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Más dinero para Cataluña, no para los catalanes

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Y para demostrarlo nos indica que "es mucho más fácil encontrar artículos críticos sobre Chávez en los mayores medios venezolanos, que favorables a tal dirigente venezolano en los medios de mayor difusión en España", por lo que "puede deducirse que hay mayor diversidad ideológica y libertad de prensa en Venezuela que en España". Cuando terminen sus carcajadas o se repongan del espanto pueden seguir leyendo.

Esa deducción puede hacerse si uno tiene una seria tara mental que le impide pensar con un mínimo de rigor. Este agudo detective no considera la posibilidad de que los periodistas españoles están lejos de las garras del gorila rojo y pueden ser objetivos. La libertad de prensa puede permitir a cada uno publicar lo que quiera, pero si un periódico tiene un mínimo de vergüenza intentará escribir o decir la verdad: y Hugo Chávez es un sujeto más bien populista, siniestro e indeseable. No sorprende que en Venezuela tenga múltiples lacayos que le lancen alabanzas, y buen mérito tienen los que allí lo critican, ya que él se encarga de censurarlos, cerrar sus empresas o amenazarlos con el poder coactivo de sus matones.

Si sólo se comunica la verdad los mensajes de los medios de comunicación pueden llegar a ser muy uniformes. Una forma de conseguir que se propaguen falacias, errores y falsedades es pedir diversidad: así los necios como Navarro pueden intentar colar su colectivismo nocivo. Pero la libertad de expresión no consiste en protestar porque no se publican suficientes estupideces de variadas estirpes ideológicas socialistas.

Juan Francisco Martín Seco denuncia el "expolio de la televisión pública". Han leído bien: no protesta porque se confisque su propiedad a los contribuyentes para financiar esa televisión colectivista; le parece mal que se le prive de los ingresos de la publicidad. Y es que "Tantos años de neoliberalismo nos han hecho olvidar verdades elementales como la primacía de lo público sobre lo privado. Lo público, lo que es de todos los ciudadanos, nunca compite; debe tener un lugar prioritario y hegemónico sobre lo privado. Los intereses privados deben estar supeditados a los públicos. Así lo afirma nuestra Constitución". Hemos disfrutado tantos años de liberalismo y los liberales no nos hemos enterado, qué lástima. Martín Seco nos recuerda que los individuos estamos a merced del colectivo y el Estado, que nos domina y no se molesta por competir en su oferta de servicios, la impone sin más delicadezas. ¿De dónde saca estas verdades elementales? Seguramente para él son obvias y además lo dice la Constitución: no indica en qué artículo, tal vez sea una interpretación suya algo sesgada.

Y es que si no hay publicidad para todos, "puestos a desaparecer, serán las privadas las que tengan que hacerlo". Y que se fastidien, que el mando ha hablado: "¿Para qué se necesitan treinta canales? ¿Por qué tienen que existir cuatro cadenas privadas en abierto?". ¿Para qué la libertad de expresión? ¿Para qué la libertad de empresa? Si ya se encarga de todo papá Estado asesorado por sabios benevolentes como Martín Seco, que tiene un gusto televisivo exquisito contra algunos canales privados que "lo único que emiten es bazofia".

El derecho a no ser pobre

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

La organización no resulta simpática ni a las dictaduras tercermundistas ni a las democracias occidentales que se creen por encima de cualquier reproche, lo cual es encomiable. Pero la inclusión de "derechos sociales" en su proyecto activista es una evolución lamentable que va en detrimento de su causa fundacional. Difuminar la frontera entre derechos individuales y "derechos sociales" conduce a más atropellos contra la libertad y de hecho nos aleja de la solución a los problemas sociales que motivan esa retórica.

William Easterly, uno de los principales expertos en economía del desarrollo y ayudas al Tercer Mundo, ha explicado por qué no caben más derechos que los negativos o individuales, que son los que proscriben interferencias violentas por parte de terceros: porque la única definición útil de derecho es aquella que permite identificar a una víctima y a un agresor o causante del daño.

En el caso de un asesinato, una violación o un robo se ve claramente: una persona, mediante su acción violenta, está causando daño a otra que se comportaba de forma pacífica. Por eso tiene sentido hablar de un derecho a la vida, un derecho a la integridad física o un derecho de propiedad. Son derechos individuales que definen la esfera de actuación de cada uno y que los demás deben respetar.

