde luego, más de lo que ahorrarán muchos en toda una vida.

Estos números ilustran como pocos una inquietante realidad: los Estados se han convertido, casi sin excepción, en los principales agentes de las economías occidentales. La economía de mercado, asentada sobre la soberanía del consumidor en elegir qué quiere y qué no quiere consumir, combinada con la autonomía del capitalista para descubrir cuáles son los métodos más eficientes para servir al consumidor, ha quedado arrinconada a una mínima expresión. Probablemente, si al asfixiante gasto público le añadiéramos las regulaciones, bastante menos de un tercio de las economías modernas seguiría mereciendo el apelativo de economía de mercado.

Y sin embargo, las personas que actúan en ese reducto de libertad son tan eficientes, perspicaces, ingeniosas, creativas y capaces como para sufragar los milmillonarios despilfarros de nuestras administraciones públicas y para incrementar de manera muy sustanciosa el nivel de vida de las masas. Del mismo modo que unos diminutos mercados negros sirvieron como válvula de escape para las inclemencias y miserias del comunismo, el capitalismo que resta tras deducir impuestos, regulaciones, prohibiciones, inflaciones, manipulaciones de los tipos de interés, restricciones ecologistas y controles de precios basta para que, año a año y pese a los ciclos económicos, Occidente sea cada vez más rico.

Los socialistas de todo pelaje y color llevan un siglo tratando de cargarse desde dentro esta maravillosa institución natural que es el mercado y todavía no lo han logrado; una prueba más de que la inteligencia dispersa y espontánea de millones de individuos supera cualquier expectativa y previsión que pueda realizar una mente individual tratando de planificar los procesos sociales. Sólo cabe preguntarse y lamentar qué cotas de desarrollo habríamos alcanzado si sectores enteros de la sociedad no se dedicaran y se organizaran para rapiñar, ponerles la zancadilla e impedir la creación de riqueza al resto de la sociedad.

En definitiva, si la muy intervenida economía española es capaz de resistir a los manirrotos gallardones y zapateros durante los próximos años, el capitalismo habrá logrado un nuevo hito difícil de superar, pues ni siquiera una de las sociedades más endeudadas, desestructuradas, anestesiadas y estatalizadas de Occidente se quedaría estancada en su propia parálisis funcionarial.

Veremos qué nos depara 2010. Pero si hay razones para ser optimistas, desde luego se las debemos a los empresarios, a los capitalistas, a los especuladores, a los ahorradores, a los trabajadores y a los consumidores que tratan de volver a coordinarse en ese grandioso esquema que se llama división del trabajo y del conocimiento para volver a generar riqueza. Sin duda, no habrá que buscar esperanza en políticos, grupos de presión, sindicatos o patronales que sólo pretenden sobrevivir a costa de la capacidad y de los esfuerzos de los demás.

Que tengan un próspero 2010, neto de minutas socialistas.

España en 2010

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Echando la vista atrás, no cabe duda de que el pronóstico se ha cumplido: acabamos de sufrir la mayor recesión económica de las últimas décadas tras registrar una caída del PIB superior al 5% –si se descuenta el peso de los estímulos públicos–; un paro muy próximo al 20%; y un intenso descuadre en las cuentas estatales, con un déficit superior al 7% a cierre de año.

Ahora bien, ¿qué cabe esperar de 2010? Organismos y analistas ofrecen sus previsiones para el año entrante. En este sentido, lo primero que cabe resaltar es que este tipo de pronósticos son inútiles, ya que fallan estrepitosamente en la inmensa mayoría de los casos. Son meras adivinanzas carentes de valor porque, entre otras cosas, hacen uso de modelos estáticos de naturaleza matemática que, partiendo de teorías económicas erróneas, no contemplan un principio básico en economía: el futuro está por hacer. Por ello, si fallaron en 2009, es muy probable que también lo hagan en 2010.

Sin embargo, sí es posible atisbar ciertas tendencias en España de cara a los próximos 12 meses. En concreto, una positiva y dos negativas. La buena noticia es que, tal y como cabía esperar, la recesión ha logrado purgar en 2009, al menos parcialmente, los excesos que generó la expansión crediticia orquestada por la banca central en la última década. El sobredimensionado sector inmobiliario se está ajustando, aunque muy lentamente, el consumo y la demanda de crédito caen con fuerza, el ahorro crece a tasas históricas y las empresas reducen costes y ajustan plantillas. Es decir, los agentes privados se están apretando el cinturón para sobrellevar su pesada deuda.

