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La red, campo de batalla

Las ha envuelto en su discurso almibarado y les ha colgado uno de los pocos carteles con enganche que no había utilizado: Ley de Economía Sostenible. Este es un hombre de grandes miserias, puestas a la venta con grandes letreros. Alianza de Civilizaciones, Educación para la Ciudadanía, Ley de Economía Sostenible… ¿Qué será lo próximo? ¿Una Ley de Libertad Religiosa?

Doscientas páginas tiene el anteproyecto, y entre un par de recomendaciones a los bancos de que hagan su trabajo, la amenaza de cumplir a medias su programa de 2004 sobre los sueldos de los directivos y demás, se ha colado en el texto el espíritu de las navidades futuras, esas en las que la SGAE va cerrando páginas. ¡Toma ómnibus!

Usted siempre se ha preguntado para qué queremos un ministerio de Cultura. Además de para repartir dinero a una clase de artistas adocenados y pastueños, claro está. Pues para censurar. La ley prevé que un grupo de aleccionados cierre páginas web, y sin control judicial. La idea no ha sido de Salgado (la ley ha salido de su Ministerio) ni de Sinde, sino de Zapatero. El corazón de la SGAE late en La Moncloa, y su pulsión de control de internet no se apagará jamás. La red, campo de batalla por la libertad.

Un grupo de bloggers, sí, se ha reunido con la ministra y ha expresado ante el Gobierno el modo de pensar de centenares de miles, de millones de internautas. Es decir, de ciudadanos. Y por el momento, el Gobierno ha rectificado. Es más, la comisión censora, al parecer, se ha quedado sin atribuciones. ¿Dónde está el Estado, con su poder y su aureola de autoridad? Es una filfa moldeable por unas cuantas pantallas de ordenador. Pero reaparecerá.

Con razón quieren acabar con internet

En caso contrario, los grandes medios disimulan y siguen hablando de las mariposas hasta que el estruendo es tan enorme que se ven obligados a realizar una breve reseña. La línea editorial no la modifican, claro, que para eso son medios "independientes", y así podemos asistir a la divertida situación de ver un periódico nacional informando de que la teoría del cambio climático de origen antropogénico es un fraude que no creen ni sus propios valedores, mientras en la sección de ciencia el calentólogo de nómina sigue alertando a la humanidad su próximo fin (los progres son propensos a la grandilocuencia) si no se reducen las emisiones de CO2.

De todas formas, los españoles no podemos quejarnos demasiado, porque nuestros dos principales periódicos sólo tardaron una semana y media en acusar recibo del Climagate, mientras en Gran Bretaña, país del que surgió la noticia, lo han hecho seis semanas más tarde de conocer la información.

Ahora que estamos seguros de que Zapatero va a realizar una política liberticida en internet (ha afirmado dos veces lo contrario) es un buen momento para recordar que es precisamente este medio el que ha permitido que la verdad de la estafa climática salga a la luz, como anteriormente ocurrió con otros escándalos que los políticos y sus medios afines decidieron ocultar.

En España hemos estado solos durante muchos días informando a los lectores de esta canallada seudocientífica subvencionada por los políticos. En lo que respecta a los medios de comunicación profesionales, Libertad Digital ha estado en solitario cumpliendo con su deber, que es la forma más elegante y honesta de disfrutar la soledad, junto con centenas de blogs particulares que se han hecho eco de este escándalo aportando valiosa información en muchos casos. Se comprende que el fenómeno de internet preocupe mucho a los políticos, porque les priva del monopolio de decidir qué pueden o no conocer los ciudadanos, y a los medios tradicionales, cuyos peajes ideológicos les obligan a difundir únicamente las "verdades" tamizadas del poder. Precisamente por eso, los intentos de intervenir en la red arrogándose el derecho de cerrar los sitios incómodos debería preocuparnos a todos. Han empezado amenazando a las páginas que enlazan contenidos audiovisuales, pero no cabe dudar de que es sólo la puerta por la que el poder político entrará en internet y una vez dentro, expulsarlo será una misión casi imposible.

No se puede tolerar el menor ataque de los gobiernos hacia las nuevas tecnologías de la información, porque nuestra libertad es lo más importante. Incluso más que la discografía completa de Ramoncín y las obras completas de Suso del Toro, lo más descargado de internet a escala mundial desde hace décadas como es bien conocido.