En el caso de los derechos sociales (como el "derecho a una vivienda", "el derecho a la alimentación" o "el derecho a la salud") uno puede identificar "víctimas" pero encontrar culpables es más difícil. ¿Quién es el culpable de la pobreza, la falta de acceso al agua potable o la precaria salud de buena parte de la población del África subsahariana?

La pobreza per se no es resultado de ninguna agresión, es la condición natural del hombre. La humanidad ha vivido miles de años en la miseria, y sólo trabajando, ahorrando, acumulando capital y aumentando la productividad han podido tantos millones de personas superar ese estadio. La riqueza no es una tarta preexistente que la humanidad se va repartiendo de modo que lo que le toca a unos es lo que se quita a otros. La riqueza es una tarta que se produce y que, en la medida en que se permite operar al mercado, se distribuye conforme se produce, no después de producirse. Confunde a algunos que pudiendo mejorar la situación de los pobres optemos por gastar nuestro dinero en otras cosas que nos satisfacen más. Pero no prestar ayuda siempre que podemos hacerlo no equivale a ser los causantes de esa situación. Si de súbito desapareciéramos o no hubiéramos existido nunca, los afectados seguirían siendo igual de pobres, lo que demuestra que no somos los causantes de su pobreza. Un médico también podría curar más enfermos si trabajara más horas, pero el hecho de que decida irse a casa a descansar no lo hace causante de la enfermedad que sufre el paciente en espera.

Easterly destaca otro problema con los derechos sociales como "el derecho a no ser pobre": la pobreza es un concepto esquivo que depende del contexto. Más allá del hambre y la necesidad extrema es difícil establecer una línea frontera entre la pobreza y la no-pobreza. Con los derechos individuales la dicotomía es clara: o se perpetra asesinato, robo o violación, o no.

La institucionalización de los "derechos sociales" implica violaciones de derechos individuales, porque un derecho a "no ser pobre" (o a la salud, a una vivienda, etc.) implica que otros tienen que ser obligados por el Estado a proveerle recursos, y esta redistribución forzosa invade la esfera privada de quienes trabajan y producen sin hacer mal a nadie. Pero tanta palabrería distrae de la cuestión fundamental: el pobre no se alimenta de un "derecho a la alimentación", sino de comida, y es el mercado el que mejor la produce. Por otro lado, la caridad privada es más eficiente que la pública, pues las ONGs, la Iglesia, etc. compiten en reputación para captar fondos, a diferencia del Estado.

En cualquier caso, una parte de la pobreza actual sí tiene culpables identificables: los Estados y los grupos de interés que actúan bajo su paraguas. El proteccionismo perjudica a los consumidores occidentales pero también a los productores del Tercer Mundo. Las barreras migratorias limitan las posibilidades de prosperar de los trabajadores de los países en desarrollo. La ayuda externa a los gobiernos foráneos promueve el intervencionismo en detrimento de la iniciativa privada local. El sistema de patentes restringe la competencia sobre las ideas protegidas. En el ámbito doméstico, las leyes de salario mínimo y las regulaciones laborales elevan los costes de contratación y condenan al paro a los trabajadores menos cualificados. Los permisos y licencias públicos restringen la competencia y encarecen servicios (la sanidad, por ejemplo). La interferencia del Estado eleva los precios de la vivienda, la energía y otros bienes esenciales. La expansión crediticia impulsada por los bancos centrales perjudica especialmente a los más pobres, que asumen precios más altos antes de que hayan subido sus salarios.

Si Amnistía Internacional quiere empezar a defender "el derecho a no ser pobre" lo mejor que puede hacer es dejarse de términos grandilocuentes y pedir reformas de mercado.

Por qué la realidad supera a la ficción

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Esto es especialmente cierto en el mundo de los ordenadores, donde la realidad supera a la ficción abrumadora y constantemente, como quizá no se observe en otras facetas de la economía y la actividad humana. Para comprobarlo, basta asomarse a las películas de ciencia ficción de tan sólo hace una veintena de años.

Me refiero a películas que transcurren en un futuro, menos lejano ahora que entonces, pero aún distante. Por cierto, no vale La guerra de las galaxias que como todos saben ocurrió hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana.

No sé si el lector se ha fijado en las pantallas de los ordenadores que controlan las naves espaciales imaginadas a mediados de los 80. Si lo hace, se sorprenderá al comprobar que no se parecen en nada a las que unos 20 años después tenemos en nuestra casa. En todas aquellas, las pantallas se limitan a presentar texto (normalmente con un colorcillo verdoso) y, si muestran algún gráfico, está formado por vectores y no tiene mucho que ver con la realidad que representa. La interacción con estos computadores es mediante complejos comandos tecleados rápidamente por el experto de la tripulación.

