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Las buenas intenciones no bastan para ayudar

Pero las intenciones no son suficientes, y en vez de beneficiar a quienes queremos ayudar, puede que en realidad les estemos perjudicando.

Pensemos en las relaciones personales. Además de las buenas intenciones, se debe conocer en detalle a la otra persona para saber cuáles son sus necesidades y anticipar su reacción ante alguien que quiera echarle un cable. Hay personas que rechazan cualquier tipo de ayuda, por lo que nuestros intentos pueden resultar fallidos.

Esto sucede más de una vez en la ayuda externa que enviamos desde los países ricos hacia los pobres. A pesar de la pretensión de que lo sabemos todo, padecemos una relativa falta de conocimiento sobre esos países que se trata de suplir con cantidades ingentes de millones de dólares. No conocemos con la precisión necesaria cuáles son las necesidades más perentorias de esas sociedades, cuál es la mejor forma de satisfacerlas, ni cómo van a reaccionar exactamente ante la ayuda. De hecho, estas cuestiones sólo las conocen las personas que se enfrentan y sufren estos problemas concretos dentro de esos países.

Por ello, solucionar los problemas de los países pobres desde las oficinas de Washington D.C. es extremadamente complicado, a pesar de ser sugerente para la mentalidad de planificadores que tienen algunos y para el simplismo de otros. Y lo que es peor, en muchas ocasiones toda esta política es contraproducente, como han sostenido los críticos de la ayuda externa desde hace varias décadas. Así, ya el gran economista del desarrollo Peter Bauer alertaba hace medio siglo sobre la obsesión de la ayuda externa para favorecer el desarrollo: "Es poco probable que sea un instrumento importante, por no decir indispensable, para el progreso material de los países pobres". Además la calificaba como un mecanismo por el cual se transfiere riqueza desde los pobres de los países ricos (contribuyentes) hacia los ricos de los países pobres (líderes).

Otros autores más recientes, como el americano William Easterly o los africanos James Shikwati, George Ayittei o Dambisa Moyo, han destacado los efectos nocivos de este tipo de ayuda al introducir incentivos perversos sobre los políticos locales, fomentar la corrupción y dañar a los productores africanos. En concreto, Ayittei culpa a los países occidentales de prolongar la pobreza en África a través de la ayuda enviada a los corruptos líderes africanos, con la consecuencia de sostener dictaduras represivas y malas políticas económicas, y a través de programas que han desplazado las instituciones indígenas locales, clave del desarrollo futuro de África.

Todas estas advertencias y opiniones parecerían meras elucubraciones políticamente incorrectas si no fuera porque están avaladas por la teoría y la evidencia empírica. Esto último lo acaba de constatar el caso de los envíos de ayuda humanitaria a Haití, donde el mismo Gobierno ha pedido que se detengan estos programas. Las razones que han aducido son precisamente las que destacan los críticos de la ayuda externa: el fomento de la corrupción –generándose bandas de delincuentes que luchan por hacerse con los envíos de ayuda– y los nocivos efectos sobre los productores locales –al ver sus precios artificialmente hundidos por la llegada masiva de productos.

Consecuencias que debían haberse tomado en cuenta, de no ser porque a veces nos cuesta ver la cruda realidad, ocultada por nuestra inherente sensibilidad ante fenómenos y situaciones trágicas.

David Calzada vs Goliat Uralde

Como era de esperar, la cosa pasó desapercibida en España; no así en los Estados Unidos, donde se ha abierto un debate nacional a gran escala sobre el cambio de modelo energético que quiere impulsar Obama. Los datos del informe español, elaborado por tres jóvenes profesores (una madrileña, un canario y un castellonense) eran concluyentes. Por cada empleo creado en el sector de las energías verdes, las que promueven los Gobiernos por el cuento del calentamiento global, se habían destruido un promedio de 2,2 en otras áreas de la economía.

La solidez del argumentario hizo que el informe corriese veloz por Washington, donde los grupos de presión afinan al máximo para arrimar el ascua a su sardina. Uno de los autores del informe, Gabriel Calzada, viajó hasta allí y lo expuso en el Congreso advirtiendo del peligro que entraña liarse la manta a la cabeza y embarcarse en ciertas empresas sin pensarlas, especialmente las que afectan al bolsillo del contribuyente. En España se siguió ignorando el tema hasta que el ministro Sebastián, sabedor de que la burbuja de las renovables en España ha estallado y es una criatura malcriada, ruinosa y pedigüeña, pensó que el único modo de salvar el balance de los amigotes renovables era colocar la ecoestafa al amigo Obama. Pero en América ya estaban advertidos y no coló.

