Le faltó añadir la coletilla "valga la redundancia" y el resultado hubiera sido como para recoger firmas, pero Aguirre tiene muy buen corazón y no suele excederse con el adversario excepto cuando acude a los micrófonos de la SER, y ello por estrictas razones de legítima defensa como es bien sabido.

Es dudoso que el presidente del Gobierno haya interpretado esa serie de adjetivos como una ofensa, pues, en efecto, sus prioridades políticas son las mismas que los sindicalistas, su ideología retrógrada y su conducta con los otros "agentes sociales" más propia de un piquetero.

En realidad, lo que hizo Esperanza Aguirre fue definir al personaje con tres simples trazos con los que todos deberíamos estar de acuerdo, comenzando por los empresarios del sindicalismo y sus liberados (de trabajar) gracias al dinero ajeno, y terminando por el propio Zapatero, pues el mayor mérito que puede recibir un líder identificado con un lobby y una causa es que el adversario político dé por sentada esa feliz conjunción.

Con pañuelo rojo en las fiestas mineras o su corbata de diseño en La Moncloa bramando contra la patronal, el comportamiento de Zapatero es exactamente el descrito por la presidenta madrileña, a mayor gloria del movimiento sindicalista español, felizmente anclado en el siglo XIX. Para Zapatero, como para la mayoría de los camaradas sindicalistas, el capitalismo es el culpable de todos los males planetarios, los empresarios unos egoístas sin escrúpulos que roban el fruto del trabajo de las clases proletarias y el Estado el bien supremo cuya principal misión es trincar dinero de los bolsillos decentes para dar subsidios a sus votantes cautivos.

Cuentan las crónicas que Zapatero aceptó las excusas presentadas por Aguirre en un tono de gran cordialidad. No podía ser de otra forma; no había nada que perdonar.

Nunca dijeron ni pío sobre los pies de barro y las inestabilidades de ese crecimiento inflacionista, por mucho que quienes sí defendían y comprendían los libres mercados –como los economistas de la Escuela Austriaca– llevaran décadas denunciando las debilidades de un sistema que sólo forzando el lenguaje cabía calificar de liberal.

Por ello, cuando la torre de Babel crediticia construida durante un lustro por los bancos centrales y sus sucursales privadas comenzó a derrumbarse de manera acelerada, la izquierda resentida debió frotarse las manos. Ni entendían por qué no había caído antes ni entendían por qué caía ahora, pero al fin y al cabo tenían una oportunidad de oro para denunciar los excesos del "neoliberalismo salvaje" y clamar por su regulación, esto es, por convertir lo que hasta entonces había sido un cortijo de la banca en un cortijo del Estado.

Así, durante los últimos meses hemos oído hablar hasta la saciedad de los males de la desregulación, del shadow banking, de la especulación desenfrenada, de la codicia inversora, de los altísimos salarios de los directivos, del retroceso de la política y de la necesidad de regresar a un modelo de banca más "tradicional". Algo así como el mito del buen salvaje pero aplicado al sistema financiero.

Ni una palabra, claro, del monopolio que ostentan los bancos centrales para emitir la moneda de curso forzoso y orientar los tipos de interés. Ni una palabra, faltaba más, de la imposición estatal de un dinero fiduciario que arrebata a los consumidores e inversores cualquier soberanía para oponerse a los excesos del lobby financiero y de la nomenclatura estatal. Cero, se ve que no tocaba.

Pues bien, hete aquí que en España, el país en el que el resto de la comunidad internacional parece querer fijarse para conformar las nuevas regulaciones, quiebra Caja Castilla-La Mancha y el resto de nuestros patrios Montes de Piedad están al borde de su bien merecida bancarrota.

No deja de ser un mito que nuestro sistema bancario haya resistido mejor que el resto los achaques de la crisis internacional. Más que nada porque hasta ahora ya ha recibido tanto dinero público como el estadounidense (y a buen seguro obtendrá sumas superiores en el futuro gracias a ese FROB tan dócilmente apoyado por el PP).

Pero con el caso Caja Castilla-La Mancha no sólo debería derrumbarse este mito. Hay una asimetría si cabe más perversa que sugiere que el sector privado es esencialmente corrupto y el público fundamentalmente pulcro. El mercado nos arrastra hacia la competencia feroz y la ley de la selva mientras que el Estado nos empuja hacia la cooperación y las mieles de la civilización. Implícitamente se sugiere que el Estado debería sustituir al mercado y que si en vez de la avaricia privada hubiésemos gozado de la solidaridad pública, ninguno de estos desaguisados se habría producido.

Sin embargo, tan sólo es necesario observar de qué manera se han comportado las cajas de ahorro durante las recientes fluctuaciones económicas para comprender cómo sería un mundo donde la banca estuviera controlada y dirigida por políticos. El paraíso con el que sueñan Zapatero y Obama, el de la banca pública, está aquí en España: amiguismo, corrupción, inversiones suicidas y créditos alocados. "Infracciones muy graves" que demuestran que el hombre y no el mercado es el codicioso y potencialmente mancillable. La diferencia está, o debería estar, entre otros asuntos básicos en que en un mercado libre los errores se pagan con la quiebra y los fraudes con la restitución de las víctimas; en un sistema público, con rescates, opacidad y más poder regulatorio para los políticos.

A la izquierda le ha resultado muy fácil aprenderse el apellido Madoff y recitarlo cual letanía liberticida cada vez que se le oponen argumentos económicos sensatos. No deberíamos olvidar a Hernández Moltó: más que un Madoff hispano es el primer, que no el último, Madoff del impoluto y honrado sector público.