Esto es lo que daba de sí la imaginación de los guionistas de los 80 sobre la informática del futuro. Sin embargo, ya en los 90 existían sistemas operativos visuales como el del Commodore Amiga o el de Apple, que desembocarían en la actual generalización de Windows.

Compárese con la situación cotidiana actual: la pantalla de un ordenador es una explosión de color y luces. En ella podemos ver gráficos tridimensionales e incluso las películas de los años 80 con pantallas bicolores de ordenador. Y la mayoría de la gente es capaz de gestionar unos recursos ofimáticos brutales sin llegar a utilizar el teclado, sólo moviendo un punterito por la pantalla.

Todo esto nos parece hoy trivial. Y, sin embargo, hace menos de 20 años ni uno solo de los guionistas más imaginativos de Hollywood era capaz de imaginar que nuestros ordenadores serían así, no ahora, sino dentro de otros 20 años.

¿Por qué ocurre esto? Porque ni siquiera la imaginación del más imaginativo escritor es capaz de superar la fuerza del empresario innovador con ganas de hacer dinero proporcionando el mejor servicio posible a la gente. Simplemente por eso. A las pruebas me remito.

España no es la respuesta

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Incluso los economistas "ortodoxos", que viven bien instalados en el conformismo neoclásico, se travisten de telepredicadores para proponer todo tipo de barbaridades a la mínima ocasión: los déficits bélicos de Keynes, los helicópteros dinerarios de Friedman, la creación artificial de nuevas burbujas de Krugman o las tómbolas monetarias de Mankiw, son claros ejemplos de cómo el sinsentido prende en la academia a poco que los hechos desconcierten sus endebles modelos y teorías económicas.

Los políticos, que en última instancia beben de esas turbulentas aguas, tampoco son precisamente una excepción a esta norma. Sus medidas o bien van destinadas a recortar la libertad individual con el pretexto de la crisis o bien están lo suficientemente desenfocadas como para aparentar que todo cambia con el propósito de que, en realidad, todo siga igual.

En este último grupo se enmarca los primeros esbozos de la propuesta de Obama para reformar el sistema financiero estadounidense. Como ya hemos narrado en otras ocasiones, la explicación "oficial" sobre esta crisis es que había una parte muy significativa del sistema bancario que operaba a la sombra de las regulaciones (shadow banking) y, por este motivo, fue capaz de endeudarse muchísimo para realizar pésimas inversiones como las hipotecas subprime.

En principio, una de las medidas que baraja la Administración Obama para regular este "shadow banking" es imponer a todas las entidades financieras que ahorren en "tiempos de bonanza". Básicamente, que cuando la economía está creciendo y los bancos obtengan grandes beneficios, acumulen fondos extraordinarios para cuando lleguen las crisis y tengan que hacer frente a importantes pérdidas.

Se trata claramente de una regulación inspirada en la española y que fue ideada hace más de 15 años por el ex gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo. Como ya indicamos en su momento desde el Instituto Juan de Mariana, la idea tiene cierto sentido (los actuales fondos propios de la banca son del todo punto insuficientes) pero sería un error considerarla como la solución al ciclo económico. Las crisis se producen porque el sistema bancario, comandado por el banco central, se endeuda a corto plazo e invierte a largo, lo que tiene a generar iliquidez, malas inversiones y finalmente insolvencia, como bien pone de manifiesto la Escuela Austriaca.

Obviamente, una mayor dotación de fondos propios paliará en algo la tendencia hacia la insolvencia y ulterior quiebra de los bancos y, sobre todo, limitará su capacidad de expansión crediticia. Es algo que Hayek ya explicó en la década de los 30 pero de lo que muchos siguen sin enterarse. Ahora bien, suavizar algo el ciclo no significa ni mucho menos eliminarlo, por lo que cometeríamos una grave equivocación si creyéramos que con tímidas reformas de este género podemos dar por olvidadas las causas que nos han llevado a la debacle actual. La banca y los políticos no deberían irse de rositas aprobando una regulación del todo insuficiente que dentro de diez años nos vuelva a abocar a otra crisis económica.

Y hete aquí que, en medio de esta complaciente buburja intelectual y política, el padre de este sistema regulatorio en España, el propio Luis Ángel Rojo, ha intentado rebajar las expectativas que ha generado entre la clase política: no, no evitará nuevas y recurrentes crisis. Rojo recuerda que la banca española también se ha comportado alocadamente durante todos estos años a pesar de su "acertada" regulación. Sí, así es.