Como con las cosas de comer no se juega, el complejo climático-industrial hispano emprendió una campaña de desprestigio del minúsculo Juan de Mariana que no ha cesado hasta hoy. Primero fue la artillería mediática del régimen personificada en un tal Pere Rusiñol, redactor muy mal informado del diario Público. Los plumillas de Roures, aristócrata paleomarxista a fuer de millonario, acusaron al Juan de Mariana de cobrar de la petrolera Exxon y, horror, de perjudicar los intereses de España, es decir, de los amigos Zapatero que, en condición de tales, son amigos de Roures. Tampoco coló. En plena crisis, el personal no está para caprichitos de niños ricos como las placas solares o los aerogeneradores off-shore, y menos aún para atender las quejas de la familia Entrecanales, magnates de cámara del que manda.

El último cartucho lo acaban de disparar. Esta vez el turno le ha tocado a Greenpeace, esa versión ecologista de la iglesia de la Cienciología cuyo altruismo planetario le lleva a sentarse en el consejo de Shell Oil y a mover miles de millones de dólares de cuenta en cuenta bancaria. Para contrarrestar el efecto Calzada y neutralizarlo de una vez ha presentado no uno sino tres contrainformes realizados por prestigiosos especialistas que viven, entre otras cosas, de la próspera industria solar. Así cualquiera.

Su presidente en España, el ex presidiario Juan López de Uralde, ha cambiado ligeramente el guión. Ahora resulta que al Juan de Mariana no lo financia Exxon sino Colhogar, una temible empresa que hace papel de cocina y es nada menos que “negacionista”, palabro inventado por estos aprendices de Obersturmführer para marcar a fuego a los que les llevan la contraria. Eso lo dice levantando el dedo índice de una mano, mientras que con la otra se trae al IBEX 35 en pleno… a los Endesas, Iberdrolas, Accionas y compañía, que tanto y tan bien chupan del bote con la pamema de lo renovable. Y el bote, no lo olvide, es usted.

El café para todos debe terminar

El gasto de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos ha crecido de una forma desaforada durante la última década al calor de la burbuja inmobiliaria y el consiguiente crecimiento económico.

En poco más de dos décadas, comunidades y entes locales han asumido más del 50% del gasto público total. Entre 1998 y 2007, el número de funcionarios ha aumentado un 22% mientras que la población apenas lo ha hecho en un 12,2%. El personal de las comunidades autónomas se ha duplicado y el de los municipios ha crecido casi un 20% durante dicho período. De hecho, pese a la crisis, no han dejado de contratar gente. España cuenta en la actualidad con casi tres millones de funcionarios (uno por cada seis trabajadores en activo), de los que casi el 80% pertenecen a la administración periférica.

Sin embargo, la fiesta se acabó. La crisis ha mermado de forma drástica los ingresos tributarios que con tanta alegría y devoción llenaban las arcas de los entes territoriales y, como resultado, los números rojos hunden ahora sus balances. La deuda autonómica creció un 25,8% interanual en 2009, hasta los 86.280 millones de euros (el 8,2% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica. Por su parte, en el caso de las corporaciones locales ascendió a 34.594 millones (un 9% más), el 3,3% del PIB.

El sector público, al igual que están haciendo familias y empresas, debe ajustarse de un modo draconiano. El problema es que los gobiernos regionales carecen de incentivos para ello. Su estructura institucional y financiera les permite desarrollar una particular política basada en el despilfarro de recursos.

La idea es sencilla: las autonomías gastan lo que no tienen. La autonomía fiscal de las comunidades autónomas no cubre el coste de las competencias asumidas y es el Gobierno central, principal recaudador estatal, el encargado de cubrir la diferencia mediante la mal llamada "solidaridad interterritorial", que no es otra cosa que la redistribución de ingresos entre entes regionales en base a criterios políticos.

Desde 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos. Y ello, pese al compromiso de estabilidad presupuestaria. Así, si bien el pasado otoño se acordó que las comunidades no podían superar un déficit del 2,5% del PIB en 2010, cinco autonomías ya habían traspasado dicho límite apenas tres meses después.