Como resultado, la crisis se ha llevado por delante 300.000 empresas y casi dos millones de puestos de trabajo. Sin embargo, la sana limpieza que aplica el mercado aún no se ha completado y, de hecho, se está postergando sine die por culpa de la intervención estatal. Como era de esperar, el Gobierno se ha puesto manos a la obra y, haciendo uso de la deuda pública, ha hecho lo peor que podía hacer.

Esto es, intentar salir al rescate de la economía mediante políticas de gasto: entre otras medidas, crear empleo artificial (Plan E); subvencionar la compra de coches; ampliar prestaciones por desempleo; comprar stock inmobiliario e impulsar la construcción de VPO; ingentes ayudas públicas a sectores industriales (industria, carbón, renovables…); concesión de créditos públicos (ICO); permitir trampas contables y refinanciaciones inútiles con el fin de retrasar la necesaria reestructuración y la quiebra de entidades financieras.

Los efectos de estas políticas ya son visibles: aumento récord del déficit público, subida de impuestos y restricción del crédito a empresas y familias solventes (crowding out). Si a ello se suma la inexistencia de reformas estructurales para mejorar la competitividad de nuestras empresas en el exterior, tan sólo cabe concluir que el Gobierno está impidiendo la ansiada recuperación económica.

Así pues, 2010 será una continuación de 2009. La agonía se prolongará gracias a la intervención del sector público. Si bien es posible que el PIB repunte en algún trimestre, el crecimiento económico será prácticamente nulo e incluso no se descarta un nuevo cierre en negativo. De este modo, España corre el riesgo de enquistarse con una tasa de paro estructuralmente elevada, próxima al 20%, ante la imposibilidad de generar empleo. Además, no cabe esperar ningún cambio de rumbo o corrección por parte del Gobierno.

Y es que es muy probable que el Ejecutivo socialista mantenga su estrategia de estímulos públicos e inexistencia de reformas y austeridad en las cuentas para mantener la pax social y asegurarse la reelección en 2012. Eliminar partidas presupuestarias y recortar de forma drástica ayudas públicas es un precio electoral que, hoy por hoy, no está dispuesto a pagar el PSOE. Así, de mantener esta senda, 2010 podría ser, sin duda, el inicio del fin. Un punto de inflexión a peor ya que, en ese caso, el Gobierno aumentará aún más la deuda y subirá otra vez los impuestos, convirtiendo en depresión lo que hoy es ya una intensa y larga recesión económica.

Condena a la SER, condena a internet

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Ambos son, además, grandes profesionales. Irago fue quien descubrió el grave escándalo de que el nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana tuviera un restaurante y radió en exclusiva la victoria de Kerry en las elecciones norteamericanas de 2004. Anido, por su parte, tuvo un papel fundamental en la movilización de las multitudes "espontáneas" que cercaban las sedes del PP el 13-M y fue quien descubrió la sorprendente decisión de Aznar de nombrar sucesor a Acebes . Esas son las grandes exclusivas de la cadena SER, propias de quienes ejercen "un oficio" que, según decía Anido, debía defenderse de "burgos, ansones, losantos, pejotas, ussías y alguna que otra schlichting" que cometían el pecado capital de criticar a las ministras de Zapatero, razón suficiente para llamarlos "puteros" y "pajilleros". Y es que ya se sabe que es pecado de leso progresismo criticar a una política de izquierdas, mientras que hacer lo propio con Esperanza Aguirre es de un mérito y un valor insuperables. Las contradicciones del feminismo de cuota.

Pero una cosa es el huevo y otra muy distinta el fuero. Tampoco aquí tienen excesiva razón los grandes profesionales de la excelsa cadena radiofónica. Una de las primeras cosas que aprendí del oficio de los "losantos" que pueblan esta santa redacción es que si se publicaban documentos en los que aparecían datos personales de los afectados, como el domicilio o el DNI, debíamos tacharlos o difuminarlos. Por otro lado, parece claro que los nombres de estas 78 personas que al parecer se afiliaron irregularmente al PP no tenían interés informativo ninguno pero es que, además, según la sentencia, se publicaron también sus domicilios. Algo que, a mi modo de ver, se aparta del derecho a la información para entrar de lleno en el gangsterismo político. No es una noticia, sino un mensaje: "Cuidado, no te afilies al PP si no quieres que todo el mundo lo sepa y además averigüe donde vives para darte tu merecido, so facha."