Pese a que en España sólo ha quebrado formalmente Caja Castilla-La Mancha, no deberíamos olvidar dos hechos importantes: primero, nuestra muy regulada banca ha generado, gracias a su laxitud crediticia, la mayor burbuja inmobiliaria del mundo; segundo, España ha destinado tanto dinero a recapitalizar su banca como Estados Unidos (alrededor del 5% del PIB) y a la luz del FROB parece que todavía necesitará mucho más (casi el 10% del PIB).

¿Por qué entonces se carga contra la desregulación estadounidense y se aplaude al modelo español? ¿Qué crisis económica ha evitado la regulación española y su sistema de provisiones contracíclicas obligatorias? Ninguna, de hecho con mucha probabilidad nuestra crisis vaya a ser muy superior a la de Estados Unidos.

Entonces, ¿a qué viene tanta emoción y esperanzas con estas regulaciones? Todo es o ignorancia o apariencia. Hay que simular que hemos dado con la clave para contentar a las masas y para seguir conservando la parte esencial del sistema: la capacidad privilegiada de que dispone la banca para inflar artificialmente el crédito de los agentes económicos y, sobre todo, del Estado.

O no aprenden o no quieren aprender: el sistema español no sirve, que escuchen a su creador o que observen la situación económica española. Si los políticos de verdad quieren terminar con los brutales ciclos económicos característicos del siglo XX, lo tienen bastante fácil: que regresen al patrón oro, que avancen hacia la auténtica libertad bancaria y que reduzcan el peso del Estado. Tres medidas que les producen tanta urticaria como para vendernos una mercancía estropeada.

Competencia fiscal

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Para contentar a sus aliados políticos, y así garantizarse la permanencia en el poder hasta final de legislatura, Salgado ha aumentado en 2.000 millones de euros la dotación extra a repartir frente al sistema que planteaba su antecesor, Pedro Solbes. De este modo, las autonomías percibirán 11.000 millones de euros adicionales hasta 2012.

Pese a que el nuevo modelo pretende contentar a todos, parece que los únicos plenamente satisfechos son los nacionalistas catalanes de ERC y sus socios en la Generalidad, los socialistas del PSC. No es de extrañar si se tiene en cuenta que Cataluña percibirá casi el 35% del nuevo pastel autonómico, dando así holgado cumplimiento al compromiso de inversión pública que establece el Estatuto catalán.

Sin embargo, lo preocupante del nuevo sistema no radica tanto en el cuánto sino en el cómo del reparto. Por un lado, resulta evidente que el Gobierno ha aplicado la huida hacia adelante en este ámbito. Con el fin de satisfacer a los nacionalistas, incrementa la cuantía a repartir con el riesgo, más que plausible, de tener que acudir a un mayor déficit público para sufragar el gasto.

Por otro lado, amplía la cesión de impuestos a las comunidades autónomas: en el IRPF pasa del 30% al 50%; en el IVA, del 35% al 50%; y en los impuestos especiales del 40% al 58%. La dotación de mayor autonomía fiscal es algo positivo, ya que la competencia tributaria entre autonomías se ha traducido en bajada e, incluso, eliminación de tributos. 

La artífice de este milagro ha sido la Comunidad de Madrid. Desde su llegada al poder en 2003, la presidenta regional Esperanza Aguirre ha provocado un efecto arrastre con la eliminación de determinados impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio. Hasta tal punto esto es así, que regiones de todo color político se han visto obligadas a copiar esta iniciativa con el fin de evitar la fuga de capitales (empresas y contribuyentes) de sus respectivas regiones.

El nuevo sistema, sin embargo, está ideado para desincentivar la "competencia fiscal a la baja". Esto es, las rebajas tributarias a nivel autonómico. De este modo, el Gobierno se guarda un as en la manga, ya que podrá castigar con menos recursos a aquellas regiones que no hagan uso de toda su capacidad para recaudar impuestos.

Zapatero cumple así otra de las peticiones planteadas desde el PSC. A saber, que el Estado central ejerza de árbitro para evitar la "dañina" competencia fiscal que ejercen autonomías como la de Madrid a las arcas catalanas, tal y como reclamó en 2007 Antoni Castells, consejero de Economía de la Generalidad. De hecho, el nuevo sistema abre la puerta a la fijación de una base mínima en Sucesiones y Donaciones.