Por ello, es loable el informe elaborado por Fundación Progreso y Democracia sobre el despilfarro de las comunidades autónomas. El estudio, pese a las dificultades técnicas que conlleva la medición de datos no homogéneos, destaca que los contribuyentes se ahorrarían hasta 26.000 millones de euros al año si los gobiernos regionales mejoraran su eficacia y eficiencia administrativa. Es decir, si gastaran mejor el dinero que ingresan vía impuestos y transferencias estatales.

Puesto en perspectiva, esta cifra equivale al 30% del endeudamiento autonómico acumulado hasta 2009. De este modo, si las comunidades dejaran de despilfarrar recursos y duplicar servicios la deuda regional desaparecería en apenas tres años.

Y si bien concuerdo en el resultado, discrepo en la solución. El partido de Rosa Díez aboga por una reforma constitucional para dotar al Gobierno de herramientas eficaces con el fin de controlar el gasto autonómico. Lo siento, pero esto es como poner al zorro a cuidar de las gallinas. Una mayor limitación o supervisión por parte de Moncloa no va a solventar, en ningún caso, este problema estructural. El café para todos debe, simplemente, llegar a su fin.

La única reforma posible consiste en suprimir de la Constitución el concepto de "solidaridad interterritorial" e instaurar el de "responsabilidad fiscal". Esto es, que cada región tan sólo pueda gastar en función de sus ingresos reales, sin necesidad de transferencias centrales. Éste es el único incentivo capaz de apretar el cinturón a los derrochadores autonómicos.

Además, ello animaría a una sana competencia fiscal y al desarrollo de políticas favorables al libre mercado con el fin de captar capital (empresas) y aumentar así sus ingresos tributarios. Y esto, tan sólo en lo que se refiere a la eficiencia estática (mejora de la administración). Tema aparte, mucho más relevante, es el de la eficiencia dinámica, cuyo análisis, sin duda, merece otro apartado.

Paremos el vulcanismo

Con los volcanes pasa lo mismo que con el clima, hacen lo que les viene en gana sin importarles demasiado que estemos o no aquí. Sin previo aviso, entran en erupción y de dos humaradas derriten un glaciar y cortan el tráfico aéreo de media Europa, recordándonos de paso que seguimos siendo una apacible Pompeya que vive, risueña y despreocupada, reclinada en sus laderas.

Lo del Eyjafjallajökull, que es como se llama el de Islandia y que, de no pasar lo que ha pasado todos hubiéramos muerto sin saber de su existencia, nos devuelve a nuestra insignificante condición humana. Lo que no deja de tener su gracia después de que nos hayamos auto adjudicado las culpas de todo lo (malo) que pasa en el planeta y sus aledaños galácticos.

La naturaleza va a su aire y nos ignora. Lo hizo antes de que llegásemos y lo seguirá haciendo cuando nos hayamos ido. Tiene su propia agenda, que unas veces nos es propicia y otras, las más, abiertamente hostil. Exceptuando una detonación masiva de todas las bombas nucleares que hay en el mundo, cualquier cosa que podamos hacer los humanos apenas roza la epidermis del planeta. Y si nos diese por la idiotez de volar por los aires todo el arsenal atómico, la Tierra terminaría por volver a la normalidad tras un leve estornudo en forma de invierno nuclear que quizá extinguiese a nuestra especie, pero no a todas las formas de vida.  

No es una hipótesis, cosas así ya han sucedido en el pasado y volverán a suceder en el futuro, y no precisamente porque algún trastornado apriete el botón rojo, sino porque las llanuras interestelares están hasta arriba de asteroides que, de tanto en tanto, se estampan de lleno contra planetas como el nuestro. La única diferencia entre los dinosaurios y nosotros es que a ellos les pilló de sorpresa, mientras que nosotros sabremos la hora, minuto y lugar exacto en que se producirá el impacto, pero no podremos evitarlo.

Como el Armagedón no ha llegado aún, hemos de conformarnos con una pequeña dosis de Apocalipsis que se cifra en un volcán sin nombre de la dorsal atlántica. Cabe ahora oponerse a él, aunque sea de un modo retórico. A fin de cuentas, llevamos años haciendo campaña contra el CO2, un gas corriente y moliente, tan inofensivo que lo echamos a toneladas por la boca para suspirar, aliviar el escozor de una herida o soplar las velitas de una tarta de cumpleaños. Por protestar que no falte. Además, es muy probable que tanta ceniza allá arriba tamice la luz del sol y baje la temperatura. Tantos tiempo anunciando el fin de los días como para que ahora el crujir de dientes sea por una cosa distinta de la que no se puede culpar al capitalismo salvaje o a los dueños de un Nissan Patrol. Perro mundo. Paremos el vulcanismo.

