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Europa, en la encrucijada

La zona euro, y la Unión Europea en su conjunto, se enfrentan al reto más complicado y farragoso desde la puesta en marcha de la moneda única.

Como resultado, la tensión se masca en el ambiente: Sarkozy, Zapatero y Barroso defienden el rescate de Grecia mediante la concesión de créditos bilaterales; la canciller alemana, Angela Merkel, rechaza frontalmente esta opción y abre la puerta al desembarco del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Atenas; una postura que no comparte su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que apoya el rescate y la creación de un Fondo Monetario Europeo; mientras, el Banco Central Europeo se opone a la petición griega de recibir créditos blandos (a tipos de interés inferiores al mercado).

El proceso, de momento, se mantiene en stand by, pero el tiempo se agota. El Gobierno griego necesita colocar en el mercado bonos por valor de 10.000 millones de euros en las próximas semanas, y el interés de su deuda a 10 años ronda el 6,4%, el más alto desde finales de febrero. La situación se agrava y el tono de las declaraciones se dispara, hasta el punto de que Atenas tacha de "miserables" a los alemanes.

Por si ello fuera poco, también saltan chispas entre París y Berlín, los ejes de la UE, después de que el Gobierno francés denunciara la alta competitividad de la economía germana como detonante de los desequilibrios internos que vive la Unión.

Pero, ¿qué le pasa a Europa? Bruselas se encuentra en una encrucijada. El rescate griego crearía un peligroso precedente a nivel político y minaría la fortaleza del euro. Por su parte, la intervención del FMI chocaría, inevitablemente, con las competencias de Bruselas y el BCE. Por último, la expulsión o abandono del euro por parte de Grecia marcaría el principio del fin del bloque común, además de un impacto colosal en la economía griega y en la banca europea.

Sin embargo, lo más preocupante es la sombra creciente de un gobierno único, un "gobierno económico común" a nivel europeo, tal y como reclaman ahora al unísono Sarkozy y Zapatero. Con la excusa de la crisis, la elite política comunitaria aspira a acrecentar su ya de por sí elefantiásico poder. Llegado el caso, la hegemonía de Bruselas sobre los países socios acabaría por eliminar de facto la escasa soberanía política de la que gozan hoy en día los europeos. Y es que, un "gobierno económico" es la antesala de un "gobierno único europeo", que escapará por completo al control de los individuos. Huyan, como del demonio, de las "gobernanzas" en bloque, ya que la historia nos ha demostrado, una y otra vez, que a más gobierno menos libertad, y a mayor expansión geográfica menor posibilidad de escapatoria (voto con los pies).

Espero y deseo que Merkel imponga su criterio y, en caso de rescate, sea finalmente el FMI el que acuda en ayuda de los griegos, por más que les pese a Barroso y a los defensores del "gobierno mundial".

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

¿Aguantará Estados Unidos?

Obviamente, la situación actual, aunque herencia de ese año, no se asemeja demasiado a la de 2003. Si en esa ocasión tenía sentido formularse tal pregunta, ahora mucho más.

A lo largo de los dos últimos años, desde que comenzó la crisis, se han sucedido las reflexiones en torno a la fortaleza de la economía norteamericana. Las respuestas han sido variadas, desde los más optimistas (o menos pesimistas) que ven una recuperación inminente más o menos sólida, a los más catastrofistas, quienes llegan a prever hiperinflación o colapsos monetarios de primer orden –cayendo en la sensata crítica que Robert Higgs dedicaba a los agoreros, quien hace notar que en sus análisis nunca aborden el qué pasará después.

En el artículo de 2003, el profesor Argandoña advertía de ciertos fenómenos preocupantes dentro de la economía norteamericana, como el hecho de que los norteamericanos estaban viviendo muy por encima de sus posibilidades –con un gasto muy elevado y un ahorro ridículo–, endeudándose masivamente con el exterior y dependiendo totalmente del crédito. Pero esta práctica tenía un límite: "En cualquier momento [los países extranjeros, especialmente los asiáticos y emergentes] pueden decidir reducir su flujo de fondos hacia Estados Unidos".

Unos años después podemos constatar la insostenibilidad del crecimiento económico estadounidense de la última década, basado en una burbuja de crédito que alimentó y sostuvo una fase de artificial auge económico. Y unos años más tarde, no podría ser de mayor relevancia la advertencia que apuntaba el profesor Argandoña, referida en este caso a la deuda pública: en cualquier momento los acreedores del Tesoro de Estados Unidos pueden decidir reducir su flujo de fondos, o exigir tipos de interés sensiblemente más elevados.

Las políticas de la administración de Obama han disparado la deuda pública hasta niveles sin precedentes, como se muestra en este gráfico. El déficit público también está disparado, y las cuentas públicas empiezan a preocupar al establishment norteamericano, que alerta de un nivel de déficit "altamente insostenible". Pero puede que lleguen un poco tarde: la agencia de calificación de deuda Moody’s lanzó una importante advertencia al Gobierno estadounidense de que deben recortar gastos y controlar urgentemente el déficit, si no quieren que acaben rebajando la calidad de la deuda pública.

Si bien esto parecía impensable hace muy poco tiempo –y quizás lo siga siendo ahora–, los recientes acontecimientos nos están enseñando a no descartar escenarios posibles, por improbables que parezcan (¿quién hubiera previsto el colapso de Islandia?). Este toque de atención sugiere que nadie, por muy potencia económica que se sea, debe confiarse y permitirse el lujo de gastar y endeudarse –todavía más– como si no existiera mañana, ni intereses que pagar.

Pero quizás lo más preocupante es que los escenarios más pesimistas no sólo vienen lanzados por quienes aprovechan la mínima ocasión para predecir el colapso y la tragedia más absoluta, sino que vienen avalados, al menos parcialmente, por datos. Algunos de estos datos los analizaba recientemente el analista independiente Charles Hugh Smith.