Y sin embargo… el juez también hace una cosa muy fea. Aunque parece accesorio en la fundamentación de la sentencia, argumenta que internet no es un "medio de comunicación social" como pueda ser un periódico o una radio, sino "universal", como el teléfono; por tanto, carecería de las protecciones de las que disfrutan los periodistas. Es decir, que si aquí en el "Grupo LD" doy una primicia en nuestra radio o nuestra televisión disfruto de las garantías adicionales de ejercer el derecho a la información, pero si lo hago en el diario digital no.

Tiene razón en parte el magistrado, porque "internet" así, en general, no es un medio de comunicación tal y como lo entendemos tradicionalmente. Sin embargo, cualquier web que está en internet puede serlo. Facebook quizá no lo sea, pero un diario digital o el blog de un señor de Albacete sí. Y si uno u otro publica una noticia, debe contar con las mismas garantías que cualquier periodista sesentón que lleva treinta años escribiendo en El País.

Curiosamente, en la SER también les deben enseñar lo mismo que aprendí yo en Libertad Digital. En la sentencia que han publicado, los DNI de los periodistas condenados están tachados. O han aprendido con el tiempo o consideran que eso de la intimidad sólo es aplicable a los suyos. Casi apostaría por lo segundo, pues no he visto que se rasgaran las vestiduras cuando Antonio Rubio fue acusado, con mucho menor fundamento, de lo mismo que ellos se han visto condenados.

Cosa juzgada y cubrir el expediente

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

De otra manera, la labor de los tribunales sería meramente consultiva; se limitaría a emitir dictámenes u opiniones. Cuando una resolución judicial adquiere firmeza no puede modificarse y vincula al juez o tribunal que la dictó (cosa juzgada formal). Especialmente las sentencias firmes surten efectos de cosa juzgada material desde una doble perspectiva. Por un lado, su existencia supone la eliminación teórica de la posibilidad de volver a tratar y decidir el mismo asunto (efecto negativo de la cosa juzgada) y, por otro, en el caso de que se siga un segundo proceso por un hecho idéntico, la sentencia que recaiga en éste deberá ser acorde a la primera (efecto positivo).

Ahora bien, una de las singularidades del proceso penal respecto a los demás estriba en que no ampara la eficacia de la cosa juzgada material de carácter positivo o prejudicial. Antes al contrario, en los sistemas jurídicos de los países occidentales, y de aquellos adheridos al Pacto de Nueva York sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por España en 1977, rige el principio "non bis in idem", según el cual nadie puede ser juzgado, ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la Ley y el procedimiento penal de cada país. Dicho de otra manera, tal como declara la jurisprudencia del Tribunal Supremo, una vez resuelta una causa criminal por sentencia firme o resolución asimilada, no cabe seguir después otro procedimiento del mismo orden penal sobre el mismo hecho y respecto a la misma persona.

Vienen estas consideraciones al caso si se repasan los motivos de distintas resoluciones de la Audiencia Nacional (dictadas tanto por instructores como por salas de apelación) para desestimar la práctica de diligencias propuestas por las acusaciones particulares de Gabriel Moris y la Asociación de Ayuda a las víctimas del 11-M. En todas ellas se esgrime como obstáculo para acceder a las mismas los efectos de cosa juzgada formal y material que se derivarían de la sentencia firme del sumario principal del 11-M, tal como quedó después de que el Tribunal Supremo estimara algunos de los recursos de casación que se interpusieron en su día. Cuestión distinta es la petición de "reapertura del sumario", que únicamente podría conseguirse si prosperase un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo que no se ha promovido (Art. 954 y ss. LECr) pero que no cabe descartar en función del desenlace del procedimiento penal contra Sánchez Manzano y la química de los Tedax y el descubrimiento de nuevos elementos de prueba.

Subyace en esos argumentos una notable confusión sobre la cosa juzgada en el orden penal, lo cual permite llegar a decisiones profundamente injustas. En efecto, los órganos de la Audiencia Nacional presentan unos contornos de los hechos probados sobre los explosivos de esa primera sentencia que quedan desmentidos por su mera lectura. Con independencia de que su consistencia quedara todavía más en entredicho después de conocerse el Informe Iglesias, los magistrados soslayan que la sentencia no agotó la cuestión de la procedencia, naturaleza y suministro de los explosivos empleados en los atentados de los trenes. Esa limitación determina, por lo tanto, una eficacia relativa de la cosa juzgada material (en su vertiente negativa) sobre ese particular y la improcedencia de prejuzgar las diligencias para profundizar sobre ese aspecto como redundantes.