La gran sociedad

El de los laboristas es muy colorido y lleva por título “Un futuro equitativo para todos”, prometiendo más de lo mismo: paternalismo y gasto. El de los tories, “Gran Sociedad, no Gran Estado”, evoca la “Great Society” de Lyndon Johnson, pero propone algo distinto: un rol más amplio del sector voluntario y las comunidades locales.

El manifiesto laborista ilustra el conflicto de Gordon Brown: si se presenta como “renovador”, admite implícitamente el fracaso de 13 años de laborismo; si se presenta como “continuista”, alienará a los votantes que quieren un cambio. El resultado es un programa sin visión y económicamente deplorable.

En sus 76 páginas se incluyen una amalgama de medidas como la subida del salario mínimo, que sumada al aumento de las cotizaciones sociales incrementará los costes de las empresas y ralentizará la contratación. Pero no hay ningún plan que detalle cómo piensan reducir el déficit presupuestario de 170.000 millones de libras durante los próximos cuatro años. No se anuncian recortes de gasto público y se comprometen a no subir (¡otra vez!) el impuesto sobre la renta (el tramo más alto ya es del 50%).

El manifiesto conservador, de unas escuetas 16 páginas, pone énfasis en la sociedad civil y la toma de decisiones a nivel local. David Cameron ha dicho que quiere que las organizaciones caritativas, las asociaciones de ciudadanos y las comunidades de vecinos tomen las riendas de sus problemas, animados y respaldados por el Estado. El manifiesto habla de romper los tradicionales monopolios públicos permitiendo la entrada de organizaciones y empresas, y dando la posibilidad a los funcionarios de crear cooperativas propias. Los barrios podrán gestionar parques y bibliotecas, o comprar activos estatales o privados que estén a punto de cerrar, o crear nuevas escuelas, o tener una participación más activa en el diseño de la planificación urbanística o la seguridad del vecindario.

Este localismo tiene un eco transversal y, en balance, parece bien encaminado. Pero basar la recuperación económica en esta descentralización tampoco nos lleva muy lejos, y es motivo de recelo que un supuesto fomento de las iniciativas de “abajo a arriba” esté dirigido y parcialmente financiado por el Estado. La Gran Sociedad puede acabar siendo más pequeña de lo que pretenden.

El mito del ladrillo

…los restos de la querencia por la propiedad de la tierra, la base de un proyecto de vida y los cálculos económicos. Estos últimos estaban contaminados por mitos. Se decía que la vivienda podía subir, pero no bajar, como si la fortaleza del ladrillo se trasladase a los valores. Ni siquiera la subida de precios desde mediados de los 90 produjo vértigo a los españoles, que se lanzaban a comprar en cuanto podían presentar dos nóminas.

No es que no hubiese buenas razones. El mercado de alquiler no funcionaba porque a base de perjudicar a los propietarios se logró perjudicar a los inquilinos. Y los tipos de interés abarataron tanto el coste financiero de comprar una casa que, digámoslo claro, era la opción más racional. Además de disfrutar de la casa, la compra daba la oportunidad de crear, mes a mes, un patrimonio. Y todo parecía indicar que era un negocio seguro y redondo.

No era ninguna de las dos cosas. Los tipos de interés están más manipulados que los informativos de La Sexta y los bancos centrales los colocaron como si tuviésemos motivos de sobra para no preocuparnos por el futuro. No lo hicimos. Pero el futuro llegó en forma de crisis económica… e inmobiliaria. La hora de la verdad era la hora de reconocer que los pisos no subían sin freno; que incluso se habían apreciado demasiado y que ahora tenían que caer. El Instituto Juan de Mariana calculó hace dos años que tenían que bajar un 40 por ciento, que ahora es todavía un 20. Y aún tendremos que esperar varios años antes de que se pueda decir que el mercado se ha estabilizado.

Esa campaña, partidista y totalitaria, que dice "esto sólo lo arreglamos entre todos", no tiene en cuenta que los españoles ya lo están arreglando a base de ahorrar, hasta casi el 25 por ciento de su renta disponible. Estamos desapalancándonos y preparándonos para un futuro plagado de riesgos e incertidumbres.

