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Ni siquiera la ventana rota

La lacra del desempleo concluiría el mismo día en que nuestros políticos fueran lo suficientemente ignorantes como para despreciar las proposiciones fundamentales de la economía clásica y suficientemente déspotas como para colocarse el Nemes de los faraones. En palabras del propio Keynes: "La construcción de pirámides, los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar nuestra riqueza, si la formación de nuestros estadistas en los principios de la economía clásica impide que se haga algo mejor".

Trágico que esta simple receta, implementada en España por una banda de napoleoncitos sin formación económica alguna, se haya traducido en las tasas de desempleo más elevadas de Europa. Será que algo falla en el brebaje keynesiano, será que eso de colocar a las masas de parados a producir lo-que-sea a cuenta de las generaciones futuras no nos convierte en personas más ricas, sino en unos zotes que se han endeudado hasta la asfixia para adquirir algo que reputamos completamente inútil.

Y sí, la falla de estas recetas que debieran merecer análoga consideración a la de frotar un billete de lotería en la chepa de un jorobado la conocen o la debieran conocer los economistas desde hace al menos 160 años. Justo la fecha en la que el gran economista francés Frédéric Bastiat publicó su famoso libro Lo que se ve y lo que no se ve donde estaba contenida la todavía más famosa falacia de la ventana rota.

En su ensayo el francés se planteaba si cuando un gamberro destroza la vidriera de una tienda está generando riqueza para la sociedad. Y la conclusión le resultaba evidente a Bastiat: el comerciante que ve destruido su escaparate demandará una vidriera nueva al cristalero con el dinero que pensaba gastarse en encargarle un traje nuevo al sastre. Al final, pues, el saldo para la sociedad de la gamberrada es que hay bienes, como los trajes, que dejan de producirse porque hay que reponer aquellos que, como el cristal, se han destruido.

Así de simple: construir una pirámide para la mayor gloria de Gallardón o Zapatero implica que los ciudadanos no podrán destinar esos recursos a adquirir otros bienes. Si bien vemos la aparente actividad que generan los Planes E, no vemos aquella otra actividad que están destruyendo.

Pero los economistas –por llamarlos de alguna manera– keynesianos parecen estar inmunizados contra la lógica y el sentido común. En su mundo de fantasía, donde sólo es necesario desear que las piedras se conviertan en pan para que opere el milagro, la destrucción de riqueza es sinónimo de… creación de riqueza. ¡El doblepensar al poder! Lean si no al Premio Nobel de Economía Paul Krugman analizando las consecuencias las consecuencias económicas del 11-S apenas tres días después del atentado: "Por horrible que pueda parecer decir esto, el ataque terrorista podría incluso ser beneficioso desde un punto de vista económico (…). De repente hemos pasado a necesitar unos nuevos bloques de oficinas (…). La reconstrucción generará un aumento de la inversión empresarial".

La semana pasada, Will Wilkinson, miembro del Instituto Cato, propuso un reto a los keynesianos: dado que son tan obtusos como para no admitir que desde un punto de vista agregado destrucción de riqueza no equivale a creación de riqueza, ¿serían al menos capaces de admitirlo para casos individuales? Es decir, ¿serían los keynesianos capaces de admitir que si mi casa se incendia, yo me he empobrecido?

Y la respuesta desde el lado keynesiano no se hizo esperar: no, ni siquiera son capaces de admitir eso. En palabras del periodista keynesiano Ryan Avent: "Los desastres suponen una pérdida de riqueza inmediata, pero generan oportunidades para mejorar nuestro crecimiento a largo plazo". A saber: "¿Es que acaso no podemos pensar en un puñado de cosas cuya destrucción por algún funcionario nos haría más felices? ¿Una televisión vieja? ¿Nuestra primera generación de iPods?".

Más allá de que, como sostiene Wilkinson, ese argumento sea tanto como plantearse las bondades de que asesinen a nuestra pareja por si acaso encontráramos una mejor en el futuro o los beneficios de que suframos la amputación de una pierna por si nos viéramos inducidos a cambiar nuestra perspectiva vital volviéndonos más felices, a mí me motiva otra reflexión.

La respuesta de Avent evidencia que la ortodoxia económica actual se encuentra completamente desligada de la realidad y que está dispuesta a retorcer los argumentos tanto como sea necesario para justificar la intervención del Estado en la economía. Ni siquiera los razonamientos más elementales, aquellos que sólo con altas dosis de maldad o de ignorancia pueden negarse, están a salvo de sus disparates. Se preocupan por la formalidad matemática pero se olvidan de las esencias de los problemas. ¿Cómo convertir a la economía en una ciencia si sus principales representantes salen a la palestra a proclamar disparates como que derrumbar dos rascacielos puede llegar a enriquecer no sólo a la sociedad sino a sus propietarios? ¿Cómo pretender que los economistas en general no sean vistos como una calamidad, como una plaga bíblica, si el Estado se sirve de sus disparates para organizar coactivamente las vidas de los ciudadanos? No, esto no es ciencia, es pura propaganda.