Una segunda línea de argumentación sostiene que el juez de instrucción contradiría anteriores resoluciones del sumario dictadas por él mismo y confirmadas por la sala de apelación, es decir vulneraría la cosa juzgada formal. Sin embargo, dada la fase de instrucción en que se encuentra el sumario, esas decisiones tienen un carácter provisional y, en la medida que las diligencias deben dirigirse a la averiguación de la verdad material sobre los hechos, pueden reconsiderarse ante la aparición de nuevos datos. Por lo demás, el rechazo sistemático de las diligencias de prueba sobre los explosivos no va acompañado de un avance de las investigaciones oficiales, a pesar de haber transcurrido cinco años desde que el dimisionario juez del Olmo abriera dos causas relacionadas que luego se acumularon.

No obstante, el pasado mes de agosto, poco antes de rechazar las diligencias de prueba, el instructor actual levantó el secreto de las actuaciones al tiempo que desgajaba una parte para "investigar exclusivamente las personas relacionadas con la ayuda a huir de autores directos de los atentados del 11-M y explosión de las bombas de Leganés".

Nada ha vuelto a saberse de ese ímpetu estival por explorar vías de investigación que puede anticiparse que no llevan a ninguna parte, según reconoce el mismo instructor cuando sitúa a varios supuestos huidos a recaudo del régimen marroquí (lo cual veda su extradición a España para juzgarlos) o en paradero desconocido.

De forma alucinante, parece que los magistrados de la Audiencia Nacional que hasta ahora han afrontado unos delitos que podrían calificarse de lesa humanidad tan sólo habrían tratado de cubrir el expediente.

Montilla, Camps y Gallardón coinciden: ¡viva el consumismo!

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El Molt Honorable Josep Montilla exhortó hace unos días a los catalanes, con su proverbial pericia en el manejo del idioma, a que consuman con el siguiente argumento:

Esta gente que puede consumir o que se tiene que cambiar de coche lo tendría que hacer, o la gente que necesita una vivienda y tiene recursos para hacerlo la debería comprar. Seguramente haciendo estas cosas está contribuyendo a que su hijo o su vecino mantengan su trabajo.

Es de suponer entonces que su esposa, la de los 14 sueldos, no se arredrará a la hora de acudir a los grandes almacenes. Si se comporta de manera tan dispendiosa como aconseja su marido, ella solita será capaz de mantener todos los puestos de trabajo en la Ciudad Condal.

En las muy libertarias filas populares no han querido quedarse atrás en este asunto. El Consell valenciano ha pedido recientemente a la población local que consuma productos del terruño

por su calidad y cualidades nutricionales, pero también porque de este modo contribuimos a generar riqueza y empleo en las comarcas de nuestra Comunitat.

Lo que no entiendo, entonces, es cómo Milano pudo echar el cierre, con las cuantiosas adquisiciones que se realizaban en Valencia.
 

Como no sólo de súplicas políticas vive el hombre, los ayuntamientos de media España se han visto forzados por las inclemencias de la crisis económica –muy en contra de su voluntad, claro– a ser especialmente desprendidos a la hora de alumbrar las zonas comerciales de sus ciudades, a ver si así se anima el personal y deja limpias las tiendas.
 

Sólo nuestra ilusionante alternativa política al socialismo zapateril, el ex militante de Alianza Popular y actual alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, se ha gastado la friolera de 4,6 millones de euros en colocar lucecitas para lar lustre a los escaparates de los grandes centros comerciales de la Villa y Corte: todo sea por machacar un poco más las muy machacadas tarjetas de crédito de los madrileños.

Cuando las empresas privadas recurren al merchandising para incrementar sus ventas se les viene encima una avalancha de condenas por tratar de manipular al consumidor; pero cuando son nuestros políticos quienes lo hacen, por lo visto hay que aplaudir con las orejas, pues todo lo hacen en pro del bien común.
 

Sin duda, uno no sabe muy bien qué hacer ante estas luminarias. Ora denuncian que el consumo excesivo del ostentoso Occidente está destruyendo ese planeta, que no es de nadie salvo del viento, ora se lamentan de que no consumimos lo suficiente como para que todo hogar tenga una buena hogaza de pan en la mesa. Consideran necesario tanto el racionamiento del consumo y el alza de los impuestos como el fomento del consumo y el aumento del gasto público. Todo ello, guardando la muy preciada consistencia que requiere cualquier plan de actuación política para resultar eficaz.
 