Purgaremos los pufos del pasado, aunque tendremos que hacerlo durante muchos años. Y volveremos a crecer a buen ritmo y a crear empleo, aunque para ello tengamos que esperar a la segunda mitad de la década. Y seguiremos intentando crear un patrimonio. Yo espero que para entonces haya servido de lección la crisis actual y se tenga en cuenta que la compra de una casa es una buena opción, pero no siempre. Y que hay otras opciones, como la de invertir en las empresas y participar de sus rendimientos, gracias a la Bolsa. Que los trabajadores sean también capitalistas y participen de la feracidad de este sistema económico. Una sociedad de propietarios plural es también una sociedad de personas independientes.

Obama busca su chivo expiatorio

Desde hace años es un secreto a voces que las compañías financieras en general y los bancos de inversión en particular practicaban una ingeniería financiera, digamos, "curiosa" para maquillar sus cuentas y, por tanto, mentir a sus accionistas y acreedores.

Ahí está el caso de Lehman Brothers y su famoso "repo 105" por el que la futura mayor quiebra empresarial de la historia extraía de su balance alrededor de 50.000 millones de dólares en deuda pocos días antes de cerrar el ejercicio. No es que existiese una diferencia abismal entre el Lehman sin el repo 105 y el Lehman con el repo 105, pero en cualquier caso no es de recibo –ni siquiera estatutariamente– que se manipularan las cuentas.

También plantea serios problemas, cuando menos morales, que Goldman Sachs estuviera vendiendo a sus clientes unos productos financieros contra los que él mismo estaba apostando. Que la banca de inversión se postulara como una especie de asesoría para inversores chirría con el hecho de que los asesorara en contra de sus expectativas. Si bien, dicho sea a renglón seguido, a toro pasado resulta muy fácil ver en esta operación un conflicto de intereses; pero dudo de que si los inversores hubiesen ganado dinero y Goldman lo hubiese perdido, alguien hubiese protestado por algo.

Digo, que a uno podría parecerle bien que empuraran a Goldman, uno de los pocos bancos de inversión que logró sobrevivir a la quiebra de Lehman gracias a la ayuda del Gobierno pero que casi con total seguridad habría sobrevivido también sin ella. Pero de toda esta operación se desprende ese típico tufillo populista al que es tan adicta la izquierda y que me lleva a recelar de que una agencia gubernamental como la SEC cargue contra una empresa privada como Goldman.

Porque con este golpe de propaganda no sólo se pretende redimir de sus responsabilidades a toda una clase inversora que, por lo visto, había sido capaz de amasar una fortuna suficiente como para que se la administrara Goldman Sachs pero que era tan inepta financieramente como para ignorar que no debía invertir en el infladísimo mercado inmobiliario estadounidense. Digo yo que algo de responsabilidad tendrán también aquellos que compraron ese producto financiero tan biensonante como ABACUS y que no era más que la deuda de una sociedad instrumental dedicada a asegurar que no se producirían impagos entre las hipotecas subprime. ¿Que nadie podía prever que los impagos en las hipotecas subprime iban a estallar en apenas pocos meses? Bueno, pues entonces tampoco acusemos a Goldman de saber qué iba a pasar y lucrarse con ello.

Pero, sobre todo, me preocupa esta vuelta de tuerca de la estrategia política de Obama: la crisis es culpa de la desregulación del mercado; los inversores han estado desprotegidos frente a la voracidad y a la opacidad del sector financiero; las grandes empresas intentan aprovecharse de los débiles. No, es cierto que la crisis tiene numerosos culpables, pero los más importantes se encuentran en las filas del sector público: a saber, la política monetaria expansiva de la Reserva Federal, la regulación de la SEC (que no desregulación: la SEC no dejó de regular, impuso otras regulaciones más favorables a la banca) y el gasto desbocado del Gobierno federal.

Nada de todo esto ha cambiado con Obama. La Fed sigue tomada por la misma filosofía inflacionista que nos llevó a esta crisis (Alan Bernanke o Ben Greenspan), la SEC sólo planea regular aún más y no retirar regulaciones (ahí está el absurdo caso de las agencias de calificación) y Obama ha vuelto pequeños los monstruosos déficits de Bush. Es más, los mismos altos cargos de Goldman Sachs que tan perversamente engañaron a los indefensos inversores según Obama han colonizado su secretaría del Tesoro. No se trata ya de que Henry Paulson fuera el CEO de Goldman, sino que el jefe de personal de Geithner, Mark Patterson, es un antiguo lobbysta de Goldman.