González-Sinde, escudo de Zapatero

Ese iba a ser, por lo que parece, el famoso modelo español para combatir las denominadas descargas ilegales por internet. Sin embargo, ¿es eso cierto? No del todo.

El problema del anterior planteamiento es que no identifica de forma correcta a los actores. Por mucho que Rodríguez Zapatero haya salido a desautorizar a su ministra de Cultura, no es creíble que él no supiera de la inclusión de la famosa cláusula. Para empezar, el propio jefe del Ejecutivo había anunciado a bombo y platillo, y como para mayor gloria de él mismo, el proyecto de ley en cuestión. ¿Acaso haría algo así si no conociera su contenido? Una respuesta positiva a esta última pregunta sería como para ponerse a temblar al implicar una gran irresponsabilidad por parte del inquilino de La Moncloa.

Pero no queda ahí la cosa. Aunque muchos parezcan haberlo olvidado, la polémica medida había sido incluida en un proyecto de ley de un ministerio diferente al de González-Sinde. En concreto, el texto entra dentro del ámbito de responsabilidad de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Resultaría extraño que Elena Salgado no informara a su jefe de la inclusión de contenidos procedentes de otro departamento. Si hubiera actuado de esa manera, Zapatero debería plantearse muy en serio su inmediata destitución.

Recordemos además que no es la primera vez que desde un Gobierno presidido por Zapatero se intenta sacar adelante una medida así. Los borradores del proyecto de la LISI, con la que se reformaba la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, eran todavía peores. Llegaban a incluir a las entidades de gestión de derechos de autor entre las "autoridades competentes" para cerrar páginas web. Y en aquel entonces la ministra de Cultura era Carmen Calvo, no Ángeles González-Sinde. Quien sí ocupaba su cargo actual era el jefe del Ejecutivo. Esto suena a reincidencia.

Rodríguez Zapatero ha mostrado una gran cintura política. Se intenta colar de rondón una medida tan impopular como violadora de derechos fundamentales en una norma en la que nadie se la espera. Cuando se descubre, quien da en principio la cara es la más impopular de todos los ministros, González-Sinde. No le queda más remedio que convocar una reunión a un grupo de periodistas on line, blogueros y empresarios de internet (que, como ellos mismos recuerdan, acudieron a título propio y no como representantes de nadie). El encuentro fue, por lo que contaron los asistentes, de todo menos agradable e incluyó el intento de comprar voluntades.

El escenario estaba listo para que se focalizara en la ministra de Cultura el enfado de miles de ciudadanos y Zapatero pudiera vender su inocencia. No nos engañemos, es posible que en el futuro vuelvan a intentarlo, con Sinde o sin ella. El presidente encontrará a quien culpar si las cosas vuelven a salirle mal.

Lobbylandia S.A.

No miente el presidente del Gobierno cuando afirma, mitin tras mitin, que "saldremos más fortalecidos de la crisis". Se refiere a las grandes corporaciones. Zapatero se erige como dictador de la producción para canalizar los recursos privados hacia sus intereses económicos e ideológicos. ¿Qué ocurre cuando un dictador de la producción cree que el país que gobierna es su propiedad y lo explota?

Un caso extremo es el comunismo. No hay propiedad privada y el dictador marca las líneas económicas de producción, precios y procesos. Es un sistema económico en una dirección, el de la oferta hacia la demanda, sin feedback. El problema es que el mercado no se retroalimenta con información para adaptarse y acaba quebrando. Es lo que Mises llamó "imposibilidad del cálculo económico socialista". No es esta la situación que estamos viviendo –el comunismo murió– pero es similar. Lo que se lleva ahora es la unión entre Estado y gran empresa. El Capitalismo de Estado, Corporativista o Nuevo Orden Mundial.

Este miércoles el presidente del Gobierno dijo que "hoy nos cuesta más producir un kilovatio con energía renovable que con petróleo". ¿Y dónde está el negocio de la ecología pues? En las leyes y subvenciones, esto es, en la capacidad que tenga el Gobierno para robar a sus ciudadanos, y no el de la utilidad o negocio de las empresas. El Gobierno tiene claro adónde ha de ir la producción y establece un marco jurídico y económico para promoverlo. Aquí es donde la economía comunista y "corporativista" se separan. Aparecen los amigos del dictador productivo y empresas que quieren lucrarse del nuevo marco gubernamental. Pizarro lo expresó más claramente: el Gobierno dará el dinero de la Ley Sostenible "a quien le dé la gana". ¿Y quiénes son los afortunados? Si sigue un poco el mundillo político-económico lo habrá adivinado ya: ACS, Abengoa y Acciona. Muy posiblemente hasta 2011 estas tres empresas se van a repartir 20.000 millones de euros de nuestros impuestos. Mientras tanto, el paro seguirá aumentando hasta el 20,5%. El déficit público continuará por las nubes y la deuda casi llegará al 75% del PIB, según la CE.