Además, el Gobierno dispondrá de dos fondos adicionales –el de Competitividad y el de Cooperación– para repartir a su antojo un importante volumen de recursos, sin necesidad de tener que aplicar una metodología concreta. Esta arbitrariedad garantiza el uso de la financiación autonómica con fines meramente partidistas y electorales. Y es que, dicho modelo constituye una herramienta más de control e influencia política.

La solidaridad interterritorial se ha convertido en la excusa perfecta para asegurarse apoyos en el Parlamento y mantener regiones enteras subsidiadas durante décadas gracias a la aportación coactiva de los contribuyentes que trabajan en las regiones más ricas y prósperas del país. Un modelo de financiación idóneo, pues, para el mantenimiento de las corruptelas y para contrarrestar las escasas políticas liberales de algunas autonomías avanzadas, como la de Madrid. En resumen, más de lo mismo, sólo que peor.

¿Por qué Google Chrome OS?

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

La idea que trata de vendernos Google es que ya hacemos casi todo en internet, de modo que no necesitamos que el sistema operativo sea otra cosa que un interlocutor entre la máquina y el navegador.

Al margen de las consecuencias económicas que pueda tener este movimiento para Microsoft, a corto plazo sí debería servirle de argumento frente a las autoridades antimonopolio, por más que éstas no atiendan a razones sino a conveniencias de los competidores de la empresa fundada por Bill Gates. Si Google anuncia un nuevo sistema operativo que consiste en poco más que en un navegador, ¿cómo es que Bruselas obliga a Microsoft a no atar Windows con Internet Explorer? ¿Tiene acaso bula Google, que va a tener el navegador tan integrado con el sistema operativo que incluso se llamarán igual?

Argumentaba hace unos meses que Chrome era una amenaza no para Windows, sino para Explorer, y que Google previsiblemente emplearía su capacidad como empresa para preinstalar su navegador en los ordenadores, algo que ningún otro competidor de Microsoft podía ser capaz de hacer. Enrique Dans, en cambio, lo veía como una vía para hacer perder importancia al sistema operativo hasta llegar al "me trae sin cuidado lo que corra debajo de mi navegador". Parece que Google ha llegado a la convicción de que para lograr ambos objetivos es necesario ofrecer un sistema completo a los fabricantes y enfocará inicialmente el mercado de los netbooks.

La elección es lógica. Por mucho que nos digan que ya hacemos todo en la web, en realidad eso no es cierto. Lo hacemos casi todo. Y ese casi sigue siendo bastante importante para muchos usuarios. Pero es cierto que los netbooks no tienen potencia ahora mismo para nada más que para acceder a la web, el correo y ejecutar aplicaciones ofimáticas, aunque habrá que ver qué serán capaces de hacer en 2010, cuando vengan con el sistema operativo de Google instalado.

Bing y la versión online de Office son los últimos ataques de Microsoft a las fuentes de negocio de Google. Aunque hasta ahora haya fracasado, una empresa con la capacidad financiera de Microsoft puede terminar acertando y haciendo mucho daño a Google. Además, según pasan los años y, efectivamente, vamos trasladando cada vez más nuestros datos y aplicaciones a esa "nube" abstracta que es la red, la importancia de Microsoft es menor y, con ella, la mala imagen que sigue manteniendo para muchos. De ahí que en Palo Alto hayan pensado en moverse para reducir los ingresos de su rival, que actualmente están concentrados en Windows y Office.

En cualquier caso, como siempre que la competencia es tan encarnizada, los beneficiados seremos los usuarios. Incluso si no usamos Bing, Google imitará sus mayores aciertos. Aunque no instalemos Google Chrome OS, Microsoft puede verse obligada a bajar sus precios o aligerar Windows. Esperemos que ambas empresas sobrevivan durante mucho tiempo echándose los trastos a la cabeza.

¿Y si la culpa fuera de Zapatero?

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero la actuación del lobby conocido por "Comisiones Obreras" en el caso de la muerte de Rayan ha llegado a un nivel de cinismo que conviene replicar para que, al menos, los liberados que dirigen ese cotarro reparen en que la desfachatez sindicaloide también tiene sus límites.

Las muertes por errores graves de médicos y enfermeros se han producido siempre y, por desgracia, seguirán ocurriendo, si bien la mejora constante en la formación del personal y los avances tecnológicos en el material sanitario hacen que, por suerte, estas desgracias sean cada vez menos frecuentes.