Aún así, no estaría de más recordarles que Standard and Poor’s acaba de colocar en perspectiva negativa a España, entre otros motivos, por su elevado endeudamiento privado: familias y empresas acumulan unos pasivos equivalentes al 177% del PIB. Puestos a tratar de aclarar nuestras tenebrosas perspectivas, ¿no habría tenido más sentido, tal vez, recomendarles que aparten un poquito de dinero para reducir ese abultado endeudamiento? ¿Acaso alguien en su sano juicio –esto es, no incapacitado por prodigalidad– se dedica a fundirse todos sus ingresos en productos innecesarios cuando carga con una montaña de deudas y en el futuro pintan bastos?
 

El sentido común parece dictar que más nos valdría limitar el consumo tanto como sea posible, ahorrar el resultante, minorar parte de nuestra deuda (¿qué tal una cancelación anticipada de las hipotecas para acelerar la recapitalización de nuestro zozobrante sistema bancario?) e incrementar la presencia de activos en nuestro patrimonio que nos proporcionen rentas alternativas a las salariales (¿cómo le suena acudir a las ampliaciones de capital y a las refinanciaciones de deuda de nuestras empresas más solventes?) .
 

Pero, ¡ah!, nos dicen nuestros políticos, si nadie consume, ¿qué pasará con los puestos de trabajo de nuestra economía? A lo que John Stuart Mill habría respondido, hace 160 años: "La demanda de bienes de consumo no equivale a la demanda de trabajadores". O, dicho en román paladino: si nadie ahorra, ¿qué pasará con todos los puestos de trabajo que dependen de que los bancos vuelvan a ofrecer crédito, y familias y empresas a demandarlo?
 

Porque el consumo tiene un arreglo sencillo: si nadie en España quiere consumir, las compañías podrán vender su mercancía al extranjero… si bajan lo suficiente sus precios (y sus costes, entre ellos los salariales, mis muy apreciados sindicatos). De paso, además, contribuiríamos a reducir nuestro muy considerable déficit exterior, otro de los motivos de preocupación para Standard and Poor’s.

Pero a diferencia del consumo, el crédito, cuando es desbordante, no tiene arreglo vía ajustes en el precio. Ningún banco concederá más préstamos, por muy elevados que sean los tipos de interés, si se encuentra al borde de la quiebra; y ninguna familia o empresa demandará más créditos, por muy bajos que sean los tipos, si se ha sobreendeudado para acometer inversores que han terminado siendo ruinosas.
 

Pues bien, los bancos españoles van a tener en los próximos años problemas de solvencia muy serios –de los que quizá no consigan salir vivos–, y nuestras familias y empresas han destinado tal cantidad de deuda a financiar inversiones fallidas (viviendas a precios infladísimos), que durante mucho tiempo no se plantearán endeudarse más para acometer los nuevos proyectos que resulten rentables en medio de la crisis.
 

O purgamos nuestra economía rápida y decididamente, como hace cualquier empresa sensata cuando se da cuenta de que se ha equivocado en su plan de inversiones, o seremos purgados lenta pero irrefrenablemente por una economía moribunda.
 

Si pretendemos viajar de Madrid a Valencia con nuestro automóvil y a mitad del trayecto nos explota el motor, de poco servirá que nos pongamos a empujar: o arreglamos el motor, o abandonamos el coche y seguimos caminando. En cualquiera de los dos casos, más nos valdrá no malgastar energías con empujoncitos estériles.
 

Sin embargo, parece que el empujón del consumismo navideño conseguirá este año reanimar el motor de nuestra economía. Comprando sartenes y juegos para la Playstation 3 conseguiremos recapitalizar nuestros bancos, dar salida a un stock de más de un millón de viviendas vacías, aligerar la enorme deuda de nuestras familias y empresas, corregir los 80.000 millones de estructural déficit público y equilibrar nuestro desajuste exterior. Eso es lo que proclaman los infalibles políticos del Reino de España, y en eso se gastan nuestro dinero. En estas fechas, en las que ningún corazón alberga maldad alguna y en nuestras acciones están iluminadas desde lo más alto, habrá que creerles, ¿no?

Por qué no confiar en la Wikipedia

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Los calentólogos han procurado, con bastante éxito, impedir la publicación de los escépticos en revistas científicas y no incluir sus estudios en el IPCC cuando éstos lograban saltar la censura.