Las tres compañías siempre han sido el ojo derecho de Zapatero (entre muchas otras). Las tres se dedican a la sostenibilidad y reciben grandes cantidades en subvenciones y pedidos de gobiernos extranjeros y del nacional. Las tres son suficientemente grandes como para cotizar en el Ibex-35. A diferencia de un sistema comunista, una vez que el Estado ha trazado sobre el mapa el nuevo esquema productivo, los beneficios son cantados. Ahora interviene la "mano invisible" del mercado. ¡Pero ojo! invisible no significa que no esté manipulada por los burócratas del Gobierno. Llevan la mano invisible de las grandes corporaciones ahí donde ellos quieren, al bolsillo del erario público.

El mercado (manipulado con falsos estímulos e incentivos gubernamentales), se deja llevar por las posibles rentabilidades empresariales. Accionistas, fondos y especuladores acuden rápidamente para tener su parte del pastel. No sólo en el mercado de valores, también en la economía física con nuevas empresas, acreedores, intermediarios y proveedores. Los escenarios productivos se dilatan llenándose de empresas de todos los tamaños.

Estas empresas crecen, su volumen también, las acciones y sus dividendos suben. Es lo que ocurrió con el ladrillo. El problema viene cuando nos miramos la producción útil de estas empresas. ¿Cómo puede una empresa que debería tener pérdidas –como el propio Zapatero admite– ser la estrella de la economía? Por la intervención del Estado. Añádale a esto la habitual expansión monetaria o de dinero barato y voilà, ya lo tiene.

Este gran auge, este proceso de inflación sin respaldo de producción es lo que se llama burbuja. No es más que una ilusión de beneficio que se esfuma de la misma forma con la que se ha creado. Los empleos generados, desaparecerán. Los beneficios también. El ajuste, o pinchazo de la burbuja sólo dejará un ganador, la gran empresa, que sólo es responsable de los altos beneficios pero no de las pérdidas. Lo hemos visto con el motor, la construcción y la banca. España es lobbylandia S.A., el país donde cualquier rent seeker ("rentista estatal" en una traducción muy libre) puede forrarse, destrozar económicamente un país y jubilarse con honores.

El ecologismo es un negocio de grandes empresas y Estado. Salgado negó que la Ley de Economía Sostenible sea franquista. La ministra no sabe de franquismo ni de economía. La "ley sostenible" es economía del fascismo, la del dictador de la producción que considera el país su propiedad privada (a propósito vea este vídeo de la Falange contra el capitalismo: el discurso podría haber sido perfectamente redactado por Salgado o Zapatero). En algunos años veremos las consecuencias de la unión entre Estado y gran empresa… ¡otra vez! ¿Quién cree que pagará los platos rotos? Como siempre, las clases bajas y media.

Al menos destine parte de sus ahorros, si es que aún le quedan, a alguna empresa "sostenible". Contribuirá a la catástrofe, pero al menos habrá sacado algo si se retira a tiempo.

El arte del capitalismo

Sin financiación pública, dice Guardans, no habría ópera ni música clásica en España. El Estado es, pues, imprescindible, cuando no el motor de la cultura.

No es así en Estados Unidos y la pregunta es por qué. Según el informe How the United States Funds the Arts de la NEA, en Norteamérica el sector privado es el principal abastecedor de las instituciones artísticas, por medio de donaciones de particulares y empresas, patrocinios y suscripciones, y pago de entradas. La financiación pública representa solamente un 13% de los presupuestos de las instituciones y organizaciones artísticas sin ánimo de lucro. Un 44% proviene de la venta de entradas, de las suscripciones a miembros y otros ingresos comerciales, y un 43% corresponde a donaciones (31% individuos, 3% corporaciones y 9% fundaciones). La financiación pública directa en el caso de las orquestas sinfónicas, por ejemplo, representa un 4% del presupuesto. Un teatro o una orquesta en Alemania recibe como mínimo un 80% de sus recursos por esa vía. El museo medio francés está casi totalmente subsidiado.