Mafo, dedícate a lo tuyo

No es lo mismo tener una hogaza de pan que tener derecho a recibir una hogaza de pan del panadero de mi vecindario; sobre todo, porque el panadero puede quebrar y, por tanto, dejarme sin mi hogaza.

Los dineros fiduciarios que los gobiernos de medio mundo nos han impuesto desde hace 40 años son, en última instancia, pasivos impagados de los bancos centrales. Aparecen en el lado de sus deudas porque es lo que son: obligaciones cuyo valor se han comprometido a estabilizar a través de la diligente gestión de su activo. Pese a la obsesión de muchos con los agregados monetarios (M1, M2, M3, M4, MZM, TMS…), lo relevante no es cuán endeudados están los bancos centrales –del mismo modo que no nos planteamos si es preocupante que una empresa abstracta tenga unas deudas de, por ejemplo, un millón de dólares–, sino cuán solventes y líquidos son: es decir, qué capacidad tienen, gracias a sus activos, no ya para amortizar su pasivos impagados, sino para defender el valor de los mismos en los mercados.

Conviene tener esto bien claro al observar lo que le está pasando estos días al euro. El Banco Central Europeo ha sido desde el inicio de la crisis una entidad mucho más diligente que la Reserva Federal en la gestión de su activo, tal y como se refleja en la importante depreciación que el billete verde ha padecido con respecto al euro durante los últimos tres años. Y, sin embargo, basta con que el nombre de Grecia aparezca en los titulares de los periódicos para que el valor de la moneda única europea se tambalee. No, no es que se tema que la cantidad de euros vaya a crecer exponencialmente, sino más bien que se sospecha que la calidad de los activos del BCE –la deuda pública de los Estados europeos– va a sufrir un revés muy importante si quiebra Grecia y hay que rescatarla (o, sobre todo, si quiebra España y se la intenta rescatar).

En cierta medida, deberíamos analizar al BCE como si fuera un banco que durante años ha saturado su patrimonio de activos subprime. Sólo que en este caso no hablaríamos de hipotecas, sino de obligaciones de Estados tan poco fiables como Grecia, Portugal o… España. Los desorbitados déficits públicos que los keynesianos gobiernos europeos se siguen empeñando en mantener sólo añaden más incertidumbre al futuro de la moneda única: cuanto menos solventes sean ciertos países, más en peligro se hallará el BCE y, por consiguiente, más se depreciará el euro frente a todo (pero especialmente, en el contexto actual de deflación, frente a otros activos que sirvan para conservar el valor).

No es que el dólar esté a salvo de este proceso, máxime con Franklin Delano Obama al frente del Gobierno y Helicóptero Bernanke comandando la Fed. Pero de momento, y pese a todo, EEUU sigue siendo más solvente que muchos países europeos; por supuesto, más que Grecia y España.

Al final, sin embargo, el problema del dólar, del euro y en general de todo tipo de dinero que consista en una promesa de pago (incluido, sí, el patrón oro, aunque en mucha menor medida, porque al menos los activos de los bancos centrales no son los pasivos de otros agentes, como el Estado) es el mismo: los ladrones y estafadores existen, y a veces llegan a dirigir bancos o gobiernos. Nos equivocaríamos si creyéramos que podemos encontrar un dinero perfecto, a prueba de bombas. Pero, aún así, cuando al menos tenemos libertad para elegir en qué divisa manejamos nuestras vidas, contamos con la opción de detectar a los estafadores y proceder en consecuencia.

Con nuestros dineros fiduciarios de curso forzoso ni siquiera nos dejan tal opción. Se saben ladrones y nos obligan a aceptar el robo velado que supone el envilecimiento de la moneda: ahí están los alemanes, soportando una moneda que se tambalea porque el BCE se ve forzado a comprar la deuda basura de Grecia; y ahí están los estadounidenses, padeciendo los dólares mientras Bernanke sigue acumulando montones de valores basura procedentes de Freddie Mac y Fannie Mae.

No es sólo que nos atraquen, es que además nos obligan a que les riamos sus tropelías. O quizá es que quedarse con las reservas de un banco central y dejar impagos por doquier no debería considerarse un robo. Pues entonces que rehabiliten moralmente a Menem, a Kirchner y a un tal Madoff…

Grecia hace temblar al euro… y el euro a los europeos

…consistente en ampliar el capital de la banca, cambiar las reglas contables y, sobre todo, impedir el descalce de plazos. Esto es, evitar que las entidades inviertan a largo plazo –hipotecas a 30 años– haciendo uso de deuda a corto –emisión de cédulas a tres o cinco años.