Por eso, responsabilizar de una tragedia al responsable político es un despropósito que sólo puede obedecer al sectarismo de unos autotitulados representantes de los trabajadores, cuya principal misión, según llevan acreditando muchos años en Madrid, es acabar con el gobierno elegido democráticamente por sus ciudadanos, circunstancia ésta última que la izquierda no suele aceptar cuando el resultado no concuerda con sus deseos.

No obstante, aún dejando a un lado el hecho, obviado por los sindicalistas, de que la responsable del error humano es una trabajadora pública, contratada por un hospital igualmente público (dos circunstancias que legitimarían de por sí que la presidenta madrileña intente buscar nuevas fórmulas de gestión hospitalaria), siguiendo la lógica de CCOO podemos encontrar responsables mucho más directos que Esperanza Aguirre en la tragedia ocurrida con el bebé marroquí.

Si, como sostiene el brazo sindical de la izquierda política, la culpa de los males de la sanidad madrileña es de la falta de recursos invertidos en ella, hay un culpable de que eso esté ocurriendo en esa comunidad autónoma: José Luis Rodríguez Zapatero. Sólo hay que echar un vistazo a la inversión per cápita del Gobierno central en cada comunidad para comprobar que Madrid está a la cola en la clasificación (junto a Valencia, Murcia y Baleares, que ya es casualidad). En estas cuatro comunidades, el dinero que el Gobierno de Zapatero aporta para que los responsables autonómicos ejecuten sus competencias, entre ellas y muy especialmente la sanidad, no llega a cinco mil euros por cabeza, así que, puestos a buscar responsables, igual merece la pena empezar por La Moncloa.

Mas como tito Zapatero nos tiene atiborrados de millones para no dar un balido más alto que otro mientras España pulveriza todas las plusmarcas en destrucción de empleo, nosotros los sindicalistas nos dedicamos a hacer política contra la derechona.

Que lo sigan haciendo; ya estamos acostumbrados. Pero dejen la memoria de la criatura fallecida al margen de sus pasteleos.

Responsabilidades en cadena

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

Conviene precisar que la sentencia no supone la absolución del acusado, sino la declaración de que el tribunal que lo juzgó no tenía la competencia para hacerlo y que, por la tanto, el caso deberá ser juzgado otra vez por un tribunal formado por nueve jurados legos y presidido por un magistrado de la misma Audiencia de Barcelona, según las reglas de competencia objetiva y funcional establecidas en los artículos 1, 2 y 5.2 c) de la Ley del Jurado.

No seré yo quien defienda la infalibilidad del Tribunal Supremo. Sin embargo, me temo que en este caso no le quedaba otra opción si quería atenerse al principio de legalidad y considerar la competencia de los tribunales criminales como cuestión de orden público procesal.

Antes de alinearse con la postura pública del fiscal, debe analizarse la combinación de acciones y omisiones que hacen posible que se produzcan casos de este tipo. En el lugar más destacado topamos con la malhadada Ley del Jurado: una chapuza monumental que llevó al gobierno que presentó el proyecto a proponer su reforma cinco meses después de su aprobación porque el Congreso no ratificó unas enmiendas que quiso introducir a última hora en el Senado. En segundo lugar, tenemos la abstención de los legisladores posteriores que durante estos catorce años de vigencia se han inhibido de reformar una ley con una regulación procesal muy defectuosa. Por último, tal vez como consecuencia de lo anterior, la tendencia de la mayoría de juristas en España a eludir la crítica en público de los legisladores, al mismo tiempo que les enmiendan la plana en la práctica forense. La picaresca tiene aquí hondas raíces en todos los ámbitos, como se sabe.

Sea como fuere, la ley del jurado trajo un procedimiento específico que exige que el instructor convoque a todas las partes, incluido el fiscal, a dos comparecencias –susceptibles de convertirse en tres– para decidir sobre el curso de la instrucción criminal. Asimismo, las simultaneas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introdujeron un régimen de recursos contra ciertas decisiones de impulso procesal del juez de instrucción y del magistrado presidente del tribunal del jurado (apelación, seguida de casación) que incentiva las estrategias de dilatar indefinidamente el procedimiento.

Por otro lado, la ley enumera una lista de delitos cuyo enjuiciamiento se atribuye a los jurados, entre los cuales se hallan el asesinato y el allanamiento de morada. Las reglas de competencia para los delitos conexos parecieron hechas para intrincar su aplicación, aunque en un caso como el presente –sendos asesinatos dentro de una espeluznante secuencia de delitos contra las mismas víctimas– la fuerza atractiva que amplía la competencia del jurado a los delitos conexos cometidos "para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad" –Art. 5.2 c) LOTJ– parece fácil de captar.