En primer lugar, dice Smith que en este año se estima que el Tesoro necesitará encontrar compradores para alrededor de 1,6 billones de dólares en bonos estadounidenses, lo que refleja el gran y creciente agujero fiscal que se proyecta para 2010 y 2011. Esta cifra superaría la de 1,42 billones de 2009, que a su vez multiplicaba casi por tres la de 2008. Por poner estas desorbitadas cifras en contexto, los dos mayores acreedores de EEUU del mundo, China y Japón, poseen juntos unos 1,65 billones de dólares en bonos americanos. Dicho de otra manera, estos dos países deberían doblar en un solo año la cantidad total de deuda norteamericana que poseen para financiar todo el déficit.

La pregunta, pues, es obvia: ¿existirá demanda para una cantidad tan ingente de deuda pública? En el último año, según muestran algunos analistas, el ritmo de compra de deuda americana por parte del exterior se ha desacelerado, mientras que las familias norteamericanas han incrementado notablemente sus préstamos al Gobierno. El restante, que es una cantidad muy notable, ha sido absorbido por la Reserva Federal en su programa de expansión monetaria de "relajación cuantitativa" (quantitative easing).

Pero, volviendo a lo que decía el profesor Argandoña, en cualquier momento el público, ya sea nacional o extranjero, puede decidir reducir su flujo de fondos hacia la compra de bonos del Tesoro. Así que no sería improbable ver en el futuro próximo cómo suben los tipos de interés –con las consecuencias que ello genera –, como vía para atraer una demanda que escasea, y quizás unido a una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores.

Una alternativa a este escenario consistiría en que la Fed continúe expandiendo su balance mediante la compra directa de deuda pública. Pero los riesgos inflacionarios de esta estrategia deben tenerse muy en cuenta, a pesar de que es una opción atractiva para los políticos. Tampoco debe despreciarse la posibilidad, mucho más halagüeña pero quizás poco realista, de que la economía norteamericana se recupere de manera inminente, y genere los ingresos necesarios para tapar, siquiera de manera chapucera, algunos de los agujeros fiscales más urgentes.

Un riesgo añadido que perciben diversos analistas es el efecto contagio que se podría desencadenar si se recrudecen los ya graves problemas de algunos estados con respecto a su deuda soberana: la Torre de Babel de deuda estadounidense podría sufrir temblores significativos.

Entonces, ¿aguantará Estados Unidos? En estos tiempos pocas certezas acerca del futuro pueden sostenerse, y esta cuestión no es ninguna excepción. Lo que sí parece cierto es que la probabilidad de default de la deuda norteamericana ya no es cero. Aunque ciertamente, tampoco le haría ningún mal la administración Obama el sobreestimar la posibilidad de impago, si ésa es la única forma de garantizar una pizca de disciplina fiscal. 

Ángel Martín Oro escribe regularmente en su blog.

Un nuevo consenso contra la ciencia

Era una manera sencilla de evitarse entrar en el debate: si todos comulgamos con lo mismo, será que todos tenemos razón y, por tanto, que los díscolos y heterodoxos no merecen consideración alguna.

Por supuesto, eso no impedía que el consenso tuviera los pies de barro y fuera fruto de un error colectivo (supongo que la memética algo tendrá que decir al respecto), pero a quienes se escudaban en él les servía para ir medrando social y económicamente.

Nada ha hecho tanto como la actual crisis económica para demostrar que tal consenso no tenía base sólida alguna y que los presupuestos de la macroeconomía moderna deben ser reconsiderados por completo. Al fin y al cabo, la época que muchos cantaron como paradigmática, La Era de la Gran Moderación, los años de Greenspan, se reveló simple y llanamente como un período en el que se gestó una de mayores crisis económicas de la historia reciente.

Algunas de las figuras más notables de ese consenso, como Gregory Mankiw, el tombolero monetario, incluso admiten estar reflexionando sobre la conveniencia de que las entidades financieras descalcen plazos. Ya saben, aquello que la Escuela Austriaca viene denunciando desde hace décadas con más pena que gloria. Pero hay otros, muy cómodos dentro de ese consenso, que se han resistido más a levantar su acta de defunción. Fue el caso de Olivier Blanchart, economista jefe del FMI, quien hace unos meses publicó un artículo sobre "El estado de la macroeconomía" en el que insuflaba ánimos a sus compañeros de profesión, jurándoles y requetejurándoles que, pese al accidente, no estaban en coma, que todavía podían ganar los 100 metros lisos.

Lo cierto es que, por malo que fuera el artículo de Blanchart, las respuestas que recibió, como la de Krugman, no elevaron demasiado el listón: construyeron lo que en apariencia era una nueva entente fundamentada en la mediocridad y la decadencia.

Estos días, ese mismo Blanchart que consideraba que el consenso seguía vivo ha escrito otro artículo, titulado "Replantear las políticas macroeconómicas", en el que implícitamente desmiente que el estado de la macroeconomía fuera tan saludable como sostenía sólo unos meses atrás. El economista jefe del FMI se plantea que tal vez la macroeconomía moderna tenga algunas lagunas menores, sobre las que convendría reflexionar. Claro que, cuando pasa a enumerarlas, nos damos cuenta de que en realidad todo son lagunas.

El ejercicio de Blanchart es ciertamente loable desde el punto de vista intelectual, aunque llega con retraso y forzado por las circunstancias. Ahora bien, frente a la positiva actitud de poner el dedo en la llaga sobre asuntos en los que el consenso simplemente actuó como un obstáculo para el progreso científico, parece que Blanchart quiere edificar inmediatamente… otro consenso. Tras leer su artículo, uno le imagina diciéndose algo así como: "Vale, bien, de acuerdo: llevamos 20 años creyendo que esto era así y la hemos pifiado; pero no pasa nada, porque en apenas unos meses hemos descubierto que las cosas son de otra manera que rápidamente volveremos a convertir en dogma".