Tampoco las recomendaciones que lanza al Gobierno para salir de la cuasi depresión que sufre España no van desencaminadas. Por un lado, incide en la necesidad de reducir el gasto público para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento cuanto antes, al tiempo que apuesta por la implantación de un contrato único para abaratar el despido y, así, dinamizar el obsoleto y férreo mercado laboral.

La idea no es original. Se trata de una propuesta muy similar a la elaborada por la patronal de empresarios (CEOE) y los miembros de la Federación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). A grandes rasgos, consiste en aplicar a los nuevos contratados una indemnización por despido creciente en función del número de años trabajados. En el primer año de contrato la compensación sería de 12 días y, a partir de ahí, iría aumentando dos días extra por cada año trabajado, hasta un máximo de 12 años.

Se trata de un avance con respecto al modelo actual, pero se queda muy lejos de la solución definitiva. Esto es, una flexibilización completa del mercado laboral, en donde empresario y trabajador pacten libremente las condiciones del contrato, así como la completa eliminación del mal llamado "diálogo social" y, por añadidura, de la nefasta política de convenios sectoriales.

Puestos a reconocer, también es digno de mención el jarro de agua fría que el organismo ha lanzado sobre las previsiones de crecimiento, paro y déficit público elaboradas por el Ministerio de Economía. Sin embargo, la gestión de Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo) al frente de la institución cuenta con muchas más sombras que luces. Y es que, a excepción del primer punto (regulación bancaria), el resto de recomendaciones y recetas anticrisis son meros brindis al sol, ya que exceden el ámbito de sus competencias.

La política económica está en manos del Gobierno, pero lo peor de todo es que el futuro del sistema financiero también. El Banco de España es perfectamente consciente de la gravísima crisis bancaria que comienza a experimentar el país. Sin embargo, Mafo cedió en su momento a las presiones políticas y dejó bajo el mando de Salgado la necesaria reestructuración financiera.

Es el Gobierno (políticos), no el Banco de España (técnicos), el que controla en última instancia el Fondo de Rescate Bancario (FROB) y, por tanto, el máximo responsable de las fusiones y planes de saneamiento que están en marcha. De ahí, precisamente, que los gobiernos regionales hayan logrado mantener intactos sus particulares feudos y chiringuitos financieros.

Aún más grave si cabe es el silencio otorgado por Mafo a los despropósitos contables que quiere aprobar el Ejecutivo con el fin de ocultar las pérdidas bancarias el máximo tiempo posible. Además, el Banco de España prefiere ignorar el escandaloso proceso de refinanciación continua de créditos impagados (roll over) que está aplicando en masa el sistema financiero.

Por supuesto, tras el caso de Caja Castilla La Mancha (CCM), se ha cuidado y mucho de no levantar la liebre sobre la necesidad de realizar nuevas intervenciones, al tiempo que los responsables de la caja manchega siguen impunes pese a los escándalos (presuntos delitos financieros) cometidos.

Chitón. Ni una palabra altisonante sobre la crisis financiera española, no vaya a ser que se enfade Zapatero. Ni una sola mención a la privatización de cajas de ahorros o a la liquidación de entidades insolventes. Ni un mero atisbo de responsabilidad para dotar de transparencia al sistema y sacar a la luz la morosidad real que ocultan bancos y cajas. Silencio total sobre las competencias que, precisamente, tiene encomendadas.

Lanzar consejos a Zapatero lo puede hacer cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de economía. No es ningún mérito y, además, no es su función. Mafo ocupa el cargo de gobernador, pero no lo ejerce. Ya es hora de que se dedique a lo suyo y comience a ganarse el sueldo. Mejor nos iría a todos.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

Por qué el socialismo no puede funcionar

…donde básicamente sostenía que las economías comunistas estaban condenadas a fracasar ante la imposibilidad de realizar una asignación racional de los recursos. Si la Revolución había prometido que al terminar con la explotación del hombre por el hombre y al emancipar al proletario de la dictadura del capital, viviríamos en una época de abundancia sin precedentes, Mises simplemente se dedicaba a poner el dedo en la llaga: el socialismo no sólo es incapaz de conocer cuáles son las necesidades humanas, sino que sobre todo desconoce cuál es la mejor manera para satisfacerlas.

Sin precios de mercado, frutos del intercambio voluntario entre propietarios, proyectos técnicamente viables como construir las vías de ferrocarril de oro y el tendido eléctrico de plata o concentrar a todos los trabajadores en la producción de acero desatendiendo la de comida, dejaban de ser económicamente absurdos. Sólo porque contamos con precios, costes, tipos de interés, beneficios y pérdidas, los seres humanos podemos coordinar nuestras actividades en un esquema amplio de división del trabajo. El dirigismo, la organización centralizada, los planes quinquenales… todo ello estaba condenado a empobrecer masivamente a aquellas personas que pasaban a convertirse en peones del comité ingenieril. Y ahí está la historia para avalar cuanto Mises ya supo ver hace casi un siglo.