Lo siento, pero no me lo trago. Se trata de la misma operación cosmética de siempre dedicada a encumbrar la imagen de falsa bondad y ecuanimidad del Estado y de emponzoñar la del mercado, pero a su vez colocando dentro de la administración a los mismos a quienes se acusa de delincuentes. No, no es eso. Si los demócratas quieren proteger a los inversores, que acaben con los privilegios de la banca (que tome ejemplo de otro demócrata, Andrew Jackson, quien cerró el segundo banco central de EEUU), pero no nos vendan una falsa y demagógica dureza para seguir esquilmando con impuestos y regulaciones a los ciudadanos. Ni la crisis empezó porque Lehman falseara sus cuentas, ni porque Goldman siguiera estrategias financieras poco éticas. En cambio sí lo hizo porque la Fed expandió el crédito, la SEC permitió que los bancos multiplicaran su apalancamiento y el Gobierno federal gastara sín límites. No, busquen dentro de su casa y hallarán la respuesta. Claro que no les veo llevándose a usted mismos ante los tribunales.

Liberalismo caliente

Esta barbaridad, dice Ovejero, debería dirimirse en los tribunales, pues estamos acusando al Estado de cometer un delito tipificado en el código penal. ¡Cómo va el Estado a violar sus propias leyes!

A Ovejero, profesor de Ética y Economía en la Universidad de Barcelona, se le escapa la obviedad de que el Estado, precisamente porque hace sus propias leyes, puede autoexcluirse de su definición de "delito". Pero el código penal no es un diccionario, mejor consultemos la RAE. La primera acepción de "robo" es "quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno". En otras palabras, sustraer una propiedad sin el consentimiento del dueño.

Ovejero no tendría problemas en identificar extorsión o robo en estas situaciones: un mafioso de barrio nos amenaza con destrozar nuestro local si no le pagamos una parte de los ingresos; o un ladrón nos asalta y nos insta a punta de navaja a darle la cartera. Sin embargo, no advierte que el Estado actúa de forma análoga cuando amenaza con multarnos, embargarnos y meternos en la cárcel si no pagamos lo que nos pide (o abatirnos si, insensatamente, se nos ocurre resistirnos). Por algo se le llama "impuesto" y no "donación" o "precio por servicios".

Puede replicarse que los impuestos se utilizan para pagar servicios necesarios o para ayudar a los más desfavorecidos. Esto es muy discutible, pero es otro debate. La realidad sigue siendo que el Estado utiliza la coacción para financiar sus actividades. Ya lo dice un aforismo: si la gente se comportara como Estados, llamaríamos a la policía.

Ovejero caricaturiza el liberalismo hasta el punto de hacerlo irreconocible. Confunde la libertad (que acaba donde empieza la del otro) con el poder arbitrario (que no reconoce límites). Se refiere al Estado como "la garantía de la libertad", como si el zorro cuidara del gallinero. Acusa a los críticos del impuesto de sucesiones de "consagrar el linaje del tener", pero lo que defendemos es el derecho a legar a quien quieras el fruto acumulado de tu trabajo. Ovejero desestima las objeciones relacionadas con la eficiencia, ignorando que el impuesto de sucesiones no sólo desincentiva el trabajo, sino que incentiva el consumo del capital antes de la muerte (y de que se lo quede Hacienda).

Ovejero, por último, dice que en democracia todos contamos lo mismo (una persona, un voto), mientras que en el mercado unos tienen más voz que otros. Hay algo de cierto en esto: en democracia la voz de todos vale igual… de poco. En democracia se vota para ejercer poder sobre los demás, incluidos los que no votan o los que votan en contra. En el mercado cada uno negocia y paga por lo que quiere, sin interferir en lo que persiguen los demás, de modo que pueden armonizarse descentralizadamente los intereses más dispares y conflictivos. La distinción es importante, porque en el día a día no vivimos "democráticamente".

No pedimos permiso a "la mayoría" si queremos vestir como metaleros, seguir una dieta vegetariana o leer libros de historia. No preguntamos a la "mayoría" a la hora de escoger a nuestras amistades, nuestro trabajo, nuestra casa o nuestra pareja. El mercado, además, es genuina "participación directa": si no nos gusta un servicio o un producto acudimos a la competencia al día siguiente, no tenemos que esperar cuatro años (para obtener lo mismo en otro envoltorio).

Ovejero nos invita a llamar a las cosas por su nombre. Debería empezar por juzgar el Estado con el mismo baremo que juzgamos a las empresas e individuos particulares. Quizás entonces no se echaría las manos a la cabeza cuando los liberales, calentados, llamáramos al robo, robo.

