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Ni Zapatero ni Trichet salvarán a España

Durante décadas hemos podido escuchar que el PIB estadounidense se desplomó un 30% al inicio de la Gran Depresión, que todo el sistema bancario quebró y que el desempleo explotó a tasas del 25%, pero que gracias a las políticas económicas de cuño científico que habían desarrollado desde entonces keynesianos y monetaristas (tanto monta), nunca volveríamos a presenciar una debacle de tal magnitud.

Bueno, pues aquí la tienen: España. Poco nos falta para yacer en esa sima económica que fueron los años 30 en EEUU. Y ello pese a que hemos tenido un presidente del Gobierno keynesiano como pocos y a que el Banco Central Europeo ha acomodado extraordinariamente su política monetaria (ahora monetizando deuda pública española). De no ser por los rescates e intervenciones antikeynesianas que han venido desde Bruselas, probablemente el Estado español ya hubiese quebrado o se encontrara al borde de hacerlo y con él todo nuestro sistema bancario (algunos deberían preguntarse qué tenía de buena la venta de deuda pública a nuestros bancos comerciales).

Quizá todo esto sea indicativo de que cuando no se producen los pertinentes cambios en nuestra estructura productiva, incluyendo los ajustes de los precios relativos, ninguna política pública puede sostener una economía que se niega a funcionar. Llevo años diciendo que el precio de los inmuebles tiene que caer un 40% y los salarios en torno al 10% para que dentro de la economía española puedan volver a aparecer proyectos rentables y competitivos (brotes verdes) que nos permitan amortizar nuestra abultadísima deuda externa y generar empleo.

Lo mismo pasó en los años 30 en Estados Unidos, donde los controles de precios en todos los ámbitos impidieron liquidar las malas inversiones y recolocar los factores productivos hasta que se levantaron después de la II Guerra Mundial. Y en estas situaciones, ni el keynesianismo ni un monetarismo cerril destinado a ampliar el crédito tanto como sea posible (cosa distinta es aquel que pretenda evitar la contracción secundaria) pueden hacer demasiado salvo si es para empeorar las cosas.

¿Por qué, en cambio, Estados Unidos está comenzando a reflotar en la actualidad? Simplemente porque sus precios sí se han ajustado durante esta crisis: los costes laborales se ha reducido en torno al 5% y los inmuebles se han depreciado más de un 30%. No han sido ni Bernanke –especialmente desde comienzos de 2009 cuando se puso a comprar masivamente titulizaciones hipotecarias sin ton ni son– ni tampoco Obama –que ha despilfarrado casi un billón de dólares sin ningún resultado positivo– quienes han permitido purgar, liquidar y reestructurar la economía, sino su propia flexibilidad.

De eso aquí no tenemos demasiado –los inmuebles sólo han caído en torno al 15% y los salarios se mantienen estables gracias a unas constructoras que no quiebran y a unos sindicatos que controlan los sueldos vía negociación colectiva– y sólo nos ha faltado para rematar el desastre nacional que Zapatero primero con su enorme gasto público y Trichet luego mediante la monetización de nuestra deuda, nos hayan concedido un oxígeno carísimo para poder retrasar las imprescindibles reformas que precisamos para ajustar nuestros precios relativos.

Hasta entonces, seguiremos hundidos y ni Keynes ni Friedman, ni Obama ni Bernake, ni Zapatero ni Trichet podrán hacer nada para evitarlo.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

El capitalismo bien, gracias

Se arrodilló ante el demócrata Hu Hintao y nuestro monamí Sarkozy, que finalmente le coló de rondón. Y eso que la había organizado BelceBush. Aquella reunión, anegada por discursos anticapitalistas de líderes de países capitalistas, iba a ser el nuevo Bretton Woods. Sarkozy dijo que había llegado la hora de "refundar el capitalismo". Y a lo que hemos llegado es a que lo que hay que re-fundar, son los Estados, los Estados sin crédito, como el español.

La izquierda española, la que todavía se duele de la caída del muro, no tuvo pudor en sacar a la luz su rencor histórico por aquella conquista de la libertad y dijo que la crisis, recién estrenada, era la caída del muro del capitalismo. Cuando los pocos muros que se erigen en países capitalistas ¡son para evitar que lleguen en masa quienes migran hacia él como quien va a la tierra prometida! Pero ni muro ni refundación. El capitalismo bien, gracias. Está en plena purga, zafándose de todos los excesos firmados por los presidentes de los bancos centrales. El capitalismo tiende al equilibrio, y un zurriagazo en forma de liquidez y crédito sin respaldo no podía dejarle indiferente. Pero luego vuelve a su ser, liquida todos los malos proyectos y vuelve a enriquecernos a todos, incluso a los más desagradecidos.

Los inversores, que no se dejan engañar por los políticos cuando se trata de su propio dinero, desconfían de la deuda española. Ese hecho ha forzado a Zapatero, ¡a Zapatero!, a hablar a los españoles de la gravedad de la crisis y de la necesidad de hacer recortes. Tal es el poder del capitalismo para repartir buen sentido incluso a quien siente un rechazo visceral hacia la realidad, como nuestro presidente. Ya no se habla de refundar el capitalismo. Se hacen las cuentas, se calcula qué reforma, de todas las convenientes, será la que menos moleste a los electores, y adelante. Al final, lo que quedan son los excesos de la política, el gasto sin medida, y sin más sentido que la compra de votos.