El presupuesto del Ministerio de Cultura francés fue de 2.639 millones de euros en 2004. El presupuesto de su equivalente americano, la National Endowment for the Arts, fue de 84 millones de euros el mismo año, un 3.2% de aquel montante o el presupuesto de una superproducción de Hollywood. Si añadimos el gasto público a nivel estatal y local la suma asciende ya a la considerable suma de 886 millones de euros, pero es una tercera parte del presupuesto de Francia en una país que tiene cinco veces su población y seis veces su PIB.

Como explica Tyler Cowen en su libro In Praise of Commercial Culture, esta relativa pasividad del Estado no ha sido un freno al desarrollo cultural, antes al contrario. Francia ha perdido su status como líder mundial en el ámbito artístico y es hoy un ávido importador de cultura americana. Estados Unidos figura en la vanguardia de ámbitos como el arte abstracto, la composición clásica moderna, la danza, la ficción, la poesía, la arquitectura, el jazz o el teatro. Desde 1965 a 1990 el número de orquestas sinfónicas pasó de 58 a casi 300, el número de compañías de ópera de 27 a más de 150, y el número de teatros regionales sin ánimo de lucro, de 22 a 500.

No en vano, a lo largo de la historia los centros artísticos y culturales más importantes han emergido en sociadades basadas en el comercio, con estructuras de gobierno descentralizadas o poco autoritarias. El Renacimiento tuvo su máximo exponente en ciudades-Estado comerciales como Florencia o Venecia. Los Países Bajos y su escuela flamenca vivieron su edad dorada en el siglo XVII, cuando era la región más próspera y el centro comercial más importante del mundo. El impresionismo francés nació al margen del Salón parisino controlado por el Estado, financiado por la demanda internacional y el capital privado fruto del auge industrial.

El capitalismo favorece la cultura de muchas maneras, directa e indirectamente. Expande y descentraliza las fuentes de financiación, promoviendo la independencia económica de los artistas; abarata los costes de producción, poniendo los medios al alcance de todos; aporta innovaciones tecnológicas en la difusión y la preservación del arte, aumentando la oferta cultural contemporánea y del pasado; instituye incentivos lucrativos para satisfacer la demanda de cultura y cubrir nichos de mercado; y genera la suficiente riqueza como para que dispongamos de tiempo libre y podamos cultivar nuestras inquietudes ascéticas.

La intervención del Estado atrofia la iniciativa privada en los ámbitos mencionados. Por ejemplo, si consideramos las donaciones individuales a causas artísticas, los estadounidenses donan diez veces más per cápita que los franceses. El menor volumen de donaciones no es consecuencia de la avaricia francesa sino del papel más intervencionista de su administración, que en lugar de complementar desplaza las iniciativas voluntarias. ¿Por qué vamos a hacer una donación si sabemos que el Estado se encarga de financiar el arte y además ya pagamos bastante con nuestros impuestos?

Por eso Guardans hace trampas cuando afirma que sin financiación pública no habría ópera o música clásica. Si el Estado dejara de subvencionar el arte, el mercado (empresas, organizaciones, patrocinadores, consumidores, artistas) tomarían progresivamente el relevo. El Wall Street Journal se hacía eco en un reciente reportaje, The Culture of Giving, de la influencia que el modelo americano de donaciones estaba teniendo en las instituciones artísticas europeas. El Louvre incrementó sus ingresos provenientes de la filantropía, los patrocinadores y el alquiler de espacios de un 6% en 2003 a un 16% este año. Para atraer donantes las organizaciones están siendo creativas: viajes artísticos, exhibiciones y conciertos especiales, cenas y tours privados etc. Un ejemplo de cómo el mercado establece incentivos para el desarrollo cultural.

El elogio de la cultura comercial de Tyler Cowen es el mejor antídoto contra la extendida opinión de que el capitalismo está en conflicto con el arte. "Créanme, mi único propósito es hacer tanto dinero como sea posible; después de una buena salud es lo mejor que se puede tener". No es una frase de Donald Trump, sino de Mozart.

El poder sobre el alquiler

Según sus promotores, la cacareada reforma dotará de mayores garantías a los propietarios de viviendas que son reacios a poner sus pisos en el mercado de alquiler, por el temor a un impago y se logrará, entre otras cosas, agilizar los procesos de desahucio. Se le ha llegado a colgar el apelativo de "desahucio express", nada menos. Por último, siguiendo una técnica legislativa defectuosa que consiste en abordar en el mismo texto una materia totalmente heterogénea, se reforman también un par de preceptos de la ley de propiedad horizontal para estimular que las comunidades de propietarios permitan la instalación de equipos que ahorren energía o de recarga de vehículos eléctricos en sus garajes.