Da la impresión de que algunos viven demasiado bien instalados en un mundo en que no sucedan ciertas cosas como, por ejemplo, cuestionar la existencia de la institución que le paga el sueldo a Blanchart, el FMI. Es humanamente comprensible, pero eso no quita para que otros rechacemos el nuevo consenso precocinado que estos sacerdotes nos ofrecen.

Básicamente, Blanchart afirma que la sabiduría convencional pensaba que la estabilidad macroeconómica podía alcanzarse con una inflación persistentemente baja que podía ser controlada por el tipo de interés fijado por el Banco Central y donde, por consiguiente, la política fiscal y las regulaciones eran irrelevantes.

En su opinión, es esta proposición la que se ha mostrado fallida durante esta crisis. Así, el economista jefe del FMI sugiere que una baja inflación ni es suficiente para evitar la recurrencia de las crisis económicas (pues hay otras variables que influyen, como la acumulación de crédito) ni necesariamente beneficiosa, si la economía ha caído en la llamada "trampa de la liquidez" y el Banco Central pierde su capacidad para estimularla artificialmente. Para evitar las crisis propone un marco regulatorio más omnicomprensivo y una política monetaria más heterodoxa, en la que el banquero central utilice todos los mecanismos posibles para inflar el crédito y evitar su colapso. Y para combatir las crisis defiende una política fiscal de mucho mayor calado que la actual (para ello, los Estados deberían sanear sus cuentas en época de bonanza) y la necesidad de que los Bancos Centrales generen inflación con tal de salir de la trampa de la liquidez.

El problema de sustituir un consenso por otro a bote pronto es que todo degenera. En este caso, si bien aplaudo que se reconozca que el marco teórico precedente tenía sus muy graves deficiencias, no puedo sino horrorizarme ante el nuevo que algunos proponen. Al menos el anterior no pretendía controlar cada engranaje de la economía, lo que dejaba al sector privado un cierto espacio para generar riqueza sin padecer los embates de demasiadas moscas cojoneras; con el nuevo, los instrumentos de política económica en manos del Estado se multiplican y se abandona cualquier atisbo de prudencia: inflación monetaria a tutiplén, déficits públicos desacomplejados, regulaciones draconianas…

Todo, por no admitir que el origen de los problemas proviene de nuestro perverso sistema monetario. Seamos claros: si los bancos descalzan masivamente plazos, se apalancan a corto plazo hasta grados insostenibles; dan lugar, con ese crédito desligado de los ahorros reales, a malas inversiones en el sector real de la economía; provocan inflaciones cuando el crédito crece y deflaciones cuando el crédito se contrae, colocan a unas hiperendeudadas familias y empresas en una posición de iliquidez e insolvencia tal que no pueden reanudar sus actividades hasta reestructurar sus cuentas y empresas; si hacen todo esto es porque tienen la certeza de que podrán refinanciar sus enormes pasivos en el Banco Central siempre que lo necesiten.

En este contexto, la regulación puede servir para contener de alguna manera el grado de expansión crediticia que el privilegiado sistema bancario promueve (por ejemplo, requiriendo mayores ratios de solvencia), pero no cambiará su contenido esencial (entre otras cosas, porque los que proponen regular son los mismos que se niegan de plano a impedir que el Banco Central expanda el crédito): un crecimiento insostenible del crédito apartado de los ahorros reales de la economía.

Los déficits públicos no son herramientas que permitan reanimar la economía, en esencia porque son totalmente procíclicos en época de crisis, pese a que la profesión económica piensa lo contrario. No hay nada más suicida que seguir cebando el endeudamiento en una depresión que estalla por el insostenible nivel de deuda y las malas inversiones a que aquélla ha dado lugar. Blanchart afirma que si los gobiernos hubiesen tenido más capacidad para rebajar los tipos de interés y para incrementar el déficit público, hubiesen estado "mejor preparados para combatir la crisis". Lo cual tiene una refutación empírica clarísima, que se resume en una palabra: España.

Nuestro país entró oficialmente en la crisis, allá por septiembre de 2008, con un envidiable endeudamiento público: alrededor del 38% del PIB, y unos tipos de interés (marcados por el Banco Central Europeo) tirando a altos, del 4,25%. Desde entonces, el Gobierno de Zapatero ha incurrido en enormes déficits presupuestarios y los tipos han caído hasta el 1%, y sin embargo nuestra economía está a la cola de la recuperación mundial.

No olvidemos que recuperarse de una crisis implica reestructurar el activo (inversiones) y el pasivo (instrumentos de financiación) de los agentes económicos, y el gasto público desbocado sólo contribuye a degradar el pasivo (añadiendo más deuda a los ciudadanos) y a impedir el reajuste del activo (sosteniendo artificialmente la demanda de las inversiones fallidas).

En lugar de admitir que hemos estado discutiendo sobre el sexo de los ángeles durante 50 años en lugar de haber profundizado en los problemas macroeconómicos fundamentales (cuáles son las características del buen dinero, cuál es el marco en el que puede crearse y acumularse saludablemente el crédito, cómo detectar la acumulación de mal crédito, qué consecuencias tiene esto último sobre la estructura de capital, cuáles son las respuestas de los agentes ante su iliquidez y cómo facilitar su reajuste, cómo varía el valor del dinero y los tipos de interés según la situación financiera de los agentes…), nos hemos perdido en macroagregados irrelevantes (oferta agregada, demanda agregada, nivel general de precios, tipo de interés de la economía, tasa de paro, stock de capital, oferta monetaria…) propios de dirigistas ciegos que no entienden nada del proceso económico pero que pretenden manejarlo a su antojo.