Y, al final, lo que se ha colado por el sumidero de esta crisis no es el capitalismo sino el discurso de la izquierda, que ni entiende de dónde viene la crisis, ni acepta su propia responsabilidad en ella y se ve forzada a desdecirse, como Zapatero, por el peso de la realidad. En contra de lo que se dijo en su momento, esta crisis económica será una crisis, una más, de la izquierda.

El ajuste de la izquierda

…ése que había prometido durante dos años no tocar y ése que había convertido en el estandarte de la vía española o zapaterina para salir de la crisis. Algunos todavía siguen queriendo rebelarse contra una ciencia económica que no entienden, pero en su fracasado intento sólo logran arruinar a naciones enteras. Zapatero y la izquierda son un buen ejemplo: durante mucho tiempo –demasiado– creyeron que el Estado tenía que gastar más de lo que ingresaba (al contrario de lo que empezó a hacer un mucho más prudente sector privado) para relanzar la recuperación; hoy, Zapatero se ha visto obligado a empezar a rectificar y sus corifeos están desconcertados. ¿Es posible que les hubiese mentido durante tanto tiempo sin que ellos se dieran cuenta?

Algunos incluso emplean la coyuntura para implementar su agenda ideológica. No es que estén convencidos de que nos veamos abocados a la quiebra, pero dado que su líder ha dado el pistoletazo de salida para reducir el déficit, aprovechan para hacer aquello que siempre quisieron hacer: subir los impuestos a los ricos y recortar el gasto público al ejército, a la banca y a la Iglesia.

El diario Público despliega este fin de semana sus propuestas para poner corto al déficit, tanto por el lado del gasto como por el de los ingresos fiscales. No voy a entrar a valorar las propuestas concretas –en muchas reducciones del gasto puedo incluso estar de acuerdo– ni la lógica que puedan tener (es absurdo pensar que aumentando los impuestos en medio de la mayor depresión de nuestra historia moderna se logrará un incremento lineal de la recaudación o que el déficit puede solucionarse sin una liberalización enérgica del mercado laboral). Sólo me interesa destacar la incapacidad de una parte muy importante de la izquierda para digerir la realidad y proponer soluciones en consecuencia.

Después de, entre otras cosas, recortar un tercio el presupuesto de Defensa, dejar quebrar a la banca española al suspender el FROB, gravar las loterías, reinstaurar el Impuesto sobre el Patrimonio, aumentar el tramo máximo del IRPF al 50%, eliminar la práctica totalidad de las deducciones a las que se acogen las clases medias, multiplicar por cinco la tributación de las SICAV, aumentar el Impuesto de Sociedades al 35% para las grandes empresas y luchar genéricamente contra el fraude fiscal, sólo esperan reducir el déficit en unos 23.000 millones de euros (el cálculo que hace Público es algo superior, pero se debe a que no suma correctamente).

Bien: ahora recordemos, en 2009 el déficit público de España estuvo en torno a los 110.000 millones de euros. ¿23.000 millones? ¿Eso es todo? ¿Con este ajuste de cuentas, en su doble sentido, concluye la consolidación presupuestaria alternativa de la izquierda? Debería bastar este botón fuertemente ideologizado como muestra de lo poco que nos tiene que ofrecer el socialismo en la salida de esta depresión. Y no entro a juzgar, ya digo, los efectos devastadores que en la actual coyuntura tendría gravar aún más las escasas fuentes de ahorro de que dispone la sociedad española.

Muchos pensaron que la crisis la había causado el libre mercado (en ningún momento se plantearon el papel que jugaron esos monopolios públicos de la emisión de moneda que son los bancos centrales) y automáticamente se ilusionaron creyendo que era la "hora del Estado", de "lo público". Ya hemos visto qué pasa cuando a un mal diagnóstico lo sigue una peor receta. Aunque se nieguen a reconocerlo, la sociedad española no puede permitirse un Estado tan caro como el actual y por ello habrá de realizar un drástico recorte de gasto público, en parte en las partidas que sugiere la izquierda pero también y sobre todo –porque son el grueso del Presupuesto– en otras que son intocables para el dogma socialista. Esperemos que su tozudez no nos lleve a la quiebra a todos; o, al menos, resultaría deseable que quienes nos abocan a la quiebra sean los que soporten el mayor coste de la misma una vez se produzca (por ejemplo, pagando más impuestos en el futuro por el gasto que no han querido recortar hoy para hacer viable el repago de la deuda). En caso contrario, continuarán brotando e implementándose propuestas políticas disparatadas y suicidas, al estar socializándose unas pérdidas de las que ellos, la izquierda, son los responsables.

Un sencillo plan para acabar con el déficit

…propio de la socialdemocracia europea que ni nos podemos permitir ni es la mejor de las alternativas económicas.

Sin embargo, las medidas anunciadas se quedan cortas y mantienen numerosas transferencias de renta a las típicas castas amamantadas por el poder político que sería justo y necesario desaparecieran. Además, Zapatero ya ha amenazado con la posibilidad de subir impuestos, no porque sea imprescindible para eliminar el déficit, sino porque debe contentar a su electorado de ultraizquierda a costa de expoliar a las clases medias españolas. Una receta segura para el descalabro económico.