Por supuesto, los economistas socialistas no se quedaron de brazos cruzados. Como buscando validar su idea del polilogismo de clases, retorcieron tanto como pudieron los argumentos para tratar de conservar la ficción de que las economías socialistas sí podían funcionar y de que, por tanto, sus despóticos regímenes debían sobrevivir. Básicamente, su razonamiento pasaba por afirmar que en el socialismo podían reproducirse algunas condiciones propias del libre mercado que permitirían en última instancia el cálculo económico: socialismo de mercado o solución competitiva, lo llamaron.

Aparte del hecho tirando a ridículo de que los socialistas quisieran erradicar un sistema económico –el libre mercado– para admitir más tarde la necesidad de aproximarse tanto como fuera posible a ese mismo sistema económico, Mises siempre rechazó estas piruetas retóricas señalando que el capitalismo no es un juego al estilo del Monopoly o del parchís: los empresarios, los especuladores, los market makers o los capitalistas no eran niños aburridos quemando las horas ociosas en un tablero donde las cartas y las fichas se habían repartido por azar previamente. En el capitalismo los agentes se juegan su dinero, el dinero que han logrado satisfaciendo las necesidades de los consumidores, y ese aspecto esencial del sistema no puede reproducirse en ningún otro a menos que reconozca la propiedad privada y por tanto finiquite el socialismo.

El caso de Miguel Sebastián y la energía solar es un ejemplo bastante ilustrativo de este último punto. El ministro de Industria lleva meses tratando de recortar las primas a esta fuente renovable, consciente de la ruina que supone. La decisión de Sebastián no sólo me parece acertada, sino que debería haberse adoptado hace más de un lustro. El despilfarro de 30.000 millones de euros en las renovables –y especialmente en la solar– ha impedido que esos recursos se utilizaran en otras áreas más productivas de la economía y ha destruido más de 100.000 empleos.

Conviene preguntarse si Sebastián o Zapatero, en caso de haber invertido su propio dinero, hubiesen mantenido durante tantos años una apuesta tan absurda como la de las renovables. ¿Qué habría pasado si alguno de estos personajillos hubiese visto cómo todo su patrimonio desaparecía en un proyecto tan ruinoso como éste? Pues que voluntaria –por preocupación– o involuntariamente –por agotamiento del dinero– el despilfarro de recursos habría terminado mucho antes. Difícilmente podemos desligar la irresponsabilidad cometida del hecho de que Sebastián y ZP jugaran con el dinero de los demás.

Pero el punto crítico para comprender la imposibilidad del socialismo no es éste. Ni siquiera es necesario que recordemos que si podemos saber que las renovables son un despilfarro masivo es porque contamos con distintos costes (precios) para la energía. Lo esencial es que nos planteemos si, por absurdo que nos parezca, Sebastián podría estar equivocándose. Es decir, ¿qué sucedería si nos encontráramos a las puertas de un adelanto tecnológico en la solar de tal calibre que permitiera reducir a su mínima expresión los costes energéticos pero que fuera abortado por el recorte de la inversión que planifica Sebastián? En efecto, todos los empresarios visionarios comienzan perdiendo grandes cantidades de dinero hasta que sus productos triunfan y se generalizan en el mercado. ¿Cómo sabemos que no convendría seguir invirtiendo en la solar?

Simplemente no lo sabemos. Somos conscientes de que hasta ahora ha fracasado, pero no podemos conocer un futuro no predeterminado y sobre el que debe especularse. Para ello, contamos con un ámbito de experimentación descentralizado, el mercado, donde cada cual compara su expectativa de éxito con el dinero que le resta para alcanzarla: si triunfa ganará muchísimo dinero y si fracasa, lo perderá. Estoy seguro de que hoy mismo hay multitud de empresas privadas que mantienen sus líneas de investigación para desarrollar una energía solar asequible, pese a que Sebastián ya haya (por suerte) desistido.

Es esta decisión de cada propietario poniendo en riesgo sus ahorros para concebir, seleccionar, iniciar, mantener o abandonar alguno de los billones de proyectos productivos técnicamente viables la que es del todo insustituible. Sebastián y todos los planificadores sociales juegan a empresarios; otros son empresarios. No sólo pueden captar todos los recursos que necesiten para dar forma a sus fantasías, sino que pueden permitirse el lujo de fantasear al margen del resto del mercado. Las locuras impensables en un sistema competitivo con propiedad privada se convierten en norma en un régimen sin la misma. Por eso el socialismo degenera siempre en una ruina colectiva al servicio de la megalomanía personal.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

Salario e inteligencia mínimos

De esta manera, y Dieu mediante, con un mínimo impuesto para todo quisque con bandera azul al fondo, “se reconcilia a los ciudadanos europeos con la UE” y, sobre todo, se pone fin a “la competencia social”. ¿Qué es esto de que un húngaro trabaje por la tercera parte que un belga? Eso se ha acabado. Es mucho mejor, al menos para los socialistas belgas, y más si son diputados, prohibir trabajar (competir, esto es) a otros trabajadores.