No es de extrañar que, ante la implosión de sus falaces recetas, busquen ahora otras nuevas que les permitan conservar sus privilegios. ¿Hasta la próxima crisis?

Las mujeres ganan lo mismo

Lo hacen, claro, sabiendo que no escapará un solo euro de sus bolsillos. Y no sólo porque les baste con no aceptar las razones que les den, sino porque, a nada que se pare uno a pensar, verá que la idea de que se pague más a un hombre por el mismo trabajo es un absurdo y, de hecho, no es la norma. Como dice Thomas Sowell, “es una de las principales falacias de nuestro tiempo”.

Hay un elemento que diferencia a hombres y mujeres que no debería resultar chocante o polémico, y que tiene una incidencia clara sobre las preferencias generales, y es el hecho de que las mujeres dan a luz y los hombres no. Hay muchas mujeres, no todas, que hacen mayores renuncias en su vida profesional para estar más al tanto de la familia, mientras que esto es menos frecuente en los hombres. Esto repercute también en su experiencia y capital humano, y merma su capacidad futura para progresar.

Hablando del caso de los Estados Unidos, Sowell, en su libro Economía: verdades y mentiras, dice que “la razón más importante por la que las mujeres ganan menos que los hombres no es que les paguen menos por hacer el mismo trabajo, sino que se distribuyen de forma diferente en los empleos: hacen menos horas y tienen menos continuidad”. De hecho, las diferencias salariales son muy pequeñas al comienzo, pero se agrandan con el paso del tiempo, cuando hombres y mujeres comienzan a tomar decisiones sobre su vida profesional y personal. Pero ¿qué pasa cuando quitamos todos esos elementos, cuando comparamos a hombres y mujeres solteros con la misma formación y experiencia? Que esas diferencias se diluyen hasta desaparecer.

Nuestra izquierda, en lucha permanente contra la realidad, dice a la vez dos cosas que son incompatibles entre sí. Por un lado dice que, cuando hay diferencias, éstas no provienen de las decisiones libremente adoptadas por hombres y mujeres, sino del machismo de los empresarios. Por otro, pinta a los empresarios (en este caso con más fortuna, aunque sin mucha finura) como unas personas movidas sólo por el beneficio económico, sin consideración hacia la condición del trabajador.

Sea como sea, pongamos ante ese empresario que desprecia cualquier cuestión que vaya más allá de los beneficios  a dos trabajadores que le van a aportar exactamente lo mismo, sólo que uno de ellos es mujer y le va a costar un 20 por ciento menos. ¿No contratará siempre mujeres, dejando a los varones todos en el paro? Los beneficios diluyen el machismo.

Chávez y Zapatero, tal para cual incluso en internet

Cada poco tiempo tenemos algún ejemplo de la simpatía que el inquilino de La Moncloa y buena parte de los suyos, en especial Moratinos, sienten por el ex militar golpista metido a presidente caribeño. Tampoco tiene nada de extraordinario si se tiene en cuenta la relación de afinidad que, un día sí y otro también, el Ejecutivo español demuestra tener con el régimen dictatorial cubano.

La complacencia de Zapatero, Moratinos y buena parte del resto del Gobierno español (esperemos que, aunque lo haga en silencio, algún ministro no la comparta) puede venir dada en buena medida de una identificación ideológica. No soy de los que creen que en España estamos como en Venezuela o en Cuba –de hecho creo que esa equiparación es profundamente injusta con venezolanos y cubanos– pero resulta innegable que el jefe del Ejecutivo español se siente ideológicamente identificado con los tiranos que martirizan a ambos países caribeños. Quizás por eso la suerte ha querido que el régimen de Chávez ponga fin a la libertad de expresión en la red venezolana la misma semana en la que el Consejo de Ministros español aprueba la mal llamada "Ley Sinde".

Para ser justos, también en esto lo de Venezuela es mucho peor que lo de España. Sin embargo, lo aprobado en ambos lados del Atlántico es lo mismo en su esencia, puesto que en los dos casos se trata de recortar la libertad de expresión en la red. El chavismo pretende silenciar a quienes se oponen al caudillo que habita en el caraqueño Palacio de Miraflores, el socialismo español se limita a atentar contra los derechos más elementales para proteger los intereses del lobby de los derechos de autor. Además, si lo que pretende imponer ZP apenas deja recursos en defensa del censurado, lo impuesto por el presentador de Aló presidente no deja ninguno.

Zapatero y Chávez avanzan en el recorte de la libertad de expresión en internet. Lo hacen a ritmos diferentes y por causas distintas, pero ambos lo hacen.

Es cierto que lo del venezolano es más preocupante que lo del español, pero no por eso hay que bajar la guardia en la "piel de toro". Cuando se comienza a limitar el derecho a expresarse se abre una vía que no hace más que ensancharse. En cuanto se acepta que caben excepciones a la libertad de expresión, cualquiera puede presentar argumentos que podrían justificar más limitaciones y lograr nuevos recortes. Lo que está en juego es mucho más que unas páginas de enlaces a películas o canciones.

Lo que nos jugamos en esta apuesta de ZP es lo mismo que perdieron los venezolanos en una de las muchas de Chávez: la libertad de expresión.

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

El PSOE se contradice subiendo el IVA

…tras el rechazo en el Congreso de la moción presentada por el PP contra esta medida. Ahora bien, más allá de las disputas políticas, lo relevante es que dicho incremento fiscal echa por tierra el eje sobre el que el PSOE ha venido construyendo todo su discurso económico desde el estallido de la crisis económica.