Estando como estamos en un momento de cambio, voy a esbozar mi propuesta de plan de ajuste, alternativa a la planteada por Zapatero. Mis sugerencias permitirían eliminar el déficit de la Administración Central en uno o dos años sin subir impuestos y por tanto colocaría a nuestro país en una posición idónea para encarar la reducción del endeudamiento privado y las distorsiones en la estructura productiva provocadas desde 2002 por la expansión crediticia de los bancos centrales.

Me basaré en las cifras del presupuesto ejecutado en 2009, que arrojó un déficit público de 87.000 millones de euros: la diferencia entre unos ingresos de 102.000 millones y unos gastos de 189.000 millones. A este objetivo, hay que tener en cuenta que el último ejercicio fue desastroso para el déficit, ya que aumentó en 68.000 millones con respecto a 2008 (momento en el que cerramos con un déficit del 1,8% del PIB), pues los ingresos se desmoronaron en 27.000 millones de euros y los gastos crecieron en 41.000.

Mi objetivo es, pues, reducir esa brecha en las cuentas públicas de la Administración Central de 87.000 millones de euros y para ello deben atacarse las siguientes partidas:

  • Primero, reforma laboral: De nada sirve ajustar el presupuesto si una parte de la sociedad española (más del 20%) se encuentra ociosa en casa, sobreviviendo gracias a un subsidio del Estado. Los parados no generan rentas con las que obtener ingresos fiscales y además incrementan de manera muy sustancial el gasto público (no agrandan la tarta de la riqueza de la economía, sino que consumen partes crecientes de la tarta cada vez más pequeña del sector productivo). En 2009 la recaudación por IRPF cayó en 8.000 y, mientras tanto, los subsidios de desempleo aumentaron en 20.000 millones. Volver a tasas de paro europeas –unido a una progresiva terminación de los subsidios– permitiría reducir el gasto en esos 19.000 y aumentar los ingresos, tirando por lo bajo, en 6.000. Con la reforma laboral, por consiguiente, puede reducirse el déficit directamente en 26.000 millones.
  • Las transferencias autonómicas, después: El sistema fiscal español, en el que se centralizan los ingresos y se descentraliza el gasto promueve un déficit estructural en el conjunto de las Administraciones Públicas: las autonomías gastan y el Estado no sube los impuestos para financiar ese gasto. O se centralizan ingresos y gastos o se descentralizan ambos (particularmente prefiero esta segunda opción, pues favorece la competencia fiscal), pero mantener el sistema actual es suicida. Mientras ello suceda, las transferencias corrientes que reciben las autonomías deben reducirse proporcionalmente con las cantidades realmente recaudadas por la Administración central. No es admisible que el Estado se endeude para que las autonomías gasten sin freno. En 2009, los ingresos totales cayeron en 26.000 millones, sin embargo, las comunidades autónomas recibieron 1.000 millones más que en 2008 y, por tanto, la Administración Central 27.000 millones menos. Una reducción proporcional de la menor recaudación hubiese supuesto unos 10.000 millones menos de ingresos para las autonomías y 16.000 menos para el Estado central. Con lo cual, por esta vía, el Estado se ahorraría en gasto 10.000 millones.
  • No más planes E: En 2009, el Plan E, una medida contraproducente para el reajuste de la economía, supuso un gasto de 8.000 millones. No repitiendo ruinosos experimentos keynesianos, nos ahorraríamos este importe.
  • Cursos de formación de parados: Los gestionan con dudosa eficacia los sindicatos y no tienen demasiado sentido existiendo contratos de aprendiz o de prácticas. Acarrean un gasto de 7.500 millones de euros.
  • Supresión del gasto público en I+D: Es un mito, bastante caro, que el Estado tenga que promover las inversiones en investigación y desarrollo. Son las empresas las que, conociendo las particularidades de su negocio, las oportunidades de beneficio y las posibilidades de innovación, deben investigar o no hacerlo. De aquí se extrae un ahorro de 6.000 millones.
  • Paralización de la inversión pública en Fomento e Industria: Siguiendo con la idea anterior, la política industrial no consiste en mantener industrias que no sobrevivirían en el libre mercado, sino dejar en que sean las propias empresas las que se orienten para servir a los consumidores de la mejor manera posible. Es una de las medidas aprobadas por el Gobierno, de donde se ahorran 6.000 millones.
  • Acabar con la ayuda al desarrollo de dictadores: Por dejar de sufragar los gastos de las tiranías tercermundistas podemos ahorrarnos 2.900 millones.
  • Reducción del gasto en personal: Los funcionarios han ganado un 16% de poder adquisitivo desde 1999, amén de tener su puesto garantizado por el Estado. En medio de un aquelarre laboral en el que han perdido su empleo más de cinco millones de personas –precisamente porque sus salarios eran demasiado elevados– debería resultar razonable que vieran recortadas sus retribuciones, al menos hasta que los ingresos tributarios vuelvan a aumentar. Es lo que sucedería en cualquier empresa privada. El Gobierno ha propuesto un recorte del 5%, pero debería ser al menos del 10%. Con ello, la Administración central se ahorraría 2.700 millones.
  • No al cheque bebé: La natalidad puede ser beneficiosa para una sociedad, pero no a costa de subvencionarla por el Estado. Suprimiendo esta partida, de dudosa eficacia, nos ahorramos 1.500 millones de euros.
  • Fin de ayudas a la vivienda: La mejor ayuda es dejar de sostener a los promotores y permitir que los precios del enorme stock de viviendas sobrante caigan. 1.500 millones menos de gasto.
  • Acabar con las subvenciones a lobbys diversos (partidos políticos, sindicatos, patronal, mundo de la cultura): Aparte de sostener a un lobby caracterizado en buena parte por apoyar al presidente del Gobierno que nos ha llevado a esta situación crítica, ni las subvenciones a la cultura sirven para ello –¿qué cultura hace falta subvencionar en EEUU para que sea la primera potencial mundial en la transmisión del American Way of Life– ni las ayudas a los agentes sociales permiten otra cosa que cebar a quienes son responsables de la sangría laboral. Que cada palo aguante su vela, es decir, que cada afiliado sostenga a su organización. Evitamos gastarnos 700 millones.
  • Otros: Suprimir el Ministerio de Igualdad, eliminar el cajón de sastre que representan los "imprevistos y funciones no clasificadas" y reducir de verdad los altos cargos y los asesores, unos 2.300 millones de euros.
  • Reducción proporcional del resto del presupuesto: Para alcanzar el equilibrio presupuestario nos faltan 12.000 millones de euros (apenas un 1,2% de déficit público). Sin meternos a analizar otras partidas concretas, hay una manera bastante sencilla de lograrlo y que tomo prestada de Carlos Rodríguez Braun: reducir proporcionalmente el resto de partidas que no hemos tocado. Tras adelgazar como hemos visto el gasto de la Administración, todavía quedarán unos 84.000 millones de euros (excluyendo el gasto en personal para no aplicarles una rebaja adicional). Basta con que reduzcamos menos de un 15% todas las restantes partidas, para minorar el gasto en el importe que nos falta.