Porque, ¿qué es una ley de salario mínimo? Una norma que prohíbe a empresario y trabajador llegar a un acuerdo voluntario por debajo de determinado nivel de salario. Los empresarios pagan en función de lo que esperan recibir del trabajador; de la productividad, como lo llaman los economistas. Y si el Estado coloca el salario mínimo por encima de la productividad que en ese momento puede ofrecer el trabajador, pues se queda en la calle y santas pascuas. Total, afecta principalmente a jóvenes, inmigrantes y, en general, a personas con poca formación; gente a la que se le puede impedir progresar mientras se le dice que es por su bien.

Un luxemburgués al uso, de esos que pasarían desapercibidos por las calles de esa ciudad-Estado, no acaba el año sin una renta por debajo de 100.000 euros. En España somos algo más pobres y tenemos una renta per cápita que supera los 35.000, mientras que en varios países ex comunistas hay que estar por encima de la media para alcanzar los 15.000 euros al año. ¿Adivinan qué europeos se encontrarían con que la ley no les permite cobrar el salario que ellos son capaces de generar? No, no serían los más ricos.

Estados Unidos ocupó Haití de 1915 a 1934. Ya entonces Haití era una sociedad miserable. EEUU, a comienzos de los 30, aplicó por error una ley del salario mínimo a la mitad occidental de La Española. De un plumazo, prohibió prácticamente todos los contratos laborales de aquel país, y a medida que se implantaba iban quedando los haitianos sin empleo y las empresas sin producción, hasta que se deshizo el error. Ah, pero los europeos somos más inteligentes que eso: seríamos capaces de convertir un error en un eje central de la política europea. Aunque eso, ¿no lo habremos hecho ya?

José Carlos Rodríguez es periodista.

¿Qué tiene de buena la reforma de Obama?

El texto final queda bastante lejos de lo que inicialmente pretendía el presidente, que no era otra cosa que un modelo en el que el Estado entrara como un elefante en un hospital a hacerle competencia directa y desleal a todos los médicos y compañías de seguros mediante un seguro público impuesto a trompazos. Como su idea resultaba demasiado radical hasta para los compañeros del Partido Demócrata, tuvo que conformarse con dar un paso hacia su anhelado sistema público en vez de decretarlo de golpe y porrazo.

Durante este año Obama ha concentrado todas sus fuerzas en difundir dos mitos: que existen casi 50 millones de norteamericanos sin acceso a los servicios médicos y que los seguros privados son extremadamente costosos, pudiéndose, mediante la intervención y fiscalización del Estado sobre los seguros médicos, ahorrar grandes cantidades de recursos que podrían emplearse para tratar a otras personas. Ninguno de los dos argumentos son ciertos tal y como se han planteado, y en otro lugar he tratado de explicar en qué consisten estas falacias.

Aún así Obama sólo ha logrado sacar adelante su ley mediante el uso de un procedimiento de urgencia que no está pensado para este tipo de leyes y gracias al cual se ha saltado el voto de las dos cámaras a la misma ley, como requiere la Constitución. Además, ha otorgado privilegios a algunos estados como Florida o Luisiana para obtener el voto de sus representantes. Todos estos aspectos formales hacen que la sombra de la inconstitucionalidad planee sobre la nueva ley. Pero más allá de lo que pueda terminar dictaminando la justicia norteamericana en la más que probable batalla jurídica que se avecina, lo verdaderamente significativo es que una ley de tanta trascendencia sea aprobada mediante esta maraña de trucos para sortear los mecanismos de contrapeso de poderes establecidos en las leyes de los Estados Unidos.

Con todo, lamentarse por las malas artes no sirve de mucho y lo cierto es que ahora los estadounidenses viven en un país en el que la sanidad tiene poco que ver con el modelo mayoritariamente orientado hacia el mercado del que disfrutaban hasta ahora. En Europa casi todos los medios y comentaristas han dado la bienvenida con gran alborozo a la reforma. Yo no paro de preguntarme qué es lo que tiene de buena.

La principal característica del nuevo modelo es que obliga a los residentes legales de Estados Unidos que no se puedan acoger a los programas públicos a comprar un seguro médico privado. ¿Es esto tan bueno? ¿Diríamos lo mismo si la obligación fuera de contratar la provisión de alimentos, el transporte o la educación con una empresa? La medida podría ayudar a algunas personas muy irresponsables que se gastan el dinero compulsivamente pero que cuando están más serenas piensan que deberían haber dedicado ese dinero al seguro médico. Sin embargo, la mayoría de la gente no es así y lo que la medida provocará es la desaparición del ejercicio libre de la medicina.