Corroborando en parte el sobrenombre recibido en la prensa, el contenido procesal de la reforma avala la hipótesis de que profesionales con experiencia forense hayan soplado a los legisladores las tretas que vienen utilizando los inquilinos morosos que se especializan en burlar la acción de la justicia. Desde las dilaciones provocadas por el rechazo de las notificaciones, pasando por la solicitud de abogado de oficio poco antes de la vista de los juicios para conseguir su suspensión, hasta las argucias para malograr la ejecución de las sentencias de desahucio. Se aprecia en todo caso un buen hacer en la sistemática reforma procesal de apartados concretos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En resumen, las reformas introducidas por su artículo segundo simplifican los trámites reconduciendo también a los trámites del juicio verbal (en principio más concentrados y breves) las reclamaciones de rentas, cualquiera que sea su cuantía. Cuando el demandado rechaza la notificación personal, se exime a los demandantes de instar la notificación de cada fase del procedimiento por edictos en boletines oficiales y se facilita extraordinariamente la ejecución de los desahucios.

Se mantiene, sin embargo, la facultad de "enervar" el desahucio por una vez, esto es, conseguir que la sentencia que estima una demanda no surta efectos en virtud del pago de las rentas debidas por el arrendatario antes del juicio, salvo en el caso de que el arrendador hubiera requerido de pago al arrendatario con un mes de antelación a la presentación de la demanda. Asimismo, se percibe un voluntarismo infantil en la reducción de los plazos que se otorgan a los juzgados para resolver los procedimientos arrendaticios. Conociendo su funcionamiento, no hay ningún elemento que permita pensar que vayan a tardar menos cuando no cumplen los vigentes hasta ahora con la coartada – a veces cierta– de la acumulación de asuntos previos por resolver.

Ahora bien, los legisladores confían sus buenas intenciones de dinamizar el mercado en el perfeccionamiento de mecanismos procesales, pero desdeñan o pasan por alto otras causas de que muchos propietarios prefieran mantener sus casas vacías en lugar de alquilarlas para percibir una renta. Aparte de los motivos fiscales, se trata de la existencia de un derecho sustantivo imperativo que coarta la búsqueda por parte de los arrendadores e inquilinos concretos de las condiciones más favorables para sus situaciones particulares. La reforma que comentamos deja la Ley de arrendamientos urbanos vigente sustancialmente igual. La única novedad consiste en que el arrendador podrá dejar constancia en el contrato de manera justificada que necesitará la vivienda no sólo para sí, sino también para sus hijos o su cónyuge divorciado, si se da el caso, como única causa para impedir que la prórroga forzosa del contrato durante cinco años le sea aplicable (Art. 9.3 LAU). Por lo demás, este tipo de disposiciones, común también a las legislaciones de arrendamientos urbanos anteriores, se convierten en una fuente de inseguridad jurídica (y por lo tanto de litigiosidad) entre arrendadores e inquilinos, a propósito de la concurrencia o ausencia de esa causa de denegación de la prórroga forzosa.

Frente a la experiencia acumulada en España, esta reforma legal ha obviado recuperar la libertad de pactos en los contratos (parcialmente reconocida en el Art.1255 del Código Civil) especialmente respecto a la duración de los arrendamientos de vivienda (Artículo 1581 CC). En efecto, bastó que el artículo 9 de Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre medidas de política económica (Decreto Boyer) suprimiera la prórroga forzosa para aquellos contratos de arrendamiento que se celebraran a partir de su entrada en vigor para que, de repente, la oferta de viviendas en alquiler se incrementase notablemente en las ciudades españolas.

Lamentablemente, se ha desaprovechado otra oportunidad para liberalizar los arrendamientos de vivienda, aumentar la seguridad jurídica de los contratantes permitiendo que sean ellos quiénes negocien sus contratos sin interferencias y, por lo tanto, incentivar el alquiler de cientos de miles de viviendas vacías y la reducción de las rentas que podría derivarse previsiblemente en un mercado sin trabas.