Muchos argumentarán que tiene su lógica, puesto que subir impuestos es algo propio e intrínseco de la tradicional política de izquierdas y, siendo esto cierto, sin embargo, se equivocan. La subida del IVA contradice de forma radical el discurso ofrecido por Zapatero a la opinión pública. Y es que los socialistas han insistido una y otra vez en la necesidad de estimular el consumo por todos los medios posibles con el fin de combatir la recesión, siguiendo así la argumentación teórica típica del keynesianismo.

La falta de consumo y de crédito son la raíz del problema, según piensa el PSOE y, por desgracia, la mayoría de la clase política y la elite económica. De ahí, precisamente, que las autoridades monetarias hayan apostado por reducir los tipos de interés con el ilusorio fin de expandir nuevamente el crédito, y los gobiernos hayan aprobado desorbitados "planes de estímulo" disparando el gasto público para tirar nuevamente de la debilitada demanda.

Si se fijan, el Gobierno ha repetido hasta la saciedad el mensaje de que el Estado debía acudir al rescate de la economía vía expansión fiscal y crediticia para resolver la situación. La gran mayoría de las medidas aprobadas por los socialistas se encaminaban, en última instancia, a trata de recuperar la senda del crecimiento por la vía de la demanda y, sobre esta base, han justificado la intensa intervención pública que vienen sufriendo familias y empresas.

Pues bien, la subida del IVA, reafirmada este martes por el Congreso, contradice la esencia misma de esta política socialista. Si en algo coinciden todos es que dicho incremento fiscal desincentivará el consumo ya que, de una u otra forma y en mayor o menor medida, el aumento de este tributo se materializará en la subida de precios de la gran mayoría de productos.

Curioso, ¿verdad? Por un lado, los nuevos adalides de Keynes centran su escasa y limitada comprensión económica en relanzar de nuevo la demanda valiéndose para ello de los numerosos mecanismos que ofrece el poder estatal pero, por otro, al mismo tiempo, contrarrestan este esfuerzo inútil gravando (esto es, penalizando) la compra de bienes y servicios. Dicha contradicción irresoluble demuestra no sólo la fata de lógica que reside en el seno del Gobierno, sino la fatal equivocación teórica en la que incurren las autoridades públicas y monetarias.

Señores, la crisis financiera, luego materializada en recesión económica, no se debe en ningún caso a la falta de consumo sino al sobreendeudamiento y a las malas inversiones que masivamente ha incentivado la aplicación de tipos de interés excesivamente laxos durante un período de tiempo prolongado, causa y origen de las burbujas que, tarde o temprano, terminan por explotar. Y, por ende, si la raíz del problema no reside en la demanda es evidente que su solución tampoco.

Muy al contrario, la clave del asunto radica en la necesidad de aumentar el ahorro con el fin de liquidar las deudas, dando así marcha atrás a las malas decisiones de inversión cometidas. Sólo el ahorro permitirá reestructurar las deterioradas economías de empresas y familias para, posteriormente, emprender nuevos proyectos cuya rentabilidad no dependa de la arbitrariedad monetaria impuesta por el banco central de turno.

De hecho, la subida del IVA, aunque perjudicial, es la menos mala de las subidas fiscales a aplicar. Lo peor, sin duda, es que ante esta situación al gobernante de turno se le ocurra la brillante idea de subir los tributos sobre el ahorro (cosa que ya ha ocurrido) o los impuestos directos como, por ejemplo, el IRPF, la cotizaciones sociales o el Impuesto de Sociedades (algo que, mucho me temo, y espero equivocarme, ocurrirá tarde o temprano). Lo ideal sería reducir el déficit, única y exclusivamente, reduciendo de forma drástica el gasto público, pero esto no va a suceder, ni con el PSOE ni con el PP de Génova (que no de Madrid).

Más allá de este debate, la conclusión inequívoca que se extrae de la votación del Congreso es la contradicción interna que dinamita la esencia misma de la política económica socialista: incentivar el consumo subiendo el IVA… ¡Fantástico! 

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

Apartheid en Sudáfrica vs. “apartheid” en Israel

Se acusa al Estado israelí de tratar a los árabes en territorio nacional como ciudadanos de segunda, y de mantener a los árabes en territorio ocupado bajo un sistema de separación y control muy similar al que aplicara en su día el régimen racista de Sudáfrica. La protesta pretende educar al público y promover el boicot y las sanciones contra Israel.

Hay razones legítimas por las que criticar al Estado israelí, y su sociedad civil es la primera en ejercer autocrítica (el periódico Haaretz, uno de los más influyentes, continuamente da voz a pacifistas y simpatizantes palestinos). La práctica del apartheid, sin embargo, no es una de esas razones.

En 1949 Sudáfrica prohibía el matrimonio entre personas de razas distintas y un año después las relaciones sexuales interraciales. En 1950 se implementó un sistema de clasificación racial y asignación geográfica para separar físicamente a las distintas etnias y crear gobiernos autónomos. En 1953 se aplicó la segregación legal en playas, autobuses, restaurantes, piscinas, hospitales, escuelas y universidades. Había letreros de "Sólo blancos" en zonas públicas. Barrios negros fueron demolidos y su población trasladada forzosamente a su área racial (una pequeña fracción de la población blanca también fue obligada a desplazarse). Los negros tenían prohibido vivir y trabajar en áreas blancas a no ser que dispusieran de un pase especial que sólo era concedido a unos pocos. El trabajador con pase no podía traer a su familia consigo. Los negros no podían emplear a trabajadores blancos.