¡La escuela austriaca en los periódicos!

Hace unos días fue Gregory Mankiw, uno de los economistas y tomboleros más conocidos del mundo, quien se planteaba que quizá –penurias que ha de sufrir uno– no fuera tan buena idea aquello de dejar que los bancos se endeuden a corto plazo y presten a largo. Ahora, el autor de uno de los libros de macroeconomía más vendidos y estudiados en las facultades parece darse cuenta de que esa estrategia financiera, tan desestabilizadora, tan peligrosa y tan ruinosa puede que no depare demasiados beneficios. Oh, de golpe, comprendemos que ese método tan científico, exacto y respetable que emplean los economistas ortodoxos ha engañado a varias generaciones de universitarios y profesionales; lo que parecían conclusiones asentadísimas dejan de serlo de la noche a la mañana.

Bien está que Mankiw recapacite, aunque mejor hubiera estado que no ignorase La acción humana, de Ludwig von Mises, por el mero hecho de que fue publicada en 1949. Así, quizá se hubiese ahorrado –y hubiese ahorrado a tantos– años y más años de confusión, pues ya en esas páginas Mises analizaba y criticaba el descalce de plazos por el que hoy, 61 años después, Mankiw comienza a preocuparse.

Si la ciencia económica realmente existente, según dicen, es una disciplina nada sectaria, nada ideologizada y nada influida por intereses políticos y empresariales, habrá que asumir que todos los artículos académicos que se publican llevan en sí, implícita o explícitamente, lo mejor de las generaciones anteriores. Así que habrá que asumir que todo lo aprovechable de La acción humana está adecuadamente filtrado, aislado e incorporado en la corriente económica mayoritaria.

Ja.

El otro que hace unos días reivindicó algunas ideas típicamente austriacas fue el ex presidente de la Fed, Alan Greenspan. En un largo artículo con el que pretende sacudirse su más que evidente responsabilidad en la gestación del boom artificial del crédito, Greenspan concluye que los problemas de un sistema financiero aparecen cuando éste se endeuda a corto plazo e invierte a largo. Quizá a muchos les sorprenda. A mí, no tanto. Cualquiera que haya leído qué pensaba Greenspan en 1966 sobre el patrón oro podrá darse cuenta de que la teoría austriaca jamás lo abandonó: para lo bueno y para lo malo. Pues sin tales conocimientos probablemente no hubiese logrado sostener ese castillo de naipes financiero durante tanto tiempo, y la crisis actual hubiese sido mucho más liviana.

Mas no quería hablarles ni de Mankiw ni de Greenspan, sino de otros dos economistas de renombre, Martin Wolf y Paul Krugman, que también han mentado a la Escuela Austriaca en fechas recientes.

Wolf, jefe de Opinión de Financial Times, ha escrito un artículo en que pide opiniones sobre la Escuela Austriaca. En principio, él ve con agrado algunas de sus teorías; por ejemplo, la que dice que la reserva fraccionaria tiende a generar booms crediticios que cristalizan en malas inversiones generalizadas. La exposición de Wolf es simple y muy poco matizada, pero cumple su función de transmitir la esencia sin errores. No podemos decir lo mismo cuando pasa a reflexionar sobre la parte de la teoría austriaca que no le agrada: por ejemplo, la idea de que los problemas de la crisis se solucionan dejando que todo quiebre.

Es cierto que algunos austriacos (sobre todo, en el Mises Institute) son partidarios de que, si es necesario, caiga el sistema. Por no es una postura unánime. Así, Hayek era consciente de los riesgos de la "contracción secundaria", y otros austriacos han alertado sobre los peligros de que la necesaria liquidación se transforme en una sobreliquidación. Yo mismo he sugerido alternativas al rescate público de la banca que no pasan por su quiebra.

Es una pena que Wolf no conozca demasiado bien toda esta rica tradición austriaca, aunque en su descargo reconoceré que los austriacos tampoco han hecho demasiado por darla a conocer.

Muy otro es el caso de Krugman. En el Nobel de 2008 se juntan en distintas dosis la ignorancia y la mala fe. Es difícil saber cuál de ellas prevalece, dados sus antecedentes. Pero afirmar que la teoría austriaca del ciclo económico es incapaz de explicar por qué surge desempleo durante la fase recesiva denota una nula comprensión de la misma. La heterogeneidad y la poca convertibilidad de los bienes de capital, unidas a la falta de ajuste en los precios relativos (salarios incluidos), explican la persistencia del desempleo durante una crisis. En caso contrario no sólo no habría desempleo, sino que no habría crisis. Parece mentira que haya que volver a explicar esto.