Lawrence Solomon ha puesto de manifiesto cómo un sólo hombre, un informático que trabajó durante años en la elaboración de modelos climáticos, William Connolley, ha logrado hacer desaparecer toda traza de críticas a la teoría del calentamiento global de la edición en inglés de Wikipedia. Alcanzó el estado de administrador, desde el cual editó 5.428 artículos de la Wikipedia, en buena parte relacionados con el clima. En sus esfuerzos, empleó sus privilegios con frecuencia para evitar que esos artículos respondieran al estándar de "Punto de vista neutral", revocando ediciones de otros internautas e incluso bloqueándolos.

Connolley es responsable de haber eliminado las dudas de los escépticos de los artículos sobre calentamiento global, efecto invernadero, registros de temperaturas, efecto de isla de calor urbana, modelos climáticos, enfriamiento global, óptimo climático medieval, pequeña edad de hielo y un sinfín de científicos escépticos. Como administrador ha borrado alrededor de 500 artículos que no le gustaban. Finalmente sus privilegios fueron revocados por emplear sus tácticas de matón de enciclopedia con un artículo sobre fusión fría; se ve que lo que hacía sólo estuvo mal cuando se salió de "su campo".

Pese a ello, Connolley –militante del Partido Verde– continúa empleando una gran parte de su tiempo con la Wikipedia y logrando imponer sus puntos de vista con éxito. Lo que lleva a una conclusión importante, como es la poca confianza que ofrece la enciclopedia en asuntos "calientes", y no me refiero a la temperatura. La política, la economía e incluso la ciencia en aquellos campos tan tremendamente politizados como la climatología son asuntos sobre los que no se debe consultar en la "enciclopedia libre". Mi experiencia personal es que tiende más a la izquierda, quizá porque quienes más tiempo ocupan en la edición de la Wikipedia son jóvenes y éstos tienden a ser más de izquierdas que el público general. Pero aunque fuera al revés, eso no cambia lo esencial: pese a las reformas y sus intentos de cambiar, lo cierto es que la Wikipedia no puede ofrecer una defensa eficaz contra un punto de vista no neutral si hay activistas con interés y dedicación suficientes para imponerlo.

Si estamos hablando de un artículo sobre matemáticas o la biografía de, no sé, Faraday, es improbable que existan razones personales tan fuertes que lleven a arruinar el artículo. Por eso Wikipedia es tan gran invento y la gente tiende a confiar en ella de forma más o menos ciega. Pero del mismo modo que con los medicamentos hay que "leer las instrucciones y consultar con el farmacéutico", hay sitios web que se debe aprender a usar. Incluso, si tenemos tiempo, registrarnos en la versión española y aportar nuestros conocimientos, intentando no imponer nuestro punto de vista, sino luchando por alcanzar ese imposible equilibrio llamado "neutralidad".

Ni patronal ni sindicatos

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

No obstante, su liderazgo lleva en entredicho varios meses, tanto a nivel interno como externo. En concreto, desde que la crisis económica comenzó a aflorar las debilidades y posibles errores de gestión en sus empresas.

Los líderes sindicales, por el contrario, no se deben preocupar de este tipo de problemas, ya que desde hace décadas sus cargos no dependen en ningún caso del aumento de afiliados o la presentación de unas cuentas saneadas. Para inyectar dinero en UGT y CCOO ya está papá Estado, que bien se encarga de engordar año tras año las nada maltrechas carteras de los liberados sindicales gracias a los impuestos de los contribuyentes.

La debilidad de Díaz Ferrán, que la pasada semana protagonizó un amago de dimisión, es vista por sus opositores y el propio Gobierno como una oportunidad para deshacerse de una figura algo incómoda a la hora de pactar la más que necesaria reforma laboral. Su aspiración, colocar en la poltrona de la CEOE a alguien más afín a las posturas del Gobierno para facilitar un acuerdo que no soliviante a los sindicatos y así mantener la pax social –y el consiguiente rédito electoral– en un 2010 que se presenta difícil.

Sin embargo, la clave no radica en si Díaz Ferrán es o no la persona adecuada para representar a la patronal en la negociación colectiva que acaba de reiniciar con Ejecutivo y sindicatos. La raíz del asunto va mucho más allá, y consiste en la función misma que desempeñan este tipo de agentes llamados "sociales". "Mesa de Diálogo", "agentes sociales" o "negociación colectiva" son cruces de la misma moneda. A saber, el keynesianismo imperante en el Estado de Bienestar.