Código abierto para la climatología

Todo lo contrario. La planificación central de corte comunista es la norma, no la excepción, en el ámbito de la banca, el crédito y los tipos de interés. El sector bancario es, de lejos, el más intervenido, regulado y controlado por el poder público en las economías desarrolladas.

Además, son empresas de titularidad privada, pero operan bajo un régimen de oligopolio en el que la entrada de competidores está fuertemente restringida al precisar de una autorización previa. Por si ello fuera poco, toda su actividad está supeditada a las normas, exigencias y requisitos de la banca central, el brazo financiero del Estado. Por último, los tipos de interés (el precio de dinero), el factor clave de toda la actividad crediticia, no fluctúan libremente. La entidad monetaria fija de forma arbitraria y artificial el tipo a aplicar en cada momento, según convenga a la banca o al Gobierno de turno.

Dicho esto, en los últimos días se suceden las informaciones relativas al mantenimiento de tipos históricamente bajos más allá de 2010. La Reserva Federal de Estados Unidos (la FED) contempla la posibilidad de mantener una tasa próxima al 0% hasta 2012; el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá el 1% hasta 2011, al igual que el Banco de Inglaterra (0,5%), según diversos analistas; y ya no digamos Japón, con tasas mínimas (en la actualidad, 0,1%) desde los años 90, tras el inicio de su particular depresión.

La cuestión es que no se trata de un debate nuevo. La fijación arbitraria de tipos fue una cuestión muy discutida durante el siglo XVII en Gran Bretaña. Por entonces, los mercantilistas abogaban por rebajar de modo considerable el tipo de interés máximo legal, fijado en el 8% (un tipo superior era considerado "usura"). Y ello, bajo la excusa de que la creciente prosperidad económica que disfrutaba Holanda se debía a los bajos tipos de interés, inferiores a los de Inglaterra.

Los mercantilistas se quejaban de que los tipos elevados perjudicaban el comercio exterior y el consumo interno, y veían el interés bajo como la panacea a todos sus males. Tras duras presiones, lograron que el Parlamento rebajara el tipo máximo del 8% al 6%, pero no contentos con ello intentaron bajarlo nuevamente hasta el 4% en 1668.

El problema es que el bajo interés de un determinado país es "efecto" no "causa" de la abundancia de ahorro y riqueza. En el debate parlamentario que tuvo lugar sobre esta cuestión, Edward Waller señaló que "con el dinero sucede como con otras mercancías, cuanto más abundantes, más baratas son, así que haced copioso el [ahorro] dinero y el interés será bajo". Éste era, precisamente, el caso de Holanda en aquellos años: la riqueza derivada de su potente comercio exterior permitió acumular ahorro suficiente como para mantener los tipos de interés bajos durante largos años, sin necesidad de que ningún organismo central fijara su precio.

De hecho, los holandeses carecían de una ley contra la usura, ya que el crédito abundaba gracias al ahorro. El tipo fluctuaba libremente en función de la oferta y demanda de préstamos existente en cada momento. El liberal John Locke fue un firme defensor de que el mercado libre fijase el tipo de interés "natural" (el que responde a oferta y demanda), rechazando así la propuesta de los mercantilistas. De hecho, ganó la batalla, ya que la Cámara de los Lores desechó en 1669 rebajar el interés al 4%.

Asimismo, más allá del debate sobre los tipos, los mercantilistas eran firmes inflacionistas. Esto es, defensores de crear papel y crédito bancario, así como papel moneda del Gobierno. El nacimiento del dinero fiduciario (fiat) bajo monopolio estatal y de la banca central tuvo lugar en Inglaterra en la década de 1690. A partir de entonces, los mercantilistas, en su pretensión de reforzar el poder del Estado, hicieron uso de ambas innovaciones monetarias para incrementar la cantidad de dinero en circulación, bajo el falso pretexto de que ello beneficiaría a la sociedad.

Y es que, a mayor cantidad de dinero, mayor consumo, empleo y producción –alegaban– cuando, en realidad, el aumento de la oferta monetaria se materializa en incremento de precios (inflación). Así, Locke denunciaba por entonces que la devaluación monetaria (imprimir papel sin respaldo metálico) es "ilusoria" e "inflacionista". Lo que determina el valor real de una moneda es la cantidad de plata y no el nombre que se le adjudique.

Si las monedas son depreciadas en un veinteavo "cuando los hombres vayan al mercado a comprar cualquier otra mercancía con su nuevo aunque más ligero dinero, hallarán que 20 chelines de su nuevo dinero no comprarán más que lo que comprarían 19 antes".