Fijémonos que con esta reducción del gasto, ni siquiera sería necesario implementar el incremento del IVA y de la tributación de las plusvalías previsto para julio de este año o, al menos, podrían reducirse paralelamente otros impuestos. Asimismo, salvo para el caso del IRPF, asumo que todas estas medidas no producirán una reactivación económica que aumente la recaudación vía otras figuras tributarias como Sociedades o IVA.

Por otro lado, se me podrá objetar que la segunda medida –menores transferencias autonómicas– reduce el déficit del Estado a costa de aumentar el de las comunidades autónomas (desde los 20.000 millones a los 30.000). Este punto es cierto, pero desde luego no es el Estado quien tiene que cargar con el despilfarro de los políticos autonómicos. El mismo análisis que hemos efectuado con los Presupuestos Generales, podríamos realizarlo con cada presupuesto autonómico, de donde a buen seguro sería posible reducir enormes cuantías de dinero. El estudio de la Fundación UPyD sirve, como mínimo, para encender las luces de alarma: cada año, las comunidades autónomas despilfarran en duplicidades que no prestan función alguna 26.000 millones de euros. Es decir, con medidas como las que propone UPyD, prácticamente eliminaríamos el déficit autonómico de 30.000 millones.

Por último, el volumen de deuda acumulada durante los últimos años –que si bien no es todavía excesiva, sí que ha dificultado la capacidad de adaptación del sector privado– debería amortizarse a través de la venta de activos del sector público: a saber, privatizaciones de todo lo privatizable (empezando por las televisiones públicas y terminando por las participaciones en empresas).

Con medidas como éstas, España puede dejar de ser un país de gorrones al borde de la quiebra, para convertirse en una economía solvente y confiable. Incluso tendríamos margen para contrarrestar la eventual quiebra del sector bancario. Lástima que tanto socialista esté amenazando con poner el país patas arriba a la helena simplemente por el tímido recorte del gasto de Zapatero. Por lo visto, prefieren la quiebra hoy y la miseria mañana. Claro que por algo son socialistas.

Pero, ¿qué pasaría con los pobres?

Es también el argumento socialista más habitual contra las tesis liberales, casi siempre aderezado con alardes de compasión e insinuaciones de insensibilidad.

Los liberales, como si hiciera falta aclararlo, no defendemos que se deje morir de hambre a los pobres ni somos indiferentes a su suerte. Esto son cuentos progres para espantar a los incautos. Lo que nos distingue de los estatistas es que, aparte de hacer menos demagogia, apoyamos la ayuda voluntaria, la solidaridad genuina, por encima de la redistribución forzosa. Consideramos que la función asistencial corresponde a la familia, los amigos, las fundaciones, las ONGs, la Iglesia, los programas de responsabilidad social de las empresas… Los intervencionistas, en una muestra de poca imaginación, parecen quedarse en blanco si les quitas el comodín de los "derechos sociales".

Pero vamos a conceder, a efectos dialécticos, que el cuidado de los pobres necesita de la intervención pública. De ahí no se sigue en absoluto la necesidad o conveniencia del Estado del Bienestar. La objeción de los pobres no es un argumento en contra de la privatización de la sanidad, la educación o las pensiones, en todo caso es un argumento a favor de un sistema de deducciones o cheques para la minoría con menos recursos.