Patronal, sindicatos y administración pública cuentan con potestad para imponer por ley salarios y condiciones laborales a millones de empresarios y empleados en España. Constituyen un oligopolio con capacidad plena para imponer por la fuerza una determinada forma (arbitraria) de hacer las cosas. Por desgracia, el mercado de trabajo no existe en España porque el uso del término "mercado" carece de sentido en un ámbito en el que unos pocos privilegiados deciden por el resto.

Libertad es, en gran medida, poder o capacidad de decidir por uno mismo, y es evidente que tal concepto brilla por su ausencia en las interacciones que efectúan empleadores y empleados. La ley regula todos y cada uno de los aspectos de la relación laboral, imprimiendo una rigidez cuyos efectos ya conocemos: la tasa de paro más elevada de los países desarrollados.

La fuerza laboral no se rige por criterios de mercado. El salario y las condiciones de trabajo no son acordadas libremente entre empresario y trabajador, sino que son impuestas desde arriba. La ley universal de la oferta y la demanda ha sido borrada del mapa mediante una voluminosa regulación heredada del franquismo.

La reforma laboral que precisa España debería empezar por eliminar los privilegios legislativos que ostentan los "agentes sociales". El trabajo, al igual que cualquier otro recurso, debería regirse única y exclusivamente por la ley del mercado. De este modo, eliminando "salarios mínimos" y "convenios colectivos", los agentes individuales, auténticos protagonistas del proceso de mercado, podrían contar con una libertad de la que hoy carecen por completo.

Empleador y empleado son los únicos que deben decidir libremente el fondo y forma de sus relaciones contractuales. El estrangulamiento del mercado, como por ejemplo la fijación de precios por ley o la aplicación de una fiscalidad elevada, tan sólo crea distorsiones perversas que, siempre y en todo lugar, acaban por generara escasez, despilfarro de recursos y pobreza. Da igual el ámbito al que se aplique: alimentos, energía, trabajo… Limitar la propiedad privada y los acuerdos libres entre individuos siempre acarrea problemas. Por ello, ni patronal ni sindicatos son actores legítimos para decidir por nosotros.

Lorca en los huesos

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Lorca sigue con nosotros, gracias a su poesía. Pero sus huesos… ¿será necesario decirlo? Sus huesos no hablan. Para ello es necesario un salto simbólico, que los convierta en protagonistas de una narración. No un relato histórico, porque es insuficiente. Un relato de memoria histórica: un recuerdo impreciso, una reconstrucción incompleta y falaz con la carga precisa de amor y de odio, y un villano lo suficientemente genérico (la derecha) como para poder concretarlo en media España, hoy y siempre. El Lorca verdadero murió. Y el que vive no dedicó su obra al odio político. Este Lorca en los huesos el que busca el Gobierno, sin éxito, es otro

Mientras nuestra derecha marxista se afana con los números, el INE(M) y las encuestas, nuestra izquierda tiene muy claro cuál es su objetivo, el poder sin medida, y el método, la apelación constante a los sentimientos. Esa es la razón de que los discursos de Zapatero sean tan vacíos, de que hable de la Tierra y el viento; siempre apela a los sentimientos. Un cortocircuito de la razón.

Funciona. La manipulación de los sentimientos le dio a Zapatero una victoria con la que él, sé bien lo que digo, no contaba. En 2008 otro atentado inundó de sentimientos el día de las elecciones, y en ese terreno la izquierda juega en casa. Pero esos sentimientos necesitan un marco ideológico para adquirir sentido y alcanzar toda su potencia, para ser efectivos. Por eso no se puede confiar la estrategia electoral en el número de parados y es necesario dar la batalla de las ideas.

Pagar más y consumir menos

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Los políticos se sientan en una mesa y planifican (tras negociar con las eléctricas más importantes) la estructura del sector a medio y largo plazo según su visión ideal del mundo, que no tiene y no suele coincidir con la de los consumidores finales; hogares y empresas. El desajuste entre un sector planificado desde arriba y una realidad de mercado bien distinta provoca que cada nueva ley sea un parche que intenta tapar los descosidos de la norma anterior. Muchas empresas han montado una estructura tan costosa que de tener que ofrecer su electricidad en un mercado libre, perderían los clientes en beneficios de otras empresas más pequeñas que han logrado mantener un modelo de negocio más tradicional. La situación es insostenible.