Aun así, la práctica judicial habitual trata de evitar la instrucción del procedimiento especial del jurado y, en última instancia, que las causas sean juzgadas por un tribunal que debe constituirse ad hoc en las audiencias provinciales con personas seleccionadas por sorteo. En los casos, como el que nos ocupa, donde concurren delitos múltiples y una pluralidad de partes que actúan, las dificultades prácticas para seguir la instrucción marcada por esa ley se hacen todavía más patentes. En consecuencia, normalmente, existe connivencia de los fiscales, a quienes no entusiasma desplazarse a comparecencias que pueden prolongarse como un juicio y, dependiendo de su estrategia, de los abogados.

Con independencia de otras consideraciones sobre el jurado, los problemas interpretativos sobre la competencia podrían evitarse si se añadiera a la ley una sencilla disposición que permitiera a los acusados escoger entre ser juzgados por tribunales formados por magistrados profesionales o por jurados y derogase el procedimiento especial de instrucción. Esa elección vinculante cerraría el paso a toda nulidad de actuaciones posterior que se basara en la incompetencia de los magistrados profesionales y evitaría situaciones aberrantes para los familiares de las víctimas, como la repetición de un juicio por esa causa.

Barra libre contra el contribuyente

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Si España sube el impuesto de sociedades al 50% y Portugal lo baja al 10%, tal vez muchas empresas españolas decidan trasladar su sede al país vecino y a nuestros mandatarios no les quede más remedio que recular en su idea inicial.

En un mundo y en una economía globalizada, la posibilidad de votar con los pies cada vez deviene más importante a la hora de controlar los excesos del poder político. Si no se pueden subir mucho los impuestos, probablemente tampoco se vayan a aumentar demasiado los gastos (aunque el PSOE ha demostrado en España que la irresponsabilidad política puede no conocer límites y que un gobierno suficientemente ideologizado y sectario puede recurrir a déficits del 10% con tal de no bajarse del burro). Por tanto, la competencia fiscal suele facilitar la existencia de Administraciones Públicas limitadas y su reverso, la armonización fiscal, suele convertirse en la receta para una expansión coordinada del poder del Estado.

Siendo así las cosas, ¿cómo es posible que en España los 17 mini-Estados autonómicos no hayan competido fiscalmente entre sí y merced a esa competencia hayan tenido que restringir un gasto público cada vez más desbocado? Simplemente porque en España, pese a las apariencias, no disfrutamos de una auténtica descentralización fiscal, sino de un perverso esquema que permita a las distintas autonomías desplumar de manera coordinada a los sufridos contribuyentes.

Básicamente, el Estado central calcula cuáles son las necesidades "objetivas" de gasto de las comunidades autónomas en las distintas competencias que les ha ido cediendo como educación o sanidad; ese cálculo se realiza atendiendo a distintos criterios, como la población, el territorio, la dispersión, la insularidad… Y con posterioridad, el Estado establece un mecanismo de ingresos con los que suplir ese gasto "objetivo".

Lo normal debería ser que cada comunidad autónoma sufragara sus gastos con los ingresos fiscales que obtiene, así actúan en última instancia los Estados y, de manera mucho más digna, las empresas privadas. Sin embargo, en la España de las autonomías esto no sucede. Sólo dos comunidades autónomas, según el sistema de financiación establecido en 2001, cubren sus necesidades de gasto con las figuras tributarias que se les han cedido: Madrid y Baleares. El resto de comunidades autónomas financian ese "déficit" con dinero que aporta la Administración central (esto es, todos los españoles con sus impuestos) a través del llamado "fondo de suficiencia".

Obviamente, se trata de un modelo que tiende a inflar el gasto público, ya que todas las comunidades pretenden que se les reconozcan mayores necesidades de gasto –sean reales o no– con tal de captar un mayor porcentaje de la tarta fiscal.

El nuevo modelo de financiación ideado por Solbes-Salgado sólo hace que profundizar en este perverso esquema: gaste tanto como quiera que entre todos le pagamos el resto. Básicamente, lo que persigue es incrementar las "necesidades de gasto" actualizando los parámetros por los que se determinan. Ese enorme incremento del gasto va a suplirse con una mayor cesión de impuestos (el 50% del IVA y el 58% del IRPF, entre otros) pero, sobre todo, con una asignación adicional por parte del Estado (a través de cuatro fondos determinados por distintos conceptos pero que no varían en la esencia redistribuidora antes expuesta) de 11.000 millones de euros, de los cuales más de un tercio irán destinados a Cataluña.