Visto lo visto, la historia se repite. Los bancos centrales fijan tipos mínimos y devalúan las divisas de forma arbitraria reduciendo el poder adquisitivo de los ciudadanos. El mercantilismo monetario, que no el libre mercado como nos quieren hacer creer, sigue plenamente vigente en el siglo XXI. Greenspan, Bernanke o Trichet son los nuevos mercantilistas, pero… ¿dónde están los liberales?

Mercantilismo monetario

Los artistas de la canción, que llevaban ya un tiempecito sin echarse un manifiesto al bolígrafo, acaban de firmar un documento en el que afirman que sus productos suponen una seña de identidad nacional que hay que preservar de internet, ese nido de libertarios que ni siquiera el gran Janli Cebrián ha podido amojonar.

Dicen que la industria musical está en crisis, gran novedad en los tiempos que corren, y en lugar de echar la culpa a la política económica de Zapatero, al que llevaron al poder a golpe de ceja, se la endosan a los adolescentes frikis que combaten los ataques de acné bajándose de las redes P2P el último éxito del momento.

En los últimos tiempos han descendido los ingresos de las discográficas, como lo han hecho en el sector del automóvil, de la panadería o de la fabricación de esparteñas, pero lo que no dicen los artistas es que, en cambio, han aumentado los beneficios directos de los grupos musicales gracias a la proliferación de actuaciones, debido en gran parte a la popularidad que obtienen sin ninguna inversión a través de internet.

Los tiempos han cambiado y las líneas de negocio que hace una década eran rentables ahora son deficitarias por la propia evolución de la tecnología y, por tanto, del mercado. Las dos únicas posibilidades para triunfar son adaptarse a las nuevas circunstancias y explotar sus posibilidades, como hacen los músicos de otros países, o exigir al Gobierno que coarte la libertad de los ciudadanos que, sin cometer ningún delito, comparten afición a través de la red.

Los cantantes, músicos y empresarios de la copla españoles han optado por lo segundo, que es más cómodo y bastante rápido. En última instancia, el coste de imponer una coacción institucional en internet lo asumiría el Gobierno y ellos serían los beneficiarios limpios de culpa. Sin embargo, la pasión por la libertad de los usuarios de internet les puede pasar una gravosa factura, y si no sólo tienen que preguntarse a sí mismos a qué festival puede acudir hoy en día su colega Ramoncín, pionero en el intento liberticida que ahora pretenden llevar a cabo todos estos "abajofirmantes". Es lo malo de la red: nada pasa desapercibido. Y mucho menos los nombres de los enemigos de la libertad.

La ceja presenta su factura al cobro

En unas semanas tendrá lugar una cumbre en Copenhague donde los políticos pretenden comprometerse a incumplir promesas aún mayores de reducciones de gases de efecto invernadero. No alcanzarán los objetivos con los que llenarán los titulares, pero con la excusa aumentarán su poder más y más sobre la economía y sobre nuestras vidas privadas. Lo de imponernos la temperatura a la que debemos tener el aire acondicionado es sólo un ejemplo. Holanda ya ha pasado a controlar en todo momento por dónde vamos con nuestro coche. Vendrán cosas peores.

La gráfica del palo de hockey, que venía a decir que sufrimos un calentamiento desconocido en la historia reciente de la Tierra, dio alas al alarmismo climático. Era mentira. Ahora, además, sabemos que los científicos responsables de estas gráficas hicieron todo lo posible para que no pudieran publicar en revistas científicas quienes dudaban de su teoría, para expulsar sus estudios del IPCC –el compendio "oficial" de esta ciencia– y, sobre todo, para colocar en el código empleado para hacer sus estudios correcciones artificiales y arbitrarias con el objetivo de que dieran los resultados deseados.

La ciencia es replicación. En el año 89, dos químicos aseguraron haber logrado una reacción de fusión a temperatura cercana a la ambiente. Era la llamada "fusión fría". La noticia era importantísima. Permitía acceder a una fuente de energía eficiente y barata. Pero durante las siguientes semanas otros científicos intentaron replicar el experimento de Pons y Fleischmann, y no lo lograron. La decepción fue enorme. Pero supimos que la "fusión fría" era un timo gracias a que estos científicos publicaron detalladamente su método y dieron así la opción a los demás de repetirlo.