Los ciudadanos árabes de Israel (un 20% de la población) poseen los mismos derechos políticos y civiles que los ciudadanos judíos. No hay ninguna ley que discrimine o segregue en función de la etnia. Las escuelas, universidades, hospitales y demás servicios están integrados. No hay restricciones de movimientos, de trabajo o de relaciones sexuales. Los ciudadanos árabes pueden organizarse, votar y expresarse en libertad. Tienen representantes políticos en el Knesset, que son tolerados incluso cuando reivindican el desmantelamiento del Estado judío o apoyan a Hezbolá. Como dice el historiador Benny Morris, muchas democracias occidentales no otorgan la misma libertad a su disidencia interna, y en situaciones de conflicto bélico algunas han reprimido a las minorías de los países con los que se enfrentaban (Estados Unidos lo hizo con los japoneses, Reino Unido con los alemanes). Desde que se levantara la ley marcial en 1966, Israel no ha restringido las libertades de la minoría árabe ni encarcelado masivamente a los que secundan la causa palestina.

Es cierto que el sionismo y la Ley del Retorno (por la cual los judíos pueden inmigrar a Israel libremente y obtener la ciudadanía) tienen un sustrato nacionalista, pero como argumenta el profesor de ley internacional John Strawson, no tiene nada de particular que un Estado sea fundado sobre la base de una nación cultural y contenga en su seno otras minorías étnicas. Es discutible si la Ley de Ciudadanía y Entrada de 2003 es discriminatoria por perjudicar más a los ciudadanos árabes (que contraen matrimonio más a menudo con palestinos), o si el DNI que cita la etnia del ciudadano se asemeja al sistema de registro del Apartheid, pero en cualquier caso serían abusos de otro orden de magnitud. También existen programas de discriminación positiva a favor de los árabes en distintos ámbitos, ¿constituye una muestra de apartheid anti-judío?

La analogía tiene más sentido si se aplica a los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania: no se permite el retorno de los refugiados palestinos que escaparon a la guerra civil, se restringen y se controlan sus movimientos, y se les mantiene físicamente separados detrás de un muro de hormigón. Pero aún así hay diferencias relevantes.

Los palestinos en Gaza y Cisjordania no son ciudadanos israelíes y están administrados (parcialmente) por la Autoridad Nacional Palestina. El objetivo último de todos los planes de paz es que ese territorio devenga un Estado soberano. A largo plazo Israel no quiere gobernar a los palestinos, y los palestinos no quieren incorporarse al Estado israelí.

La causa de los refugiados y descendientes, a quienes no se les permite volver y retomar las propiedades que quedaron abandonadas, tiene mucho de justa. Pero aquellos palestinos que quieren echar a los judíos al mar o respaldan el terrorismo contra civiles no pueden esperar que el Estado israelí los acoja con los brazos abiertos. El pueblo palestino sufre como consecuencia de la ocupación, si bien ésta no la motiva el racismo sino la seguridad de los israelíes (lo que tampoco quiere decir que sea justa y no deba reconsiderarse).

Las sudafricanas Rhoda Kadalie y Julia Bertelsmann, cuyas familias fueron activas en el movimiento anti-apartheid, se preguntan: ¿para cuándo una semana del apartheid dedicada a Irán, Cuba, China, Zimbabue, Siria, Egipto o Arabia Saudita? En estos países sí hay discriminación legal genuina contra ciudadanos nacionales: mujeres, homosexuales, disidentes o practicantes de otra religión. Pero llevar una chapa de "Apartheid en Irán" no da la misma imagen de "solidario" y "progresista".

Israel no está en absoluto exento de crítica. Pero no todas las críticas a Israel son válidas.

Albert Esplugas Boter es miembro del Instituto Juan de Mariana, autor del libro La comunicación en una sociedad libre y escribe regularmente en su blog.

¿Hay que subir el IVA?

Aunque ya anticipo que mi opinión es contraria a la de Recarte, sí quiero empezar matizando varios aspectos que generalmente suelen pasarse por alto y que a mi entender aproximan mi análisis al del presidente de Libertad Digital.

En general, soy favorable a que el grueso de la tributación de un país recaiga en impuestos indirectos sobre el consumo, tal y como han defendido desde antaño multitud de economistas liberales. La base de la prosperidad de una sociedad es la acumulación de capital, esto es, el ahorro real de que disponen los individuos para realizar inversiones de todo tipo (maquinaria, gasto en I+D, formación, mejora de infraestucturas…) y la única manera de ahorrar es restringir el consumo. Por tanto, disgustándome todos los impuestos por cuanto tienen de limitación de la propiedad privada, hay unos que me disgustan más que otros y, en este sentido, los impuestos sobre el consumo –IVA o impuestos especiales– son menos empobrecedores que los impuestos que gravan el ahorro, la renta que podría ahorrarse o directamente el capital acumulado (como el IRPF, las cotizaciones a la Seguridad Social, el impuesto sobre Sociedades o el extinto impuesto sobre el patrimonio). Por supuesto habrá quien sostenga que todos los impuestos son un mal por igual, pero me temo que ello impide efectuar el más mínimo análisis económico: en efecto, es evidente que generar inflación para financiar el gasto público es peor que un impuesto sobre la renta y éste a su vez es peor que un impuesto sobre el consumo.

Creo que conviene dejar este aspecto claro porque, repito, siendo las subidas de impuestos un error, no todas lo son en el mismo grado y no me parece responsable en estos momentos mantener tal postura. Y es que, dado que no tenemos una clase política caracterizada por la austeridad ni por su decidida voluntad para reducir el gasto, todo apunta a que los impuestos van a subir en el futuro y van a subir mucho. No porque sea la única alternativa, sino porque todos, en su momento, tratarán de vendérnosla como tal. Recordemos que cerramos 2009 con un déficit de unos 110.000 millones de euros y ésa es una cifra que asusta, pues representa más que toda la recaudación conjunta por IVA e IRPF.

Si no queremos que empiecen a prosperar ruinosas propuestas populistas como serían recuperar el impuesto sobre el patrimonio o incrementar el impuesto de sociedades o el gravamen de las plusvalías, deberemos distinguir el grano de la paja y para ello hay que diferenciar a su vez los efectos que cada tipo de impuesto tiene sobre una economía.