La auténtica tragedia del Estado del Bienestar no es que le quite dinero a Pedro para dárselo a Juan, sino que se lo quite a Pedro para dárselo otra vez a Pedro en forma de servicios públicos de los que, si puede, huye. Si se tratara de subsidiar a los pobres, la factura sería modesta. Es la redistribución horizontal, que no tiene ninguna justificación de equidad ni de eficiencia, la que conforma el grueso del Estado del Bienestar. Con la excusa de atender a los más pobres, el Estado nacionaliza el sector entero, imponiendo sanidad, enseñanza y pensiones públicas a toda la sociedad.

Tomemos la educación, por ejemplo. Si estuviera privatizada y desregulada, la competencia entre escuelas para conseguir el favor de los padres abarataría los precios y mejoraría la calidad. "¿Pero no habría que garantizar unos estándares mínimos?"; "¿Qué sucede con las familias con pocos recursos?". A lo sumo, la respuesta a estas preguntas sería unos controles de calidad que excluyeran modelos educativos muy controvertidos y un sistema de cheques o deducciones para las familias menos pudientes.

En ningún caso se sigue la necesidad de establecer un Ministerio de Educación que imponga a todo el alumnado del país un sistema uniforme sufragado con impuestos, no-competitivo, con un mismo currículum y modelo docente. Es la diferencia entre un libre mercado de alimentos con controles de calidad mínimos, como el que tenemos hoy en día, y una industria alimenticia nacionalizada con un Ministerio de la Alimentación que impone la misma dieta a todos.

Los estatistas hablan del "derecho a la comida" o el "derecho a la sanidad"" como si pudieran comerse o curarte, pero lo que cuenta no son las declaraciones de intenciones impresas en papel (de estas hay muchas en la Constitución cubana) sino comer y tener buena salud. Y es el mercado el que produce comida de forma más eficiente para el mayor número de personas, y lo mismo ocurriría con la sanidad si el Estado lo permitiera.

Es extraordinaria la credulidad de algunos. El Estado afirma que "ayuda a los pobres" y se lo creen sin dudar. La prueba de sus bondades no son los resultados de un decreto sino su mera promulgación. Pero, ¿por qué tendrían los gobernantes que preocuparse de los más pobres, que carecen de peso político, en lugar de fingir hacerlo y servir en realidad a otros grupos de presión?

El salario mínimo y las regulaciones laborales elevan el coste de emplear a alguien, reduciendo los salarios de los trabajadores y condenando al paro a los menos productivos. Las licencias y los permisos para entrar en un sector restringen la competencia y encarecen servicios como la sanidad o los transportes metropolitanos. La regulación del suelo encarece la vivienda y el proteccionismo encarece la comida. Los impuestos indirectos, que cada vez tienen un peso mayor en el organigrama fiscal, son regresivos y se ceban en los más pobres. La subida de los precios provocada por la expansión crediticia es asimétrica y afecta especialmente a las personas de rentas más bajas, que ven subir los precios de los bienes que compran antes de que hayan subido sus salarios. Las regulaciones y los impuestos en general socavan la acumulación de capital y el florecimiento de nuevas oportunidades de negocio y de empleo.

Dicen que el mayor logro del diablo fue convencer a la gente de que no existe. El éxito del Estado del Bienestar ha sido convencerla de que sirve a los pobres.

Entre la España y la pared

Ésta ha sido la odisea de la crisis en España. Nadie la quiso ver venir aunque, al menos desde 2006, todo indicaba que la caída iba a ser durísima. Cuando la teníamos encima el Gobierno miró hacia otro lado y se centró en ganar las elecciones, las nacionales y las europeas. “¿Crisis, qué crisis?”, decía risueño López Aguilar en plena campaña haciendo un chiste con un viejo disco de Supertramp.

Como la insensatez siempre pasa factura, al final nos ha pillado el toro: negro bragado, quinientos kilos, astifino, nos ha volteado y tiene la cornamenta a dos milímetros del hígado. Si no se atienden los vencimientos de deuda que los acreedores pasarán el próximo mes de julio podremos ir despidiéndonos de la España de nunca jamás en la que llevamos sesteando década y media ad maiorem politicastri gloria. Y Zapatero lo sabe porque, al cabo, tonto no es. Salgado quizá no, pero alguien se lo habrá soplado al oído y lleva tres semanas con sesión doble de bikram yoga a 90 grados, crujir de dientes y sudores fríos. Y no porque le preocupe lo que le vaya a pasar a usted –eso jamás le ha quitado el sueño–, sino por lo que le va a pasar a ella. Sin poder no hay yoga, ni vida padre, ni cartelitos de no fumar. Sin poder no hay nada.

Podría, claro, Zapatero y su tropa seguir mandando, pero para eso tiene que pagar lo que debe, lo que irresponsablemente pidió prestado para colocar aceras donde no hacían falta, spas rurales o circuitos de motocross. Como gasta mucho más de lo que ingresa, un 11% más, tendrá que pedir de nuevo para tapar el agujero. Entonces la Bolsa gemirá, las agencias rebajarán la calificación crediticia, Público señalará al culpable y Nacho Escolar, analista financiero a ratos, echará mano de Bugs Bunny para indicarnos la causa exacta del derrumbe.