En España el ejercicio libre de la profesión médica (sin tener que pasar por un tercer agente, bien sea el Estado o una compañía de seguros) desapareció con la ley socialista y general de la sanidad del 86 debido a la implantación de ambulatorios gratuitos por todo el territorio nacional. En Estados Unidos el ejercicio libre de la medicina, que aún es una parte muy importante de su sistema sanitario, desaparecerá porque ahora que existe obligación de contratar un seguro serán muy pocos los que contraten directamente con sus médicos u hospitales. Con el fin del ejercicio libre se acaba con una de las características más importantes de un buen sistema médico que es la relación libre, directa y responsable entre médico y paciente.

Tampoco me queda claro qué puede tener de bueno que el Estado intervenga los costes de las empresas que competían libremente en el mercado o se establezcan condiciones y servicios mínimos que a partir de ahora tendrán que ofertar. De esta medida sólo puedo vislumbrar una pérdida de la rivalidad entre empresas, peor servicio y precios más elevados. Eso es exactamente lo que ocurre en los programas públicos que existían con anterioridad a la ley. Bueno, con una diferencia: antes el sistema público podía sacar provecho de copiar los métodos de un sistema privado tremendamente dinámico e innovador, así como comprarle bienes y servicios.

Ni siquiera alcanzo a ver cuál es el beneficio de que las aseguradoras tengan que aceptar a los ciudadanos con problemas médicos preexistentes. La medida distorsionará el cálculo actuarial y terminará por provocar problemas de selección adversa. Puestos a intervenir, hubiese sido mejor meter a este grupo de la población en los sistemas de provisión pública.

A los problemas que crearán estas y otras medidas contenidas en la reforma sanitaria de Obama se responderá con casi total seguridad con otras intervenciones que irán encorsetando el sistema médico estadounidense asemejándolo cada vez más al europeo.

Mientras ese típico proceso de escalada intervencionista se va produciendo, el mundo verá cómo se va secando la fuente mundial de nuevas medicinas, terapias y tecnología médica que hasta ahora era el mercado médico de los Estados Unidos de América. Los políticos repetirán machaconamente que han introducido equidad en el sistema sanitario y que a pesar del elevadísimo coste y de los problemas que surgirán en la gestión de los recursos sanitarios, todo el mundo podrá acceder (más tarde o más temprano) a las técnicas y terapias de comienzos del siglo XXI. Lo que no les contarán es que la medicina dejó de evolucionar debido al intervencionismo y que el precio del igualitarismo fue seguir conviviendo con enfermedades y problemas médicos que el dinamismo de las relaciones médicas más libres habría resuelto.

Gabriel Calzada Álvarez es doctor en Economía y presidente del Instituto Juan de Mariana.

El ecologismo, enemigo de la naturaleza

…para el resto de los mortales reinaba la más absoluta y penetrante oscuridad del ocaso al alba. Por aquella misma época y hasta que llegamos a dominar a nuestro antojo la electricidad, la única fuente de energía barata y abundante era quemar los bosques. Las chozas, los palacios y las abadías se calentaban con ellos, tal vez por eso en francés a la leña se la llama bois de feu, literalmente, bosque de fuego.

Era aquel un mundo más que insostenible, insufrible, al menos para nuestra especie. La agricultura primitiva roturaba campos hasta los márgenes mismos de la eficiencia, las ciudades se levantaban con paja y madera, en los ríos se echaba de todo y luego, sin depurar, se bebía de ellos. Los niños trabajaban de sol a sol y la mayoría moría de alguna enfermedad antes de cumplir un año. Nuestros antepasados vivían poco y envueltos en sufrimientos con los que, según pensaban, se saldaba el pecado primero. Un caldo idóneo para que monjes fanáticos pescasen desdichadas almas para las que el fin de el mundo siempre estaba cercano.

Ese y no otro era el mundo anterior al capitalismo, el mismo al que el movimiento ecologista nos quiere devolver a latigazos. Piden que apaguemos las luces, que no cojamos el coche, el avión o el tren, que nos quedemos en casa helados; que no tengamos hijos porque, ¡ay!, cada niño deja una insoportable huella ecológica; que, bajo ningún concepto, comamos carne o pescado, que con un ramillete de perejil cultivado en una maceta será suficiente para sobrellevar este valle de lágrimas. Y todo para aplacar la ira de la Madre Tierra, una diosa que acaban de inventarse y que, según dicen, anda enfadadísima porque hemos cometido el indecente pecado de desafiarla.

Y, efectivamente, el ser humano ha desafiado a la naturaleza y nueve de cada diez veces ha vencido sus designios. Por ella habríamos de vivir subidos a un árbol y ser pasto de los depredadores. Pero no, nuestra infinita capacidad de inventar ha hecho posible que usted, en lugar de andar buscando un gusano que echarse a la boca en medio de una sabana achicharrante, esté aquí, cómodamente leyendo el periódico con la tripa llena, la comida de mañana resuelta y la conciencia tranquila. Precisamente por eso, porque ya lo tiene todo hecho, aprecia más que nadie el rozagante bosquecillo de su pueblo o que el agua del río baje libre de polvo y paja.