Estos "científicos" del clima, por el contrario, se niegan a ofrecer sus datos de tomas de temperatura y el código empleado para obtener sus alarmantes resultados. Llevamos más de una década haciendo ciencia y política basada en una confianza irracional y extrema en la competencia y honestidad de quienes ahora se han revelado como activistas de su teoría alarmista sobre el calentamiento global. Deberíamos haber reaccionado cuando se negaron a ofrecer sus datos a científicos como McIntyre, pero los medios compraron la idea de que no se podía permitir poner los resultados en duda mediante una auditoría de los estudios alarmistas. A algunos nos llamaron "enemigos de la ciencia". No deja de ser irónico que se descubra ahora que quienes sí merecen esa clasificación son los otrora sacrosantos Mann, Jones, Briffa, Osborn y Rahmstorf. Y quienes les han hecho la cobertura mediática.

La única vía para que la climatología se recupere de este golpe y podamos volver a confiar en ella la ha indicado Eric S. Raymond. No debe permitirse la publicación de más estudios climáticos que no presenten los datos y código fuente de los algoritmos que producen sus resultados. El IPCC no debe incluir en sus páginas ningún estudio que no cumpla estos requisitos. Antes de la era de internet podía tener lógica que no se publicara todo por falta de espacio. Hoy ya no. El secretismo es enemigo de la calidad. Un pequeño y endogámico grupo de climatólogos nos lo ha dejado claro.

También sería recomendable, como indicó en su día Michael Chrichton, que se impidiera que los mismos que deciden cómo recoger los datos, los recojan; que quienes recogen los datos sean quienes los analicen. No estamos hablando de ciencia pura, ahí aislada en su torre de marfil, practicada por individuos altruistas que se sitúan más allá de las consecuencias de sus investigaciones. La climatología es hoy una ciencia activista, muchos de cuyos integrantes quieren demostrar una tesis digan lo que digan los datos.

Pero no se hará nada. Hay demasiados intereses en juego. Posiblemente ni siquiera se consiga que los medios acojan con algo de escepticismo la enésima fecha en que se derretirá el Ártico.

La ciencia del mentir

Uno se los imagina recogiendo y cotejando los datos y sometiéndolos a pruebas y filtros sutiles y efectivos, de los que emerge, por fuerza propia, la verdad. El científico se sorprende, que en eso consiste la filosofía, anota los resultados y su historia y los redacta en un artículo para someterlos al juicio de sus colegas.

Pero estos no. Estos tenían el resultado de antemano y estaban dispuestos a todo por mantenerlo. Ocultaron datos y los manipularon. Intentaban expulsar a quienes no piensan como ellos de la república de la ciencia. Alguno se alegró de la muerte de un colega, otro fanfarroneaba con aplicar su visión de la ciencia, es decir, los puños, a un climatólogo. Todo para mantener que la Tierra se calienta por causa del hombre y acallar las causas puramente naturales.

Todo ello es a la vez previsible y sorprendente. Sorprendente porque la ciencia tiene todavía prestigio, y los legos le entregamos las virtudes del conocimiento y la seguridad, y nos sentimos traicionados cuando utilizan ese prestigio para la mentira y, digámoslo, para hacer política. Pero es previsible porque la política paga, con dinero, puestos de trabajo y honores un mensaje y persigue otro.

No tienen defensa. Pero en una segunda línea sí hay un buen argumento que, al menos, salva de la quema al mensaje, que recuerdo que es: 1) Nos abocamos a la catástrofe, 2) El culpable es el hombre (es decir, el capitalismo) y 3) Sólo los políticos nos pueden salvar. Consiste en decir que el hecho de que el desprecio por la ciencia de unos cuantos (aunque entre ellos estén varios de los más destacados miembros del IPCC), no tiene relación alguna con la afirmación de que la Tierra se calienta sólo por nuestra culpa. Todavía podría ser cierto. Claro que sí.

Pero lo que hay que plantearse con todo este escándalo es la motivación que ha llevado a científicos de primer nivel a hacer el ridículo, a traicionarse a sí mismos y a la ciencia a la que dicen servir, y todo por motivaciones políticas o económicas. ¿Por qué, en el periodismo, se repite la misma actitud despreciativa hacia la ciencia e intolerante con quien no traga con la versión oficial? ¿Qué lleva a una sociedad a venerar a la ciencia, pero a sacrificarla por la ideología en cuanto encuentra ocasión? Una sociedad no puede ser sana sin un respeto por la verdad, y se lo estamos perdiendo.