Llegado un momento, la farsa no podrá  sostenerse ni un minuto más, será inútil tratar de dar esquinazo al cobrador del frac escondiéndose dentro de un portal. Habrá que elegir entre un dolor cierto y una muerte segura, entre suspender el gasto y suspender los pagos, entre la España y la pared. Esto no es Grecia, a Zetapé no hay quien le rescate porque la nuestra es una economía demasiado grande que arrastra una deuda acorde a su tamaño. Lo que hay que hacer lo sabemos todos, pero sólo lo puede hacer una persona que, para qué engañarnos, no infunde demasiada confianza.

La diplomacia del limpiabotas

Desde que el actual presidente del Gobierno accediera a dicho cargo, es norma en la diplomacia española no perder la oportunidad de mostrarse complaciente con las tiranías, en especial si éstas son de izquierdas o satrapías encabezadas por un déspota musulmán. En esta ocasión tocaba satisfacer a un régimen totalitario marxista: el de China.

Como siguiendo el guión habitual, puesto en práctica en numerosas ocasiones en la política hacia la dictadura cubana los hermanos Castro, en esta ocasión se han satisfecho las exigencias de los tiranos con un desplante a las víctimas. El pasado jueves, la dirigente de la minoría uigur en el exilio Rebiya Kadeer tenía concertada una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Sus interlocutores iban a ser representantes de la Oficina de Derechos Humanos y de la Subdirección General para Asia Continental. Iba a ser, en definitiva, uno de esos muchos encuentros de medio o bajo nivel que pasan desapercibidos ante medios y embajadas extranjeras.

La cita no llegó a celebrarse. En un desplante impropio del departamento gubernamental dedicado a la diplomacia, Exteriores anuló el encuentro minutos antes de celebrarse. El ministerio de Moratinos dio literalmente con la puerta en las narices a Rebiya Kadeer. Para el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero resulta mucho más importante no molestar lo más mínimo a los sátrapas pequineses (que habían pedido a los gobiernos del mundo que no escucharan a la conocida exiliada uigur) que escuchar las denuncias que hacen las víctimas de la dictadura china.

Días después, en una entrevista radiofónica con ocasión de la Expo de Shanghai, un alto cargo de Exteriores definía a China como un “aliado” de España. A eso ha reducido Zapatero la acción exterior del país: a despreciar la libertad y los derechos humanos con tal de poder definirse como “amigo” de tiranos ante los que se cede constantemente. Es la diplomacia del limpiabotas de los dictadores.

¿Es el Ibex un casino?

Las personas estamos acostumbradas a razonar en términos de decisiones individuales: si alguien me lanza una piedra, es fácil asumir que quiere hacerme daño. Más complicado es extender ese mismo razonamiento a una escala social: los mercados no toman decisiones como una entidad y por tanto carece de sentido atribuirles intenciones. Al contrario, los mercados son el resultado de millones de acciones individuales descentralizadas motivadas por intereses e incentivos muy variopintos.

Los plumillas socialistas insistieron la semana pasada en que España sufría un ataque especulativo. Parecía como si un grupo de cuatro conspiradores anglosajones se hubiesen sentado en torno a una mesa para decidir hundir a nuestro país. Si la bolsa caía, si nuestra deuda se encarecía, era porque los mercados buscaban deliberadamente nuestro hundimiento; algunos incluso extendieron el disparate a señalar que estábamos ante un caso de golpismo financiero que pretendía derrocar a Zapatero.

Sin embargo, y aplicando esta misma lógica, la histórica subida del Ibex (y el estrechamiento del spread entre la deuda española y alemana) de este lunes debería estar auspiciada por un giro de 180 grados en las motivaciones de esa construcción mental que llamamos mercados: ahora, los mercados deben desear sustentar a Zapatero y a nuestra economía.

De ahí que muchos desconcertados analistas, que no se han preocupado nunca por aprender economía –en esto coinciden con ZP–, se hallen desconcertados y carguen contra el casino que suponen los mercados financieros. El mercado es irracional, dicen, porque el viernes quería cargarse a España y ahora, apenas tres días después, está dispuesto a ayudarla. ¿Qué será lo siguiente?

Tal vez, si en lugar de preocuparnos por qué quiere o dejan de querer un orden espontáneo como el mercado (que ha sido antropomorfizado por nosotros mismos para simplificarlo y encajarlo en nuestros rudimentarios esquemas mentales), nos dedicáramos a tratar de comprender qué temen, observan, conocen y desean las personas que participan en esos mercados, no sería necesario apelar a la irracionalidad ajena para esconder la ignorancia propia.

Lo que sucedió la semana pasada y lo que ocurre en esta es de tal sentido común que podremos comprender rápidamente por qué una inmensa mayoría de agentes quería desprenderse de activos españoles el viernes y ahora quiere comprarlos. Al margen de todos aquellos que tuvieran una posición abierta bajista en activos españoles –los reconocerán por que ahora mismo estarán pidiendo a la CNMV que pare la "especulación" al alza del Ibex: están perdiendo mucho dinero–, lo básico es esto: imagine que el viernes descubre de repente que los contables de una empresa de la que es propietario han falsificado las cuentas y que, lejos de ser un negocio muy rentable, tiene unas deudas inmensas que la abocan prácticamente a la quiebra. ¿Por cuánto valoraría usted esa empresa? Probablemente estaría dispuesto a venderla por una fracción del precio que usted mismo le atribuía el día anterior.