Sentado esto, ¿por qué no creo que deba subirse el IVA a diferencia de lo que defiende Recarte? Por dos motivos, uno de fondo y uno de forma.

En cuanto al fondo, la subida del IVA a la hora de la verdad no contribuirá en nada a la reducción del déficit público, objetivo que supuestamente ambiciona. Siendo optimistas, el incremento del IVA aumentará la recaudación en unos 5.000 millones de euros (probablemente menos) sobre un déficit de 110.000 millones de euros, a saber, tapará menos del 5% del agujero (y ello suponiendo que Zapatero no aproveche la recaudación adicional para aumentar más el gasto). Para que nos hagamos una idea, el mismo efecto sobre el déficit podríamos lograrlo olvidándonos de ruinosos estímulos keynesianos como el Plan E o suprimiendo las ayudas al desarrollo del Tercer Mundo y a la rehabilitación de vivienda.

Dada la magnitud de nuestro déficit, que en 2009 ni siquiera se hubiese eliminado duplicando el IVA y el IRPF, parece claro que la mayor parte del ajuste deberá venir por el lado de la reducción del gasto público (estatal, autonómico y municipal); especialmente hasta que la economía no se recupere con el consiguiente aumento de la recaudación y reducción de algunas transferencias como las prestaciones por desempleo. No veo ningún motivo, por consiguiente, para subir el IVA si no sirve ni mucho menos para solucionar uno de los grandes problemas de nuestra economía: el déficit público.

Pero aunque lo hiciera, aunque permitiera reducir ese déficit significativamente, ya hemos comentado que una parte importante de la reducción del déficit vendrá de la mano de la recuperación. Así, cabe preguntarse, ¿cómo favorecemos antes la salida de la crisis? ¿Con más Estado o con más mercado? Siendo las recesiones períodos en los que deben readaptarse con rapidez los factores productivos –liquidar las malas inversiones, por ejemplo inmobiliarias, y redirigir los factores hacia nuevas inversiones que permitan generar de nuevo riqueza–, un Estado que pretenda arrebatar al sector privado los recursos que necesita, entre otros motivos, para disminuir su abultadísima deuda privada y que pretenda destinar los fondos captados para ayudar y mantener los sectores en crisis que deberían readaptarse, es tanto como aplastar los "brotes verdes" para lavarles la cara a los marchitos.

En definitiva, disponiendo de dos alternativas para reducir el déficit y facilitar la recuperación –subir los impuestos o reducir el gasto– me quedaría sin dudarlo con el ajuste por el lado del gasto. No es cierto, como creía Keynes, que reducir el gasto sea igual de contractivo que aumentar impuestos: lo primero libera recursos para que el sector privado cree riqueza y lo segundo los concentra en el Estado para que los despilfarre. Pero es que, en este caso, ni siquiera contamos con la posibilidad de elegir cuál de las dos vías preferimos: el ajuste esencial se realizará sí o sí por el lado del gasto, lo cual no obstará para que, hasta entonces, los políticos nos vendan y aprueben unos impuestos mucho más devastadores para las clases medias, que tardarán décadas en volver a rebajar a sus niveles originales.

Y aquí enlazo con mi segundo motivo para oponerme a la subida del IVA: las formas. Padecemos un Gobierno –no sólo España, también Estados Unidos– que ha convertido la crisis en una oportunidad para acrecentar el tamaño y las competencias del Estado. Primero han aumentado el gasto hasta límites insospechados clamando que había que estimular la demanda agregada para reanimar la economía y después pretenden hacernos tragar un progresivo aumento de los impuestos que incluso en sus propios términos contribuye a contraer esa demanda agregada. No cabe duda de que este Gobierno es un oportunista cuyas pocas ideas sobre economía provienen de la peor literatura científica y que en la práctica sólo está valiéndose de la crisis para engordar. No se mueve por criterios económicos, sino políticos, y por eso constituye a mi juicio un error intentar racionalizar con argumentos económicos su demagogia política.

Precisamente porque, como reconoce Recarte, el Gobierno no está siguiendo ningún plan económico sino un plan político, no creo que sea el momento de avalar retazos de lo que podría haber sido un plan de estabilización presupuestaria en otra época, en otro país y con otros políticos, pero no en 2010 en la España de Zapatero y Rajoy. El previsible resultado de tal defensa, aun cuando no sea el pretendido, será el de legitimar que el Gobierno socialista siga despilfarrando el dinero de los españoles y no reduzca el gasto hasta que sea del todo imprescindible. Como gráficamente me decían hoy, subir el IVA con Zapatero es como pretender llenar una bañera abriendo el grifo sin darse cuenta de que primero hay que tapar un enorme desagüe. Sí, pero la confusión no es neutral: tanto cuando aumentan el gasto como cuando incrementan los impuestos, el sector privado pasa a sufragar un crecimiento desorbitado del mismo sector público que ha causado (con sus bancos centrales) y ha agravado (con sus políticas keynesianas) la crisis.

Es cierto que Recarte defiende la necesidad de aumentar el IVA y de reducir el gasto, pero coincidiremos en que el Ejecutivo socialista no se quedará con la segunda parte de la copla, de modo que el único resultado que puede tener es el de desarmar una imprescindible oposición política y económica a que el Gobierno más manirroto de la historia de España nos suba los impuestos para evitar por un tiempo reducir el gasto tanto como debería.