Aunque no lo sepa, usted, habitante de un país del primer mundo, es el principal defensor del medioambiente, que, por lo demás, anda sobrado de enemigos. El primero y más letal es la pobreza antigua, la del medievo. El segundo es el ecologismo, esa perversa ideología antihumana que pretende transportarnos por la fuerza a tiempos pasados, necesariamente más infelices y, sobre todo, implacables con el medio natural.

Fernando Díaz Villanueva es periodista.

En recesión, pero con un sincrotrón

"… (es) un buen ejemplo de para qué sirven los impuestos que pagan los ciudadanos, invertidos inteligentemente y que revierten en la sociedad, en el futuro, en la calidad de vida". La cosa en cuestión ha costado más de 200 millones de euros desde 2003, y hasta 2022 el gasto ascenderá a los 400.

Si usted leyera en la portada de este periódico que países como Burundi o Mozambique, que tienen un nivel de pobreza del 68% y 70% respectivamente, han montado el mayor acelerador de partículas de África, ¿qué pensaría de ellos? Bueno, que son países donde sus políticos viven totalmente despreocupados de la población, no les importa en absoluto el nivel de vida de sus ciudadanos y que tiranos así tendrían que estar en la cárcel.

España cuenta ahora mismo con 4,1 millones de desempleados, sin maquillar las cifras. El informe Avance del Mercado Laboral refleja que el presente mes puede acabar con una tasa de desempleo oficial del 20%. Somos el único país de la UE que aún está en recesión.

El miércoles, la compañía de rating Fitch rebajó la calificación de Portugal poniéndola en perspectiva negativa. El Ibex bajó más del 1% debido al miedo de los inversores a que a España sea el siguiente objetivo de las empresas de rating. ¿Se ha dado cuenta el Gobierno de cómo está el país y de cómo pueden sufrir sus ciudadanos? No están entrando inversores en el país, se están yendo.

¿Cree Zapatero que una cosa que no da ningún beneficio como el sincrotrón (y que por eso mismo lo paga el Gobierno) nos "abre una buena ventana al futuro", es dinero "invertido inteligentemente" y aumenta "la calidad de vida" del ciudadano español? ¿Qué pensarán en Europa de barbaridades como esta? Pues lo mismo que haríamos nosotros si Zapatero presidiera Burundi o Mozambique. Lo único que se le puede ocurrir a un inversor alemán, francés, inglés o americano es que los políticos de aquí viven en una república bananera. Que España es un país tercermundista por ser incapaz de adecuar la política a la realidad.

Los políticos siempre tienen sus propios intereses que no tienen nada que ver con los de la población. El dinero que va al Estado es el usurpado al ciudadano. No hay más.

En este diario se ha planteado un debate sobre la subida del IVA. Hay analistas favorables y en contra. Piense como ciudadano en lugar de ponerse el gorro de gran analista y estadista. ¿Quiere que su dinero se tire en cosas así? ¿De verdad piensa que el sincrotrón es sólo una anécdota curiosa del Gobierno? Pues tiene muchos más ejemplos: consulte esta nota que escribí en mi blog, Déjate robar insolidario. El despilfarro del Gobierno es inimaginable. Ningún ciudadano, analista ni gran economista tiene capacidad alguna en decidir o influir en qué cosas inteligentes se ha de gastar el dinero el Gobierno. Eso es trabajo del libre mercado. De las necesidades de las personas y las empresas. El Estado sólo gasta el dinero en comprar votos y favorecer a sus lobbies. En las decisiones políticas no hay sentido común, ni responsabilidad, ni sensatez.

El Gobierno es como un cáncer. La única forma de limitar su daño es extirparlo con un duro tratamiento para el paciente. Es doloroso, deja secuelas temporales, pero nos garantiza acabar con el problema del todo. Curar un cáncer con paños calientes y aspirinas no es pragmático, sino un gran error.

Subir los impuestos, cualquiera de ellos, no es negociable. De igual forma que no lo es que nadie nos robe por el bien de todos o por nuestro bien. Porque los impuestos siempre son eso, un robo a la propiedad. Sólo hay una solución a la crisis de España. Menos poder para los poderosos. Una menor área de influencia del Estado. Tal vez parezca difícil conseguirlo, pero pensar que subir impuestos va a repercutir en el bienestar del ciudadano y nuestros hijos, es una auténtica irresponsabilidad cívica por más responsable que sea políticamente.

Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

Castrización venezolana

Son malos tiempos para ambas tiranías, con una oposición cada vez más presente y fortalecida en Cuba y con una constante caída de popularidad interna e influencia externa del presidente “bolivariano” en Venezuela. Y en los dos casos, los enemigos de la libertad responden de la única manera que saben: aumentando la represión.