Sólo hay un problema: con los ingresos fiscales derrumbándose, esos 11.000 millones saldrán obviamente de emisiones de deuda por parte del Estado, es decir, de los impuestos futuros de todos los españoles, algo totalmente suicida en medio de la crisis actual. Así, el Estado central habilita a las comunidades autónomas a que despilfarren mucho más a costa de todos los españoles, de modo que los gobernantes autonómicos no respondan ante sus votantes-contribuyentes, sino que endosen el coste de sus ansias derrochadoras a los ciudadanos de otras regiones: barra libre contra el contribuyente.

Ante este grotesco esquema, las opciones parecen ser dos: o terminamos de una vez con la descentralización competencial y presupuestaria, de manera que sea el Estado central quien planifique la prestación de servicios (con o sin colaboración autonómica) y pague y cobre por ellos; o establecemos una auténtica descentralización competencial y presupuestaria, esto es, que las necesidades de gastos no sean estimadas ni objetivizadas y que sean sufragadas íntegramente por los impuestos de cada comunidad autónoma (de modo que los déficits se eliminen como siempre se eliminan los déficits: o aumentando impuestos o reduciendo el gasto, pero no pidiendo que sean el resto de regiones quienes abonen el importe).

Personalmente, prefiero la última opción, pues no resulta incompatible ni con la garantía de los derechos individuales (por ejemplo en el ámbito educativo) y además permite que los españoles huyan de aquellas comunidades autónomas más manirrotas y voraces; hoy no tienen escapatoria, porque al final son el conjunto de los españoles quienes pagan el gasto descentralizado de cada taifa.

Sin embargo, más importante que planificar un sistema adecuado para financiar el Estado es reducirlo a una mínima expresión. Ningún sistema recaudatorio, en tanto coactivo, será perfecto y satisfará las necesidades de todos. Ahora bien, si los errores de planificación de ese sistema impositivo se dieran con tamaños moderados del Estado, sus consecuencias nocivas serían bastante imperceptibles. Hoy, con unas Administraciones Públicas que suponen entre el 40% y el 50% de toda la economía, cualquier error de bulto es fatal. Por desgracia, con el nivel intelectual de nuestra clase política, estamos condenados a vivir instalados en esa fatalidad.

El asalto

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Fue el que se produjo hace una semana, cuando se publicó una viñeta en la que una mujer pregunta "Pero, ¿cómo puede Israel violar con total impunidad todas las leyes humanas e internacionales". Y le responde, sin mirarla, el prototipo de un judí­o mal encarado: "Nuestro buen dinero nos cuesta". Podrí­a haber sido publicado en Der Stürmer. No habría llamado la atención, ni por su ingenio ni por sus ideas, en Der Angriff (El asalto), órgano del partido nazi. Tampoco ha llamado la atención, ni por su ingenio ni por sus ideas en el diario El Paí­s, que es donde salió publicado.

Esa viñeta pasó, al menos, el filtro del director de opinión y, probablemente, también el del director. Desde luego que pasó el filtro de los lectores de El Paí­s, que se la tragaron sin indigestión y, en la mayorí­a de los casos, con sordo regocijo. La viñeta de Romeu es una más, es la secreción de una forma de ver el mundo que incluye, como un elemento más, una visión estereotipada de los judí­os, propia de Los protocolos de los sabios de Sión, y a los que se le atribuye una condición humana reducida o inexistente (violan "todas las leyes humanas"). La viñeta no es más que una pieza que encaja perfectamente, sin desentonar, en un puzzle ideológico de izquierdas. Es como la aparición de Willy Toledo en una gala de los Goya con la imagen de Ho Chi Minh en su camiseta. Responsable de la muerte por pura represión de millones de compatriotas. Allí­ nadie se escandalizó. Todo el mundo sonreí­a. Otra pieza para el puzzle.

Es inútil razonar con una persona que produce o consume esa miseria. ¿Que Israel es una democracia atacada permanentemente por grupos y Estados terroristas? ¿Y qué? ¿Cuántos de los que ahora y hace 75 años disfrutarí­an con esa viñeta tienen a la democracia en tan alta estima? Hay una parte de la izquierda que deberí­a aprovechar ocasiones como ésta para hacer una reflexión sobre por qué una persona que se considera a sí­ misma civilizada puede llegar a un extremo así­ de mano de sus ideas.