Para mí nunca es el momento de subir impuestos, pero especialmente no lo es ahora. Ni siquiera por las inquietudes que pudiera provocar en los mercados financieros, que a buen seguro se sentirían mucho más calmados si suprimiéramos todas las subidas de impuestos y, a renglón seguido, presentáramos una enérgica reducción del gasto público. Y aquí sí coincido en la necesidad de reprocharle a todo el PP que no sea nada claro sobre qué partidas concretas de gasto quiere suprimir para reducir el déficit sin incrementar, como promete, los impuestos. Pero peor que la incertidumbre que supondría echar para atrás un aumento del IVA puede ser la certidumbre de que nos abocamos al desastre si no recortamos el gasto público o si pretendemos lograr la mayor parte del ajuste con subidas de impuestos.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

Prohibir el nazismo no es el camino

Que no se me malinterprete. Cada cual tiene derecho a expresar lo que piensa o cree, por asqueroso que sea, siempre que utilice sus propios medios. Sin embargo, el resto de la humanidad no tiene por qué otorgar los recursos para que se exprese ni tampoco la obligación de escucharle.

El librero nazi (dirigente del extinto grupo nacionalsocialista CEDADE y vendedor de obras como Los protocolos de los sabios de Sión, Mi lucha y otros tomos destinados a fomentar los odios, prejuicios y creencias propios de los seguidores de Hitler) ha sido condenado por “difusión de ideas genocidas” debido al catálogo de su tienda. Las obras a la venta en la librería de Varela son una prueba de que también resulta falso eso de que todo libro tiene algo bueno. Los demandados por los clientes de la Librería Europa no son más que una colección de basura sin cuya existencia el mundo sería un lugar mejor. Si nunca se hubieran escrito Los protocolos… o Mi lucha es probable que millones de vidas que fueron arrebatadas de forma violenta hubieran seguido su curso normal. Lo mismo que ocurre con El manifiesto comunista o cualquier obra de Lenin o Mao Tse Tung.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, es un error condenar a Varela. Quien niega el Holocausto, difunde ideas nazis o expande creencias de tipo antisemita, racista, xenófobo debe ser objeto del más duro escarnio social, pero nunca de persecución legal. Recurrir a la prohibición, los tribunales y la prisión es una reacción comprensible, pero equivocada.

Al condenar a Varela por la venta de libros plagados de mentiras y fanatismo, cobran apariencia de veracidad las falsedades preferidas de los nazis modernos.  Estos últimos, parte de la izquierda autodenominada “antisionista” (que no deja de ser antisemita) y los islamistas, dicen que está “prohibido investigar el Holocausto”. No es cierto; las obras negacionistas no se fundamentan en investigación alguna, aunque aparenten hacerlo. Sin embargo, al proscribir su difusión sus autores y seguidores pueden mostrarse como víctimas y ganar credibilidad ante otras personas.

Por mucho que se impida que Varela y similares continúen con sus negocios, e incluso aunque se obligara a otras librerías a dejar de vender libros nazis y negacionistas, los difusores de la mentira encontrarán vías alternativas de propagación. Mucho más en la era de internet. La prohibición no sirve para nada. La mejor respuesta ante ellos es la condena social y la divulgación del verdadero horror que supuso el nazismo y los campos de exterminio.

¡Mamá! ¡Google ha dicho España!

Sentarse ante la bandera de Estados Unidos en un desfile no supuso ningún "desprestigio" para nuestro país ante el gigante norteamericano; tampoco incitar a otros países a desertar de Irak. Sin embargo, que una directiva de Google nos mencione junto a China o Irán, sí.

El caso es que el gigante de internet no hizo más que referirse a un hecho, puntual, sí, pero muy significativo. Un juez de lo mercantil de Barcelona solicitó al Ministerio de Industria el bloqueo ¡cautelar! de una serie de sitios web por el imperdonable delito de incitar a un boicot contra los productos catalanes. Al margen de que nos pueda parecer justo o injusto, conveniente o no, parece claro que ni es delictivo ni justifica la suspensión de un derecho –este sí, real– como es la libertad de expresión. Google no dijo que fuera algo generalizado, pero está claro que España pidió el bloqueo de uno de sus servicios, su proveedor gratuito de blogs, en un claro desprecio a las libertades de los ciudadanos.

El asunto es significativo porque aquella decisión judicial fue recibida con un atronador silencio. Nadie protestó, a nadie le pareció mal. Muchos seguramente ni se enteraron, porque los grandes medios no dedicaron ni una línea a la noticia. Los demás, con eso de que eran gentes de derechas y contrarios a la España plural y todas esas zarandajas, pues se callaron porque, quién sabe, posiblemente en el fondo no les pareciera mal.

Es lo que sucede con Willy Toledo. El actor, en una carta en la que demuestra ser un genio de la escena en comparación con su habilidad para la pluma, venía a decir que durante la semana pasada se atacó su libertad de expresión. ¿La razón? Que otros que no son él y no opinan como él hicieron uso de su libertad para criticarlo. Eso era una "caza"; se puso en marcha una "apisonadora"; algo inadmisible, en suma, fruto del contubernio del capital y demás estupideces que suelen soltar estos cuates cuando no tienen nada inteligente que decir, algo que ocurre con bastante frecuencia.

Willy Toledo, como buena parte de la izquierda que dice defender a ultranza la libertad de expresión, en realidad no hacen otra cosa que apoyarse en la ley del embudo. Las más altas garantías deben quedar reservadas para ellos; los demás no merecen ni la hora y si sufren las consecuencias, bueno, algo habrán hecho para merecerlo. Es lo mismo que hace El País atreviéndose a criticar a Google cuando no se dignó en su momento a informar del incidente al que el gigante de internet hizo referencia en el Congreso estadounidense.

A veces tengo la impresión de que muchos de éstos sólo se diferencian de un Chávez o un Castro en que no tienen el poder suficiente para ejercerlo como quisieran. Pero recuerden: es la derecha española la radical, la que no es "uropea", la culpable sempiterna de la crispación que acosa a sus sedes. Incluso, sí, la de Arriola. Cuánto amor por las cadenas. Por ponérnoslas, digo.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.