Ahora, suponga que, tras el fin de semana, el Gobierno, preocupado por la tragedia personal que supone que su compañía quiebre, la refinancia la deuda a un plazo mayor e incluso le entrega alguna suculenta subvención para reducirla. ¿Seguiría estando dispuesto a vender esa empresa por unos pocos céntimos de euro? No, porque la situación económica de su compañía ha mejorado de manera sustancial gracias a que el Estado le ha quitado el dinero a otros individuos para regalárselo a usted.

Esto es lo que ha pasado con el Ibex: los inversores tenían la semana pasada temores muy fundados de que España iba a suspender pagos. Durante un tiempo habían creído en las falsas promesas de Zapatero de que iba a solucionar el desaguisado despilfarrador que él mismo había creado y terminaron comprendiendo que este Gobierno (y la economía que cortijea) no tenía remedio, así que huían de todos los valores españoles. El lunes, sin embargo, la deuda española se convirtió en un pasivo alemán, de modo que el riesgo de suspensión de pagos se aleja, al menos, durante un tiempo pese a Zapatero. No hay nada extraño en que la semana pasada la gente quisiera vender y ahora, cambiadas las circunstancias, quiera comprar.

Sin embargo, mal haríamos en creer que nuestra bolsa ya está blindada para siempre contra espantos. Precisamente porque la viabilidad de nuestro país depende de decisiones políticas, cualquier información sobre el contenido de esas decisiones puede llevar a los inversores a cambiar las tornas. Véase: si el miércoles Zapatero anuncia una enorme subida de impuestos para reducir el déficit, es lógico que el valor de nuestras empresas (sus cotizaciones en bolsa) se reduzca; si Alemania finalmente tumba el plan de rescate, nos quedaremos sin la red que ahora ha detenido nuestra caída; y, sobre todo, si a largo plazo el Gobierno sigue sin aplicar las reformas que permitirán a nuestra economía reestructurarse y crecer (minoración del gasto y liberalización de mercados), a medio plazo la bolsa responderá a la baja, porque con el rescate sólo hemos ganado tiempo, pero no músculo.

He ahí la irracionalidad del mercado: dado que nadie conoce el futuro, los inversores toman decisiones con una información parcial y sesgada que puede verse en cada momento modificada por cualquier intervención política. Eso es la especulación: tratar de anticipar el futuro con la incompleta y subjetiva información presente. Quienes entienden esto y odian la especulación, tan sólo pueden desear dos cosas: o que los individuos no podamos ser libres para adaptarnos a lo que vamos entendiendo como futuro o, más sencillamente, que no tengamos ningún futuro.

Sólo los especuladores pueden salvarnos de Zapatero

Critica Zapatero, el de las dos tardes, que los especuladores estén actuando basándose en "pronósticos e hipótesis" y no en "datos y hechos".

Al margen de que los datos y los hechos de la economía española ya son argumento suficiente para horrorizarse –20% de paro, déficit público de 12% del PIB y sistema bancario al borde de la quiebra–, los especuladores, todo especulador, actúan siempre basándose en pronósticos, pues su cometido precisamente es el de tratar de anticipar un futuro que es incierto. Si la especulación consistiera en actuar conforme a datos objetivos que todos interpretáramos del mismo modo, simplemente no habría lugar a la especulación, pues todos tendríamos unas expectativas homogéneas sobre un futuro cierto.

Y es aquí precisamente donde los pronósticos que cabe deducir de las actuaciones de los especuladores deberían preocuparnos. Ha bastado con que el jefe parlamentario de Merkel, Volker Kauder, se mostrara favorable a dejar quebrar a los PIGS, a España, para que los especuladores rápidamente huyeran de nuestro país. Del mismo modo, a lo largo de las últimas semanas la previsión de que los alemanes aceptaran un rescate de España como lo estaban haciendo con Grecia impulsaba al alza el mercado de valores español sin que en aquel entonces nadie alzara la voz contra los pérfidos especuladores. En otras palabras, la mayoría de agentes del mercado descuenta una suspensión de pagos del Estado español en el futuro, por mucho que Zapatero lo tache de "absoluta locura"; los socialistas que ahora niegan todo riesgo son los mismos perros (con idénticos collares) sin credibilidad alguna que a comienzos de 2008 nos situaban en la Champions League de la economía mundial, se vanagloriaban de contar con el sistema bancario más sólido del mundo y nos prometían el pleno empleo antes de 2012.

Pero al cabo sólo nos queda confiar nuestra suerte a esos antipatriotas especuladores cuyo comportamiento refleja la calamidad que se nos avecina si Zapatero continúa en el poder y sigue bloqueando cualquier reforma conducente a consolidar el presupuesto y liberalizar nuestros mercados. Sólo cabe esperar que varias sesiones de batacazos en los mercados acaben por mostrar tanto a los españoles como al resto de europeos que la catástrofe es Zapatero y que si bien España no quebrará mañana, bajo su batuta no parece haber otro horizonte posible.