Desde el asesinato (su muerte no fue otra cosa) de Orlando Zapata Tamayo, los ojos del mundo están puestos sobre Cuba, y eso es algo positivo. Sin embargo, medios y gobiernos de todo el mundo parecen dejar de lado lo que ocurre en Venezuela. Nos referimos a aquellos que defienden la libertad en vez de optar por la amistad con las tiranías. No esperemos que Moratinos o  Rodríguez Zapatero condenen las represiones castrista y chavista. Tan sólo lo harán si se hunden esos regímenes dictatoriales de manera definitiva.

Esta semana, el social-caudillismo venezolano ha dado un paso de gran importancia cualitativa en su “castrización”. Por primera vez  en seis años ha detenido a una persona por delitos de opinión. Es cierto que en Venezuela hay muchos presos políticos, pero hasta ahora el régimen trataba de disimular y les acusaba de los más dispares cargos. En esta ocasión no ha habido ni ese esfuerzo de hipocresía. El Gobierno chavista (hace tiempo que desapareció la separación de poderes) ha querido lanzar un mensaje claro: “Hablar contra nosotros se puede pagar con la cárcel”.

La víctima con la que se inicia esta nueva etapa de “castrización” ha sido elegida para demostrar que nadie está a salvo de la furia gubernamental. Nada menos que un ex candidato a la presidencia y ex gobernador de un Estado. ¿Su delito? Denunciar la alianza del chavismo con los grupos terroristas ETA y FARC. En definitiva, decir lo que muchos sospechan dentro y fuera de Venezuela desde hace tiempo y que un magistrado español ha puesto sobre la mesa.

Antonio José Chinchetru es periodista y miembro del ‘think tank’ Instituto Juan de Mariana.

La ley Sinde, un modelo de izquierdas

Pero este antiguo jefe de campaña de Jordi Sevilla, el lobista encargado de que el Gobierno aprobara lo que los de la ceja querían que aprobara, tiene razón en algo: la ley Sinde es un "modelo español y de izquierdas" para lidiar con las descargas en internet.

Existen actualmente dos ideologías que cabe identificar como líderes indiscutibles en censura en internet. La extrema izquierda, el comunismo, con ejemplos clásicos como Cuba, Vietnam o China y algunos que se apuntan con gran interés como Venezuela. Las teocracias y autocracias islámicas, con Irán como estandarte, también tienen su lista de enemigos de internet, entre los que se encuentran países como Túnez o Arabia Saudí. No son los únicos; enemigos de la libertad los hay en todos los regímenes con ansias de gobernar a perpetuidad al margen del consentimiento de sus súbditos. Pero sorprende que haya entre ellos tantos amigos de este Gobierno, dedicado a la Alianza de Civilizaciones y el apoyo al socialismo del siglo XXI.

Me dirán que esto no es necesariamente la izquierda, al igual que Pinochet no es la derecha, y tendrán razón. Pero desgraciadamente sí que es la izquierda realmente existente hoy aquí en España. Una izquierda que se ha aliado con los regímenes de Cuba y Venezuela y que ha promovido el entendimiento con países como Irán o Turquía bajo la premisa de que debemos suprimir la libertad de expresión para no incomodar a los musulmanes, como dejó claro Zapatero en su famosa carta escrita al alimón con el primer ministro turco Erdogan; un texto infame que deberían recordar todos aquellos que ahora se escandalizan con la ley Sinde.

Durante todo este tiempo, la izquierda supuestamente moderada que puebla internet no ha protestado; para ella, todo aquello que fuese en contra de Estados Unidos era bueno por definición. Había que desertar de Irak, sentarse ante la bandera; promover una política exterior distinta, más europea, que no viese todo en blanco y negro. No se podía mirar el mundo como si una peli de buenos y malos se tratara. Al fin y al cabo, lo peor del mundo es Guantánamo. Y no, no se referían a Cuba, esa patria de quienes mueren de hambre por la libertad, sino a ese pequeño pedazo de tierra donde se asienta una base militar norteamericana.

Mal que les pese reconocerlo, y no lo reconocerán, de aquellos polvos vienen estos lodos. Si Zapatero y su Gobierno se han amigado con toda dictadura y régimen abominable que han tenido a mano no era porque creyesen en la libertad. El problema es que sospecho que algunos de quienes se tiran de los pelos por la ley Sinde tampoco lo hacen porque les preocupe la censura, siempre y cuando lo que se censure sea a esa gentuza de la derecha. No, lo hacen porque, al fin y al cabo, el asunto este de las descargas es algo a lo que el Gobierno estadounidense quiere que pongamos coto y, como dijo Revel, a estas alturas ser de izquierdas se ha convertido en sinónimo de ser antiamericano.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.