Esta realidad kafkiana es lo que explica las (de otro modo incomprensibles) declaraciones realizadas por el presidente ejecutivo de Iberdrola a Financial Times, en las afirma que los consumidores deberían “pagar más y consumir menos” electricidad. Es posible que se nos obligue a pagar todavía más pero todos sabemos que los consumidores no van a demandar menos sino más electricidad. La era digital y de la información no ha hecho más que empezar y mantener su crecimiento significará un continuo incremento de la demanda energética.

¿Y por qué debemos pagar más? El presidente de la primera empresa eólica de España expone en su entrevista la versión según la cual las facturas energéticas de los hogares todavía representan una parte muy pequeña de los costes que tienen que soportar. El problema de esta excusa es que la Tarifa de Último Recurso de los hogares es cuatro veces el precio de la electricidad en el pool. Esto lleva a pensar que los consumidores están pagando la electricidad a un precio muy elevado con respecto al mercado y que el verdadero problema está en otro lado.

De hecho, el propio Galán explica en otra parte de la entrevista el verdadero motivo por el que los consumidores deberían pagar más. El meollo de la cuestión radica en que las empresas eléctricas tendrán que realizar importantes inversiones para introducir los cambios que los políticos les piden para reducir las emisiones de CO2. Así que en el fondo el único problema es que ni aún con el elevado precio que pagan los hogares actualmente da para pagar el coste en el que incurren las empresas que se han dedicado a seguir de forma más fiel los designios políticos en materia energética incentivados por la zanahoria de las jugosas primas y subvenciones que en última instancia también pagan el consumidor final o el contribuyente.

La situación límite de muchas empresas españolas y la competencia de empresas extranjeras donde la energía es más económica hacen que el tejido industrial no pueda asumir un mayor coste de la electricidad. Por eso quienes defienden subidas piensan que se puede y debe hacer cargar a los hogares con el sobrecoste de las decisiones políticas.

En lugar de seguir liando el problema eléctrico con exigencias de pagar más y consumir menos, lo que habría que hacer es tener unas compañías eléctricas más productivas y que cobren menos. Es más, la solución a la mayor parte de los problemas de la humanidad, desde la producción de agua potable hasta el problema de la contaminación, pasa por producir más energía y más barata. Para eso necesitamos menos electricidad política y más electricidad de mercado.

La libertad no es negociable

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Más de medio año ha transcurrido entre una declaración y otra, prácticamente idénticas, y lo único que hemos visto ha sido un intento gubernamental de proteger los intereses del lobby de los derechos de autor a costa de los derechos de los ciudadanos.

Una diferencia fundamental entre entonces y ahora es que su imagen está, por difícil que pareciera hace algo más de medio año, todavía más dañada que en aquellos momentos. Debe de ser un papelón para ella decir, como lo ha hecho, que el Gobierno está "muy satisfecho" con el "debate social" sobre los derechos de autor en internet. La revuelta "internáutica" le ha dejado maltrecha ante la opinión pública, pero ella debe salir a dar la cara en nombre de todo el Ejecutivo. El hombre que piensa que la Tierra es del viento no dará la cara y seguirá dejando que la ministra de Cultura cargue con una responsabilidad que es de él.

En cualquier caso, ni el presidente del Gobierno al que alguien debió traducir aquello de the answer is blowin’ in the wind ni la guionista metida a política quiere reconocer la verdad. Lo que desde el Gobierno no se quiere reconocer es que lo que ellos llaman "debate social", –la revuelta de miles de internautas contra un intento de meter de forma rastrera una norma contraria a la Constitución– fue un movimiento en el cual la sociedad defendió la libertad frente a los intereses de unos grupos afines al poder.

No está en juego aquí el equilibrio entre "todos los intereses" o los "intereses de todos". Muy al contrario, de lo que se trata es de la libertad de expresión, puesto que contra ese derecho tan elemental intentaban atentar al pretender crear una comisión con capacidad de cerrar sitios web sin intervención judicial, frente a los privilegios de unos pocos beneficiarios del actual sistema de propiedad intelectual. Y no cabe debate o negociación posible en esos términos.

La libertad no es negociable. No existe legitimidad alguna para tratar de recortarla en defensa de intereses particulares. A no ser que quien tiene el poder se considere a sí mismo como un huracán arrasador o una benigna brisa y considere que "la libertad no pertenece a nadie, salvo al viento".