Si bien Rajoy ha renunciado a hacer oposición, los especuladores no parecen estar dispuestos a que Zapatero los arruine. El mayor servicio que podrían prestar a la patria, es decir, a todos y cada uno de los españoles que no abrevan en los aledaños de La Moncloa, es que terminaran forzando la renuncia del presidente del Gobierno. Porque precisamente ese es el lado fuerte de los especuladores: no necesitan que la bomba les estalle delante de sus narices para saber que va a haber una explosión; les sobra y les basta con ver la mecha encendida.

Ahora vayan y lean a los muy patriotas diarios nacionales culpar a la especulación de todos nuestros males. Los mismos que le ríen las gracias a uno de los políticos más nefastos de nuestra historia, los mismos que disculpan todas y cada uno de los atropellos, tropelías y agravios que Zapatero ha infligido y sigue infligiendo día a día a los españoles, se rasgan las vestiduras porque los inversores huyan en desbandada de nuestro país. Eso sí, no se extrañe que los dueños de esos rotativos hayan sido los primeros en expatriar los capitales. Por lo visto, son el resto de mortales los que han de sufrir estoicamente cómo el socialismo los expolia.

Renovarse o morir: el entuerto energético

Cuando Zapatero llegó a la Moncloa prometió «una reorientación del modelo energético, apoyado en todas las renovables y, en particular, en la energía solar».

Para lograr esa reorientación, anhelada por los dos partidos, se concedieron diversos privilegios, primas y precios artificialmente altos con los que hacer atractivas las inversiones en este sector. La lluvia de ayudas públicas para estas fuentes de energía fue tan grande que todo el que pudo se lanzó a por las licencias que permitían montar chiringuitos renovables, cuya rentabilidad anual rondaba el 20% sin apenas riesgo. Pronto aparecieron las listas de espera para hacerse con las licencias y con ellas la corrupción. Lo que eran formas de producción eléctrica con cierta potencialidad en condiciones muy determinadas se convirtieron, por arte de reales decretos, en formas de producción que uno puede encontrarse en todos los rincones de la geografía española.

El agraciados con esta bicoca justificaba la extracción de recursos del resto de la sociedad hacia sus bolsillos con la reducción de las emisiones de CO2 y con la creación de empleos verdes. Lo primero, aún olvidándonos del debate que existe acerca del calentamiento global, no tenía ningún sentido en el marco del Protocolo de Kyoto, que raciona estos gases con la idea de que se comercien sus derechos de emisión y vayan a parar a sus usos más valiosos.

El argumento de la supuesta creación de empleo tiene, si cabe, menos solidez. En cualquier sector en el que la clase política se comprometa a inyectar decenas de miles de millones de euros se va a producir empleo. La cuestión es cuántos empleos destruye en otros lugares el hecho de que se le retiren coactivamente esos recursos. Y la respuesta es que con ese dinero se hubiesen creado más del doble de empleos en el resto de la economía. Todos los recursos, incluso los financieros, son escasos, y cada reluciente ayuda pública tiene el coste de un apagado ciudadano que se ha quedado sin ellos.

La burbuja renovable ha ido creciendo y de hecho necesita crecer si quiere mantener el empleo, puesto que la mayoría de los contratos se realizan en instalación de nuevos parques. Pero cada nuevo parque genera una energía que hay que subvencionar. Es como una bola de nieve que crece sin parar. De esta manera, el año pasado se otorgararon primas a las renovables por un valor superior a todo lo que costó generar la electricidad durante el año. Tan sólo la energía solar obtuvo 2.688 millones, a pesar de representar apenas el 2,5% de la producción eléctrica. El coste unitario de las energías renovables fue 3,3 veces superior al del resto de las energías.

Visto lo visto, no es extraño que las primas a las renovables supongan ya un tercio de la tarifa eléctrica que paga el consumidor final. El Gobierno se comprometió a acabar con el déficit tarifario por ley y puso un tope anual decreciente que en 2009 establecía un máximo de 3.500. Sin embargo, se llegó a 4.615 por culpa de las renovables, y la diferencia habrá que cubrirla subiendo nuevamente el recibo de la luz, más allá del 37% que le ha subido a los hogares y 77% a la industria entre 1998 y 2009.

El Gobierno ha tardado en darse cuenta de la insostenibilidad del modelo y ahora busca desesperadamente cómo deshacer el entuerto. En una economía desarrollada en la que los salarios son relativamente altos, la forma de generar nuevos empleos es logrando combinar el factor trabajo con otros relativamente más baratos e intensivamente utilizados como la energía.

Así se logra reducir el coste unitario de producción y se abre el mercado del producto a capas de la población que antes no lo consumían, generando inversión y nuevos empleos verdaderamente sostenibles. Si queremos tener una sociedad próspera, unos salarios elevados y evitar innecesarias deslocalizaciones por encarecimiento de la energía, debemos dejar que sean los ciudadanos en el mercado, y no los políticos en el Parlamento, quienes decidan la combinación de fuentes de energía que debemos tener.

Gabriel Calzada es profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos y presidente del Instituto Juan de Mariana (artículo publicado en el suplemento económico Mercados).