Otros economistas de media fila, como Brad Delong, ese que manipula los textos de Hoover para tergiversar a un Hayek al que, por otro lado, él mismo confiesa que no entiende, también han participado en el debate; pero sus opiniones son sólo un refrito de las de Krugman con un poco de jerga monetarista, así que tampoco merece la pena prestarle demasiada atención.

En fin, a lo que iba: periodistas y economistas, sabiéndolo o no, manipulando sus tesis o no, están empezando a conceder a la Escuela Austriaca la relevancia que merece. Probablemente no sea mérito de quienes nos consideramos austriacos –en general, somos divulgadores muy perfectibles–, sino más bien fruto de la propia tozudez de los hechos.

Y es que cuando los bancos centrales expanden el crédito a gran escala, provocan crisis descomunales, rebajan los tipos de interés sin conseguir reinflar las burbujas causantes de todos los males, y los planes de estímulo keynesianos sólo sirven para lastrar el crecimiento presente y futuro, una de dos: o empiezas a aceptar el peso de las teorías austriacas, o dejas que la ideología te ciegue. Esperemos que la gente honrada y equivocada tenga más peso que la gente deshonesta y politizada.

Fascistas del siglo XXI

Lo grave del asunto ya no son los continuos desvaríos de los ecologistas, sino la creciente influencia política y social que está alcanzado este nuevo ideal fascista en los últimos años.

Resulta alarmante que los partidos políticos y la mayoría de medios de comunicación defiendan este tipo de ideas sin apenas reflexionar o cuestionar lo más mínimo sus medios y fines. Y es que la utopía ecolojeta, simplemente, da pavor.

Año 2050. Tras décadas de lucha ideológica, la elite ecologista logra, al fin, su ansiado objetivo. Bajo la excusa del calentamiento global, el Estado-nación se desvanece bajo la sombra de una figura totalitaria que aglutina y concentra en un único ente todos los resortes del poder político. Nace el "Gobierno Mundial", un Estado planetario que, por ser único en su especie, carece de todo tipo de límites y contrapesos. Un nuevo modelo en el que la democracia carece ya de todo sentido y razón de ser, pues la naturaleza misma del poder único lleva implícita la marca de la dictadura y el autoritarismo.

La economía de mercado ha sido borrada del mapa. Se impone la planificación económica a nivel mundial, una variante del comunismo soviético o el corporativismo estatal nazi, en el que la utopía racial y de la lucha de clases ha sido sustituida por la religión medioambiental. La supremacía de la naturaleza sobre las libertades individuales y la existencia misma del ser humano deriva hacia un totalitarismo económico que se guía de forma arbitraria bajo el criterio de la "sostenibilidad" y el "crecimiento cero".

Una vez establecida esta estructura, los ecolojetas cuentan ya con vía libre para exterminar a miles de millones de personas y esterilizar a medio planeta para reducir así las emisiones de CO2, tal y como defiende el Club de Roma o el Optimum Population Trust (OPT). Por último, los denominados "animalistas" –otra rama del ecologismo–, dotan a los animales de derechos que, hasta el momento, eran únicos y exclusivos del individuo. No obstante, el ser humano –a excepción de la elite gubernamental dominante– es una plaga que ha de ser minimizada por resultar perjudicial (contaminante) para la Madre Tierra. Como resultado, se prohíbe comer carne y pescado. Se impone la dieta vegetariana o sintética.

La libertad individual es una figura obsoleta, propia del pasado. La civilización ha muerto, ¡viva la naturaleza! ¿Exageraciones? Revisen los postulados económicos y políticos del ecologismo y descubrirán que el mundo descrito constituye al ansiado paraíso de los ecologistas. Un Gobierno Mundial sin democracia, basado en una economía planificada "sostenible" y la limitación e, incluso, reducción, de población. Dicho así asusta, ¿verdad? Las similitudes del ecologismo respecto al ascenso social y político del nazismo y el comunismo son palpables. Quizá por eso los verdes se empeñen ahora en encarcelar a todos aquellos que nieguen la teoría del cambio climático o se opongan a las tesis ecologistas… Bienvenidos al fascismo del siglo XXI.